Es un hito. La cadena Paradores ya está presente en todas las comunidades autónomas. El último en incorporarse ha sido el Parador de Ibiza. Este nuevo establecimiento, ubicado en el centro de la ciudad, se presentará el 23 de febrero y abrirá sus puertas al público a partir del 10 de marzo. Ha sido la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, junto a la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, la encargada de presentarlo en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

Con una inversión total de 47 millones de euros, en la que han participado Turespaña, Paradores y los Fondos del Plan de Recuperación, este nuevo establecimiento trata de revitalizar el casco histórico de la ciudad de Ibiza y potenciar el turismo fuera de la época estival. Concretamente, los edificios que acogerán al parador son el castillo y la Almudaina de Dalt Vila, una fortaleza construida en el siglo XVI y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Este nuevo parador cuenta con 66 habitaciones, de las que 41 estarán disponibles para la clientela, además de zona wellness, piscina exterior, cafetería, solarium, salones, terrazas y restaurante. Entre sus instalaciones se encuentra también un parking bajo tierra con 40 plazas, "que ha constituido una obra de ingeniería civil inigualable", según el comunicado de la cadena.

Con la reutilización de este lugar histórico, tanto turistas como vecinos podrán visitar durante todo el año el enclave, lo que también servirá para recuperar la actividad económica fuera de los meses de verano. Según la nota de prensa, el nuevo parador "generará empleo de calidad con una plantilla estimada de 60 personas".

Por otro lado, desde la cadena hotelera se ha apostado por preservar y difundir el patrimonio arqueológico del espacio con la creación de un centro de interpretación en el propio parador. En él, se informará sobre nueve catas arqueológicas a través de infografías y proyecciones. También tienen cabida en el nuevo edificio expresiones artísticas como la pintura, la escultura o la fotografía, en un intento de convertir el establecimiento en "una auténtica galería viva en diálogo con su entorno".

La inauguración del parador ibicenco pone fin a un largo proceso de rehabilitación, que comenzó en 2008 pero que, tras encontrarse varios restos arqueológicos, se paralizó. No fue hasta 2012 cuando, de la mano de Turespaña, se reanudaron las obras. Ahora, situado en la parte alta de la ciudad amurallada, este nuevo hotel se convierte en "un espacio singular que combina patrimonio, historia y experiencia turística de alto nivel".

Los datos insisten en dos ideas instaladas: el turismo "es de récord", pero “habría que poner orden en aspectos como los salarios de algunos trabajadores vinculados al sector”, aseveran fuentes sindicales. Estas confirman que “no es raro”, no son una mosca blanca, “ofertas para camareros de 600 euros por cinco horas de trabajo seis días a la semana, o incluso de tres o cuatro euros la hora”.

El Instituto Nacional de Estadística ha difundido este lunes 23 de septiembre información que confirma el buen estado de salud del turismo: las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 2,6% el pasado agosto respecto al mismo mes de 2023, superando los 47,8 millones, su cifra más alta en la serie, impulsadas por los visitantes extranjeros. El Índice de Precios Hoteleros subió un 6,4% en tasa anual. Y los hoteles facturaron 146,9 euros de media por habitación ocupada, un 7,3% más que el mismo mes del año anterior.

Pero no es lo único que ha publicado hoy el INE. Ha visto la luz igualmente la Encuesta de Estructura Salarial, con información definitiva relativa a 2022, según la cual, mientras el sueldo medio anual fue de 26.948,87 euros por trabajador, los asalariados de hostelería tuvieron la ganancia promedio más baja, con 16.274,71, casi un 40% inferior a la media, o 10.674.16 euros menos. En este último caso, además, las mujeres lograron embolsarse 15.022 euros y los hombres 17.921. Por el contrario, la actividad económica con mayor remuneración anual fue la del bloque 'suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado', con 55.470,69 euros, lo que supuso un 105,8% más que la media nacional. La siguiente actividad con el salario más alto fue 'actividades financieras y de seguros', con 47.239,53; mientras a la hostelería le antecedió en la cola otros servicios, con 18.269,96 euros. En general, los sueldos se expandieron, excepto en algunas categorías como la 'agrícola, ganadera, forestal y pesquera'.

Y, aunque aquel año, en 2022, los números del turismo no eran aún los de 2024, ya había comenzado la senda creciente de recuperación posterior a la pandemia. De hecho, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros alcanzaron los 320,7 millones en el conjunto del ejercicio, con un alza del 85,6% respecto a 2021. La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada fue de 104,7 euros y el ingreso medio diario por cada una disponible, que está condicionado por la ocupación registrada en los hoteles, de 67,8. Por categorías, la facturación media fue de 233,4 euros para los establecimientos de cinco estrellas, de 110,2 para los de cuatro y de 84,9 euros para los de tres. El mismo ejercicio que el salario medio de los trabajadores no llegó a los 16.300 euros.

Marcos Gutiérrez, secretario de Política Institucional de CCOO Servicios, achaca esa baja cuantía a dos motivos principales: “Los salarios medios en la hostelería son más bajos fundamentalmente porque se hacen contratos fijos discontinuos, es decir, con jornadas inferiores a la ordinaria, y porque los convenios siguen estando alejados del precio del mercado”. “Esto explica -enlaza- tanto la falta de profesionales como los datos de la encuesta de costes laborales, que lo que nos dicen es que es uno de los sectores peor pagados”. 

Y hay más. Es un área laboral a la que es difícil volver. “La pandemia cambió muchas cosas y los trabajadores de la hostelería se están dando cuenta de la importancia que tiene la cotización a la Seguridad Social, es decir, que en la nómina aparezcan todos sus ingresos”, anota, a lo que se suma que muchos empleados de esa actividad se refugiaron “en otros sectores que demandaban mano de obra, puesto que la hostelería fue la última en reabrir” tras la sacudida del covid, “que les ofrecen mejores condiciones laborales, tanto salariales como de descanso, así es que el regreso es difícil”, constata.

Gutiérrez tiene clara la radiografía: “El sector no ha mejorado el empleo en el número suficiente de trabajadores para hacer frente a una demanda turística que es récord sobre récord. Se han incrementado las cargas de trabajo sin que los salarios mejoren y continúa extendida la contratación a tiempo parcial. Esa es la realidad que dicen las cifras”. Y si se hurga en ella hay otra: “Las mujeres ostentan las categorías peor pagadas de un sector ya de por sí con unas bajas condiciones”, ratifica el dirigente sindical de CCOO, quien aboga por “mejorar las del conjunto del sector y, sobre todo, por prestigiar las categorías que están ocupadas mayoritariamente por mujeres en los convenios colectivos”. De ahí que, “una de las apuestas” de su organización sindical en el ámbito de la negociación colectiva sea “seguir intentando equiparar a las camareras de piso con el salario de los camareros”.

Se muestra convencido de que el sector turístico continuará “siendo motor de la economía y del empleo” en el país. “Es nuestra primera industria y, por lo tanto, tiene que haber un pacto de estado para establecer que no puede seguir creciendo de manera sostenida y sí de manera sostenible. Alguna vez los datos turísticos tienen que recoger variables de calidad en el servicio que ofertamos y no sólo de cantidad. Si nos seguimos guiando únicamente por el número de visitantes y etc, va a ser un problema”, avisa. En su opinión, habrá que “hacer grandes cambios” que “tienen que ver con la vivienda, la sostenibilidad medioambiental, el agua, la promoción y la carrera profesional en el sector… Si no, va a ser muy difícil que sigamos teniendo mano de obra suficiente para hacer frente a la demanda turística de este modelo de crecimiento sin fin”, plantea.

Gutiérrez asocia los bajos salarios y la dificultad para acceder a una vivienda con “las dificultades para encontrar mano de obra en zonas como las islas y en otras fuertemente tensionadas por la presión turística”. “Y es sangrante, por ejemplo”, dice, “que en Paradores de Turismo de España, la limitación de la masa salarial para los empleados dependientes de las administraciones públicas que estableció Montoro –ex ministro de Hacienda del PP– haga que los salarios acumulen pérdidas de poder adquisitivo y el convenio, de una empresa que es el emblema de la calidad turística en nuestro país y es pública, esté fuera de mercado”, critica.

En ese punto adelanta: “Van a abrir un parador en Ibiza y va a ser muy difícil que cuenten con gente suficiente para poder gestionarlo con el problema de la vivienda que hay allí y los salarios que la red de paradores puede pagar en función de esa normativa”, advierte. A su juicio, “esto es un ejemplo de algo que la administración sí que podría modular y usar esa empresa pública para prestigiar el sector”. “Pero llevamos años con el convenio parado, pese a que eso sólo obedece en este caso a una voluntad política que no estamos viendo, y pese a que la entidad está arrojando beneficios, como todo el sector turístico", cierra. 

De su lado, Omar Rodríguez, secretario federal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de FeSMC UGT, apunta para explicar la diferencia salarial en la hostelería a que "el trabajo a tiempo parcial es demasiado elevado, supera el tercio de los trabajadores". "Es un sector precario en el sentido de que la gente quiere un trabajo para poder vivir y aquí tenemos una tasa por encima del 50% de empleados que desean uno a tiempo completo y no lo tienen", sostiene.

Denuncia que la leve elevación de salarios que se ha producido en los últimos años "sigue siendo muy insuficiente en relación a los beneficios que se están obteniendo". "Y no vale el que son los hoteleros y no los hosteleros" los que se los estarían embolsando, apostilla, dado que "el consumo en restaurantes y demás establecimientos también se están disparando gracias al turismo". Es más, Rodríguez cree que los dos principales factores que hacen que no se esté logrando "estabilizar" a las plantillas en esta esfera laboral pasan por que "la gente se queda en un trabajo porque económicamente puede cubrir sus necesidades y por que se siente identificada" con la empresa y no se le "impone un trabajo a la carta", algo que no se estaría dando en multitud de ocasiones.

A su entender, "no puede ser que los mayores ingresos de las empresas sean a cambio de hacer menos horas de contrato y de emplear a las menos personas posibles", o, dicho de otra forma, de "hacer que la carga laboral aumente y empeore el poder adquisitivo". Considera que, a la larga, esto puede llegar a ser un tiro en el pie para los empresarios que pretendan fidelizar a sus plantillas. El portavoz sindical considera que evitar la rotación permanente de camareros y otros empleados del sector pasa por "ofrecerles futuro y un presente que les permita vivir decentemente".

"Hasta que no se asuma que la sostenibilidad del modelo pasa por lo social, no sólo por lo medioambiental o la digitalización, no se avanzará. El ciudadano empieza a rechazar este tipo de trabajo y así no se va a captar gente", defiende. En cambio, si "se forma a las personas, se les ofrecen posibilidades de carrera y un salario digno" el panorama puede cambiar. "La hostelería tiene cosas beneficiosas como puede ser el trato con el cliente y en España tenemos un carácter afable que atrae y una cultura que ayuda a eso, pero, si al final vas a trabajar para no llegar a fin de mes y no puedes recoger a tu hijo del colegio, pues igual no te vale", argumenta.

Aboga para terminar por que los empresarios "organicen las plantillas para que sus trabajadores puedan tener su tiempo de descanso y de ocio, como cualquier otro ciudadano" y así sean menos frecuentes los carteles de 'se necesita camarero'. 

España ha marcado un nuevo récord histórico de turistas internacionales confirmando el excelente momento por el que pasa el sector en nuestro país. Un total de 85,1 millones de turistas visitaron España el pasado año lo que supone un 18,7% más que el pasado año y casi un 2% por encima de niveles prepandemia, según recoge Europa Press.

Estos turistas pasaron más tiempo en nuestro país y por el ello el nivel de gasto también se elevó registrando otro récord histórico.

El gasto total realizado por los turistas no residentes en España durante el año 2023 se elevó un 24,7% hasta alcanzar los 108.662 millones de euros. Si se compara esta cifra con 2019, el gasto total fue un 18,2% superior.

El mercado británico aportó el pasado año a España casi 17,3 millones de turistas, convirtiéndose en el principal emisor, seguido de Francia, con 11,8 millones de turistas, y Alemania, con 10,8 millones de turistas.

Las comunidades autónomas más beneficiadas de estos extraordinarios datos históricos fueron Cataluña, que recibió 18 millones de turistas, un 21,2% más que el año anterior, así como las Islas Baleares y Canarias, que recibieron entorno a 14 millones de turistas confirmando que el 'sol y playa' español sigue teniendo tirón entre los visitantes extranjeros.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, destacó que "además de que el número de turistas supera por primera vez en la historia los 85 millones", el gasto en destino, el gasto medio y la estancia media están por encima de 2019, "lo que demuestra que gracias a las políticas del Gobierno la industria del turismo está pivotando hacia la calidad y hacia un turismo más sostenible y desestacionalizado".

El gasto medio por viajero y el gasto por día ofrecen cifras esperanzadoras y muy optimistas. Cada turista ha gastado una media de 1.278 euros en España, un 5,1% más que el año pasado y un 16,1% más que en 2019.

El gasto por día también refleja este crecimiento, alcanzando los 175 euros, lo que supone un 8% más que en 2022 y un 13,1% más que en 2019. Asimismo, la estancia media, un parámetro muy importante para medir la satisfacción de los turistas que nos visitan y la calidad de la industria turística española, también aumenta hasta los 7,3 días (en 2019 la media fue de 7,1 días).

Los datos hechos estadísticos de movimientos turísticos en fronteras (Frontur) hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que la llegada de turistas residentes en Reino Unido aumentó el pasado año un 14,6%; la de los procedentes de Francia, un 17%; y la de los que vinieron de Alemania, un 10,6%.

Es de destacar también los extraordinarios incrementos registrados por mercados como el estadounidense, que creció un 38,7% hasta superar los 3,8 millones de visitantes, así como Suiza, que creció un 21,3% o Italia, que lo hizo un 21,2%.

Por comunidades, Cataluña fue la comunidad autónoma que más turistas en 2023, seguida de las Islas Baleares y Canarias. A Cataluña llegaron 18 millones de turistas (un 21,2% más que en 2022); a las Islas Baleares, 14,4 millones (9,1% más); y a Canarias, 13,9 millones (13,1% más).

A Andalucía llegaron otros 12,2 millones de turistas, casi un 22% más que en 2022; a la Comunidad Valenciana, 10,4 millones (un 21,8% más), y a Madrid, 7,8 millones de turistas; siendo la que mayor crecimiento registra el pasado año, con un 29,6% más. El resto de las comunidades en su conjunto recibieron 8,1 millones de visitantes, lo que también supone incrementos por encima del 20%, concretamente del 23,8%.

En 2023 el gasto total realizado por los turistas no residentes en España fue de 108.662 millones de euros, lo que supuso un aumento del 24,7% respecto al de 2022. Si se compara esta cifra con 2019, el gasto total fue un 18,2% superior, según la encuesta de gasto turístico del INE.

El país que más gasto realizó fue Reino Unido, con 19.947 millones de euros, un 16,3% más que en 2023. Le siguieron Alemania (con 12.978 millones y un aumento del 12,6%) y Francia (con 9.767 millones, un 19,7% más).

Estados Unidos es también uno de los mercados de mayor incremento de gasto en destino en 2023: más de 7.800 millones de euros, lo que significa un 50% más respecto a 2022 y un 36,4% respecto a 2019.

"Tanto los ciudadanos estadounidenses como suizos corresponden a un perfil de turista de alto poder adquisitivo, lo que redunda en un aumento significativo del gasto en destino y por lo tanto de la calidad y la excelencia de nuestra oferta turística", ha valorado el ministro Hereu.

Las comunidades autónomas que concentraron mayor gasto total fueron Cataluña (con 20.878 millones, un 26,7% más que en 2022), Canarias (con 20.334 millones y un aumento del 16,5%) e Islas Baleares (con 17.722 millones, un 16,4% más que en 2022).

A nivel mensual, diciembre también batió todos los registros. España recibió 5,2 millones de turistas internacionales en diciembre de 2023, un 26,2% más que en el mismo mes de 2022. En relación al gasto total, en diciembre este aumentó un 35,4% alcanzando los 7.093 millones de euros.

La reforma laboral ha conseguido reducir el empleo temporal en un 30% en las empresas privadas durante los dos años que lleva en vigor. Pero en las administraciones públicas el ritmo está muy lejos de ser ejemplar. En 2022 y 2023 sólo han recortado en un 6,68% los puestos eventuales, cinco veces menos, por tanto, que el sector privado. Y en las empresas de propiedad estatal el resultado es aún más decepcionante: el empleo temporal incluso ha crecido un 3,5% en los dos últimos años, al menos según se desprende de los microdatos de la última Encuesta de Población Activa, correspondientes al tercer trimestre de 2023.

Es más, en 2022, el primer año en que la reforma laboral desplegó sus efectos, las empresas públicas españolas redujeron en un 27,2% sus trabajadores temporales, por lo que ahora tienen 10.411 menos que el año precedente. Pero en 2023 los aumentaron en un 18,12%, y eso sin contar el cuarto trimestre, cuyos datos no se conocerán hasta el próximo 26 de enero. De forma que, si en el primer trimestre de 2022 el número de empleados temporales en las empresas estatales era de 38.194, en el tercer trimestre de 2023 se elevaron a 39.540. Como también han crecido los indefinidos, un 12,8% en estos dos años, en el sector público empresarial la tasa de temporalidad se ha quedado en el 21,4%, sólo un punto y medio menos que en el inicio de 2022. Aun así, se mantiene siete puntos por encima de la tasa del sector privado, que se sitúa en el 14,2%.

En el conjunto de las administraciones públicas, la tasa de temporalidad alcanza el 29,75%, por lo que ha descendido 2,7 puntos desde el primer trimestre de 2022. Es decir, en las empresas estatales se ha reducido casi la mitad que en el resto del sector público.

Con estos números no sólo se está incumpliendo la reforma laboral, sino que es poco menos que imposible que se aplique la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, que fija en un 8% la tasa de empleos temporales a la que deben llegar las administraciones públicas el 31 de diciembre de 2024.

El sector público empresarial lo conforman desde Adif y Renfe o Enaire y el ICO –21.480 trabajadores– hasta las 14 empresas donde la SEPI tiene una participación mayoritaria –76.350 empleados–: Correos, Navantia, Tragsa, Paradores, RTVE… La estabilidad en el empleo en cada una de ellas es muy dispar. En Renfe, sólo el 4,2% de sus 14.490 trabajadores tenía un contrato temporal en 2021, el último año cuyas cuentas publica en su página web. La que mayor temporalidad sufre es Tragsa, con un 67,9% de empleados eventuales en septiembre de 2023. En Navantia, el 93,75% de la plantilla –4.547 personas– es indefinida, según declara en su web.

De hecho, nada más entrar en vigor la reforma laboral, la dirección de Tragsa se presentó ante sus trabajadores como la avanzadilla del “cambio cultural” que el Gobierno quería imprimir en el sector público empresarial. La compañía es uno de los denominados “medios propios instrumentales” de la Administración, como también Ineco o Isdefe, por lo que sólo trabaja con los encargos que les hacen las instituciones públicas. El presidente de Tragsa, Jesús Casas Grande, anunció entonces que las empresas públicas iban a ser el “referente” en materia laboral para el sector privado, abocado al mismo cambio de cultura: “Tenemos que ser ejemplares”, proclamó Casas Grande en un vídeo distribuido entre la plantilla. “Esto es una política de Estado”, dijo, así que es necesario “vencer inercias e incomodidades”.

Dos años después, sin embargo, la temporalidad en Tragsa, lejos de reducirse, ha crecido 5,7 puntos porcentuales. En la filial, Tragsatec, alcanza el 71,3%, según los datos de la empresa a septiembre de 2023. El grupo ha multiplicado su actividad los últimos años, con una producción que en septiembre se elevaba a 1.240,8 millones de euros, un 32,5% por encima de la cifra acumulada hasta ese mismo mes de 2022. Su cartera de pedidos supera en un 14,3% la firmada el año precedente para los tres primeros trimestres.

Así que también ha explotado la contratación de personal con el que hacer frente a tantos encargos. La plantilla ha crecido nada menos que un 46,2% desde que entró en vigor la reforma laboral. La componen 24.539 trabajadores, de los cuales 12.154 pertenecen a la filial, donde el aumento de personal ha sido del 50,8%. De los 7.755 nuevos empleados del grupo, 6.222 son temporales. Estos han crecido un 59,6% en los dos últimos años, mientras que los fijos sólo lo han hecho un 24,2% –un 14,2% en 2023–.

Mientras, las plazas que salen a concurso para hacer realidad ese “cambio cultural” en Tragsa son 2.213 correspondientes a la tasa adicional de estabilización y 1.581 correspondientes a la tasa de reposición específica. En Tragsatec son 2.383 –200 de ellos fijos discontinuos– y 673, respectivamente. En total, 6.850 plazas en cuatro fases, de las que ya se han finalizado dos –2.830–, asegura el propio grupo a infoLibre. Pero esa cifra es insuficiente para hacer indefinidos a los dos tercios temporales de la plantilla, lamentan las fuentes sindicales consultadas.

Una parte de estos eventuales, no obstante, se encuentran cubiertos por la excepción que permite hacer la reforma laboral con los contratos temporales que sean necesarios para gestionar los fondos de recuperación de la UE. La última estadística del SEPE muestra que en 2022 se formalizaron en toda España 22.402 contratos eventuales acogidos a esta excepción, mientras que en 2023 se han quedado en 17.766.

Según explican las fuentes sindicales, la empresa está utilizando contratos de sustitución como “transición” hacia la fijeza, cubriendo el periodo de tiempo necesario hasta que sale a concurso la plaza de que se trate. O bien, al acabarse el contrato, los temporales pasan unos meses “en la nevera” y se les vuelve a contratar después, aseguran.

A preguntas de infoLibre, Tragsa reconoce que el aumento del número de encargos que le hacen las administraciones públicas, sobre todo los financiados con los fondos Next Generation, ha hecho crecer el empleo temporal en la empresa. Y que un "volumen importante" de los nuevos contratos se acogen a la excepción permitida por la reforma laboral para los fondos europeos. En concreto, cifra en 3.727 los contratos de este tipo firmados por Tragsa en los dos últimos años. Es decir, el 60% de los temporales. Los contratos de sustitución, con los que “se cubren temporalmente los puestos de trabajo hasta que acaba el proceso de selección par su cobertura definitiva”, ascienden a 2.426.

Pese a estas dificultades, el objetivo del grupo es haber creado 13.700 empleados fijos “a finales de 2024 y principios de 2025, en la senda de las previsiones del Plan Estratégico 2024-2038” , apunta.

En cualquier caso, en 2023 se ralentizó tanto en el sector público como en el privado la rebaja de la temporalidad que con tanto ritmo reflejaron las estadísticas en 2022. En las administraciones públicas el número de trabajadores eventuales se recortó en 49.800 personas durante los tres primeros trimestres del año pasado, mientras que en el mismo periodo de 2022 la reducción alcanzó los 51.900 empleados. En todo 2022, la rebaja de temporales fue superior, 62.700 personas.

En el sector privado, 2023 fue aún peor. Mientras que en los tres primeros trimestres de 2022 los trabajadores eventuales disminuyeron en 534.300 –y nada menos que en 921.300 en todo el año–, en el mismo periodo de 2023 la tendencia se ha revertido: los temporales aumentaron en 179.000 personas. Como entre enero y octubre también crecieron los fijos, la tasa de temporalidad del sector privado ha quedado en el 14,2%, apenas por debajo del 14,8% con que terminó 2022, pero aun así medio punto por encima del 13,7% con que se inició 2023, y que ha sido el mínimo histórico hasta la fecha. Durante 2022, la tasa se redujo nada menos que 7,3 puntos porcentuales.

“En el sector público la tasa de temporalidad está enquistada”, explica Trinidad Molina, responsable de Empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. Para que bajara, deberían salir a concurso plazas suficientes que transformen los eventuales en indefinidos. Como no se aprueban, el número de interinos no se reduce, o al menos no en la cantidad necesaria para cumplir ni de lejos con ese 8% que exige la ley. Así, muchos de ellos continúan acumulando años en puestos sin plaza. Las culpas se reparten entre las propias empresas, que deben pedir las plazas, y el Ministerio de Hacienda, que debe aprobar las convocatorias, añade Trinidad Molina. Según destaca, la temporalidad es aún más acusada en las empresas públicas municipales.

La Encuesta de Población Activa también revela cuál es la duración de los contratos temporales que se siguen firmando en el sector público. Apenas los hay de un día y los de menos de un mes no superan los 11.000, un 43,8% menos que antes de la reforma laboral. También se suscriben menos contratos de duración inferior a los dos años –una caída del 17,5% en los de uno a dos años, los más habituales, que sumaron 146.600 en el tercer trimestre de 2023–. Pero, por el contrario, crecen los de dos años, un 4,6%, y se han disparado los de más de tres años, un 46,6%.

El compromiso del Gobierno con la UE para todas las administraciones públicas es convertir en fijos a 300.000 empleados temporales. En Correos se puso en marcha el año pasado un “proceso de estabilización”, una convocatoria de empleo de 7.757 plazas. Los sindicatos piden otras 4.000 más para 2024. Paradores ha obtenido autorización para cubrir 1.127 puestos mediante contratos indefinidos, un plan que debe quedar ejecutado antes del 31 de diciembre de este año. La empresa cuenta con una plantilla de 3.892 trabajadores, de los cuales el 31,1% son temporales, según los datos que el Gobierno facilitó al senador de Compromís Carles Mulet en una respuesta escrita. RTVE pretende hacer fijos a 1.082 trabajadores, además de haber convocado 767 plazas fijas de acceso libre.

La exministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez ha sido designada como nueva presidenta de la red de Paradores de Turismo.

Tras más de dos años al frente de la cartera de Transportes, desde julio de 2021 hasta el pasado noviembre, Sánchez presidirá la empresa pública que gestiona alrededor de cien hoteles situados en edificios emblemáticos a lo largo del país. En la presidencia de esta empresa reemplazará a Pedro Saura.

Saura será el nuevo presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. En ese puesto sustituirá a Juan Manuel Serrano, jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE antes de su nombramiento como presidente de Correos.

Raquel Sánchez sigue la estela de Miquel Iceta y Héctor Gómez como exministros reubicados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Iceta, exministro de Cultura y Deportes, fue designado embajador de España ante la Unesco, y Gómez, exministro de Industria, Comercio y Turismo, fue nombrado embajador de España ante la ONU en Nueva York.

Las principales empresas públicas están en pleno periodo de renovación. En las últimas semanas, el Gobierno ha nombrado nuevos presidentes en sociedades de la entidad de Correos, Navantia, Tragsa o la Agencia EFE, así como en sociedades que no controla pero de las que es el principal accionista individual, como Red Eléctrica. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en esa última compañía –que presidirá el exministro Jordi Sevilla a cambio de más de 500.000 euros anuales–, los sueldos de las principales empresas controladas al menos en un 51% por el Estado están limitados, y sus presidentes cobran cantidades que como máximo rondan los 210.000 euros anuales.

La norma que limita las remuneraciones es el Real Decreto 451/2012, que establece la clasificación de las principales empresas públicas en tres grupos en función del nivel de financiación pública de la sociedad, su volumen de actividad o su número de trabajadores. Según establece dicha norma y la orden que la desarrolla, la retribución básica de los presidentes de estas compañías no podrá exceder los 105.000 euros en el caso de las empresas más grandes (Navantia o Correos), los 80.000 en las que pertenezcan al grupo 2 (la Agencia EFE o Hunosa) o los 55.000 euros en las del grupo 3 (como Mayasa o Saeca). A esa remuneración se le pueden sumar dos pluses que, como máximo, permiten que el sueldo base del alto cargo en cuestión se duplique, por lo que el salario máximo de un presidente de una empresa con participación mayoritaria del Estado puede ascender a 210.000 euros anuales.

15 de las empresas que el Estado controla mayoritariamente o en su totalidad están agrupadas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entre ellas grupos como Correos y Navantia. Además, otras empresas públicas potentes como AENA, Renfe, Paradores o Loterias y Apuestas del Estado también están participadas al 100% por el Estado. Y precisamente esta última es la que tiene un sueldo más generoso para su presidente: Jesús Huerta, ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, fue nombrado el pasado 25 de julio como máximo dirigente de la sociedad y se embolsará 214.221 euros anuales.

De entre las principales empresas públicas consultadas, solo hay otra cuyo presidente supere los 200.000 euros de sueldo: Enusa, la compañía encargada de la fabricación y el abastecimiento de combustible a las centrales nucleares. Para este puesto fue nombrado hace apenas unos días José Vicente Berlanga, que hasta ahora desempeñaba funciones de director general de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia y es una persona próxima al ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El salario de Berlanga será de 210.000 euros anuales, 105.000 como sueldo base y la misma cantidad en complementos.

Por su parte, las dos principales compañías de la SEPI, Correos y Navantia, también han sufrido un relevo en sus cúpulas en los últimos días. La primera será presidida por el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, mientras la segunda tendrá como nueva máxima dirigente a Susana Sarriá, ex alto cargo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Serrano percibirá un sueldo que, entre base y complementos, ascenderá a 191.052 euros anuales. Por su parte, es más complicado conocer la cantidad exacta que se embolsará Sarrià al frente de Navantia porque la empresa cambió de presidente a mediados de 2017 y no detalla a cuánto asciende el sueldo de un año completo para su máximo dirigente, pero la cuantía ronda los 190.000 euros.

Paradores, Renfe, AENA y Adif

Paradores es otra de las joyas de la corona del sector público que ha cambiado de presidente. En este caso, quien estará al frente de la compañía será el senador y ex número tres del PSOE, Óscar López, que –si no decide reducirse el sueldo y cobra lo mismo que su predecesora, Ángeles Alarcó, exesposa de Rodrigo Rato– percibirá un salario de 180.405 euros anuales. Se trata de una cantidad algo mayor de la que cobrará Isabel Pardo de Vera, nueva presidenta de Adif, que se embolsará anualmente 161.945 euros si su sueldo no cambia.

La empresa operadora de los aeropueros españoles, AENA, también tiene nuevo presidente: el exportavoz del PSC en el Parlament de Cataluña Maurici Lucena, que fue nombrado para el puesto hace unas semanas. Su salario, tomando como referencia el que cobró en 2017 el anterior presidente, Jaime García-Legaz, será de 162.903,87 euros anuales, prácticamente el mismo que el que percibirá el nuevo presidente de Renfe, Isaías Táboas, ex secretario de Estado de Transportes con José Blanco, que percibirá 161.998 euros cada año que esté al frente de la compañía de ferrocarriles.

Cetarsa y Hunosa –las empresas públicas que se dedican, respectivamente, a la producción de tabaco en rama y a la gestión de las minas asturianas– son otras de las compañías estatales que han sufrido una renovación en su cúpula. Sus nuevos presidentes son Juan Andrés Tovar (hasta ahora senador del PSOE por Cáceres) y Gregorio Rabanal (que ha pasado por diferentes puestos en los 24 años que lleva trabajando en Hunosa), y ambos percibirán sueldos muy similares: 162.039 euros anuales Tovar y 161.907 euros Rabanal.

Tragsa y EFE también cambian de presidente

Pedro Sánchez también ha colocado personas de su confianza en Tragsa –una de las principales empresas públicas, encargada de la ejecución de obras y servicios– y Saeca –que, con un tamaño mucho menor, se dedica a prestar dinero para proyectos relacionados con el sector primario–. El nuevo presidente de Tragsa es Jesús Sánchez, ex director general de Desarrollo Rural del Gobierno asturiano, y su homóloga en Saeca será María Luisa Faneca, hasta ahora responsable de Pesca del PSOE. En este caso, los sueldos son algo menores: Sánchez cobrará algo más de 140.000 euros anuales, mientras Faneca llegará a los 111.447, debido al menor tamaño de su empresa.

La última gran empresa pública que ha experimentado un cambio de presidente en las últimas semanas es la Agencia EFE, que a partir de ahora dirigirá el periodista Fernando Garea tras recibir el beneplácito de todos los grupos parlamentarios del Congreso. En su nuevo puesto, Garea cobrará un total de 157.884 euros: 114.251 serán su sueldo base, y el resto (algo más de 43.600 euros) procederán de los complementos que le corresponden.

El resto de las principales empresas estatales no ha visto modificada su cúpula directiva en las últimas semanas, por lo que, al menos por ahora, seguirán operando con sus anteriores presidentes. De este grupo, es el máximo dirigente de Mercasa –la compañía que gestiona mercados mayoristas como Mercamadrid o Mercasevilla–, David Martínez, el que cobra un sueldo mayor: 163.133 euros anuales (el dato es de 2016, ya que la compañía no facilita ninguno más reciente). Cerca de esa cantidad está Eduardo González-Mesones, presidente de Ensa, una sociedad que fabrica componentes para centrales nucleares, con un salario de 160.000 euros al año. Por su parte, la presidenta de Sepides, Rosa María Mosulén, se embolsa 156.239 euros. Y su homólogo de Minas de Almadén y Arrayanes, Isidro Javier Zapata, cobra 142.484 euros al año.

Las dos compañías restantes de las que el Estado es accionista mayoritario y forman parte de la SEPI tienen presidentes con salarios inferiores. Cofivacasa, que se dedica a liquidar las sociedades públicas de las que el Gobierno quiere deshacerse, está presidida por Francisco Javier Loriente, que cobra 109.973 euros anuales. Y Faina Zurita, que dirige el Hipódromo de la Zarzuela, también de titularidad pública, se embolsa 108.581 euros al año.

Cataluña es la comunidad que más turistas internacionales recibió el pasado mes de octubre, con 1,5 millones de visitantes, a pesar de sufrir una caída del 4,7% en la llegada de turistas extranjeros durante el décimo mes del año, coincidiendo con el referéndum.

Este descenso de los turistas internacionales en el mes de octubre contrasta con el incremento del 2,6% que registró Cataluña el pasado año respecto al mismo mes de 2015, confirmando el cambio de tendencia.

En octubre visitaron España 7,3 millones de turistas extranjeros, un 1,8% más que en el mismo mes del año anterior. De ellos, el 20,5% visitó Cataluña, según se desprende de los datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Francia fue el país que más turistas aportó a Cataluña, un 19,7% del total, con alrededor de 293.500 visitantes, lo que representa un 26% menos de turistas franceses respecto al mismo mes de 2016.

En el acumulado de los diez primeros meses del año, Cataluña también se sitúa como la comunidad más visitada por los turistas internacionales, con más de 17,2 millones de turistas extranjeros, un 6,6% más respecto al mismo periodo del pasado año.

1. La política industrial y la cadena de valor.

El funcionamiento del libre mercado sigue la rentabilidad y la regla de la competencia como factores centrales de toma de decisiones de inversión, donde los actores privados son los únicos protagonistas. La política industrial puede llegar a forma parte de una concepción alternativa. La política industrial, mediante el protagonismo del sector público, estableciendo medidas que influyen en la dinámica tanto del sector público empresarial, de las políticas fiscales, de inversión y de gasto, de concertación e intermediación, como en la regulación y estimulación del sector privado puede reorientar la oferta de un sector para que se incluyan criterios diferentes al lucro en la toma de decisiones económica. De este modo, pueden perseguirse objetivos tales como la eficiencia sectorial –que a veces la competencia impide (1)-, la autonomía productiva o el desarrollo autocentrado, la minimización de costes sociales o medioambientales, el cambio de modelo productivo en términos tecnoenergéticos, el impulso a la cooperación, la complementariedad productiva y la redistribución social y territorial, o la creación de empleo estable y cualificado. En suma, objetivos socialmente deseables. Esto no impide, como suele ser desgraciadamente más frecuente, que el Estado actúe como mero suministrador de ayudas o regulaciones en provecho de grandes compañías privadas, a veces ligadas a organizaciones patronales y grupos de presión, en particular, con un efecto más bien potenciador de la lógica oligopolística, o bien, sencillamente a beneficio particular en términos de favor clientelar. En la práctica no hay disputa entre mercado y Estado, sino determinado trato de favor y rescate de las administraciones públicas a determinado grupo de empresas. Es fácil convenir que esto último no puede definirse como política industrial.

Desde este punto de vista, superar el cliché neoliberal “la mejor política industrial es la que no existe”, que en su día señaló Carlos Solchaga, comienza por reconocer su importancia. Para eso es preciso darle contenido, que no se limite a dar sin más subvenciones genéricas o susceptibles de serlo. No basta con reclamar más política de impulso de la demanda efectiva, hay que establecer objetivos y delimitar actuaciones concretas, evitando diseños de subvenciones que acaban engrosando los excedente de actividades que de igual manera se iban a realizar. En efecto, no basta con reclamar más inversión o innovación, sino que hay que definir criterios y orientación para que se atienda el interés general y sectorial en cada caso. Es preciso indicar qué inversión se necesita y cómo se puede llevar a efecto, identificando iniciativas institucionales, dotando de instrumentos de política sectorial, y contar con los diferentes actores que participan en la actividad socioeconómica.

Ni que decir tiene que una política industrial integral e integrada debiera conformar un conjunto de iniciativas coherentes que abarcasen tanto los objetivos a promover en la estructura interna sectorial, así como medidas que coadyuven a la articulación, complementariedad y equilibrio de todos los sectores que conforman nuestra economía y su cadena de valor. La política industrial no es equivalente a una planificación indicativa, pues ni agota toda su amplitud y porque convive con el sector privado, pero sí debe plantearse constituirse como referencia y como un motor de la economía y no tiene por qué oponerse a una arquitectura global que dé a la economía una línea de proyecto común.

En el caso español, el protagonismo y peso del sector turístico es indudable y merece una atención especial. Al constituir una superpotencia mundial en esta materia, y por el peso que comporta en nuestra economía, más del 11% del PIB en 2012, le sitúa como posible punta de lanza en nuestro país, con capacidad de ser motor de cambio, comenzando por determinados destinos turísticos y extendiéndose a otros sectores que pueden darle abastecimiento, favoreciendo un posible efecto arrastre al resto de la economía.

Sin duda alguna, esto implica que algunas tendencias se reviertan, pues se está produciendo una paradoja. Mientras afluye capital internacional que toma posiciones en cadenas hoteleras españolas, como NH, algunas transnacionales españolas orientan sus inversiones hacia Europa y América (2) , dejando de lado su desarrollo en nuestro país. Definir los destinos de los recursos parece importante.

2. Actividades de servicios, turismo e industria sostenible.

Es preciso tomar en cuenta que la singularidad de nuestra formación socioeconómica en el concierto internacional. Es importante partir de ella, sin perder la perspectiva de que un desarrollo autocentrado y equilibrado no puede apoyarse en ningún monocultivo. Pero sí puede concebirse que si tenemos algunas potencialidades, como punto de partida, pueden desarrollarse estrategias a partir de ellas que mejoren el conjunto, e inclusive otras áreas. A este respecto, podemos señalar que la economía española puede cobrar impulso sobre pilares diferentes, dadas sus condiciones de partida, tales y como podrían ser:

• El diseño de una política turística capaz de movilizar a toda la cadena de valor de cada destino turístico para ponerlas a su servicio;

• El impulso a un modelo medioambiental sostenible que apueste por las energías renovables de origen solar, extensible al conjunto de la industria;

• O el desarrollo de una política sanitaria, educativa y de atención a las personas, como actividades punteras que mejoren las bases de cualificación y de vida humanas de nuestro entorno.

En lo que sigue suscitamos algunas líneas de propuesta limitadas al sector turístico, no porque estimemos que sea una apuesta excluyente de impulso, sino más bien porque puede configurarse como uno de los vehículos para una transformación sostenible en el sistema industrial español y de dinamización de la economía y el empleo. Debe recordarse que la mayor parte de competencias en materia turística es de las CCAA lo que implica un desafío añadido de concertación y cooperación institucional, y de iniciativas proactivas también de la propia Administración central que, por el momento, brillan por su ausencia o reiteran viejos problemas.

Tengamos presente que el alcance y el modelo de nuestra sociedad de servicios depende de las bases y el carácter de sus infraestructuras y de su industria. Una industria innovadora conduce a un sector de servicios más avanzado y cualificado. Una industria subalterna sólo da pie a un sector de servicios de menor valor añadido. Y viceversa. La predominancia de actividades de ingeniería y diseño industrial, de ciencia y tecnología (actividad concentrada en Centroeuropa), etcétera, tienen un carácter bien disímil al de servicios sanitarios, educativos, o, por otro lado, comerciales, ocio o de atención personal, y su carácter se sustenta en la fuerza de la industria del país, y el futuro de la industria del país, a su vez, de la composición interna del sector de servicios. Nuestra industria está lastrada por su auxiliariedad de la industria centroeuropea, al especializarnos subalternamente en la producción de componentes y accesorios no centrales, y al no disponer de iniciativa y ventaja salvo en pocos sectores (eólica, es de los pocos, y el gobierno actual, la desprecia).

Al igual que la instalación de un parque de atracciones (que es un servicio de entretenimiento) promueve una industria determinada (produciendo instalaciones y equipamientos diversos), algunas actividades de servicio, como es el turismo, puede llegar a promover un determinado perfil industrial de nuestra economía, si se ponen los medios. El turismo no sólo comporta formar profesionales, sino también adecuar instalaciones, rehabilitar edificios, cuidar el entorno natural y paisajístico, desarrollar una oferta complementaria. Se puede aprovechar la vitalidad de este sector para impulsar experiencias pioneras de revinculación industrial al desarrollo turístico, y de innovación energética, basada en renovables, con todas esas actividades, para abrir brecha hacia un cambio de modelo productivo y tecnoenergético extensible a mayor escala, que no tiene porque impedir una mayor diversificación e impulso más adelante.

La dependencia y condición auxiliar de nuestra industria delimitan el potencial de nuestras actividades de servicios. La situación de crisis económica y de políticas de ajuste (salarial, de servicios públicos, de políticas sociales, etc…) apoca el despliegue de determinadas actividades de servicios (comercio y servicios de comidas y bebidas, principalmente) (3) dependiente de la capacidad de consumo. La falta de una apuesta por proyectos locomotora, como el turismo, las energías renovables y los servicios a las personas, y la ausencia de una apuesta en la innovación y el desarrollo, hipotecan el futuro de nuestra economía.

El sector turístico es, prácticamente, la excepción, en el marco de esta crisis, algunos segmentos están resistiendo razonablemente a la crisis. La afluencia de turistas reciente ha alcanzado niveles record este mismo año 2013. Esto no impide que el nivel de ingresos se estanque debido a la caída de precios. También el nivel y calidad del empleo no deja de empeorar, fruto de la gestión empresarial que aplica la reforma laboral con el objeto de degradar salarios y aumentar la productividad por hora.

Las razones de este éxito no es tanto que haya un mercado sin saturar y con amplio recorrido, sino la afluencia de turismo internacional centro europeo y de fuera de la UE (Rusia, por ejemplo), en medio de conflictos graves en países del norte de África y Oriente próximo. El turismo interior sigue desplomándose, fruto del contexto recesivo y de las políticas de austeridad.

En medio de las dificultades, la industria turística podría recibir mayor foco de atención tanto por lo que puede comportar de locomotora económica y del empleo, como por la oportunidad que representa impulsar políticas de desarrollo sostenible e impulso de una industria que asuma el desafío de abordar un cambio de modelo productivo, energético y de transporte a partir de la punta de lanza del turismo. Para eso, hay que cambiar de rumbo: no proseguir medidas que profundizan la estacionalidad, y apostar por la diversificación, la sostenibilidad y la articulación del turismo con su entorno económico.

Una política industrial referida a las actividades de servicio en la industria turística, podría plantear una revisión de las bases económicas industriales del país, si hubiese voluntad política para ello. Una política de desarrollo autocentrado y sostenible plantea el reto de religar nuestra industria con el turismo, y tener una visión sectorial y territorial organizada.

3. La política del gobierno

El sector turístico es una de las escasas ramas de nuestra economía que resiste con menos daños los embates de la crisis, y que, con una política adecuada, puede seguir un recorrido positivo próximamente. Sin embargo, esta potencial punta de lanza se está desaprovechando y se está reiterando errores del pasado.

Ni que decir tiene que el actual gobierno es hostil a cualquier línea de política industrial. Los drásticos recortes aplicados a Turespaña, que hasta la fecha acometía poco más que actividades de promoción; su cambio de naturaleza, pues en su gestión ha entrado la iniciativa privada que, por el contrario, haber contribuido con recursos significativos; o la degradación de la red de Paradores y su quizá próxima privatización, son buena prueba de lo diametralmente opuestos que están a una línea de este tipo.

La política del gobierno, frente a cualquier mejor iniciativa, reproduce la devastación del litoral, como es a lo que puede conducir la Ley de Costas prosiguiendo un nuevo boom constructor cerca de nuestras playas. Se persigue captar turistas senior internacionales que buscan alojamiento vacacional, y para gran parte del año residencial, para su jubilación en destinos con climas benignos, paisajes atractivos e importantes infraestructuras de servicios y de ocio, incluyendo además facilidades de nacionalización.

A nivel de CCAA la casuística es muy diversa, pero parece importante señalar que en Andalucía se ha abierto un conjunto de iniciativas de Gobierno Abierto que representan un contrapunto. Si bien no tenemos espacio para dar detalle aquí.

4. Una alternativa

Frente a las tentaciones de reproducir un patrón de crecimiento que amplíe viejas burbujas inmobiliarias es preciso apostar por otra línea que preste atención al respeto del medioambiente, por políticas que mejoren los estándares de atención profesional al turismo, más intensivas en la creación de empleo, y que este lo sea de calidad y cualificado.

La clave para una política turística de futuro es pensar en términos territoriales. Esto comporta poner en común las complementariedades de la oferta de los destinos, integrando medidas a la escala regional o local para dotar de servicios comunes de soporte a localidades con un carácter económico parejo, complementario y próximo.

Asimismo, hay que establecer pautas que enlacen la política industrial a escala regional (industria alimentaria local, cambios de modelo energético industrial basado en renovables eficientes en cada territorio, transporte, etc…), las infraestructuras locales (construcción y rehabilitación sostenible, mantenimiento y protección de entornos naturales, desarrollo de un transporte de proximidad, etc…), la mejora de servicios complementarios (hostelería, ocio, comercio de proximidad, etc…), y de servicios básicos generales en los destinos turísticos que compensen las diferencias entre población de hecho y de derecho y los fuertes desequilibrios que ocasionan fruto de la estacionalidad.

Los ejes de actuación para acabar con la saturación y excesiva estacionalización del sector turístico pasan por establecer medidas de:

• Diversificación de la oferta turística. Hay un monocultivo del sol y playa que debe contenerse y orientarse, debido al límite físico y ambiental ya desbordado. Ha de complementarse y sustituirse con otros formatos como, entre otros, el cultural, rural, de interior y urbano (que, por ejemplo, podría atraer a turistas de mercados emergentes que no buscan tanto el sol y playa, como el chino). Asimismo, es preciso buscar fórmulas de cooperación entre formatos y de asociacionismo empresarial en base a su localización y estacionalidad (para que las plantillas profesionales pudieran, aún cuando eso represente cierta movilidad laboral, disponer de empleo e ingresos suficientes a lo largo de todo el año) para construir dinámicas de complementación.

• Desestacionalización y gestión de la estacionalidad. Es preciso desarrollar iniciativas que atraigan población turística en épocas de temporada baja, en alusión a población inactiva laboralmente (pensionistas, viajes educativos para jóvenes, etc…), y que los programas destinados a este efecto (Imserso) no sigan cayendo en desuso. Complementariamente, cuando no sea posible desestacionalizar ni realizar políticas de movilidad laboral, el objetivo de estabilidad del empleo exigiría hacer predominante el empleo fijo-discontinuo –poniendo cortafuegos para que el empleo a lo largo del año no se convierta en éste, sino para convertir el temporal en fijo-discontinuo- frente al abuso del empleo temporal. De igual modo, la conversión abusiva y creciente del empleo a tiempo completo por parcial como nuevo laboratorio de extensión de la precariedad, los bajos salarios y la apropiación de productividad por parte de las empresas, y que golpea fuertemente sobre todo entre las mujeres, entraña otro reto que implica una línea de confrontación y revisión de las últimas reformas laborales.

• Promover conciertos de asociacionismo y cooperación interempresarial para hacer posible una estrategia de colaboración entre destinos complementarios, o para impulsar y hacer uso de servicios comunes a escala local.

• Poner en el centro la recuperación de los entornos medioambientales para acabar con la destrucción y la saturación de los territorios turísticos, estableciendo a su vez reglas de sostenibilidad en la actividad turística, compatibles con realzar el atractivo de los paisajes y entornos turísticos.

• Impulsar una formación para el empleo que dote a las plantillas de profesionales de la cualificación más elevada, con contenidos idiomáticos, de dinamización y orientación turística, así como hacer posible una polivalencia de estos para poder abarcar labores diversas dentro del sector turístico o fuera en los periodos de temporada baja.

• Establecer conciertos de asistencia al alojamiento en casos de movilidad laboral para profesionales que oscilan entre ámbitos turísticos diversos según cada temporada.

• Impulso al transporte colectivo sostenible de proximidad (tranvías, autobuses, alquiler de bicicleta, taxis colectivos eléctricos, etc…) en los destinos turísticos (promocionando las experiencias de rutas locales), y potenciación del tren y barco como transporte sostenible de larga distancia (que conciba también el viaje como parte de la experiencia turística).

En otro orden de cosas, precisamente en un contexto en el que el gobierno abandona una política industrial activa (recortes drásticos y semiprivatización en la gestión de Turespaña, desregulación del ordenamiento turístico en muchas CCAA, etc…), es preciso darle la vuelta a esta orientación. El sector público debe adoptar mayor protagonismo en materias, más allá de la promoción turística, tales como:

• Desarrollar iniciativas para desbloquear el monopolio de los tourperadores (fundamentalmente un duopolio de alemanes y británicos), tratando de impulsar una agencia de intermediación mayorista estatal ligada a nuestra industria turística, nuestras agencias de viajes y nuestra industria hotelera, que trabaje desde el origen de la emisión de turistas hasta en portales web, facilitando a poner en contacto al turista con el proveedor final. Sus dos líneas de trabajo sería operar para promover el turismo interior y el turismo procedente de países emergentes, aparte de sostener el turismo que viene de Europa.

• Plantear un reordenamiento de los entornos urbanos turísticos, tratando de reconvertir la inmensa oferta de residencias vacacionales, o segundas residencias, para que una parte pueda reformarse y explotarse por profesionales, con conciertos de colaboración entre propietarios y gestores de alojamiento, abrigados por instituciones públicas. Esto incluiría que se rehabilitasen segundas viviendas y viviendas vacacionales, frente a la tentación de construir más; poner de común acuerdo para que se transaccione con entidades profesionales hoteleras la gestión y oferta profesional de estas viviendas, a cambio, por ejemplo, del disfrute de alojamientos vacacionales en diferentes puntos a lo largo del año, u otras fórmulas de compensación económica.

• Regular la oferta complementaria en destinos turísticos para que aumenten los estándares de su calidad, su estructuración de precios, así como impulsar mecanismos de asociacionismo de cara a abaratar costes y mejora en la logística de servicios.

• Establecer parámetros de regulación de los destinos turísticos en clave de sostenibilidad medioambiental, diversificación y mejora de la calidad de la oferta, así como de potenciación de la cualificación y condiciones laborales de los profesionales del sector.

• Desarrollar una oferta turística pública de calidad, con el punto de partida de Paradores de Turismo, que revalorice territorios poco aprovechados y que necesitan un desarrollo socioeconómico local.

• Comprometer y estimular a parte de la industria, el sector agroalimentario, el transporte y la construcción española para reorientar recursos en torno al turismo, aportando recursos condicionados a cambios en su modelo tecnoenergético (potenciando las renovables), fomentando los productos cercanos al turismo, el trasporte sostenible de proximidad y la rehabilitación integral urbanística y de edificios, comenzando por el turismo interior, urbano, cultural y de interior.

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(1)  En la economía de mercado hay varias fuentes de ineficiencia que pocas veces se mencionan. En primer lugar, la oferta, conformada por un conjunto amplio de empresas, producen, y después, comprueban si su oferta casa o no con la demanda, dilapidando existencias por su falta de previsión. La demanda a veces expresa, si es solvente, una serie de cosas, pero finalmente debe quedarse con lo que se ofrece, de tal punto que genera insatisfacción. En la competencia, no sólo hay estímulo por mejorar, también hay rivalidad y obstáculos interpuestos para que el adversario no se quede con la clientela. Por otro lado, se rehuye la cooperación, en muchas ocasiones, debido a esta pugna inagotable. A nivel empresarial se escogen combinaciones financieras, técnicas, de organización del trabajo y empleo de personal guiados por costes crematísticos, ciegos a consideraciones de eficiencia energética y mínimo coste social y ambiental. La ineficiencia es una característica propia del capitalismo.

(2) Debemos referirnos a los informes que el Gabinete Federal de Estudios de FECOHT-CCOO ha venido realizado sobre la presencia de cadenas hoteleras españolas en América Latina y en África, realizados en 2011, y que tuvieron repercusión internacional.

(3) Para profundizar en este punto seguir el Informe sobre la hostelería, comercio y juego del Gabinete Federal de Estudios de FECOHT de Junio de 2013.

Los recortes en las pensiones ya han llegado a los jubilados y prejubilados de las empresas públicas. Miles de jubilados de Navantia, Naval de Sestao, Astilleros de Sevilla, Astilleros de Manises, Babcock Borsig, Altos Hornos de Vizcaya y Hunosa vieron desaparecer en marzo la compensación por la subida del IPC, que sin embargo sí se les había abonado los dos meses anteriores. También 7.000 prejubilados de la minera asturiana han dejado de percibir los complementos que la empresa les paga hasta que alcanzan la edad legal de jubilación.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) justifica la medida en el artículo 22.3 de la Ley de Prespuestos Generales del Estado, que ordena a las empresas públicas cancelar las aportaciones a los planes de pensiones y seguros colectivos que cubren la jubilación.

Fuera de la SEPI, la dirección de Paradores del Estado ha propuesto ya a los sindicatos, con los que acaba de sentarse a negociar la renovación del convenio colectivo, la supresión de los premios de jubilación. Además, pretenden cambiar el plan de pensiones de la plantilla, al que la empresa lleva ya tres años sin hacer aportaciones, según asegura el presidente el comité, Enrique Sánchez.

Protestas, mediación, demanda judicial

Un mes de protestas contra el recorte llevan ya los trabajadores de Hunosa, que presentarán una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tras fracasar las reuniones con la empresa y un intento de mediación en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC).

Los 7.000 prejubilados del carbón están sufriendo mermas de entre 100 y 600 euros mensuales que, sumadas a la falta de compensación por la subida del IPC y al aumento del IRPF, equivalen a un recorte sustancial de poder adquisitivo en una región especialmente castigada por el paro, destaca Jaime Martínez Caliero, responsable de Minería de la Federación de Industria de CCOO en Asturias.

Según explica,  las prestaciones de los prejubilados no deberían resultar afectadas por el artículo 22 de la Ley de Presupuestos, puesto que el complemento suprimido se suma primero a la prestación, luego al subsidio de desempleo, hasta que el trabajador cumple los 65 años; por tanto, no tiene nada que ver con la pensión de jubilación, que comienza a cobrarse a partir de esa edad. Ese complemento llevaba abonándose desde 1998.

Ofensiva contra los beneficios sociales del convenio

En el caso de Navantia, por ejemplo, la merma en la pensión se une al recorte de beneficios sociales que la empresa ha planteado al comité en la negociación del convenio colectivo. Más allá de la congelación salarial –la plantilla lleva cuatros años sin subidas de sueldo–, la dirección pretende aumentar la jornada, suprimir la antigüedad a los nuevos contratados, eliminar becas de estudios para los hijos de los trabajadores, también el economato y el comedor, e incluso reducir a sólo cinco días el plazo de aviso a los empleados a quienes se quiera trasladar. Una cuestión lejos de ser menor, destaca Manuel Grandal, responsable de la CIG en Ferrol: las factorías de Navantia se encuentran en Ferrol, Cádiz y Cartagena.

En Paradores, la propuesta de la empresa llega después de un ERE que se cerró en enero con la salida de 350 personas. Entonces los trabajadores ya acordaron reducciones salariales, por lo que para el nuevo convenio colectivo, cuya negociación lleva bloqueada desde diciembre de 2009, las propuestas van en la dirección, también aquí, de los recortes sociales, asegura el representante de UGT, César Galiano. De momento –sólo han mantenido dos reuniones con la empresa– los sindicatos han señalado como una de sus líneas rojas los llamados premios de vinculación, que perciben sus 4.000 trabajadores en función de su antigüedad y que Paradores considera un coste inasumible.