Jaume Matas, el expresidente de Baleares al que un día, en 2004, Mariano Rajoy prometió imitar sin asomo de duda, quiere que el Gobierno, el Gobierno del propio Rajoy, le perdone. Le expíe sus culpas y le libere de la carga de los nueve meses de prisión que pesan sobre él por un delito de tráfico de influencias, y a los que fue condenado por el Tribunal Supremo. Matas, a través del escrito que presentó ayer miércoles para solicitar la medida de gracia, alega que entrar en la cárcel tendría "efectos desocializadores" sobre él y "en nada serviría para conseguir una supuesta reinserción social o reeducación". El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que tendrá que tomar una decisión una vez recibidos los informes de la sala sentenciadora y de la Fiscalía y elevarla al Consejo de Ministros, declinó pronunciarse ayer. El PSOE, lisa y llanamente, ve "impensable" que el Gobierno "se atreva" a perdonar a Matas, porque "la ciudadanía no lo tolerará". "Que ni se les ocurra", advirtió la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez. 

El desparpajo del expresidente balear (y exmilitante del PP), investigado todavía en varias causas más ligadas al caso Palma Arena y declarado culpable la semana pasada por un jurado por exigir la contratación ficticia de su mujer para cobrar 42.000 euros de un hotelero mallorquín, se suma a la polémica por la firma del 85% de los diputados del PP valenciano a favor del indulto al exalcalde de Torrevieja (Alicante) Pedro Hernández Mateo, condenado a tres años de cárcel por falsedad documental y prevaricación, razón por la que también dejó el partido. Y a ambas, y a tantos otros casos, responde la proposición no de ley registrada ayer en el Congreso por el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví. La moción [consúltala en PDF] es muy sencilla: insta al Gobierno a "rechazar todos los indultos solicitados relativos a personas condenadas por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación" o cualquiera de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (título XIV) y contra la Administración Pública (título XIX) del Código Penal, "o cualquier otro relacionado con la corrupción de cargos públicos, y hacer pública tal decisión de manera inmediata".

Baldoví denuncia en su texto el "uso y el abuso" que los Ejecutivos realizan de esta prerrogativa, regulada por una ley de 1870 –y modificada ligeramente en 1988–, muchas veces de manera "injustificada", lo que desata la "indignación tanto de la ciudadanía como del Poder Judicial", que observa "cómo aquellos que delinquen aprovechando su condición de cargos públicos, después utilizan su influencia en el partido político del Gobierno para evitar el cumplimiento de las condenas y así logran esquivar el principio de igualdad ante la Justicia". "Es necesario poner veto a esta práctica", insiste el diputado. 

"Hastío y cansancio de los ciudadanos"

"Los ciudadanos quieren que la gente pague. Que no por ser político se tenga un privilegio del que no dispone la inmensa mayoría –asegura el portavoz de Compromís-Equo a este diario–. Esta moción responde a una sensación de hastío, de cansancio de los ciudadanos". Baldoví, no obstante, tiene pocas esperanzas de que su iniciativa, para la que no hay fecha de debate, prospere, porque este Congreso "es un frontón de la mayoría absoluta, que el PP ejerce de forma militar". Ahora bien, emplaza al Ejecutivo, que ultima la presentación de una de las leyes que integran el paquete de medidas anticorrupción, a que incluya esta propuesta también, "si de verdad tiene voluntad de impulsar la regeneración democrática". 

La de Compromís-Equo no es la primera iniciativa que llega a la Cámara baja. A finales de noviembre, Gaspar Llamazares, portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) registró una proposición de ley en el mismo sentido [ver PDF aquí]. El texto reclama que se excluyan del ámbito del indulto los delitos de estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes, blanqueo de dinero, contra la Hacienda y la Administración públicas, malversación y fraude, prevaricación, terrorismo, tortura, delitos electorales o ecológicos. Además, quiere que se obligue al Gobierno a motivar sus medidas de gracia –ahora mismo, no hace falta– y que los tribunales las anulen si no lo hace. Y que remita al Congreso copia de los expedientes de indulto concedidos y elabore estadísticas. La propuesta aún no se ha debatido. Sí fue rechazada el pasado febrero, en cambio, una proposición no de ley de IU-ICV-CHA prácticamente calcada. El PP entonces argumentó que estaba dispuesto a reformar la ley, pero "con rigor" y "dejando de lado aspectos populistas y casos concretos". 

Otra proposición no de ley, del Grupo Socialista, presentada en septiembre pasado [ver PDF], no ha sido aún discutida: pedía al Gobierno que, "con carácter general", no conceda la gracia en los casos relacionados con la corrupción. En su Conferencia Política, el PSOE aprobó revisar la institución del indulto para que sea un instrumento "muy excepcional" y "muy motivado". 

El indulto en España está regulado por la ley –que entonces se adjetivó como "provisional"– de 18 de junio de 1870, y ha permanecido prácticamente inalterable hasta hoy. El Gobierno de Felipe González introdujo una modificación en 1988 que, como dice David Cabo, cofundador y director de la fundación Civio –impulsora del proyecto El indultómetro–, "empeoró" la norma, ya que eliminó la obligación de motivar la medida de gracia. Además, la Constitución de 1978 impide taxativamente, en su artículo 87, que pueda promoverse una iniciativa legislativa popular (ILP) sobre esta materia. 

10.158 indultos desde 1996

El indultómetro ha desgranado toda la información contenida en el Boletín Oficial del Estado relativa a los indultos desde 1996 hasta el 7 de febrero de 2013. La cuenta total es larga: 10.158 perdones concedidos por los distintos Gobiernos. Una media de 635 por año. Según su estadística, de los 10.158 indultos, 2.845 correspondían a delitos contra la salud pública –que, en muchos casos, corresponden al menudeo de drogas– y otros 2.005 se refieren a delitos por robos. Pero ambos delitos son los que copan las listas de sentenciados cada año. 

Proporcionalmente, los delitos que más se indultan son cuatro: delitos contra el medio ambiente (5,24%), prevaricación de funcionarios públicos (4,35%), cometidos por funcionarios contra la libertad individual (6,12%, o sea, alargar ilegalmente la privación de libertad, la incomunicación de un arrestado o utilizar un "rigor" excesivo en el trato a presos) y malversación (2,2%). Excepto el primer caso, los otros tres tienen que ver "directamente" con el ejercicio de un cargo público o con la sustracción de dinero del erario público. Los datos permiten afirmar a Civio que los delitos cometidos por funcionarios los que, junto los que atentan contra el medio ambiente, "han sido indultados en una proporción más alta que cualquier otro crimen". O sea, aquellos en los que la Administración "se perdona a sí misma". "El poder se protege a sí mismo. El PP indulta a condenados del PSOE, y a la inversa. El indulto no entiende de colores. Se trata del concepto de casta, de la casta política", dice Cabo. 

Ejemplos de indultos los hay sobrados. Un alcalde del PP en Valle de Abdalajís (Málaga) condenado a más de diez años de cárcel por 12 delitos de prevaricación urbanística; un alto cargo del Govern de Jordi Pujol, Josep Maria Sevitje, condenado a cuatro años y medio de cárcel por delitos de prevaricación y malversación de dinero público –ambos en 2012 y por Mariano Rajoy–; un expresidente cántabro, Juan Hormaechea, perdonado dos veces (por Felipe González y por José Luis Rodríguez Zapatero); José Barrionuevo y Rafael Vera, exministro del Interior y exsecretario de Estado de Seguridad socialistas condenados por el secuestro de Segundo Marey, indultados por José María Aznar en 1998; un juez de prisiones penado por prevaricación y liberado también por Aznar... Otro caso flagrante de un delito cometido por funcionarios públicos: cuatro mossos condenados por torturar a un detenido por error a los que el Gobierno hizo recaer la medida de gracia.

El frenazo del TS a Sáenz y al kamikaze

Los indultos son una prerrogativa gubernamental, totalmente discrecional, que se encuentra con muy pocas trabas. Los Gabinetes no tienen que justificarlos y los tribunales sólo pueden tumbarlos si hay defectos de forma. El caso más ilustrativo es el de quien era consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz. El Ejecutivo de Zapatero en funciones le indultó sin explicaciones –"Se entendió que era razonable y punto", dijo el presidente– en medio de una sonora polémica. El Tribunal Supremo, que se había opuesto desde un principio porque no concurrían razones de "equidad o justicia", enmendó la plana a Justicia y le acusó de "extralimitarse" en sus funciones, pues el Ejecutivo no tiene potestad para cancelar los antecedentes penales. Al final, Sáenz dejó el Santander, aunque el Gobierno (el de Rajoy) había aprobado un decreto que servía para que el número dos de Emilio Botín no tuviera que ser inhabilitado por el Banco de España. Se llevó, eso sí, una pensión de 88 millones de euros. El mes pasado, el Supremo anuló el perdón a un kamikaze que mató a un conductor en Valencia y otorgó una tregua de tres meses al Ejecutivo del PP para que subsane los "defectos" de forma. 

Civio no tiene estudios comparados hechos, pero sí remite a la experiencia de Estados Unidos, que recoge la web ProPublica. Un dato: Barack Obama, en su tiempo como presidente (desde enero de 2009) sólo concedió, hasta marzo pasado, 39 indultos, una cifra muy por debajo de la de sus antecesores en la Casa Blanca. El récord recae en el demócrata Franklin D. Roosevelt, que en 1944, en plena II Guerra Mundial, firmó 424 medidas de gracia. 

Ahora la patata caliente la tiene el Ejecutivo con un caso de enorme repercusión pública. "Si se lo da a Matas, sería un escándalo nacional, impresentable –opina Llamazares–. Es verdad que la presión social ha conseguido que se reduzca el ritmo de concesión de indultos en el último año, porque el Gobierno se ve más atado de manos. Pero este es cualitativamente muy importante. Imagino que no se les ocurrirá". El diputado de IU cree que el problema, en buena medida, radica en el "desastroso sistema penal", muy duro, que ha hecho que históricamente se haya utilizado la medida de gracia como "una válvula de escape". Pero denuncia igualmente la actitud de PSOE y PP cuando llegan al poder. 

El Gobierno quiere enarbolar la lucha contra la corrupción con un generoso paquete de medidas y una reforma de una decena de leyes. Falta por ver si esta, la revisión de la institución del indulto, es una de ellas, pero hasta ahora nada ha comentado. 

En una carta de despedida remitida a los empleados, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sáenz hace balance de su paso por el Grupo Santander tras anunciar ayer su "renuncia voluntaria" como vicepresidente y delegado de la entidad. "Termino así una etapa profesional en Grupo Santander de 19 años, la mejor de mi vida, en la que he tenido la oportunidad de liderar al mejor equipo de la banca internacional", ha señalado.

Sáenz destaca que "entre todos, y con el liderazgo del presidente [Emilio] Botín", han conseguido situar a Banco Santander "como uno de los primeros bancos del mundo".

A continuación, apoya la figura de Marín como su sucesor en el cargo. "Estoy seguro de que en esta nueva etapa, con Javier Marín como consejero delegado, el banco seguirá consolidando su posición de liderazgo", ha añadido.

"Te agradezco mucho tu dedicación y esfuerzo durante estos años y te animo a seguir trabajando con ilusión y compromiso", concluye Sáenz en su misiva dirigida a los empleados del Banco Santander.

Tras comunicar la salida de su número dos, el Santander destacó que en el periodo en el que Alfredo Sáenz ha desempeñado sus funciones como consejero delegado del banco, el grupo ha casi cuadruplicado su tamaño, pasando de unos activos de 358.138 millones de euros en 2001 a 1,25 billones de euros en 2012, y de unos fondos gestionados de 453.384 millones de euros (2001) a 1,39 billones de euros (2012), consolidándose, además, como primer banco de la zona euro por capitalización bursátil.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, siente el "máximo respeto" a la decisión de Alfredo Sáenz de abandonar voluntariamente sus cargos de vicepresidente y consejero delegado en el Banco Santander, pero reitera, preguntado por la pensión de 88 millones de euros que recibirá el banquero, que el Gobierno pide "muchísima moderación" en estos casos.

"Este Gobierno ha sido el único que, en el caso de los bancos intervenidos, ha limitado no sólo el sueldo y la indemnización, sino también las pensiones de los banqueros", ha subrayado el ministro, quien ha insistido en que "en las actuales circunstancias" de la sociedad española, donde muchos ciudadanos están sufriendo, "la moderación y la austeridad" son valores que "todos" deben poner sobre la mesa.

En declaraciones a Onda Cero, el ministro, que ha reiterado su respeto a la decisión de Sáenz de marcharse voluntariamente del "mayor banco de España y de la zona euro", ha afirmado, en referencia a la actuación del Banco de España en este asunto, que el Gobierno "no se ha quitado de en medio" y que confía "absolutamente" en esta institución.

"El Gobierno no se quita los problemas de en medio. Confiando absolutamente en el Banco de España y con total transparencia, hacemos normas que no van ni a favor ni en contra de nadie", ha subrayado De Guindos al ser preguntado por la nueva normativa sobre honorabilidad de los directivos bancarios.

La renuncia de Sáenz de sus cargos en el Santander se ha producido antes de que el Banco de España comunicara si el directivo, condenado por el Tribunal Supremo pero indultado por el Gobierno socialista, podía continuar en el cargo a la luz de la normativa sobre honorabilidad de los directivos bancarios.

Sáenz fue condenado por el Tribunal Supremo, en sentencia firme dictada en febrero de 2011, a tres meses de cárcel e inhabilitación para ejercer funciones directivas en banca por el delito de acusación falsa. Según el fallo judicial, Sáenz había cometido ese delito en 1994, cuando presidía Banesto, al autorizar la interposición de una querella contra unos empresarios a sabiendas de que no tenían ninguna responsabilidad penal. Varios empresarios estuvieron en prisión por culpa de esa falsa querella.

El último consejo de ministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, celebrado el día 25 de noviembre de 2011, decidió indultar a Sáenz, pero un accionista del propio Santander recurrió el indulto ante el Supremo, que el pasado 12 de febrero anuló parcialmente ese indulto y calificó de “extralimitación” del Gobierno socialista la pretensión de anular no sólo la pena de cárcel sino también los efectos administrativos de la misma. Es decir, el indulto permite esquivar la prisión, pero no 'borrar' los antecedentes penales.

Decreto a medida 

La normativa bancaria vigente exigía precisamente no tener antecedentes penales para poder dirigir una entidad financiera en España. Hasta el último 12 de abril. Ese día, el consejo de ministros del Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un real decreto que relajaba los requisitos exigidos, de modo que alguien con antecedentes penales puede dirigir una entidad si lo permite el Banco de España.

El Gobierno aseguró que no había tomado esa medida para favorecer a Alfredo Sáenz sino porque estaba obligado a transponer una directiva europea en la materia. No era cierto, como refleja en su segundo párrafo el propio texto publicado el 13 de abril en el Boletín Oficial del Estado: “A pesar de que las directrices referidas no tienen naturaleza vinculante...”

Finalmente, Alfredo Sáenz abandona los cargos de vicepresidente y consejero delegado del Santander de forma “voluntaria”, según fuentes de la entidad, sin esperar a lo que resuelva el Banco de España. Aseguran que se trata de un relevo generacional (tiene 70 años y es sustituido por Javier Marín, de 46) acorde con un plan de rejuvenecimiento de la estructura directiva del banco (su presidente, Emilio Botín, cumplirá por cierto 79 el próximo 1 de octubre).

Sáenz se retira con antecedentes penales, sí, pero con ‘derechos de cobro’ de una pensión que asciende a 88,17 millones de euros, una cifra que da para hacer ‘relevos’ durante unas cuantas generaciones en la familia Sáenz. Una cantidad que resulta indecente en el contexto de una recesión que pretende resolverse, entre otras recetas, a base de recortes de salarios y también de pensiones públicas.

El Santander es el primer banco en España y en Europa. No es una entidad intervenida por el Estado, y por tanto son sus accionistas los que pueden valorar la conveniencia o no de determinados sueldos, indemnizaciones o pensiones. Lo que sí ha puesto en evidencia el ‘caso Sáenz’ es la facilidad con la que dos Gobiernos de distinto signo político se han plegado al interés del poder financiero. Y esa factura la paga el crédito de la política.