En la sentencia, que responde al recurso de apelación presentado por la familia Franco, condena a los herederos a desalojar la propiedad.
El juez les considera autores de un delito leve de coacciones después de que permanecieran unos cincuenta minutos encaramados en el edificio.
No cabe desarrollar una memoria democrática si no se recupera la historia y el recuerdo que la dictadura distorsionó u ocultó.
La familia del dictador alega que el Gobierno no hace "la más mínima referencia a por qué, cómo o en qué medida" estos objetos "aportan algo" a la distinción como Bien de Interés Cultural.
Se trata de bienes que "nada aportan a la significación del pazo como Bien de Interés Cultural y cuya retirada en nada comprometa los posibles usos definitivos" del inmueble.
En total, el ministerio ha hecho un lavado de cara a sus instalaciones quitando más de 400 símbolos de exaltación de la Guerra Civil y el franquismo. Unos 120 escudos preconstitucionales, casi un centenar de placas y más de una docena de estatuas y bustos del dictador se han retirado de edificios de las Fuerzas Armadas en los últimos años.
Gloria Rojas, vicepresidenta primera de la ciudad autónoma, asegura que el expediente ya está preparado y que aún no se ha retirado por la pandemia.
Las convicciones llegan después de ejercitar la mente, analizando, comparando teorías, hechos e historia de la de verdad y adoptando aquellas que consideras las más justas y adecuadas.
Informes de la UDC sostienen que hubo una compraventa simulada y defienden la "naturaleza pública" del inmueble
El pazo pasará, de forma provisional y a la espera de una sentencia definitiva, a ser patrimonio público tras el fallo que condenó a la familia del dictador a su devolución, tras 82 años en su posesión.
Según el inventario realizado la Xunta de Galicia y el Patrimonio Nacional, el inmueble contiene 697 bienes, entre los que se incluyen 3.000 volúmenes de la biblioteca de la escritora y retablos de la Virgen.
" Si la familia acredita que los compró con sus recursos con posterioridad a la muerte del dictador, supongo que serán suyos. Pero los bienes que estaban previamente y que fueron adquiridos antes de la dictadura, entendemos que forman parte del conjunto del pazo", explica el conselleiro de Cultura.
Destaca que la decisión de prohibir retirar bienes del recinto sin informar previamente a la parte demandada responde "a una situación de urgencia patente", pues los Franco habían contratado vehículos para llevárselos.
La familia del dictador se opone al inventario y el Estado plantea el depósito judicial de los bienes.
Se cumplen este jueves, 26 de noviembre, 45 años de aquella última carta que Marcelino Camacho escribió a su familia desde la prisión de Carabanchel. Como todas las suyas, contenía un análisis de la tensa situación política tras la muerte de Franco. Su hijo Marcel rememora aquellos días.
La profunda transformación de España en esa década de desarrollo de los sesenta generó la aparición de altos niveles de conflictividad que quebraban la tan elogiada paz de Franco.
El dictador es objeto de una cantidad ingente de bibliografía, quizás porque una nueva generación quiere saber.
El Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña declaró este bien como propiedad pública y ordenó a los heredereos del dictador su devolución el próximo 10 de diciembre.
La magistrada ha fijado la entrega voluntaria del inmueble el 10 de diciembre a las 11 horas, pero si no lo hacen se procederá al "inmediato desalojo".
PPdeG, BNG y PSdeG se enrocan en un debate sobre la patrimonialización los trabajos que llevaron la decisión judicial de devolución del pazo.
La desmemoria histórica también olvida a sus enfermos. Una mala gestión política de una enfermedad puede cometer errores vitales para muchas familias. Lavarse las manos de responsabilidades tuerce el futuro de los demás.
www.infolibre.es ISSN 2445-1592