La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha firmado este viernes la Orden Ministerial que actualiza la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) para que las mujeres sin pareja, mujeres lesbianas y personas trans con capacidad de gestar puedan acceder a la reproducción humana asistida (RHA) en el sistema sanitario público.

La medida fue anunciada el 6 de julio de 2018, coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTB, por la exportavoz del Gobierno Isabel Celaá, pocas semanas después de la entrada al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha informado Europa Press. 

La previsión de su implantación en aquel momento era "el primer trimestre de 2019", según detalló Celaá en rueda de prensa tras Consejo de Ministros, pero la convocatoria de nuevas elecciones, la agenda del Gobierno y la pandemia de covid-19 han ido finalmente postergando su aprobación.

Las mujeres sin pareja y mujeres lesbianas podían acceder a la reproducción asistida pública desde 2006, a través a una norma promulgada durante la etapa como presidente del 'socialista' José Luis Rodríguez Zapatero.

En noviembre de 2014, el ministerio de Sanidad liderado por la conservadora Ana Mato decidió restringir este derecho a nivel nacional, aunque algunas comunidades autónomas decidieron de 'motu proprio' seguir ofertándolo a pesar de la falta de seguridad jurídica. Mato justificó que "la falta de varón no es un problema médico".

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado y confirma la resolución de instancia que acordó reconocer el derecho de este padre a percibir la prestación por dicho nacimiento frente a la negativa de la Delegación de Gobierno en Madrid.

Al padre, funcionario de Instituciones Penitenciarias, se le había denegado en diciembre de 2018 la solicitud formulada para que le fuera concebida dicha ayuda por nacimiento de su hija, una vez que se recibió la documentación relativa a la inscripción en el registro civil de su hija, nacida en Kiev (Ucrania) en agosto de 2018 por gestación subrogada.

En su recurso, la Abogacía del Estado esgrimía que estimar tal pretensión infringía el Real Decreto relativo al Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dado que conforme a la Ley relativa a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida es "nulo de pleno derecho el contrato por el que se conviene la gestación, con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna".

Interés superior del menor 

Al respecto, los magistrados sostienen que en el caso analizado debe primar "el interés superior del menor, ya que se trata de que el niño o niña, en este caso, desde su nacimiento solo conoce el núcleo familiar que es el formado con su padre biológico, desvinculándose por completo de la mujer que le dio luz, por lo que la manera de proteger esa integración es con el permiso de maternidad".

Incide en que la nulidad de pleno derecho del contrato de gestación subrogada "no supone que al menor se le prive de determinados derechos establecidos, conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en atención y favor del interés superior del niño y cuyo respeto debe guiar cualquier decisión que le afecte".

Por tanto, concluye que debe protegerse ese vínculo siendo "un medio idóneo la concesión de la prestación por maternidad. "De no otorgarse, se produciría una discriminación por razón de filiación", señala la resolución.

"El mandato constitucional de protección de la familia y la infancia ha de prevalecer, entrañando a la concesión de la prestación un adecuado cumplimiento, máxime cuando la misma tiene por finalidad la protección de las especiales relaciones entre madre e hijo tras su nacimiento, también en caso de gestación subrogada y cuando el padre está al cuidado del niño, la única forma de atender la situación de necesidad es permitirle el acceso a dicha prestación", agrega el fallo.

España ha apoyado el ascenso del Vaticano a miembro permanente de la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra, aunque este año de forma virtual por culpa del coronavirus. Desde 1953, la Santa Sede participa en el máximo órgano de decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sólo por invitación personal de su director general y como observador. Pero su intención es ganar protagonismo y lo va a conseguir gracias a Italia, que elaboró una resolución para concederle un puesto permanente.

Se garantiza así su participación en todos los grupos de trabajo y el derecho a “copatrocinar” proyectos de resoluciones y decisiones en cualquier ámbito. Según ha publicado openDemocracy, un medio de comunicación independiente con sede en Londres, la solicitud contaba con el apoyo de Polonia y Hungría, dos de los países europeos con gobiernos ultraconservadores en materia de derechos sexuales, reproductivos y LGTBI. No obstante, el pasado 12 de mayo, Italia suavizó su propuesta, de forma que la Santa Sede se convierta en observador permanente, pero pueda copatrocinar únicamente decisiones que hagan referencia al propio Vaticano.

Ése es el estatus, rebajado, que el Gobierno español secunda, tal y como explica el Ministerio de Asuntos Exteriores a preguntas de infoLibre. El mismo de que disfruta la Santa Sede en la Asamblea General de las Naciones Unidas, “así como otros observadores en la OMS como Palestina”. También asegura el departamento dirigido por Arancha González Laya que ha hecho “las gestiones oportunas para que esto se refleje en el texto de la resolución” italiana.

Según puede comprobarse al comparar el borrador inicial y el texto definitivo, publicados por openDemocracy, Italia pretendía en un principio que el Vaticano tuviera derecho a publicar y hacer circular todo tipo de comunicados “directamente, sin intermediarios” y con la categoría de “documentos oficiales”. También que pudiera participar en cualquier grupo de trabajo o de redacción. Además, el texto reconocía el “extenso compromiso de la Santa Sede en la promoción de los cuidados de salud así como en las medidas públicas para afrontar emergencias humanitarias, pandemias y otras emergencias sanitarias públicas, incluyendo la reciente pandemia del SARS-COV-2”. Todo ello ha desaparecido del texto final a la búsqueda de mayores apoyos.

El Gobierno español no ha querido precisar si también respaldaba la primera redacción de la iniciativa italiana, alegando que las “consultas informales” en las que se ha negociado el documento son “confidenciales”. Pero sí indica que “se une al consenso existente entre los socios de la Unión Europea” para que la Santa Sede obtenga estatus de observador permanente cuando se le pregunta si se “siente cómodo” compartiendo iniciativas con países como Polonia y Hungría. “España promueve la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos humanos LGTBI en todos los foros internacionales en los que participa”, resume el ministerio.

La resolución italiana fue presentada el pasado jueves en la Asamblea Mundial de la Salud. Junto a Italia aparecen como copatrocinadores países de la UE como Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Malta, Portugal, República Checa y Rumania. También los miniestados de Andorra, San Marino y Mónaco. Además de países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Los que más llaman la atención: países musulmanes como Arabia Saudí, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Pakistán y Qatar. También India y Japón o Filipinas y Sudáfrica aparecen en la lista. Pero no España.  Aun así, ha votado a favor del nuevo estatus vaticano. “Nos sumamos al consenso, pero no copatrocinamos, como tampoco lo han hecho Francia, Suecia, Dinamarca o Países Bajos”, aclaran. La resolución italiana fue aprobada en comité la semana pasada y en el plenario de la Asamblea Mundial este lunes.

Alineado con los países integristas

“No me parece oportuna la presencia del Vaticano en esos foros, sobre todo cuando se trata de temas sensibles como la salud reproductiva, por ejemplo”, opina el teólogo Juan José Tamayo. Los planteamientos de la Iglesia católica en asuntos como la anticoncepción, el aborto o los modelos de pareja y de familia, explica, son “muy regresivos y muy retrógrados”. Y represivos contra las mujeres: “El Vaticano es una unipatriarquía, regida sólo por varones que ostentan el poder absoluto y elaboran los dogmas y la doctrina, marcan las orientaciones morales y estructuran organizativamente la institución, cuya constitución establece además que el Pontífice ostenta los tres poderes y nadie puede apelar en su contra”, reflexiona el teólogo. “No se puede ir a estos órganos [internacionales] con esa actitud”, resume Tamayo, tras advertir también del peligro de confundir “delito y pecado”.

Es más, en los foros internacionales donde participa, el Vaticano no ha tenido problema para “hacer piña”, dice Juan José Tamayo, con los países musulmanes más integristas. “La experiencia nos dice que en algunos acuerdos las posiciones ultraconservadoras de la Iglesia católica sobre los derechos de las mujeres se han alineado con las de los países islámicos, y no por coincidencia ideológica, sino porque tienen una visión similar en materia de salud sexual y reproductiva”, corrobora la directora de la Federación Mujeres, Marisa Soleto. De hecho, asegura que, si las resoluciones aprobadas en la Conferencia de Pekín de la ONU en 1995 “se quedaron cortas” en derechos reproductivos, pese a los avances en otros asuntos como la violencia de género, “se debió a la influencia del Vaticano”. Porque, para conseguir cierto nivel de consenso, hubo que “limar aristas” y “rebajar el nivel de reivindicación”, recuerda aludiendo a la influencia católica en algunos estados. “Esperemos que, en la OMS, que ha tenido un papel relevante en el reconocimiento del derecho a decidir y en ligar la salud materno-infantil a los derechos sexuales y reproductivos, esa posición no se vea afectada”, advierte, “pero tendremos que estar vigilantes”.

La doctrina de la Iglesia católica no ha cambiado 

Óscar Escolano, coordinador del Grupo de Fe y Espiritualidad de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, se muestra confiado, por el contrario, en que la influencia del Vaticano no afecte a los avances recién conseguidos en la OMS, como el cambio de clasificación de la transexualidadcambio de clasificación de la transexualidad, que ha dejado de ser considerada como disforia de género, una enfermedad mental, para pasar a la categoría de problema de salud sexual. Lo mismo ha reconocido el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM), elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría. “Ahí poco puede hacer el Vaticano”, zanja. Sí le preocupan las consecuencias que quizá tenga la influencia católica en los derechos de las lesbianas a la reproducción asistida.

En lo que no confía Escolano es en que el discurso más comprensivo con los homosexuales del papa Francisco se traduzca en una política institucional más abierta de la Santa Sede en los organismos internacionales. “Una de cal y otra de arena: declaraciones positivas de las que luego se retracta y una doctrina que, en realidad, no ha cambiado”, concluye. Juan José Tamayo le da la razón. “El papa puede decir misa”, bromea, “porque el Derecho Canónico no ha cambiado, y los representantes del Vaticano no irán a la OMS con las declaraciones del pontífice, sino con el Derecho Canónico”. El teólogo recalca que esas manifestaciones “no se plasman en leyes” y la doctrina sigue “prohibiendo los anticonceptivos, considerando la homosexualidad una perversión y el Derecho Canónico sigue excomulgando”.

Sobre el apoyo de España a la presencia aumentada de la Santa Sede en un foro como la OMS, Juan José Tamayo aclara que el Gobierno no viene obligado a ello por sus acuerdos con la Iglesia católica. Que se refieren exclusivamente a cuestiones económicas, culturales, jurídicas –el reconocimiento del matrimonio canónico como unión civil– o educativas –la obligación de enseñar Religión en las escuelas–, así como a la renuncia del rey a nombrar obispos. En cambio, cree que el Ejecutivo está concediendo a la Iglesia “un nuevo espacio para exponer con voz y con poder sus planteamientos, que no se mueven en el ámbito de una ética cívica, pluralista y tolerante, sino todo lo contrario”.

A finales de 2014 el Boletín Oficial del Estado publicaba una Orden Ministerial que modificaba la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida del año 2006. Aquella reforma, articulada bajo el mandato de la conservadora Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, marca como requisito que las personas usuarias de este tipo de técnicas tengan "un trastorno documentado de la capacidad reproductiva, constatada tras el correspondiente protocolo diagnóstico y no susceptible de tratamiento médico o tras la evidente ineficacia del mismo", así como la "ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de doce meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos". La limitación –que también vetaba a las mujeres menores de 40 años–, por tanto, dejaba fuera a mujeres solteras y homosexuales. Este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado recuperar la reproducción asistida para mujeres solteras y lesbianas, un compromiso que ya había suscrito la actual ministra de Sanidad, Carmen Montón.

Eugenia Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), fue una de las personas que se reunió con la ministra el pasado miércoles 20, en representación de la plataforma, para poner sobre la mesa la necesidad de recuperar el servicio en su forma original. "Le recordé que ante la idea de recuperar la sanidad universal, no se despistaran en quitar esa disposición", explica Sangil en conversación con infoLibre. La respuesta, añade, fue que efectivamente el Gobierno "lo está mirando y lo tiene en cuenta".

La petición de la FELGTB se conjuga con la misma que desde hace años viene realizando la Federación de Planificación Familiar Estatal. Lo cuenta Luis Enrique Sánchez, ginecólogo y expresidente de la organización. "Valoramos políticamente como muy positiva la decisión, pensamos que es un camino más hacia la igualdad y evitar discriminación de colectivos con decisiones que contribuyen a su segregación y estigmatización", explica Sánchez.

De hacer efectiva su decisión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo que hace es "poner en las mismas condiciones del derecho a reproducción asistida a todas las mujeres, independientemente de su identidad sexual". Se trata de recuperar la"equidad e igualdad efectiva desde el punto de vista sanitario, moral y ético". Ahora, concluye el ginecólogo, "hay que llevarlo a la práctica y que se eliminen las normas legales que lo blinden, para que ni las comunidades ni los hospitales puedan poner trabas".

Familia tradicional

En el año 2013 la cartera de Sanidad anunciaba que las únicas razones válidas para la reproducción asistida debían atender a motivos médicos, y la posterior Orden Ministerial establecía diferentes supuestos de acceso a las técnicas. "Los tratamientos de reproducción humana asistida tendrán la finalidad de ayudar a lograr la gestación en aquellas personas con imposibilidad de conseguirlo de forma natural, no susceptibles a tratamientos exclusivamente farmacológicos, o tras el fracaso de los mismos" aunque también "se podrá recurrir a estos procedimientos a fin de evitar enfermedades o trastornos genéticos graves en la descendencia".

Limitar el acceso al tratamiento a factores estrictamente médicos supuso para las mujeres solteras y lesbianas una barrera prácticamente infranqueable, pese a que la Ley de 2006 señalaba que "la mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas (...) con independencia de su estado civil y orientación sexual".

El equipo del anterior Gobierno, en opinión de Sánchez, "realmente no podía decir" que el motivo de la modificación fue el "rechazo ideológico" y una "concepción muy conservadora del modelo de familia". Para el ginecólogo, el grueso de la decisión fue tomado por "lobbies ultraconservadores del PP que presionaron" al Gobierno y lo condujeron "al error".

También a juicio de Sangil la decisión supuso una muestra de "homofobia y bifobia". La activista cree que "no existe otra lectura" y apela también a la "imposición del modelo tradicional de familia". Frente a ese modelo, considera, la realidad muestra que "hay diversidad de familias, por lo tanto el derecho tiene que ser igual para toda la ciudadanía".

Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, recuerda que aquella decisión fue "una medida claramente discriminatoria que condicionaba el acceso a la reproducción asistida de las mujeres al estado civil y además tenía claros sesgos de discriminación por razón de opción sexual". Soleto estima que "este tipo de medidas en la legislación no le hace bien a nadie, porque cuando se abre la puerta a una discriminación se cuelan todas las demás".

Por ello, agrega, "siempre es una buena noticia" la reversión al estado previo. "Tener elementos discriminatorios opera contra la calidad de los servicios públicos, que deben funcionar para todos", sentencia.

Victoria agridulce

La victoria, sin embargo, tiene un matiz agridulce: no se trata de nuevas conquistas, sino de "conseguir derechos que se han perdido". La voluntad de este Gobierno, por tanto, es "la restauración de derechos", pero el colectivo LGTBI "no se va a quedar ahí", dice Sangil. Son necesarias "más garantías y que aparezcan otros derechos que no están a través de un real decreto".

Sánchez también entiende que, incluso con el nuevo giro de volante, "siempre cabe el riesgo de que en el futuro esta consolidación de derechos sea interpretable y un nuevo Gobierno dé marcha atrás". Por este motivo, sería adecuado "normalizarlo de tal forma que tuviera encaje constitucional y no quepan sesgos ni marchas atrás".

Pese a su celebración, Soleto matiza que no se trata de la conquista de un derecho. "No estamos hablando de derechos, es gestión de servicios públicos", subraya. La experta cree que conviene "tener claro que cuando reconocemos un derecho y después la administración pública ofrece servicios de carácter público, tiene que poner esos servicios a disposición de la ejecución de los derechos sin caer en discriminaciones, porque sino la propia administración discrimina".

La prestación de esos servicios, por tanto, es "una herramienta" para la consecución de tales derechos. El cambio y la victoria radican en que "la intervención de la gestión se pongan a disposición de que las personas puedan sustanciar sus derechos".

Diferencias territoriales

Si bien es cierto que la modificación de Ana Mato se desarrolló a nivel estatal, las diferencias territoriales en cuanto a su aplicación han sido constantes en los años posteriores.

En el año 2013, antes de que el cambio de panorama entrara en vigor, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) condenó al Principado a indemnizar a una mujer que invirtió en cuatro inseminaciones artificiales realizadas en clínicas privadas. La sentencia señala a la Constitución para recordar la "igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo". Negar el acceso a la reproducción asistida gratuita a parejas homosexuales, estima el dictamen, supondría obligar "a una persona de orientación homosexual a tener relaciones heterosexuales para la procreación".

Ya en octubre de 2015 un juzgado madrileño condenaba a la Comunidad de Madrid y a la Fundación Jiménez Días por la interrupción de un tratamiento de fertilidad a una pareja de mujeres, debido a la "discriminación" que se vieron obligadas a soportar. El mismo mes la entonces presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, anunciaba su decisión de permitir el acceso a la reproducción asistida a todas las mujeres sin excepción.

Comunidades como Extremadura se inclinaron por seguir financiando las técnicas de reproducción asistida a lesbianas y mujeres solteras, tras el anuncio del Gobierno central, mientras que otras como la Comunitat Valenciana –bajo el mandato de Carmen Montón como consejera de Sanidad– optaron por devolver el acceso años más tarde.

Sangil recuerda que "hay comunidades donde se lo saltaron y se ofrece el servicio a mujeres solas, lesbianas y bisexuales. Otras no lo hacen y otras dan concesiones a las empresas privadas". Existen casos, explica, en las que "al no estar en la cartera de servicios lo hacen pero por debajo de la mesa". Al final, "no es lo mismo vivir en Murcia, que en Canarias, que en Madrid". Al menos hasta el momento. Aunque se trata de un "proceso administrativo que lleva su tiempo", los agentes sociales confían en la "voluntad política" expresada por el Gobierno y en que sus palabras se sustancien en cambios reales.

El PSOE ya consensuó hace un año, en junio de 2017, su postura oficial en torno al debate. Con 175 votos a favor y 31 en contra, los socialistas acordaron rechazar los vientres de alquiler, pese a que las Juventudes Socialistas se habían expresado manifiestamente a favor de una regulación y continúan haciéndolo a día de hoy. Algo más tarde, en febrero de 2018, Unidos Podemos acordó su posición contra "la explotación reproductiva de las mujeres" y apoyó "el mantenimiento de la prohibición actual". Ciudadanos, por el contrario, ha sido la formación que de forma más rotunda ha defendido una regulación de la gestación subrogada. Su defensa explícita se materializó de hecho en una proposición de ley para regular esta práctica, registrada en junio del pasado año en la Cámara Baja. El líder del partido, Albert Rivera, calificó las palabras de Carmen Calvo de "planteamiento retrógrado" y la próxima semana, a través de una pregunta con respuesta oral en Pleno, interpelará a la vicepresidenta sobre "cuál es la posición del Gobierno de España ante la necesaria regulación de la gestación subrogada".

La segmentación entre partidos políticos es reflejo del cisma que suscita el debate también en la esfera social. Las campañas a favor y en contra de la regulación ganan fuerza en internet y ambas partes, lejos de llegar a un punto de encuentro, continúan fuertemente enfrentadas.

"Regular para proteger"

La plataforma Son Nuestros Hijos, compuesta por familias partidarias de la gestación subrogada, ha lanzado la campaña #RespétameRespétanos, ante lo que consideran las "graves manifestaciones de la ministra socialista de Igualdad". Marcos Jornet, presidente de la organización, defiende estar en contra de "cualquier explotación o coacción de la mujer". Estima que, precisamente, para "asegurar la libertad de las mujeres hace falta regular con garantías" y de esta manera "asegurar procesos que sean completamente éticos y en los que se salvaguarden los derechos e intereses de las mujeres y los menores".

Para Jornet, campañas que "usan términos despectivos, que fomentan la desigualdad, son inadmisibles y en último término pueden afectar a los menores que ya han nacido, que están en España y que son ciudadanos con los mismos derechos". Es éste uno de los principales argumentos de los defensores de la gestación subrogada. Y es que aunque la práctica está prohibida en España a través de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, las familias que así lo deseen pueden acudir a otros países. Albania, Georgia, Grecia, Holanda, Reino Unido, Portugal, Rusia o Ucrania son algunos de los países donde está expresamente permitida, mientras que otros como Alemania, Austria, Estonia, Finlandia, Islandia, Moldavia, Serbia, Eslovenia, Suiza o Suecia son territorios donde la práctica se encuentra prohibida.

Más allá de abordar la regulación, explica Jornet, "hay una realidad que ni este Gobierno ni otro puede obviar" y es que existen "miles de menores nacidos por gestación subrogada que merecen ser tratados como hijos de cualquier otra familia". Por este motivo, reivindica "el legado de Pedro Zerolo, que medió para sacar adelante una instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado para asegurar el acceso de los menores nacidos por gestación en el extranjero al registro español".

A juicio de Jornet, el debate es inesquivable. "No se puede mirar hacia otro lado ante una realidad que es imparable y no se puede faltar al respeto [a las familias] por parte de una persona con responsabilidades públicas como es Carmen Calvo", agrega en conversación con este diario. Respecto a la regulación, Jornet reitera dos condiciones que deben ir por delante: el modelo debe ser ético y garantista. "Para eso hay que sentarse, dialogar y debatir, buscar puntos en común y tener presente el interés superior del menor", añade, así como "el derecho a decidir y la libertad de las mujeres sin ninguna coacción".

El debate está igualmente activo entre el movimiento LGTBI, aunque en el colectivo hay espacio para las diferencias entre detractores y partidarios. Lo resume la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Fuentes oficiales de la organización recuerdan que su composición se construye en torno a más de 40 entidades con diversidad de opiniones. "El último Congreso Federal, celebrado el pasado mes de abril, se debatió el asunto y se decidió que FELGTB propiciará un debate sereno, democrático y respetuoso en su seno y en exterior, en atención a las familias creadas a partir de esta técnica y que forman parte de las entidades federadas".

Las mismas fuentes aclaran que "hay muchas organizaciones que incluso piensan que esto no es un tema sobre el que haya que posicionarse, puesto que no afecta de manera mayoritaria al colectivo LGTBI", de modo que "está ahí pero no es exclusivo". Por otro lado, la federación plantea la dicotomía que concierne a la "parte ética: ¿es un abuso contra la mujer o es una decisión de la mujer sobre su propio cuerpo?". Todos esos argumentos, internamente, no han suscitado acuerdos, de modo que la federación ha instado "a trabajar para intentar alcanzar una postura al respecto, porque todavía hay demasiadas posiciones contrapuestas".

"Las mujeres no se pueden alquilar"

La campaña No Somos Vasijas revela una posición radicalmente opuesta. "Las mujeres no se pueden alquilar o comprar de manera total o parcial", abre su manifiesto. Las personas que lo suscriben piden que los responsables políticos "no se dejen engañar por campañas mediáticas, a todas luces parciales", en defensa de los vientres de alquiler y aseguran que "el deseo de paternidad y maternidad nunca puede sustituir o violar los derechos que asisten a las mujeres y a los menores".

La abogada Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Mujeres Juristas Themis –asociación que forma parte de la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres–, cree que la práctica no es más que "una forma de cosificar a las mujeres" y "una explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres", especialmente en lo que concierne "a las más necesitadas". Según la experiencia de la jurista, "los contratos son de explotación" y a las mujeres "se las limita, se vigila su movilidad, su medicación, sus relaciones sexuales, son absolutamente esclavas de quienes han contratado su cuerpo". Gonzalo cree que la posición que defiende "es mayoritaria en el movimiento feminista", que lo entiende como un "atentado tremendo a la dignidad de las mujeres".

Por otro lado, la jurista recuerda que la gestación subrogada ya se encuentra regulada en España. "La Ley de Reproducción Asistida declara nulos este tipo de contratos y el Código Penal, en su artículo 221, califica como delictiva la conducta de quien compra, vende y media". Por esa razón, insiste, "en España no hace falta ninguna regulación, está perfectamente regulado". Además, "el Tribunal Supremo tiene jurisprudencia en este mismo sentido, acorde con la legislación que tenemos". Quien, por el contrario, "se aparta del criterio jurisprudencial es el Registro Civil, pero no en todos los casos", matiza la letrada.

Gonzalo descarta la idea de que una regulación permisiva vaya a solventar la explotación que estima hay detrás de los vientres de alquiler, y rechaza cualquier atisbo de altruismo. "No hay altruismo en esto, hay que desengañarse", sostiene. "Detrás de estas campañas hay intereses económicos enormes de empresas de intermediación", valora.

Respecto al "sentimiento noble de paternidad y maternidad, que en ningún caso debe ser confundido con un derecho, ese sentimiento puede resarcirse mediante la adopción", puesto que existen en el país "muchos niños pendientes de que alguna familia los acoja".

El 90% de las mujeres donarían sus óvulos para ayudar a otras mujeres y el 49% también lo haría para ayudar a parejas homosexuales, según los datos que muestra la I Encuesta Internacional sobre la Donación de óvulos realizada por Ovulum.

Por su parte, el 38% de las encuestadas donarían sus óvulos por una compensación económica y el 36% como forma de "poder hacer lo que quiera con su cuerpo".

Por otro lado, el 46% de las encuestadas nunca donaría sus óvulos porque consideran que es peligroso, el 22% porque no son fértiles, el 20% porque tienen alguna enfermedad genética y el 10% por motivos religiosos.

Además, el 7% no lo harían por "no vender su cuerpo", el 7% porque consideran que no es ético, el 7% porque es "antinatural" y el 3% porque creen que es una forma de explotación.

Compensación económica

Asimismo, el 77% de las encuestadas creen que sí que debe haber una compensación económica por donar óvulos pero el 23% cree que no. Una vez que finalizó la donación, el 78% consideran que la compensación económica que recibieron fue suficiente, el 15% que fue poca y el 7% que fue mucha.

El 38% de las donantes se enteró por un anuncio en Internet de la donación de óvulos y el 21 por sus amigas. Respecto al trato que recibieron en la clínica, el 75% cree que fue muy bueno y el 11%.

De las encuestadas, el 63% ha realizado más de una donación y el 38 sólo una. El 90 volvería a donar, el 6% no lo sabe y el 4 no lo haría más.

Efectos del tratamiento

Respecto a los efectos que causa el tratamiento hormonal al que se someten con la finalidad de que el ovario produzca más óvulos, el 56% sufrió hinchazón abdominal, el 46% no sufrió en ningún problema y el 19% tuvo dolores. Otras añaden que sufrieron extreñimiento, sueño y cansancio y cambios de humor.

En la realización de la prueba el 54% no tuvo molestias el día de la punción que se realiza para la extracción de óvulos pero el 46% sí tuvo. Por otro lado, el 71% no tuvo dolores aunque el 29% sí los sufrió, mientras que el 51% de las mujeres tomaron algún analgésico el día de la punción y el 49% no lo hicieron.

El objetivo de este estudio es conocer mejor qué opinan las mujeres sobre la donación de óvulos y, en el caso de donantes de óvulos, saber cómo fue la experiencia de la donación. La encuesta se ha realizado a mujeres entre 18 y 30 años en España, México y Argentina.

El Comité de Bioética de España elaboró el documento Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada en el que analiza los aspectos éticos y jurídicos de esta práctica, y en el que propone promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohíba la celebración de contratos de gestación "en garantía de la dignidad de la mujer y del niño", informa Europa Press.

También reclama "dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, de manera que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero, para lo que podría considerarse la posibilidad, entre otras medidas legales, de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad".

En todo caso, pide asegurar "una transición segura" que evite que queden desprotegidos los niños resultantes de los procesos de maternidad subrogada internacional en los que pueden estar inmersos actualmente varios españoles. Para ello, considera que puede garantizarse que su filiación en el extranjero se realice conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo.

El informe, elaborado a iniciativa del propio Comité, se llevó a cabo "dada la preocupación que suscitaba a sus miembros el debate presente en la opinión pública y en algunas instituciones sobre la conveniencia de regular o, al menos, dotar de legalidad, a los contratos de maternidad subrogada".

En cualquier caso, el Comité de Bioética precisa que, en atención a su naturaleza y funciones, no le corresponde traducir su parecer en una concreta propuesta de reforma legal aunque ofrece algunos criterios que orienten aquélla, como el citado marco regulatorio común a nivel internacional.

"Hay que ir a una prohibición universal"

La presidenta del Comité, Teresa López, defendió que hay que ir hacia una prohibición universal de la gestación subrogada porque considera que es la única forma de proteger el interés superior del menor, algo que no será posible, según indica, mientras los españoles puedan seguir viajando al extranjero para recurrir a esta práctica.

"Como en España no se puede realizar esta práctica, los españoles salen al extranjero para realizar esa subrogación. Como eso genera muchas dificultades, para intentar salvar el interés menor, proponemos ir hacia una prohibición universal de la maternidad subrogada. Sabemos que no es fácil, no es inmediato pero para solucionar este problema habría que ir a eso", explicó López en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, López considera que "la reforma de la ley debería orientarse a lograr que la nulidad de esos contratos también se aplique a los que están celebrados fuera de España".

Sobre las razones que más han pesado para que recomienden la prohibición de la gestación subrogada, López apuntó la "explotación de la mujer" y el "daño al interés superior del menor". "Lo que se hace es comprar, convertir al menor en un objeto que puede ser comprado", enfatizó.

Sanidad y Justicia estudiarán el informe

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad va a estudiar el informe que le ha remitido el Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada.

Así lo han señalado fuentes de este ministerio a Europa Press después de que se hiciera público este documento que, según ha precisado la presidenta del Comité, ha sido remitido ya a los ministerios implicados, el de Sanidad y el de Justicia, que también lo leerá y estudiará. Este último ministerio se ve afectado en lo que se refiere a la inscripción en el Registro Civil de los niños nacidos por gestación subrogada.

Feministas y provida aplauden que el Comité de Bioética

Por otro lado, varias asociaciones feministas y provida han mostrado su satisfacción por que el Comité de Bioética de España (CBE) proponga promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohíba la celebración de contratos de gestación "en garantía de la dignidad de la mujer y del niño".

En concreto, desde el Foro Español de la Familia, el presidente Mariano Calabuig ha asegurado en declaraciones a Europa Press que le parece "muy bien" y "correcto" la propuesta del Comité de Bioética de España porque es un proceso de gestación "donde la dignidad de la mujer se echa por los suelos".

Calabuig ha argumentado además que "una gestación en la que hay un contrato mercantil, que siempre lo hay aunque digan que no", le parece "mal". "A parte de que tampoco se le pregunta a la criatura que viene dentro si el proceso le vale o no", ha remachado.

El CBE también reclama "dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, de manera que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero, para lo que podría considerarse la posibilidad, entre otras medidas legales, de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad".

Una treintena de representantes de asociaciones de la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres ha presentando un escrito ante la Fiscalía General del Estado para solicitar la suspensión cautelar de la feria de gestación subrogada Surrofair 2017, que se celebrará los próximos 6 y 7 de mayo en el hotel Weare de Madrid, así como la "persecución de la actividad ilícita" de las empresas participantes.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, advierte de que el objetivo de este evento es promocionar una práctica ilegal en España como indica el artículo 10 de la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida: "Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor de un contratante o de un tercero" y añade que "la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto".

Asimismo, las firmantes sostienen que aunque las empresas participantes aleguen que la actividad publicitada es legal, también recuerdan el apartado 4 del artículo 6 del Código Civil, que dispone que "los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir".

La Red estatal cita el artículo 221 que se inserta en el Título XII del Libro II del Código Penal, relativo a los delitos contra las relaciones familiares, para denunciar que se castiga la entrega a otra persona de un hijo descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, "eludiendo los procedimientos legales, mediando compensación económica" y añade que las tareas de intermediación "son conducta criminal", aunque la entrega del niño se efectúe en un país extranjero.

En su escrito, las firmantes acusan a las empresas instaladas en dicha feria de realizar las tareas de intermediación en los procesos de gestación subrogada: "Buscan madres gestantes, mostrando incluso catálogos sobre las mujeres, en las que se las clasifica por una serie de parámetros, raza o edad, enseñando su fotografía para que los futuros receptores del menor puedan elegir entre dichas mujeres la que consideren más apropiada".

Así, alertan de que el objetivo de Surrofair 2017 es "elaborar contratos" entre las personas que se encuentran en España y mujeres en países en los que la práctica de vientres de alquiler es legal. "Efectúen todas las tareas de contacto e intermediación para que en definitiva una vez dé a luz, les entregue el recién nacido para podérselo traer a nuestro país", añaden.

Por su parte, desde DCIP Consulting, la entidad organizadora de Surrofair 2017, ha presentado en el Juzgado de Guardia de Valencia y en la Policía Nacional dos denuncias contra la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres por "delito de coacciones y amenazas" y contra varios usuarios de Twitter y Facebook.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de esta compañía que han señalado que desde que se anunció la celebración de este evento para los días 6 y 7 de mayo en Madrid, cientos de usuarios de redes sociales han vertido mensajes que, a su juicio, pueden ser constitutivos de delito, al igual que los proferidos por representantes de la red estatal que anunció el boicot de la feria hace dos semanas.

"Después de la feria de las mujeres/vasija #Surrofair, podemos hacer la feria de las mujeres a las q por un módico precio se las pueda violar"; "Queda poco para #Surrofair la feria donde traficarán con seres humanos"; "#MiVientreNoSeAlquila y el Melia cierra las puertas a Surrofair. Dónde van a ir los papuchis a mirar los catálogos de mujeres?"; "El sumun del consumismo es comprar un bebé alquilando el vientre de una mujer. FERIA surrofair y el timo de que la paternidad es un derecho", son algunos de los comentarios vertidos por usuarios en Twitter.

Un total de 50 organizaciones de mujeres y colectivos LGTBI han creado la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres para evitar la legalización de "esta explotación reproductiva" en España y advertir a la sociedad y a todas las formaciones políticas que "las mujeres no son ganado para satisfacer el deseo de crianza de unos pocos".

Así lo han indicado este lunes 17 de abril sus portavoces durante la presentación de esta plataforma en Madrid, donde han denunciado que el "lobby" que promueve la gestación subrogada en España está "inundando" los medios y la redes, "amenazando los derechos de las mujeres".

La Red cuenta de momento con el apoyo de medio centenar de asociaciones y plataformas, pero sus representantes pretenden "triplicar" este respaldo en las próximas dos semanas, según ha informado Europa Press.

Concretamente, el próximo 6 de mayo, con motivo de la inauguración de la feria Surrofair de Madrid, que se celebrará en el Hotel Meliá Avenida de América, esta plataforma ha convocado una protesta contra la celebración de este evento que "choca contra la legalidad vigente y con los derechos del niño".

"Las administraciones públicas –El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad– deberían prohibir la posibilidad de que la feria se realice con la ley en la mano", ha afirmado la presidenta de No Somos Vasijas, Alicia Miyares, que ha advertido de que la gestación subrogada supone la renuncia de la gestante la filiación del niño, "un derecho fundamental" que en España se garantiza en el parto.

"¿Se imaginan un contrato en el que una de las partes renuncia irrevocablemente a su derecho al voto?" se ha preguntado, para añadir que es algo "absolutamente abusivo".

Miyares ha insistido en que es una "práctica ilegal" y "no una técnica de reproducción asistida más", al tiempo que ha sentenciado que la gestación y el parto de un niño "no es comparable con la donación de óvulos", como afirman los defensores de la subrogación: "La comparación ofende". "Aquí no se dona nada, una criatura no se dona. Hay límites éticos y jurídicos", ha aseverado.

Adopción y acogida

Por su parte, y en representación del movimiento LGTBI, el vicepresidente de Somos Diferentes, Ramón Martínez, ha afirmado que este colectivo se suma a la red –siete organizaciones, por ahora– y ha criticado que se haya asociado "de forma interesada" el "alquiler de vientres" con las parejas de homosexuales varones. En este sentido, ha defendido la acogida y la adopción de niños para ejercer la crianza: "La solución no es pasar por encima de los derechos de las mujeres".

La presidenta del Partido Feminista, Elena Rábada, ha afirmado que la gestación subrogada "está muy cerca de las redes de trata de seres humanos" y ha subrayado que existe jurisprudencia en contra de este sistema y dos directivas europeas en el mismo sentido. "¿Por qué no es ético el tráfico de órganos y si el alquiler de vientres? ¿Es libre sobre su propio cuerpo una mujer que pasa necesidades?", ha cuestionado.

El sistema altruista, "una mentira"

Preguntadas por si en España cabría un sistema altruista como el de Canadá o Reino Unido, como defiende Ciudadanos, y en el que no habría una contraprestación económica por gestar, Miyares ha sentenciado que se trata de una "mentira" y una "tapadera" para garantizar el reconocimiento inmediato en España de la filiación de niños gestados por "vientres de alquiler" en el extranjero.

A su juicio, es "muy difícil" que en España, donde hay demografía negativa, haya mujeres dispuestas a gestar bebés para otras parejas. "Lo que quieren es una ley, aunque sea restrictiva, para registrar a los niños nacidos en el extranjero", ha aseverado la presidenta de No Somos Vasijas, al tiempo que ha denunciado la "opacidad" que hay en torno al registro de estos niños, ya que se desconoce exactamente cuántos son registrados en estas

circunstancias.

"Opacidad de datos"

Las portavoces de la nueva red desconfían de que se llegue al millar al año y señalan que esta cifra puede estar alterada por los "interesados" en esta práctica para hacer creer que se trata de una necesidad. Además, señalan que, al no reflejarse en el Registro Civil la procedencia de estos niños, las parejas de heterosexuales les "impide" conocer su origen, "vulnerando la Convención de los Derechos del Niño de la ONU".

Por último, las representantes de esta red han admitido que su posición frente a los "vientres de alquiler" es similar a la de colectivos provida o de la propia Iglesia Católica, de la misma forma que los partidos políticos de izquierda pueden coincidir con esta última en el "rechazo de la pena de muerte".

El PSOE registró este viernes en el Senado dos mociones a debatir en la Comisión de Igualdad por las que insta al Gobierno a asegurar el acceso de las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres mayores de 18 años sin discriminación alguna, especialmente por orientación sexual o por carecer de pareja, informa Europa Press.

Con este documento, firmado por la portavoz socialista de Igualdad en la Cámara Alta, Laura Berja, el PSOE denuncia lo que considera "sectarismo ideológico" por parte del Ejecutivo del PP al restringir la financiación de estas técnicas de reproducción a aquellas parejas incapaces de concebir "de forma natural tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos".

De esta forma, se excluye a lesbianas y madres solas de un derecho que, según apunta la senadora en una nota de prensa, "la Ley reconoce y la Constitución ampara".

Prevención de violencia de género en municipios

Berja presentó, además, otra moción dirigida a garantizar el desarrollo de actuaciones en materia de Igualdad entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género en los municipios.

En este sentido, reclama al Gobierno devolver las competencias municipales propias en materia de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y Prevención de la violencia de género a los ayuntamientos, en orden a lo establecido por la Ley contra la Violencia de Género y por la Ley de Igualdad, y con este fin, presentar un proyecto de Ley en el plazo de tres meses.

Además, se propone crear un fondo estatal de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley contra la Violencia de Género y la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

"La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres es la forma más eficaz de prevenir la violencia de género", señaló Berja, quien defendió que "es importante que se trabaje en esta dirección desde las corporaciones locales".

Los obispos españoles consideran "no lícita" la gestación subrogada proque "instrumentaliza" a la mujer y al niño y "contraviene el orden natural de la procreación". Además, piden cauces más rápidos aunque con garantías para facilitar la adopción en el caso de los matrimonios que no pueden tener hijos.

"Constituye una explotación de la mujer y también del niño, que se convierte en un objeto de consumo; es una instrumentalización de la mujer", ha afirmado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, durante la rueda de prensa posterior a la 240 reunión de la Comisión Permanente.

Así, los obispos creen que tanto si se paga el servicio de la gestación como si se hace de forma altruista, esta práctica "contraviene el orden natural de la procreación humana". "No se atiende a una anomalía o enfermedad, no se cura la infertilidad, trata de proporcionar un medio alternativo que la Iglesia considera no lícito", ha subrayado.

En cualquier caso, Gil Tamayo ha indicado que acompañan en el dolor a los matrimonios que no pueden tener hijos pero ha insistido en que "los niños y las mujeres no tienen precio" sino "dignidad" y, por tanto, no pueden ser objeto de lo que, a su parecer, es una "mercantilización". "Un hijo no es un derecho ni un deseo sino un don", ha enfatizado.

Por ello, les propone promover la adopción y la acogida frente a la gestación subrogada, a la que se ha referido como "vientres de alquiler" pidiendo no caer en "eufemismos". En concreto, ha pedido que las legislaciones sean "lo suficientemente flexibles y garantistas, por encima de todo, de los derechos del niño" para que las parejas encuentren "cauces adecuados y rápidos" para adoptar.

Además, se ha referido a las "vinculaciones afectivas" que se generan entre la madre gestante y el niño gestado y los "problemas de identidad a los que se enfrentará dicho niño" ya que, según ha advertido, estas personas, aunque con la misma dignidad que todas, "siempre serán fruto de una transacción, mediando dinero en la mayoría de los casos o de una instrumentalización al servicio de un derecho falso".

El juez encargado del Registro Civil de Dénia (Alicante) rechazó la solicitud de un matrimonio de mujeres para inscribir a nombre de ambas el hijo que dio a luz una de ellas, al no certificar que fue concebido tras un proceso de reproducción asistida.

Así consta en un auto del juez, de fecha 22 de agosto, en la que el juez concluye que el niño "únicamente" debe figurar en el registro Civil con el nombre de la madre gestante, al no haber acreditado la otra miembro de la pareja que haya sido engendrado como consecuencia de las técnicas de reproducción asistida.

En el auto, se detalla que la solicitante acudió al registro a inscribir al bebé como del matrimonio, aunque sin la "certificación o informe de centro autorizado que acreditase el alumbramiento ha sido fruto de un proceso de reproducción asistida".

Según el auto, la mujer se negó a aportarlo esgrimiendo tres argumentos: el artículo 44/5 de la Ley de Registro Civil, las "presunciones de paternidad de los hijos matrimoniales" y la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Dado traslado del expediente al fiscal, se mostró disconforme con la solicitud.

El juez explica que la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida regula específicamente la filiación de los hijos nacidos mediante este proceso, y establece que cuando una mujer esté casada con otra, esta última podrá manifestar que consiente que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge.

En el auto, el juez señala que este apartado, introducido por la disposición adicional de la Ley 3/2007, trató de salir al paso de problemas que se planteaban hasta ese momento ya que, según la resolución de la Dirección General de 2008, "aun partiendo del principio incuestionable de que las parejas del mismo sexo no deben ser objeto de discriminación, los efectos atribuidos a las mismas no podían llegar, en ausencia de tal reforma, al extremo de que se estableciese doblemente, por la sola declaración de las interesadas, la maternidad tanto respecto de la mujer que hubiese dado a luz como respecto de la mujer casada con ella".

Según el juez, lo que se hace entonces es introducir "una ficción legal (en cuanto no basada en la realidad biológica)" en la legislación "cuando la inseminación es heteróloga" y añade que para que la ficción "pueda entrar en juego" y "ser aplicable", deben concurrir "todos los requisitos necesarios para ello, entre los que indudablemente se encuentra que la gestación haya sido consecuencia del uso de técnicas de reproducción asistida, lo cual, obviamente, deberá acreditarse".

Asimismo, considera que no son aplicables las presunciones del Código Civil porque "responden a un esquema normativo distinto" ni la negativa puede tener cobertura en la Ley de Registro Civil, ni existe la discriminación invocada "pues se trata de supuestos de hecho distintos".

Otros dos hijos ya inscritos

Por su parte, el matrimonio –formado por Brenda y María José, casadas desde 2007– inició una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org en la que explican que sus otros dos hijos ya están inscritos legalmente a nombre de las dos en su libro de familia hace ya siete años.

Sin embargo, en el caso del tercer hijo, nacido el 30 de julio, explican que tuvo que ser inscrito por decisión del Registro Civil de Dénia solo a nombre de una, la madre gestante, "como si se tratara de una madre soltera y en un libro de familia diferente del de sus otros dos hermanos".

"La decisión del Registro Civil de Dénia se basa en que no hemos entregado un papel que pruebe que el niño fue gestado empleando técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, a ningún matrimonio heterosexual que acuda al Registro Civil se le solicita papel alguno que pruebe o bien la paternidad biológica (prueba de AND) o, en el caso en que el marido no sea el padre biológico, como puede ser cuando un marido es infértil, el certificado que demuestre que la esposa se ha sometido a técnicas de reproducción asistida", hacen notar.

"Así pues, –prosiguen– en pos de la igualdad de género y la igualdad de derechos entre matrimonios homosexuales y heterosexuales, pedimos que se nos apliquen las mismas presunciones de filiación matrimonial que se les aplican a los matrimonios heterosexuales".

"Somos una familia y mientras L. esté legalmente inscrito con solo una de sus madres estará desprotegido, ya que esta situación legal niega sus vínculos con su madre María José, sus dos hermanos, así como con toda esa parte de su familia. En caso que le pasara algo a Brenda, L. quedaría como un niño sin progenitores, cuando en realidad tiene dos madres", añaden.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció este miércoles que la Administración regional dará entrada a todas las mujeres en los tratamientos públicos de reproducción asistida con independencia de su condición sexual y de si tienen o no pareja.

En declaraciones a RNE, Cifuentes señaló que abrirá este servicio a todas las mujeres a través de la cartera de servicios sanitarios autonómica o bien a través de las leyes de identidad sexual y de protección contra la discriminación que prepara su equipo.

La presidenta madrileña aseguró que, en su opinión, todas las mujeres con independencia de su situación deberían estar incluidos en la cartera de servicios «para toda España» del Ministerio de Sanidad.

Los cigarrillos electrónicos estarán vetados en zonas educativas e infantiles, transporte público y centros sanitarios o de atención al ciudadano a partir de enero del próximo año. Así lo ha acordado este miércoles la ministra de Sanidad, Ana Mato, con los consejeros autonómicos en el cuarto y último Consejo Interterritorial de Sanidad del año. se ha apostado por establecer una posición común hasta que no se conozcan los efectos que estos dispositivos tienen para la salud. La intención del ministerio, según ha dicho Mato en rueda de prensa, es hablar con los grupos parlamentarios para trasladarles este acuerdo y preguntarles si quieren "avanzar más" o esperar a la regulación europea sobre esta materia. "El objetivo es buscar el trámite legislativo más rápido para priorizar la atención de los menores", amplió Mato. En este encuentro, sin embargo, no se ha abordado la cuestión de los puntos de venta de estos cigarrillos.

En la reunión de máximo nivel entre autonomías y ministerio tampoco se ha tratado el polémico copago en farmacia hospitalaria ante el que se han rebelado incluso autonomías del PP y que ninguna autonomía ha puesto en marcha todavía a pesar de que la normativa que lo regula entró en vigor el pasado 1 de octubre. La ministra ha dicho ser consciente de que esta medida requiere la implantación de avances tecnológicos e informáticos, si bien ha dicho que "las autonomías estarán preparadas para ello a partir del próximo enero". Una afirmación que choca con las declaraciones que algunos consejeros han hecho al inicio y al término de la reunión.

En este encuentro sí se ha concretado en un texto normativo –que todavía tiene que recibir alegaciones hasta que se publique en el BOE en forma de orden ministerial– la actualización de la cartera común básica de servicios que ya se presentó el pasado verano, muy polémica también porque excluye a mujeres solas y lesbianas de la reproducción asistida en la sanidad pública.

A este respecto, algunas autonomías como la andaluza ya han avanzado que seguirán prestando este servicio. La consejera de Sanidad de esta comunidad, María José Sánchez Rubio, ha señalado que tras esta medida hay un trasfondo "ideológico" y ha calificado de "no relevante" el criterio de racionalidad en el gasto bajo el que el ministerio justifica este recorte. El consejero de Asturias, Faustino Blanco, ha aseverado que limitar el acceso a ese derecho crea "inseguridad jurídica" a determinados colectivos de mujeres y que su comunidad estudiará si incluye la reproducción asistida fuera de estos nuevos criterios en la cartera complementaria de su comunidad.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha insistido en que dentro de la cartera común básica de servicios asistenciales de reproducción humana asistida no se excluirán a lesbianas ni a mujeres solteras, ya que se mantendrá la actual normativa y solo se han modificado algunos criterios de edad y el número de ciclos a los que se puede optar. "Todas las mujeres que tengan problemas médicos para concebir pueden acudir a la fecundación asistida con financiación pública", ha afirmado este martes la ministra tras la reunión mantenida con las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y que será el médico "quien decida".

Sin embargo, posteriormente, preguntada sobre qué criterio puede considerar el médico para incluir o excluir a un paciente de un diagnóstico de infertilidad, ha afirmado no verse preparada para contestar lo que se considera médico como problema de fertilidad, si bien precisó que no cree que "la falta de varón sea un criterio médico".

Ser una «mujer estéril» será el requisito imprescindible para poder acceder a tratamientos de reproducción asistida en el sistema sanitario público, ha acordado el Consejo Interterritorial de Salud. Los responsables del Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos han aprobado la nueva cartera básica común de servicios en relación a la reproducción asistida, según la cual, estos tratamientos se financiarán «por motivos terapéuticos o preventivos». Otro de los requisitos para recibir esta prestación será, además de ser estéril, no tener más de 40 años en el caso de la mujer y de 55 para los hombres.

El consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Faustino Blanco, ha rechazado limitar el acceso a los tratamientos de reproducción asistida a las mujeres solteras y lesbianas ya que, a su juicio, es una medida que "restringe derechos" a este colectivo.

Blanco se ha pronunciado así al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. "Creemos que es una medida que aumenta la litigiosidad de una forma muy llamativa, porque restringe derechos a este colectivo, por lo que no podemos compartir esta decisión. Las parejas legalmente constituidas o las mujeres solteras tienen derecho a la reproducción humana asistida y, por tanto, son colectivos que hay que considerar plenamente", ha zanjado.

Una pareja de mujeres ha entregado eset martes una carta en el registro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para protestar por la medida que dejará fuera del programa público de reproducción asistida a parejas que no sean heterosexuales, así como a mujeres solteras. Esta pareja ha estado apoyada por Boti García, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), y Gloria Fortún, presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales Galehi, que también han entregado sendas misivas, y que han advertido que de aprobarse definitivamente esta medida la denunciarán ante la Justicia.

Tanto el matrimonio como las responsables de las dos organizaciones –que han leído sus cartas frente a los periodistas antes de entregarlas en el Ministerio– han pedido a la ministra una reunión para discutir la medida, que, en palabras de Boti García, es "injusta, excluyente y contraria a la Constitución". De esta forma, la presidenta de FELGTB ha denunciado que excluir de la reproducción asistida a parejas que no sean heterosexuales y a mujeres solteras es "netamente sexista", y que además va en contra de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso presentado por el PP contra el matrimonio homosexual.

Además, García ha hecho hincapié en que, aparte de la discriminación sexual, esta medida supondrá también la exclusión por motivos económicos de muchas mujeres no heterosexuales o solteras que quieran ser madres, ya que, según ha expresado, solo podrán someterse a tratamientos de reproducción asistida quienes puedan permitirse costear una clínica privada. Para la presidenta de FELGTB, esto supone una merma en el "derecho fundamental" de la maternidad.

En la misma línea ha ido Gloria Fortún, presidenta de Galehi, que ha hecho referencia tanto a la sentencia del TC sobre el matrimonio homosexual como a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que ordenó pagar a la Consejería de Sanidad de la comunidad los gastos derivados de una fecundación artificial que una mujer llevó a cabo en una clínica privada, tras serle denegado este tratamiento en la sanidad pública por su condición de lesbiana. De esta forma, Fortún ha declarado que "con estas sentencias en la mano, consideramos que perseverar en esta medida puede entrar de lleno en la prevaricación".

Asimismo, la presidenta de Galehi ha afirmado que, de ser aprobada finalmente esta disposición, estas organizaciones la denunciarán ante la Justicia, y ha expresado su convicción de que de ser así "los tribunales la rechazarán en un breve periodo de tiempo". Por su parte, Celeste y Paloma –el matrimonio que ha entregado su propia carta junto a las de FELGTB y Galehi– han retado a Ana Mato a reunirse con ellas para que les "diga a la cara" que son "merecedoras de menos derechos" y "ciudadanas de segunda, como nos hace sentir".

De esta forma, han denunciado que, "de manera soterrada", ya se producen casos de discriminación por motivos de condición sexual a la hora de conseguir tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública; como ejemplo han puesto su propio caso, ya que ellas tuvieron que recurrir a la sanidad privada tras ser rechazada su solicitud en la Seguridad Social. Así, han afirmado que "esta modificación de la ley legitima una discriminación enorme" y que está basada únicamente en un "sesgo político".

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha convocado para este martes una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para concretar y desarrollar con las comunidades autónomas la cartera básica de servicios asistenciales del SNS en Genética, Reproducción Humana Asistida, Cribado Neonatal, de cáncer de mama, colorrectal y cérvix e Implantes cardiacos y vasculares.

Precisamente, este lunes Sanidad confirmaba que tiene previsto aprobar la incorporación del cribado del cáncer de colon, una prueba muy demandada por asociaciones médicas y de pacientes por sus buenos resultados y su bajo coste. Asimismo, se presentarán el desarrollo de los cribados de cáncer de mama y cérvix.

También se espera que los diferentes consejeros autonómicos analicen el polémico borrador de servicios asistenciales de reproducción humana asistida (RHA), que dentro de sus criterios de inclusión solo menciona a parejas integradas por mujer menor de 40 años y hombre menor de 55 años, lo que ha abierto un debate ante la posibilidad de que se dejen fuera de los mismos a mujeres solteras y parejas de dos mujeres. Asimismo, se pretende concretar el programa de Cribado Neonatal (PCN) común, dirigido a la identificación presintomática de determinados estados genéticos, metabólicos o infecciosos mediante el uso de pruebas, de modo que puedan ser aplicadas a toda la población de recién nacidos.

El ministerio llevara también a este foro autonómico una propuesta de acuerdo sobre los criterios comunes de calidad aplicables a las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricas y Neonatales del Sistema Nacional de Salud, que permitan homogeneizar la atención, horarios de visitas y protocolos. De igual forma presentará para su aprobación nuevos informes con recomendaciones de optimización de servicios de Traumatología, Cirugía vascular y Otorrinolaringología, y también se debatirá un acuerdo sobre criterios de actuación en el acceso a la asistencia sanitaria a ciudadanos europeos en el marco de aplicación de la Directiva europea.

Por otra parte, se designará a la Consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, para representar a las Comunidades Autónomas durante el segundo semestre del 2013 en las reuniones del Consejo de Empleo, Política Social y Consumidores (EPSCO), de la Unión Europea.

Varios puntos a tratar, entre ellos, la distribución de fondos entre las comunidades

En esta reunión las comunidades autónomas deberán ratificar hasta 22 puntos más que componen la orden del día, entre los que destacan el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con Medicamentos y el Registro de Estudios Clínicos; el proyecto de Real Decreto de transposición de la directiva de asistencia sanitaria transfronteriza; y una propuesta de criterios para la distribución de fondos a las comunidades autónomas para Estrategias de Salud frente a enfermedades raras, así como prevención de otras enfermedades para el año 2013.

Además, entre otros informes, se mostrarán a los consejeros los avances en la plataforma de compras centralizada, la implantación de la receta electrónica y los avances en los trabajos en relación al desarrollo del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). De igual forma, se espera ratificar un informe sobre las actividades realizadas en el ámbito del Año Español de las Enfermedades Raras hasta el 15 de julio de 2013, las evaluaciones de las Estrategias de EPOC, ictus, y cáncer, los nuevos protocolos de las enfermedades de declaración obligatoria de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y el marco de aplicación de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

Sanidad presentara también una propuesta de criterios para la distribución de fondos a las comunidades autónomas, así como un Plan de Inversiones para el desarrollo de sistemas de información sanitaria para el año 2013. Además, se espera llegar a un acuerdo para reconocer la labor realizada por los profesionales que participaran en el inicio y mantenimiento de las campañas de vacunación, con motivo del 50 aniversario de la instauración de las campañas antipoliomielitis en España.

La revisión de la cartera común básica de servicios que ultima el Ministerio de Sanidad supondrá un nuevo recorte de derechos y excluirá a mujeres solteras y a parejas de lesbianas de los tratamientos de reproducción asistida. Según publican el diario El País y la Cadena SEReste viernes, estos dos colectivos perderán el derecho a recibir asistencia, ya que los tratamientos quedarán únicamente reservados para "parejas integradas por un hombre y una mujer" que acrediten sufrir problemas de fertilidad.

La actual regulación sobre esta materia data de 2006 y establece que pueden recibir tratamientos de fertilidad quienes acrediten sufrir problemas de esterilidad o una "indicación clínica establecida". A este último supuesto se han acogido desde entonces varias comunidades autónomas para hacer beneficiarias de las terapias a solteras y lesbianas, que perderán ahora el acceso a los tratamientos de reproducción asistida.

Desde la Federación de Mujeres Progresistas, su presidenta, Yolanda Besteiro, ha lamentado la decisión de Sanidad. "Supone desconocer la realidad social de nuestro país y establecer que una familia sólo puede estar formada por un hombre y una mujer heterosexual", ha asegurado. Besteiro ha subrayado que "esos dos modelos de familia están normalizados" y que negarles la posibilidad de acceder a una terapia de reproducción asistida significa no atender "a lo que ya está normalizado en la socidad". Por último, y preguntada sobre las motivaciones de la decisión, Besteiro ha asegurado que Sanidad trata de "imponer un determinado social de familia al tiempo que deja fuera a otros".

En la misma línea se ha pronunciado Boti García Rodrígo, presidenta de la FELGTB, que ha aludido al "claro sesgo ideológico" de la medida: "Que no la disfracen como si se tratase de un recorte económico. No les gustamos, y aprovechan cada oportunidad para demostrarlo", ha insistido. Garcia Rodrigo ha añadido que la realidad que representan los colectivos que perderán el derecho a recibir estos tratamientos "seguirá existiendo haga lo que haga la ministra Mato" y ha manifestado su "repulsa" hacia esta decisión que considera discriminatoria y patriarcal, pues "concibe la familia exclusivamente en torno a la figura del hombre y la mujer".

Desde el PSOE, la secretaria de Igualdad del partido, Purificación Causapié ha denunciado la "involución clarísima" que supone una medida que discrimina a muchas mujeres para imponer un único modelo de familia y que tiene un fuerte "carácter ideológico". “Es un nuevo ataque del PP a la libertad de las mujeres al impedir su derecho a la maternidad”, ha subrayado Causapié, que ha defendido el derecho de solteras y lesbianas a acogerse a estos tratamientos y que ha calificado de "homófoba" y "sexista" la ideología del PP.

Por su parte, el departamento de Ana Mato no ha querido confirmar las informaciones publicadas este viernes a preguntas de infoLibre, y se ha limitado a asegurar que en la adjudicación de tratamientos de fertilidad se tendrán en cuenta exclusivamente a "criterios terapéuticos".

Los científicos de la Oregon Health & Science University y el Centro de Investigación Nacional de Primates de Oregon (ONPRC) han reprogramado por primera vez con éxito células de piel humana para convertirlas en células madre embrionarias capaces de transformarse en cualquier otro tipo de célula del cuerpo. El descubrimiento, que ha sido publicado por la revista Cell se ha llevado a cabo gracias un proceso de transferencia nuclear, es decir gracias a la clonación, podría servir para restaurar en el futuro daños por lesión o enfermedad.

La investigación ha estado dirigida por el doctor Shoukhrat Mitalipov, un científico ruso senior en ONPRC y sus colegas de la División de Endocrinología Reproductiva e Infertilidad del departamento de Obstetricia y Ginecología de la OHSU, en la que trabaja también la bióloga española Nuria Martí Gutiérrez.. Juntos han conseguido llegar a la clave de terapias que podrían tratar, entre otras enfermedades, el Parkinson, la esclerosis múltiple, enfermedades cardiacas y lesiones de la médula espinal.

Según destaca la ONPRC en un comunicado, para obtener las células han realizado una variación de un método de uso común llamado transferencia nuclear de células somáticas, o SCNT. Se trata de trasplantar el núcleo de una célula, que contiene el ADN de un individuo, en un óvulo que ha tenido su material genético eliminado. El óvulo fertilizado se desarrolla y finalmente produce células madre.

"Un examen completo de las células madre obtenidas a través de esta técnica ha demostrado su capacidad para convertir al igual que las células madre embrionarias normales, en diferentes tipos de células, incluyendo las células nerviosas, las células del hígado y las células del corazón. Además, debido a que estas células reprogramadas se pueden generar con material genético nuclear de un paciente, "no hay preocupación de rechazo del trasplante", ha señalado Mitalipov.

Si bien, añade, "hay mucho trabajo por hacer en el desarrollo de tratamientos con células madre seguras y efectivas, creemos que este es un importante paso adelante en el desarrollo de las células que podrían ser utilizados en la medicina regenerativa".

El éxito del equipo de Mitalipov en la reprogramación de células de piel humana tuvo que pasar por una serie de estudios de células humanas y de monos. A pesar de que método ya se había ensayado con éxito en distintos animales como ovejas, cabras, vacas, perros, gatos, ratones o cerdos, nunca había funcionado en personas. Intentos fallidos previos realizados por varios laboratorios mostraron que los óvulos humanos parecen ser más frágiles que los huevos de otras especies. El grupo de OHSU estudió primero diversos enfoques alternativos desarrollados en células de mono y después se aplicó a las células humanas. 

Otro de los aspectos destacables de este estudio es que no se trata de la utilización de embriones fertilizados, un tema que ha sido la fuente de un intenso debate ético. Por el contrario, han conseguido estimular los óvulos para permanecer en un estado llamado "metafase" durante el proceso de transferencia nuclear. Se trata de una etapa en el proceso de división natural de la célula (la meiosis) en la que el material genético se alinea en el centro de la celda antes de la división celular. El equipo de investigación ha descubierto que mantener la metafase durante la transferencia ha sido lo que ha evitado que el proceso se estanque y, gracias a eso, las células han podido desarrollarse y producir células madre. Estas, al no estar especializadas, son capaces de dar lugar a más de 200 tipos de células de nuestro organismo. 

No obstante, los científicos dejan claro que este gran salto en la ciencia, no es el camino para la clonación humana, sino que a partir de una técnica de clonación terapéutica se pueden generar células madre embrionarias capaces de reemplazar y combatir células estropeadas del organismo humano.