El Congreso de los Diputados acoge este jueves la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española, un cumpleaños que supera ya en muchos a la mayoría de edad y que dirige el foco a la necesidad de introducir reformas, de adaptar al siglo XXI un texto que nació para hacer la transición de una dictadura a la democracia. En 40 años España ha cambiado con el ingreso en la Unión Europea, la aparición de nuevos partidos, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, el incremento de la corrupción en el seno de los partidos políticos y la crisis territorial...

Si hablamos de la teoría, sobre el papel, ningún partido político niega que la Carta Magna necesite ser adaptada, modernizada. Todos tienen claras las prioridades. Luego, sobre el terreno, las posturas son contrapuestas. No hay una base sólida común de la que partir porque donde unas formaciones ven prioridades, otras ven cesiones a los independentistas. Y donde unas ven urgencias, otras ven elementos accesorios.

Si se tiene en cuenta la postura de los diferentes portavoces parlamentarios que participaron en el debate que dio pie a la aprobación de la Constitución, no hay duda de que estos se sorprenderían a día de hoy de que el texto permanezca casi intacto. El diario de sesiones da cuenta de que el proyecto no se concibió como algo inalterable. 

Manuel Fraga, por ejemplo, que hablaba en nombre de Alianza Popular (AP), el partido en el que tiene origen el PP, dejó claro que su grupo tenía "serios reparos" al texto. "Mantenemos nuestras serias críticas, que convertimos en programa prioritario de reforma constitucional", diría. Antes, con Mariano Rajoy, y ahora, con Pablo Casado, el PP es uno de los partidos que más reservas muestra a la hora de "abrir el melón constitucional".

En un escenario político tan complejo como el actual y, sin perder de vista el desafío independentista catalán, no salen los números. Cualquier modificación requiere del concurso del partido de Casado. La Carta Magna establece que los proyectos de reforma constitucional "deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras". Si lo que se propone es una "revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes".

A continuación, infoLibre repasa los puntos de partida de las principales formaciones políticas, sus prioridades y sus líneas rojas.

PARTIDO POPULAR

Independientemente del líder que se trate, en materia de reforma constitucional, los conservadores viven en un permanente tirar la piedra y esconder la mano. En los años de Gobierno de Mariano Rajoy –la primera legislatura gozaron de mayoría absoluta– el expresidente retaba a los partidos, sobre todo a los independentistas, a lograr sus demandas por la vía de la reforma constitucional. Era una invitación en vano porque esta iba a contar con el voto en contra del PP.

Por un lado, los conservadores no cerraban la puerta al escenario de una reforma constitucional. Por otro, advertían de lo delicado de abrir el debate cuando no existían unos consensos mínimos. Y, de paso, llevaban a las Cortes iniciativas para defender la plena vigencia del texto de 1978.

Después llegó la legislatura sin mayoría absoluta en el Congreso, la que arrancó en 2016. Al PP no le bastaba sólo con sacar adelante la iniciativa en la Cámara Baja y controlar todo el proceso hasta el Senado, donde, como ahora, también disponía de mayoría absoluta. El temor en el equipo de Rajoy era que, una vez aprobada la nueva redacción, una décima parte de los parlamentarios de cualquiera de las Cámaras pidiese que ésta fuese sometida a referéndum para su ratificación.

El PP de Rajoy creía que con el PSOE y Ciudadanos podría llegar a pactar un texto que incluyese, por ejemplo, la reducción de los aforamientos. El problema para el PP lo planteaba el Grupo de Unidos Podemos que, con 67 diputados, podría perfectamente plantear la consulta pública contemplada en el artículo 167 de la Constitución.

El temor del PP era, como es ahora, que la campaña para ese referéndum se convirtiese en un plebiscito sobre cuestiones más de fondo como la forma de Estado.

Casado llegó a la presidencia del PP el pasado julio ofreciendo a su partido "un contrato con España" que pasaba por un "fortalecimiento institucional", "por reforzar nuestra Constitución en vez de plantear abrirla en canal".

Se niegan a "morder el anzuelo"

La primera vez que Casado tuvo oportunidad de pronunciarse sobre una reforma de la Carta Magna fue el pasado 17 de septiembre. El presidente del Gobierno había decidido celebrar sus cien días en el Gobierno anunciando la supresión de los aforamientos a los políticos. Pese a que la iniciativa, que recibió luz verde en el Consejo de Ministros del pasado viernes, sólo afectaba a diputados y senadores, en el PP quisieron ver un pago a los "golpistas" catalanes.

"No vamos a morder el anzuelo. Que quieren suprimir los aforamientos, nos parece fenomenal: los 250.000. ¿Qué problema hay? [...] En España hay 250.000. Que se quieren quitar, me parece muy bien. Nosotros hemos propuesto en el programa electoral la racionalización de los aforamientos", dijo Casado.

El líder de los conservadores destacó que El PP no está a favor de una reforma constitucional "porque no tenemos mimbres para hacer un mejor cesto". "Porque enfrente no tenemos a Solé Tura, tenemos a Pablo Iglesias; ni tenemos a Miquel Roca, tenemos a Puigdemont o a Torra; ni siquiera tenemos a Peces Barba, tenemos a Pedro Sánchez", añadió.

En el PP se extrañan de que la "urgencia" sea ahora los aforamientos. ¿Qué es entonces lo urgente para el principal partido de la oposición? Casado dio la respuesta en ese mismo acto. En primer lugar, habló de "derogar la disposición adicional cuarta que permite la anexión de Navarra al País Vasco de forma legal y constitucional".

"¿O no es urgente la sucesión a la Corona, o no es urgente cuantificar el título octavo [...] O es que no es urgente, por ejemplo, ampliar lo que es la delimitación de los derechos que el constituyente sólo planteó en el articulado? ¿Por qué es urgente los aforamientos", se preguntó. Y se respondió a sí mismo: "Por Sánchez".

Muchos de los argumentos del PP contra una reforma constitucional se dan de bruces con la realidad. Tras las elecciones andaluzas del pasado domingo, si Juanma Moreno quiere presidir la Junta debe contar con el apoyo del partido de extrema derecha Vox. Uno de los puntos fuertes de la formación liderada por el exmilitante del PP Santiago Abascal es la supresión de las autonomías. Esto requiere de una reforma constitucional completa.

PARTIDO SOCIALISTA

Ahora que está en el Gobierno, el principal problema que tiene el PSOE de Pedro Sánchez para sacar adelante una reforma Constitucional se llama Partido Popular. Con su mayoría absoluta en el Senado, los conservadores tienen la llave que bloquea o desbloquea cualquier avance.

En función de quién observe la propuesta que hacen, o los socialistas van muy lejos para contentar a los independentistas y a Podemos. O se quedan cortos no atreviéndose, por ejemplo, a acabar con los privilegios de la Casa del Rey. Así es como lo perciben, respectivamente, en el Partido Popular y en Podemos.

La primera iniciativa en firme de reforma de los socialistas llegó la semana pasada al Consejo de Ministros: la limitación de los aforamientos. Y la reacción del resto de partidos es un ejemplo perfecto de lo complejo de llegar a acuerdos incluso en cuestiones en las que, a priori, las formaciones no tendrían que tener demasiados problemas. 

Como sugirió el Consejo de Estado, órgano al que se elevó una consulta después de que Sánchez hiciera el anuncio, se pretende modificar los artículos 71.3 y 102.1. Son los que recogen –respectivamente– el aforamiento de los 350 diputados y los 266 senadores y el del presidente del Gobierno y sus ministros. Se trata de incluir en ellos que diputados, senadores y miembros del Gobierno serán juzgados por el Tribunal Supremo únicamente en el caso de "delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo".

Esta misma semana, el presidente del Gobierno ha asegurado que es partidario de suprimir la inviolabilidad del rey, algo que, a su juicio, hasta el Felipe VI vería con buenos ojos. Pero también admitió que no iba a presentar iniciativa al respecto puesto que, al requerir una reforma agravada de la Carta Magna, no hay tiempo en esta legislatura. Ni tiempo, ni posibilidad de lograr los apoyos necesarios. Nada más conocerse la noticia, Pablo Casado (PP) ya advirtió de que con su partido no cuenten. Y desde Unidos Podemos le animaron a dar el paso.

También quedará pendiente abordar la cuestión territorial. PP y PSOE han avanzado poco en la comisión parlamentaria impulsada por Pedro Sánchez hace poco más de un año para estudiar el modelo territorial, una especie de regalo del expresidente por el apoyo en Cataluña. La idea era analizar el modelo autonómico como paso previo a la reforma constitucional. Pero no es ningún secreto que los conservadores la intentaron desinflar desde el primer minuto advirtiendo de que no tenían ningún compromiso a la hora de apoyar una eventual reforma.

UNIDOS PODEMOS

La formación liderada por Pablo Iglesias no oculta que cualquier propuesta de reforma de la Constitución irá acompañada del referéndum que la propia Carta Magna reserva como opción a un determinado número de parlamentarios.

El punto 3 del artículo 167 de la Constitución refleja que "aprobada la reforma [constitucional] por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras".

Esto fue lo que se recordó desde el partido morado nada más anunciar Pedro Sánchez la reforma para acabar con los aforamientos, algo que reclaman se extienda también a los miembros de la Casa del Rey. En Podemos sólo están dispuestos a aprobar una reforma constitucional si esta va acompañada de un referéndum. Es una prerrogativa que está en su mano al contar con más de 35 diputados en el Congreso.

La formación que lidera Pablo Iglesias es partidaria de que la Constitución se someta a una reforma profunda más allá de esa reforma de los aforamientos que está ahora sobre la mesa. Abogan por otras cuestiones como el blindaje de los derechos sociales, un nuevo acuerdo territorial o acabar con la inviolabilidad del jefe del Estado.

Otra de las demandas clásicas de Podemos es la de la derogación del artículo 135.

Hace un año, en el 39 cumpleaños de la Constitución, Rajoy había cedido ante Sánchez dando apoyo a una comisión parlamentaria con el fin de abrir en el Congreso el debate sobre la reforma de la Carta Magna. Era el pago del expresidente al PSOE por el apoyo que había obtenido en el Senado a la aplicación del artículo 155 para Cataluña. Iglesias discrepaba de la creación de este grupo de trabajo. Creía que iba en contra del "diálogo de país" que, a su juicio, debe abordarse para reformar la ley fundamental. Y consideraba, como a día de hoy insiste Podemos, que cualquier reforma tiene que pasar por estos tres ejes: modelo social, territorial y lucha contra la corrupción.

CIUDADANOS

Un día después de que Sánchez anunciara la propuesta para reducir los aforamientos, el pleno del Congreso de los Diputados aprobaba sin ningún voto en contra una moción de Ciudadanos en la que se instaba al Gobierno a cambiar la Constitución en un plazo de tres meses para suprimir los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno, y a los Parlamentos regionales a modificar sus respectivos Estatutos para desaforar también a sus parlamentarios.

El encargado de defender la moción fue el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. En su turno de palabra recurrió a la ironía para señalar que por un momento se había creído que Pedro Sánchez había asumido esta demanda social en el acto con los que celebró sus cien días en el Gobierno, pero que había tardado poco en darse cuenta de que era "un fraude" puesto que sólo persigue quitar el fuero a los cargos públicos para asuntos no relacionados con el ejercicio de sus funciones.

En su programa para las últimas generales, el partido naranja contemplaba esta cuestión en dos puntos, en 282: "Suprimiremos los aforamientos y suplicatorios de diputados y senadores, salvo para delitos relacionados con la actividad política del parlamentario" y el 283: "Suprimiremos los aforamientos y suplicatorios para todos los cargos electos, y estableceremos un régimen de incompatibilidades con verdaderas garantías de control y sanción".

La reforma constitucional figura en tres ocasiones en el bloque que las 350 soluciones para cambiar España a mejor dedica a "Regeneración democrática y lucha contra la corrupción".

Uno de los objetivos de esa modificación de la Carta Magna era la supresión del Senado para ser sustituido por un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas. "Sus miembros dispondrán de un voto ponderado en función de la población de la respectiva Comunidad", proponían en el partido naranja. Esta idea fue matizada después por otra más asumida por el resto de fuerzas políticas que es la de la transformación en una verdadera Cámara de representación territorial.

Una de las reivindicaciones clásicas del partido naranja es la de una nueva ley electoral "para que el voto de todos los españoles valga lo mismo". "Impulsaremos una reforma constitucional para asegurar un régimen electoral que responda al principio "una persona un voto".

"Garantizaremos un órgano de gobierno del Poder judicial independiente y sin partidismos. Hasta que se proceda a reformar la Constitución, propondremos la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que doce de los vocales integrantes del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados. Una vez se abra el debate constitucional, propondremos fórmulas que garanticen la independencia mediante el nombramiento de un consejo reducido y con poderes limitados", proponían en materia judicial.

Tras la ruptura del pacto entre PP y PSOE para el renovación del Consejo General del Poder Judicial el pasado octubre, Ciudadanos acusó a los conservadores de "plagiar" su propuesta de reforma del órgano de gobierno de los jueces.

Es muy difícil que al PP le salgan las cuentas tras el 20-D para gobernar en solitario. Pero los conservadores quieren dejar ese debate para el día después de las elecciones. Uno de los ejes de su campaña será el de apelar al voto a su partido sin pensar en escenarios futuros. Porque, argumentan, sólo votando al PP se garantiza que el voto irá a parar al PP, es decir que no se usará para elevar a otro candidato. "Hay precedentes que no me gustan", dijo Rajoy en la rueda de prensa.

Respecto a los posibles pactos postlectorales, se declaró partidario de que "gobierne siempre" el partido más votado. "No me gusta lo que he visto en municipios como Madrid, Valencia o Zaragoza", señaló en referencia a las mayorías municipales de gobierno que se formaron en dichos ayuntamientos tras los comicios del 24 de mayo.

Tampoco le gusta, insistió, lo que ha pasado en Portugal, donde los partidos de izquierda han sumado sus votos para que repita Pedro Passos Coelho.

A preguntas de los periodistas aseguró que se considera el mejor candidato del PP. "Si no lo creyera, no me presentaría", indicó.

Rajoy no aclaró si participará en un debate electoral a cuatro, que incluya a los dirigentes de Podemos y Ciudadanos. Tras afirmar que es "el político que ha participado en más debates", dijo que en este asunto hará lo que decida el jefe de la campaña del PP, Jorge Moragas. Pero advirtió que es un asunto en el que debe existir cierto "orden".

"Mi cabeza está bien situada"

Respecto a las advertencias de José María Aznar sobre el ascenso de Ciudadanos, se limitó a contestar secamente que "respetaba" sus opiniones.

También sobre Ciudadanos, se le cuestionó sobre si estaba dispuesto a ofrecer su cabeza en el supuesto de Albert Rivera lo pusiese como condición para apoyar al PP con sus votos. "Mi cabeza está bien situada y no pienso dejar que cambie de sitio", sostuvo.

Tampoco aclaró mucho sobre las listas electorales de su partido. "Quiero que vayan los mejores", fue su respuesta.

Balance triunfalista

Un convencimiento lógico si uno cree el balance de legislatura que él mismo dibujó. La idea es simple: cogió un país en quiebra y ahora es el que más crece entre las grandes economías europeas. "Hemos pasado de destruir 1.430 empleos diarios en 2011 a crear 1.492 empleos diarios en 2015", presumió.

Rajoy reiteró el mismo mensaje de múltiples formas. "España estaba en una cáida sin freno que la condenaba a la quiebra, la salida del euro o el rescate", aseguró respecto a la situación que se encontró cuando llegó a la Moncloa. Ahora, insistió, España es de las grandes economías europeas la que más crece. "Hemos pasado de vivir bajo la amenaza del rescate a generar confianza", insistió.

La caída del desempleo, continuó Rajoy, "avala la reforma laboral". El presidente del Gobierno olvidó todos los datos negativos del mercado laboral. Por ejemplo, que la población activa ha disminuido en 540.000 personas en estos cuatro años. O que ahora hay 104.000 personas menos trabajando que en 2011.

Rajoy continuó con una catarata de cifras positivas: el Gobierno redujo a la mitad el déficit público que se encontro; ya "nadie habla de la prima de riesgo", cuya reducción ha permitido "ahorrar 20.000 millones en el pago de intereses"; se ha logrado "sanear íntegramente" el sistema financiero, y hasta el sistema eléctrico "se ha estabilizado y ya no hay déficit de tarifa". En realidad, España es uno de los países con los precios de la luz más altos de Europa.

Cataluña y corrupción

Pero Rajoy cree que su Gobierno superó más retos. Por ejemplo, lo que denominó el "desafío secesionista" de Cataluña. "Nunca me he negado a dialogar o negociar las propuestas del señor Mas. Pero nunca le he engañado sobre los límites de ese diálogo: la soberanía nacional, los derechos de los españoles y su igualdad no son competencia del presidente del Gobierno, ni siquiera del Parlamento, sino del pueblo en su conjunto. He cumplido en todo momento con mi obligación: cumplir con la ley y defender los derechos de los españoles", afirmó.

En cuanto a la corrupción, admitió que habían "aflorado demasiados escándalos". Pero, en su opinión, "jamás se ha actuado con mayor autonomía y libertad por parte de las fuerzas de seguridad, la fiscalía y los tribunales" en la lucha contra la corrupción. En este momento, los fiscales están en pie de guerra porque entienden que el Gobierno ha aprobado una serie de reformas legislativas que impiden luchar contra la corrupción y son una especie de ley de punto final.

Rajoy insistió en que el PP no llevará en su programa electoral la reforma de la Constitución. El pasado verano se abrió la puerta a esta posibilidad, pero en septiembre, desde el partido ya insistieron en que el debate estaba zanjado y no cabía esperarse nada al respecto. "Para el Partido Popular esa no es una prioridad", zanjó.

La victoria del Frente de Liberación Nacional (EAM) y de su ejército guerrillero (ELAS) contra el ocupante hitleriano y los colaboracionistas griegos fue frustrada por una segunda ocupación inglesa con apoyo norteamericano destinada a impedir una victoria electoral de la izquierda. La nueva ocupación y la nueva colaboración de las clases dominantes griegas culminaron en una guerra civil ganada por estas.

Durante más de sesenta años esa guerra civil, téoricamente acabada en 1949, prosiguió, como afirma nuestro amigo el escritor Akis Gavriilidis “por otros medios”: un Estado no democrático puntuado de violencia paraestatal y con un breve episodio de dictadura militar abierta representado por la Junta (sic: en español) de los coroneles. La reconstitución de un juego democrático representativo en Grecia tras la caída de la Junta coincide con la oleada de democratización del sur de Europa de mediados y finales de los 70. Sin embargo, esto no conduce a una recuperación de la democracia, sino a la subordinación de esta a los imperativos económicos, que se expresan cada vez más en clave neoliberal.

Tras la dictadura llegó el cinismo del “It's the economy, stupid!”. Este cinismo, unido a la incorporación al nuevo poder democrático de una élite “de izquierda” representada por el PASOK (Movimiento Socialista Panhelénico), condujo a una variante particularmente nepotista del régimen neoliberal en la que se configuró una auténtica casta bipartidista entre el partido de la derecha, Nea Dimokratia (Nueva democracia o nueva república) y la izquierda personalista y clientelista del PASOK.

Durante el período de fuerte enriquecimiento del país debido a la inversión masiva en Grecia de capitales excedentes alemanes (finales de los 90 a 2008), esta élite política gestionó el reparto de la riqueza. La amenaza de unas clases populares y de un movimiento comunista potente parecía enteramente descartada: Grecia se había convertido en un país relativamente rico y desarrollado cuya población ya no emigraba y que, incluso, acogía inmigrantes. El partido comunista, por su parte, se había convertido en un Parque Jurásico del estalinismo, una curiosidad, no una fuerza real. Las clases dominantes consiguieron así, por medios no violentos, que la política siguiera no siendo un problema.

Todo esto, evidentemente, tuvo su coste. La historia superficial se combina con la de una Grecia subterránea en el exilio interior o exterior, una Grecia vencida y humillada por la otra, pero que conserva la memoria del gran momento de dignidad que fue la victoria sobre el nazismo e incluso la de experiencias de autoorganización popular en la zonas liberadas que el Gobierno de la Montaña gestionó durante la guerra de liberación.

Tanto en el campo como en la ciudad, el poder popular (laokratia) funcionó como un elemento básico de la resistencia, dándose la paradoja de que bajo el gobierno de un frente político dominado por un partido comunista estaliniano se diesen auténticas experiencias de autogestión. También se crearon, sobre todo en el medio urbano, redes horizontales de resistencia económica frente a la ocupación y al gobierno colaboracionista que ya en los años 40 empobreció el país hasta el límite extremo -en el invierno del 41 hubo decenas de miles de muertes por hambre- de la precariedad...

En nombre del pago de una “deuda de ocupación” (sic) a Alemania. Mientras la población -caso único en Europa- se manifestaba en las calles de Atenas y las grandes ciudades bajo las balas del ocupante, se producía un desafío más subterráneo al poder de este y de sus aliados griegos: la constitución de una red de solidaridad que daba de comer a centenares de miles de personas. La política, en esos durísimos años 40 era también una lucha por la vida: en eso consistió su principal radicalidad.

Esa tradición de radicalidad del sentido común, de revuelta de la vida contra el poder que la destruye, ha llegado hasta hoy, por conductos subterráneos. Primero se manifestó en la explosión de indignación y la insurrección que sucedió al asesinato por la policía de un joven de 16 años en el invierno del 2008; posteriormente, al estallar la crisis e imponerse con particular brutalidad las políticas de austeridad; ese fuego subterráneo volvió a manifestarse en 2011, en paralelo a las demás insurrecciones mundiales, árabe, española, norteamericana, con la ocupación de la plaza Syntagma y las numerosas batallas campales entre los jóvenes y la policía por ese espacio central de la capital en el que durante semanas se respiró el olor de los gases lacrimógenos y la máscara de gas fue parte del uniforme del joven acampado.

Sobrevivir, aguantar, mutar para aguantar el gas tóxico y los palos, regresar a pesar de todo, “como las cucarachas”, decía Nelly Kambouri, una participante en la acampada de Syntagma. No tardaron en formarse con la agravación de la crisis impuesta fuertes redes de ayuda mutua y solidaridad como Solidaridad para Todos, que hoy coordina más de 1000 centros en todo el país. Sin embargo, la ocupación de las plazas, las grandes manifestaciones, los intentos insurreccionales de ocupación del parlamento se acabaron. Para acabar con una situación material y éticamente insoportable, había que derribar el régimen, había que entrar en el parlamento y cambiar la mayoría existente. La insurrección que pretendió forzar las puertas del parlamento fue sustituida por las urnas. La indignación se hizo para una mayoría impulso democrático. Llegó así el momento de Syriza.

La principal característica de Syriza, que la diferencia de otras fuerzas de izquierda radical nacidas de la descomposición del comunismo histórico, es su gran capacidad de adaptación a la realidad y de escucha de los movimientos sociales. Syriza mejor que nadie integró la voz de las calles, y aun teniendo una estructura de partido, incorpora elementos propios de un movimiento social horizontal en su organización y en sus mecanismos decisorios. La tensión representación-horizontalidad existe y no es una debilidad, sino una fuerza.

Syriza es hoy el partido de las “cucarachas de Syntagma”, pero también el legítimo heredero de la resistencia y el antifascismo, de la resistencia política y de la resistencia material. Testimonio de ello es que un porcentaje del sueldo de los cargos electos de Syriza se destina a apoyar a las redes de solidaridad, y que las distintas administraciones locales y regionales de Syriza dan a estas un importante apoyo logístico.

Syriza no solo ha roto con ese siglo XX en el que las clases dominantes griegas hicieron todo lo posible para que jamás levantase la cabeza –y aún menos gobernase– ninguna formación política heredera de la izquierda histórica, también ha roto con el inmovilismo político y económico del consenso neoliberal que ha paralizado hasta ahora el proceso de constitución europea. Syriza ha efectuado una fuerte apuesta europea. No se hace ilusiones respecto de una “salida nacional” de la crisis, fuera del euro y de la UE. Esas ilusiones quedan para la extrema derecha nazi y para el búnquer estalinista en que se ha convertido lo que queda del partido comunista griego (KKE).

La radicalidad del programa de salvación ciudadana de Syriza se plantea como exigencia de sentido común a nivel europeo. Sus propuestas de reestructuración de la deuda, elaboradas por un equipo que cuenta con economistas de la talla de Miliós y Varoufakis, son propuestas europeas, no solo nacionales. Grecia ha movido ficha como miembro del club europeo y su nueva mayoría está dispuesta a impulsar un proceso de cambio continental que recupere una Europa de los derechos y de la democracia efectiva. Otras fuerzas de otros países han recibido este mensaje que, aparentemente, también se ha recibido en las más altas instancias de la UE.

Empieza ahora un gran pulso entre las poblaciones europeas golpeadas por las crisis y la instancia cuasi-federal europea. Ambos actores saben que estamos en el mismo barco y que es necesario salir de unas políticas económicas y sociales que son causa de depresión económica así como del desprestigio popular que sufre la construcción europea. La constitución europea de Giscard fracasó y fue rechazada en Francia y en los Países Bajos porque consagraba en su texto el orden neoliberal.

Hoy, el cuestionamiento de la constitución material europea por parte de Syriza y de los demás nuevos actores europeos tal vez constituya el impulso necesario para una nueva etapa de la construcción europea que corresponda al proyecto democrático y social expresado por Altiero Spinelli y otros padres fundadores en el Manifiesto de Ventotene (1944), ese manifiesto europeista escrito por desterrados del fascismo que sirvió de inspiración a la resistencia italiana. En él ya se afirmaba una concepción del socialismo enteramente dominada por la democracia y no tanto por los conceptos de Estado y de soberanía: "El principio verdaderamente fundamental del socialismo -afirmaba el Manifiesto- es aquel según el cual las fuerzas económicas no deben dominar a los hombres, sino ser sometidas, guiadas, controladas por el hombre, del modo más racional hasta que las grandes masas dejen de ser víctimas".

Los vencedores de las elecciones griegas de ayer no están repitiendo otra cosa tanto a escala nacional como europea. Se trata de recuperar la democracia como conjunción de la radicalidad y del sentido común.

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Juan Domingo Sánchez Estop es filósofo y traductor, entre Bruselas y Madrid, autor del libro 'La dominación liberal' (Tierradenadie, 2012) y trabaja sobre Spinoza y el materialismo en filosofía política.

Izquierda Unida presentó este lunes su programa electoral para las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo 25 de mayo. Se trata, según la secretaria ejecutiva federal de Elaboración Política, Programática y Áreas de IU, Marga Ferré, de un "programa serio" con medidas "concretas, posibles y solventes".

Durante la presentación del texto [consúltalo aquí en PDF], Ferré aprovechó para cargar contra el PSOE y el PP por no haber presentado aún sus respectivos programas electorales. "Es una tomadura de pelo –aseguró–, carece de legitimidad quien se presente sin un programa escrito en blanco y negro". Según la dirigente de IU, la ausencia de programa en los dos partidos se debe a que ambos votan lo mismo el 73% de las veces en el Parlamento Europeo. "Igual no tienen políticas tan distintas", añadió. En las últimas semanas, desde IU se ha insistido en que dirigentes del PP y del PSOE trabajan con la idea de formar una gran coalición tras las próximas elecciones generales.

En la misma línea, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, afirmó que "todos los tratados que han constitucionalizado el neoliberalismo han sido consolidados por el PP y el PSOE", en lo que catalogó como "su programa oculto". Para el líder de IU, en Europa está "creciendo la desigualdad entre la mayoría social y los más ricos", con un Banco Central Europeo (BCE) "al servicio de la banca especulativa y no del desarrollo".

Lara cree, en este sentido, que los dos partidos mayoritarios son "corresponsables de esta deriva" y sostiene que la pugna electoral de ambos candidatos durante la campaña a las elecciones europeas no es más que "una escenificación aparentemente dura", que no llegará a ser más que "una obra de teatro". Por ello, invitó a PP y PSOE a derogar el artículo 135 de la Constitución española –que ambos partidos reformaron en el verano de 2011–, suprimir las dos últimas reformas laborales y los"pensionazos" de Zapatero y Rajoy, cuestionar la deuda pública mediante una auditoría y promover la modificación del BCE.

También volvió a exigir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presentara ante el Congreso la carta de Jean-Claude Trichet que el BCE remitió a José Luis Rodríguez Zapatero en agosto de 2011 y que vio la luz en el libro que el expresidente publicó a finales de 2013. Una carta que, según el coordinador, "recoge las claves de lo que diseñó la Unión Europea para nuestras políticas", por lo que su partido va a realizar una pregunta escrita al Gobierno.

Una nueva Constitución Europea

En este contexto, la federación presentan un programa que "sí pretende poner en cuestión el sistema neoliberal". Según indican, en la confección del programa –de 80 páginas de extensión– han participado hasta 2.000 personas y ha habido más de 700 aportaciones a través de la herramienta de su web Programa abierto, todas ellas discutidas en una asamblea programática el pasado 2 de marzo.

El texto se divide en 7 grandes bloques: Economía; democracia, derechos y libertades; servicios públicos; medio ambiente y soberanía alimentaria; feminismo e igualdad; cultura y comunicación; y paz y solidaridad. Contiene 178 medidas legislativas que apuestan, entre otros asuntos, por la derogación de 15 normas –como la de las claúsulas suelo o la que impide la sanidad pública universal–, la auditoría de la deuda pública, la creación de nuevos organismos que acaben con la corrupción o la creación de dos tratados: uno que abra un nuevo proceso constituyente en Europa "sobre bases radicalmente distintas" y otro sobre cambio climático y medio ambiente.

"El mundo al revés"

Aprovechando la comparecencia pública, y a preguntas de los periodistas, Cayo Lara también se refirió al juicio del magistrado Elpidio José Silva por enviar a Miguel Blesa a la cárcel. Para el líder de IU es "el mundo al revés", por lo que pidió que acabe antes la tramitación del proceso contra el banquero que la del juez "para poner el mundo en orden".  

Otra revelación más en el escándalo del espionaje masivo de Estados Unidos. Según el número de esta semana del semanario alemán Der Spiegel, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) americana no sólo espió las comunicaciones de ciudadanos europeos, sino también edificios muy concretos y seleccionados de la Unión Europea. La información se desprende de documentos que obran en poder del antiguo empleado de la NSA –ahora en paradero desconocido– y que la publicación germana dice haber podido ver en parte. Snowden ha puesto en jaque a la Administración estadounidense por las informaciones sobre el programa Prism. 

En el documento de septiembre de 2010, calificado como muy secreto, se detalla cómo la NSA atacó la representación de la UE en Washington. Y, siempre según Der Spiegel, no se trató sólo de la instalación de micrófonos ocultos en la delegación europea en la capital de Estados Unidos. Fue algo bastante más sofisticado: la agencia se infiltró en el mismo sistema informático interno. Con ello, EEUU consiguió tener acceso no sólo a las conversaciones confidenciales, sino también a los correos electrónicos y a los documentos de los ordenadores de la UE. 

En el Justus Lipsius

Y no sólo eso. De acuerdo con los documentos que pudo ver el semanario, se atacó de una forma semejante la delegación de la UE en la ONU. En el documento de septiembre de 2010, la NSA califica a la UE como un "objetivo" expreso de espionaje. Asimismo, el servicio secreto estadounidense también realizó labores de espionaje en Bruselas. En concreto, fue en el edificio Justus Lipsius, que es dónde se reúne el Consejo Europeo. 

De acuerdo con el relato de Der Spiegel, los expertos de seguridad de la UE detectaron estos ataques informáticos. Siguiendo las pistas de esos pirateos, localizaron el origen: el cuartel general de la OTAN en Evere, cerca de Bruselas. Un análisis más detallado mostró que los ataques al sistema de telecomunicaciones provenían de una zona de las instalaciones de la OTAN que era utilizada por los expertos de la NSA. 

Si alguien tenía alguna duda de que el pacto entre PP y PSOE de cara a pactar una postura común para el Consejo Europeo de finales de este mes avanzaba, se ha disipado esta mañana en el Congreso de los Diputados. El intercambio de preguntas y respuestas entre Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sido de guante blanco. Cero tensiones. Cero palabras más altas que otras. Bastante sintonía.

En este contexto, socialistas y conservadores han convenido que su entendimiento se extienda también al resto de grupos. Esta voluntad se escenificará este jueves en el Congreso de los Diputados, al término del pleno. Conducirán la reunión el portavoz de los conservadores, Alfonso Alonso, y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez. Tampoco se descarta la presencia de Iñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la UE. Lo que no habrá, de momento, es una foto entre Rubalcaba y Rajoy. Un gesto que fuentes de ambos partidos interpretan como el intento de no monopolizar el acuerdo.

Desde el PSOE y el Gobierno adelantaron que a última hora de la mañana ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica en la que acordaron las "líneas básicas" de la proposición no de ley en la que se fijará la posición del Gobierno antes el próximo Consejo Europeo. 

Estas "líneas", plasmadas en ocho puntos, pasan por la puesta en marcha cuanto antes del plan europeo de empleo juvenil, utilizando todos los recursos previstos (6.000 millones de euros) en los primeros años, por la aprobación de medidas para la economía real –en especial una línea de crédito para pymes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y medidas de crecimiento e inversiones europeas con cargo a los fondos comunitarios. Esta iniciativa, consensuada por Rajoy y Rubalcaba, contempla también avances en el mercado interior europeo y en que se garanticen los pasos hacia una unión bancaria, así como "romper el círculo vicioso" entre deuda bancaria y deuda soberana a través de la recapitalización directa de las entidades, una promesa del Consejo Europeo del año pasado que aún sigue sin materializarse.

El texto plantea también apoyar, según informa Europa Press, un "rápido" comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la UE "ambicioso y mutuamente beneficioso" y favorecer avances en la consecución del mercado interior mediante la "pronta" adopción de las propuestas legislativas pendientes, prestando especial atención a la plena y efectiva aplicación de la Directiva de Servicios. En último término, el documento señala que la Unión debe "impulsar" el papel de los agentes sociales, favoreciendo su consulta y participación, asegurar un alto nivel de protección social, proteger los derechos laborales y fomentar los servicios públicos como la educación y la sanidad. 

Izquierda Plural y BNG se desmarcan y no van a la cita

Fuentes conocedoras de las negociaciones entre PP y PSOE sostienen que hasta la fecha no hay ningún texto cerrado al respecto. Y que se intentará avanzar en él en la reunión del jueves, a la que, según las mismas fuentes, están convocadas todas aquellas fuerzas políticas que quieran asistir. La intención es perfilar un documento que tome forma de proposición no de ley y que puede registrarse, a no más tardar, el viernes en el registro del Congreso de los Diputados. Esto permitiría que la iniciativa fuese calificada en la reunión de la Mesa de la Cámara del martes para ser debatida en el pleno del martes 25.

El texto, por lo demás, es bastante vaporoso. Por dos razones. Porque falta por atarlo con los grupos y, por tanto, hay que buscar un "común denominador beneficioso para España en este punto de la crisis". Y también porque a Bruselas el Gobierno no puede ir "con una concreción absoluta", ya que allí tendrá que lidiar (y negociar) con otros 26 países, según fuentes del entorno de Rubalcaba. 

La intención de Rajoy y Rubalcaba es seguir en contacto en los próximos días para avanzar en los preparativos de este Consejo Europeo. Ambos confían en que el acuerdo se pueda ampliar al resto de los grupos, especialmente CiU, PNV y Unión, Progreso y Democracia, partidos que avisaron ya de que no firmarán una mera adhesión a los postulados de los dos grandes. 

Quienes seguro que no se sumarán, y ni siquiera irán a la reunión, son Izquierda Plural y BNG. Como confirmó José Luis Centella en rueda de prensa, el grupo de IU-ICV-CHA no comparte que la negociación haya sido únicamente "bipartidista" y ahora se quiera invitar a la "foto final" al resto de fuerzas. "Se nos invita como extras en un pastel precocinado en el que difícilmente podremos aportar nada", constató el primer portavoz adjunto, antes de subrayar que tampoco ve al Gobierno por la labor de "cambiar las cosas". "¿Cómo se puede pactar con un partido que se mantiene firme en su reforma laboral, en su política de recortes y en su reforma fiscal?", se preguntó, informa Europa Press. A su juicio, el acuerdo alcanzado por Rajoy y Rubalcaba es una de las "imposiciones" de los "hombres de negro" que recientemente visitaron España para "salvar un bipartidismo que hoy se cuestiona desde todos los rincones del país".

Segundo. Hemos descuidado la construcción simbólica de lo europeo. En Madrid acabamos de celebrar San Isidro y hemos visto por las calles a los niños yendo al cole vestidos de chulapos. Una ciudad con tan poca identidad cultural como Madrid (que vive más bien en el orgullo, precisamente, de no tener esa fuerte identidad), para sin embargo el día 15 de mayo, organiza unos cuantos conciertos y una feria de toros. ¿Y Europa? ¿Cuándo celebramos de verdad Europa? Europa decide prácticamente todo en nuestra vida: nuestras leyes, nuestra economía, nuestras infraestructuras, nuestra fuerza en el exterior... Pero no la vemos. ¿Dónde está su bandera, su himno, su espíritu? No hay ninguna civilización en el mundo más fuerte que la europea. Una cerveza en una taberna de Praga es igual que una cerveza en Barcelona (y muy distinta, por cierto, de una cerveza en un colmado colombiano o en un pub estadounidense). La música clásica italiana es igual que la alemana, y el canto gregoriano idéntico del norte al sur de Europa. Los chinos, los latinoamericanos y los indios saben bien lo que digo: sabrían distinguir al instante qué es Europa y qué no, porque se sienten igual paseando por París o Varsovia, y ninguna de ellas se parece sin embargo a Nueva York o a Bombay. Por eso, solo de vez en cuando podemos decir que una ciudad (como Buenos Aires) es "muy europea". Por supuesto, una nación, no se construye sólo por decreto. Pero tampoco se construye sin decretos. Las naciones son construcciones simbólicas creadas (no solo, pero también) desde el poder a través de los contenidos educativos, el protocolo, los días festivos, los ritos, la promoción del arte y la cultura y el deporte nacional, y un sinnúmero de acciones e iniciativas. De eso la Unión Europea parece no entender casi nada.

Tercero. No se han fomentado los intercambios y las relaciones de la gente, sino solo los acuerdos entre las naciones. Inventos como las becas Erasmus, que el Gobierno de Zapatero quiso y no pudo llevar al ámbito del turismo de mayores también, se han liquidado o han decaído. La experiencia del Interrrail, con miles de mochileros recorriendo las estaciones europeas de tren, al menos se ha sustituido por los vuelos baratos de Ryanair y de Easyjet. Esas dos compañías sí están manteniendo el flujo de relaciones entre los jóvenes europeos, aunque sólo sea porque sus rutas son rentables de momento, y no necesariamente por europeísmo.

De manera que, en ausencia de esos líderes y esos símbolos y esos lazos, poco puede extrañarnos que, como muestra Pew Research Center en un estudio multinacional reciente, la crisis del euro haya tenido como consecuencia no un aumento del patriotismo (incluso del populismo patriotero) como en Estados Unidos, sino un aumento de la desafección hacia Europa. En cinco años ha caído veinte puntos el porcentaje de quienes ven de forma favorable a la Unión Europea, que hoy es solo del 46 por ciento. Sólo cuatro de cada diez europeos creen que la integración económica ha sido buena para la economía. Cae en solo un año de forma escandalosa la percepción de la situción de la economía y el empleo en todos los países.

En realidad, en todos menos en uno: en Alemania. Las curvas son muy llamativas. Mientras la confianza cae en todo el continente, los líderes bregan con los indicadores de popularidad y la calle se agita, sólo una país parece orgulloso de la evolución de la economía y una líder confiada en el resultado de las próximas elecciones. Es el mismo país que estuvo en el origen de las dos guerras mundiales reclamando, y les ruego que me perdonen la simplificación, un mayor espacio para el desarrollo de su identidad y de su fuerza. Y es la misma líder de disciplina prusiana y rigor ortodoxo que hace tres décadas era una ferviente comunista en la Alemania del Este. Definitivamente, necesitamos un o una líder en Europa o en unos años seremos tan solo el polvoriento museo del mundo.