El vino es un producto que viaja. El 46% de los caldos que se producen en el mundo se consumen fuera de su país de origen y esta vinculación del sector vinícola con el comercio internacional ha hecho que la guerra arancelaria —desatada por el presidente norteamericano, Donald Trump— sea su principal preocupación. En España el consumo repuntó en el último año un 1,5%, pero en el mundo se bebió un 3% menos, según los datos de la Organización Internacional del Vino. El organismo señala que su consumo cayó hasta niveles de hace sesenta años. La sensibilidad del sector a un mercado internacional sumido en la incertidumbre y la apertura a nuevos mercados pueden ser los factores que expliquen estas fluctuaciones. “Lo que está pasando en los últimos años, desde el Breixit, hasta los aranceles de Trump, genera inestabilidad en el mercado del vino”, explica José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino (FEV). 

“En conjunto, puede decirse que el consumo tiene una evolución plana. En España ha habido épocas, como pandemia, en las que ha bajado mucho el consumo y otras en las que repunta”, señala Benítez. Sin embargo, y aunque España sea la aldea gala en este momento, insiste en que cualquier alteración en los canales de comercio internacional puede desestabilizar sus cifras. “Los flujos comerciales en el sector del vino son tremendamente importantes y para que puedan fluir las exportaciones se requiere certidumbre y estabilidad”, explica. Algo que actualmente no se da, especialmente en el comercio con Estados Unidos, que grava con un 10% los vinos españoles y podría elevar esa cifra si la Unión Europea (UE) no logra un acuerdo.

El juego de Estados Unidos con las tarifas tuvo otro capítulo de gran actividad esta semana. El mandatario norteamericano ha puesto presión en las negociaciones con la UE recomendando un arancel directo a los productos europeos del 50% a partir del 1 de junio: "¡Nuestras discusiones con ellos no van a ninguna parte!", remarcaba en un comunicado lanzado en Truth, su red social. Ha sido un anuncio inesperado, pero que entra dentro de su forma de proceder habitual, lanzando medidas que luego impone, matiza, negocia o directamente rectifica, como ocurrió con China. Por el momento, desde la Comisión Europea insisten en la vía de la negociación, pero Bruselas ya ha preparado un paquete arancelario de 95.000 millones en caso de que el diálogo fracase. Paralelamente, este miércoles el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles generalizados a las importaciones impuestos por Trump, pero la Administración americana recurrió y el Tribunal de apelaciones restableció provisionalmente las tasas. Por el momento los gravámenes se mantienen, pero la presión interna, que se añade a la de los mercados, ha subido de nivel.

El sector español de alimentación y bebidas es de los que más exporta, con un total de 3.609 millones a EE UU en 2024, de acuerdo con los datos de comercio exterior (Datacomex). En el caso del vino, son 4.397 empresas las que comercian con otros países, la mayoría de ellas pymes. Por otro lado, Washington compra un volumen de en torno a 6.500 millones de euros en vinos internacionales, de los cuales el 5% procede de España. “Si se agudiza la crisis arancelaria, la cosa se pondrá más difícil. Esto es así porque en un producto que no es imprescindible, las crisis de consumo tienen un impacto mucho más alto”, señala el presidente de FEV. Tanto es así, que para Benítez el mercado americano es insustituible a medio y largo plazo para los productores nacionales: “Dejar el mercado de Estados Unidos no es una opción”.

Y es que mirar hacia mercados nuevos, aunque sea bajo la premisa de aliviar el impacto de unos aranceles demasiado agresivos, es un proceso largo y requiere de tiempo. Desde el envasado hasta los matices en los sabores, son cuestiones a tener en cuenta. Por esto, una parte del descenso en el consumo mundial puede venir del aterrizaje lento que este producto tiene en países donde no es una bebida conocida, explican desde FEV. “Hay que adaptarse a nuevas tendencias si queremos seguir vendiendo vino, ir más allá de lo tradicional con productos sin alcohol o derivados”, insiste Benítez, para quien producir menor volumen y mejor calidad será una de las claves a futuro.

El primer trimestre de 2025 ha sido un carrusel de cambios debido a la política comercial norteamericana. Según un informe del grupo de investigación Live-ex, dedicado al análisis del sector vinícola, en la eurozona la actividad comercial se redujo durante los primeros tres meses y en abril los precios cayeron. A nivel de España, la Federación Nacional del Vino explica que se detectó un ligero repunte en las ventas, algo habitual en casi todos los sectores tocados, ya ante la perspectiva de aranceles cada vez más altos algunos grupos importadores estadounidenses adelantaron las compras previstas para aumentar su stock y esquivar precios más elevados en el futuro. “En enero y febrero se anticiparon muchas compras, pero en marzo —cuando Trump amenazó con un arancel del 200%— hubo un parón de dos semanas, aunque luego la situación se fue normalizando”, explican desde la Federación.

Aunque para los productores sustituir el mercado estadounidense es imposible, mirar hacia otras fronteras es un movimiento imprescindible. “Es importante reconocer nuevas oportunidades y desarrollarlas", apunta Benítez, que hace referencia a la relevancia del acuerdo con Mercosur en el contexto actual. "Países como Brasil tienen mucho potencial. Ahora mismo, allí pagamos un 30% de tasas, pero las posibilidades de que se reduzcan con el tratado aumentan y eso es una buena oportunidad", explica el presidente de FEV.

Aunque llegar a un mercado nuevo tiene un precio para los bodegueros. Por un lado, las pequeñas empresas (que suponen la mayoría del tejido español) tienen menos margen de maniobra; por otro, los productos cada vez deben ser más personalizados para cada mercado. "Los métodos de producción se deben orientar más a la calidad y menos al volumen", puntualiza Benítez, porque los consumidores "cada vez buscan productos más diferenciados".

En la tormenta arancelaria que cae sobre el comercio internacional, la Unión Europea acaba de avanzar en la firma de un acuerdo con India que se centra en el sector automovilístico y en el de bebidas espirituosas. También Mercosur será otra puerta abierta y en el sector del vino celebran además que se hayan renovado tratos con México y Canadá. “Para las empresas pequeñas es difícil llegar a mercados nuevos por mucho que haya tratados, pero es un proceso de diversificación necesario”, concluye director general de FEV.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este jueves con imponer un arancel del 200% al vino y al resto de bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea (UE) en represalia por los planes de Bruselas de gravar las importaciones de whisky estadounidense, una medida que podría empeorar aún más la actual guerra comercial. "Si este arancel no se elimina de inmediato, Estados Unidos impondrá próximamente un arancel del 200 % a todos los vinos, champanes y productos alcohólicos procedentes de Francia y otros países de la UE", escribió en su red social Truth Social, según recoge EFE.

Trump añadió que la medida que amenaza con imponer "beneficiará enormemente al sector del vino y el champán en Estados Unidos" y volvió a cargar contra la UE a la que acusó de haber sido fundada "con el solo propósito de aprovecharse de EEUU".

La amenaza del magnate neoyorquino llega después de que la UE anunciará el miércoles medidas en respuesta a los aranceles del 25% activados el martes por Washington contra las importaciones de acero y aluminio. Bruselas ha dicho que gravará importaciones de EEUU por valor de hasta 26.000 millones de euros (unos 28.165 millones de dólares), lo que supondrá la reactivación de impuestos aduaneros para el whisky estadounidense, los cuales la UE había implementado ya durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

Representantes del sector de bebidas alcohólicas a ambos lados del Atlántico ya indicaron el miércoles que el intercambio de represalias arancelarias desde Washington y Bruselas podría tener efectos devastadores para la industria.

Un arancel del 200% como el que amenaza con aplicar Trump dañaría de manera destacada al sector vitivinícola europeo, ya que el vino es la principal bebida alcohólica que la UE vende a EEUU. Casi un 10% de todo el vino producido en la UE -el 80 % del cual es elaborado en España, Francia e Italia- es exportado a EEUU, según datos de la Comisión Europea.

Desde que retornó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, Trump ha apostado por implementar de manera agresiva aranceles a las importaciones procedentes de diversos socios de EEUU para corregir lo que considera déficits comerciales injustos para Washington, para atraer inversión de capital corporativo foránea o como medida de presión para reducir el flujo migratorio o de fentanilo.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al proyecto de ley que prohíbe el consumo y venta de alcohol en centros educativos, deportivos o de ocio con presencia mayoritaria de menores y que veta la publicidad y patrocinio de bebidas alcohólicas a menos de 150 metros de lugares frecuentados por ellos, según informa EFE. El texto también recoge, entre otras medidas, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan realizar pruebas de alcoholemia a menores y mayores de edad en lugares y circunstancias específicas donde el consumo de alcohol esté prohibido, como colegios e institutos.

Dentro de este perímetro de 150 metros sí que podrán anunciarse bebidas fermentadas por debajo del 0,5% de alcohol, según el proyecto de ley de prevención del consumo de bebida alcohólicas y sus efectos en los menores de edad aprobado; es uno de los cambios que el Ministerio de Sanidad ha introducido al texto final respecto al anteproyecto que sacó el verano pasado, que extendía esta restricción a las cervezas 0.0.

Así, no se podrá emplazar publicidad de bebidas por encima de esa graduación en la vía pública en un radio de 150 metros de centros educativos, centros sanitarios, de servicios sociales y sociosanitarios, y de parques y lugares de ocio infantil, lo cual incluye el patrocinio de marcas en el mobiliario de hostelería. Sin embargo, esta medida entrará en vigor un año después de la publicación de la ley, con lo que no se aplicará con efectos retroactivos.

La norma, que ahora deberá empezar su andadura parlamentaria, prohíbe cualquier forma directa, indirecta o encubierta de publicidad de bebidas alcohólicas o productos que simulen ser una bebida alcohólica, incluyendo el nombre comercial, la denominación social, símbolos o marcas comerciales de las personas o empresas productoras de dichas bebidas, dirigida a menores edad.

En los mensajes y comunicaciones comerciales no se podrá usar la imagen o la voz de personas con menos de 21 años; personas mayores de edad cuando se presenten caracterizadas o disfrazadas de personas menores de edad; personas o personajes, reales o de ficción, que por su relevancia pública o su popularidad estén vinculadas con niños y adolescentes, mujeres embarazadas o la imagen de un feto. No obstante, Sanidad ha eliminado en el proyecto final la prohibición que establecía el texto inicial de usar términos equívocos o ambiguos como "consumo responsable" o "moderado".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Sanidad, Mónica García, ha celebrado esta "ley pionera" que armoniza la gran diversidad de normativas autonómicas e incluso municipales que existían hasta ahora en torno a este asunto para frenar el consumo de esta sustancia entre niños y adolescentes, que repuntó en 2020 tras décadas de retroceso.

Según la última Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (Estudes), tres de cada cuatro menores de 14 a 18 años ha bebido en el último año, el 56,6% en el último mes y un 28% en forma de atracón, con al menos cinco copas en menos de dos horas. Además, la inmensa mayoría, el 93%, asegura tener un acceso muy fácil al alcohol.

"La evidencia científica es clara: no existe una cantidad segura de alcohol, de cualquier tipo, que no implique un impacto negativo en la salud. Tenemos que desterrar de nuestro imaginario esa idea arraigada y anticientífica que dice que puede haber algunos beneficios en la salud con el consumo moderado", ha enfatizado.

La ministra ha recordado que el consumo y venta de alcohol a menores ya estaba prohibido y que corresponde a las comunidades velar por que eso sea así. De lo que se trata ahora es, al hilo de los datos de consumo, prevenirlo restringiendo aún más la venta y reforzando las restricciones de la publicidad.

También ha querido dejar claro que esta ley emana de un informe aprobado por unanimidad en 2018 por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de los Problemas de las Adicciones. "El ministerio trabaja de la mano de las comunidades autónomas, nunca a su aire", ha señalado García antes de añadir que antes de su elaboración también se ha reunido con el sector. "Pero obviamente la ley la hemos hecho con un eje fundamental que es la protección de los entornos de los menores, ese es el fundamento", ha concluido.

El consumo de alcohol es un problema frecuente en la adolescencia y juventud. Los últimos informes publicados en España revelan que se trata de la droga más prevalente entre la población juvenil, y la primera, junto al tabaco, que comienza a consumirse en torno a los 16 años.

Un equipo liderado desde la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha observado cómo el abuso de esta sustancia en estas edades, sin llegar a ser todavía una adicción, va ligado a una serie de cambios emocionales, cognitivos y cerebrales que pueden hacer a esta población más vulnerable a una adicción futura al alcohol.

Aunque es necesario realizar más estudios, los resultados obtenidos pueden ser de gran utilidad práctica en los servicios sociales y sanitarios involucrados en la prevención y tratamiento de su consumo, así como un avance en la detección precoz de jóvenes en riesgo.

“Nuestros datos muestran cómo los cambios a escala cerebral son superiores en los chicos con consumo de riesgo en comparación con las chicas, destacando una posible mayor vulnerabilidad”, aseguran los autores del estudio publicado en la revista Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry.

El trabajo analizó las puntuaciones, el rendimiento en diferentes pruebas neuropsicológicas y la actividad cerebral eléctrica en reposo de 82 jóvenes con una media de 18 años.

Para ello, los investigadores utilizaron cuestionarios centrados en aspectos de regulación emocional e impulsividad, y llevaron a cabo una extensa evaluación neuropsicológica en la que se analizó su rendimiento en pruebas atencionales, de memoria y de funciones relacionadas con la planificación, la flexibilidad mental o la toma de decisiones.

En cuanto al análisis de la actividad cerebral se utilizó un electroencefalograma que, de forma no invasiva y mediante electrodos situados en el cuero cabelludo, permite conocer la actividad eléctrica del cerebro en zonas corticales.

“Mediante esta técnica analizamos la ratio entre dos patrones de onda cerebral (theta/beta) que varios trabajos han relacionado con impulsividad y bajo control cognitivo”, concluyen los autores.

Es bien conocido el efecto que el alcohol produce en nuestros organismos, no es el mismo en todas las personas, pero a todas nos afecta en cuanto al control de nuestros propios actos, a la capacidad de reacción, al estímulo para realizar acciones que podemos reprimir estando sobrios, a una especial violencia, o a la risa continua. Todos sabemos si tenemos un beber chungo o simpático, si nuestras amigas al día siguiente nos cuentan anécdotas graciosas, o si te sacaron del bar en cuestión para llevarte a casa justo cuando te estabas metiendo en un lío insultando o agrediendo a otras. También sabemos si somos de las que se controlan, o de las que a partir de la segunda copa no podemos parar. Siendo el alcohol una constante permanente en nuestras relaciones sociales, en los espacios festivos, de amistad o familiares, cada cual conoce su interacción con el mismo, que por cierto aprendemos a una edad más temprana de lo razonable. 

Es por ese conocimiento individual y colectivo por lo que la embriaguez forma parte de nuestro código penal y de nuestro derecho desde antiguo. El pensamiento jurídico y el sentimiento social, lejos de castigar el consumo de alcohol en la comisión de los delitos, lo ha considerado una causa exculpatoria o atenuante de la responsabilidad. Es decir, el pobre borracho que agrede, viola o mata, o todo ello junto, recibía y recibe un castigo, un reproche y una condena menor que si está en lo que se supone el pleno uso de facultades. Es más, puede ser incluso absuelto, puede quedar perdonado si voluntariamente se emborrachó y cometió el delito.

Hay una única excepción, y es la que tiene que ver con la conducción en estado de embriaguez, que se considera en sí misma un delito, y que opera como agravante de la pena si como consecuencia de dicha conducción se produce una imprudencia o un accidente causando daños a las cosas o a las personas. La razón de esta conformación legal que es ciertamente reciente en el tiempo, tuvo y tiene que ver con la cantidad de vidas que se pierden diariamente en la carretera, y que se producen como consecuencia del consumo de alcohol en muchos de los casos. Esto es así porque, conociendo la peligrosidad que puede tener un coche, no se puede beber para conducir, o puede hacerse de una manera mínima que permita controlar las acciones propias y el manejo de un vehículo.

Pues bien, resulta que la violencia machista supone en nuestro país un enorme riesgo para las mujeres. Ya son al menos 53 asesinadas en 2023. Las agresiones sexuales no han dejado de aumentar desde 2016, casi 50 de media al día, muchas de ellas a niñas, otras tantas efectuadas en grupo, en lo que hemos dado en llamar manada, y en buena parte de las investigaciones y los juicios posteriores los agresores han alegado embriaguez y algunos han obtenido una condena menor por estar bajo los efectos del alcohol y haber visto teóricamente mermada así su capacidad de querer y entender. Yo me pregunto si como sociedad no debemos decir basta, si podemos seguir permitiendo que los agresores machistas con pulsiones violentas incapaces de respetar la libertad y la integridad sexual de las mujeres han de recibir menor reproche social y penal si han bebido. Las muertes no son menos dolorosas, ni las violaciones son menos graves o indignas ni causan menos trastorno si las ha cometido un señor borracho. Beber para violar o violar bebido es exactamente igual que hacerlo sobrio. Pensemos en las víctimas, en su desamparo y estupefacción en el mensaje público que mandamos.

La ley del solo sí es sí ha incorporado la sumisión química como causa de violación. Deberíamos también dejar de considerar el alcohol como una excusa para agredir, y la embriaguez como coartada. las mujeres no soportamos ni un pretexto más. 

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María José Landaburu Carracedo es Doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autora del ensayo 'Derechos fundamentales, Estado social y trabajo autónomo'.

El 34,6% de los estudiantes de 12 y 13 años reconoce haber consumido alcohol, al menos, alguna vez en su vida, el 25% ha fumado cigarrillos electrónicos y el 8% tabaco convencional, según revela el estudio piloto sobre consumo de alcohol y tabaco y posibles adicciones comportamentales en jóvenes de 12 y 13 años realizado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en 2023, según informa Europa Press. 

Respecto al consumo en los últimos 12 meses, en el informe dado a conocer este jueves por el Ministerio de Sanidad se observa que la prevalencia en el caso del alcohol se reduce en cuatro puntos porcentuales, situándose en el 30,6%. Mientras que, con respecto al consumo en los últimos 30 días, el 21,5% afirma haber bebido alcohol en este periodo.

Asimismo, en el grupo de edad de 14 a 18 años, el estudio revela que el 76% ha consumido alcohol alguna vez en su vida, el 73,6% en los últimos 12 meses y el 56,6% en los últimos 30 días.

Atendiendo al sexo, se registra una ligera mayor presencia de consumidores entre los chicos (22,3%) que entre las chicas (20,6%). Esta situación se invierte en el grupo de 14-18 años donde el consumo de alcohol para todos los tramos temporales está más extendido entre las chicas.

La edad de inicio en el consumo de alcohol en los estudiantes de 12-13 años es algo más precoz entre los chicos, situándose en los 11 años que entre las chicas, con 11,4 años de media. Para ambos grupos, la edad media de inicio en el consumo de alcohol semanal se retrasa 0,5 años de media respecto al momento que probaron esta sustancia por primera vez. Entre los de 14 a 18 años, la edad media de inicio de consumo de alcohol se sitúa en chicos y chicas en los 13,9 años.

Este estudio, que se ha llevado a cabo de forma simultánea con la encuesta ESTUDES, entre el 5 de febrero al 28 de mayo de 2023, también evalúa el consumo de cigarrillos electrónicos, tabaco y bebidas energéticas en menores de 12 y 13 años.

Con respecto al consumo de tabaco, los datos revelan que el 8,5% de los estudiantes de 12 y 13 años lo ha probado alguna vez, el 6,5% en los últimos 12 meses y el 4,1% en los últimos 30 días. Entre los 14 y 18 años estas cifras ascienden a 33,4% alguna vez en la vida, 27,7% en los últimos 12 meses y 21% en los últimos 30 días. La edad media en la que se produce el primer consumo de tabaco es muy similar entre los chicos y chicas de 12 y 13 años: 11,8 en el caso de las alumnas y 11,9 en el de los alumnos.

Además, se muestra un consumo ascendente de los cigarrillos electrónicos entre los 12 y 13 años ya que el 25,2% afirma haberlos consumido alguna vez en la vida, el 21% en los últimos 12 meses y el 11,2% en los últimos 30 días.

Por otro lado, un 37,7% de los estudiantes de 12 y 13 años ha consumido bebidas energéticas en los últimos 30 días sin alcohol y un 10,2% mezcladas con alcohol. En los chicos esta cifra es muy superior que en las chicas con un 42% frente a un 11,4% en las chicas.

Estos consumos aumentan a medida que aumenta la edad de los estudiantes, llegando a duplicarse en el grupo 14-18 años respecto al grupo 12-13 años, en el caso de las bebidas energéticas sin alcohol sube a un 47,7% y, en las mezcladas con alcohol, un 19,4%.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que va a "regular" los vapeadores porque, bajo su apariencia de juguetes, son perjudiciales para la salud y constituyen "la antesala del tabaquismo", según ha recogido EFE.

No es la primera vez que García se pronuncia sobre los vapeadores: hace unas semanas, cuando anunció su intención de "sacar del cajón" el plan antitabaco que contempla ampliar los espacios libres de humo, ya señaló que estos artículos tendrán que tener una "regulación precisa" y adaptada a la normativa del tabaco. 

La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado su apoyo a que las bebidas alcohólicas incluyan en su etiquetado los riesgos que conlleva su consumo, como el desarrollo de cáncer, según informa Europa Press.

"Los daños del alcohol nos afectan a todos: familias, comunidades y sociedad. En lugar de instar a la gente a que beba de forma responsable, deberíamos concienciar a la opinión pública sobre la serie de daños asociados al consumo de alcohol. La OMS aboga desde hace tiempo por un etiquetado completo de los productos alcohólicos", ha señalado a través de un comunicado Carina Ferreira-Borges, asesora regional para Alcohol, Drogas Ilícitas y Salud Penitenciaria de OMS Europa.

Así se ha pronunciado la OMS después de que Irlanda haya anunciado que será el primer país de la Unión Europea (UE) que garantizará que, a partir de 2026, todos los productos alcohólicos llevarán un etiquetado sobre los riesgos para la salud derivados del consumo de alcohol, incluidas advertencias sobre los riesgos de desarrollar cáncer. "Elogiamos a Irlanda por su enfoque progresista al dar prioridad a la salud pública y sentar un precedente en la UE con la introducción del etiquetado obligatorio del alcohol", ha afirmado Ferreira-Borges.

Gracias a esta norma, las etiquetas de los productos alcohólicos en Irlanda incluirán información importante, como el contenido calórico y los gramos de alcohol. Estas etiquetas también mostrarán de forma destacada advertencias sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol durante el embarazo, así como los peligros de las enfermedades hepáticas y los cánceres causados por el alcohol.

Irlanda será el segundo del mundo, después de Corea del Sur, en introducir advertencias sobre el cáncer en los productos alcohólicos. La normativa irlandesa establece especificaciones detalladas sobre el tamaño, el color y otros elementos de diseño de las advertencias sanitarias, garantizando la visibilidad del mensaje. También obliga a facilitar información sanitaria similar en los locales con licencia.

El consumo de alcohol provoca más de 200 afecciones y enfermedades, entre ellas 7 tipos de cáncer. En la UE, los niveles de consumo de alcohol de ligeros a moderados fueron responsables de casi 23.000 nuevos casos de cáncer en 2017, casi la mitad de los cuales fueron cánceres de mama femeninos.

"La evidencia médica es clara de que un riesgo de cáncer se aplica incluso a niveles más bajos de consumo de alcohol", ha resaltado la secretaria de Estado de Salud Pública, Bienestar y Estrategia Nacional sobre Drogas de Irlanda, Hildegarde Naughton.

Según las autoridades sanitarias irlandesas, la decisión de introducir el etiquetado sanitario obligatorio en los productos alcohólicos se ha tomado debido a las "alarmantes estadísticas" sobre los daños relacionados con el alcohol en Irlanda, en combinación con la "escasa concienciación" de la población irlandesa sobre los riesgos para la salud asociados al consumo de alcohol.

La Encuesta Irlandesa de Salud, que se realiza en Irlanda cada año con más de 7.000 encuestados, mostró que el 7 por ciento de los encuestados creía que era seguro consumir una pequeña cantidad de alcohol durante el embarazo y casi el 80 por ciento desconocía los riesgos de enfermedades como el cáncer de mama. Las personas de entre 15 y 24 años solían ser menos conscientes de los riesgos asociados al consumo de alcohol que los demás grupos de edad.

"Esta ley está pensada para que todos nosotros, como consumidores, conozcamos mejor el contenido de alcohol y los riesgos para la salud asociados a su consumo. Con esa información, podemos tomar una decisión informada sobre nuestro propio consumo de alcohol", ha comentado el ministro de Salud irlandés, Stephen Donnelly.

El Gobierno escocés introdujo en 2018 una política controvertida para atajar la epidemia de alcoholismo que castigaba a una cuarta parte de los adultos: fijó un precio mínimo de 50 céntimos para cada lata o botella de alcohol a la venta, incluso aunque se comercialicen en packs. La medida tuvo que superar una batalla legal y no sentó bien a los consumidores, pero en solo tres años logró reducir 13,4% las muertes relacionadas con la bebida, según un informe publicado este lunes por la revista científica The Lancet. La ONU ya ha pedido implementar a gran escala esta medida y los expertos creen que debería llegar a España, un país con una legislación anti-alcohol muy escueta. 

El precio del alcohol es el pilar para incentivar o reducir el consumo, como ocurre con el tabaco, y establecer un precio mínimo por unidad vendida permite alejar de la bebida a los alcohólicos, especialmente a los hombres de familias con bajos ingresos. "Las pruebas indican que la venta de alcohol entre la población se redujeron en un 3%, y que las mayores reducciones en la compra de alcohol se observaron en los hogares que más alcohol compraban antes de la aplicación de la política", resumen los autores del estudio. 

Concretamente, los expertos calculan que cada año con la norma en vigor se evitaron 156 muertes, especialmente las relacionadas con el síndrome de abstinencia, que decayeron un 23% entre 2018 y 2021. También se redujeron en Escocia un 4,1% las hospitalizaciones relacionadas con el alcohol durante los 36 meses estudiados. 

"Las políticas que encarecen el alcohol y el tabaco son muy efectivas para reducir su consumo, especialmente entre la población vulnerable, como los jóvenes y las familias en riesgo de exclusión social", opina Iñaki García, investigador del Centro Nacional de Epidemiología. "Puede que no sea bien recibido por la población, pero ya hemos visto que la mejor arma contra el tabaco es encarecer la cajetilla", añade. 

El establecimiento de un precio mínimo para las bebidas alcohólicas es una medida muy poco extendida en el mundo que levanta ampollas entre los fabricantes y consumidores, pero el Gobierno escocés se decidió a implementarla por la gravedad de la situación. En 2018, cuando entró en vigor, el 24% de los adultos bebían cantidades dañinas de alcohol con más de 14 consumiciones a la semana –una lata de cerveza equivale a 1,7 consumiciones y un vaso de vino a 2,1–. Entre los hombres, el 32% superaba el umbral de consumo peligroso de alcohol.

La ONU reconoce que establecer un precio suelo a estas bebidas es muy efectivo y hace nueve meses pidió extender esta política a la Unión Europea, ya que esta región tiene uno de los niveles de consumo de alcohol más alto del mundo. "De todas las políticas disponibles para reducir el consumo de alcohol y las enfermedades asociadas, las de precios e impuestos son de las que mejor relación coste-efecto tienen, aunque son de las menos aplicadas [en la UE]", afirman los técnicos de la Organización Mundial de la Salud. En total, 13 países en el mundo ya tienen establecido un coste mínimo para el alcohol, entre ellos Australia, Canadá, Irlanda, Rusia y Ucrania. 

Naciones Unidas destaca que en las últimas décadas el precio del alcohol se ha mantenido estable o incluso se ha bajado, al tiempo que los hogares europeos se han enriquecido, una manera de facilitar el acceso a la cerveza, al vino o a las bebidas espirituosas. De hecho, según el Observatorio de Salud Pública de Escocia, el alcohol en Inglaterra es hoy un 74% más económico que en 1987 y comprar las 14 consumiciones semanales –el límite que marca el consumo de riesgo– cuestan 2.68 libras, el precio de un café en Londres, si se está dispuesto a beber la cerveza de peor calidad.

Precisamente España tiene uno de los precios del alcohol más baratos de Europa, al tiempo que tiene uno de los consumos más elevados, por lo que esta política podría ser muy efectiva, según los expertos. Según los datos de 2020 de la Comisión Europea, España es el sexto país de 27 con las bebidas alcohólicas más baratas, solo por detrás los países del este del continente. 

"Sin duda habría que introducir este mínimo en España. Poco a poco y dejando claro que no es una medida recaudatoria, sino exclusivamente de salud pública", señala Iñaki García, que recuerda que no hay una regulación nacional sobre el consumo de alcohol, "ni siquiera para prevenir que lo beban los jóvenes", sino que depende de normativas autonómicas.  

El experto apunta que cada año mueren en España 15.000 personas por consumo de alcohol y que es importante conocer sus riesgos, ya que hay mucho mito a su alrededor. "Nos han hecho creer que hay un consumo responsable de alcohol. Es cierto que más de una cerveza diaria (dos para los hombres) tiene un riesgo limitado, pero a partir de esa cantidad se dispara", comenta. 

Ildefonso Hernández, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, ahonda en la idea de que los fabricantes han dado una falsa sensación de seguridad, según recoge Science Media Centre. "En España, la potencia del lobby alcoholero y la captura de las instituciones que ha logrado están impidiendo avances en la legislación para evitar la morbimortalidad del alcohol". 

La legislación antitabaco en España ya aplica desde 2006 un precio mínimo a los cigarrillos a través de los impuestos, por lo que fijar un suelo al alcohol no es una idea descabellada. Según el informe de la ONU, también tendría cabida en la legislación europea, aunque habría que solicitar permiso a la Comisión para llevarlo a cabo. 

Además, hay diferentes fórmulas para aplicar el precio mínimo unitario. Una es aplicando un precio mínimo fijo sea cual sea el alcohol y el tamaño del recipiente, como han hecho Escocia y Gales, aunque se puede poner un tope por volumen de alcohol, para que las bebidas con más graduación estén más gravadas. También se puede limitar de manera diferente el alcohol vendido en bares y el de supermercados para que el impacto económico en la hostelería sea menor.

La inflación se modera, pero la cerveza sigue escalando de precio. La percepción de los consumidores de que tomarse una caña cada vez resulta más caro, para unos presupuestos de los hogares cada vez más estrechos, tiene fundamento. Este periódico lo ha contrastado con diversos hosteleros, que además denuncian que coinciden en que se están conteniendo y que el barril se ha encarecido más de lo que ellos han subido las cervezas, algo comprobable en los datos del INE: los precios de la restauración han crecido menos que los de la cerveza, y también que los de los alimentos. 

“Yo ponía la caña a 1,40 antes de la pandemia. Ahora la tengo que poner a 1,75”, admite la encargada de un bar ubicado en el centro de Madrid. “¡Y yo soy de las baratas!”, exclama, algo que infoLibre ha verificado con las cartas de los bares de alrededor, en las que se ofertan cañas de entre 2 y 3 euros. Pocos negocios quieren hablar de los precios y mucho menos de significarse en un artículo. La razón: la delicada negociación que mantienen con las grandes cerveceras, como Mahou o Heineken. 

Este fenómeno ilustra lo que los economistas tratan de explicar, a veces sin mucho éxito, por lo poco intuitivo que resulta: que mientras la inflación baja, la inflación subyacente sube. Es decir, aunque los precios energéticos lleven meses cayendo, aflojando su nudo sobre la actividad económica, ahora llegan efectos de segunda ronda, que podrían enquistarse en la economía.

“La doble la he subido desde 2,90 a 3,5 en tres años”, señala la misma hostelera. La “doble” en Madrid es equivalente a lo que en otros lugares se conoce como una “jarra” y en otros como “copa”: 33 centilitros, frente a los 20 de la caña. El truco en este bar consiste en que la “doble” cuesta el doble del precio de la caña, aunque no contenga el doble de cerveza, algo que la hostelera señala que es común. “Muchos bares han dejado de servir cañas, porque no les interesa. Yo, de momento, la mantengo”, señala. 

Cada semana, este bar recibe nuevos barriles. “En estos tres años, el precio del barril de Mahou ha pasado de 91 euros a 160”, critica. La solución a corto plazo: negociar con las grandes cerveceras. Es el principal motivo por el que la hostelera prefiere guardar el anonimato. “No consigo que me rebajen el precio del barril, pero sí algún regalo”, indica, sin especificar. 

“O te vienes arriba o te comen. Yo me reuní con Mahou, porque sentía que se estaban columpiando. Es importante saber negociar. Les dije que me iba a ir a otro, para que le vieran las orejas al lobo”. No obstante, la hostelera admite que en Madrid un bar no puede sobrevivir sin Mahou, una cerveza que es casi un emblema de la capital. Esta empresa no solo es fabricante de las icónicas latas verdes y rojas, también es dueña de marcas como San Miguel o Alhambra. Esto les confiere un poder de negociación contra el que los hosteleros no pueden competir.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística constatan que los hosteleros están subiendo los precios por debajo de lo que les aumentan los costes. Mientras que en diciembre de 2022 los precios de la restauración habían subido un 7,8%, los del aceite, esencial para las frituras, han subido un 38%. La leche, queso y huevos, un 27%. El del pan y cereales, un 19,5%. Sin ir más lejos, el de la cerveza, de media, un 12,4%. Esto sin contar las facturas de la luz, el gas o el alquiler del local.

“El sector está haciendo un esfuerzo de contención”, explica a infoLibre Emilio Gallego, secretario general de Hosteleros de España, la patronal del sector. “La hostelería española es el sector por excelencia para ver cómo funciona la competencia. Tenemos calles repletas de bares, que conviven pared con pared”, señala Gallego. 

Resumiendo los números que ofrece esta hostelera, en tres años denuncia que el barril se ha encarecido un 75%, mientras que ella ha aumentado un 25% el precio de la caña y un 20% el precio de la doble. Por eso anticipa nuevas subidas pronto.

“En marzo voy a tener que volver a subir el precio”, lamenta otro encargado, dueño de un pub irlandés de Madrid, en conversación con infoLibre. Este negocio es diferente del bar tradicional anterior: tiene un abanico de 90 tipos de cervezas de todo tipo. No sirven cañas, sino medias pintas y pintas, de 28,5 centilitros y 47,3, respectivamente.

“El barril de Heineken subió un 10% en enero de 2022; otro 10%, en julio, y ahora en enero me han vuelto a subir otro 10%”, lamenta. Según los cálculos de este hostelero, en un año el barril ha pasado de costar de 157 euros a poco más de 200. “En ese tiempo, yo he subido los precios solo una vez, en julio. La media pinta pasó de 2,20 a 2,50 euros. Tendría que subirla a 2,80, pero tengo que pensar que la gente no está para tirar cohetes.

Este pub irlandés está en Madrid, pero no en la zona centro. Alrededor hay bares tradicionales y restaurantes y es esta competencia la que le impide repercutir todos los costes en sus precios: “A mí me afecta más la subida de precios que a un bar normal. Yo no puedo subir la media pinta a 2,80 mientras que la caña doble está a 1,70 en el bar de al lado. Estoy ahí aguantando. Las grandes empresas [cerveceras] echan de todo la culpa a la guerra, pero se están haciendo millonarias. Los pequeños hosteleros estamos sufriendo”, lamenta.

infoLibre ha tratado de contactar con seis distribuidores, de los que solo uno ha respondido a las consultas, aunque también bajo la condición del anonimato. Se dedica al negocio de las cervezas artesanales y revela que en este mundo, más premium, el fenómeno es diferente: “Algunas maltas han subido un 40%, pero, normalmente, no han repercutido del todo dicho aumento. De esa forma los barriles pueden haber subido entre 5 y 10 euros de media, lo cual supone no más de un 10% del precio pre-pandémico”, explica por correo electrónico.

En un mundo de gran competencia, las grandes empresas del artesanal lo que están haciendo es lo contrario, bajar los precios: “Sin embargo algunas cerveceras más grandes, aunque artesanas, y con más capacidad han incluso bajado algún precio, sobre todo de sus gamas base, y se han forjado más alianzas con bares del tipo, cómprame un mínimo al año y te bajo los precios de la rubia”. Según el distribuidor, esta política, que tilda de “muy agresiva”, lo están ejerciendo marcas como La Virgen o Península.

La pandemia ha propiciado el consumo de cerveza en casa. Según el último informe socioeconómico de la patronal cervecera, relativo a 2021, desde 2020 aproximadamente la mitad de la cerveza consumida en España se hizo en el hogar: el 56% en 2020 y el 49% en 2021. Antes de eso, era solo de un tercio: en 2019, era el 32%. Aunque no hay datos de 2022, es posible que el consumo casero de cerveza se haya mantenido en 2022, ante el encarecimiento de los costes, que ha estrechado los presupuestos para las familias destinados al ocio.

Según los datos recopilados por infoLibre a partir del rastreador de precios de Minderest, en los últimos trece meses el precio de la cerveza ha crecido en los principales supermercados. En enero de 2022, un pack de 12 latas de Mahou costaba entre 5,88 y 6,96 euros en Mercadona, Carrefour y El Corte Inglés. En los últimos días, la horquilla ha pasado a entre 6,6 y 7,68. Cabe destacar un repunte en enero, que ha llevado el precio a 8,28 en Mercadona y Carrefour durante unos días. 

Otro ejemplo, un pack de doce latas de cervezas San Miguel se encontraba en una horquilla de entre 6,96 y 7,69 en Dia, El Corte Inglés y Carrefour. Según el último precio disponible, la horquilla se ha trasladado a precios mayores, de entre 7,47 y 7,99 euros. El mayor aumento se ha dado en Carrefour, del 21%. En Dia el aumento es menor, porque partía de un precio superior, que ha compensado con ofertas puntuales a lo largo del año. 

La presidenta de la Asociación Española de Anunciantes (AEA), Begoña Elices, se ha mostrado este miércoles  partidaria de la publicidad del tabaco –prohibida desde diciembre de 2005–, así como la del sector del juego y las bebidas alcohólicas, según informa Europa Press.

"Ni juego ni alcohol. ¿Por qué vamos a demonizar nada?", ha planteado Elices en un desayuno informativo del Foro de la Nueva Comunicación, al ser preguntada sobre el debate abierto respecto a la prohibición de la publicidad del sector del juego.

Así, ha abogado por dejar "al anunciante que se anuncie donde crea que debe anunciarse" porque, en su opinión, en España hay "una sociedad libre". "Estas son las reglas del juego de una sociedad libre y democrática", ha defendido la presidenta de AEA.

Al ser repreguntada por el caso concreto de la publicidad del tabaco, Begoña Elices ha recalcado: "El tabaco también. En las cajetillas... Yo no fumo, pero el que fuma ve perfectamente lo que está. Lo que no podemos hacer es publicidad engañosa", ha subrayado.

"Cuando anunciamos tabaco lo que no podemos es contar un mundo ideal que sabemos que no está detrás de las personas que fuman. Tiene muchos inconvenientes el fumar, pero si tú das toda la información, tienes que preservar el derecho de los ciudadanos a vivir como quieren vivir", ha argumentado.

Sobre si la publicidad debería volver a RTVE y si el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero hizo bien al suprimirla, la presidenta de la Asociación Española de Anunciantes ha afirmado que "siempre" le parece "mal" que se quite publicidad porque defiende el papel de los anunciantes y de los anuncios "en la construcción de un modelo de sociedad". "Cuanta más publicidad de interés para la gente mejor", ha remachado.

Respecto a las previsiones de reducción de la inversión publicitaria en televisión, Begoña Elices ha asegurado que, en una sociedad "tan dinámica", en su opinión, la inversión en los distintos canales "obedece a estrategias concretas de empresas, a productos que se tenga la necesidad de poner en el mercado o que sean de conocimiento público".

"Yo creo que hoy todos los canales están compitiendo como nunca con un nivel de apertura y de libertad total", ha manifestado Elices, al tiempo que ha insistido en que las pautas las marcan los comportamientos y los consumos de los ciudadanos. Así, ha apuntado que no cree que la reducción de la inversión en televisión de deba a "ninguna tendencia de tipo económico" y ha defendido que "sigue siendo un medio eficacísimo de llegar al gran público, a la inmensa mayoría de las personas".

"Una incipiente y suave recuperación"

Durante su intervención en el acto, Begoña Elices ha recordado que el sector ha sufrido la crisis económica y ha recalcado que en los últimos años la inversión publicitaria "ha sufrido un más que considerable retroceso", aunque ha agregado que en la actualidad parece estarse dando "una incipiente y suave recuperación".

Para la presidenta de la Asociación Española de Anunciantes, la radio es un medio de comunicación "súper creíble" lo que, desde su punto de vista, tiene "reflejo" en las inversiones publicitarias de los anunciantes. Además, ha agregado que es un medio "importantísimo" y "muy relevante".

En relación con las nuevas normativas europeas sobre privacidad, la presidenta de AEA no cree que vayan a afectar de forma notable a anunciantes y a medios. "Las directivas europeas luego tienen trasposiciones concretas, trasladadas a cada país", ha recalcado, para después asegurar que la asociación está trabajando "activamente" en ello, con las autoridades y la Secretaría de Estado para el Avance Digital. "No hay elementos de procuración y sí de ocupación", ha recalcado.

Otro de los temas que ha abordado es el fenómeno de las noticias falsas o fake news que, en su opinión, existen "desde que la vida es vida". "Siempre ha habido informaciones sesgadas, tendenciosas, falsas", ha remarcado, para después afirmar: "Estamos muy preocupados los anunciantes con estos fenómenos. Nuestro ideal es siempre estar en espacios que estén alejados de estas fake news porque también es una agresión y preocupación para las marcas".

Begoña Elices ha puesto de manifiesto que el reto de los anunciantes es ser "respetados, considerados y hasta queridos" por los ciudadanos para lo que es necesario que su actividad debe ser percibida como "transparente y creíble". "El ciudadano tiene derecho siempre a saber cuándo algo es publicidad y quién está detrás, quién es el anunciante", ha zanjado.

"En un mundo tan complejo e interconectado en el que cualquiera puede ser 'influencer' --los periodistas serán los primeros--, en el que surgen fenómenos las fake news, la publicidad encubierta, los abusos, o la opacidad en el uso o almacenamiento de datos se hace absolutamente necesario hoy reconocer e identificar lo que es publicidad", ha señalado, para concluir que es necesario "hacer mejor las cosas".

Sin el menor afeamiento social, siendo miles y miles los borrachones que desde tan de mañana ya no rigen adecuadamenteborrachones y cogen sus vehículos y acuden a sus trabajos o dejan pasar la mañana bajo el efecto demoledor del alcohol en vena, repitiendo, tartamudeando, creando doctrina barata, muy barata entre los parroquianos que o también apuran sus buchitos de alcohol o no se atreven a significarse contra esa patulea de alcohólicos que negarían su embrutecimiento con... brutal vehemencia.

Acostumbrados pues a un panorama cotidiano, consentido, a expensas de las gracias eufóricas, impresentables y degradantes, de los borrachines que crean "cátedra" insoportable, mortecina y redundante, aferrados a sus copas matutinas, para cuando ya vienen desayunados de alcohol y poco másdesayunados.

Hechos entonces a ese espectáculo que no afea a los protagonistas empeñados en atufarse de alcohol embrutecedor, dando un ejemplo aberrante y asqueroso para jóvenes y niños que también se fijan, que también lo sufren, la afición socialmente bien aceptada a beber para cualquier evento, cualquier ocasión, cualquier celebración, etc. cuando sólo somos capaces de sentirnos bien con ¿una copa en la mano, sorbiendo el combinado más moderno? insistiendo hasta el entontecimiento creciente, como si no, como si fuéramos a ser capaces de llevar una existencia supuestamente normal con buenas dosis de alcohol en sangre.

Entre lecciones baratas de cuál es la composición perfecta del gin tonic más postinero, más guay, a 12 euros el trago más sofisticado.

Y sin visos de que nada cambie, con el panorama reincidente en la sublimación de la ingesta del alcohol como algo muy incardinado en nuestro pasar diario, en el vivir cotidiano, sujetos a ese recurso imprescindible, de beber por cualquier razón, en cualquier circunstancia, por cualquier excusa. Mientras, desde buena mañana, los borrachones que disimulan que, literalmente, no están intoxicados, embrutecidos, y que se muestran en los bares de barrio, con sus copitas de anís o coñac prestas a ser maldigeridas una tras otra con el visto bueno del resto de la parroquia, para nuestra vergüenza, expuestos a lamentar cuando ya sea tarde los estragos de los alcohólicos en forma de accidentes evitables, de maltratos ruines y cobardes, de embotamiento que asquea y entorpece el comportamiento, sencillamente, humano y racional de los borrachos que negarán la evidencia... con una copa en la mano.

Sin detenernos siquiera un segundo en lo insoportable que supone convivir, ¿convivir?, con un alcohólico en la familia.

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Antonio García Gómez es socio de infoLibre

El Gobierno ha fijado en 118.337 millones de euros el límite de gasto no financiero del Estado para 2017, conocido como techo de gasto, exactamente la misma cifra que lo finalmente ejecutado este año, y ha aprobado una subida fiscal para recaudar el próximo año 7.500 millones de euros más.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Montoro ha explicado que este aumento de los ingresos tributarios es necesario para cumplir con el déficit del 3,1% para el año que viene, dado que hay ahorros que se han producido en 2016, como los menores intereses de la deuda, que "no va ser fácil que se reproduzcan en 2017".

Dicho esto, especificó que el aumento del Impuesto sobre Sociedades y de los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco se ha aprobado mediante un real decreto, que el Gobierno espera que se ratifique el próximo 15 de diciembre y que por tanto entre en vigor a mediados de diciembre.

Concretamente, el real decreto contempla elevar la fiscalidad del Impuesto sobre Sociedades en 4.300 millones de euros, junto con un incremento de 350 millones de euros por el aumento de los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco.

Otros 200 millones más se ingresarán en 2017 por el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, que no se ha incluido en el real decreto, porque se aprobará mediante un proyecto de ley que el Gobierno quiere pactar con los grupos parlamentarios, por lo que Montoro no ha querido especificar cuál será el porcentaje de la nueva tasa, aunque la Organización Mundial de la Salud propone un porcentaje del 20%. En opinión del ministro, se trata de un instrumento para luchar contra la obesidad y no tiene un afán recaudatorio.

Para lograr dicha recaudación adicional en el Impuesto sobre Sociedades, con la que el Gobierno espera elevar los ingresos totales de este impuesto hasta el entorno de los 25.000 millones de euros en 2017, se limitará la compensación de bases imponibles negativas y se recortarán ciertas deducciones relacionadas con la doble imposición de dividendos, entre otras. En total, unos 4.300 millones de euros más.

En cuanto al impuesto sobre el tabaco, se adecuará el sistema actual de doble mínimo a las recomendaciones de la UE y se incrementará el tipo específico frente al ad valorem, al tiempo que se eleva el nivel mínimo de imposición: en el caso de los cigarrillos sube un 2,5% y para la picadura de liar, un 6,8%.

El impuesto al alcohol, por su parte, se incrementará un 5% para las bebidas de alta graduación –se quedan fuera la cerveza y el vino– y afectará tanto a la imposición de la Península como de las Islas Canarias.

Reforma de la imposición medioambiental

También en materia fiscal el Ejecutivo prorrogará en 2017 el Impuesto sobre el Patrimonio y actualizará los valores catastrales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), al tiempo que se compromete a aprobar una reforma de la imposición medioambiental para el año 2017, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea.

En materia de lucha contra el fraude, los cambios aprobados también se han incluido en el real decreto que entrará en vigor a mediados de diciembre. En concreto, se ha aprobado la rebaja a 1.000 euros del límite de pago en efectivo, así como a la obligatoriedad para unas 60.000 empresas (que aportan el 80% de la facturación de IVA) de informar de las facturas de IVA en tiempo real, con la finalidad de que el sistema esté plenamente operativo a mediados de 2017.

Igualmente, se ha aprobado el endurecimiento de los aplazamientos de pago de deudas con la Agencia Tributaria, ya que, según el ministro, actualmente los mercados están "abiertos" y las ofertas de crédito se están haciendo a tipos "accesibles", por lo que "no tiene justificación que sigan financiándose a cargo de la Hacienda Pública".

Por último, en cuanto al techo de gasto para 2017, que supone unos 5.000 millones de euros menos que lo aprobado para este año pero lo mismo que lo ejecutado, se situará en 118.337 millones de euros, una cifra que, según el ministro permitirá reducir el déficit al 3,1% el próximo año, un recorte de unos 16.000 millones de euros respecto al déficit del 4,6% para este año.

En cuanto a la senda de estabilidad, el déficit público bajará al 2,2% en 2018 y al 1,3% en 2019, con lo que España saldrá dentro de dos años del procedimiento de déficit excesivo. "Es un paso cualitativo de enorme importancia que España salga del procedimiento de déficit excesivo, aunque sea una meta volante antes de llegar al equilibrio presupuestario", añadió el ministro.

En cuanto a la evolución de la deuda pública, las previsiones del Gobierno contemplan una cifra del 99,4% para este año, que bajará al 99% en 2017. A partir de ahí, el Gobierno contempla bajadas más significativas como consecuencia de la reducción del déficit y del crecimiento económico, con lo que espera que baje al 97,7% en 2018 y al 95,4% en 2019.

La ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, anunció este miércoles que el Gobierno va a desarrollar un nueva Ley con la que pretende acabar con el consumo de alcohol en menores, ya que el Ejecutivo es consciente de que "hay que promover y adoptar medidas preventivas para reducir su dimensión y garantizar la protección de los menores", según recoge Europa Press.

"Queremos progresar con paso firme y decidido por el consumo cero en menores", y, para ello, se comprometió a buscar el consenso con todas las administraciones públicas, grupos políticos, educadores, instituciones educativas, etc, para desarrollar una ley que "genere un efecto educativo" como el que consiguieron en la sociedad la Ley de violencia del género, la ley contra el consumo de tabaco y la de seguridad vial que incorporó el carnet por puntos.

En estos términos se refirió el Pleno del Congreso en respuesta a una interpelación del Grupo Vasco, defendida por Joseba Andoni Agirretxea Urresti, sobre las medidas a adoptar para paliar el preocupante aumento del consumo de alcohol en menores.

La ministra lamentó que, "para los menores, el alcohol es un producto sin riesgos, accesible y normalizado", lo que "conlleva a mayor prevalencia de consumo y mayor riesgo de la salud". Ante esta situación manifestó que pondrá todo su "empeño" en conseguir el consenso y desarrollar una norma que "genere debate" y "pedagogía en la sociedad".

Así, avanzó que se estudiará para dicha norma elevar el inicio del consumo del alcohol; limitar su acceso y evitar el consumo temprano; desarrollar iniciativas de prevención y sensibilización.

Facua-Consumidores en Acción calificó de indignante que el Ministerio de Sanidad premie a la Federación Española de Bebidas Espirituosas por sus supuestos "esfuerzos para evitar el consumo abusivo de bebidas alcohólicas promoviendo el consumo responsable y luchando contra la permisividad hacia el consumo en menores y otros colectivos de riesgo".

La asociación tildó de "tomadura de pelo" que el Gobierno conceda una distinción al organismo que congrega a la práctica totalidad de distribuidores de bebidas alcohólicas destiladas, y más aún cuando el motivo es su lucha contra el consumo desproporcionado de alcohol. Una decisión, según Facua, "carente de toda lógica".

El Gobierno notificó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 13 de mayo la concesión de 22 cruces de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas. En el mismo grupo de asociaciones o colectivos que han recibido dicha distinción se encuentra Febe. En su caso, Sanidad defiende su condecoración "como muestra de público reconocimiento y en agradecimiento a la labor que ha desarrollado en estos años".

Más mecanismos de control

La organización reclama al Gobierno que dedique su atención y sus medios a reforzar los mecanismos de control sobre la comercialización de productos en sectores como el de los licores o el tabaco, donde se sigue vulnerando la normativa vigente en aspectos como la edad mínima de consumo o la publicidad de sus productos en determinados horarios protegidos por ley.

Asimismo, Facua critica que las campañas publicitarias no fomenten, en la mayoría de los casos, un consumo precisamente moderado y responsable. Reprocha tambiénque éstas se ubiquen cerca de institutos u otros centros de confluencia de jóvenes buscando, según la asociación, "un mayor impacto entre ellos al promover este tipo de productos como sinónimos de éxito social y sexual".

Por ello, Facua reitera la necesidad de aumentar las sanciones a distribuidoras y empresas de ambos sectores, en la mayoría de los casos ridículas y fácilmente asumibles por las mismas.

El documento, que fue presentado este jueves en Madrid, recoge el análisis de 497 fallos dictados por las Audiencias Provinciales entre los años 2012 y 2014. En números absolutos, el número de sentencias en las que la adicción a estas sustancias fue tenida en cuenta para rebajar la pena de los agresores fue de 32 de un total de 327 que acabaron en condena. 

En ninguno de los citados 32 casos hubo una eximente completa, es decir, ninguno de los acusados fue absuelto por haber estado borracho o drogado cuando cometió las agresiones. No obstante, la adicción como enfermedad crónica, la embriaguez o la intoxicación como situación aguda sí fueron consideradas atenuantes. De hecho, estas adicciones son la causa más frecuente de disminución de la responsabilidad criminal del agresor en los delitos de violencia machista.

Los datos del órgano de gobierno de los jueces también constatan que ha habido un aumento significativo en el porcentaje de sentencias condenatorias en las que se tuvieron en cuenta los atenuantes por drogas y alcohol. En el estudio de 2009 este porcentaje fue del 3,78%, lo que supone un aumento del 125%. 

Los expertos consideran, no obstante, que la incidencia de esta problemática en los delitos de violencia de género en la pareja "sigue siendo reducida". Y recuerdan que  el porcentaje señalado del 8,51% de incidencia del alcohol o las sustancias estupefacientes es similar al observado en las sentencias dictadas por el Tribunal de Jurado o por las Audiencias Provinciales en casos de homicidio o asesinato en el ámbito de la pareja (4 sobre 48 sentencias condenatorias, un 8,33%).

Denuncia falsa

El informe de CGPJ también viene a rebatir con datos el mito de la denuncia falsa en procedimiento de violencia machista. En las más de 1.000 sentencias analizadas entre el informe actual y el presentado en 2009, el Observatorio recuerda que en sólo tres se acordó deducir testimonio contra la presunta víctima por entender que la denuncia era falsa. "Cabe concluir, de forma contundente, que el número de denuncias falsas en delitos de esta naturaleza es ciertamente insignificante, puramente anecdótico", dijo en rueda de prensa la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona. 

Carmona, que subrayó que "no se puede equiparar de ninguna de las maneras la sentencia absolutoria con una denuncia falsa" –como insisten los abonados a esa teoría– y recalcó que de los tres casos de denuncia falsa, en dos de ellos se infiere de la sentencia que el falso testimonio de las mujeres se debió a su interés en exculpar a su marido o compañero. 

"Nos parece mucho más preocupante el número de mujeres que están siendo víctimas de violencia de género, incluso que son muertas o asesinadas como consecuencia de esta violencia, sin llegar a presentar denuncia", recalcó Carmona. 

Un total de 36 de cada 100 conductores españoles han dado positivo en los controles preventivos de droga que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha realizado en lo que va de año, según ha adelantado la directora general de la DGT, María Seguí.

Estos datos se han recibido con "mucha preocupación" por parte de la DGT, según ha apuntado Seguí, quien ha precisado que, en lo que va de 2014, ya se han hecho "el doble de test de drogas que en todo el 2013".

En cuanto a las pruebas de alcohol, Seguí ha destacado que los niveles se mantienen con respecto a las cifras anteriores, en torno a un 1,6 por ciento en controles preventivos. Se han realizado a lo largo del año tres millones de pruebas preventivas, en las que un 2% de los conductores ha dado positivo, una cifra que, a su juicio, "parece difícil de bajar". Además, un 5% de los conductores accidentados dieron positivo en los controles de alcohol efectuados.

Seguí aseguró que este año se han realizado el doble de test de drogas que en 2013, porque están viendo que más conductores dan positivo. "Venimos desplegando con toda la agilidad dispositivos de control preventivo a fin de trasladar lo más vehementemente posible la importancia de la tolerancia cero", arguyó.

El primer teniente de alcalde y actual alcalde en funciones de Badajoz, Alberto Astorga, del PP, reconoció este miércoles haber protagonizado un grave incidente con un agente de la Policía Nacional, pero negó que aparcara su motocicleta particular en una plaza reservada para personas con movilidad reducida o que fuera bebido.

Alberto Astorga, que además es responsable de la Policía Local, compareció en rueda de prensa para, según él, negar unas informaciones "injuriosas y calumniosas" publicadas por el diario Hoy. En la noche del pasado 13 de junio, según un parte policial publicado por ese diario, aparcó su moto de forma indebida, se enfrentó a un policía nacional e intentó volver a coger horas después su motocicleta con signos de embriaguez.

El edil explicó que acudía ese día a una cena del Colegio de Farmacéuticos. Dejó aparcada su moto particular en una zona reservada para el Cuerpo Nacional de Policía en la Plaza de San José, en concreto en una plaza para minusválidos. Un agente de la Policía Nacional le lamó la atención y le dijo que no podía estacionar allí. Astorga se identificó como primer teniente de alcalde pero el policía insistió en que debía retirar la motocicleta, a lo que Astorga le contestó: "Soy el concejal de Seguridad del Ayuntamiento y aparco donde me da la gana". El agente llamó a la Policía Local para que multara a la moto, cosa que así se hizo.

Al salir de la cena pasadas las dos de la mañana, el edil se encontró con la multa en la motocicleta y comprobó que dos vehículos que también estaban alli estacionados sin tener derecho a ello, según él, no habían sido sancionados, motivo por los que les hizo una fotografía. Según el parte policial, Astorga se introdujo en la Comisaría y buscó al agente con el que había mantenido el incidente horas antes para recriminarle y romperle la multa en sus narices: “Al final me has denunciado la motocicleta”.

En el momento en el que se disponía a abandonar el lugar para regresar a casa, el agente le instó a que no cogiera la moto porque presentaba síntomas de embriaguez. Indicación que no cumplió. El policía se vio obligado a llamar al dispositivo Cobra de la Policía Nacional para impedir que el concejal partiera con su moto. Un policía del Cobra le identificó y llamó a la Policía Local para realizarle la prueba de alcoholemia. "Dicho señor presentaba síntomas de haber bebido, olor a alcohol, tartamudeos y desorden en sus ropas (corbata de lado y medio fuera de su sitio) cosa que no lo niega pues según él venía de una fiesta que había arriba en La Alcazaba y como era lógico había bebido un poco", reza el parte policial. Finalmente la Policía Local no se presentó ya que, al parecer, no tenía efectivos en ese momento para practicar la prueba. El concejal acabó renunciado a coger su moto. "Finalmente es trasladado a su domicilio por la dotación de Policía Local, los cuales lo conocían pidiendo disculpas al compañero [el policía nacional con el que el edil mantuvo el incidente] pero no dejando de insistir en que la tarjeta del vehículo era ilegal y que esos aparcamientos eran para vehículos oficiales", concluye el atestado.

Reacciones

Astorga confirmó este miércoles que no va a dimitir, como ya han pedido los grupos de la oposición, si bien añadió que su "decepción por ciertas actitudes" le harán "repensarse alguna cosa".

Desde el PSOE se pidió al alcalde, Javier Fragoso, que "cese de inmediato" a Alberto Astorga por su "altercado" con la policía. Según la edil socialista Aurora Venegas, se trata de hechos "muy graves" e "inadmisibles" en un concejal que "debe ser un ciudadano ejemplar".

"La actitud chulesca del concejal del PP es evidente al negarse a acatar las órdenes del policía sobre la retirada del vehículo, respondiendo de manera improcedente y no retirando la moto durante horas de la zona destinada a estacionamiento para discapacitados. Parece ser que la grúa municipal no funciona cuando se trata de un concejal del PP", aseveró.

"A un ciudadano normal ya se le habrían abierto diligencias y estaría imputado por varios delitos. Sería bueno conocer el proceder de la Policía Local y si hay informe de estos hechos", aseguró.

Ignacio Polo, en declaraciones a Navarra Televisión, recogidas por Europa Press, ha explicado que tras el incidente ha decidido poner su cargo a disposición del alcalde, Enrique Maya, y que ha presentado una carta de dimisión para que desde Alcaldía se tome una decisión.

El edil pamplonés ha reconocido que lo ocurrido ha sido "un error que no debí cometer nunca" y ha pedido disculpas a los ciudadanos de Pamplona por "este error" que lamenta "muchísimo".

El caso de Pilar Araque (PP) no es una excepción. La concejal de Participación, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), que atropelló en la tarde del pasado martes a una mujer de 78 años y que fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol se suma al listado de políticos que han combinado alcohol y conducción.

Así, en los últimos años, al menos 14 cargos públicos han sido detenidos superando la tasa máxima permitida en controles rutinarios de carretera o al verse involucrados en siniestros y comprobarse que viajaban con más copas de la cuenta. Aunque algunos de ellos han asumido responsabilidades políticas y han presentado su dimisión, no es lo más frecuente.

José Corrales (2010). El exalcalde del municipio asturiano de Siero, José Corrales (PSOE) fue detenido tras sufrir un accidente y dar positivo en el posterior control de alcoholemia. En el juicio, celebrado en noviembre de 2012, su defensa aseguró que el positivo se debió a un jarabe contra la bronquitis y a las condiciones meteorológicas de la mañana de los hechos. Por su parte, los agentes de tráfico aseguraron que "desprendía un fuerte olor a alcohol" y que tuvieron que zarandearlo para que se despertase. "Nos dijo que le dejásemos dormir y acto seguido se quedó roncando", manifestó un policía. Fue condenado a una multa de 3.240 euros y a la retirada por dos años del carné de conducir, y dimitió de su cargo.

Indaura Gil (2009). La concejala de Juventud y Formación de Ayuntamiento de Mahón (Menorca) fue detenida el 12 de diciembre de 2009 por conducir duplicando la tasa de alcohol permitida tras colisionar su vehículo y provocar daños materiales. Gil, que admitió todos los hechos, fue condenada en enero de 2011 al pago de una multa de 366 euros.

Manuel García Torres (2009). El concejal de Gobernación, Inspección Municipal y Tráfico del Auntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Manuel García Torres (PSOE), fue detenido en un control rutinario el 7 de junio de 2009 por conducir con un índice de alcohoemia de 0,51 gramos de alcohol en sangre. García Torres recibió una sanción administrativa de 600 euros y le fue retirado el permiso de conducir.

José Antonio Redondo (2008). El alcalde de Trujillo (Cáceres), José Antonio Redondo (PSOE), fue detenido al volante de su vehículo oficial el 16 de abril de 2008 tras una comida con empresarios de la localidad. Además de conducir mientras hablaba por el teléfono móvil, Redondo arrojó una tasa de alcohol de 0,79 miligramos de alcohol por litro de aire, tres veces superior a la máxima permitida. ¿Su excusa? Aseguró que se había tomado una copa para subirse la tensión. Le fue impuesta una multa de 3.225 euros y la retirada del carné durante 18 meses y, finalmente, dimitió por este motivo tras doce años en el cargo.

Tomás Mesa Díaz (2013). El regidor de San Juan de la Rambla (Tenerife), Tomás Mesa Díaz (PP), fue imputado el pasado martes 25 de diciembre por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir ebrio y provocar un accidente en el que resultaron heridas tres personas. El suceso tuvo lugar el día 21 de diciembre en la avenida Tres de Mayo, una de las arterias viarias de Santa Cruz de Tenerife. El dirigente del PP doblaba el mínimo de la tasa de alcoholemia permitida según el control realizado por la Policía Local. Mientras el resultado del juicio contra Mesa Díaz aún se desconoce, el partido ha abierto un expediente informativo al regidor canario. 

Ángel Espadas (2011). El exconcejal del PP en Santiago de Compostela Ángel Espadas fue sorprendido por la Guardia Civil dormido delante de un semáforo en marzo de 2011. Con 0,79 miligramos de alcohol por litro respirado, Espadas triplicaba el máximo legal. Al hacerse público lo ocurrido el concejal del PP presentó su dimisión. Tras un juicio rápido Ángel Espadas fue condenado a la retirada del carné durante 10 meses y a una multa de 1.200 euros. 

Vicent Ferrer (2013). El diputado del PP por Valencia y portavoz del grupo en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Vicent Ferrer, fue condenado al pago de una multa de 720 euros y a la privación del carné durante 8 meses por conducir bajo los efectos del alcohol. El pasado 30 de septiembre el parlamentario admitió haber conducido por una avenida de Valencia haciendo maniobras en zigzag y cambiándose de carril sin señalización alguna. La Policía Local le sometió a una prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,82 y 0,84 miligramos de alcohol por litro espirado de aire.

Nacho Uriarte (2010). El diputado del PP y presidente de Nuevas Generaciones Nacho Uriarte dimitió como vocal de la comisión de Seguridad Vial del Congreso tras dar positivo en un control de alcoholemia realizado el 24 de febrero de 2010. El 17 de enero de 2011 fue condenado por el Supremo a una multa de 2.400 euros y ocho meses de retirada del carné.

Jesús Neira (2010). El expresidente del Consejo Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género de Madrid, Jesús Neira, dio positivo en el control de alcoholemia que se le practicó cuando conducía dando volantazos por la M-40. Neira, que triplicaba la tasa de alcohol permitida, fue condenado al pago de una multa de 1.800 euros, retirada del carné de conducir durante diez meses y a realizar trabajos en beneficio de la comunidad. El PP, que le ofreció el cargo político que desempeñaba, pidió su dimisión. El expresidente finalmente fue sustituido tras su reticencia a dimitir. 

Arsenio Pacheco Atienza (2010). El diputado del PP por Murcia, Arsenio Pacheco Atienza, fue condenado por un delito de conducción bajo la influencia del alcohol. El Tribunal Supremo le condenó el 7 de diciembre de 2011 con una multa de 2.400 euros y la retirada del carné durante ocho meses. A pesar de la condena Pacheco aseguró que no renunciaría al acta de diputado ya que lo ocurrido no tenía nada que ver con su actividad parlamentaria. 

Miguel Ángel Rodríguez (2013). El exportavoz del Gobierno del PP, Miguel Ángel Rodríguez, fue detenido el 3 de mayo de 2013 tras provocar un choque con tres vehículos que estaban estacionados en el distrito de Retiro de Madrid. El exportavoz cuatriplicó la tasa de alcoholemia permitida. Rodríguez pidió perdón por su "mal ejemplo" al volante y el 20 de mayo fue sometido a un juicio rápido al que no pudo acceder la prensa por decisión del juez. 

Manuel Cercadillo (2009). El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), Manuel Cercadillo, fue detenido el 23 de mayo de 2009 por cuadriplicar el límite legal de alcoholemia. Tras dimitir tuvo que enfrentarse en los juzgados a la acusación de utilización de su cargo para intentar eludir el control de los agentes. 

Manel Montalbán (2010). El alcalde de Mont-ras (Girona), Manel Montalbán (CiU), triplicó la tasa de alcohol permitida el 6 de mayo de 2010. Cuatro días después fue condenado a la retirada del carné de conducir durante 8 meses y a pagar una multa de más de 700 euros, por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol. 

Txema Mauleón (2009). El concejal de Nafarroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona Txema Mauleón fue condenado a 22 días de trabajos en beneficio de la comunidad por conducir bajo la influencia del alcohol. El Juzgado también le retiró el carné durante 244 días y le impuso una multa de 720 euros.