"El Ministerio no nos deja otra opción". Así fue como se justificó el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero. Tan sólo 24 horas antes de pronunciar esas palabras se había conocido que hasta 13 especialistas del Hospital de Barbastro estaban contratados sin tener el examen MIR aprobado para ello. En teoría, cuando un facultativo termina el Grado, debe aprobar el examen que le da una plaza como médico interno residente. Terminado ese periodo —que dura entre cuatro o cinco años—, podrá ejercer en la sanidad pública. Hasta entonces, nada. Su única opción es la privada; lo contrario es, como mínimo, "alegal", subrayan los expertos. Ahora bien, esa es sólo la teoría. En la práctica, la realidad es muy diferente. Y no sólo en Aragón.

Es, en cualquier caso, el ejemplo más extremo. La docena de médicos que pasan consulta en ese hospital sin ser todavía especialistas lo hacen como oftalmólogos, radiólogos o incluso como cardiólogos. Pero no es lo habitual. "Es verdad que estamos viendo que esto se está extendiendo a todo tipo de especialidades, pero lo más habitual, y pasa en prácticamente todas las autonomías, es que ocurra en las urgencias de los hospitales y en los servicios de atención primaria", afirma desde el otro lado del teléfono el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera. ¿Y por qué esas? Porque son, entre muchas comillas, las que requieren una menor especificidad de conocimiento, explica el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), José Polo.

Ahora bien, la segunda pregunta es clara: ¿por qué ocurre? Según aseguró Bancalero cuando explicó la situación de Barbastro, su Gobierno es "el primero en querer resolver este tema", pero si no lo hace es porque no puede. Su argumento está claro: lo hacen porque no hay médicos suficientes y es el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que está detrás de ese problema. El argumento al que el PP lleva años echando mano y que, sin embargo, los profesionales han desmentido en no pocas ocasiones. En primer lugar porque los datos de la OCDE muestran que el nuestro es el sexto país del mundo en número de médicos y el segundo en número de facultades de Medicina. Y en segundo lugar porque las plazas de Formación Sanitaria Especializada, aunque llevan años creciendo, no están equiparadas al número de egresados en la carrera, por lo que se aboca a muchos graduados a dos únicos destinos: o sanidad privada o paro.

Aun así, es esa la razón que siguen esgrimiendo para continuar contratando a médicos sin MIR. Bancalero, sin ir más lejos, lo explicaba así: "Preferimos contratarles para asegurar la asistencia antes que dejar la vacante sin cubrir". La Junta de Castilla y León, donde también ocurre, alegó por su parte que "no hay disponibilidad [de médicos] en el mercado". "No es la situación ideal", añadió su consejero del ramo, Alejandro Vázquez, pero su "obligación" es "dar asistencia sanitaria". Así que lo hacen como pueden. Y no sólo con jóvenes que no han hecho o no han aprobado el examen, sino también con facultativos extracomunitarios. "Son de hecho los casos mayoritarios", continúa explicando Pedrera.

"Hay muchos profesionales que estudian en otros países en los que, sin embargo, no hay nada parecido a la Medicina Familiar y Comunitaria española. Muchos de ellos vienen sin un título homologado o equiparable pero, aun así, comienzan a trabajar en la atención primaria o en las urgencias de los hospitales", detalla Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Madrid, por ejemplo, es una de las autonomías que en este sentido ofrece más facilidades. Desde 2020 ni siquiera pide la nacionalidad para trabajar en su sistema público si se va a cubrir una plaza de difícil cobertura —es decir: de medicina de familia o pediatría— y esa medida, de hecho, ya ha sido copiada por Andalucía, donde este 2025 se permite, para paliar la "escasez de profesionales", que cualquier médico extracomunitario, aun sin nacionalidad, trabaje en el Servicio Andaluz de Salud.

El Ministerio es consciente de la situación, y por eso a finales de 2024 propuso agilizar los trámites para que se produjeran las homologaciones. Y dar seguridad a médicos y pacientes. El objetivo, explicaron ellos mismos, es "facilitar la incorporación de estos profesionales al Sistema Nacional de Salud (SNS) [...] agilizando el proceso actual, que se caracteriza por largos tiempos de espera y una excesiva burocracia". Según sus propios datos, en 2024 se reconocieron 54 títulos de especialista en medicina de familia de personas extracomunitarias. Este 2025, hasta el mes de febrero, han sido seis.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, indicó cuando se anunció ese plan que otro de los planteamientos sobre los que trabaja el Ministerio es permitir las contrataciones sin MIR, pero con una condición: que en la siguiente convocatoria del examen tengan que presentarse. En el Gobierno saben que la falta de especialistas y la cobertura de plazas con recién graduados o extracomunitarios no homologados es "un problema", pero "tampoco se puede pensar que simplemente diciendo que es ilegal se va a resolver". Hay que ir más allá.

Los expertos, en cualquier caso, prefieren utilizar otro término. Más que ilegal, señalan, se trata de modos de proceder alegales. Así al menos lo considera Pedrera. Y así prefiere denominarlo también David Andina, pediatra de urgencias un hospital público de la Comunidad de Madrid. "Yo no me atrevería a decir claramente que es ilegal, pero lo que sí tengo claro es que es estos procesos suponen un evidente deterioro de la sanidad pública, porque están ocupando plazas de especialidad personas que no lo son. Es un atajo para médicos jóvenes y extracomunitarios que no pasan por el filtro de saber si están o no capacitados para trabajar el Sistema Nacional de Salud", señala a infoLibre.

Él tiene claro además que no es sólo eso, sino que se trata de una solución mucho más cara a largo plazo. "Tener a una persona no especialista en una consulta de atención primaria provoca que se prescriban más medicamentos, que se manden más pruebas y que se envíe mucho más al hospital. Y todo eso cuesta mucho más dinero a la sanidad", explica. Y en muchos casos, además, es innecesario para el paciente. "Es una chapuza paliativa que no acaba con el problema estructural de la atención primaria", resume Armenteros.

Porque además se condena a los profesionales en esta situación a una gran precariedad. Al no tener una plaza fija –explican todos los médicos consultados– se ven abocados a firmar contratos temporales. "Sin las mismas garantías, ni de jornada ni salariales, que tienen sus compañeros, sí, especialistas", lamenta Pedrera.

Todas los datos refuerzan en todo caso que la situación de la atención primaria no remonta. Según el último barómetro sanitario del CIS, un 23% de los pacientes que pidieron cita con su médicos de familia tuvo que esperar once días o más para poder acudir a consulta, una demora que en 2019, antes del covid, tan sólo sufría el 8,7%. La espera media para una cita en el centro de salud es hoy de 8,67 días, 3 días superior a la de 2019 (5,8), aunque algo inferior a la de 2023 (9,12).

El centro de salud Buenos Aires, en el barrio madrileño de Vallecas, tiene menos de la mitad de la plantilla de médicos que debería. Tan sólo atienden seis de los 14 que deberían hacerlo. No demasiado lejos de él, el de Potes, este en Villaverde, tiene una situación similar. En sus consultas tan sólo quedan ya siete médicos de familia, aunque en teoría deberían ser diez. No son casos aislados. Ni mucho menos. La Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso tiene otra veintena de centros en la misma situación. Son, según los consideran los propios profesionales, ambulatorios "críticos" o "caídos". Es decir, incapaces de absorber la demanda que reciben.

Son los datos que este lunes publica el Observatorio Atención Primaria se Mueve y el sindicato profesional Amyts, que han querido poner números, otra vez, a la "deriva" que observan "con gran preocupación" desde hace años en la Comunidad de Madrid. Hablan de "deficiencias", de "carencias". De falta de "calidad" para los pacientes y de ausencia de "seguridad" para los profesionales. Y apuntan como culpable al Gobierno autonómico que, como recuerdan, ha sido condenado en varias ocasiones por la justicia por desprotección laboral hacia sus médicos de familia.

Hace poco más de mes y medio de la última vez que ocurrió. El pasado 26 de febrero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó el recurso que había interpuesto la Consejería de Sanidad y confirmó la sentencia que dio la razón a una médica del centro de salud El Puerto, en Coslada, que había llegado a atender a 64 pacientes en un día. Recibirá por ello 8.000 euros por parte de la Administración, pero es que antes que ella ya lo hicieron al menos otro centenar de compañeros. Y por los mismos motivos: la desprotección "a la integridad física y psíquica". Otros 1.000 casos más, por ahora, están además en marcha.

El problema es que más allá de los tribunales la victoria para los profesionales no termina de llegar. En las consultas sigue ocurriendo lo mismo. "Un preocupante número de plazas de medicina de familia y pediatría" siguen sin cubrirse y eso termina con el principio básico por el que se rige la atención primaria: la longitudinalidad, lamentan las dos organizaciones. No son pocos los estudios que han avalado la importancia de este factor. Porque mejora el conocimiento del paciente por parte del médico y porque eso contribuye a reducir las visitas a urgencias e, incluso, la mortalidad. Por poner datos: según una investigación publicada por el British Journal of General Practice, ser atendido por el mismo profesional durante al menos 15 años reduce hasta un 30% la probabilidad de ingresar y fallecer. "La longitudinalidad facilita la prevención y el reconocimiento precoz de los problemas de salud; evita el sobrediagnóstico, la medicalización y es clave en la prevención", certificó otro estudio publicado hace dos años en Elsevier.

Los datos de la Comunidad de Madrid sitúan sin embargo muy lejos a la autonomía de garantizar este principio. En cuanto a las plazas sin cubrir, según los datos que expusieron este lunes en rueda de prensa AP se mueve y Amyts, ascienden ya a 3.812 en el caso de los especialistas de Medicina de Familia y a 963 en el caso de Pediatría. No son todas por lo mismo: algunas se deben a plazas que no se cubren, otras a ausencias de larga duración y otras, en cambio, a horas de reducciones que nunca llegan a cubrirse. Pero sea por lo que sea, las plantillas de 267 centros de salud no están completas.

Ahora bien, es un problema que va por barrios. Según las cifras desglosadas en el informe presentado este lunes, son los centros de salud de las áreas asistenciales Oeste, Sur y Sureste las más perjudicadas por la falta de profesionales de medicina de familia, con un 15%, un 13,7% y un 11% de plazas sin cubrir. Cubren, en concreto, todos los municipios de Móstoles, Leganés, Getafe o Parla, por ejemplo. Localidades todas ellas —excepto Getafe— cuya renta per cápita se encuentra por debajo de la media, según los últimos datos del INE.

Es similar a lo que ocurre cuando se analiza barrio a barrio. De entre los 22 centros de salud "caídos" o "críticos", 14 se encuentran en Vallecas, Villaverde, Usera, Orcasitas, Carabanchel, Móstoles y Leganés. Acumulan, en términos relativos, el 63,6% de ambulatorios con peor situación.

¿Cuál es el resultado de esta situación? Que 775.000 pacientes, que corresponden al 11,22% de la población de la Comunidad, no tienen médico de familia o pediatra asignado. Faltan, en números absolutos, 272 y 57 especialistas, respectivamente. Y el problema es que, dicen, la propia falta de profesionales redunda en la dificultad de cubrir las plazas, puesto que las condiciones no son las adecuadas.

Las dos organizaciones que firman el informe apuntan a la pandemia de covid como un punto de inflexión importante. A partir de entonces, señalan, se produjo un "abanono de profesionales jamás visto con anterioridad". Según lamentan, muchos abandonaron la comunidad, pero otros tantos lo hicieron con la especialidad. Ante la situación convocaron una huelga indefinida que duró 123 días que se saldaron con una serie de acuerdos que, aunque siguen vigentes, resultando a todas luces "insuficientes". "Sigue recayendo sobre los mismos profesionales la carga de trabajo que excede a las actuales plantillas deficitarias", lamentan AP se mueve y Amyts. Las medidas que se adoptaron, insisten, "no podían ni debían ser la solución" porque, señalan, hay un "déficit estructural" que hay que resolver.

A eso se ha sumado ahora, además, que se han endurecido los criterios para que un centro se considere de "difícil cobertura" y que se está implantando un modelo en el que algunos profesionales se ven obligdos a desplazarse a centros diferentes al suyo para dar asistencia. Esto ocurre ya, según los datos ofrecidos por las dos organizaciones, en 30 centros de salud que "comparten" médicos de familia y pediatras.

Lo que piden los profesionales está claro. En primer lugar, un "redimensionamiento realista de las plantillas" que adapte el número de profesionales a la población, además de la creación de nuevas plazas. Además, esas plantillas deben a su vez responder a otros factores clave como la edad o el nivel socioeconómico ya que, según recuerdan, "está demostrado que un menor nivel produce más enfermedad y demanda de los recursos". ¿Y cómo hacerlo? Con presupuestos, piden también, "realistas" que permitan obtener mejoras en las condiciones laorales y traslados anuales estatales. Según los últimos presupuestos aprobados por el Gobierno conservador de Ayuso, la Comunidad volverá a ser la que menos invierta por habitante: 1.482,25 euros al año, 462 menos que la media estatal.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha atendido las reclamaciones de vecinas y vecinos del madrileño distrito de Carabanchel ante "las deficiencias" de la sanidad pública en la región y ha instado a la Comunidad de Madrid a garantizar el acceso a cuidados médicos en los centros sanitarios.

El pasado agosto, una comitiva ciclista del distrito de Carabanchel recorrió 1.600 kilómetros en bicicleta hasta la ciudad suiza de Ginebra para plantear al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos la situación de falta de personal sanitario en el centro de salud Abrantes y gran parte del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Una vez en Ginebra, recuerdan en un comunicado, mantuvieron reuniones con una delegación del Alto Comisionado, con funcionarios de la Organización Mundial para la Salud (OMS) y misiones diplomáticas en la ONU de distintos países, además de atraer la atención de la prensa suiza y de miembros del Consejo de la Ciudad de Ginebra.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal a España, reunido en Ginebra, inició un procedimiento recogiendo los testimonios y comunicaciones sobre el cumplimiento por España de sus obligaciones en materia de derechos y deberes con la ciudadanía.

Esta recopilación de comunicaciones será empleada en el 49 período de sesiones del Examen Periódico Universal (EPU), al que son sometidos los países miembros cada cinco años y que, en el caso de España, tendrá lugar en Ginebra del 28 de abril al 9 de mayo próximo.

Dentro de esta recopilación, en el apartado de promoción y protección de los derechos humanos, en el capítulo del derecho a la salud, se recoge que han recibido comunicaciones expresando "preocupación por la falta de accesibilidad al sistema sanitario público y por las deficiencias que presentaba, en particular en la Comunidad de Madrid", detallan en la nota.

Igualmente hacen constar, ante el Examen Periódico Universal, los testimonios del CETIM, Vecinas y Vecinos por la Sanidad Pública y la Asamblea Popular de Carabanchel en virtud de los cuales "recomendó garantizar que los centros sanitarios asegurasen el acceso a cuidados médicos conforme al derecho a la salud, en conformidad con los compromisos internacionales de España y en cumplimiento de la legislación vigente".

Para la plataforma, "si bien la noticia de que Naciones Unidas nos haya dado la razón hay que celebrarla, tenemos que seguir exigiendo que se cumplan nuestros derechos hasta que nuestras vecinas y vecinos puedan disfrutar de una sanidad de calidad".

Los vecinos de Carabanchel llevan casi cinco años protestando y movilizándose para exigir una mejora de los recursos humanos y materiales del centro de salud Abrantes y los restantes dispositivos de Atención Primaria del distrito.

El 25 de mayo, plataformas profesionales y vecinales han convocado una nueva manifestación por la sanidad pública en la Comunidad de Madrid.

Más de 24 horas en una silla de un servicio de urgencias que tiene hasta otros 41 pacientes repartidos por varias camas en sus pasillos. No es una imagen nueva. Los profesionales del Hospital 12 de Octubre de Madrid denuncian con cierta periodicidad que no llegan. Que no hay camas suficientes en planta. Y que es difícil ofrecer una atención de calidad en esas condiciones. Es un problema estructural, pero que ha estallado (otra vez) esta última semana, coincidiendo con una expansión de un virus de la gripe que también está poniendo en jaque a otros hospitales de toda España. Un año más ha faltado vacunación, ha faltado previsión y ha faltado, además, un plan global. Los consejeros del PP bloquearon el que el Ministerio de Sanidad intentó aprobar el pasado mes de diciembre. "Fue muy lamentable. Se tomó la decisión por pura estrategia política, no por lógica sanitaria", lamenta el epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS Daniel López Acuña.

Ocurre cada año y siempre por las mismas fechas. Con la llegada de la temporada de otoño e invierno vuelven los tres virus respiratorios que ponen a prueba, también, lo que aprendimos de la pandemia de coronavirus: el de la gripe, el covid y el sincitial. Los últimos datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III este jueves —correspondientes a la situación de la semana de entre el 30 de diciembre y el 5 de enero— muestran que la tasa de infecciones que han supuesto un ingreso en los hospitales es ya de 23 casos por 100.000 habitantes, un 16,7% más que una semana antes. Los vistos en atención primaria, por su parte, son ya 639,8, un 13,6% más.

Pero casi todas estas cifras son responsabilidad de la gripe. En concreto, la influenza ha pasado en tan sólo una semana de una tasa estimada de 134 casos detectados en centros de salud a 200,9 (un 50% más), mientras que la de los ingresos hospitalarios casi se ha duplicado, al pasar de los 2,5 casos por cada 100.000 habitantes que registró la última semana de 2024, a 4,7 en la primera de 2025. "El impacto y la presencia de la gripe está siendo particular. En las últimas dos semanas, de hecho, ya ha rebasado los umbrales epidémicos", señala López Acuña. No se espera además que el fin esté cerca. El experto de hecho estima que seguirá así, al menos, otras dos semanas. Y eso puede ocasionar todavía muchos más problemas. "No podemos banalizarlo porque estos virus pueden ser severos en población de riesgo. La letalidad de los ingresados por covid alcanza el 6% y la de los ingresados por gripe está ya en el 2%. No es pecata minuta", advierte.

La relación está clara: si los contagios crecen, es más probable que lo hagan también entre personas mayores y enfermos crónicos. Y eso incrementa la mortalidad de los virus. Pasó durante la pandemia y pasa ahora. Por eso la prevención no sólo es importante, sino crucial. Y este año no ha sido suficiente. "No se ha hecho lo que se tendría que haber hecho. En primer lugar, porque no se ha conseguido una adecuada cobertura de vacunación", lamenta.

Es algo que lleva pasando ya varios años. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2022 se vacunó el 50,8% del personal sanitario, casi diez puntos menos que en 2021 (59,9%) y quince puntos por debajo de 2020 (65,6%). En cuanto a los mayores de 74 años la cobertura contra la gripe perdió un punto entre 2021 y 2022, prácticamente lo mismo que perdieron los mayores de 64. En 2023, por su parte, sólo se vacunaron el 43,7% de los sanitarios, el 74% de los mayores de 74 y el 66% de los mayores de 64.

Este año la Asociación Española de Vacunología ya alertó de que todo apuntaba a que los números bajarían todavía más. El 3 de diciembre, dos meses después del inicio de la campaña, la organización científica lamentó que sólo se había vacunado un 56,3% de los mayores de 65 años, una cifra muy lejana de los estándares fijados como ideales por las autoridades sanitarias, que hablan de la necesidad de cubrir al 75% de esa población diana.

La pregunta es por qué. No parece, al menos a priori, que sea porque ha crecido el porcentaje de población antivacunas. Según el último barómetro sanitario del CIS, una inmensa mayoría del 89,4% de los españoles cree que vacunarse es una buena manera de protegerse de las enfermedades y el 85,9% sigue las recomendaciones de los profesionales sanitarios respecto de la vacunación. Un 27%, a pesar de ello, cree que provocan efectos adversos en la salud.

¿Entonces, qué es lo que ocurre? Según López Acuña, es necesaria una mayor "conciencia de la población", pero también una mayor "contundencia de las autoridades".

Ahí está la clave para los profesionales sanitarios. La gripe regresa cada otoño y prácticamente en todas las temporadas los servicios de atención primaria y de hospitales se ven, cuanto menos, tensionados. "Eso lo que hace es denotar, por desgracia, que el déficit de plantillas es estructural y que falta una adecuada gestión y organización", denuncia Ángela Hernández, del sindicato médico madrileño Amyts.

El Hospital 12 de Octubre es el mejor ejemplo. Sus profesionales, en un comunicado publicado este martes, lamentaron que "la situación de colapso" que sufre el centro "está mediada fundamentalmente por una infradotación crónica del personal médico" y del de enfermería. Según sus cálculos, hacen falta 25 nuevos facultativos. Pero no llegan. Y mientras tanto, señalan, se ha incrementado la asistencia anual un 47% en una década. "En áreas de gravedad alta donde hay 42 puestos disponibles con cama, estamos atendiendo a casi 60 pacientes, con los mismos recursos de medicina y enfermería, regularmente durante todo el año y no solo en el pico de invierno ocasionado por el aumento de infecciones respiratorias como la gripe", denuncian.

"Cuando llega algo que se sale de lo normal, como esta temporada de virus, la sobrecarga ya es absolutamente tremenda", lamenta Hernández.

Ocurre así en todas partes. "Todo el mundo sabe lo que va a pasar cuando llega el frío, pero nadie pone remedio. Y así pasa año tras año", afirma Javier Martínez, secretario de Sanidad, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT-Servizos Públicos de Galicia. Allí, según informa, la "tónica común" en todos los hospitales es la misma: "saturación por enfermedades respiratorias, gente en pasillos, plantas saturadas, etc.". "En algunos hospitales de Euskadi ha habido días con esperas de cuatro o cinco horas y en algún caso han llegado a ocho. Muchos podrían haber sido atendidos en centros de salud, pero los pacientes dice que no les daban cita", señalan por su parte desde el Sindicato Médico de Euskadi.

Y la historia se repite también en Andalucía, donde CCOO lamenta que no han dejado de subir los ingresos en menores de un año y mayores de 79. Y en la Comunitat Valenciana, donde centros como La Fe acumulan han llegado a tener hasta 44 pacientes en urgencias esperando una cama.

La situación ha provocado que cada comunidad decida, por su cuenta, si toma o no medidas. Y así, según ha informado EFE, Andalucía ha activado su Plan de Alta Frecuentación a principios de diciembre, que consta de cuatro fases en función de la demanda; Aragón ha dirigido a los profesionales sanitarios de centros médicos, sociosanitarios y de servicios sociales una instrucción que recomienda la mascarilla, que pueden hacer obligatoria si así lo deciden sus direcciones; y Cataluña tampoco descarta la medida, puesto que su sindicato médico Metges de Catalunya también habla de saturación.

Todas estas medidas se están tomando ante la falta de un plan común, que es lo que pretendía aprobar el Ministerio de Sanidad para evitar lo que tuvo que hacer el año pasado, cuando acabó imponiendo el uso de mascarilla en los centros sanitarios de todo el país. Los técnicos ministeriales y autonómicos lograron avanzar en un documento de medidas que, sin embargo, no pasó después el filtro de la Comisión de Salud Pública, donde los directores generales de las autonomías del PP se negaron a votarlo.

El grado de cumplimiento de las medidas del plan de Atención Primaria que el Ministerio de Sanidad y las comunidades aprobaron en 2021 es, en general, positivo, y demuestra el gran esfuerzo que han hecho por fortalecerla, pero la falta de profesionales y de financiación siguen siendo un lastre. Así lo concluye el "Informe de evaluación sobre el impacto de la Primera Reforma del Componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el Sistema Nacional de Salud" publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad, en el que se evalúa el cumplimiento de las acciones del plan al que se adhirieron todas las comunidades menos el País Vasco, según informa EFE.

Pese a las medidas incentivadoras y los recursos destinados a la fidelización de residentes y a cubrir puestos en las áreas de mayor dificultad, el Sistema Nacional de Salud "enfrenta una notable escasez de profesionales", especialmente en Pediatría y Medicina de Familia. Ello "dificulta la cobertura de plazas y limita la capacidad de respuesta a la demanda asistencial" en zonas rurales, insulares y dispersas. La falta de recursos financieros para contratar personal adicional "agrava esta situación" porque impide medidas de conciliación; el proceso de estabilización de 2021 sufre retrasos "por las complejidades administrativas, y, en ocasiones, las normativas existentes limitan la flexibilidad y autogestión de los centros".

Formado por 52 acciones divididas en 12 bloques, su grado de cumplimiento arroja un balance positivo en los dos años de puesta en marcha (2022 y 2023), y aunque es patente el "significativo esfuerzo" de las administraciones sanitarias para fortalecer la Atención Primaria, la carencia de profesionales ha sido la principal barrera para cumplirlo.

Respecto a la financiación, las inversiones se concentran en los servicios hospitalarios y especializados, con más del 60 % del gasto público en sanidad entre 2019 y 2022, mientras que la Atención Primaria apenas recibió el 15 %, y con diferencias por comunidades, lo que "evidencia una falta de homogeneidad en la ejecución" del plan a nivel autonómico.

El SNS necesita un mayor impulso a la digitalización y los sistemas de información, incluyendo la atención telemática, el seguimiento remoto o la historia de salud digital, entre otras. Pero eso pasa, una vez más, por "una asignación de recursos humanos y financieros más significativa".

Implantar de manera generalizada y efectiva la figura de la enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC) "puede enfrentar barreras relevantes", como la falta de adopción uniforme en todas las autonomías y la "todavía limitada disponibilidad de especialistas, exacerbada por la migración de profesionales".

Se ha identificado una gran variabilidad autonómica en los servicios y actividades ofrecidos por los Equipos de AP; aunque se ha actualizado la cartera común de servicios con nuevos procedimientos diagnósticos, servicios comunitarios y atención no presencial, su implementación depende de la publicación de la orden ministerial correspondiente.

El informe apunta a la necesidad de una mayor concienciación a nivel general en cuanto a la implementación de las recomendaciones de "no hacer" y de avanzar hacia prácticas asistenciales más allá de la atención médica tradicional. Además, la interoperabilidad de las historias de salud digital, incluyendo el ámbito sociosanitario, requiere mejoras para garantizar seguridad y accesibilidad.

La elevada rotación y movilidad de los equipos, agravada por la limitada disponibilidad de profesionales referentes en salud comunitaria y la variabilidad en los recursos entre municipios y áreas sanitarias, obstaculiza poner en marcha líneas de trabajo estables. Asimismo, la coordinación entre agentes de diversos sectores (sanidad, servicios sociales, salud pública, etc.) "requiere mejoras significativas".

La visibilidad y concienciación en la población respecto a las funciones y roles de los distintos profesionales de los Equipos de AP es insuficiente; además, es necesaria la elaboración de una estrategia de comunicación a nivel estatal que destaque su valor.

Las limitaciones en recursos humanos y económicos impiden la instauración efectiva de modelos de gobernanza, lo que afecta la autogestión y el desarrollo de sistemas de evaluación de competencias.

"La elevada demanda asistencial para gestiones administrativas no médicas refleja una necesidad de mayor formación y sensibilización ciudadana", subraya el informe. También se concluye la necesidad de optimizar los sistemas de recogida de información para la medición de problemas de salud no demorables y la atención en las primeras 24 horas.

Por último, el tiempo limitado en consulta debido a la alta demanda asistencial afecta la comunicación médico-paciente y la toma de decisiones compartidas, pudiendo impactar negativamente en la satisfacción con la atención.

La carga asistencial y la alta rotación de profesionales son un impedimento para la dedicación y consolidación de líneas de investigación estables; igualmente, escasean espacios, infraestructuras, soporte administrativo y técnico especializado, particularmente en el ámbito de la investigación clínica.

En el último barómetro del CIS, la Sanidad Pública aparece en segundo lugar como la preocupación que más afecta personalmente a la ciudadanía (17,1%). Sin embargo, no se le está dando la importancia que tiene para la salud de la sociedad y nos encontramos con un sistema que no ha parado de empeorar desde la crisis de 2008 y la pandemia de COVID-19. Y es que a pesar de las promesas de mejora, los problemas en el sistema sanitario persisten.

Si observamos los principales retos que tiene el sistema sanitario español, se podrían destacar los siguientes:

La financiación sanitaria en España es insuficiente, situándose por debajo del promedio de la UE y la OCDE. El gasto sanitario total representa el 9,2% del PIB, frente al 11% de la UE. El gasto público por habitante en España es de 2.771€, siendo menor que los 4.028€ de la UE y los 4.996€ de la OCDE. Además, el gasto de bolsillo alcanza el 21% del total, superior al 18% de la OCDE, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención sanitaria. Tras los recortes significativos en la anterior crisis, el gasto comenzó a recuperarse antes de la pandemia, que a su vez aumentó el gasto sanitario público, pero que ha vuelto a disminuir en porcentaje sobre el PIB.

Las diferencias en la financiación de las comunidades autónomas (CCAA) complican la equidad en prestaciones, con disparidades que oscilan entre los 1.533€ en Andalucía y los 2.142€ en el País Vasco. Si no hay una financiación finalista no podrá garantizarse la equidad en la atención sanitaria en todas las CCAA (está claro, por ejemplo, que si la Comunidad de Madrid recibe más financiación, supuestamente para sanidad, lo más probable es que acabe en la Fórmula 1, prevista en Madrid para 2026. No sería la primera vez que se desvían fondos para sanidad a otros sectores: Esperanza Aguirre los destinó al metro ligero en su etapa de presidenta).

El gasto farmacéutico en España es alto y ha aumentado significativamente, alcanzando en 2022 un total de 20.056 millones de euros, lo que representa el 23,93% del gasto sanitario público. Desde 2014, este gasto ha crecido un 40,28%, con un aumento del 52,96% en la farmacia hospitalaria. Aún existe un copago farmacéutico basado en la renta, con excepciones para personas de bajos ingresos, por lo que un 4% de la población no adquiere los medicamentos prescritos por problemas económicos. Además, el uso de medicamentos genéricos es bajo en comparación con la UE y la OCDE, y persisten conflictos de intereses entre profesionales sanitarios y la industria farmacéutica. Propuestas como una industria farmacéutica pública y el control de precios no se han implementado.

El sistema sanitario en España está descentralizado en 17 CCAA, que gestionan la asistencia sanitaria, y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, gestionadas por el Ministerio de Sanidad. La descentralización se realizó de manera descoordinada, lo que ha generado problemas de gobernanza en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El Consejo Interterritorial, compuesto por miembros de las CCAA y del Ministerio de Sanidad, debería coordinar el SNS, pero su funcionamiento basado en el consenso y la falta de mecanismos legales para hacer cumplir las decisiones ha creado conflictos, especialmente durante la pandemia. A pesar de reconocer estos problemas en el Plan para la Reconstrucción y Resiliencia, no se han implementado soluciones concretas hasta ahora.

Después de la aprobación de la Ley General de Sanidad (LGS), comenzó la privatización en España, influida por la globalización neoliberal. En 1991, el informe Abril promovió la privatización de los centros sanitarios públicos, pero fue detenido temporalmente. En 1997, bajo un gobierno conservador, se aprobó la Ley 15/97, que favoreció la privatización, posteriormente desarrollada en varias leyes autonómicas.

Los modelos de privatización en España incluyen el modelo Alzira, donde una empresa privada construye y gestiona un hospital por 20-30 años; el modelo PFI, que replica un esquema del Reino Unido donde la empresa privada gestiona solo áreas no sanitarias; conciertos con centros privados para servicios específicos; y externalizaciones, donde se contratan servicios concretos con centros privados de manera irregular.

Inicialmente, la privatización se justificó con promesas de mayor flexibilidad frente a la burocracia del sistema público, pero con el tiempo, se ha revelado que los supuestos beneficios de la privatización no han sido tan claros. Ahora mismo, en la experiencia que hay en España sobre la privatización de la provisión, sabemos algunas cosas que son muy claras:

Existe un incremento de los costes muy bien constatado y a veces de muy difícil evaluación. Además, se hipoteca la política sanitaria, hay una mala calidad en la construcción y el equipamiento, disminuyen el número de camas, tienen menos personal sanitario y no sanitario (el cual además está precarizado), empeoran las condiciones laborales, externalizan aspectos clave (planificación sanitaria, control de los centros, etc.), están en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberanía en la prestación de un servicio básico, favorecen las corruptelas, empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud, y tienen un control escaso o inexistente.

Las colaboraciones público-privadas han sido un paso hacia la privatización total, aunque algunos intentos, como en la Comunidad de Madrid en 2012, fueron paralizados. Esta tendencia a la privatización se observa en diferentes grados en las CCAA, con Madrid a la cabeza. Las actuaciones necesarias para parar esta deriva privatizadora no se están llevando a cabo.

En España, la Atención Primaria (AP) se estableció con la aprobación de la LGS en 1986 y se expandió hasta cubrir más del 99% de la población a finales de los 90. Sin embargo, desde entonces ha sufrido un deterioro continuo, reflejado en un presupuesto insuficiente, que nunca ha superado el 15% del presupuesto sanitario público, y un gasto por habitante significativamente menor que el promedio de la UE. Además, ha habido una disminución del personal médico, que ya era escaso, y un déficit crónico de personal de enfermería, con una ratio de enfermeras por médica inferior al promedio europeo.

España ha mantenido históricamente un bajo número de camas hospitalarias, con solo 3 por cada 1.000 habitantes en 2021, en comparación con 4,5 en la UE y 4,3 en la OCDE. A pesar del notable aumento de la población en los últimos años, el número de camas ha seguido disminuyendo, lo que ha llevado a una reducción de la ratio de camas por 1.000 habitantes y ha generado cuellos de botella en las urgencias, especialmente evidentes durante la pandemia. A pesar del envejecimiento de la población y del reconocimiento de la necesidad de aumentar las camas públicas y de media y larga estancia por parte de la Comisión para la Reconstrucción y Resiliencia, no se ha avanzado en este aspecto en los últimos cuatro años.

En el Sistema Sanitario Público de España, las listas de espera son significativas y se han intensificado en la Atención Primaria (AP) desde la pandemia. En 2022, el 85,6% de las personas que solicitaron cita en AP esperaron más de 48 horas, con un promedio de 8,8 días y un 54,3% esperando siete días o más. Además, el 21,45% no pudo consultar por un problema de salud importante. Las consultas telefónicas representan el 32% del total, aunque muchas personas consideran insatisfactorias estas interacciones debido a la falta de atención adecuada.

Por otro lado, a finales de 2023, alrededor de 4,5 millones de personas estaban en lista de espera quirúrgica o para una primera consulta, sin contar quienes aguardaban pruebas diagnósticas. Las demoras han aumentado, con un mayor porcentaje de personas esperando más de seis meses y variaciones notables entre comunidades autónomas. Esta situación ha llevado a un aumento del aseguramiento privado que cubre ya a un 25,8% de la población en 2023 (Madrid tiene la tasa más elevada: 40,5%). Este crecimiento se ha visto favorecido por la desgravación fiscal para empresas que contratan seguros privados para sus empleados.

En España, el número de médicos por mil habitantes es alto, con 4,5 médicos por cada 1,000 habitantes, superando el promedio de la OCDE (3,7). Sin embargo, el número de profesionales de enfermería es bajo, con 6,3 por mil habitantes frente a un promedio de 9,2 en la OCDE. Esta situación parece que va a persistir, ya que el número de graduados en medicina supera el promedio de la OCDE, mientras que en enfermería está por debajo. La expansión de universidades privadas que ofrecen grados en medicina, pero no en enfermería, agrava el problema. Además, hay más médicos y enfermeros en hospitales públicos que en AP, y aunque ha habido un ligero crecimiento en el personal de AP, este ha sido inferior al de los hospitales.

Las desigualdades territoriales en España son significativas, con CCAA más ricas y pobladas que tienen una mayor densidad de profesionales médicos, en contraste con las más pobres y rurales. Durante la crisis de 2008, se redujeron drásticamente las plazas de formación de especialistas, afectando especialmente a la medicina familiar y comunitaria, lo que ha limitado el número de médicos en AP. Afortunadamente, en los últimos años, los gobiernos progresistas han incrementado significativamente el número de plazas de formación, pasando de 6,948 en 2009 a 11,607 en 2024.

Sin embargo, los profesionales sanitarios enfrentan problemas como retribuciones inadecuadas, condiciones laborales inapropiadas y escasas oportunidades de desarrollo profesional, lo que ha llevado a una migración hacia otros países de la UE y Gran Bretaña. Esta migración no está bien cuantificada, ya que faltan datos sobre el porcentaje de profesionales que emigran o regresan a España.

En conclusión, la Sanidad Pública en España enfrenta numerosos problemas y se encuentra en una fase de regresión, a pesar de los esfuerzos de los últimos gobiernos "progresistas", que operan en un contexto de debilidad parlamentaria. Existen diferencias significativas entre CCAA en cuanto a tiempos de espera, grado de privatización y recursos accesibles, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención sanitaria.

Sin embargo, la población tiene un gran aprecio por el sistema de salud público, prefiriéndolo para Atención Primaria, consultas de especialistas, urgencias y hospitalización. Esto se traduce en un alto grado de satisfacción con la atención recibida y con los profesionales de la salud.

El apoyo social se manifiesta en movimientos y plataformas en defensa de la Sanidad Pública en todo el país, que han llevado a cabo movilizaciones significativas en regiones como Madrid, Galicia y Andalucía. Estas plataformas abordan problemas locales concretos, lo que les otorga fuerza, aunque limita su capacidad para coordinar acciones a nivel nacional.

A medio plazo, las perspectivas son preocupantes debido a que la mayoría de CCAA están gobernadas por la derecha, con posturas neoliberales y privatizadoras. A pesar de que el gobierno central tiene una ideología progresista, su implicación en la defensa de la Sanidad Pública es escasa. Las entidades defensoras de la Sanidad Pública continuaremos trabajando para evitar un mayor debilitamiento del sistema y garantizar atención sanitaria de calidad para toda la población.

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Marciano Sánchez Bayle es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y patrono de la Fundación Alternativas.

Madalina Crisbasianu es socióloga y autora de 'La sanidad pública en la era post-covid'

En estos últimos tiempos se ha puesto de relieve el problema que plantean los fallos en las citas en Atención Primaria (se calcula que unos 11 millones al año) y se han realizado propuestas para penalizar económicamente a quienes no acuden a una de ellas.

En primer lugar conviene hacer un diagnostico de la situación, porque sin un buen diagnostico las medidas preventivas y/o terapéuticas serán equivocadas y quizás empeoren el objetivo que se propone, que se supone no es sino mejorar la accesibilidad de la población a una atención sanitaria de calidad. 

Once millones de citas perdidas pueden parecer muchísimas, pero suponen solo el 4,21% del total de consultas anuales de AP (262,1 millones), es decir una cantidad relativamente pequeña. Luego hay que considerar las citas a las que no se acude por motivos imprevisibles y de fuerza mayor: en España mueren al año 430.000 personas y otras 2,82 millones tienen en el mismo periodo un ingreso hospitalario urgente, estas personas por motivos obvios, pero también sus familiares más cercanos es previsible que tuvieran alguna cita en AP a la que fallaron y no comunicaron que iban a hacerlo. Poniéndonos menos dramáticos lo mismo ocurrirá por ejemplo cuando una mujer se pone de parto y por supuesto las circunstancias sobrevenidas que impiden acudir a una cita previa son tantas y tan variadas que no quiero aburrir a los lectores identificándolas una a una. Es decir un porcentaje no desdeñable de estas ausencias se deben a problemas no previsibles y que colocan a las personas y sus familiares cercanos en tesituras en las que es muy probable (en el caso de los fallecidos, seguro) que no están en condiciones ni de acudir ni de ponerse en contacto con el sistema sanitario y anular la cita.

Luego esta el problema de las demoras desmesuradas en las citas. Según el Barómetro Sanitario de 2024 (abril-mayo) un 50,4% recibe la cita en su medico/a de AP en 7 o más días y en algunos casos puede ser en más de 20 días. Obviamente esta demora favorece la búsqueda de otras alternativas (urgencias de AP u hospitalarias, sector privado) o la espera resignada en la que es probable que los síntomas se autoresuelvan solos en algunos casos. Existe una correlación muy significativa entre el aumento de las demoras y el crecimiento de ausencias de las personas citadas, y por otro lado no parece muy lógico pedirle a alguien al que el sistema sanitario le ha fallado de manera tan flagrante que sea responsable y anule su cita una vez que ha resuelto el problema por sus propios medios (lo que según la misma fuente sucede en el 25,2% de los casos)  

Vistos lo datos, ¿por qué se produce tanto interés por el tema?. Evidentemente el primer motivo, y el principal, es el empeño de los responsables de las administraciones autonómicas de encubrir y/o irresponsabilizarse sobre las tremendas demoras en la AP, culpabilizando a la población de lo que ellos son incapaces o no quieren resolver, corriendo una cortina de humo que invisibiliza el problema de fondo. Y luego, y no es desdeñable, el hecho de que establecer nuevos copagos y aumentar los costes “de bolsillo” del sistema sanitario público favorece el que se  hagan más competitivos a los seguros sanitarios privados.

La propuesta realizada de imponer una penalización económica a los que fallan en una cita es una barbaridad, lo primero porque como ya se ha expuesto hay muchos imponderables detrás de esos fallos, y luego porque las tasas siempre penalizan a los mas enfermos y los que tienen una peor situación económica, a  más  de los grupos especialmente vulnerables (piénsese por ejemplo en los que tienen problemas de adicciones o las mujeres que sufren violencia de genero). Si creen que funcionan los incentivos económicos ¿no sería mejor descontarles una parte de su sueldo a los responsables de las administraciones sanitarias cada vez que se da una cita en AP con más de 7 días de demora?, seguro que  las cosas mejorarían con una rapidez inusitada.

Conviene recordar también que establecer una tasa sobre la asistencia sanitaria no es competencia de las CCAA y que solo podría hacerlo legalmente el Ministerio de Sanidad y el Gobierno, un hecho que parece que se olvida continuamente.

Detrás de todo ello late un problema en auge, la mercantilización de la asistencia sanitaria y la conversión de un derecho en un  bien más de consumo sujeto a los vaivenes del mercado, algo en lo que desgraciadamente se viene avanzando en estos años desde demasiados lugares.

No quiero decir que no haya que hacer y/o no se pueda nada  para mejorar y disminuir los fallos. Obviamente lo principal seria garantizar una cita en un máximo de 48 horas. Mientras se consigue hay algunas medidas que son relativamente fáciles, por ejemplo poner en marcha un mecanismo que anule las citas de aquellas personas fallecidas u hospitalizadas lo que es perfectamente asequible con el grado de informatización actual, o enviar un aviso (sms, whatsapp, etc) 24 horas antes de la cita para recordarla, lo que ya se hace en muchos casos de consultas con el especialista y pruebas diagnósticas, y por fin identificar a las personas con una reiteración de inasistencia a las citas, que por supuesto las hay, para poder identificar si existe un problema de base y actuar en consecuencia.

En resumen estamos ante un problema limitado, frecuentemente imprevisible y que debe abordarse desde la prevención y no el castigo, empezando por asegurar el acceso a una Atención Primaria de calidad y en un tiempo razonable para toda la población.

Marciano Sánchez Bayle es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y patrono de la Fundación Alternativas.

Un cayuco ha llegado este domingo por sus propios medios a la isla de El Hierro con una mujer fallecida y 144 supervivientes, según han informado fuentes del 1-1-2, Cruz Roja y Salvamento Marítimo.

La embarcación llegó al puerto de La Restinga alrededor de las 01.20 horas sin que tuviera que actuar la salvamar de Salvamento Marítimo, con base en El Hierro, y entre sus ocupantes había varias mujeres y niños, según informa Europa Press.

El cayuco fue localizado al sur del municipio de El Pinar y las personas que iban a bordo fueron asistidas en el muelle por personal sanitario del SUC y de Atención Primaria.

Entre los ocupantes del cayuco se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer y otras tres personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Ntra. Sra. de los Reyes por diferentes patologías.

Ayer sábado otro cayuco llegaba a la isla de El Hierro con otro fallecido, un joven varón, y 55 supervivientes, de los cuales cuatro varones también tuvieron que ser trasladados al Hospital.

Negar el problema no nos va a llevar a solucionarlo. Enfrentarse al mismo requiere un enfoque múltiple.

En primer lugar es preciso determinar hasta qué punto se apuesta por la defensa del Sistema Nacional de Salud. Su continuidad pasa por una AP fuerte y resolutiva, para frenar el desorbitado gasto que genera un hospitalocentrismo descontrolado. Si realmente existe este compromiso, las siguientes serían algunas de las cuestiones que habría que abordar urgentemente.

El sistema de acceso a la universidad induce a estudiantes con buenos expedientes a estudiar medicina, ya sea por propia iniciativa o estimulados por su entorno familiar y académico. Así, muchas personas sin interés por la profesión copan las limitadas plazas de las facultades en detrimento de quienes podrían aportar unas actitudes más favorables.

En consecuencia sería necesario cambiar el sistema de acceso a las facultades de medicina, de forma que la selección de los aspirantes se base en criterios relacionados con vocación, empatía, preferencia por el trabajo en zonas rurales… 

La falta de previsión en cuanto a las necesidades de especialistas no se limita a la escasez de MFyC, y también pediatras, en AP. Concomitantemente existe un exceso de titulados en muchas especialidades. 

La mejora en las condiciones del trabajo en AP puede tener un “efecto llamada” sobre los MFyC que han optado por otras salidas laborales, tanto en España (especialmente en las puertas de urgencia de los hospitales) como en otros países. Despertar el interés por opciones laborales que implican cierta “penalidad” (como en ciertas zonas rurales) puede implicar incentivos diversos, también económicos.

Pero no todo está en el sueldo o el número de pacientes adscritos, entre otros condicionantes laborales. Es preciso favorecer el desarrollo profesional, facilitando la capacidad resolutiva, con tiempo para atender adecuadamente a los pacientes, así como acceso a pruebas diagnósticas y tratamientos. Hay que romper la dinámica de tantos años en los que se han desarrollado servicios (equipos de soporte de atención domiciliaria, unidades de continuidad asistencial AP-medicina interna…) que han ido mermando competencias a los MFyC. 

Es imperativo cambiar el flujo del dinero, para que las inversiones entren por la AP y desde ahí según necesidades se distribuyan a los demás niveles. Solo así se podrá romper con el hospitalocentrismo que corroe nuestro sistema público de salud.

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Francisco Escobar Rabadán es socio de infoLibre.

Todo apuntaba a que podía pasar… y ha pasado. La elección de plaza de los médicos internos residentes (MIR) de este año ha dejado, de nuevo, un sonrojante dato que vuelve a poner encima de la mesa la agónica situación que atraviesa la atención primaria en nuestro país: han quedado sin cubrir 459 plazas de Atención Familiar y Comunitaria, el 18,4% de las 2.492 convocadas. Es un récord histórico. El Ministerio de Sanidad ya ha abierto, desde este lunes y hasta el miércoles, una convocatoria extraordinaria para intentar cubrirlas. Podrán optar a ella quienes no hayan sido adjudicatarios de plaza —independientemente del motivo— o los médicos extracomunitarios, para los que se ha ampliado el cupo en 351 personas.

Las cifras hablan por sí solas, pero si las comparamos con las de hace un año, incluso, dicen más. Y peor. En la convocatoria MIR de 2023 se quedaron vacías 202 plazas, muchas menos en números brutos. Y muchas menos también si se relacionan con las convocadas. Entonces fueron 2.455, por lo que el porcentaje de huecos no cubiertos fue del 8,2%. Tras la convocatoria extraordinaria que también se produjo, finalmente quedaron vacías 131, el 5,3%. 

Los profesionales no le quitan hierro a los datos, pero tampoco les pillan por sorpresa. "Antes de la convocatoria MIR seguíamos haciendo las cosas igual, y eso en el mejor de los casos nos podría haber dado los mismos resultados, pero han sido peores. No debería sorprendernos", diagnostica la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez Ledo. "Hemos estado advirtiendo durante años de que esto iba a pasar", añade el vocal de la sección de Docencia e Innovación de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), Jorge Lema.

Sin embargo, ambos se muestran, a la vez, moderadamente optimistas. Y Rodríguez Ledo apuesta por ver "el vaso medio lleno". Porque la situación es mala, pero ahora y en los próximos años se le puede dar la vuelta. Si se hacen las cosas bien.

Lo entiende así también el coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, Vicente Matas. "Nos quedan unos cuantos años malos, problemáticos. Pero después empezarán a disminuir las jubilaciones y a aumentar el número de médicos que terminan la residencia", explica el facultativo. Si se consigue efectivamente que esa inversión de cifras sea duradera, quizás la agónica situación pueda dejar de serlo. 

El dato que invita a dejar de ver ese "vaso medio vacío" es el mismo que ha hecho saltar las alarmas, pero leído de otra manera: si ha habido 459 plazas vacías, ha habido 2.033 escogidas por los médicos y médicas recién titulados. "No ha habido ninguna especialidad, en ningún año, elegida por 2.033 personas", celebra la presidenta de SEMG. "Medicina Familiar y Comunitaria se consolida como la especialidad más demandada entre las personas candidatas a MIR. A nuestro entender, este es uno de los mensajes clave que debemos recordar tras el cierre de la elección: Medicina Familiar y Comunitaria es la especialidad que han escogido más candidatos", añade por su parte semFYC en un comunicado emitido este lunes.

La siguiente especialidad que más plazas ha ocupado ha sido, según el informe publicado este lunes por el Sindicato Médico de Granada, la de Pediatría y áreas específicas, con 508. Si Medicina de Familia hubiera ofrecido ese número, se habría cubierto, señala Rodríguez Ledo.

Entonces, ¿por qué el dato es tan negativo? ¿Por qué las fuentes consultadas ya decían que esto podía ocurrir? Porque la situación de base de la atención primaria no es la idónea para que sea una especialidad predilecta. Todos los expertos apuntan a los mismos motivos. El primero viene de la base: de la universidad. "En la inmensa mayoría de facultades no existe como asignatura o departamento y es mucho menos conocida que el resto de especialidades", critica Matas.

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) publicó un informe en el año 2020 en el que denunciaban que tan sólo un 2,3% de las universidades españolas tiene más de 19 créditos en atención primaria. El 32,5% tiene menos de siete y el 39,5%, de 7,1 a 11. Un 4,7% no tiene ninguno. Además, durante los seis años de Grado, según los datos de CEEM, sólo el 6,8% de universidades tienen más de cuatro rotaciones por atención primaria. El 40,9% sólo ofrece una.

"Es muy difícil elegir algo que no se conoce", lamenta Lema, que critica que "lo poco que saben" los estudiantes llega de las noticias sobre las pésimas condiciones que sufren los ya especialistas. Ahí está la segunda cuestión que explica el mal dato del MIR. "Los médicos trabajan desbordados y a un recién graduado, que ha tenido poco contacto con la especialidad, se le cae el alma a los pies cuando llega a la consulta", denuncia el médico de semFYC.

Los motivos son de sobra conocidos. Uno es el de las agendas interminables. Lo apuntan todas las fuentes consultadas. Según los datos desglosados en el VI Informe La atención primaria en las comunidades autónomas, presentado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) el pasado mes de febrero, el 59,35% de los médicos y médicas de familia atienden a más de 1.500 pacientes, la cifra considerada óptima para una correcta atención. En el informe de un año antes, ese porcentaje estaba en el 38,17%. "En algunos sitios los médicos ven a más de 60 pacientes al día, y aun así las demoras son cada día más grandes. Esto lógicamente hace que la especialidad sea menos atractiva", señala Matas.

A eso que sumar, señala, que todavía no se han revertido los recortes que se llevaron a cabo en 2010, por lo que la pérdida de poder adquisitivo de los médicos de atención primaria ronda, de media, el 20%. "Terminó la crisis pero nunca se volvió al punto de partida. Necesitamos más financiación y más plantilla", reclama. Y da una cifra: 5.000. "Es el número de facultativos que estimamos necesario para poder absorber la demanda", concreta.

A Lema le parece complicado. "El reto de conseguir más médicos de familia está perdido", se resigna. El objetivo para él pasa por conseguir que los que cada año apuestan por la Medicina Familiar y Comunitaria no se arrepientan —como hacen muchos. Porque cada año son más. Según los datos recogidos por el Sindicato Médico de Granada, entre 2009 y 2023 las plazas adjudicadas de médicos de familia han crecido, en números brutos, en 565 personas. En porcentaje, un 32,1%.

En paralelo, no obstante, ha habido numerosas jubilaciones. Desde 2021 y hasta 2026, según la misma organización, hasta 12.000 médicos colgarán la bata. Pero a partir de entonces serán muchos menos.

Es por eso que hay que actuar, aprovechando estas dos cuestiones. "El problema puntual del incremento brutal de las jubilaciones muy pronto empezará a disminuir. Los que terminan, a la vez, empezarán a aumentar. Y con buenas condiciones se quedarán", sentencia Matas. Es, por tanto, un punto de inflexión. "La especialidad es muy potente, lo que tenemos que hacer es fidelizar a los residentes que tenemos. Todo lo que consigamos ahora lo veremos dentro de cuatro años", sentencia Lema.

No importa si la privatización de la gestión hospitalaria es total o se limita a la subcontratación de algunos servicios: la calidad de la atención a los pacientes empeora. Es la contundente conclusión a la que llega un estudio de la Universidad de Oxford que acaba de publicar la revista The Lancet.

De un total de 322 estudios publicados sobre los efectos de la privatización sanitaria en diferentes países, Benjamin Goodair y Aaron Reeves, del Departamento de Política Social e Intervención de la universidad británica, seleccionaron 13 que cumplían unos determinados criterios de calidad en el análisis y que se referían a ocho países de altos ingresos: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Italia, Suecia, Croacia y Corea del Sur. Cada uno de ellos examinaba un aspecto distinto: unos el impacto en las plantillas y sus salarios, otros en los pacientes; unos en la atención primaria, otros en los hospitales.

Pero el resultado parece claro: ni externalizar algunos servicios –como la limpieza o la comida– ni adjudicar la gestión de los centros sanitarios a una empresa privada mejora la calidad de la atención que reciben los pacientes. Pese a que las administraciones suelen vender esas medidas con el argumento de que no sólo reducen costes, sino que también redundan en beneficio de los enfermos, al eliminar burocracia y las rigideces de la regulación pública, por un lado, e introducir la competencia, por otro, los estudios realizados apuntan en dirección contraria.

Los supuestos mayores incentivos que deberían encontrar las empresas privadas en la competencia y el ánimo de lucro para brindar mejores servicios a los pacientes no funcionan adecuadamente. En su lugar, los gestores privados ponen en práctica “sacrificios marginales en la calidad” para conseguir “grandes reducciones de costes”, como recortar personal, reducir salarios, tratar sólo o preferentemente a pacientes “rentables” o dar de alta a los enfermos de forma prematura, detallan los estudios.

Así, cuatro de los informes, sobre la privatización de hospitales en EEUU, descubrieron que, al cambiar la propiedad, los centros sanitarios pasaron a aceptar más pacientes procedentes de Medicare –el seguro médico público para mayores de 65 años y personas con discapacidades– y menos de Medicaid –cobertura médica gratuita para personas con bajos ingresos–, que les resultan menos lucrativos.

También en EEUU otro estudio evaluó la gestión privada de 888 hospitales antes públicos –de los cuales 247 pasaron a organizaciones con ánimo de lucro y 641 a organizaciones benéficas– y concluyó que se había reducido la contratación de enfermeras, especialmente las de mayor cualificación.

Lo mismo que ocurrió en Alemania, en un total de 88 hospitales donde se recortó el personal de enfermería pero, significativamente, se mantuvo el número de médicos. Otro estudio en el mismo país revela que aumentó la eficiencia hospitalaria, medida como el número de tratamientos por gasto en suministros y tiempo de trabajo, pero gracias a los recortes de plantilla.

Igualmente mejoraron sus márgenes de beneficio otro grupo de 22 hospitales privatizados en EEUU, pero lo consiguieron recortando servicios, aumentando precios, reduciendo la duración de las estancias de los pacientes y elevando las tasas de ocupación de las camas.

En Corea del Sur también cambiaron las condiciones laborales cuando se privatizaron una docena de hospitales. A peor: aumentaron los contratos temporales del personal, creció su carga de trabajo y se disparó la desigualdad salarial entre los médicos y el resto de la plantilla.

La subcontratación de los servicios de limpieza y restauración tampoco mejoró su calidad, según recogen los estudios realizados hasta ahora. En Inglaterra, los hospitales que cedieron ambas tareas a empresas privadas sufrieron tasas de infecciones bacterianas más altas que antes. Además, la satisfacción de los clientes con ambos servicios empeoró. No es de extrañar, porque el gasto y el personal dedicado a limpieza y a las comidas era menor.

Los investigadores también han puesto la lupa sobre los posibles efectos de la privatización en la salud de los pacientes. En los hospitales ingleses analizados, aumentaron las tasas de “mortalidad tratable”; es decir, consecuencia de enfermedades curables. Un resultado parecido se observó en Italia, en concreto en los centros gestionados por entidades con ánimo de lucro. En Suecia, la privatización redujo las hospitalizaciones evitables en todo el país, pero en las zonas con más hospitales privatizados éstas crecieron en comparación con las zonas con menos. Uno de los estudios estadounidenses se ocupó de medir los efectos de la privatización en la salud de los reclusos que son atendidos en estos centros sanitarios: aumentó la tasa de mortalidad evitable.

Sólo hubo un caso de privatización sanitaria que tuvo un resultado positivo, según destaca el estudio de la Universidad de Oxford: Croacia. Un total de 96 centros pasaron a manos privadas. Y mejoró el acceso a la atención primaria. Los pacientes comenzaron a recibir sus citas con menos retraso y tenían seguimiento telefónico después del horario laboral.

En España, el 10% del mercado lo cubren empresas privadas sin ningún tipo de muleta pública, según la Fundación IDIS, el principal lobby de la sanidad privada. El resto se deriva de los convenios con aseguradoras y de los conciertos con las administraciones. Desde 2016 la partida de dinero público destinado a conciertos con hospitales privados no deja de subir y ha pasado de 7.550.66 a 8.586,67 millones, un alza del 13,72%.

Las cuatro comunidades con redes sanitarias más privatizadas son Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias. Y las cuatro se encuentran de la mitad de la clasificación hacia abajo en calidad de la atención que prestan a los pacientes, según denuncia la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp): Cataluña es la número 16, Canarias la número 15, Madrid la número 13 y Baleares la undécima.

A la vista de estos resultados, Goodair y Reeves concluyen que tanto la privatización de hospitales, no importa si son cedidos a empresas o a organizaciones benéficas, como la externalización de algunos de sus servicios recortan la calidad de la atención sanitaria. A su juicio, este hecho refuerza la idea de que los mecanismos del mercado no funcionan eficazmente en el sistema de salud. “Algunas áreas del Estado del bienestar, como la educación y la sanidad, son menos susceptibles a los tipos de incentivos que operan en otros mercados”, apuntan. Por eso advierten a los gobiernos de los riesgos de perseguir recortes de gasto a corto plazo a expensas de resultados a largo plazo.

Ocurrió el pasado 15 de febrero en en el Centro Residencial San Nicolás de la Fundación San José, en Madrid. Durante el turno de tarde, un Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de 57 años fue agredido, según varios testigos, por un paciente. El trabajador falleció apenas unas horas después. CCOO ya ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la Orden de San Juan de Dios, propietaria y gestora del centro, por una posible infracción en la normativa de prevención de riesgos laborales. Pero todavía hay que esperar a la autopsia para determinar si hay una causalidad clara entre la agresión y la muerte, algo que desde el sindicato sí aseguran. Y achacan a la "ausencia de medidas de seguridad". Según añaden otras organizaciones sindicales y profesionales, no existen. Al menos no de manera suficiente. Y eso, junto al deterioro paulatino y continuado de los servicios, es lo que explica que en tan sólo un año las agresiones a los profesionales hayan aumentado un 29,89%, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2022.

"Todavía estamos esperando los datos de 2023, pero lo que esperamos es que haya un nuevo incremento. Cada vez hay más agresiones a los sanitarios", lamenta Jorge Curiel, secretario técnico de Salud Laboral de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Él, que lleva más de 30 años como médico de atención primaria, asegura que "el respeto que había antes por los médicos ya no existe". "La relación se ha deteriorado hasta un punto increíble", señala. Y no culpa a los pacientes. Ni a los médicos. Sino a los servicios de salud. "Por un lado no nos protegen y por el otro nos exponen más a los riesgos, porque detrás de esas agresiones está la situación de la sanidad: descontento con la asistencia, falta de recursos... Al final, los ciudadanos pagan su frustración con quien tienen delante", explica.

Comparte sus palabras el responsable del Grupo de Salud Laboral de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Francisco José Sáez. "Durante la pandemia se generó una situación de apreciar especialmente a los compañeros de los hospitales, mientras que a los de primaria se nos dijo que estábamos cerrados, lo que ha derivado en una situación de agresividad", lamenta.

Los datos no dejan lugar a dudas. Según Sanidad, en 2022 se notificaron —es decir, que puede que estos datos sólo reflejen la punta del iceberg— 13.210 agresiones en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, una cifra que supone 20,05 agresiones por cada 1.000 profesionales. Un año antes, en 2021, se denunciaron 10.170, es decir, 15,71 por cada 1.000 trabajadores. El incremento, por tanto, ha sido de un 29,89%. Y, como señala Sáez, casi siempre se producen en la atención primaria y extrahospitalaria (donde tuvo lugar el 59% de las agresiones).

La mayoría de quienes las sufren son mujeres. En concreto, el 78% de las notificaciones de este tipo de violencia las realiza una mujer, aunque también es conveniente señalar en este sentido que ellas suponen el 76% del total de la profesión. Es decir, son mayoría.

Casi siempre se enfrentan a violencia verbal (las agresiones no físicas supusieron el 85% del total) y quienes más lo sufren son los médicos (son los que reportan el 32% de las agresiones) y en su propia consulta (el 34% de las ocasiones lo sucedido tuvo lugar ahí). Pero el personal de enfermería no se queda atrás. Y así lo certifica Paloma Repila, portavoz de Satse. "Ha habido un repunte, sí", certifica. Y coincide con sus compañeros. "El estado de crispación que vivimos a nivel social está teniendo su reflejo en el ámbito sanitario. El paciente tiene ahora más poder de decisión y más información que antes, y eso mal antendido puede generar estos problemas", dice.

La mayoría de las agresiones se produden, de hecho, por la atención que percibe el usuario (son el motivo del 34% de las agresiones notifcadas).

Y eso corrobora las palabras de las voces consultadas. "La atención primaria ya llevaba tiempo en muy mala situación, pero la pandemia terminó de estallarla. En Madrid, por ejemplo, se modificó el sistema de las urgencias extrahospitalarias, y hay muchas ocasiones en las que una persona llega a un centro y no hay médico, así que se enfada e insulta, y también agrede físicamente", lamenta Sáez. "En primaria, por ejemplo, amplían la cartera de servicios pero no ponen más médicos. En los hospitales, hay gente que acude después de esperar un año para que le atiendan, y cuando llega el médico que le atiende no puede dedicarle el tiempo que necesita. Nos generan conflictos permanentes. Hay una demanda que es imposible atender y la gente se nos echa encima", añade Curiel.

Observemos también los datos. Según los últimos del Ministerio de Sanidad, en diciembre de 2022 había 85,43 pacientes por cada 1.000 habitantes esperando a ser atendidos en una consulta externa. De media, tardaron 95 días en obtenerla. Sin embargo, un año antes los 77,23 que esperaban lo hacían, de media, durante 89 días. Es decir, hay más pacientes esperando, pero es que encima lo hacen durante más tiempo.

En atención primaria la situación no es mucho mejor. El Barómetro Sanitario de 2023 publicado el pasado mes de febrero por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reveló que un 69,8% de los pacientes que acudieron el último año a una consulta de atención primaria tuvieron que esperar más de un día para ser atendidos porque "no había cita antes". Es más, de media, el tiempo de espera superó los nueve días, una cifra superior a los 8,8 días de 2022. En la misma estadística, además, el 43,5% de los ciudadanos dijo que el problema de las listas de espera hospitalarias seguía al mismo nivel de gravedad, mientras que un 33,9% manifestó que la situación incluso había empeorado. Sólo el 11,3% dijo que había mejorado.

Con este escenario, es complicado que la percepción de la sanidad pública española sea buena. Y sobre esto también recogió datos el CIS. En concreto, el 4,7% de los encuestados por el organismo dijo sentirse "muy insatisfecho" con el funcionamiento general del Sistema Nacional de Salud, una cifra que un año antes se situó en el 4%. En marzo de ese año, un 7,5% aseguraba estar en la otra cara de la moneda: "muy satisfecho". Ahora, en 2023, ese porcentaje ha descendido hasta el 6%.

Pero ya no es sólo el descontento, sino que, critica Curiel, no hay medidas que les protejan de él cuando se manifiesta en el centro de salud o en el hospital. Y eso que, como recuerda Sanidad en su último informe sobre agresiones, estas son un problema reconocido. Incluso mundialmente. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó en un estudio sobre violencia en el lugar de trabajo realizado en 1998 que el riesgo de los profesionales sanitarios de sufrir agresiones durante el desempeño de sus labores era muy elevado en comparación con otros ámbitos laborales. Tanto es así, que cuatro años más tarde, en 2002, la OIT, la Organización Mundial de Salud (OMS), el Consejo Internacional de Enfermeras y la Internacional de Servicios Públicos publicaron las Directrices Marco para afrontar la Violencia Laboral en el Sector Salud.

A nivel europeo también se ha abordado el problema. El Tratado de Roma de 1957 incluyó, concretamente en el artículo 118, la obligación de establecer directivas para mejorar el nivel de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores.

¿Y a nivel nacional? Pues como recuerda Sanidad el Pleno del Senado aprobó en 2012, hace más de una década, una moción en la que recomendaba al Gobierno establecer mecanismos de información que reforzasen la figura del profesional sanitario como autoridad en su trabajo. A la vez, el documento recordó la necesidad de que los servicios de salud de todas las comunidades autónomas contasen con una serie de medidas preventivas y disuasorias frente a las agresiones en este ámbito.

Pero hay más. Una reforma del Código Penal llevada a cabo en 2015 incluyó como "actos de atentado los cometidos contra funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas".

Pero el problema es que todo esto no llega a funcionar. Y aquí también se ven diferencias entre la atención hospitalaria y la hospitalaria. "En los hospitales estas situaciones se corrigen, pero en los centros de salud nunca hay una figura como esta", critica Sáez. Por eso piden actuar. "Hay una inacción absoluta, necesitamos herramientas como botones del pánico para avisar a personal de seguridad si pasa algo o consultas mejor diseñadas, que nos permitan salir si hay alguna situación de violencia", añade Curiel.

Repila, además, reclama en este mismo sentido protocolos "ágiles y que funcionen" para permitir al profesional saber cómo actuar en cada momento. "Las medidas preventivas y los cursos de manejo de situaciones de conflicto están bien, pero necesitamos recursos disuasorios y ayuda suficiente, también psicológica y jurídica, para que los trabajadores sepan cómo informar de una agresión", señala la portavoz del sindicato de enfermería. "Cada vez hay más conciencia y denuncian más, pero hay que ofrecerles ayuda", señala también.

Sobre todo porque todos esperan que los casos sigan aumentando. Porque ya no son sólo los datos de Sanidad, sino que los que recoge el propio Observatorio contra las Agresiones del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos también reflejan el paulatino y constante incremento. Y lo cifran, de hecho, en todavía más: un 38%.

Los propios profesionales lo señalan casi a diario: el trabajo en atención primaria es cada día más complicado. Muchos, de hecho, han colgado la bata. Algunos, incluso antes de terminar su formación. El Sindicato Médico de Granada ha echado cuentas y los resultados certifican la catástrofe: se trata de la especialidad que más médicos internos residentes (MIR) pierde. En concreto, según las cifras recogidas por el Ministerio de Sanidad en 2023 con datos a cierre de 2022 recogidos por la organización, fueron 241. Un 33,6% de los 717 profesionales que abandonaron su especialidad antes de terminarla. Dicho de otro modo: un tercio de todos los que cortaron antes de tiempo su formación iba a hacer carrera en un centro de salud.

Es uno de los problemas con los que se encuentra el que el Ministerio considera "piedra angular" del Sistema Nacional de Salud. Cada vez hay menos facultativos que quieren dedicarse a esto. Según el informe del sindicato, publicado este lunes, entre 2017 y 2022 —es decir, en sólo cinco años— ha habido 225 personas que han renunciado a la plaza adjudicada. El último año fueron 29. Y no sólo eso: en 2023 quedaron sin adjudicar 131 plazas formativas ofrecidas en el MIR. Un año antes eran 93.

Aun así, por porcentaje no es la especialidad que más pierde. Y es que son un 2% los médicos de primaria que abandonaron su formación hace un año. Se dieron cifras más altas en, destaca el sindicato, Medicina del Trabajo (donde abandonaron 41, el 11% de los 370 que se formaban en ella), Cirugía Cardiovascular (se fueron 12 de 115, el 10,4%) o Medicina Preventiva y Salud Pública (que perdió 35 futuros especialistas, el 8,9% de 391).

Los porqués los explican ellos mismos. Una encuesta publicada por la Organización Médica Colegial en 2019 revelaba que un 36,6% de los médicos de primaria estaba "insatisfecho" con su trabajo. Otro 9,2% iba un poco más allá y decía estar "muy insatisfecho". Otra realizada por el Colegio de Médicos de Madrid cifró en hasta un 92% el porcentaje de facultativos que declaró haber sentido agotamiento emocional en su trabajo, el 86% despersonalización y el 73% una baja realización personal. Un informe llevado a cabo en 54 centros de salud de Navarra señaló que un 40% de ellos tenía el síndrome de burnout, o trabajador quemado. Y la lista podría continuar.

La organización denuncia en esta línea que no hay ni "estabilidad" ni "buenas condiciones laborales y retributivas". Y que sin eso, da igual que las pazas MIR, como ocurre en el caso de Medicina Familiar y Comunitaria, batan récord tras récord. También porque, lamenta el sindicato, hay un "creciente número de especialistas españoles que están saliendo de nuestras fronteras, buscando un puesto de trabajo digno que no encuentran hasta ahora en España". Concretamente, la Organización Médica Colegial ha expedido 4.614 certificados de idoneidad a 2.769 médicos para salir de España en 2022, 10,5% más que un año antes.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad acordó la semana pasada en un pleno monográfico del Consejo Interterritorial de Salud revisar los criterios de acreditación de las plazas de Formación Sanitaria Especializada, lo que podría aumentar el número de plazas MIR que se convocan cada año. Aun así, el Sindicato Médico de Granada es claro: no sirve de nada formar cada vez más médicos si no se garantizan, después, condiciones laborales que consigan retenerlos en los puestos. Por eso también el Gobierno pactó, en el mismo encuentro, avanzar en, por ejemplo, garantizar contratos fijos, limitar las agendas o, también, desburocratizar su "día a día". Según un documento de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), hasta un 30% del tiempo en consulta de los médicos de familia se destina a rellenar documentos o realizar tareas de papeleo.

Según el informe El ecosistema de la atención primaria. Una propuesta de reflexión y orientación para su actualización, publicado por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), para que la atención primaria funcionase de manera correcta harían falta 5.000 médicos y 15.000 enfermeros más. El Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035 del Ministerio de Sanidad también apunta en la misma dirección. Y es claro: "Medicina Familiar y Comunitaria es la especialidad con peores pronósticos de déficit". Ahora la convocatoria de plazas anticipa que eso cambie, pero es necesario que todas se cubran y que, además, el porcentaje de abandono descienda.

No hay datos que desglosen estas últimas cifras por comunidades, pero un informe publicado hace unos días por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) denunció que ninguna destina a atención primaria lo que debería. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que debe ser un 25% del presupuesto sanitario total, pero la que mayor cifra invierte es Andalucía, y se queda en un 18,45%.

Se han cansado de hacer "medicina de guerra". De hacer "beneficencia". De entrar cada mañana en su consulta, ponerse la bata, colgarse el fonendo, sentarse a su mesa, abrir la agenda y ver una lista prácticamente inacabable de pacientes. Los suyos propios y los de otros compañeros y compañeras que o bien están de baja por ansiedad o bien están enfermos o bien han dimitido de su puesto. La tan aludida vocación que aparentemente debe soportar los carros y las carretas de cualquier condición laboral por precaria que sea no puede siempre estirarse más de la cuenta. Lo saben bien todos los médicos que han tomado la difícil decisión de echar para siempre el cierre de su consulta. No han sido pocos y la situación se repite, de manera prácticamente idéntica, a lo largo y ancho de toda la geografía española. De Andalucía a País Vasco. De Madrid a Cataluña. El resumen es siempre el mismo: los profesionales de atención primaria no pueden más. Y abandonan.

Algunos cambian de especialidad. Otros simplemente de centro. Hay también quienes prueban suerte en otra comunidad. Y quienes incluso cogen un avión para salir fuera de nuestras fronteras. Estos últimos, de hecho, cada vez son más. En 2021, el último año del que hay datos disponibles, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) expidió 4.130 certificados de idoneidad, el documento requerido para trabajar en países comunitarios y extracomunitarios. La cifra, destacó el organismo, es la más alta alcanzada en la historia. Y casi todos los facultativos que los solicitan y obtienen son de Cataluña y de Madrid. En la primera se emitieron 1.163 (el 28% del total); en la segunda, 749 (el 18%). Y la mayoría se dedicaban a la primaria.

Con la pandemia se comprobó que era un nivel asistencial primordial. El pilar básico de todos los demás. Pero también se evidenció entonces que su estado de salud no era el mejor. Que llevaba años sufriendo una crisis que impedía ofrecer una atención sanitaria de calidad. Pero en lugar de buscar soluciones, señalan los propios profesionales, se ha dejado que la especialidad agonice.

Y aunque no hay datos claros sobre el número de profesionales que abandonan, sí hay algunos que reflejan la situación. Por ejemplo, una encuesta publicada por la Organización Médica Colegial en 2019 revelaba que un 36,6% de los médicos de primaria estaba "insatisfecho" con su trabajo. Otro 9,2% iba un poco más allá y decía estar "muy insatisfecho". Un informe llevado a cabo en 54 centros de salud de Navarra señaló que un 40% de ellos tenía el síndrome de burnout, o trabajador quemado.

Y esto se traslada a los más jóvenes. El año pasado se quedaron vacías 131 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria convocadas en el MIR, como recuerdan desde el Sindicato Médico de Granada. No era la primera vez que ocurría. En la convocatoria de 2022 se quedaron sin adjudicar 93. No se sabe si este año ocurrirá lo mismo, pero el problema también radica en que no todas las plazas que sí se adjudican acaban finalmente formando a un médico que luego ejerce. Una encuesta realizada en marzo del año pasado cifró en un 70% el porcentaje de residentes que se planteaban abandonar la especialidad cuando terminasen su formación MIR en Madrid.

Allí, según los cálculos de Amyts, hay 483.774 personas sin médico asignado. Casi medio millón. Son ya 18 los centros de salud que el sindicato considera, directamente, "caídos". Uno está en el barrio de Vallecas. Es el Vicente Soldevilla, que tiene una población asignada de 27.749 personas. Hasta ahora tenía turno de mañana y de tarde, pero éste último estaba sostenido por sólo un médico. Así que ya ha anunciado que renuncia. El próximo día 15 de febrero será su último día. "Hace mucho tiempo que lo que hago ya no se puede considerar atención primaria", lamenta Daniel García.

Lo suyo es vocacional. Lleva veinte años en la misma consulta y, ahora que la deja, le gustaría trasladarse a otra. Pero no sabe qué será de él. Lo único que está claro es que no podía continuar en el puesto. "Me ha costado muchísimo tomar la decisión. Llevo viendo a los mismos pacientes casi tres años, hay situaciones concretas que me preocupan y me pregunto si se les podrá hacer un seguimiento adecuado", explica. "Ha sido muy complicado, pero es que no tengo otra opción", continúa.

Los dos últimos años ha vivido una situación "insostenible". Ha llegado a ver, en un día, hasta 93 pacientes. Algunas compañeras se han dado de baja. Y otras también han renunciado. "No se han puesto medios para solucionar la situación ni desde la Consejería de Sanidad ni desde la Gerencia de Atención Primaria", lamenta. Ni siquiera ha habido respuestas a los muchos escritos que han realizado. "Sólo palabras, nada más", critica.

Mariaje Arzuaga ni siquiera ha conseguido eso. "Antes con Osakidetza —el Servicio Vasco de Salud— se podía hablar y negociar. Ahora la respuesta a todo es 'no", denuncia. Ella es médica en el punto de atención continuada (PAC) de Tolosa (Gipuzkoa), donde atiende las urgencias y es "feliz". Llegó al puesto hace poco más de dos años, después de casi toda vida —desde 1989— trabajando en el centro de salud de Elgoibar. "Allí estuve muy contenta. Había mucha cercanía con los pacientes y las consultas se llevaban muy bien, pero con el tiempo las cosas fueron empeorando paulatinamente", rememora.

Lo hicieron en un sentido prácticamente idéntico al que lo hizo el Vicente Soldevilla. "Los compañeros que antes venían a sustituir un puesto empezaron a sustituir a dos, a tres, empezamos a atender a pacientes que no pertenecían a nuestro cupo, comenzó a haber permisos de maternidad que no se cubrían, la sobrecarga derivó en conflictos entre nosotros...", enumera. Todo le fue "sumando". Y gota a gota el vaso rebosó. "Me desilusioné y me empezó a costar mucho ir a trabajar, que era algo que nunca antes me había pasado", continúa.

Así que en cuanto se enteró de que en el PAC de Tolosa había un hueco libre intentó moverse. Y lo consiguió. Pero a ella, a sus 66 años, no le ocurrió como a Daniel. "La verdad es que no me costó tomar la decisión. Lo hice por mí, por mi malestar. Si no, ya me habría jubilado", cuenta.

Para Augusto Natali, en cambio, no ha habido época feliz dentro de la atención primaria. Hizo la residencia en el CAP La Mina, en Barcelona, y ya ahí empezó a ver situaciones que no le gustaban. "Era un paciente tras otro, un paciente tras otro. No tenías ni tiempo para comer, salías siempre estresado de la consulta. Y no me pasaba sólo a mí", recuerda. Lo confirmó después, al acabar la especialidad de médico de familia. Entró a trabajar en el CUAP Sant Martí, un centro de urgencias de primaria en el que pasó de ver a 150 pacientes una guardia a ver 250. "No había ni un segundo de descanso", dice.

Su "escape" fue colegiarse en Irlanda. Pero era 2020 y, aunque se pudo ir, la crisis sanitaria sólo le vino a confirmar que la especialidad para la que había estudiado no era para él. "Ahí fue cuando me quemé del todo y ya vi que la situación era insostenible. Me tenía que ir a otra especialidad", continúa. Ahora le queda tan sólo un año para terminar Análisis clínico en el Hospital Josep Trueta de Girona. No fue fácil, pero ahora tiene "más calidad de vida". "Es otra forma de trabajar completamente diferente. Atención primaria es un váter del sistema sanitario", lamenta. "Había conseguido todo: era tutor, tenía plaza de funcionario... Pero no había manera de seguir ahí".

El salto que ha dado Gustavo Cedeño, médico en Granada, es todavía más lejano. Directamente ha decidido pasarse a la sanidad privada. Ya la había probado antes, cuando terminó su especialidad, pero la pandemia le hizo querer enfrentar al virus desde la pública. "Si la cosa iba a ser gorda, prefería estar ahí", recuerda. Aguantó menos de cuatro años, porque ahora ha vuelto a la privada. "Desde el primer día tengo un contrato fijo, un horario y 10 minutos para atender a cada paciente, no cinco. Trabajar así es completamente diferente, porque básicamente me da tiempo a entender lo que le pasa a cada persona", relata.

Antes no le ocurría lo mismo. Con un contrato por horas, cada día tenía que coger su coche para ir de un centro a otro, a veces recorriendo distancias de hasta 40 kilómetros. "Las condiciones eran horribles. No puedo estar cada tres meses firmando contratos y cambiando de destino, me genera muchísimo estrés", cuenta. Tanto, que llegó a sufrir una angina de pecho. Y aun así sí que recuerda que le costó tomar la decisión. Pero ha salido ganando.

La sanidad privada, y se ve con este ejemplo, es la gran beneficiada del deterioro paulatino de la pública. En 2023, el negocio de la salud batió un nuevo récord, facturando por primera vez más de 11.000 millones de euros, un 52,7% más que hace una década. En paralelo, la insatisfacción con la calidad de la pública también ha crecido. Así lo reveló el Barómetro Sanitario 2023 publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el que un 4,7% de los encuestados respondió estar "muy insatisfecho" con el funcionamiento del sistema sanitario público en España. En la versión de esa misma encuesta publicada en verano, esa cifra era del 4%. En marzo de 2022, del 3,3%. En ese momento, además, un 7,5% aseguraba estar en la otra cara de la moneda: "muy satisfecho". Hoy esa cifra ha caído hasta el 6%.

Según el mismo documento, el 78,6% de la población afirmó haber acudido a un centro de salud en el último año, y, de ellos, el 69,8% aseguró haber tenido que esperar más de un día desde que pidió la cita hasta que fue atendido en consulta. Concretamente la media de demora fue de 9,12 días, cifra superior a los 8,8 días de 2022

Esos datos se pueden relacionar con la siguiente afirmación: ninguna comunidad invierte al menos el 25% de su presupuesto sanitario a la atención primaria. Es el porcentaje que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero ninguna autonomía se acerca. Ni lo hará en 2024, como denunció la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que este martes publicó un informe con datos abrumadores: la región que más presupuesto destinará al principal área sanitaria este año es Andalucía, con un 18,45%. La Comunitat Valenciana, con un 9,23%, y Madrid, con un 10,03%, están a la cola.

Las previsiones auguraban un pleno, como mínimo, bronco. Pero el resultado ha sido otro. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, reunidas este viernes en un pleno monográfico del Consejo Interterritorial de Salud sobre la situación de la atención primaria, han alcanzado varios acuerdos para mejorar la que el Gobierno considera "piedra angular" del Sistema Nacional de Salud. En concreto, se ha llegado a tres acuerdos: revisar los criterios de acreditación de las plazas de Formación Sanitaria Especializada, lo que podría aumentar el número de plazas convocadas para médicos internos residentes (MIR), completar el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) y mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

Así lo ha avanzado este viernes la ministra Mónica García, que ha celebrado que ha sido un encuentro "muy productivo". "Es una muy buena noticia que el Ministerio y las comunidades trabajemos codo con codo. En todo momento ha habido un tono cordial y mucho diálogo", ha destacado.

A primera hora de la mañana, sin embargo, nada hacía presagiar eso. Los consejeros de las regiones del PP acudían a la cita en el madrileño Paseo del Prado criticando al Ministerio porque las cuestiones relativas a la falta de profesionales no formaban parte del orden del día previsto para la reunión. Todos lanzaban la misma petición: una convocatoria extraordinaria de 1.000 plazas de atención primaria por año durante cuatro consecutivos. Es decir, 4.000. Lo expusieron de hecho antes de entrar al encuentro la titular de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, y su homólogo murciano, Juan José Pedreño. "Las comunidades asumimos íntegramente el coste de las plazas del sistema de formación sanitaria especializada y llevamos años aumentándolas, a pesar de la rigidez de los criterios que rigen esta oferta", criticó el conservador.

Eso será ahora lo que cambiará. Los consejeros autonómicos tienen un plazo de dos semanas para recabar información sobre sus necesidades de acreditar nuevas unidades docentes que permitan la formación de nuevos especialistas en medicina de familia. "El Ministerio no puede crear plazas que las comunidades no oferten y acrediten", ha explicado. Tendrán, después, que llevarlas al Ministerio. Y acordarlas. No todas las autonomías tienen las mismas necesidades, por lo que no se trata de establecer criterios comunes. Además, ha incidido García, el objetivo siempre es preservar la "calidad" de la formación.

En cualquier caso, ha sostenido la titular de Sanidad, de nada sirve formar más profesionales si luego ese talento no se retiene. Según los propios datos que ha ofrecido, hasta un 9% de los residentes abandonan la especialidad antes de terminarla y entre un 30% y un 90% —dependiendo de las autonomías— lo hace al completar su formación. "No sirve de nada generar profesionales allí donde se está expulsando talento", ha lamentado García, que ha añadido que en esto también coinciden las comunidades.

Por eso han planteado también mejorar sus condiciones laborales. Y aunque eso sí depende de las políticas concretas de cada región, la ministra ha destacado que ha habido ocho que han planteado cuestiones que deberían extenderse. Ha citado, por ejemplo, garantizar contratos fijos, limitar las agendas o, también, desburocratizar su "día a día". Según un documento de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), hasta un 30% del tiempo en consulta de los médicos de familia se destina a rellenar documentos o realizar tareas de papeleo. "Necesitamos dedicarle tiempo a la atención primaria, y también necesitamos que los profesionales de atención primaria tengan tiempo. Sin primaria no podemos aspirar a tener un sistema sanitario robusto", ha afirmado.

Pero también es importante, para alcanzar estas dos metas, saber de cuántos profesionales se dispone. Sólo así también se sabrá cuántos hacen falta. En este sentido, García ha adelantado que también han acordado con las comunidades autónomas terminar de completar el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), una herramienta en la que, ha concretado, sólo falta el 30% de la información.

Por último, el Ministerio también se ha fijado como objetivo mantener a los residentes de cuarto y último año que este año de forma excepcional terminan en septiembre trabajando de forma autónoma en verano. Además, también se pondrá en marcha la actualización del Plan de Atención Primaria y Comunitaria para que englobe 2024 y 2025 y se comenzará a trabajar, desde ya, en los planes de invierno para que los virus respiratorios no tensionen los hospitales y centros de salud esta temporada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es tajante: los fondos destinados a la atención primaria deben ser, al menos, el 25% de todo el presupuesto sanitario de la administración en cuestión. Lo lleva diciendo años. Pero las comunidades autónomas hacen oídos sordos. También desde hace años. En 2024, lo harán otra vez. Así lo denuncia la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que este martes publica un informe con datos abrumadores: la región que más presupuesto destinará al principal área sanitaria este año es Andalucía, con un 18,45%. La Comunitat Valenciana, con un 9,23%, y Madrid, con un 10,03%, están a la cola.

No son datos que sorprendan. Pero no por eso son menos negativos. Ya en 2023 ninguna autonomía cumplió con la directriz de la OMS. La que más se acercó entonces fue La Rioja, pero con un porcentaje también muy alejado de ese 25%: destinó, en sus presupuestos sanitarios, un 18,33% a la primaria. Ya entonces Madrid destacaba en el peor sentido de la palabra. Y eso que las cifras eran mejores que las que se preparan para este 2024: el porcentaje entonces fue del 10,73%. Ese año, la Comunitat Valenciana no facilitó el dato, al igual que hizo Castilla-La Mancha, Aragón y País Vasco. Este año sólo la primera ha hecho lo propio.

La media del país, en cualquier caso, ha mejorado si la comparamos con la situación de 2021. Si entonces se dedicaba un 14% a la primaria, ahora ese porcentaje ha ascendido hasta el 15%, una cifra que no obstante se mantiene intacta desde 2023.

En cualquier caso, para la organización en defensa de la sanidad pública estos datos sólo pueden significar una cosa: las autonomías "han desistido de alcanzar" ese objetivo marcado por la OMS. "Desgraciadamente se constata el poco interés de las administraciones autonómicas por reforzar la atención primaria de sus respectivos territorios, a que esta insuficiencia financiera se traslada de manera casi inevitable a un empeoramiento de la misma", critica el informe.

Pero bajemos las cifras al día a día. A números más asumibles. ¿Cuánto destina cada autonomía a la atención primaria por habitante? La que se lleva la palma en este caso es Madrid, con 150,9 euros per cápita para 2024. Le sigue la Comunitat Valenciana, con 154, y —ya muy de lejos— Murcia, con 247,3 euros por habitante para su atenciónm primaria. Al otro lado de la tabla, Extremadura con 402, Cantabria con 346,6 y Canarias con 329,6. La media, en este caso, se sitúa en 287,4 euros.

"Estamos en un momento bastante crítico", lamenta la FADSP, que exige "una respuesta rápida". Se debe, a su juicio, "garantizar la atención sanitaria en un máximo de 48 horas y presencial siempre que sea solicitada por la población" y "aumentar significativamente los recursos de todas las categorías profesionales".

Según el último Barómetro Sanitario publicado por el CIS el pasado mes de diciembre, el 58,1% de los usuarios de atención primaria tiene que esperar una semana o más para lograr una cita, cuatro puntos más que en verano. Además, para el 27,2% la espera se prolonga durante 11 días. Según los datos del CIS, tres cuartas partes de los ciudadanos, el 75,8%, fue a un centro de salud público en 2023 y un 18% recibió asistencia sanitaria. Pero sólo el 20,7% de los que pidieron cita la tuvo el mismo día: el tiempo medio de espera para la consulta ha vuelto así a superar los 9 días (9,48), cuando en verano era de 8,57.

Este viernes precisamente tendrá lugar el pleno monográfico sobre Atención Primaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud convocado por el Ministerio de Sanidad a petición de las gobiernos conservadores. Y Madrid, una de las que peores datos presenta siempre, ya ha adelantado que pedirá por carta abordar la necesidad de refuerzo de médicos en este primer nivel asistencia e incrementar la financiación. "Vamos a mandar una carta 72 horas antes, que es lo que marca la ley, para que se incluya esa falta de profesionales y reclamar que haya una mejora de la financiación autonómica", ha resaltado la consejera madrileña, Fátima Matute.

La única que la supera, pero en el peor sentido de la palabra, es Madrid. Galicia es la segunda comunidad que menos fondos de su presupuesto sanitario invierte en atención primaria, el área de salud más maltratada y, coinciden los expertos, más importante. Pero no sólo eso. Si se analiza la evolución de esta cifra a lo largo de la última década, la situación ha ido a peor. Tanto, que Galicia es la tercera autonomía de toda España en la que estos fondos más han disminuido. Y eso que 2012 es recordado como el año por antonomasia de los recortes en servicios sociales. Este domingo, la plataforma SOS Sanidade Pública ha convocado una manifestación en Santiago para protestar “contra el desmantelamiento de la asistencia sanitaria en Galicia” y denunciar los recortes que, según los convocantes, están degradando al Sergas “hasta un nivel límite”.

Cojamos la lupa. Los últimos datos disponibles en la web de Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud (SNS) del Ministerio de Sanidad revelan que, del total de presupuesto sanitario, Galicia tan sólo destina el 11,79% a la atención primaria. Sin más contexto, poco dice ese dato, pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera: la media de España se sitúa en el 14,17%. La segunda (y todavía más grave): la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el porcentaje adecuado es el 25%. Ninguna autonomía española siquiera se acerca, puesto que Andalucía, que es la que mejor nota saca en este examen, se queda en un tímido 17,04% de inversión.

Continuemos el análisis. Si echamos la vista atrás, Galicia todavía sale peor parada. ¿Cómo era la situación hace una década? Galicia es la tercera autonomía, también en el peor sentido de la palabra, en la que más ha descendido esta cifra. En 2012 la inversión era del 12,74% del total de presupuesto sanitario, prácticamente un punto más. Pero entonces tampoco le valía para situarse por encima de la media del país, que en aquel momento se situaba en el 13,83%. En este caso, en el ránking sólo la superan País Vasco (con un descenso de 1,57 puntos) y Extremadura (con 1,16 puntos menos).

Las cifras, en cualquier caso, adquieren una mayor dimensión si se tiene en cuenta otra cosa: Galicia es una de las comunidades en las que más se usan los servicios de la primaria. Lo señalan los propios indicadores del Ministerio de Sanidad. Sólo la superan, en este orden, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Pero más allá de la exposición de los datos, hay que explicar su importancia. En mayo de 2022 Amnistía Internacional arrancó su campaña ¿Quién más tiene que pedirlo?, con la que la organización trataba de denunciar precisamente eso: la baja inversión sanitaria en la atención primaria española. Más de 300.000 firmantes respaldaron entonces la denuncia de que ninguna autonomía está “cumpliendo con su obligación de lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud”. “Independientemente de la disponibilidad de recursos, las autoridades sanitarias tienen la obligación inmediata de adoptar las medidas adecuadas para garantizar una mejora y sostenida del disfrute del derecho a la salud a lo largo del tiempo”, señaló la organización.

Y recordó que no son solamente palabras suyas. Como recalcó entonces la ONG, el propio Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en diciembre de 2021 un Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria para 2022 y 2023 en el que reconocía que este servicio “es un pilar fundamental para lograr el derecho a la protección de la salud de la población y es clave para el estado del bienestar, así como para garantizar una atención integral y equitativa”. Por su parte, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental ha reiterado en distintas ocasiones que fortalecer la atención primaria mejora la eficiencia y capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios. Lo demostró la pandemia.

Y lo comparte ahora la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha puesto desde el primer momento en el que se sentó en el sillón del ministerio uno de sus grandes focos en esta área sanitaria. De hecho, precisamente el próximo viernes 9 de febrero tendrá lugar el pleno monográfico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre atención primaria. “Allí propondremos a los consejeros la creación de una Comisión de Atención Primaria en dicho consejo para que la atención primaria tenga el papel estable y de desarrollo entre las comunidades autónomas y el Ministerio que necesita nuestra sanidad para la adopción de medidas conjuntas y el intercambio de buenas prácticas”, señaló la propia ministra.

Poco antes habían pedido la convocatoria, precisamente, todos los presidentes autonómicos del PP. Y el gallego Alfonso Rueda estaba entre ellos. Concretamente, lo que se tratará será la falta de personal, que precisamente es un dato en el que Galicia no sale demasiado mal parada, puesto que con 0,85 médicos por cada 1.000 habitantes se encuentra por encima de la media de 0,78.

En cualquier caso, no siempre estar por encima de la media significa algo bueno. Cuando hablamos de listas de espera, lo ideal es lo contrario. Pero Galicia, en este terreno, no está bien. Tiene, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Sanidad, 80,28 pacientes de cada 1.000 esperando a ser atendidos por un especialista, cuando la media del país se encuentra en 71,2.

Ocurre lo mismo en la lista de espera quirúrgica. Si de media en España hay 6,8 pacientes de cada 1.000 esperando para ser operado, en el caso de Galicia esta cifra es de 7,74.

Pero es que además estas listas podrían ser mucho mayores. Según han denunciado algunos colectivos y también el BNG, los pacientes que durante su espera rechazan ser derivados a clínicas privadas salen automáticamente de la lista de espera estructural que, obviamente, adelgaza. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, no obstante, negó este extremo en el Parlamento, acusando a la oposición de mentir en este asunto.

Precisamente este viernes Praza.gal publicó que varios profesionales del Sergas de distintas áreas de salud han asegurado que en los últimos días han recibido órdenes de priorizar intervenciones o consultas a pacientes que llevan más de un año en listas de espera, penalizados al escoger el sistema público. Las decisiones, añadieron los sanitarios, han coincidido con la precampaña electoral.

Y parece que esa política funciona. A pesar de todos estos datos, el grado de satisfacción de los gallegos con su sistema sanitario es bastante elevado. Con un 6,48 sobre 10, supera la media del país que se sitúa en un 6,29. Además, si analizamos su evolución en la última década, la nota se ha mantenido inalterada: en 2012 era de un 6,49. Este domingo, aun así, se verá en la calle si estos datos corresponden correctamente al sentir de los gallegos y gallegas.

Caso práctico. Un médico de 50 años "con frecuencia acumula retraso de dos horas en la consulta", a pesar de empezar su "jornada laboral antes de la hora" y de ser "siempre" el "último en salir". Al ser explorado por otro facultativo, éste aprecia "una preocupación por los detalles, el orden y las normas, una incapacidad para discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es, una conducta inflexible y una incapacidad para delegar". ¿Qué sufre: trastorno esquizoide, narcisista, obsesivo-compulsivo o cualquier otro? La pregunta no es hipotética, fue una de las que tuvieron que responder los 30.000 médicos que el pasado sábado se enfrentaron al examen MIR para elegir especialidad. Se hizo pública este lunes, y no tardó en generar polémica. Sobre todo porque, a juicio de los profesionales de atención primaria, la cuestión escondía la precariedad a la que se enfrentan, cada día, los médicos de esta especialidad, que son los que, según los datos del Colegio de Médicos, más ayuda piden por problemas de salud mental.

Las reacciones a lo planteado en el examen corrieron como la pólvora. Tanto, que hasta el Ministerio de Sanidad pidió que se valorase su retirada. "Respetando la independencia de la Comisión Calificadora, consideramos que debería tomarse en consideración la impugnación de dicha pregunta", expresaron en un comunicado en el que, además, calificaron lo planteado de "falta de respeto ante una situación cotidiana que refleja los déficits del sistema sanitario".

Las organizaciones profesionales no tardaron en sumarse a estos calificativos. Y en reafirmar que la "desafortunada pregunta" opaca la "falta de recursos" y la "elavada presión" que se sufre en el primer nivel asistencial. "No es el mejor contexto ni escenario para ser utilizado como caso práctico en esos términos para las futuras generaciones de médicos. Sobre todo, teniendo en cuenta que en los últimos años han quedado vacantes un elevado número de plazas MIR en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC)", ha apuntado el Foro de Atención Primaria en un comunicado enviado a los medios este mismo martes.

El año pasado se quedaron vacías, concretamente, 131 plazas, como recuerdan desde el Sindicato Médico de Granada. No era la primera vez que ocurría. En la convocatoria de 2022 se quedaron sin adjudicar 93. A la espera de saber si este año volverá a repetirse, desde la cartera que dirige Mónica García se han convocado este 2024 más plazas que nunca para esta especialidad: 2.492, el 21,5% del total (11.607).

En cualquier caso, que se queden plazas desiertas ocurre, aseguran los propios profesionales, por la situación que precisamente describió el MIR en su pregunta, aunque de forma equivocada: por el exceso de pacientes que tienen que atender, la burocracia que lastra sus tareas asistenciales, la ausencia de horarios por la presión laboral que sufren cada día... La lista de motivos es larga. Lo explicó el sindicato profesional de Granada en un informe: "Posiblemente el principal motivo de la falta de atractivo de la especialidad para los nuevos médicos sea el poco conocimiento que tienen de la especialidad, precisamente por la poca presencia de atención primaria en las facultades de Medicina. Paradójicamente, también puede influir el conocimiento que los aspirantes tienen sobre las condiciones laborales, profesionales, retributivas, etc. que padecen los médicos de atención primaria y que son manifiestamente mejorables".

María José Campillo, responsable de Finanzas de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y médico en Murcia, hace el mismo diagnóstico. "En la pregunta se ha hecho culpable al médico, pero es el sistema el que le maltrata. No hacemos la medicina que queremos, sino la que se nos permite, lo que genera mucha frustración en el profesional", lamenta. Pero, exactamente, ¿de qué manera maltrata el sistema? Hay varios datos que lo explican.

1. Los sueldos

De media en España, un facultativo de alrededor de 40 años que trabaja en un centro de salud con plaza fija percibe un sueldo de unos 40.900 euros netos al año, una cifra que se sitúa entorno a los 32.000 en el caso de los profesionales que acaban de iniciar su carrera. En el mejor de los casos, el salario es de 76.000 euros brutos anuales, una cifra que se queda muy por detras de los que se pueden llegar a ver en otros países de nuestro entorno. Según un estudio del Sindicato Médico Andaluz, en Italia, por ejemplo, la horquilla se sitúa entre los 45.000 y 84.000 euros al año; en Alemania, entre 60.000 y 80.000; en Irlanda, entre los 66.000 y 100.000; y en Reino Unido, entre 90.000 y 144.000.

2. Agendas desbordadas

"Por supuesto que los sueldos pueden mejorar, pero tampoco creo que sea lo que más influye". Habla la vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), Susana Aldecoa. Para ella, la precariedad llega directamente de la carga de trabajo. Para Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), también. "Los profesionales están asumiendo un número de pacientes que está muy por encima del asignado en su propia agenda laboral", denuncia.

Según los datos desglosados en el V Informe de La atención primaria en las comunidades autónomas presentado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) hace ahora un año, el 38,2% de los médicos tiene una agenda con más de 1.500 pacientes, el limite máximo para garantizar una adecuada atención sanitaria. El 2,3%, por su parte, atiende a más de 2.000.

Tras las múltiples huelgas y protestas que protagonizaron los profesionales en 2022 y 2023 por esta situación, las comunidades se lanzaron a comprometerse, en los acuerdos con los sindicatos, a limitar las agendas. Lo hicieron, por ejemplo, los gobiernos de Cataluña, Andalucía, País Vasco, Valencia o Madrid. Pero el problema es que lo hicieron sin nuevas contrataciones, así que las promesas tampoco se han podido cumplir. "Las agendas están limitadas, pero sólo sobre el papel", denuncia Rodríguez Ledo.

3. Faltan profesionales

Las agendas están sobrecargadas porque faltan profesionales. En concreto, según el informe El ecosistema de la atención primaria. Una propuesta de reflexión y orientación para su actualización, publicado por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), para que la atención primaria funcionase de manera correcta harían falta 5.000 médicos y 15.000 enfermeros más. El Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035 del Ministerio de Sanidad también apunta en la misma dirección. Y es claro: "Medicina Familiar y Comunitaria es la especialidad con peores pronósticos de déficit".

Según Aldecoa, esta crisis "lleva años gestándose". Empeoró tras la crisis de 2008 y la situación se recrudeció tras la pandemia. "Los contratos que se han ido haciendo estos años en la especialidad eran de días o incluso de horas. Ya no pasa porque hay vacantes sin cubrir, pero son tantas que tampoco hay profesionales suficientes para todas", explica Rodríguez Ledo.

4. Excesiva burocracia

Esta situación también se complica porque no todo el trabajo de los médicos de atención primaria se destina a tareas asistenciales: hasta un tercio del tiempo de sus jornadas se dedica a tareas burocráticas. "Esas tareas se podrían solucionar y simplificar muchísimo. Habría que delegar competencias a otros profesionales, no todo puede recaer en el médico", señala Aldecoa.

Los profesionales lo llevan pidiendo años. "Creemos que la incesante derivación de tareas no propias de un médico de familia a nuestras consultas (tendencia que, en vez de disminuir, sigue aumentando), junto con la hiperfrecuentación, son los principales motivos del aumento imparable de la demanda sobre los que podemos actuar desde nuestros puestos asistenciales. Esto, como es obvio, tiene consecuencias negativas para la actividad propia del médico de familia", expusieron desde la semFYC, de hecho, en 2008. Y propusieron distintas formas de aliviar las cargas relacionadas con las recetas médicas, con los justificantes de ausencia al colegio, con las derivaciones a otros niveles asistenciales, con la petición de pruebas complementarias y con la elaboración de informes.

5. El burnout o síndrome del quemado

La consecuencia de todo esto está clara. "Somos un colectivo responsable, al que nos preocupa lo que le ocurre a los pacientes, así que a veces forzamos la máquina", señala Aldecoa. "Los profesionales de primaria somos personas como las demás, tenemos debilidades, y todo esto lo estamos notando", añade Rodríguez Ledo. "Lógicamente, nuestra salud mental se ha resentido", sentencia Campillo.

Los datos lo muestran. En 1998, la Organización Médica Colegial puso en marcha el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), una iniciativa que se dedica a tratar los problemas de salud mental y de adicciones de los sanitarios. Desde entonces han atendido a 8.071 médicos y médicas, pero el mayor incremento de solicitudes de ayuda se ha producido en los últimos años. "En el último lustro, se han duplicado las peticiones de ayuda", explica la coordinadora nacional del programa, María Isabel Moya, que especifica, además, que el 85% de las consultas tuvieron que ver con problemas de salud mental. "A lo largo del tiempo se han disminuido los problemas relacionados con las adicciones y han aumentado considerablemente los que tienen que ver con la salud mental. Casi todos los diagnósticos tienen que ver con problemas adaptativos, como ansiedad", dice.

Lo reflejaron en su último informe, presentado en 2023 y referido a los años 2021 y 2022, cuando 1.711 médicos pidieron ayuda. Un 84,9% decidió hacerlo por no encontrarse bien mentalmente, un porcentaje que en 2011 se situaba en el 57,9%. Y un 27% fue diagnosticado con un trastorno adaptativo. De todos los que acudieron al programa, un 44,5% trabajaba en atención primaria.

El anunció llegó el lunes, con la vuelta al cole después de las navidades y con las infecciones respiratorias tocando techo. La ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba en una entrevista en Onda Cero que su cartera estaba estudiando implementar la "autojustificación de las bajas de tres días, para aquellos que tengan una enfermedad leve" y no necesiten asistencia sanitaria. Así, explicó, se descongestionarían las consultas de atención primaria que, precisamente durante las navidades, han estado al borde o en pleno colapso. El anuncio de la medida, que finalmente se ha pospuesto para estudiarlo en profundidad, fue cuestionado por los sindicatos pero muy celebrado entre las sociedades médicas, que como el propio Ministerio reconoció, llevan décadas apostando por una "desburocratización" de su trabajo. Según un documento de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), hasta un 30% del tiempo en consulta de los médicos de familia se destina a este tipo de tareas.

Desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), de hecho, confiesan sentirse "tristes" tras el frenazo a una demanda que, recuerdan, llevan años reclamando. Así lo cuenta el responsable del Grupo de Salud Laboral de la organización, Francisco José Sáez. "El Ministerio lo propuso junto a las mascarillas, pero sin embargo eso ha salido adelante y lo otro no", lamenta. En 2017 hicieron un cálculo y, según los datos que obtuvieron, el 20% de pacientes que acuden a las consultas de los centros de salud lo hacen para conseguir un justificante de incapacidad temporal. "No van porque necesitan que les vea un médico, porque no precisan esa atención. Únicamente acuden a por el documento", critica.

El Foro de Médicos de Atención Primaria —compuesto por ocho organizaciones profesionales— ya propuso en este sentido hace casi siete años que se llevara a cabo la medida que este lunes puso encima de la mesa el Gobierno. "En 2018 lo volvimos a plantear a Sanidad, Trabajo y Seguridad Social, pero nunca nos han hecho caso", señala Sáez. Este miércoles lo volvieron a repetir. "Esta iniciativa contribuirá significativamente a aliviar la carga administrativa que actualmente enfrentan nuestras consultas. Al permitir la autojustificación de las bajas laborales en los primeros días de enfermedad, los médicos de atención primaria podrán dedicar más tiempo a atender casos más complejos y urgentes, mejorando así la eficiencia y efectividad del servicio médico", señaló el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) en un comunicado.

El portavoz de semFYC, José María Molero, también se pronuncia en el mismo sentido. "La atención primaria se usa perversamente para solucionar problemas administrativos. La hora del profesional sanitario es muy cara para estar haciendo trámites burocráticos", explica. La representante nacional de atención primaria urbana del CGCOM, María del Mar Martínez, coincide. "Muchas tareas nos están quitando tiempo de ver a pacientes que sí lo necesitan de verdad", dice.

Entonces, ¿por qué los sindicatos se posicionaron en contra? El mismo lunes, poco después del anuncio de la ministra, CCOO y UGT cuestionaron la medida, sobre la que aseguraron que "no tendría razón de ser" si acaba retrasando la posibilidad de acudir a una consulta médica. El "problema fundamental", dijeron, no es tanto agilizar las bajas, sino hacerlo con la atención sanitaria a las personas trabajadoras que están enfermas. Según lamentaron, el peligro está en que la medida podría reducir la asistencia sanitaria.

Sin embargo, no todos los sindicatos opinan igual. Amyts defendió la propuesta porque en el día a día de los médicos de familia "se producen muchísimas consultas no demorables, que el usuario siente como urgentes, debido a que no necesitan una valoración clínica pero sí un justificante de una ausencia laboral". En este sentido, recordaron también que llevan años reclamando la desburocratización de trámites no clínicos de las consultas médicas, propuestas que de hecho firmaron en el acuerdo de salida de la huelga que protagonizaron en la Comunidad de Madrid el año pasado.

Pero, ¿cuáles son esos trámites? Todos los profesionales consultados por infoLibre tardan bastante en enumerarlos. Cuando un niño o niña no puede acudir al colegio, en muchas ocasiones necesita de un justificante que avale la ausencia, y tiene que estar firmado por el médico o médica de familia. Cuando una persona mayor o con discapacidad solicita la prestación por dependencia, precisa de un informe sobre su estado de salud, y debe hacerlo el médico de familia. Cuando alguien necesita renovar su baja laboral semanalmente por estar recibiendo un tratamiento a largo plazo, ahí debe estar el médico de familia. Cuando hay que hacer una derivación a un especialista, ahí debe estar el médico de familia, rellenando documentos en lugar de poder automatizar el trámite. Cuando alguien ha acudido a urgencias y debe tomar una medicación concreta para su dolencia, quien tiene que prescribirla también es el médico de familia. Si en lugar de eso ha sido ingresado, la baja la tendrá que pedir, en este caso un familiar, en el centro de salud.

Los ejemplos podrían ocupar varias líneas más. "Todo lo que no sabe dónde hacerse acaba siempre en la primaria", denuncia Molero.

La sociedad a la que pertenece elaboró de hecho un documento en el año 2008 denunciando todo esto. "Creemos que la incesante derivación de tareas no propias de un médico de familia a nuestras consultas (tendencia que, en vez de disminuir, sigue aumentando), junto con la hiperfrecuentación, son los principales motivos del aumento imparable de la demanda sobre los que podemos actuar desde nuestros puestos asistenciales. Esto, como es obvio, tiene consecuencias negativas para la actividad propia del médico de familia", expusieron. Y propusieron distintas formas de aliviar estas cargas relacionadas con las recetas, con los justificantes, con las derivaciones a otros niveles asistenciales, con la petición de pruebas complementarias y con la elaboración de informes.

"Con la desburocratización no sólo se persigue abolir tareas innecesarias, sino también aquellas que se hacen de manera ineficiente y/o por delegación inapropiada desde otros niveles asistenciales. Desburocratizar implicaría simplificar, agilizar, reestructurar y potenciar las estructuras organizativas", añadieron.

Hace un año parecía que una de estas demandas sería atendida. En enero de 2023, se anunció a bombo y platillo que las comunidades permitirían que los médicos de los hospitales fueran los que, si así lo consideraban oportuno, tramitasen la baja laboral de los pacientes. Pero se quedó en nada. Según publicó El Periódico, los hospitales de Barcelona sí lo llevaron a cabo, ahorrándose entre 48.000 y 86.000 visitas a los centros de salud de la ciudad. Pero ninguna más lo terminó de implantar. Y eso que los planes se anunciaron, como en el caso de Madrid.

Para Molero hay una explicación clara: llevar a cabo estas medidas requiere de profesionales. Y eso implica más inversión. "Si no se han llevado a cabo medidas de este tipo es porque suponen una serie de trabas para las que no hay voluntad política y para las que, sobre todo, falta voluntad presupuestaria. Si las tareas administrativas pasa a hacerlas otra persona que no es el facultativo, habrá que llevar a cabo contrataciones", dice. Y cree que esto no es sencillo.

Según los últimos datos de gasto sanitario público disponibles en la web del Ministerio de Sanidad —correspondientes al año 2021—, ninguna autonomía invierte en atención primaria el 25% del total de su gasto en este ámbito, el porcentaje que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). La media de España, de hecho, se sitúa en el 14,2%, cifra que Madrid desciende hasta el 11% y Andalucía eleva hasta el 17%.

En cualquier caso, como recuerdan todas las organizaciones médicas, sindicatos y reconoció el propio Ministerio de Sanidad, la eliminación de este tipo de tareas burocráticas no implica de ningún modo olvidar que es necesario el refuerzo de los profesionales sanitarios en atención primaria. Según los datos del último Barómetro Sanitario publicado el pasado mes de diciembre, el 58,1% de los usuarios de atención primaria tienen que esperar una semana o más para lograr una cita.

El Ministerio de Sanidad impondrá el próximo miércoles el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios en toda España para igualar la protección frente a los virus respiratorios de todos los ciudadanos y amparar jurídicamente a las comunidades que ya la han implantado.

Así lo han informado a EFE fuentes del departamento que dirige Mónica García, que especifican que lo hará mediante una declaración de actuaciones coordinadas regulada por el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y que "obliga a todas las partes" incluidas en ella.

El miércoles es cuando acaba el plazo para que las distintas autonomías analicen la propuesta que este lunes les ha trasladado el Ministerio de retomar el uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios, que hasta ahora sólo han aceptado seis: Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y, desde mañana, Canarias y Asturias.

Mientras, el resto aboga por un uso recomendado y así se lo han hecho saber a la ministra durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que varios consejeros le han pedido que acompañe los criterios técnicos que avalan esta medida. Sin embargo, la declaración de actuaciones coordinadas implicará que ellas también deban imponerla.

La intención de Sanidad es unificar la protección de los ciudadanos independientemente de la comunidad en la que vivan, además de dar un soporte jurídico a las comunidades que sí que han optado por hacerla obligatoria en centros de salud y hospitales.

Esta fórmula ya se utilizó durante la pandemia de covid-19 para imponer restricciones como limitaciones horarias de la hostelería, cerrar el ocio nocturno o prohibir fumar en la calle una vez las comunidades recuperaron sus competencias al acabar el estado de alarma.

De acuerdo con la citada ley, la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponde al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, "en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas".

Esta declaración, que "obliga a todas las partes incluidas en ella", debe "responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública", entre otros supuestos.