La sharía, la ley sagrada del islam, volvió a dictar en Afganistán los deberes políticos y religiosos, públicos y privados, al poco de entrar los talibanes en Kabul el 15 de agosto de 2021. Habían pasado 20 años desde que las fuerzas de la OTAN invadieron el país tras los atentados del 11-S e intentaron construir, en vano, un Afganistán democrático y económicamente saneado. Con la llegada de los fundamentalistas pastunes, la represión y el recorte de derechos y libertades fueron inmediatos y se han ido agravando con el tiempo. En noviembre de 2021, el líder supremo talibán ordenó a los jueces imponer la ley islámica. Y, un año después, el Tribunal Supremo anunciaba oficialmente los primeros castigos públicos en su cuenta de X –antes Twitter– y en su página web. Las redes sociales del siglo XXI servían para proclamar la vuelta a la Edad Media de 40 millones de afganos.

Aunque durante los años de insurgencia contra el Gobierno de Kabul apoyado por la OTAN y Estados Unidos los talibanes nunca habían dejado de ejecutar escarmientos públicos, esa fecha supuso el regreso oficial de una de las marcas más terribles del régimen que ya había dominado el país asiático entre 1996 y 2001, tras la invasión soviética. Amputaciones de manos, flagelaciones y lapidaciones públicas, penas de muerte en estadios regresaban a la administración de justicia en Afganistán.

Así, entre el 26 de octubre de 2022 y el 26 de octubre de 2023, el Tribunal Supremo ha anunciado un total de 71 castigos públicos, que se han aplicado a 417 personas, según recoge el informe del proyecto Afghan Witness, dirigido por el Centro Para la Resiliencia de la Información, una organización británica sin ánimo de lucro experta en análisis e investigaciones de fuentes abiertas.

La mayor parte de esas penas, el 63%, castigan delitos “morales y religiosos”. Se consideran como tales el adulterio, la sodomía, los matrimonios sin autorización, beber y fabricar alcohol o la prostitución. “Ya con el anterior gobierno, el adulterio era considerado un delito, que se sentenciaba con 10 años de cárcel”, explica Mònica Bernabé, periodista del diario Ara que fue durante ocho años corresponsal en Afganistán y conoce bien el país. Casi el 25% de los castigos se debe a delitos contra la propiedad: robos y allanamientos de morada. Los delitos violentos –asesinatos y atracos a mano armada– son responsables de sólo el 8% de las condenas. El 2% restante lo componen el tráfico de drogas y delitos como la falsificación de documentos y el fraude.

Afganistán, que era el primer productor de opio del mundo, ha reducido la superficie cultivada de amapolas en un 95% el último año. Según cifras publicadas este mismo mes por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), ha pasado de 233.000 hectáreas en 2022 a tan sólo 10.800, con lo que la producción se ha hundido desde las 6.200 toneladas de opio del año pasado a apenas 333 toneladas en 2023. El desplome es el resultado de la prohibición anunciada por el líder supremo talibán en abril de 2022, que implicaba la aplicación de la sharía a los que desobedecieran.

Casi todos los penados son hombres: 220 frente a sólo 57 mujeres. Al menos en los casos en los que ha sido posible conocer el sexo del castigado, en 49 de los 71 anuncios del Supremo. También llama la atención el hecho de que más de la mitad de esas sentencias fueran anunciadas en diciembre de 2022, poco más de un mes después de reanudarse oficialmente los castigos públicos. Noviembre fue el segundo mes con más condenas. Afghan Witness atribuye esa acumulación a un atasco de casos a la espera de ser aprobados en el Tribunal Supremo.

Los baremos de la justicia talibán tienen poco que ver con los occidentales. No sólo se castigan en mayor número los delitos morales y religiosos, sino que incluso se consideran más graves que el resto, al menos a tenor de la penalidad impuesta. En uno de los casos recogidos por el proyecto Afghan Witness, fueron castigados con 39 latigazos tanto dos personas acusadas de mantener relaciones ilícitas como un hombre condenado por robo. En otro, un hombre recibió por sodomía los mismos latigazos –39– que otro que había asaltado una casa.

En efecto, la mayor parte de los castigos públicos ejecutados en el último año han sido flagelaciones: las sufrieron 408 de las 417 personas sentenciadas. Los otros nueve condenados recibieron penas de muerte, conocidas como Qisas o “castigos divinos”, por asesinato. Pero sólo dos fueron ejecutados; a otros siete las familias de las víctimas les concedieron el perdón y salvaron la vida. Uno de los dos ajusticiados, el pasado mes de junio, era un talibán. El método empleado para las ejecuciones es el fusilamiento.

No obstante, al menos desde 2022 hasta ahora, la justicia talibán no ha castigado a nadie con amputaciones –para los robos– o lapidaciones –adulterio, entre otros–, las penas establecidas para las los “delitos contra Dios”, conocidos como Hudud. En esa categoría se incluyen también la crucifixión, que es la condena impuesta para las rebeliones contra el Gobierno islámico, y la pena de muerte en caso de apostasía. Pero para este tipo de delitos es necesario una carga de la prueba muy sólida; por ejemplo, que haya una confesión del delincuente o suficientes declaraciones de testigos. Si no se consigue, el castigo se rebaja a la flagelación.

Lo que no quiere decir, advierte el informe, que no vaya a haber castigos Hudud en un futuro próximo. De hecho, algunos ya han sido anunciados por el Tribunal Supremo de los talibanes en su canal de Youtube. El pasado mes de mayo se hizo público un vídeo con 37 veredictos de lapidación y cuatro condenas a morir aplastados bajo un muro –que se derriba con un tanque, por ejemplo–, un castigo habitual para los homosexuales. Pero se desconoce si se han ejecutado.

Mònica Bernabé asegura que los talibanes intentan proyectar una “imagen de moderación” que no es en absoluto real. En este segundo acceso al poder quieren ser “más prudentes”, en su afán por conseguir el reconocimiento internacional como gobierno legítimo. Por ejemplo, apunta, el representante de Afganistán en la ONU es un miembro del anterior gobierno, no un talibán. Nada más tomar el poder, en agosto, los talibanes permitían a los periodistas hacerles fotos y grabarles, “algo impensable en su primera época”, subraya la periodista. Pero, al mismo tiempo, han continuado con la represión de las mujeres y han reanudado los castigos públicos. “En realidad”, advierte, “están más fuertes que nunca, porque se han apoderado de las armas que las potencias occidentales proporcionaron a la policía y el ejército afganos”. Alejandro Pozo, experto en Afganistán del Centro Delàs de Estudios por la Paz, desvela, además, que todos los datos biométricos de la población obtenidos durante los años previos para facilitar los procesos electorales y la asistencia humanitaria se encuentran ahora en manos de los talibanes, que no sólo tienen identificados a todos los ciudadanos sino que también saben qué hicieron mientras las tropas internacionales estaban en el país: qué trabajos o qué ayudas habían solicitado. “Tienes medios para la represión que no poseían antes”, resume.

La aparente moratoria tampoco significa que no se practiquen lapidaciones extrajudiciales. Según medios locales recogidos por Afghan Witness, entre diciembre de 2021 y el pasado octubre, se ejecutaron 42 castigos públicos que no habían sido anunciados por el Tribunal Supremo. Entre ellos, tres fueron lapidaciones, a las que se añaden humillaciones públicas –pintar la cara de negro a los ladrones y hacerlos desfilar es una de ellas– y flagelaciones dictaminadas por los talibanes en tribunales de campaña, así como amputaciones de manos. Los crímenes: adulterio, robo, relaciones ilícitas… En un caso fechado en noviembre de 2022 en la provincia de Takhar, 16 jóvenes, incluidas siete mujeres, fueron azotados por incumplir las reglas del hijab y por vagabundeo.

Una vez consumado el castigo, el condenado puede volver a su casa o ingresar en prisión, si ésa ha sido la sentencia. Los talibanes no parecen considerar necesario prestar asistencia médica a los escarmentados si no se encuentran en una situación crítica. Durante los años 90, en la primera época de dominio talibán, era habitual que los médicos estuvieran presentes en las amputaciones para cortar la mano y detener luego la hemorragia.

Además, Afghan Witness ha conseguido vídeos y fotos de castigos físicos a supuestos jugadores y ladrones, algunos de ellos menores de edad; también a músicos, que fueron obligados a punta de pistola a desfilar con sus instrumentos colgando del cuello.

Los castigos son públicos porque suelen ejecutarse en estadios, pero también en otros lugares de mucho menor aforo, como el edificio del Tribunal Supremo, patios públicos e incluso mezquitas. Es decir, según explica el informe, la audiencia es, en realidad, bastante limitada. A veces, sólo hay una persona castigada, aunque el máximo de condenados en un mismo evento ha llegado a ser de 23. La media de los casos recopilados se sitúa en siete personas por evento. Cuanto mayor es el número de condenados, más talibanes y de mayor rango asisten a los escarmientos públicos. En el primer evento de Qisas o castigos divinos tras el anuncio del Tribunal Supremo, que se organizó en diciembre de 2022 en la provincia de Farah, presidieron el acto los ministros del Interior, Asuntos Exteriores, Educación, Justicia, Vicio y Virtud, el viceprimer ministro, el presidente del Tribunal Supremo y hasta el director general del aeropuerto de Kandahar, hasta un total de 15 autoridades.

Los talibanes utilizan estos castigos como estrategia para prevenir delitos, así como “la inmoralidad, la corrupción y la obscenidad”, explica Afghan Witness. Por eso son públicos. Pero, al mismo tiempo, prohíben hacer fotos o grabarlos. No se pueden introducir móviles en los recintos donde se ejecutan las penas. Por eso, subraya el informe, las imágenes en internet son muy escasas. “Los talibanes”, destaca, “controlan con puño de hierro lo que se publica en Afganistán sobre estos eventos. Más aún, aunque los castigos de la sharía han sido sinónimo históricamente de espectáculos públicos, estos castigos no se han aplicado con carácter sistemático de una forma que pueda considerarse como pública”. Aun así, en algunas de las imágenes existentes, se puede ver a cientos de personas asistiendo como público.

“Muchos pueden ir obligados a las ejecuciones”, aclara Alejandro Pozo, algo que corrobora Mònica Bernabé. No asistir puede convertirse en una peligrosa señal de desafección al régimen. La periodista cuenta que en septiembre de 2021, en Herat, al noroeste del país, se encontró con cuatro supuestos criminales colgados de grúas en cuatro plazas de la ciudad. Cientos de hombres asistían al espectáculo y lo grababan son sus móviles. Cuando les preguntó, le explicaron que “por fin alguien hacía justicia y tomaba medidas”. “La impunidad era generalizada con el anterior gobierno”, precisa Bernabé, “también la corrupción en los tribunales: ganaba quien pagaba”. Además, en la zona se habían convertido en una plaga los secuestros exprés de empresarios, por lo que los ciudadanos dieron la bienvenida a la mano dura.

Los talibanes también presentan los castigos públicos como ceremonias religiosas, ya que se consideran “formas de justicia divina”, asegura Afghan Witness. Sin embargo, Alejandro Pozo también cree que puede haber “más motivos políticos que religiosos” en este tipo de medidas. El gobierno talibán no es uniforme y en su interior también se producen luchas de poder, asegura. Recuerda que algunos de sus más altos cargos no han dudado en mandar a sus hijas a estudiar al extranjero. Lo confirmó el informe de una red de analistas, Afghanistan Analysts Network, en 2022: muchas de ellas se licencian en Qatar y Pakistán. Mientras, las niñas mayores de 12 años tienen prohibido ir a la escuela en Afganistán.

Aunque coincide con Pozo en que el gobierno talibán no es un “bloque monolítico”, Mònica Bernabé duda mucho que llegue a fragmentarse. Y menos aún que sea posible una mínima disidencia en el país. Los ciudadanos con mayor formación han huido, los que se han quedado son “muy religiosos y, por tanto, fácilmente manipulables”, de todas las embajadas extranjeras que se cerraron tras la llegada de los talibanes sólo ha reabierto la de Japón, la censura en los medios es total, las colas para tramitar un pasaporte y un visado que permita salir del país son de miles de personas… Un paisaje que no invita al optimismo.

Aun así, continúa la periodista, hay “signos claros” de oposición. “El 21 de marzo es el Año Nuevo del calendario persa, el que se usaba en Afganistán, y siempre ha sido festivo. Los talibanes lo eliminaron porque lo consideran antiislámico, así que lo han convertido en día laborable y en el primer día del curso escolar”, cuenta Bernabé, que estaba en el país en esa fecha. “En Kabul todas las tiendas cerraron, sólo permanecían abiertas las oficinas gubernamentales y los colegios. Es una protesta silenciosa, pero expresiva”, destaca.

Además, “aunque no les importe demasiado lo que piensen de ellos las potencias occidentales”, apunta Pozo, “a los talibanes les importan más China y Rusia, que les ponen ciertos límites y les obligan a frenarse internamente”. En cualquier caso, Afghan Witness cree que los anuncios de castigos públicos en X o en la página web del Tribunal Supremo “no están destinados a un público internacional”. Así, la mayor parte del contenido en inglés de la web del tribunal fue borrado en 2022.

“Son superactivos en las redes sociales”, indica no obstante Mònica Bernabé, a diferencia de su primera época en el poder, cuando prohibieron todos los medios de comunicación excepto Radio Sharía, que estaba bajo su control. “Ahora, en cambio, se han dado cuenta de que los medios pueden ser un arma a su favor”.

Al mismo tiempo, los talibanes resisten a la presión internacional, bloqueo económico incluido, manteniendo en la clandestinidad a las mujeres y ejerciendo un control social absoluto gracias a la sharía. Se esfuerzan en presentar el suyo como un sistema judicial justo, virtuoso y legítimo, que aplica garantías procesales, y proclaman que los sospechosos confiesan sus crímenes sin fuerza ni coerción alguna. Es más, el Tribunal Supremo asegura en sus comunicaciones no sólo que la sociedad afgana apoya los castigos de la sharía, sino que incluso los atribuyen a “la voluntad del pueblo”.

Los grupos rebeldes que operan en Alepo, Idlib y otras zonas cercanas del norte de SiriaSiria perpetran de forma sistemática secuestros, torturas y ejecuciones sumarias, según un informe de Amnistía Internacional que ha puesto el foco no sólo en organizaciones terroristas como el Frente al Nusra sino también en facciones aliadas de países como Estados Unidos o Arabia Saudí.

El informe La tortura fue mi castigo: secuestros, torturas y ejecuciones sumarias bajo el régimen de los grupos armados en Alepo e Idlib recoge testimonios de varias víctimas, en su mayoría civiles perseguidos sin más motivo que la disidencia al nuevo orden, surgido como alternativa al régimen de Bashar al Assad.

Amnistía examinó en el caso de Alepo al Movimiento Nour al Dine Zinki, el Frente al Shamia y la División 16, todos ellos englobados bajo la coalición Conquista de Alepo en el año 2015. En Idlib, ha analizado los abusos cometidos por el Frente al Nusra –filial de Al Qaeda– y el Movimiento Islámico Ahrar al Sham, unidos a su vez en el Ejército de la Conquista.

De esta forma, Ibrahim, activista político, y Halim, trabajador humanitario, han podido contar a la ONG cómo fueron sometidos a todo tipo de abusos y técnicas de tortura. En el caso de Halim, llegó a firmar una confesión porque "no podía soportar el dolor" que le infligían sus captores.

Amnistía Internacional documenta también el secuestro de al menos tres niños de 14, 15 y 16 años por parte del Frente al Nusra y del Movimiento Islámico Ahrar al Sham entre 2012 y 2015. Dos de ellos seguían en paradero desconocido este mes de junio, lo que da cuenta de una situación de inseguridad que aún persiste.

Los grupos armados también llevan a cabo ejecuciones sumarias en base a unas sentencias dictadas por los tribunales que ellos mismos han creado y que, bajo una estricta visión de la sharia o ley islámicasharia, pueden llegar a castigar con la muerte conductas como la homosexualidad o el adulterio. También se han dado casos de ejecuciones de miembros de las fuerzas del Gobierno y de milicias afines.

Ahora es "peor"

El director del programa para Oriente Próximo y el Norte de África de Amnistía Internacional, Philip Luther, adivirtió de que "muchos civiles viven con el miedo constante a ser secuestrados si critican las conductas de los grupos armados o no cumplen las estrictas normas que han impuesto".

"En Alepo e Idlib, estos grupos tienen vía libre para cometer crímenes de guerra y otas violaciones del Derecho Internacional Humanitario con impunidad", advirtió Luther, que hizo hincapié en la similitud entre los métodos de tortura de los grupos rebeldes y los que utiliza de forma "rutinaria" el régimen de Al Assad.

La situación ha llegado a tal punto que muchos de los civiles han perdido el optimismo con el que en su día recibieron a los rebeldes, como ha reconocido Bassel, un abogado secuestrado en noviembre de 2015 en su propia casa por criticar al Frente al Nusra. "Estaba contento por librarnos de un régimen injusto, pero ahora la situación es peor", lamenta.

Amnistía recordó a todos los grupos armados que tienen la "obligación" de poner fin a estos abusos y ha instado a los distintos líderes a enviar mensajes "claros" en favor del respeto a los derechos humanos.

En este sentido, la ONG también señaló que algunas de estas facciones estarían recibiendo apoyo externo por parte de Qatar, Arabia Saudí, Turquía y Estados Unidos, por lo que exigió responsabilidades.

Luther pidió a los países integrados dentro del Grupo Internacional de Apoyo a Siria que "presionen" a los grupos armados para que pongan fin a los abusos y cumplan con las leyes de la guerra. Asimismo, "deben frenar cualquier entrega de armas a grupos implicados en crímenes de guerra y otras violaciones graves", apostilló.

Amnistía Internacional confirmó en 2015 hasta un total de 1.634 ejecuciones, un número que supera a cualquiera de los registros en las últimas dos décadas. “El aumento de las ejecuciones del año pasado es sumamente preocupante. Nunca, en los últimos 25 años, habían sido ejecutadas tantas personas por Estados de todo el mundo", señaló Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. "En 2015, los gobiernos continuaron arrebatando implacablemente la vida a muchas personas basados en la falsa premisa de que con la pena de muerte estamos más seguros", remachó.

Irán fue el país que más personas ejecutó en 2015 con, al menos, 977 muertes. Esto significa que la república islámica sería responsable de casi el 60% del total de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional a nivel global. El país ejecutó al menos a cuatro personas que eran menores de 18 años en el momento del delito del que habían sido declaradas culpables, según el informe. 

En Arabia Saudí, el número de ejecuciones aumentó un 76% con respecto a 2014, cuando fueron ejecutadas al menos 158 personas. "La mayoría fue por decapitación, pero las autoridades recurrieron también al fusilamiento, y a veces exhibieron el cadáver de la víctima en público", señala el documento.

“Afortunadamente, los países que llevan a cabo ejecuciones constituyen una pequeña minoría cada vez más aislada", sostiene Shetty. A pesar de este incremento en el número de ejecutados, durante el año 2015 abolieron totalmente la pena de muerte en su legislación cuatro países: Fiyi, Madagascar, República del Congo y Surinam. Además, Mongolia aprobó "un nuevo código penal que abolía la pena de muerte" y que entrará en vigor en 2016.

Por primera vez, la mayoría de los países del mundo, 102, han abolido ya por completo la pena de muerte. En total, hay 140 Estados abolicionistas "en la ley o en la práctica", afirma el informe. 

Faltan datos muy importantes

Amnistía Internacional recuerda que en la cifra de 1.634 ejecuciones no están incluidas “las miles de ejecuciones que se cree que se han llevado a cabo en China”. Afirma que el país asiático “siguió siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte allí”, pues los datos al respecto se consideran secreto de Estado.

El informe tampoco incluye los números sobre la situación de la pena de muerte en Siria, donde las ONG han denunciado ejecuciones sumarias tanto por parte del Estado Islámico como a cargo del régimen de Bashar El Assad y algunas milicias rebeldes. Debido a las dificultades para recopilar datos fiables sobre la devastadora guerra civil, Amnistía Internacional no pudo “confirmar si tuvieron lugar ejecuciones en Siria”.

El Ministerio del Interior de Arabia Saudí ha anunciado este sábado la ejecución de "47 terroristas", según ha informado la cadena Al Arabiya, entre los que se encuentra el conocido clérigo chií Nimr al Nimr, considerado uno de los grandes líderes de las revueltas de 2011 y 2012 en el reino árabe que siguieron a la revolución tunecina.

La mayoría de los ejecutados, 45, son de nacionalidad saudí, entre ellos el propio Al Nimr. Junto a ellos han sido ajusticiados un hombre de nacionalidad egipcia y otro de nacionalidad chadiana. El Ministerio no ha aclarado el método empleado, pero el más habitual es la decapitación.

Al Nimr fue condenado por delito de "terrorismo", que se añade a los formulados previamente: "Buscar la intervención extranjera en Arabia Saudí" –en referencia a Irán, que ha advertido en los últimos meses que el reino árabe "pagaría cara" la ejecución de Al Nimr–, así como delito de desobediencia, y por levantarse en armas contra las fuerzas de seguridad.

Al Nimr alcanzó gran popularidad al reivindicar los derechos de la tradicionalmente marginada comunidad chií de la Provincia Oriental del país. En marzo de 2009, las autoridades emitieron una orden de arresto contra él por recomendar la secesión de la provincia si el Gobierno no respetaba los derechos la diginidad de los chiíes residentes en esta localidad.

El Gobierno saudí ha justificado las ejecuciones con versos del Corán y con un montaje de atentados cometidos por Al Qaeda durante la última década. Además, el gran mufti del país, Abdulaziz al Al Sheij, ha comparecido en televisión para asegurar que las muertes han sido "justas".

Las ejecuciones de hoy son las primeras efectuadas por el reino árabe en 2016. Las autoridades saudíes cerraron 2015 con una cifra de 157 ejecutados, muy superior a las 90 efectuadas en 2014.

El hermano del prominente clérigo chií Nimr al Nimr ha pedido a la gente que reaccione de manera pacífica ante el ajusticiamiento. "Nimr era muy reconocido por su comunidad y por la sociedad musulmana en general, así que está claro que va a haber una reacción", indicó Mohamed Al Nimr.

"Sin embargo", ha solicitado, "esperamos que todas las reacciones se limiten a un marco pacífico". "Nadie debe reaccionar fuera de estos límites. Basta de derramar sangre", ha solicitado.

Al Nimr fue condenado por delito de "terrorismo", que se añade a los formulados previamente: "buscar la intervención extranjera en Arabia Saudí" –en referencia a Irán, que ha advertido en los últimos meses que el reino árabe "pagaría cara" la ejecución de Al Nimr–, así como delito de desobediencia, y por levantarse en armas contra las fuerzas de seguridad.

Amenaza de Irán

El alto clérigo iraní Ahmad Jatami ha declarado que la familia Al Saud, regente de Arabia Saudí, "será borrada de las páginas de la historia" por aprobar la ejecución del clérigo chií Nimr al Nimr.

Jatami, miembro de la Asamblea de Expertos –uno de los más altos organismos de Irán, responsable de la elección del líder supremo del país– no ha escatimado palabras para condenar la ejecución de Al Nimr, defensor de los derechos de la marginada comunidad chií en el este de Arabia Saudí.

"No me cabe duda de que la sangre pura de Al Nimr mancillará el collar de la Casa de Saud, que será borrada de las páginas de la historia. Este crimen no es más que parte del patrón que sigue esta familia traicionera", ha declarado en referencia a los regentes suníes.

"El mundo islámico", ha aseverado, "denunciará a este infame régimen todo lo que pueda", ha añadido, a la espera de que se pronuncien las más altas autoridades de la república islámica.

El Ministerio de Exteriores iraní ha asegurado que Arabia Saudí "pagará un alto precio" por la ejecución de Nimr Al Nimr. Además, Teherán ha acusado a Arabia Saudí de apoyar a terroristas mientras ejecuta al mismo tiempo a los enemigos del terrorismo, según el comunicado recogido por la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

Irán se ha ceñido de nuevo a la condena oficial emitida tras conocer la sentencia de muerte contra Al Nimr, cuando advirtió de que Riad "lo pagaría caro" si ejecutaba al clérigo.

Durante un seminario celebrado este miércoles por la Organización para el Suministro de Órganos de China (OPO) en Kunming, Huang reveló que a partir del 1 de enero de 2015 los órganos para transplante solo procederán de donantes voluntarios.

"Cada año unos 300.000 pacientes necesitan transplantes de órganos pero solo se realizan 10.000 cirugías", explicó durante el seminario, según recogen varios medios oficiales chinos. Según dijo, los chinos están mucho menos dispuestos a donar sus órganos que los ciudadanos de otros países.

En China, solo seis de cada 10 millones de ciudadanos dona sus órganos. "El ratio en España es de 370 de esta misma cantidad, lo que supone casi 62 veces más que China", resaltó. Entre los motivos para que haya tan pocas donaciones, Huang citó las tradiciones chinas y que a los ciudadanos les preocupa que el sistema de reparto de órganos sea justo y transparente.

"Antes de 2007, más de 600 organizaciones médicas podían gestionar transplantes de órganos", subrayó Huang. "Motivados por beneficios financieros, ocurrieron muchos actos ilegales y se realizaron cirugías irregulares", denunció, en referencia al mercado negro de órganos existente en el país.

De acuerdo con los datos aportados por Huang, el 65 por ciento de los órganos transplantados en China proceden de personas fallecidas, el 90 por ciento de las cuales son prisioneros ejecutados.

En virtud de las leyes aprobadas en 1984, los cuerpos de los prisioneros pueden emplearse para el transplante de órganos solo bajo determinadas condiciones como que nadie recoga el cuerpo, que el delincuente lo acepte o que su familia dé su visto bueno al uso médico de su cuerpo.

Sin embargo, los grupos de defensa de los Derechos Humanos denuncian que en realidad la donación no es voluntaria sino que se coacciona a los prisioneros condenados a muerte o directamente se les extraen sin su consentimiento.

Donaciones voluntarias

Ante este panorama, según explicó Huang, se van a enmedar las leyes existentes y se aprobará una nueva norma sobre "donanciones y transplantes de órganos humanos en China" que estipulará que solo podrá haber donaciones voluntarias.

Según aclaró el experto, y recoge el China Daily, los prisioneros podrán seguir entregando sus órganos de forma voluntaria, pero estos no podrán emplearse para el comercio privado de órganos. En este sentido, precisó que se aprobarán nuevas regulaciones para aclarar los procedimientos legales de las donaciones de órganos por parte de los prisioneros condenados a muerte y aquellos que los violen serán duramente castigados.

Durante el seminario se reveló que en lo que va de año se han realizado 1.500 donaciones, más del total de las que hubo de 2010 a 2013. "Creo que la situación de la donación de órganos mejorará en el futuro", ha añadido. Al parecer, 38 centros de transplante de órganos en el país ya han dejado de usar los órganos de prisioneros ejecutados.

En declaraciones a la BBC, William Nee, de Amnistía Internacional, ha considerado que la suspensión del transplante de órganos de prisioneros ejecutados sería "un paso positivo hacia delante en la situación de Derechos Humanos en China".

"Habrá que ver no solo lo efectivo que es un nuevo sistema voluntario de donación de órganos pero también será crucial que el Gobierno sea plenamente transparente sobre el número de personas sentenciadas a muerte, el número de ejecuciones al año y cómo son realizadas estas ejecuciones", ha añadido.

Las autoridades iraníes han ejecutado este sábado en la horca a una mujer de 26 años acusada de un asesinato que, según grupos proderechos humanos, se trató de un acto de defensa propia contra su violador, según han informado la agencia oficial de noticias iraní, IRNA, y la cadena estadounidense CNN.

La mujer, identificada como Reyhaneh Jabbari, de 26 años, fue sentenciada a muerte por el asesinato del exempleado del Ministerio de Inteligencia de Irán Morteza Abdolali Sarbandi. Su ejecución había sido prevista para el 30 de septiembre, pero fue aplazada, según Amnistía Internacional, por la presión de la opinión pública.

Naciones Unidas denunció en su momento que la mujer jamás recibió un juicio justo, valoración con la que coincide la ONG, que lamentó "una investigación fallida y un proceso injusto" contra la acusada.

Violada por su jefe, incomunicada y torturada

Según la ONU, Jabbari fue contratada por Sarbandi cuando la mujer, decoradora de interiores, contaba con 19 años. El funcionario agredió sexualmente a la joven, que consiguió propinarle varias puñaladas. Sin embargo, la mujer argumentó en su momento que se encontraba una tercera persona en el lugar que podría haberla exonerado del delito.

Tras su detención, la mujer se pasó dos meses incomunicada en una prisión sin poder hablar con su abogado ni su familia, y fue objeto de torturas durante su confinamiento, según un informe de Amnistía Internacional.

Según la ONU, las autoridades iraníes han consumado la ejecución de al menos 170 personas este año, y el anterior ajustició a más personas que ningún otro país del mundo con excepción de China.

En la grabación, se ve al padre de la mujer, que estaba casada, de pie junto a milicianos de Estado Islámico y que se niega a perdonar a su hija. Finalmente, dos de los milicianos se le acercan y le convencen de que la perdone, ya que "se va con Alá", afirman.

Tras ello, el padre de la mujer la ata con una cuerda y la conduce hasta un agujero en el suelo, preparándola para la lapidación, según el relato que hace el Observatorio, con sede en Londres y una amplia red de informantes en Siria.

A continuación, varios hombres, incluido su padre, comienzan a lanzar piedras contra la mujer hasta que ésta muere. El Observatorio ha aclarado que no ha podido confirmar por el momento cuándo se produjo esta lapidación.

El juez estadounidense, Alex Kozinski, ha defendido que la pena de muerte tendría que volver a practicarse con "los métodos más primitivos e infalibles", como la guillotina o el fusilamiento.

Kozinski, nombrado juez del tribunal por el presidente Ronald Reagan defendió su postura este lunes cuando el Tribunal de Apelaciones aplazó la ejecución Joseph R. Wood, hasta decidir qué compuesto farmacológico se utilizaría en su muerte, según informa el diario The Washington Post.

El magistrado reconoció en un escrito que las ejecuciones son "actos brutales y salvajes" que no deben "enmascararse" para "parecer serenos y pacíficos". "Si el Estado va a matar, al menos debería hacerlo de manera efectiva", añadió.

Kozinski considera que la silla eléctrica, la cámara de gas o la horca son métodos que causan "contratiempos ocasionales" y rechaza las inyecciones letales con compuestos farmacológicos. El juez también defiende el uso de las armas "que no tienen otro propósito que destruir".

El magistrado estadounidense considera que la utilización de las armas en las ejecuciones no supone un problema de presupuesto ni de distribución porque el Estado las compra "en cantidades masivas" para las fuerzas del orden, por lo que no habría prohibiciones a la hora de conseguir su suministro. Kozinski hizo esta matización ya que varias farmacéuticas europeas se han negado a vender sus productos para evitar que se utilicen con fines distintos a los médicos.

Los pelotones de fusilamiento se presentan para el juez como la opción "más prometedora" porque puede causar "daños masivos" y "muerte instantánea". Kozinski que defiende el uso de la guillotina reconoce que es "incongruente con la ética nacional" de su país.

"Con los restos humanos también se exhuman verdades". Son palabras de Carlos Martín Beristaín, coautor del informe La esperanza posible. Fosas comunes y primeros desparecidos saharauis identificados, que documenta la exhumación de los cadáveres de ocho saharauis que fueron asesinados el 12 de febrero de 1976 por militares marroquíes durante la ocupación de la antigua colonia española del Sáhara Occidental, dos semanas antes de que los últimos soldados españoles abandonasen el territorio.

En el acto de presentación de este estudio, organizado por la Asociación Pro Derechos Humanos y la Fundación Abogacía Española y en el que han participado cinco ponentes (Beristaín, el atropólogo y forense Francisco Etxeberría –conocido popularmente por haber desentrañado el caso Bretón–, los abogados Inés Miranda y Manuel Ollé y Mahmud Selma Daf, familiar de varios de los asesinados), se ha informado de que el informe ha sido incluido en la querella que se está tramitando desde 2006 en la Audiencia Nacional por varios delitos supuestamente cometidos por Marruecos, entre ellos el de genocidio contra el pueblo saharaui.

Beristaín ha detallado que los huesos desenterrados se encontraban en dos fosas comunes en mitad del desierto y que pertenecían a ocho beduinos que vivían en la zona, entre ellos dos niños. "Esta historia empieza cuando el testigo se niega a olvidar", ha contado el investigador, médico y doctor en psicología social, que ha explicado que "en febrero de este año, un pastor descubrió unos restos óseos en medio del desierto que parecían humanos", tras lo cual los familiares se pusieron en contacto con ellos para que investigasen.

Los ocho saharauis "fueron ejecutados in situ después de un brevísimo interrogatorio" in situ

"Esa noche, [los asesinados] habían ido a un pozo a buscar agua para los camellos, y fueron detenidos y ejecutados", ha explicado Beristaín, que ha explicado que, cuando llegaron al Sáhara y antes incluso de investigar las fosas comunes, interrogaron al familiar que había sido testigo directo de los asesinatos. "Al día siguiente, cuando abrimos la fosa número 2 y buscamos entre las ropas, encontramos dos carnés de identidad [junto a otros efectos personales, como un rosario o una cartera] con los dos nombres que el testigo nos había dado el día anterior", ha narrado el investigador, que también ha manifestado que, tras realizar las pruebas correspondientes para confirmar la identidad de los restos, éstos han podido ser devueltos a sus familiares.

Además, Beristaín ha informado de que los nombres de cuatro de los asesinados aparecían en el informe que publicaron en 2010 las autoridades de Marruecos, un documento realizado "sin ningún contacto directo con los familiares". El informe "daba cuenta de 207 personas que están desaparecidas y que Marruecos daba por muertas", ha explicado el investigador, que ha detallado que de los cuatro asesinados se decía que "habían sido detenidos en distintas fechas [...], llevados a un cuartel militar en Esmara y fallecido durante su cautiverio".

"Lo que descubrimos con esta investigación es que estas personas no fueron llevadas a ningún sitio, sino que fueron ejecutadas in situ después de un brevísimo interrogatorio sobre dónde estaba el Frente Polisario in situ", ha concluido Beristaín, que ha puesto en duda "la información sobre todos los casos [de desapariciones] sobre los que Marruecos ha dado información oficial" y ha asegurado que su equipo de trabajo tiene constancia "de otros casos que no responden a la información proporcionada" por el reino alauí.

El Ministerio de Exteriores no ha respondido aún a los investigadores

Francisco Etxeberría, el otro autor del informe, ha explicado los pormenores técnicos del documento, y ha señalado que los saharauis murieron, sin duda alguna, por impactos de bala realizados "con munición de guerra". En este sentido, Etxeberría ha señalado que pudieron encontrar varios fusiles alrededor de las fosas, al igual que varios casquillos de bala.

De igual manera, el forense ha informado de que se ha entregado una copia del informe al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero que aún no han recibido ninguna respuesta. Por contra, según ha explicado Etxeberría, los investigadores sí que han realizado un acto oficial con las autoridades saharauis para realizarles la entrega de los restos una vez analizados, acto en el que también estuvo presente una representación de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). El investigador ha reclamado en este sentido la necesidad de que las autoridades españolas "oficialicen" el informe.

Por su parte, el abogado Manuel Ollé, que trabaja desde 2006 en la querella interpuesta ante la Audiencia Nacional, ha denunciado la "impasibilidad" de la comunidad internacional sobre el "genocidio que desde 1975" sufre el pueblo saharaui, al cual se suman secuestros, violaciones, allanamientos de morada o detenciones ilegales, según ha explicado. Además, sobre el caso concreto al que se refiere el informe, Ollé ha hecho hincapié en que los asesinatos se llevaron a cabo el 12 de febrero de 1976, mientras que los últimos españoles abandonaron el Sáhara Occidental el 26 de febrero de ese mismo año, y ha apelado a la responsabilidad de España con respecto a su antigua colonia.

En la misma línea ha ido la también letrada Inés Miranda, que ha denunciado el "silencio cómplice de la comunidad internacional" ante las actuaciones de Marruecos que, según ha asegurado, "violan el derecho internacional humanitario". En este sentido, Miranda ha denunciado el acuerdo de pesca que se la Unión Europea ratificará próximamente con el país africano, ya que, según ha explicado, la mayor parte de las reservas pesqueras de Marruecos se encuentran en la zona ocupada. "Marruecos está negociando con unas riquezas que no son suyas y la UE lo sabe", ha remachado la abogada, que ha pedido que la sociedad se movilice "no solo a favor del pueblo saharaui, sino a favor del cumplimiento de los Derechos Humanos".

España no coopera para esclarecer los crímenes perpetrados durante la Guerra Civil y el franquismo y, además, el Ejecutivo obstaculiza las investigaciones abiertas de terceros países, acusa Amnistía Internacional (AI) en su último informe presentado este lunes.

Bajo el título El tiempo pasa, la impunidad permanece, la organización denuncia que los poderes públicos en España llevan a cabo múltiples acciones para evitar investigar estos crímenes, por lo que “la impunidad de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo sigue vigente en España”, asegura Esteban Beltrán, director de AI España.

En el documento se detalla que el Poder Judicial archiva constantemente las denuncias interpuestas por las víctimas y que la Fiscalía no colabora con las peticiones de auxilio judicial internacional solicitadas por Argentina, afirmando sin ser cierto, que España ya esté ahondando sobre el asunto y que tenga preferencia para hacerlo.

Por su parte, el Gobierno de España no sólo no investiga los hechos, sino que los obstaculiza. Ignacio Jovtis, autor del informe, señala que recientemente el Ministerio de Asuntos Exteriores mostró su rechazo que la Justicia argentina tomara declaración a las víctimas a través de videoconferencia en el consulado argentino en Madrid, que finalmente fue cancelada.

Y por último, el Poder Legislativo, reacio a adherirse a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, ha ratificado la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, que impide juzgar delitos considerados imprescriptibles.

Con todo ello, la ONG advierte que parece que los poderes del Estado español toman medidas para evitar que crímenes como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la persecución política, religiosa o racial, los encarcelamientos arbitrarios o los trabajos forzosos acaecidos en este periodo no sean investigados ni condenados.

La sentencia del Tribunal Supremo va en contra del derecho internacional

A finales de 2008, el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, entonces a cargo de Baltasar Garzón, declinó su competencia a favor de los juzgados territoriales de la querella presentada en 2006 por homicidios y desapariciones forzadas (cerca de 114.266) ocurridos en España entre 1936 y 1951. Desde ese momento, Amnistía Internacional ha realizado un seguimiento y ha constatado que de los 47 casos derivados, al menos 38 fueron archivados. Y de los otras nueve la organización no ha obtenido información por parte de los órganos competentes.

Dos años después, el 27 de febrero de 2012, esta tendencia ha empeorado tras la sentencia 101/2012 del Tribunal Supremo, en la que dictamina que no es competencia de los jueces españoles este tipo de crímenes, cerrando así “la única vía de investigación judicial existente en España”, señala el informe.

El Alto Tribunal se basa en cinco argumentos, que para la organización, son contrarios al derecho internacional:

Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha inadmitido al menos ocho denuncias presentadas contra España por este tipo de crímenes, basándose en que los hechos ocurrieron antes de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos entrara en vigor y en el retraso de las víctimas en interponer la demanda.

Amnistía Internacional determina que el derecho internacional dota a los Estados del principio de jurisdicción universal, que les permite investigar hechos sin restricciones en el territorio, la nacionalidad o los intereses de cada país. Por tanto, ningún Estado tiene jurisdicción preferente y todos están llamados a actuar contra la impunidad.