El Gobierno deberá explicitar si conocía el espionaje en Baleares. Si sabía que el PP contrató en 2010 a una agencia de detectives privados para espiar a "dos o tres diputados socialistas". A este asunto sí tendrá que responder a la oposición del PSOE. Pero lo que el Ejecutivo no dirá es si pedirá o no la dimisión del encargado de aquella contratación, el entonces secretario general de los conservadores en las islas y hoy diputado en el Congreso, Miquel Ramis. Ni tampoco dará su opinión sobre el asunto. Lo decidió así la Mesa de la Cámara baja en su reunión de ayer martes. En números, se resume así: de las cinco preguntas de los tres diputados socialistas en las islas, el órgano rector del Congreso admitió dos, rechazó una y pidió la reformulación de otras dos. 

Fue infoLibre quien destapó, la semana pasada, que el PP balear pagó 4.176 euros a la agencia de detectives Cabanach en 2010 después de que se le impusiera al expresident Jaume Matas una fianza de tres millones de euros. Según la primera versión oficial, ofrecida por el propio Ramis a este diario, se contrató a los detectives para saber si "dos o tres diputados socialistas" habían sufragado un viaje privado a Andalucía con fondos públicos. Horas después, Ramis se enmendó y dijo que quienes eran investigados eran "cargos públicos" y ni siquiera del PSOE. 

Los socialistas del archipiélago, no obstante, acusaron al PP de "prácticas mafiosas", pidieron la comparecencia del president del Govern y líder de los conservadores de Baleares desde 2009, José Ramón Bauzá, y no descartaron emprender acciones legales. A la vez, desplegaron la ofensiva parlamentaria. Sus tres diputados en la Cámara baja, Sofía Hernanz, Guillem García y Pablo Martín Peré, registraron cinco preguntas dirigidas al Ejecutivo. 

Las cuestiones fueron analizadas por la Mesa en su reunión de ayer martes, 18 de junio. Una de ellas –"¿Va a pedir el Gobierno a Miquel Ramis que dimita?"– fue rechazada con rotundidad por todos los grupos presentes en el órgano de gobierno del Congreso (PP, que dispone de mayoría absoluta, PSOE y CiU), porque "no es competencia" del Ejecutivo pedir a un parlamentario que deje su escaño. 

La sexta cuestión

Las admitidas a trámite fueron dos, si el Gobierno "tenía conocimiento" de los hechos y si el Ministerio del Interior había "abierto procedimiento sancionador" por espiar a "diputados socialistas". Ambas, según fuentes parlamentarias, eran las únicas dos cuestiones que el PP estaba dispuesto a dejar pasar sin problemas, porque demandan directamente información sobre lo obrado y conocido por el Ejecutivo.

Sin embargo, los representantes del PSOE en la Mesa le persuadieron de que podían reformularse otras dos: qué opinión tenía la vicepresidenta del Gobierno sobre la "información desvelada" por Ramis y qué actuaciones "está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado para depurar si los hechos tienen relevancia penal". Según apuntaron fuentes socialistas, si se permitía preguntar al Gobierno qué sabía del baleargate, "no tenía sentido" vetar la opinión de Soraya Sáenz de Santamaría. El obstáculo que ponía por delante el PP era que se inquiría por la información "desvelada" por un diputado, Ramis. Eso es lo que ahora Hernanz, García y Martín Peré tendrán que pulir. 

En la reunión de la Mesa no se produjo una votación, puesto que había consenso sobre la pregunta rechazada y las dos admitidas y se esperará al martes que viene para ver cómo han sido reformuladas las otras dos. Los parlamentarios baleares registraron una cuestión más, que plasmaron en un folio aparte. Pedía saber las "actuaciones" que "están llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para investigar la existencia o no de escuchas a jueces y fiscales". La referencia implícita es al juez José Castro y al fiscal Pedro Horrach, el tándem balear que investigó el caso Palma Arena, germen del caso Urdangarin. Ambos se sintieron espiados en ese 2010 e incluso la Policía les ofreció contravigilancia y ambos la rechazaron. Dos miembros de la Mesa contactados por este periódico aseguraban que esta cuestión no había sido discutida en la reunión. Oficialmente, no es posible conocer con exactitud si esta pregunta pasó o no el filtro o, simplemente, no fue estudiada, porque la regla es que no se proporciona información hasta que ha sido comunicada a los diputados, lo que sucederá en las próximas horas. 

El PSOE cree que el Ejecutivo debe "opinar" y "arrojar luz"

Martín Peré, en declaraciones a infoLibre, juzgaba de hecho "grave" tener conocimiento del resultado de la reunión "por la prensa". Y yendo al fondo, recordó que los pagos a detectives revisten la "gravedad suficiente" como para que el Gobierno "deba opinar sobre conductas políticas y especialmente las de su propio partido, cuando los hechos son reprobables". "Independientemente de que esté o no en mano de Sáenz de Santamaría la dimisión de Ramis, puede opinar políticamente. El PP debe esforzarse por arrojar luz sobre este asunto, no por echar encima chorros de tinta, aunque ya nada nos sorprende. No se puede liderar la Ley de Transparencia y al mismo tiempo no ser transparentes en un caso como este". 

El diputado considera que las preguntas estaban "bien planteadas", porque se inquiría por el "reproche político y ético" del Gobierno a unas prácticas de espionaje contratadas por el PP, pero no obstante él y sus compañeros reformularán de inmediato las cuestiones tumbadas. El PSOE balear, recordó, quiere "llegar hasta el final". 

Es ese sumario, germen también del caso Urdangarin e instruido por Castro con Horrach como fiscal, el que en abril de 2010 obligó a Jaume Matas a afrontar una fianza de tres millones de euros.

Los trabajos de 2008, remacha así la versión oficial, no guardan relación con ningún espionaje: ni a diputados socialistas –que es lo que originalmente y en referencia a los de 2010 dijo el martes a infoLibre el portavoz del PP balear, Miquel Ramis– ni al tándem jurídico que lleva años destapando la caja de Pandora de la corrupción balear.

Esa es la versión oficial, pero en su fachada hay fisuras. La primera: el informe encargado por el PP sobre el metro de Palma existió, pero fue presentado a los periodistas como elaborado por otra agencia, la madrileña SIP Detectives y no por Cabanach. Según el PP, eso se explica por el hecho de que Cabanach “subcontrató” a sus colegas madrileños.

De nuevo, los directivos de Cabanach guardaron este jueves silencio más allá de la emisión de un comunicado en el que la agencia niega rotundamente haber participado en cualquier investigación a jueces o fiscales.

La segunda fisura surge también en los papeles, pero no en los del informe sobre el metro: la contabilidad del PP no consignó el pago de un solo euro a Cabanach en 2008. Ni la del partido en Baleares ni la estatal.

El desembolso de los 7.772 euros, cuya fecha exacta y plazos de abono resultan por tanto imposibles de conocer, fue detectado gracias a Hacienda: pese a que el PP no comunicó el pago a la Agencia Tributaria, Cabanach sí incluyó el cobro en la llamada declaración anual de operaciones con terceros, que refleja el flujo dinerario entre empresas prestatarias de servicios y sus clientes. Hacienda supo así de la existencia de esa transacción y la Policía la terminó incorporando a la lista de operaciones mercantiles solicitada por el juez Pablo Ruz, que investiga los llamados papeles de Bárcenas dentro del caso Gürtel.