El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha comparado al ultraderechista Javier Milei con dictadores como Francisco Franco, Augusto Pinochet, o Jorge Rafael Videla. "Tiene ese pensamiento. Así lo ha expresado", ha dicho en referencia del vencedor de las pasadas elecciones en Argentina.

"Es como si, este, estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet, o para ser más preciso, de Videla. Tiene ese pensamiento. Así lo ha expresado y somos respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya con esa política", ha dicho este martes en su rueda de prensa matutina.

"Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va ayudar, pero el pueblo es soberano aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados", ha dicho.

López Obrador ha vuelto a criticar la presión mediática que ejercen el poder económico y político no solo en México. "Impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados, pero allá está peor, es muchísima la manipulación, para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol", ha valorado, informa 'El Universal'.

"Respeto la decisión del pueblo", ha subrayado López Obrador, quien no ha podido dejar de remarcar también que no puede estar de acuerdo con los gobiernos conservadores, clasistas, o racistas. "No estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha, la única doctrina", ha dicho.

A su vez, se ha mostrado tranquilo ante la posibilidad de que los electores puedan cambiar el signo político del país en las próximas elecciones de 2024. "Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer, el pueblo de México está muy consciente, es de los más politizados del mundo", ha confiado.

"Sabe muy bien que los gobiernos de derecha sólo favorecen a las minorías, son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de derecha empleados de las oligarquías, se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones, no le tienen ni amor ni respeto al pueblo, eso ya aquí se sabe", ha enfatizado.

No obstante, el mandatario mexicano ha descartado que el triunfo de Milei vaya a significar la ruptura de relaciones con Argentina. "Un país, una nación, no es solo su Gobierno", ha explicado para hablar de los "lazos de amistad y de solidaridad en momentos muy difíciles" que ambos Estados han mantenido.

El triunfo de Milei el pasado domingo se ha recibido con cierta frialdad entre sus vecinos regionales, con mayoría de gobiernos progresistas, a los que el propio ultraderechista argentino ha estado dedicando ofensas a lo largo de los últimos tiempos, incluido en campaña electoral.

Así, después de que López Obrador animara en 2022 a los colombianos a votar por el cambio que a su juicio representaba el presidente Gustavo Petro, Milei le calificó de "patético, lamentable y repugnante".

El 20 de noviembre de 1975, mientras el águila de San Juan se preparaba para abandonar España y dar paso a la democracia, la sombra del cóndor de las dictaduras se expandía por América del Sur. El golpe de estado del general Videla en Argentina, ocurrido al año siguiente, completaría el mosaico: Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, Geisel en Brasil, Hugo Banzer en Bolivia, y Bordaberry en Uruguay. Y sin embargo, a diferencia de Francisco Franco, ninguno de estos hombres descansa bajo una tumba monumental ni es objeto de honores. ¿Qué queda de los dictadores en Sudamérica?

El espectro de Stroessner

El militar Alfredo Stroessner llegó al poder en Paraguay con un golpe de estado en 1954. Su régimen de 35 años trajo la paz del sepulcro: 400 personas fueron ejecutadas o desaparecidas y casi 19.000 torturadas, según datos de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, hasta que el propio dictador fue depuesto por uno de sus subordinados. Hasta 1993 no se celebrarían elecciones democráticas, en las que vencería el partido del general.

“La mayoría de los crímenes cometidos durante la dictadura se siguen investigando y han sido reconocidos”, explica Soledad Villagra, presidenta del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del país. Las avenidas por las que caminan los paraguayos ya no son las mismas. “Hay una plaza de detenidos desaparecidos, pero no hay tantos monumentos como en Argentina. Lo símbolos los quitaron ya: quitaron las estatuas del dictador, las calles que tenían los nombres de sus parientes se cambiaron, la ciudad Presidente Stroessner pasó a llamarse Ciudad del Este”, enumera la abogada especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional a infoLibre.

Sin embargo, Villagra advierte de que el espectro de la dictadura sigue rondando. “Prácticamente todos los gobiernos de la transición tenían personas allegadas al régimen de Stroessner. El primero (que sucedió al dictador) fue su consuegro, el segundo fue una persona que se enriqueció durante la dictadura”, relata la abogada. El “continuismo” salta a la vista: el Partido Colorado –el mismo del dictador–, lleva gobernando desde entonces, a excepción del mandato de Fernando Lugo (2008-2011). “Y el gobierno que acaba de ser electo es el más stroessnerista de todos, son los cachorros de la dictadura. El presidente actual llegó a llevar el cajón del dictador cuando murió”, lamenta. En este contexto, no extraña que el ministerio de Justicia no haya identificado los primeros desaparecidos hasta 2016.

También explica por qué Alfredo Stroessner murió en Brasil, exiliado, pero impune. Aunque está enterrado en una sencilla tumba en Brasilia, su recuerdo sigue pesando sobre los paraguayos, así como sobre Soledad Villagra: “Yo empecé a trabajar en Derechos Humanos impulsada por mi historia familiar. Tengo tres tíos que desaparecieron y mi papá fue encarcelado”, narra. “Estuvo preso tres meses durante la dictadura de Stroessner por escribir un poema unos líderes comunistas que habían sido asesinados. Luego pudo salir y nos fuimos a Chile, fue un más o menos autoexilio... Estuvimos allí hasta que llegó la dictadura de Pinochet”.

Fragmento del poema 'La espera', escrito por Carlos Alberto Villagra Marsal | IL

“Todos los centros importantes de detención, represión o exterminio se han convertido en sitios de memoria”

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, improvisó a finales de agosto una visita al Museo de la Memoria y la Reconciliación en Santiago, en su escala en Chile. En este cofre de cinco mil metros cuadrados se preservan los recuerdos más amargos: las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado entre 1973 y 1990, la dictadura de Augusto Pinochet. Al igual que en Paraguay, aunque muchos miembros de las fuerzas de seguridad han sido enjuiciados y condenados, el dictador murió en libertad. La batalla legal por enjuiciar a Pinochet comenzó con su detención en Londres en 1998. No obstante, el anciano militar alegó en numerosas ocasiones un mal estado de salud para escapar de los juicios. Finalmente murió en Chile en 2006 de un infarto, a los 91 años de edad, en medio de un proceso por secuestros, homicidios y torturas. Sus restos permanecen en una capilla privada en Valparaíso.

Recién estrenada la democracia, el presidente Patricio Alywin –cuyo margen de maniobra estaba ampliamente restringido debido al poder de los militares– encargó a la nueva Comisión de Verdad que esclareciera qué sucedió con durante la Doctrina de Seguridad Nacional. Apenas un año después, el mandatario apareció en todas televisiones chilenas anunciando los resultados del Informe Rettig: 3.550 violaciones de derechos humanos. En 2004, otra comisión amplió estas cifras: 28.000 torturados, 3.197 asesinados o desaparecidos y 200.000 exiliados.

No obstante, el director del Museo de la Memoria, Francisco Estévez, explica a infoLibre que todavía quedan muchos asuntos en la penumbra. “El principal problema que tenemos nosotros es el desconocimiento del paradero de los desaparecidos. Están sus nombres, sus fotografías, la certeza del momento en el que fueron detenidos. Pero no está la certeza de su paradero ¿Qué pasó con sus cuerpos? ¿Dónde fueron enterrados? ¿O Fueron tirados al mar? Hay muy poca información porque obedeció a una estrategia de la dictadura de eliminar todos los rastros de su represión. Ese es un tema clave todavía pendiente, así como el avance de las investigaciones judiciales y la sanción. El fantasma de la impunidad siempre está. Siempre está rondando. Y para que esto no ocurra, Estado y Sociedad Civil deben estar unidos”, argumenta el historiador de la Universidad Católica y Premio UNESCO-Mandajeet Singh 2014.

“Todos los centros importantes de detención, represión o exterminio se han convertido en sitios de memoria”, señala Estévez. “No ha habido una política sistemática del Estado de cambiar los nombres de lugares de la ciudad que hayan sido nombrados con nombres relacionados de la dictadura. Si existen esos centros, es porque las víctimas o sus familiares han trabajado permanentemente por que esos sitios vayan contando la verdad sobre lo que sucedió en ese lugar y que se reivindique la justicia”, añade. 

Despúes de recorrer los pasillos del Museo, Pedro Sánchez anunció que renunciaba a la idea de convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria. Francisco Estévez, a su vez, duda que la tumba de Franco pueda convertirse en un hogar de reconciliación: "Se construye como un símbolo de la guerra donde domina el franquismo. A mí me parece muy difícil que ese lugar pueda resignificarse. Hay que pensar que si se hace un museo de la memoria u otra iniciativa similar, creo que tienen que buscarse otro lugar".

Augusto Pinochet | EP

'Nunca más'

“Muchos de los episodios aquí reseñados resultarán de difícil credibilidad. Es que los hombres y mujeres de nuestro pueblo sólo han conocido horrores semejantes a través de crónicas de otras latitudes. La enormidad de lo acontecido, la transgresión a los fundamentos mismos de la especie, provocará todavía aquel «¿será cierto?» con que algunos intentaban sustraerse del dolor y del espanto, pero también de la responsabilidad que nace del saber, del estar enterado, porque a ello sigue, inexorablemente, el preguntarse: ¿cómo evitar que pueda repetirse?”.

Esa es la interrogante que lanzó el informe Nunca Más, que reveló lo sucedido durante la dictadura militar argentina, un año después desde la recuperación de la democracia. El fracaso de la Guerra de las Malvinas precipitó el hundimiento del llamado Proceso de Reorganización Nacional en 1983. Y con él, salieron a flote las torturas, desapariciones forzadas, secuestros y robo de niños que, al mando de Jorge Rafael Videla, aterrorizaron a los argentinos . Se estima que 30.000 personas murieron. Un asunto que los militares buscaron dejar atrás mediante una ley de autoamnistía promulgada justo antes de permitir unas elecciones libres.

Pero la democracia argentina tomó otro camino desde el principio. “Este fue el único caso en la historia de América Latina en que las principales autoridades de un gobierno durante el cual se perpetraron masivamente crímenes contra la humanidad fueron llevadas ante la Justicia para rendir cuentas”, explica Amnistía Internacional. Con el Nunca Más sobre la mesa, los 5 miembros de la Junta Militar fueron condenados. El dictador Videla y Eduardo Massera, responsable del mayor centro de desapariciones, fueron condenados a cadena perpetua.

A pesar de que la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida promulgadas a mediados de los ochenta buscaron poner fin a los juicios, y de las amnistías concedidas durante el gobierno de Ménem en los años noventa, la lucha contra la impunidad se retomó en el siglo XXI. Según el último informe anual de Amnistía Internacional, “entre 2006 y diciembre de 2016 se habían emitido 173 sentencias, con lo que el número total de personas declaradas culpables se elevaba a 733”. Esparcidos a lo largo del país decenas de Espacios de Memoria recuerdan el oscuro periodo de la dictadura, pero el sepulcro de Videla no es uno de ellos. Sin haber nunca mostrado arrepentimiento, el dictador murió en prisión en 2013: un funeral sin honores de Estado y una tumba con un nombre falso fue su destino.

Fotografías de desaparecidos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional | EP

“No se les podía perseguir, o habría problemas”

Al otro lado del Río de La Plata, en Uruguay, las elecciones volvieron en 1985, terminando con la dictadura cívico-militar iniciada por Juan María Bordaberry doce años antes. El uruguayo Omar Torres-Collazos se convirtió en profesor de Ciencias Políticas y de Historia de la Filosofía del Derecho una vez en España, pero todavía recuerda el día del golpe de estado –un 27 de junio de 1973– y los años de represión. Tenía 17 años cuando detuvieron a su padre.

“En todas las familias uruguayas ha habido un preso político. Yo sé que no hubo muchos, pero es que tampoco somos muchos uruguayos. También ha habido muchos desaparecidos. Solamente somo 3 millones y medio de uruguayos”, detalla. Si bien las violaciones de derechos humanos fueron similares a las ocurridas en los países vecinos, Uruguay se diferencia por su transición. “En 1984 –narra– se reunieron los políticos tradicionales con los militares. De ahí salieron los acuerdos de Parque hotel que permitieron la vuelta a la democracia. Y, evidentemente, se estableció una amnistía general. No sólo incluyó a los guerrilleros, sino también a los militares. Por eso, después de las elecciones en 1985, salieron todos en libertad”.

El gobierno, habiendo pactado con los actores de la dictadura, aprobó la Ley de Caducidad de la Acción Punitiva del Estado: los responsables no podrían ser juzgados. Y sin embargo, aunque esta decisión ha sido sometida dos veces a referéndum, la mayoría de uruguayos se niega a derogarla. ¿Por qué? “Ya no valía la pena. El desprestigio de los militares era bestial. Pero la gente de uruguay es bastante inteligente, y se daba cuenta de que en aquel momento donde los militares todavía tenían mucho poder, no se les podía perseguir. O habría problemas. Prácticamente no hubo limpieza de los militares. Se fueron muriendo, se les mandó a su casa, siguieron cobrando sus pensiones, no devolvieron lo que se robaron, aunque tampoco robaron gran cosa”, explica el politólogo.

Hasta el año 2000 no hubo una Comisión de Paz que registrara las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Apenas una veintena de militares fueron condenados, entre ellos el dictador Gregorio Álvarez en 2009. El propio Bordaberry fue finalmente condenado a 30 años de prisión al año siguiente. Murió el 18 de julio de 2018, bajo arresto domiciliario debido a su estado de salud, y fue enterrado en un cementerio de la capital. Al igual que Stroessner, Pinochet y Videla, Bordaberry no tuvo un funeral de Estado.

El pasado 4 de agosto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, entregó estos textos al presidente argentino, Mauricio Macri, en Buenos Aires. Durante los próximos 18 meses, Washington irá publicando información adicional en el marco de un esfuerzo general por parte de las 14 agencias y departamentos del Gobierno por buscar sus documentos y desclasificarlos para su acceso público.

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) lidera estos esfuerzos, con el apoyo de la Casa Blanca. En esta ocasión, se han desclasificado 1.078 páginas que arrojan cierta luz sobre las políticas del Gobierno de Jimmy Carter y del papel que las cuestiones de Derechos Humanos tuvieron en la relación bilateral con Argentina, según indica la propia DNI en un comunicado.

Tal y como recoge Clarín, que ha accedido a los documentos, entre estos se encuentran los intentos por parte del dictador argentino Jorge Videla de acercarse al Gobierno de Carter. El secretario de Derechos Humanos argentino, Claudio Avruj, se mostró sorprendido" por la "rapidez en que Estados Unidos entregó la documentación".

Si bien el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se comprometió el pasado mes de marzo en una visita al país a entregar estos documentos, Buenos Aires esperaba que tardara más de un año en hacerlo. Si bien los documentos se entregaron en formato digital, el secretario de Abuelas de la Plaza de Mayo, Abel Madariaga, es el único que ha recibido un ejemplar en papel.

Entre los documentos se encuentra el testimonio del diputado socialista y activista por los Derechos Humanos Alfredo Bravo, que fue secuestrado en 1977, denunciando "la técnica conocida como 'submarino' –intentos repetidos de ahogamiento, bien en agua o con una bolsa en la cabeza– y el uso de picanas", una especie de pistola eléctrica para realizar descargas.

También hay una carta dirigida a la secretaria para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de Jimmy Carter, Patricia Derian, en la que se habla del periodista fallecido Jacobo Timerman, que se habría reunido con la prensa en Tel Aviv (Israel) pero a la que advirtió de que no escribiría sobre "su experiencia en Argentina" por "miedo a represalias".

Timerman fue detenido en abril de 1977, y después de casi tres años de su detención, el régimen militar lo despojó de su ciudadanía argentina y lo expulsó del país, tras recibir fuertes presiones de organismos de prensa internacionales.

Entre otros documentos, se encuentra una carta de Videla a Carter en la que explica la detención de varias personas por las que el presidente de Estados Unidos se había interesado; y otra de Carter a Videla disculpándose por no poder acudir a la boda de uno de los hijos del dictador.

Cuarteles de invierno, Sur, Ilusión de movimiento, Kamchatka, El Clan... El cine argentino se ha esforzado en dar cuerpos y voces a la dictadura cívico-militar de Jorge Videla y sus víctimas desde su final en 1983. Pero, de entre los horrores que quedan por contar, hay uno particularmente significativo que no había sido abordado todavía. Capitán Kóblic, un largometraje dirigido por Sebastián Borensztein que se estrena este viernes después de pasar por el Festival de Málaga, evoca los vuelos de la muerte, esa terrible forma de exterminio del régimen, aunque lo haga de forma tangencial. 

Tomás Kóblic, capitán de la Armada, llega a un pueblo de La Pampa (la ficticia Colonia Elena) huyendo de su pasado, huyendo de sí mismo. No puede soportar su participación en los llamados vuelos de la muerte, aquellas expediciones en las que se cargaba a los "subversivos" que habían sido torturados por los militares y, sedados y semidesnudos, se les arrojaba al mar desde los aviones. Aunque todavía existen pocos datos, excolaboradores del régimen como el militar Adolfo Scilingo —condenado por la justicia española por delitos de lesa humanidad— apuntaron a que la cifra de asesinados por este método supera los 4.000. El vuelo, libro de investigación conducido por el escritor Horacio Verbitsky en 1995, había explorado el tema en profundidad. El cine aún no se había atrevido. 

"Ahí radica uno de los desafíos y valentías de su guionista y director", explica Darín a la agencia Europa Press, "meterse con un tema con el que nadie se atrevió a meterse antes, porque el 95% de los ocupantes de ese vuelo están desaparecidos y el otro 5%, que son los tripulantes, son difíciles de encontrar y probablemente se negarían a participar en una confesión". En esta película de intriga que va derivando paulatinamente en western de La Pampa, el propio Kóblic pone difícil dar con su paradero. Se esconde, ante todo, de sus antiguos compañeros, que le consideran un desertor. Pero también de una idea de sí mismo que detesta: el "cobarde" que no tuvo la fuerza de sus pares para enfrentarse a la realidad, según los militares; el "cobarde" que tampoco se atreve a denunciarlo, según él mismo. 

La actriz Inma Cuesta da vida a Nancy, una joven habitante de Colonia Elena que se convertirá en la tabla de salvación de Kóblic. Su personaje, aislado en el campo argentino, juega un papel discreto en la trama política del filme, pero tiene cierto peso en la construcción del ambiente asfixiante del pueblo: "Es un animalillo enjaulado que intenta escapar. Como Kóblic". Aunque la mayor preocupación de la actriz fue lograr un acento creíble —"Lo aprendí como una partitura musical", explica— sí se ocupó de formarse sobre el contexto histórico del país en aquella fecha. "Los vuelos de la muerte son el pistoletazo, pero es verdad que tiñen toda la película de un ambiente opresivo. Yo desconocía y necesitaba saber, casi por curiosidad", explica.

La actriz considera que el espectador español se sentirá naturalmente cercano a la atmósfera que se retrata. Al menos, así fue para ella: "Resulta fácil empatizar con aquello, porque aquí hemos tenido situaciones muy parecidas". De hecho, hay una curiosa relación entre los vuelos de la muerte y la dictadura franquista. Lo explicaba Scilingo en una entrevista realizada por el periodista Martín Castellano: "Los vuelos fueron comunicados oficialmente por [el vicealmirante] Mendía pocos días después del golpe militar de marzo de 1976. (...) Explicó que en la Armada no se fusilarían subversivos ya que no se quería tener los problemas sufridos por Franco y por Pinochet. Tampoco se podía ir contra el papa. Ante las dudas de algunos marinos, se aclaró que 'se tiraría a los subversivos en pleno vuelo".

"Vamos, caminen", dice un grupo de militares a sus prisioneros, aún en tierra. Kóblic tiene sueños recurrentes con el que parece ser su último vuelo. En ellos, Borensztein (Un cuento chino) esboza la crueldad de los "traslados", en la jerga militar. Kóblic pilota el avión, al que hacen subir a un pequeño grupo de jóvenes que parecen haber recibido una paliza, y seguramente alguna droga como el pentotal. Una vez en vuelo, se les desnuda y se preparan para arrojarlos al mar. Es lo que aventuraba el escritor Rodolfo Walsh ya en 1977, con la poca información de la que se disponía, en su "Carta abierta de un escritor a la Junta Militar", antes de ser secuestrado y asesinado solo un día después de su publicación por orden de esa misma Junta: "Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza". 

Pero Kóblic se niega a abrir la puerta de la nave. No es una resistencia fuerte. No hay discursos ni heroismo. Simplemente, no lo hace. Y tampoco evita los ajusticiamientos. "Yo no tendría que haber volado", se confiesa a un amigo. "Sos un buen tipo, polaco, no te pongas en duda", le contesta. Si Kóblic tiene alguna posibilidad de redención, desde luego no la alcanza a través de su director: "El hecho de que él se niegue es simbólico, no le quita responsabilidad, es como decir 'No quiero apretar ese botón', pero llevabas ese montón de gente, ¿a qué? Rumbo a la muerte. No es un buen tipo, no es que se escapa para ir a denunciar lo que vió a La Haya sino que huye como una rata", dijo Borensztein al diario argentino Télam.

¿Es culpable Kóblic? ¿O podría excusarse tras aquella "obediencia debida", el argumento por el cual los militares no son responsables de las órdenes que reciben? Gracias a una ley vigente en Argentina entre 1987 y 2004, numerosos militares se salvaron de la prisión. "Si usted cree que una banda de diez tipos puede llegar a movilizar aviones de Prefectura y de la Armada está un poco equivocado. Era una fuerza armada que se estaba movilizando. (...) ¿Por qué no se dice la verdad si se actuó como Armada Argentina, si estábamos cumpliendo órdenes perfectamente dadas a través de la cadena de comando? Toda la Armada sabía lo que se estaba haciendo", explicaba Scilingo a Verbitsky en El vuelo. De haber existido, Kóblic habría sido uno de ellos, ya que su rango (capitán), está por debajo del de coronel, nivel en el que se situó la responsabilidad penal de los asesinatos. 

Foradori detalló que las autoridades han alcanzado un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para publicar 75 comunicaciones del organismo entre 1978 y 1982 sobre la situación de los derechos humanos en el país.

La UNESCO ordenó que estos documentos, que hasta ahora eran de carácter reservado y en los que se da cuenta de asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales, cierre de periódicos y otros sucesos, sean digitalizados.

Las denuncias están divididas entre admisibles o no admisibles, ya que la UNESCO recibía únicamente notificaciones sobre personas detenidas o desaparecidas relacionadas con el campo de la cultura, la ciencia, la educación y la comunicación.

Foradori recalcó que la publicación de los documentos es un hecho "muy importante" para dar a conocer "la página negra de la dictadura", según informó la agencia estatal argentina de noticias, Télam.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad con medidas cautelares al médico argentino Carlos Fernando Gori a la espera de que se resuelva la extradición a su país de origen, donde está acusado de participar en homicidios y torturas cometidos a partir del primer año de la dictadura militar del general Jorge Rafael Videla, informaron fuentes jurídicas. 

El doctor Gori está acusado por las autoridades judiciales argentinas de varios delitos de homicidios agravados, imposición de tormentos, privación de libertad agravada y asociación ilícita que se habrían cometido durante la dictadura militar, que se prolongó entre 1976 y 1983, informa Europa Press.

El magistrado le ha impuesto a Gori la obligación de comparecer diariamente en el juzgado más próximo a su domicilio. El médico había sido enviado a prisión provisional el pasado 19 de septiembre tras ser detenido un día antes en Alicante en virtud de la petición de entrega cursada por el país andino.

El detenido, de 74 años, trabajaba desde 2002 en la compañía Medibarox, radicada en Alicante y dedicada a la medicina hiperbárica, según consta en el perfil que mantiene abierto en la red social Linkedin.

"Condiciones inhumanas"

Según la reclamación, efectuada por el Juzgado Federal de Primera Instancia Criminal y Correccional número 3 de Mar de Plata Secretaría 8, Gori era en 1976 el jefe del Departamento de Sanidad de la Fuerza de Submarinos, desde el que habría contribuido a "mantener ilegalmente detenidas en condiciones inhumanas a disidentes y presos políticos".

El magistrado español le tomó declaración el pasado septiembre y cursó entonces una comisión rogatoria internacional a Argentina para preguntar a sus autoridades si la reclamación de extradición continúa vigente o los delitos han prescrito.

Del mismo modo, solicitó que se detallen los cargos que se sostienen contra él y que se realice una narración detallada de los hechos delictivos que se le imputan. El juez Velasco también quiso conocer si existe en el país argentino alguna norma de perdón, olvido o archivo que permita exonerar a Gori de responsabilidad penal.

El Gobierno de Chile anunció el pasado jueves su intención de derogar el decreto ley 2.191 del 10 de marzo de 1978, más conocido como ley de amnistía, según recogió este viernes el diario chileno El Mercurio. La propia presidenta chilena, Michelle Bachelet, dispuesta a cumplir con el compromiso de su programa electoral, propuso promulgar "con suma urgencia" un decreto ley que derogue la disposición aprobada en plena dictadura militar de Augusto Pinochet entre los años 1973 y 1978. De esta manera podrán ser juzgados, en un futuro, todos los delitos cometidos entre ese periodo y que se encontraban resguardados bajo el paraguas de la amnistía.

Según marcaba el texto redactado por la ministra de Justicia de la época, Mónica Madariaga, "concédase amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictivos durante la vigencia de la situación de estado de sitio, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas". 

El Gobierno chileno ya se comprometió públicamente ante Naciones Unidas a anular este decreto y para ello presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley en este sentido. El anuncio fue hecho el pasado 8 de julio, al someterse en Ginebra al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por el respeto de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que es estado parte.

Desde Naciones Unidas se había solicitado a Chile que derogase esta ley de amnistía para que ningún crimen de lesa humanidad quedase impune y para que no hubiese espacio para la interpretación.

El nuevo decreto permitirá investigar, sin traba judicial alguna, casos como el del diputado del partido derechista Renovación Nacional, Rosauro Martínez Labbé, presuntamente implicado en la muerte de tres opositores chilenos durante la dictadura militar –Patricio Alejandro Calfuquir, Próspero del Carmen Guzmán y José Eugenio Monsalve, militantes del Movimiento de Izquierda Radical (MIR)–. El político salió este viernes en libertad bajo una fianza de 19.502 euros, a pesar de que el diputado solicitase una fianza de 200 euros.

Recomendaciones al Ejecutivo español

De la misma manera, la organización internacional también lleva solicitando al Gobierno español actuaciones en este sentido. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe el pasado mes de agosto en el que pedía "eliminar todos los obstáculos jurídicos de carácter interno que puedan impedir investigaciones judiciales de los casos de desapariciones forzadas", haciendo referencia a la Ley 46/1977 (ley de amnistía). 

El relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, también solicitó al Ejecutivo español "valorar las alternativas y privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo".

No obstante, esta no fue la primera vez que Naciones Unidas solicitó al Gobierno del PP actuaciones en materia de memoria histórica y persecución de los delitos de lesa humanidad durante la dictadura franquista. El pasado 2 de julio, el Grupo de Desapariciones Forzosas de la ONU publicó un informe en el que solicitaba al Ejecutivo español que se juzguen todas las desapariciones “de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde que comenzaron”, eliminando los obstáculos jurídicos que puedan impedir dichas investigaciones y tratando de asegurar que las desapariciones forzosas no sean crímenes sujetos a amnistía.

El periodista y uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, aseguró a infoLibre que el Ejecutivo chileno "ha dado un gran paso por los derechos humanos puesto que priva de argumentos a los que agarrarse a todos aquellos sujetos al decreto chileno".

En relación al texto jurídico español, Silva consideró que "la ley de amnistía es un ordenamiento hecho a medida" por un "Parlamento no democrático en el que no estaban representadas todas las ideologías políticas". "Muchos partidos republicanos y de izquierda no fueron legalizados hasta después de aprobarse el texto", incidió el fundador. 

El periodista, que definió la ley como "la gran coartada del Poder Judicial español", apuntó que dicho texto jurídico "nunca ha sido efectivo" y aclaró que el único punto en el que se pudo usar como argumento "fue en el caso de los torturadores 'Billy el Niño' y 'Muñecas'". No obstante, quiso reiterar que "la tortura es un delito que no prescribe".

Preguntado por el futuro que le espera a la norma en España, Silva no dudó en afirmar que "el verdadero problema para tumbarla es la ausencia de apoyo político en el Parlamento, algo que no sucede en Chile".

Una amnistía con "valor simbólico"

Por su parte el PP, en palabras del diputado Pedro Gómez de la Serna, no se mostró conforme "con la consideración que se hace de la ley de amnistía". El conservador añadió que esta disposición tiene para su partido "un valor simbólico en cuanto a la reconciliación de los españoles". Estas palabras fueron pronunciadas en la Diputación Permanente celebrada en el Congreso de los Diputados la última semana de agosto. En esta cita, los grupos de la oposición intentaron, sin éxito, que el Gobierno explicase que medidas iba a implementar para aplicar las observaciones de los varapalos de Naciones Unidas en materia de memoria histórica.

Por su parte, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) criticó este viernes, en relación a los informes emitidos desde la ONU, que el Gobierno mantenga una actitud "obstruccionista" con las víctimas del franquismo, algo que está "en la línea de una incomprensible actitud de condescendencia hacia el régimen anterior".

El portavoz de JpD, Joaquim Bosch, advirtió de que la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 impone una serie de obligaciones al Gobierno, como es la localización e identificación de las más de 114.000 personas que siguen en fosas comunes, una situación "inaceptable" en una sociedad democrática.

"No resulta aceptable el argumento del Gobierno de que no dispone de medios económicos, porque ello podría explicar una reducción de las partidas presupuestarias, pero no la absoluta paralización que se ha producido de las actuaciones institucionales", apostilló Bosch.

Otras amnistías latinoamericanas

Chile no se convertirá en el primer estado latinoamericano en derogar una ley que respalda los delitos cometidos durante periodos dictatoriales. En realidad, seguirá la estela iniciada hace años por Argentina.

En el país del tango, la llamada Ley de Pacificación Nacional, más conocida como ley de autoamnistía –aprobada durante la dictadura militar y que dejaba extinguidas "las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982"–, fue derogada en 1983 por el Gobierno de Raúl Alfonsín. La abolición de esta norma permitió condenar a Jorge Rafael Videla y a Emilio Massera a cadena perpetua.

En el año 2003, el Congreso Nacional argentino también derogó la Ley 23.492 de Punto Final, otro texto jurídico incubado durante el mismo periodo de la dictadura militar y que protegía a todos aquellos que hubiesen cometido durante estos años delitos de desaparición forzada.

El resto de países latinoamericanos continúan con sus respectivas leyes de amnistía derivadas de los diferentes conflictos internos. Uruguay, por ejemplo, ratificó en 2011 la llamada Ley de Caducidad, que permitió a los responsables de crímenes durante el periodo dictatorial (1973-1985) salir impunes.

La ONU también solicitó a El Salvador a finales de agosto la derogación de la ley de amnistía aprobada en 1993, según recogió el rotativo salvadoreño El Mundo, y aludiendo al dictamen que emitió en 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicitaba la abolición del texto jurídico. 

El Tribunal Oral en lo Criminal y Federal de La Rioja (Argentina) ha condenado a cadena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta al exgeneral Luciano Benjamín Menéndez y al excomodoro Luis Fernando Estrella como autores mediatos del "homicidio premeditado" del obispo Enrique Angelelli, ocurrido el 4 de agosto de 1976, a causa de un accidente automovilístico simulado.

Estrella fue trasladado de inmediato al penal de Bouer, en Córdoba, por orden del tribunal, mientras que Menéndez ya se encontraba preso en la cárcel de Marcos Paz, en Buenos Aires, por otras condenas por delitos de lesa humanidad. A ambos les realizarán exámenes médicos para comprobar si pueden permanecer en prisión, según informa el diario Clarín.

Dictador Videla

También estaban imputados en este caso el exdictador Jorge Rafael Videla, el exministro de Interior Albano Eduardo Harguindeguy y el expolicía de La Rioja Juan Carlos Romero, pero ya han fallecido. Angelelli pertenecía al sector de la Iglesia que se opuso a la dictadura militar argentina (1976-1983).

Los hechos ocurrieron el 4 de agosto de 1976, cuando el entonces obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, regresaba desde la ciudad riojana de Chamical, donde había participado de una misa en memoria de otros sacerdotes asesinados.

En una camioneta

Angelelli viajaba en una camioneta junto al exsacerdote Arturo Pinto cuando, a unos 100 kilómetros al sur de La Rioja, según testigos y el mismo Pinto, un automóvil de color blanco se cruzó por delante de la camioneta, lo que provocó que el vehículo se saliera de la carretera y volcara.

El obispo salió despedido y falleció prácticamente en el acto, mientras que Pinto quedó dentro del vehículo inconsciente. Algunas versiones argumentaban que los dos imputados salieron del vehículo y dispararon en la nuca a Angelelli, mientras que Pinto declaró haber visto de cerca el cuerpo del obispo con graves lesiones en la nuca.

Un golpe

La autopsia confirmó que Angelelli murió a consecuencia de un golpe de elemento contundente en el hueso occipital, además de haber sufrido otras heridas y lesiones, incluida la fractura de varias costillas.

Los dos imputados que llegaron vivos al juicio están acusados por el asesinato de Angelelli y el intento de asesinato del sacerdote Pinto, testigo clave del caso para desbaratar la versión oficial de la dictadura de que la muerte del obispo riojano se produjo en un accidente automovilístico, y que durante años la jerarquía eclesiástica sostuvo como la versión verdadera de los hechos.

Sacerdotes

Durante la instrucción de la causa, se ha averiguado que Angelelli fue asesinado porque desde julio de 1976 investigaba por cuenta propia la muerte de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville.

El día de su muerte, el obispo llevaba una carpeta con información sobre el asesinato de los dos sacerdotes que responsabilizaba del crimen a represores de la dictadura, en especial a militares de la base de la Fuerza Aérea en Chamical.

Prisión

El juicio por el homicidio de Murias y Longueville concluyó en diciembre de 2012 con la condena a prisión perpetua de Menéndez, Estrella y el policía Domingo Benito.

Videla murió el pasado viernes a los 87 años a consecuencia de múltiples fracturas y de una hemorragia interna provocada por una caída que sufrió cuatro días antes mientras se bañaba en el Penal de Marcos Paz, según las primeras informaciones.

La familia lo achaca al retraso de la autopsia, aunque otras fuentes apuntan a que prefieren mantenerlo en secreto para evitar el repudio social.  "Vivimos en una gran incertidumbre. Estamos esperando noticias, pero nadie nos dice nada. Si hasta nos enteramos de la muerte de mi padre por los medios. Oficialmente nadie nos dijo nada", ha dicho Rafael Videla, hijo del ex dictador.

De momento, solo se sabe que Videla no recibirá ningún honor militar por la orden ministerial dada en 2009 por la entonces titular de Defensa, Nidla Garré, que prohíbe dar este trato fúnebre a los miembros de las Fuerzas Armadas implicados en violaciones de los Derechos Humanos.

Jorge Rafael Videla se convirtió en el símbolo de una dictadura militar que dejó entre 10.000 y 30.000 desaparecidos. Había sido condenado a varias cadenas perpetuas por los crímenes durante su régimen.

El cuerpo sin vida de Videla fue hallado en el inodoro de su celda, durante un recuento de rutina en el penal de Marcos Paz, según un informe médico penitenciario recogido por el diario Crónica.

Según pudo saber La Nación, los familiares de Videla, uno de los responsables y máximo símbolo de la última dictadura militar, se presentarán en la morgue para retirar el cuerpo en las próximas horas y prevén enterrarlo en el cementerio de Mercedes entre hoy y mañana.

El periódico argentino explica que la Justicia entregará el cuerpo sólo una vez que la familia haya manifestado su conformidad con el resultado de la autopsia. De hecho, añade el rotativo, los familiares podrían proponer peritos propios para repetir el estudio. Además, el cuerpo no podrá ser incinerado hasta que el juez no reciba los resultados completos de la autopsia, que pueden tardar hasta 20 días.

Según La Nación, "varios de sus camaradas, también presos por delitos de lesa humanidad", colocaron en la celda de Videla "una bandera argentina y un crespón negro".

El dictador fue condenado a cadena perpetua por tres causas: el juicio a las juntas militares que gobernaron Argentina, otra causa por los delitos de torturas seguidas de muerte de 31 personas, y el robo de bebés durante la dictadura, crimen por el que fue condenado a 50 años de cárcel.

De esas sentencias, explica La Nación, sólo es firme la del juicio a las juntas. La muerte de Videla dejó sin el máximo acusado a numerosos procesos en trámite por violaciones a los derechos humanos.

El exdictador argentino Jorge Rafael Videla ha fallecido este viernes de muerte natural, a los 87 años de edad, según ha confirmado oficialmente el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel. La muerte del exdictador se produjo en el centro penitenciario de Marcos Paz, en el que cumplía cadena perpetua por crímenes contra la Humanidad, según ha informado la agencia estatal de noticias Télam, quien ha recordado que "el genocida" había llegado al poder tras el golpe de Estado de 1976 y comandado hasta 1981 "la dictadura más sangrienta" de la historia del país.

El fallecimiento había sido adelantado por el diario Clarín. Cecilia Pando, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina (AFYAPPA), lo ha confirmado en declaraciones a la cadena Radio Once Diez. "Videla murió durmiendo. Anoche no quiso cenar porque se sentía mal", ha asegurado.

El exdictador fue condenado a 50 años de prisión por el robo de bebés durante su mandato en la última dictadura militar (1976-1983). La pena fue dictada por el Tribunal Federal número seis y se suma a otras condenas anteriores. Este proceso investigó 35 casos de apropiación de niños nacidos en cautiverio. Jorge Rafael Videla ha reivindicado hasta el último día de su vida su labor al frente de Argentina, la transformación que ofreció al país sudamericano y la defensa de la moral cristiana ante los movimientos marxistas a los que pretendía erradicar, a los que unió cualquier movimiento contrario a sus intereses.

Nunca se arrepintió de los miles de muertos que dejó su terrorífica represión de la oposición, pero el exdictador argentino pasó sus últimos años en la cárcel por su labor en el gobierno, algo que siempre defendió. Videla dirigió al grupo de militares que en 1976 dio un golpe de Estado y expulsó del poder a María Estela Martínez de Perón para imponer un gobierno militar que impulsó el eufemístico Proceso de Reorganización Nacional, que sirvió para imponer un modelo con el que se enriquecieron las grandes empresas y supuso la represión de cualquier voz discordante.

Videla pasará a la historia como uno de los principales impulsores de las peores represiones de las dictaduras americanas. El robo de niños se convirtió en una práctica habitual contra la oposición, una cuestión que aún provoca sufrimiento en Argentina, ya que muchos hijos siguen descubriendo que los que creían que eran sus padres son en realidad personas afines al régimen militar. En junio de 2012, el exdictador definió a las mujeres que sufrieron el robo de los bebés como "militantes activas de la maquinaria del terror", aunque rechazó las acusaciones de que dicha práctica fuese sistemática o se produjese por una orden expresa suya.

Durante la Operación Cóndor, miles de personas fueron arrojadas al océano Atlántico desde aviones para eliminar cualquier prueba de su asesinato, mientras que los cuarteles militares se convirtieron en centros de tortura contra los críticos del régimen militar.

En costante litigio con los tribunales

A pesar de su encarcelamiento y las condenas dictadas contra él, Videla nunca dejó de enfrentarse a las numerosas causas pendientes con la justicia. El pasado martes, Videla asumió "íntegramente" ante un tribunal la responsabilidad por los delitos cometidos por sus subordinados durante la Operación Cóndor. Videla cedió el poder en 1981 a otro militar, aunque no sería hasta 1983 cuando caería finalmente la junta castrense y se iniciaría de nuevo el proceso democrático. En 1985, Videla fue condenado por los crímenes durante la dictadura, pero en 1990, el entonces presidente argentino, Carlos Menem, le concedió el indulto para "superar los conflictos del pasado".

Desde que salió de la cárcel a principios de los 90 hasta 2008, pasó por varios regímenes de detención domiciliaria alternando con períodos en prisión, aunque no sería hasta ese año cuando entró en una cárcel militar. En 2010, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el indulto de Menem fue anticonstitucional y que su entrada en la prisión de Marcos Paz.

Repercusiones de todas las personalidades de Argentina

Ante el fallecimiento de Videla, las reacciones en Argentina de todo tipo de personalidades públicas no se han hecho esperar. Tras muchas violaciones de los derechos humanos, la muerte del ideólogo del terror (con su régimen dictatorial entre 1976 y 1983) ha causado júbilo entre personas de todas las clases sociales.

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980 y uno de los más críticos durante la dictadura, ha indicado que “Videla ha hecho mucho daño al país y a la humanidad. No se ha cerrado un ciclo, hay buscar más verdad y justicia". Pepe Soriano, actor y director que ha desarrollado gran parte de su trayectoria en España puesto que la dictadura le obligó a exiliarse, ha ido incluso más allá con sus palabras: "No creo que Videla descanse en paz".

Por su parte, el cantautor porteño Víctor Heredia, que sabe directamente hasta qué punto llegó el terror con Videla, se ha referido a este como “criminal”. El músico padeció la censura de sus versos y sufrió el secuestro de su hermana que aún hoy continúa desaparecida. "La muerte se ha llevado a un socio dilecto", ha afirmado sin ningún tipo de padecimiento. Hoy en día, Heredia colabora estrechamente con organizaciones que denuncian aquellas prácticas deleznables como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo. Para Nora Cortiñas, portavoz del colectivo que tiene el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos, "la historia sigue con la búsqueda de la verdad y la justicia”. Por ello, ha reclamado una decisión política “para saber esa verdad que reclamamos".

Entre los políticos argentinos destacan las reaccione de Roberto Feletti, diputado del Frente para la Victoria. "El genocida Videla murió en la cárcel, cumpliendo condena por sus crímenes. En la Argentina de la década ganada, también se derrotó a la impunidad", ha subrayado. Ricardo Gil Lavedra, diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), ha apuntado que "fue uno de los máximos responsables de un plan siniestro que determinó la muerte de miles y miles de argentinos. Se lo juzgó y condenó, y ha muerto cumpliendo la pena".

Roy Cortina, diputado socialista, ha considerado que ha muerto “la noche más negra de la historia de Argentina”. Facundo Moyano, también diputado del FpV, opina que el hecho de que Videla haya muerto luego de ser juzgado y cumpliendo una condena a perpetua en cárcel común, es una “buena noticia". En una postura similar se ha situado Leopoldo Moreau, dirigente de la UCR. "La muerte de Videla despierta el dolor por los que él mando a matar y torturar; pero no murió impune, sino en una cárcel de la democracia", ha declarado.

Victoria Montenegro, hija de desaparecidos y nieta recuperada, ha dicho acerca del exdictador que es “el personaje que diseñó ese destino para mi papá y decenas de miles de argentinos. Es importante como argentina saber que hay Justicia y que todos tienen sus garantías”, ha asegurado desde la nostalgia.

Crítica sensata en la prensa internacional

Le Monde ha señalado que Videla "había sido condenado a prisión por la sangrienta represión durante su presidencia", y ha mencionado que fue un "ferviente católico". Folha de San Pablo y la BBC británica han coincidido en acompañar las crónicas con una foto en la que Videla entrega la Copa del Mundo de 1978: "Nunca mostró arrepentimiento por los crímenes de los que se lo acusaba y por los que fue condenado".

El Corriere della Sera ha incluido en su información que bajo su presidencia, la represión fue “terrible". Entre tanto, el también diario italiano La Repubblica, ha recordado que Videla confesó que hubo "entre siete mil y ocho mil muertos" durante la represión.

En Chile, El Mercurio ha escrito un perfil de su figura y ha recordado la "sangrienta dictadura que según estimaciones de organismos de derechos humanos dejó un saldo de 30.000 desaparecidos". "Dos años después de asumir el poder, se produjo el conflicto limítrofe con Chile, el que estuvo a punto de convertirse en una guerra entre ambos países", ha destacado el matutino trasandino.

El diario Reforma, de México, país que también recibió a miles de argentinos exiliados, ha hecho hincapié en que "Videla gobernó de 1976 a 1981, los peores años de la última dictadura militar", mientras que el estadounidense Wall Street Journal ha remarcado que "lideró una junta militar que mató a miles de sus conciudadanos en una guerra sucia para eliminar 'subversivos".

En España, la web del diario El Mundo lo ha publicado como noticia principal con el título: “Muere en su celda el ex dictador argentino Videla”. Y minutos más tarde ha ampliado con: “El cerebro de la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, cuando desaparecieron 30.000 personas, murió a los 87 años”. Por su parte, El País ha otorgado a la noticia un gran despliegue. En las primera líneas lo describe como “el general dio el golpe militar que derrocó a Isabel Perón” y que “gobernó con puño de hierro Argentina desde 1976 a 1981”. La sección de opinión del diario ha sido especialmente crítica con la figura del exdictador. El columnista Martín Caparrós, de origen bonaerense, titula su artículo con “Muerte de un asesino” y en el interior lo califica como “hijo de mil putas” y considera que su desaparición es un “alivio para todos”.

El exdictador y militar argentino Jorge Rafael Videla ha fallecido este viernes de muerte natural, a los 87 años de edad, según ha informado en su edición digital el diario Clarín.

El exdictador argentino ha muerto en la prisión de Marcos Paz, donde estaba cumpliendo una condena de cadena perpetua por los crímenes contra la Humanidad cometidos durante su mandato. 

La esposa de un militar, Cecilia Pando, ha confirmado el fallecimiento de Videla en declaraciones a la cadena Radio Once Diez. "Videla murió durmiendo. Anoche no quiso cenar porque se sentía mal", ha asegurado.

Tras la instauración de la democracia en 1983, fue juzgado y condenado a prisión perpetua y destituido del grado militar. El 22 de diciembre de 2010 fue condenado a prisión perpetua en cárcel común por el caso conocido como UP1 y en julio de 2012,  a 50 años en prisión por ser responsable del robo de bebés durante su mandato en la última dictadura militar (1976-1983). La pena fue dictada por el Tribunal Federal número seis y se suma a otras condenas anteriores. Este proceso investigó 35 casos de apropiación de niños nacidos en cautiverio.

La cuestión más habitual que un español le plantea a un argentino es la explicación del peronismo. Convengamos que no es una tarea sencilla, pero el tema principal para alguien nacido al sur del paralelo 22 es la construcción de sentido en torno a la última dictadura militar que comenzó con el golpe de Estado de 1976 contra un gobierno constitucional y acabó con la derrota en la guerra de las Malvinas en 1982.

Uno de estos intentos es interpretar el argumento del general Jorge Videla cuando expresaba hasta hace unos días que se encontraba al frente de un ejército que intervenía en una guerra interna, lógica que avala un sector que, desde el ámbito democrático, pretende aún hoy establecer la teoría de los dos demonios: los militares en el poder y la guerrilla en la resistencia armada. La paradoja o la confusión se apoderan de esta visión cuando el Ejército gana la autodenominada guerra a la insurgencia cuya desigualdad de fuerzas hace que se la encuadre, con un mínimo de lógica, en una cacería y no en una guerra. El absurdo llega con el fin, la única y real guerra, la de las islas Malvinas, que cuesta sangre y escarnio.

No es necesario describir, una vez más, los detalles que van desde el aporte de la figura del desaparecido al campo semántico de los derechos humanos, hasta el robo de bebés. Pero sí es interesante posar la mirada en la actitud de los ciudadanos frente al genocidio y la inquebrantable constancia del general Videla, hasta el último aliento, en su posición irreductible al justificar los hechos.

La sociedad civil, sin duda, ha hecho una catarsis a través de los canales de la justicia a pesar de los obstáculos, que no fueron pocos. El mayor, la amnistía que el presidente Carlos Menem otorgó tanto a los militares como a los insurgentes, avalando con esta medida la mencionada existencia de dos infiernos. ¿Cómo no se registró ningún caso de justicia por mano propia frente a estos despropósitos?

Situémonos a poco más de una década del fin de la dictadura, con las heridas morales abiertas y el duelo sin resolver, en el lugar donde un padre, la pareja o el hijo de un desparecido ven al general Videla regresar a casa. La conocida película El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, cuenta este hecho desde la ficción y hasta donde sabemos, no se ha dado en la realidad.El secreto de sus ojos,  Ni Campanella ni Eduardo Alfredo Sacheri, autor de la novela, en la que se inspira la película, pueden haber ignorado este asunto al abordar su obra.

La cuestión es, como planteaba Sartre, no aquello que han hecho con nosotros sino qué hacemos con lo que han hecho de nosotros. Sin duda, en este caso, justicia. Esto habla de la salud de la sociedad argentina sin quitar validez a la ucronía creada por Campanella y Sacheri.

Esa misma justicia es la que no acepta el general Videla y se refugia en la propia hasta el final, acorazándose en un discurso que raya el relato esquizoide ya que no tiene ningún anclaje en lo real. Su sistema de creencias y fábulas legales solo es posible por la vía que lo llevó al poder: instaurando una razón paralela por la fuerza. Es increíble y a la vez perverso seguir su firme constancia en cada intervención pronunciada en estos años, su porfiada defensa de los delitos en una estructurada perseverancia sin fisuras. Tal conducta recuerda la lectura que hace Albert Camus del mito de Sísifo.

A Camus le importa el momento en que Sísifo ve caer la piedra después del esfuerzo que le ha costado subirla y comienza a descender hasta el pie de la montaña para retomar la tarea. Desde la cumbre y hasta el momento de llegar al punto de partida, en esa pausa, Sísifo vive la hora de la conciencia. “Si este mito es trágico, piensa Camus, lo es porque su protagonista tiene conciencia”. Y lo compara con el trabajador que emplea todos los días de su vida en la misma tarea, y aventura que su destino no es menos absurdo, “pero no es trágico sino en los momentos en que se hace consciente”. Se supone que en la lucidez se centra el mayor castigo porque allí se haría evidente su destino.

El general Videla, después de empujar la piedra de sus argumentos en cada juzgado, descendía hasta la celda, lugar desde donde volvía a emprender el ascenso haciendo rodar una nueva versión de su relato alucinado. En ese intersticio de conciencia quizás asumiera la tragedia en la que estaba sumido y en la que arrastró mortalmente a una generación de argentinos pero puede, también, que su desprecio por la vida se impusiera a toda culpa.

Miguel Roig es un escritor argentino residente en España. Su último libro es La mujer de Edipo (Península, 2012)