Agentes de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra de la Unidad Central de Consumo y la de la Unidad Central de Blanqueo de la División de Investigación Criminal desarticularon un grupo criminal que distribuía medicamentos ilegales tanto a nivel nacional como internacional. En el pasado se han visto tramas similares en España, si bien esta era de las más potentes.

La explotación de la investigación se llevó a cabo el 26 de noviembre con 13 entradas y registros y con la detención de ocho hombres y una mujer, de entre 34 y 74 años, entre ellos un reconocido médico endocrinólogo que lideraba el entramado y que era muy influyente en las redes sociales en estos circuitos. 

La investigación se inició en enero del 2025, y las primeras gestiones practicadas permitieron recoger indicios relacionados con la actividad principal de la organización establecida en Cataluña. Disponían de una sólida infraestructura que, bajo la cobertura de prestar un servicio médico profesional, enviaba los medicamentos mediante diversos servicios de paquetería, a nivel estatal e internacional, previo pago. Los principales investigados disponían de una estructura societaria y financiera en el extranjero que ofrecía suficiente opacidad para eludir los controles fiscales y difuminar las ganancias obtenidas con la actividad ilícita. Las sustancias llegaban en gran medida desde países bañados por el Mar Báltico. 

Aparte de las detenciones, el día de la operación se intervino dinero en efectivo fruto de los pagos de las ventas de las sustancias anabolizantes y de otras operaciones ilícitas. Además, las entradas y registros en los diferentes inmuebles permitieron a los investigadores la localización de documentación relacionada con la recepción y los envíos de los medicamentos que debe permitir avanzar en la determinación de su origen y su conexión con otras investigaciones llevadas a cabo en otros países europeos en los últimos meses vinculadas a través de Europol.

Dada la gran capacidad de captación de clientes por parte del entramado, especialmente a partir de la figura del médico endocrinólogo, los investigadores solicitaron a la autoridad judicial el bloqueo de perfiles de determinadas redes sociales así como de páginas web relacionadas con el negocio ilícito. Esta medida fue concedida y ha empezado ya a tener los primeros resultados.

Los investigadores han culminado con éxito una compleja investigación económica que ha permitido desarticular un sofisticado entramado de blanqueo de capitales. La operación ha supuesto la intervención de más de 300.000 euros en cuentas corrientes, 250.000 euros en efectivo y más de 150.000 dólares americanos en criptoactivos, así como el bloqueo de varios bienes inmuebles y muebles que suman un valor superior al millón de euros. La dificultad de la investigación ha estado marcada por el uso de estructuras societarias y bancarias dispersas en diferentes Estados miembros de la Unión Europea, diseñadas para ocultar la trazabilidad de las ganancias ilícitas.

Según las pesquisas de los investigadores, la organización habría blanqueado los beneficios procedentes del tráfico ilegal de medicamentos mediante cuentas corrientes vinculadas a sociedades extranjeras y la compra de vehículos de alta gama e inmuebles. Estas operaciones se habrían enmascarado con la simulación de servicios médicos inexistentes o ilegales, consiguiendo generar un patrimonio oculto superior a 1,5 millones de euros.

El éxito de la operación pone de manifiesto la capacidad investigadora para rastrear complejos flujos financieros e identificar y desarticular mecanismos internacionales de blanqueo. La investigación, que se ha llevado a cabo durante casi la totalidad de lo que llevamos de 2025, ha contado con la presencia de efectivos de Europol y de la Policía de Estonia desplegados en territorio catalán como observadores para el intercambio de información.

El principal investigado, un médico endocrinólogo exculturista, era el encargado de prescribir los medicamentos ilegales entre los que destaca el uso de hormona del crecimiento como producto estrella de la organización debido a su alto coste y beneficio económico.

La hormona del crecimiento, indiciada por el tratamiento del enanismo, trastornos genéticos que afectan al desarrollo o deficiencias de la citada hormona y es empleada en el mundo del culturismo para favorecer el aumento de la fuerza y la calidad muscular, reducir la grasa y ampliar el efecto de los esteroides.

Los medicamentos provenientes de los llamados laboratorios 'Under', nombre con el que se conoce en el mercado ilícito en las plataformas de distribución ilegales de medicamentos o sustancias dopantes ficticias bajo la apariencia de laboratorios reales, llegaban camuflados como productos cosméticos desde los países bálticos para su posterior condicionamiento. Entre la sustancia intervenida se han localizado varios medicamentos falsificados bajo el nombre de medicamentos legales en España.

El líder de la organización, bajo su condición de médico colegiado, prescribía terapias hormonales principalmente a hombres, aunque los valores mostrados en las analíticas no cumplían los requisitos para la indicación médica de la testosterona.

Con total desobediencia del Código Deontológico Médico, el principal investigado indicaba la compra de medicamentos falsos a un contacto de confianza, también de la organización, ya que la prescripción no está permitida en las condiciones expresadas por los pacientes, induciendo a efectos secundarios irreversibles.

La terapia de reemplazo de la testosterona (TRT) es un tratamiento médico que se utiliza para hombres con niveles bajos de testosterona, la medicación puede administrarse mediante inyecciones, hielo o parches transdérmicos para mejorar la sintomatología propia que incluye fatiga, disminución de la masa muscular o bajo deseo sexual.

El tratamiento puede acarrear efectos secundarios no deseados como la alteración del colesterol, retención de líquidos, aumento de los riesgos de problemas cardiovasculares o niveles de hematocrito especialmente altos, entre otros.

La explotación de la investigación consistió en varias entradas y registros en los domicilios de los investigados así como en almacenes de empresas que utilizaban para la distribución de la mercancía. Se intervinieron cerca de 250.000 euros en efectivo, 40.000 comprimidos, 2.500 viales de hormona del crecimiento y más de 500 tabletas para la mejora de la condición sexual. También se requisaron relojes de alta gama así como cartas coleccionables de un conocido juego y de alto valor económico en plataformas especializadas, por su posible relación con el blanqueo de la red criminal.

El dispositivo policial tuvo lugar en las localidades de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Vilanova y la Geltrú, Canyelles, Masnou, Castelldefels, Prat de Llobregat, Salou y Vallirana. De los nueve detenidos, la mayoría de ellos sin antecedentes, siete pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción 9 de Vilanova y la Geltrú. Se les atribuyen delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsificación de documento público y pertenencia a organización criminal.

Los investigadores ponen especial énfasis en la peligrosidad que comporta la compra o adquisición de medicamentos fuera de los canales legales de distribución (como farmacias o centros hospitalarios), dada la falta de controles de calidad sobre estos productos, tanto en su elaboración y fabricación como en los procesos de distribución (mantenimiento de la cadena de frío, exposición a temperaturas inadecuadas). Esta ausencia de garantías puede acarrear graves riesgos para la salud de las personas, ya que los medicamentos pueden estar adulterados, contener dosis inferiores o superiores a las declaradas, encontrarse caducados o presentar impurezas, incluso con la presencia de otros principios activos medicamentosos.

Los anabolizantes (esteroides androgénicos) provocan efectos secundarios graves a corto y largo plazo, tanto físico como psicológicos, es decir problemas de salud cardíacos (aumento de la presión arterial y del tamaño del corazón), aumento del colesterol, por lo que hay más riesgo de infarto e ictus, problemas en la función hepática, hormonales y sexuales y atrofia testicular, alopecia y psicológicos como la irritabilidad, la agresividad, los cambios de humor, síntomas depresivos y sin olvidar la dependencia a los mismos.

En el caso de las mujeres, tomar esteroides androgénicos conduce a una masculinización irreversible. De manera visible hay signos en el tono de voz, más grave, hirsutismo o aumento del pelo corporal, alopecia androgénica (como los hombres), y las alteraciones menos evidentes son la amenorrea o falta de menstruación por supresión la hipertrofia clitoriana (aumento del tamaño del clítoris hasta 2-3 veces del volumen normal).

Del mismo modo, el uso de los esteroides anabolizantes se asocia directamente a alteraciones conductuales que van desde un comportamiento violento hasta un mayor riesgo de depresión, ansiedad y suicidio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, limitó el uso del Tylenol, la popular marca comercial de paracetamol consumida en el país, en mujeres embarazadas y recién nacidos, asociando directamente el medicamento como causante de autismo, pese a críticas y advertencias del sector médico que califica el fármaco como seguro y necesario ante riesgos médicos más graves en el periodo de gestación.

Trump repitió más de 10 veces la frase "no consuman Tylenol, no se lo den a los niños", durante la conferencia en la que oficializó sus acciones contra el medicamento al que su Administración liga directamente como un causante del autismo en el país.

En Estados Unidos, 1 de cada 31 niños es diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), según datos publicados en marzo por la Red de Monitoreo del Autismo y las Discapacidades (ADDM), revelando un aumento ya que la cifra anterior era 1 de cada 36. Los datos fueron aprovechados por el republicano para justificar su postura.

Los datos oficiales aseguran que el trastorno ha ido en aumento en los últimos 25 años, aunque diferentes organizaciones médicas han dicho que esto se debe al aumento de diagnósticos y la expansión de lo que el espectro abarca, Trump y su secretario de Salud, Robert Kennedy Jr. han apuntado, sin pruebas, a la vacunación como posible responsable.

Trump calificó la situación como "una crisis terrible" y acusó explícitamente al Tylenol, ordenando que sea etiquetado con una advertencia en centros de venta y asegurando que "no hay ninguna desventaja en no tomarlo" durante periodo de gestación y pidió que solo sea tomado en casos de "fiebres extremas" y bajo indicación médica.

"Hay un rumor, que no sé si es cierto o no, de que en Cuba no tienen Tylenol porque no tienen dinero para ello y virtualmente no tienen autismo. Y hay otras partes del mundo que no tienen Tylenol y no tienen autismo. Eso ya dice mucho", refirió el presidente.

Durante el anuncio de Trump, el Colegio americano de Obstetras y Ginecólogos emitió un comunicado en el que indica que el paracetamol es seguro y que las enfermedades que se tratan durante el embarazo "son mucho más peligrosas que cualquier riesgo teórico y pueden causar graves problemas de salud", según escribió el DR. Steven J. Fleischman, presidente de la organización.

"Trump y Kennedy se equivocan", publicó en su cuenta de X El científico estadounidense Eric Ding, epidemiólogo del Departamento de Salud Pública de Nueva Inglaterra, quien citó un estudio realizado en Suecia en 2,4 millones de menores para afirmar que "el uso de paracetamol durante el embarazo no se asoció al riesgo de autismo o discapacidad intelectual al realizar un análisis de controles hermanos".

El estudio al que se refiere Ding es el de la Universidad Drexel y el Instituto Karolinska que analizó a 2,4 millones de niños y halló que el uso de paracetamol durante el embarazo no aumenta el riesgo de autismo. Aunque un análisis inicial sin ajustes mostró un riesgo del 5 %, al comparar hermanos expuestos y no expuestos, el riesgo se redujo a 0 %, indicando que los factores familiares explican la asociación observada.

Desde la perspectiva contraria, la Escuela de Medicina de Icahn del Mount Sinai aseguró en un estudio publicado en BMC Environmental Health que la exposición prenatal al paracetamol puede aumentar el riesgo de de trastornos del neurodesarrollo, como el trasporto del espectro autista y el trastorno del déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en niños.

Kenvue, la productora de Tylenol rechazó las declaraciones de Trump asegurando que "discrepamos rotundamente de cualquier sugerencia contraria a la ciencia independiente", dijo Melissa Witt, portavoz de la farmacéutica en una entrevista con el medio estadounidense The New York Times.

"Estamos profundamente preocupados por el riesgo que esto supone para la salud de las futuras madres", agregó Witt.

En Estados Unidos, Tylenol es uno de los analgésicos y antipiréticos de venta libre más utilizados, con millones de consumidores que lo eligen anualmente para aliviar dolor y fiebre. La marca pertenece a Kenvue, empresa escindida de Johnson & Johnson, y genera ventas millonarias, estimadas en alrededor de 1.000 millones de dólares al año, según la página de la farmacéutica.

Tylenol se lanzó en 1955 y originalmente se desarrolló como una alternativa más segura a la aspirina, que en ese entonces estaba vinculada a efectos adversos como la acidosis y problemas estomacales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes un arancel del 50% al cobre y avanzó que contempla otro de hasta el 200% para los productos farmacéuticos si sus fabricantes no se instalan en Estados Unidos. Ha informado EFE.

En su reunión de gabinete, la sexta desde que inició su segundo mandato el pasado 20 de enero, el líder republicano comunicó, sin precisar los detalles, ese nuevo gravamen para el cobre, que sigue a los similares aplicados ya para el acero y el aluminio.

Trump amenazó además a las farmacéuticas si estas no deciden ubicarse en el país para evitar precisamente el pago de aranceles.

"Les daremos aproximadamente un año, un año y medio, para venir. Después se les aplicarán aranceles si tienen que traer productos farmacéuticos, medicamentos y otros artículos. Se les aplicará un arancel muy alto, de aproximadamente el 200%", sostuvo.

El presidente republicano criticó que administraciones anteriores permitieran la deslocalización de esa industria.

"Todos se fueron. Se fueron a otros lugares porque la gente en esta sala permitió que sucediera. Y yo no lo permito. La gente en esta sala no permite que suceda", añadió ante los miembros de su Ejecutivo.

Su anuncio llega un día antes de que se cumpla el plazo inicial concedido a los socios comerciales para fijar nuevos gravámenes que sustituyeran los considerados aranceles recíprocos. En este tiempo EEUU solo ha cerrado acuerdos con China, el Reino Unido y Vietnam, y ha aplazado al 1 de agosto la tregua de 90 días anunciada en abril y que expiraba este 9 de julio.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este viernes de que varios lotes del protector solar Parasol han sido retirados del mercado debido a una posible contaminación microbiológica, que podría provocar irritación o infección en caso de contacto con los ojos o con piel dañada, según informa EFE.

En concreto, los 10 protectores afectados son Parasol Spray protecteur Sensitive, tanto en la versión factor 30 como 50 y 50+ Enfants; Parasol Lait protecteur Sensitive 50 Mini; Parasol Spray protecteur Sensitive 30 Mini y 50 Mini; Parasol Lait protecteur Sensitive 50 Enfants; Parasol – Crème visage Sensitive 50+; Parasol Spray 30 Protection & Bronzage y Parasol Spray 50 Protection & Bronzage.

De ellos, los seis primeros han sido comercializados en España; no obstante, debido a la libre circulación en el mercado europeo, "no puede descartarse" la presencia en nuestro país de los otros, según apunta la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad en una nota de prensa. Los lotes afectados son aquellos cuyos números iniciales se sitúan del 01 al 14 y del 90 al 92, y han sido comercializados entre marzo de 2024 y mayo de 2025.

El responsable de la puesta en el mercado de estos cosméticos es la empresa Laboratoires Dermosun, ubicada en Francia, mientras que la distribuidora en España es Dermosun Ibérica S.L., que ya ha iniciado la retirada de los lotes afectados de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias.

La Aemps ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este lunes del riesgo que medicamentos como Ozempic, Rybelsus y Wegovy, utilizados para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad, tienen de causar pérdidas de visión repentinas, un efecto que solo se da en el 0,01% de los casos.

Esto se debe a la emaglutida, principio activo de dichos medicamentos, que puede provocar neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA).

El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) evaluó los datos de ensayos clínicos y preclínicos, así como notificaciones de sospechas de reacciones adversas y bibliografía científica, concluyendo que el tratamiento con semaglutida se asocia con un riesgo de desarrollar esta afección.

Sin embargo, la frecuencia de aparición es muy rara, pudiendo afectar a 1 de cada 10.000 personas de acuerdo con los datos de los ensayos clínicos.

Las conclusiones de la evaluación realizada por el PRAC deberán ser ratificadas ahora por el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA, del que forman parte todas las agencias de medicamentos europeas.

Una vez sean ratificadas por el CHMP, se actualizarán la ficha técnica y el prospecto de estos medicamentos para reflejar esta nueva información.

En enero de 2023, Kadri Tennosaar llevaba ya tres años luchando contra el cáncer. Primero los médicos le extirparon el tumor del pecho y luego empezó el tratamiento. Pero ahora, cuatro sesiones de quimioterapia después, el médico tenía la imagen en blanco y negro del TAC de los pulmones de Tennosaar. Como pequeñas gotas de lluvia, los puntos blancos se agrupaban. El cáncer crecía en ambos pulmones. El tratamiento no había funcionado. “Rompí a llorar”, recuerda Tennosaar. A sus 53 años, no quería morir. “El médico actuó como si yo no existiera”.

Pero otro médico dio esperanzas a Tennosaar. Había un medicamento que podía ayudarla. El medicamento se llamaba Enhertu. “De repente volví a sentir esperanza”, cuenta hoy Tennosaar. El problema es que el tratamiento con el fármaco cuesta 20.000 euros por tres meses. Normalmente, los pacientes tienen que tomar Enhertu durante más de un año. Un dinero que Tennosaar, que hasta que la enfermedad la detuvo era encargada de unas instalaciones deportivas en Tallin (Estonia), no puede permitirse.

El lugar de la UE donde vive un paciente como Kadri Tennosaar determina en gran medida que reciba los medicamentos que pueden prolongar o incluso salvar su vida. El análisis de Investigate Europe revela cuántos medicamentos críticos no están disponibles mediante reembolso general para miles de personas en toda la UE, siendo los pacientes del centro y este de Europa los más afectados por la falta de acceso.

Este artículo forma parte de una investigación sobre el negocio de las farmacéuticas realizada por el consorcio periodístico Investigate Europe. infoLibre publicará en exclusiva en España la investigación completa, formada por una decena de artículos. Las tres primeras entregas de la serie se publican hoy (puedes leer aquí y aquí las otras dos).

El prestigioso instituto de investigación alemán IQWiG elaboró una lista de 32 medicamentos destacados para Investigate Europe y sus socios alemanes en este proyecto, el periódico Süddeutsche Zeitung y las televisiones públicas NDR y WDR. En análisis realizados entre 2019 y 2023, los científicos concluyeron que esos fármacos tienen un beneficio adicional "significativo" o "considerable" respecto a las terapias existentes. Esto significa que un medicamento puede prolongar o mejorar la vida de los pacientes y, además, puede tener menos efectos secundarios. Entre los fármacos seleccionados había tratamientos para enfermedades como el cáncer de mama, la leucemia y la fibrosis quística.

La investigación revela que en seis países de la UE falta uno de cada cuatro medicamentos esenciales. Sin acuerdos de compra entre países y empresas, que son la base de la financiación pública vía reembolsos, las autoridades sanitarias tienen que recurrir a otros métodos costosos para obtener un medicamento, o se quedan sin acceso por completo. La situación es especialmente dramática en Hungría, donde 25 de los 32 medicamentos no suelen reembolsarse, y en Malta y Chipre, donde 19 y 15 medicamentos, respectivamente, tampoco están disponibles. Los pacientes de Chipre y Hungría pueden obtener algunos medicamentos solicitando el acceso individual, pero a menudo con costes desorbitados para el Estado. En los países bálticos y Rumanía, un gran número de medicamentos importantes tampoco están disponibles.

Durante casi una década, Paul Fehlner dirigió el departamento de patentes de la farmacéutica suiza Novartis. Ahora es director de propiedad intelectual de la empresa biotecnológica estadounidense Revision Therapeutics. Fehlner explica la estrategia actual de las empresas farmacéuticas: "Normalmente, las empresas farmacéuticas van primero a por los mercados más grandes, lo cual tiene sentido. Así, Alemania, Francia, España, Italia y otros mercados obtienen acceso al producto, pero otros países no son prioritarios porque no son tan grandes".

Para los pacientes, esto significa que a menudo se ven abandonados a su suerte cuando se enfrentan a una enfermedad grave. Tienen que confiar en la buena voluntad de organizaciones benéficas o donantes para pagar tratamientos que salvan vidas o solicitar acceso individual a través del Estado. En algunos casos, los pacientes tienen incluso que demandar a sus gobiernos para acceder a los costosos fármacos.

En Europa, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) toma la decisión inicial sobre qué medicamentos pueden comercializarse en la UE y cuáles no. Si un fabricante obtiene la aprobación de su producto, la UE le concede el monopolio exclusivo de su principio activo durante al menos ocho años. Tener esta exclusividad significa que ningún otro laboratorio puede sacar al mercado un medicamento con el mismo principio activo. Por consiguiente, no hay competencia entre fabricantes.

Después, las empresas farmacéuticas serán libres de decidir si quieren comercializar sus medicamentos y en qué países de la UE. Hasta ahora, las autoridades sanitarias negocian casi siempre individualmente con las empresas.

“En principio, todos los ciudadanos de la UE deben beneficiarse del mercado único. Pero los medicamentos no son igualmente accesibles para todos”, afirma la abogada Ellen 't Hoen, que defiende un acceso equitativo a los fármacos. Esto es en parte culpa de las empresas farmacéuticas, que primero comercializan sus productos en países “tolerantes con los precios altos”.

La patronal europea, Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (Efpia por sus siglas en inglés), rechaza que se culpe a las empresas. Afirma que existe un “amplio consenso” en que los precios de los medicamentos “deberían” basarse en la capacidad de pago de cada país. La asociación cita “la lentitud de los procesos reguladores”, “los retrasos en el inicio de las evaluaciones nacionales de tecnologías sanitarias” y “las decisiones locales de los proveedores de atención sanitaria sobre los formularios” como razones de la falta de disponibilidad de medicamentos.

Las empresas farmacéuticas utilizan su poder de mercado para obligar a los países a mantener en secreto los precios negociados. Los negociadores nacionales deben firmar acuerdos de confidencialidad. De este modo, las empresas pueden ocultar los descuentos que aplican a los Estados con respecto al precio oficial de un medicamento. Los Estados negocian a ciegas. Esto significa que, en algunos casos, las empresas pueden cobrar mucho más por sus medicamentos en países con mercados más pequeños que en los más ricos de Europa occidental.

La falta de medicamentos esenciales en los Estados menos poblados o con menos ingresos también es consecuencia de la política empresarial de las compañías. Lo explica un farmacéutico que trabaja para una filial húngara de una multinacional: "Para una empresa como Novartis o Pfizer, el mercado húngaro es un error de redondeo". En el país, los pacientes no tienen acceso a 25 de los 32 medicamentos mediante reembolso. "Hoy en día no me gustaría ser un paciente de cáncer en Hungría", resume el farmacéutico.

El Estado húngaro utiliza un mecanismo que se introdujo para resolver casos singulares, por el que los pacientes pueden solicitar el reembolso de los gastos de su tratamiento. Si se aprueba la solicitud, la seguridad social cubrirá todo el coste del tratamiento. Entre 2013 y 2022, el número de solicitudes se multiplicó por ocho. De las más de 25.000 presentadas en 2022, nueve de cada diez fueron aprobadas. Sin un acuerdo sobre financiación pública, el precio de estos fármacos se dispara. "No hay margen para el regateo", afirma un funcionario húngaro. Por parte de los pacientes, el mayor problema de este sistema es la incertidumbre a la hora de recibir tratamiento.

En Tallin, a principios de 2023, las esperanzas de Kadri Tennosaar, paciente de cáncer de mama, se desvanecían. El gobierno no pagaría el medicamento que podría ayudarla, Enhertu. El instituto IQWiG de Alemania considera que hay pruebas de que aporta “un beneficio adicional significativo para el criterio de valoración de la supervivencia global”. En otras palabras, Enhertu ayuda a los pacientes a vivir más tiempo. Aunque el fármaco fue aprobado por la EMA en enero de 2021, las negociaciones con Estonia siguen en curso hoy en día.

Los pacientes de los países más pobres pueden tardar años en acceder al medicamento si las empresas farmacéuticas solo lanzan sus productos en las naciones más ricas. Es un tiempo del que a menudo no disponen los enfermos graves. El tiempo medio transcurrido desde la aprobación de la EMA hasta que una empresa farmacéutica se puso en contacto con las autoridades estonias en los últimos tres años fue de 680 días, casi dos años. Erki Laidmäe, jefe del departamento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos del Fondo del Seguro de Enfermedad de Estonia, explica a Investigate Europe que “aún no se ha alcanzado un nivel de precios aceptable” con el fabricante de Enhertu, Daiichi Sankyo.

Laidmäe añade que, en otros casos, “faltan medicamentos en nuestro mercado porque ya existe una alternativa. Los pacientes no se quedan sin tratamiento. Nuestro mercado es muy pequeño y los fabricantes no penetrarán en él si su cuota promete seguir siendo pequeña. El que llega primero suele quedarse con todo el mercado y no hay sitio para los demás".

En su análisis de los 32 medicamentos, Investigate Europe tuvo en cuenta los casos en los que existen medicamentos alternativos a la hora de calcular los totales globales por países.

Daiichi Sankyo destaca que trabaja con las autoridades estonias para garantizar que los pacientes que cumplan los requisitos puedan "acceder al medicamento lo antes posible". La empresa sostiene que no puede hacer más comentarios mientras continúen las negociaciones.

En cambio, en Alemania, la legislación garantiza a los fabricantes farmacéuticos que las compañías de seguros sanitarios reembolsarán cualquier medicamento aprobado por la EMA. Esto significa que están inmediatamente a disposición de los pacientes, a diferencia de lo que ocurre en Estonia.

En algunos países europeos, las organizaciones benéficas han tenido que llenar durante mucho tiempo el vacío dejado por las farmacéuticas reacias y los gobiernos con problemas de liquidez. En Estonia, la organización benéfica Kingitud Ule (Vida Dotada), ha ayudado a más de dos mil pacientes desde su creación hace diez años.

Kadri Tennosaar y su nuevo médico presentaron una solicitud a principios de 2023 pidiendo ayuda a la organización benéfica. “Temía que el comité rechazara mi petición”, recuerda Tennosaar,  “pero mi médico me dijo que había muchas posibilidades de que la aceptaran”. Efectivamente, el fondo aprobó el tratamiento. En marzo del año pasado, Tennosaar vio por primera vez el fármaco que podría salvarle la vida, parecía “transparente como el agua”. Cuando se lo administraron, al principio se sintió como en la quimioterapia anterior. "Los días siguientes estaba débil. Me quitó la fuerza del cuerpo”, rememora.

A menos de cuatro horas en coche de Tallin, en el Hospital Oriental de Riga, la capital letona, la oncóloga Alinta Hegmane trata habitualmente a pacientes con cáncer para los que hace tiempo que existen medicamentos innovadores. “Pero el coste de ciertos tratamientos no está cubierto. Esto es el día a día aquí”, indica. Según el trabajo de Investigate Europe, 11 de los 32 medicamentos esenciales no están financiados en Letonia. Los fármacos cuestan miles de euros y el tratamiento suele durar años. “Poca gente puede permitírselo”, lamenta Hegmane.

Por eso sus pacientes se registran desde sus camas de hospital en la plataforma de crowdfunding Ziedot. Allí dan a conocer su caso. Escriben un texto sobre sí mismos y su enfermedad. Compiten por el dinero de los lectores, que pueden donarlo directamente pulsando un botón. Viola, de Riga, cuenta en su post que antes de tener cáncer era una “mujer activa”. Ahora está en la plataforma pidiendo “la oportunidad de vivir un año más”. También necesita Enhertu para combatir su enfermedad. Al igual que el sistema sanitario estonio, el letón no cubre el coste del tratamiento. Hasta ahora, los donantes han ayudado a Viola con 590 euros de los 45.212 que necesita.

En otros países, los pacientes se ven obligados a recorrer distancias aún mayores para acceder a un medicamento.

En la ciudad de Lugoj, al oeste de Rumanía, Andreea Crăciun, paciente de cáncer de mama, tuvo que llevar a los tribunales a su propio sistema sanitario. Le diagnosticaron cáncer de mama a finales de noviembre del año pasado. “Todo fue muy rápido”, recuerda Crăciun. A las dos semanas empezó la quimioterapia: “El cáncer era muy agresivo. Era mi única opción”. El segundo shock llegó cuando se enteró de que el Estado no pagaría su tratamiento con el fármaco que necesitaba, Keytruda. Muchos países de la UE cubren su coste para pacientes con cáncer de mama, pero no Rumanía. Un tratamiento cuesta 5.000 euros. Pudo pagar ella misma las tres primeras sesiones, pero “no sabía qué hacer después”, recuerda ahora. Desesperada, la madre de dos niños en edad escolar recurrió a un abogado. El 2 de febrero de este año,  presentó una demanda contra el Estado rumano. Diez días después, el tribunal falló a su favor. Hoy, el Fondo Nacional de Salud paga su tratamiento.

En 2023, más de mil pacientes rumanos recibieron la medicación contra el cáncer que necesitaban a expensas del Estado por orden judicial, según el oncólogo Michael Schenker, jefe de la Comisión Nacional del Cáncer del país. Rumanía carece de recursos para pagar fármacos innovadores y el director del seguro nacional de enfermedad ha instado a las autoridades a duplicar el presupuesto para medicamentos, explica Schenker. El Estado se ha negado.

Rumanía no tiene acceso a seis de los 32 medicamentos innovadores. Según el Gobierno, en varios casos el fabricante decidió no comercializar su producto en el país. 

En la UE, sólo Alemania y Austria tienen acceso a los 32 medicamentos. Las naciones más ricas también tienen lagunas en la disponibilidad, entre ellas los Países Bajos, donde faltan cinco medicamentos; España, que no tiene cuatro, y Francia, que no dispone de tres. Mayeul Charoy, funcionario francés que trabaja estrechamente en el reembolso de fármacos, declaró a Investigate Europe en una reciente conferencia del sector: "Sí, esos medicamentos todavía no se reembolsan porque los fabricantes aún no han presentado una oferta aceptable".

De los cuatro fármacos no financiados en España, un portavoz del Ministerio de Sanidad indicó a Investigate Europe que en un caso se está negociando con la farmacéutica (Pluvicto, que se utiliza contra el cáncer de próstata); en otro no consta "que la empresa haya iniciado un procedimiento de valoración de la financiación" (Breyanzi, aplicado a adultos con linfoma), y en dos casos la Comisión que decide sobre su reembolso emitió una resolución de no financiación (Talzenna, para tratar el cáncer de mama, y Empliciti, contra el mieloma múltiple). Esa resolución se emite cuando los expertos no encuentran valor añadido al medicamento o cuando existen fármacos o alternativas terapéuticas para las mismas afecciones a menor precio.

Para cambiar esta situación, varios proyectos han intentado impulsar negociaciones conjuntas entre los Estados miembros de la UE. "Queríamos garantizar que más pacientes tuvieran acceso a los medicamentos esenciales", recuerda la ex ministra de Sanidad belga Maggie De Block. Junto con sus colegas de Países Bajos y Luxemburgo, creó en 2015 una iniciativa de adquisición conjunta, Beneluxa. "Somos países pequeños y juntos esperábamos poder negociar mejor", señala De Block. Irlanda y Austria también se han unido a Beneluxa.

En los últimos nueve años, los cinco países solo han logrado la adquisición conjunta de tres fármacos. Clemens Auer, ex secretario general del Ministerio de Sanidad austriaco, califica Beneluxa de "señal política a la industria», aunque reconoce que, en las circunstancias actuales, no puede crecer y abarcar a toda la Unión Europea. Así que la desigualdad en el acceso persiste". “Es un escándalo que haya ciudadanos de primera, segunda y tercera clase en Europa cuando se trata de acceder a nuevos medicamentos”, critica Auer.

El problema se siente en toda Europa. En una entrevista con Investigate Europe, un antiguo funcionario de sanidad de Irlanda se queja: "Los 27 Estados miembros negociando para sí mismos es algo asombrosamente ineficaz y conduce a la desigualdad de los ciudadanos europeos".

En 2016, el entonces ministro de Sanidad chipriota, George Pamborides, escribió al entonces comisario de Sanidad de la UE, Vytenis Andriukaitis, quejándose de que su país estaba accediendo “muy tarde” a medicamentos innovadores. En una carta a la que ha tenido acceso Investigate Europe, Pamborides proponía que la UE creara un mecanismo para sentar a los Estados miembros pequeños a la mesa de negociación con las empresas farmacéuticas “a fin de garantizar precios preferenciales para la adquisición de medicamentos innovadores”. La carta se perdió en algún cajón… y con ella la propuesta.

En una reunión de ministros de Sanidad de la UE celebrada el pasado noviembre, Grecia y Malta volvieron a incluir en el orden del día un mecanismo central de compra de medicamentos innovadores. Pero Alemania se apresuró a descartar la propuesta. "La compra conjunta sólo debe utilizarse para amenazas sanitarias transfronterizas", señaló el representante alemán en la sesión plenaria.

La Comisión Europea también ha reconocido el problema. En 2020 anunció que revisaría su estrategia farmacéutica. Tres años después, en abril de 2023, presentó su nueva propuesta legislativa. En la presentación, la comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides, aseguró: “El lugar donde vives no debe determinar si vives o mueres”. La Comisión declaró a Investigate Europe que el conocido como paquete farmacéutico permitirá “que entre 60 y 70 millones de pacientes más tengan acceso anualmente a medicamentos innovadores en la UE". A pesar de las largas negociaciones, aún no se ha llegado a un acuerdo en las instituciones comunitarias.

Como en el caso de la paciente estonia de cáncer de mama Kadri Tennosaar, que sólo pudo acceder al medicamento Enhertu, que podría salvarle la vida, gracias a una organización benéfica. El pasado mes de marzo, tras años de enfermedad, ya era un procedimiento familiar para Tennosaar tumbarse en la fría cama y deslizarse por el escáner con un fuerte rugido. Siempre un poco nerviosa, espera el resultado: ¿Ha crecido el cáncer en su cuerpo? Unas semanas más tarde, recibe noticias de su médico. Esta vez las noticias son buenas. “Fue un pequeño milagro”, dice hoy Tennosaar, describiendo el momento en que supo que había entrado en remisión. El nuevo fármaco, Enhertu, ha funcionado. El cáncer ha desaparecido de sus pulmones.

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Con información de Sarmīte Gaidule, Attila Kalman, Alexandra Nistoroiu, Piret Reiljan, Iulia Rosu, Harald Schumann y Manuel Rico.

Recogida de datos: Mašenjka Bačić, Eurydice Bersi, Lorenzo Buzzoni, Wojciech Cieśla, Anuška Delić, Lukas Diko, Ingeborg Eliassen, Sarmīte Gaidule, Pascal Hansens, Vellu Hämäläinen, Attila Kalman, Miglė Krancevičiūtė, Ida Mažutaitienė, Leïla Minano, Maxence Peigné, Paulo Pena, Andrei Petre, Bettina Pfluger, Marta Portocarrero, Manuel Rico, Leonard Scharfenberg, Nico Schmidt, Zuzana Šotová y Amund Trellevik.

Edición: Chris Matthews.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado investigar una posible responsabilidad sanitaria por los posibles efectos adversos para la salud derivados del consumo del medicamento Nolotil. Lo hace tras recibir la denuncia presentada por el Defensor del Paciente y una vez que se han registrado más denuncias tanto en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía Provincial de Madrid.

Así lo refleja un decreto firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, recogido por Europa Press, en el que designa como instructor de estas diligencias preprocesales de investigación al fiscal Manuel Campoy.

En este escrito, Alonso fija que las actuaciones del Ministerio Público en este caso tienen por objeto proteger el derecho fundamental de los ciudadanos a la integridad física con relación al derecho a la protección de la salud, y el derecho de los ciudadanos a ser protegidos contra los riesgos que puedan afectar su salud en su condición de consumidores y usuarios de los servicios sanitarios.

En este contexto, la Fiscalía solicita como primeras diligencias solicitar a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) un informe en el que identifique a las empresas fabricantes de este medicamento, a las importadoras, las comercializadoras y las distribuidoras en España.

También quiere conocer de la AEMPS las autorizaciones otorgadas al medicamento y la comunicación de reacciones adversas. Además, pide que se le informe sobre qué países han decidido retirar ya este medicamento del mercado, y qué diferencias o razones llevan a mantener su comercialización en España.

El fiscal jefe recuerda que la Fiscalía de la Audiencia Nacional es competente "para conocer de todas aquellas actuaciones administrativas que competen, entre otros, a los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional".

Y apunta que esto es lo que sucede "con los posibles procedimientos administrativos que pudieran derivarse de la actuación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en relación al medicamento Nolotil".

Se da la circunstancia de que el pasado mes de febrero, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 informó de que estudiaba la denuncia de protección especial de derechos fundamentales presentada por la Asociación de Afectados por Fármacos (ADAF) contra el Ministerio de Sanidad y contra la AEMPS, a los que acusa de inactividad "en la farmacovigilancia real, adecuada, actualizada y responsable" sobre el producto Nolotil por los efectos adversos que puede ocasionar en determinada población.

Así constaba en una diligencia de ordenación fechada el 14 de febrero a la que tuvo acceso Europa Press y en la que se exigía a la ADAF que subsanara deficiencias en su recurso contencioso.

El asunto partía de una demanda presentada por esta asociación en noviembre de 2023 y de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de enero de este año, en la que acusa a los responsables de los departamentos encargados de esa vigilancia de un delito de imprudencia grave por actuación "negligente" que ha ocasionado en pacientes "daños e incluso fallecimientos".

En la denuncia de ADAF, a la que también tuvo acceso esta agencia de noticias, se explicaba que los hechos son los relacionados con la seguridad de los fármacos que utilizan metamizol –Nolotil– en su composición y que son "los medicamentos más vendidos en España" porque se usan para combatir el dolor.

ADAF indica que muchos funcionarios de la AEMPS y de las diferentes administraciones sanitarias encargadas de la farmacovigilancia en España, o personas encargadas de la seguridad del paciente en farmacología, "no están cumpliendo responsablemente su trabajo (...) al no alertar a la comunidad médica y sanitaria sobre algunos aspectos imperativos como es la prohibición inmediata de prescripción en España de los productos que contienen metamizol a extranjeros en cuyos países está prohibido: Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Japón, Australia, etc".

En la demanda de 2023 apuntaban además que el fármaco Nolotil "se está prescribiendo erróneamente a los británicos que visitan España, o residen en España, es decir, población flotante (...) porque este fármaco, el más vendido en España, es muy peligroso para este tipo de población".

Al hilo, la asociación explicaba a la FGE que cuenta y puede aportar "un amplio listado de personas, identificadas, nacionales e internacionales, con sus historias clínicas en España" con pruebas del daño que ha ocasionado ese fármaco y prueba de comunicación de los acontecimientos adversos a la AEMPS y empresas privadas.

Señalaba que a pesar de esas advertencias, "las administraciones miran para otro lado sin hacer nada" y que muchas personas "están muriendo y sufriendo reacciones adversas muy graves".

"La imprudencia grave, la omisión u ocultación intencionada de información de seguridad de un fármaco, la no realización de estudios farmacoepidemiológicos adecuados y responsables, la no activación de protocolos de seguridad y cautela, entre otros aspectos, son acciones y omisiones que pudieran bien encajar en algunos tipos delictivos a determinar", explicaban.

Y se preguntaban en esa denuncia qué está pasando en España cuando "en países como Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda, por poner solo tres ejemplos, de otros más de cuarenta, se prohíbe el producto por su alta peligrosidad". "¿Por qué en España, a pesar de los indicios y alertas en farmacovigilancia, se opta por emitir una tímida nota informativa donde la AEMPS y las sociedades médicas y farmacéuticas saben que no se está cumpliendo?", añaden desde la asociación.

Al hilo, subrayaban que el asunto afecta especialmente a la población anglosajona y afean que se da una "falta de atención o caso omiso a los estudios independientes publicados alertando de la infranotificación y del peligro, del error en la prescripción en general".

En este sentido, culpaban a la AEMPS de que en estos momento y "con la connivencia de las empresas comercializadoras o fabricantes de los productos con metamizol, lanza una campaña en prensa y televisión para favorecer la idea de que son medicamentos seguros". "Animan así a la población a consumirlos y a los médicos a prescribirlos sin cautela, eso sí, obviando los aspectos de seguridad del producto y la necesidad de una información más responsable del mismo", lamentaban.

Precisamente en noviembre de 2018 la AEMPS, dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, recomendó no dar medicamentos que contuvieran metamizol, como por ejemplo el Nolotil o la Buscapina Compositum, a turistas y, en el caso de aquellos a los que se pudiera realizar un seguimiento, suministrarlo sólo en terapias cortas y a dosis "mínimamente eficaces", vigilando la aparición de sintomatología indicativa de agranulocitosis.

El organismo lanzaba esta recomendación tras revisar la situación en España con motivo de la notificación reciente al Sistema Español de Farmacovigilancia de casos de agranulocitosis, particularmente en pacientes de origen británico.

Apuntaba que los datos confirmaban también el mayor riesgo en pacientes de edad avanzada, algo ya conocido, si bien esta reacción adversa podía aparecer en cualquier momento del tratamiento y, en más de la mitad de los casos notificados en los que se dispone información, la duración del mismo era superior a una semana.

España lidera desde hace una década el uso de antibióticos en el ganado en la Unión Europea. Mientras que otros países vecinos han logrado recortar desde entonces el empleo de estos fármacos, España sigue posicionado en el top uno, aunque en los últimos ocho años se ha reducido un 70% y el sector va en la buena dirección. El menor empleo de antimicrobios en el ganado es fundamental para reducir la resistencia de las personas a estos medicamentos, uno de los principales riesgos de la salud de este siglo, aunque los veterinarios afirman que el grueso del problema está en el exceso de empleo de antibióticos en humanos, no en los animales.

En 2022, el último año con datos disponibles, España consumió 1.027 toneladas de antibióticos para producción animal, la mayor demanda del continente, por delante de Polonia (838 toneladas), Italia (585), Alemania (531) y Francia (255), según las últimas cifras de la Agencia Europea del Medicamento. Pese a que España lidera por mucho la lista, Francia tiene la mayor cabaña ganadera de la Unión Europea, mientras que España y Alemania están prácticamente empatadas, según Eurostat. 

Los expertos en veterinaria evitan el alarmismo de las cifras e insisten que hay que ponerlas en contexto. El consumo de antimicrobios depende en gran parte del tipo de ganadería que produce cada país: mientras que Francia es el mayor productor de vacuno del continente, España está especializado en cerdos, el animal de granja que más medicamentos necesita, según Héctor Arguello, doctor en Veterinaria por la Universidad de León. "En porcino se usan más que en bovino porque la edad media de sacrificio de un cerdo son seis meses, y eso hace que la probabilidad de que enfermen. Una vaca adulta, salvo problemas puntuales, no necesitará medicación", explica. De hecho, alrededor de la mitad de toda la ganadería española es porcina, con 34,5 millones de cabezas, y le sigue Alemania con 22 millones.

El experto también recuerda que atendiendo a las cifras relativas —comparar la cabaña total con el consumo—, España cae varios puestos en la lista. Por cada tonelada de animal que se cría en España, se emplean 127 miligramos de antibióticos, frente a los 255 de Chipre, los 186 de Polonia y los 156 de Italia, el top tres. Francia utiliza 29 miligramos por tonelada animal y Alemania 70, según las cifras de 2022. El principal uso de antibióticos en la ganadería es acabar con las diarreas y las neumonías animales.

Francia es el caso más destacado de la Unión porque tiene la mayor cabaña ganadera del continente, pero es el quinto país por volumen de consumo de antibióticos. Este país ha reducido desde 2010 el consumo de este fármaco en animales en un 75%, de 1.000 toneladas a 255 en 2022. En cifras relativas también se ha desplomado, de 133 miligramos por tonelada en 2010 a 39 en 2022. La razón de esta rebaja son los programas que ha desarrollado el gobierno francés durante la última década, los llamados planes EcoAntibio, que han sido un éxito.

Las cifras globales de consumo de medicamentos preocupan a la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud por el desarrollo de inmunidad ante estos fármacos, y España trata desde hace años de reducir su empleo. Gonzalo Fernández, Veterinario de la Universidad de Santiago de Compostela, recuerda que hace una década se usaban incluso de forma preventiva en las granjas para evitar que los animales enfermasen en invierno, pero esta práctica ahora está prohibida. Si en 2014 se consumió en España un récord de 419 miligramos de antibióticos por tonelada de animal, ahora sean 127,4, un 70% menos.

Para que un ganadero pueda suministrar a día de hoy un fármaco a un animal, tiene que estar recetado por un veterinario y registrado en una libreta electrónica a la que tiene acceso la Comunidad Autónoma y Ministerio de Agricultura. De hecho, el veterinario tiene que aportar una prueba diagnóstica de que el cerdo, el pollo o la vaca tienen una bacteria y que el medicamento recetado actúa específicamente contra ella. Héctor Arguello añade que cuando un animal recibe un antibiótico, su carne o leche no se puede vender durante un periodo de tiempo regulado para no contaminar el alimento.

Desde julio de 2022 el empleo de estos medicamentos está mucho más restringido en España, ya que entró en vigor el Marco de actuación para uso sostenible de antibióticos en la ganadería. El Gobierno publica ahora unas tablas con las cantidades de fármaco permitido para cada animal, y todas aquellas explotaciones que superen el umbral son examinadas por un veterinario de la administración para corregir la desviación.

Los antibióticos animales están divididos en cuatro categorías: unos están prohibidos, otros muy limitados, otros se pueden usar con precaución y otros están permitidos abiertamente. Los que están vetados son aquellos que se usan también en humanos y no tienen sustitutivo, de forma que si las personas generan una resistencia no hay forma de combatir estas infecciones.

En la Unión Europea, cada año mueren 35.000 personas por resistencia a los antibióticos y la Organización Mundial de la Salud considera que es una de las mayores amenazas para la salud global, ya que las bacterias son cada vez más difíciles de matar. Uno de los frentes que combaten las administraciones es su uso en las granjas, donde durante décadas se emplearon para engordar animales —ahora prohibido en la UE—. También hay campañas para reducir el uso de antibióticos en los humanos, el único empleo que no ha cambiado. "Entre 2014 y 2021, el consumo de antimicrobios en animales de granja disminuyó un 44%, mientras que en humanos se mantuvo relativamente estable", afirma la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

"En general, los resultados sugieren que las medidas aplicadas para reducir el uso de antibióticos en animales y en seres humanos han sido eficaces en muchos países", concluye también el estudio de la EFSA, elaborado entre 2014 y 2021. La agencia ha encontrado, por ejemplo, que la bacteria e.coli es mucho más sensible a los medicamentos en las regiones donde se ha recortado la venta de estos fármacos.

En España, el consumo de antibióticos por humanos en 2021 fue de 433 toneladas, el tercero más grande de Europa tras Francia e Italia (los datos de Alemania están incompletos). La cifra relativizada (consumo entre masa de población) sitúa a España en cuarto lugar, tras Chipre, Polonia e Italia.

Los laboratorios suministrarán los medicamentos a su nuevo precio industrial de referencia marcado por el Ministerio de Sanidad desde este jueves, tras la publicación de la Orden de actualización de Precios de Referencia en el Boletín Oficial del Estado este pasado miércoles, ha recogido Europa Press.

En concreto, se trata de una medida que afecta a más de 17.000 medicamentos y que producirá un ahorro estimado 217,54 millones de euros, según las estimaciones de este departamento. En total, se procede a revisar los precios de 17.671 presentaciones de medicamentos, de las cuales 13.994 son dispensables en farmacia y 3.727 en hospital.

Según Sanidad, los distribuidores mantendrán el precio de venta del distribuidor anterior a esta reducción durante un plazo de veinte días naturales. Por su parte, las oficinas de farmacia dispensarán al precio de venta al público anterior a esta reducción hasta el último día del primer mes siguiente a la fecha de aplicación de la Orden, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Además, se liquidarán con los nuevos precios las facturaciones de recetas oficiales al Sistema Nacional de Salud, incluidas las correspondientes a las Mutualidades de funcionarios, cerradas a partir del 1 de enero de 2024.

Según el Ministerio, la nueva Orden de Precios de Referencia producirá un ahorro estimado de 217,54 millones de euros: 160,41 millones de euros en medicamentos hospitalarios y 57,13 millones de euros en medicamentos dispensados en oficinas de farmacia.

Además, crea 16 nuevos conjuntos de presentaciones de medicamentos que se dispensan en oficinas de farmacia y 17 conjuntos de presentaciones de medicamentos de ámbito hospitalario; y revisa los precios de referencia de los conjuntos ya existentes y que corresponden a 444 de medicamentos dispensables en oficinas de farmacia y 259 de ámbito hospitalario.

También suprime 16 conjuntos de presentaciones de medicamentos, once en farmacia y cinco en hospital. La última actualización de los conjuntos de referencia de medicamentos y de sus precios de referencia se produjo por la Orden ministerial del pasado 23 de noviembre.

A través de la nueva Orden, se procede a la actualización anual, con la determinación de los nuevos conjuntos y sus precios de referencia, de la revisión de los precios de referencia fijados anteriormente y de la supresión de los conjuntos que hayan dejado de cumplir los requisitos exigidos para su establecimiento.

El precio de referencia de los conjuntos se calcula en base al menor coste por tratamiento y día de las presentaciones incluidas en cada uno. Para garantizar el abastecimiento de determinados medicamentos y su permanencia en la prestación farmacéutica del SNS, se han articulado mecanismos excepcionales a la regla general de cálculo.

Así, el Precio de Referencia Ponderado se aplica a las presentaciones con dosificaciones especiales, enfermedades graves o cuyos precios han sido revisados en los últimos dos años por falta de rentabilidad por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Por su parte, el Precio de Referencia Mínimo de cada presentación se ha fijado en 1,60 euros.

Por último, la No Revisión de Precios de Medicamentos se ha aplicado a medicamentos considerados esenciales por la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque cubren necesidades sanitarias prioritarias de la población y deben estar disponibles en todo momento. Esta medida afecta a 30 conjuntos de referencia y, en concreto, a 361 presentaciones.

El Sistema de Precios de Referencia (SPR) se implantó hace dos décadas en España, con el objetivo de controlar los precios de los medicamentos financiados.

Las farmacias catalanas distribuirán de forma gratuita a partir del primer semestre de 2024 copas menstruales, bragas absorbentes y compresas de tela a mujeres, personas no binarias y hombres trans que menstrúan a través de un convenio de colaboración entre la Conselleria de Igualdad y Feminismos de la Generalitat y el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), que cuenta con una partida de 8,5 millones.

Lo ha anunciado este jueves la consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, tras la firma del convenio con el presiente del CCFC, Jordi Casas, en la sede del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, para garantizar la equidad menstrual en una "acción sin precedentes" en el mundo que llegará potencialmente a 2,5 millones de personas.

Las personas interesadas tendrán que presentar a alguna de las farmacias que formen parte del proyecto un código QR individual e intransferible que encontrarán en la aplicación móvil La Meva Salut y podrán elegir uno de los tres productos que ofrecen en función del que mejor se adapte a sus necesidades.

Verge ha explicado que la medida persigue tres objetivos: justicia social, para combatir la pobreza menstrual; justicia climática, para reducir los 750 millones de residuos que se generan cada año en productos menstruales no reutilizables, y justicia de género, para acabar con "los mitos y los estereotipos".

Casas cree que esta medida refuerza el papel de los farmacéuticos como "agentes de salud, proximidad y confianza" y la consellera ha previsto que puedan participar todas o casi todas las farmacias de Cataluña, un total de 3.272.

"Son la garantía de poder llegar a todas las mujeres del país, vivan donde vivan, y son también espacios referentes, de confianza y con la experiencia", ha reivindicado la titular de Igualdad y Feminismos, que ha agradecido el entusiasmo del CCFC .

La medida se enmarca dentro del Plan de equidad menstrual y climaterio 2023-2025 que aprobó el Ejecutivo catalán en marzo y la consellera ha concretado que el presupuesto de 8,5 millones es la partida que se destinará en 2024 para la compra y distribución de productos así como para formar a los farmacéuticos.

Con la formación, el Govern asegura el asesoramiento en farmacias sobre la correcta utilización de los productos, así como el acompañamiento en los primeros episodios de regla, y los farmacéuticos explicarán a las personas interesadas el funcionamiento de los tres productos para que elijan el que mejor se adapte a sus necesidades.

Verge ha reivindicado esta medida como una acción transformadora para romper los mitos y los tabús que afectan a la salud y el bienestar de las personas que menstrúan: "Esto es la transformación feminista, seguir siempre hacia adelante hasta conseguir la igualdad".

"Es una acción muy ambiciosa, de gran complejidad, porque queremos garantizar el derecho a la equidad menstrual, llegando a todo el mundo y de la manera más accesible y cercana posible. Somos el primer país que distribuirá gratuitamente a todas las mujeres productos menstruales reutalizables", ha reivindicado.

Escuchando a quienes conocen las entrañas del sistema sanitario español es fácil toparse con esta advertencia: el trozo del presupuesto sanitario dedicado a medicamentos crece sin parar, en una tendencia que amenaza la sostenibilidad del modelo. El gasto público farmacéutico se acerca a un récord de 22.000 millones de euros en 2022. Se trata de una partida que sube año a año desde el inicio de la serie del Ministerio de Hacienda, que arranca en 2014.

Las partidas recogen tanto el gasto hospitalario como por receta para oficina de farmacia. En ambos casos hay un gasto público, que es mayor en el caso de la farmacia, en una relación aproximada 60/40 con los últimos datos disponibles. En 2021 la cantidad total del gasto farmacéutico superó por primera vez los 20.000 millones de euros, alcanzando la cifra de 20.957,16 millones, lo que supone un 7,13% más que en 2020. La subida media desde 2014 es del 4,71%. En ocho años el incremento porcentual ha sido del 38,69%, lo que en términos brutos se traduce en 5.846,59 millones.

Aunque 2022 todavía no es ejercicio cerrado, Hacienda permite también consultar lo gastado en los nueve primeros meses del año, es decir, hasta el cierre de septiembre. Son 16.122,34 millones. Esto supone una subida del 5,17% con respecto al mismo periodo de 2021 y del 44,15% comparada con los tres primeros trimestres de 2014. Así que la tendencia ascendente sigue. El doctor en Medicina Fernando Lamata, presidente de honor de la Asociación Acceso Justo al Medicamento, cree que es previsible que 2022 acabe con un gasto farmacéutico superior a los 22.000 millones de euros, unos 1.000 millones más que en 2021.

Un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) de 2021 atribuye el grueso del problema al encarecimiento de la farmacia hospitalaria. Esta subió un 63,49% entre 2014 y 2021. Además, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que la tendencia al alza mantenga su fuerza. "El gasto farmacéutico hospitalario es muy poco visibilizado. Los medicamentos [...] se emplean para el tratamiento de los pacientes ingresados pero también para pacientes ambulantes y externos en procesos oncológicos, infecciosos, enfermedades neurológicas, autoinmunes, oftalmológicas, pacientes renales, enfermedades raras, fibrosis quística... Muchos de estos tratamientos tienen precios muy altos [hasta 400.000 euros],", añade el informe.

Voz de autoridad y autor de una vasta bibliografía sobre gestión sanitaria, Fernando Lamata advierte de que el supuesto avance en eficiencia en el gasto en farmacia de receta se ha hecho a costa del esfuerzo de las familias, no de la industria. El real decreto-ley 16/2012 para la "sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud", en plena etapa etapa de recortes, supuso una reducción del gasto público de receta, que efectivamente cayó un 15% entre 2011 y 2014. El quid reside, según Lamata, en que los efectos fueron negativos para las familias, cuyo gasto en farmacia en el mismo periodo creció sobre un 20%, según datos del INE. Entre 2014 y 2020, el gasto público en farmacia de receta se ha ido recuperando hasta casi volver a los datos de 2011. En cambio, las familias han incrementado su aportación un 40%, hasta situarse en 4.891,09 millones.

Las administraciones gastan "demasiado" en medicamentos, dice Lamata, que cifra el exceso en torno a un 50%. Los 11.000 millones extra que paga de más el Estado –tomando como referencia los 22.000 que prevé para este año– se reparten entre "sobreprecio" y "prescripción inadecuada", explica. El "sobreprecio" se produce porque el coste que se paga por el tratamiento es "muy superior" a la suma del coste de producción más la investigación realizada, según Lamata. La "prescripción" inadecuada está relacionada, explica, con el "marketing potentísimo de la industria farmacéutica".

Lamata cree que "es imprescindible" que "la investigación y la formación de los médicos" estén "separadas de los laboratorios farmacéuticos", para evitar así conflictos de interés que acaban empujando al alza la prescripción de los medicamentos más caros. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia y especialista en Psiquiatría por la de Santander, Lamata afirma que hay un problema "de fondo", que se ha exteriorizado con claridad con las vacunas contra el covid-19: los grandes laboratorios farmacéuticos –explica– usan el monopolio que les dan las patentes para elevar excesivamente los precios. "Para solucionar el problema de los altos precios de los medicamentos, que está erosionado gravamente el sistema de salud y amenaza con hacerlo más en el futuro, es fundamental ir a la raíz del monopolio que dan las patentes", añade. Y lo es más aún, recalca, cuando los nuevos medicamentos para enfermedades como la hepatitis C o las enfermedades reumáticas, genéticas o neurodegenerativas son "cada vez más caros". A su juicio, estamos ante un "desafío" para el sistema al completo.

Menos grave –comparativamente– ve la situación Juan Simó, autor del blog Salud, dinero y Atención Primaria, para quien no se trata de un gasto "desmesurado" en relación con otros países. Pone como ejemplo el último informe sanitario de la OCDE, que sitúa a España por debajo del conjunto de la UE en gasto público farmacéutico. "Estamos igual de más que los demás", resume el médico de familia y analista.

"El gasto [farmacéutico] es cada año mayor que el anterior. Y, si no se actúa, seguirá creciendo", señala Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). A su juicio, esta situación problemática es consecuencia de numerosos "fallos". ¿Cuáles? Según Sánchez Bayle, "el Ministerio de Sanidad paga medicamentos a precios exorbitantes", a lo que se suma que "el consumo de medicamentos genéricos está estancado". En línea con Lamata, denuncia además la falta de mecanismos efectivos para evitar "conflictos de interés" entre "quienes prescriben los medicamentos y la industria que los fabrica".

Otro problema, añade, es la falta de una producción pública "que acabe con los desabastecimientos" de los medicamentos más baratos, fenómeno que "sólo se explica por una fabricación por debajo de la demanda debida al afán desmedido de lucro" del negocio. "Faltan [en las oficinas de farmacia] medicamentos de bajo precio, como hemos visto hace poco con la amoxicilina, porque a la industria no le conviene su fabricación. No le resulta suficientemente rentable", denuncia el presidente de la Fadsp.

Según el último informe semestral de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en el primer semestre de 2022 los desabastecimientos subieron más de un 30% con respecto al anterior. Actualmente hay más de 600 medicamentos con problemas de abastecimiento, según el Ministerio de Sanidad. Tanto Lamata como Sánchez Bayle coinciden en que la escasez de medicamentos de bajo coste es una prueba clara de un sistema de producción farmacéutica alejado del interés general.

El presidente de la Fadsp añade un problema más: "Fallan los sistemas de compra". Sánchez Bayle defiende las subastas públicas, como la que había en Andalucía y que el Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) terminó de suprimir en diciembre de 2020.

No parece que el fin de la subasta esté dando grandes resultados en la comunidad del sur. La Consejería de Salud ha tenido que detraer fondos de otras partidas para cubrir un sobrecoste en farmacia de unos 600 millones entre 2020 y 2021, según Eldiario.es/andalucia. El gasto en farmacia hospitalaria y recetas ascenderá en Andalucía en 2023 a un 28,93% del presupuesto total de Salud, según la memoria de las primeras cuentas el PP con mayoría absoluta. Por Andalucía acusa a Moreno de haber actuado a beneficio de las grandes farmacéuticas, destruyendo una política que ahorraba costes y sin haber conseguido terminar con el desabastecimiento.

Los Presupuestos del Gobierno presidido por Pedro Sánchez para 2023 muestran el doble objetivo de ayudar a la mayoría social del país a poder afrontar las consecuencias de la guerra y, también, el de favorecer las grandes transformaciones de nuestra economía. Son unas cuentas que en Sanidad están destinadas a fortalecer la estructura del Sistema Nacional de Salud (SNS) y para ello cuentan con la sólida voluntad de ayudar también a conseguir un SNS más flexible y con más capacidad de adaptación a las exigencias y necesidades actuales, en salud digital. En 1986, la Ley General de Sanidad del ministro socialista Ernest Lluch puso en marcha el sistema público de salud, dando paso por primera vez a la universalidad, equidad, cohesión y accesibilidad a la sanidad pública en España. La transformación digital sanitaria es una de las herramientas que también van contribuir a ello, para lo que contamos en el presupuesto con una inversión de 450 millones de euros en salud digital para 2023, un 56% más que en 2022.

Una de las líneas de actuación que se dibujan en las cuentas del Gobierno de España para 2023, y que se ejecutará a través de la Secretaría General de Salud Digital, creada por primera vez por el Gobierno de Pedro Sánchez, es la mejora de la calidad de la atención sanitaria y la seguridad de los pacientes en sus desplazamientos geográficos, ya sean entre comunidades autónomas o en la Unión Europea, a través de la información clínica interoperable; mejora que se centra en dos grandes pilares: la ampliación de la Historia Clínica y la Receta Electrónica interoperable.

La receta electrónica es una herramienta digital que facilita la asistencia sanitaria a los pacientes y aporta seguridad en la prestación farmacéutica. Mediante el sistema de receta electronica se lleva a cabo la prescripción de los medicamentos necesarios para el paciente. Posteriormente, estas prescripciones pueden ser dispensadas en las oficinas de farmacia de cada comunidad autónoma de nuestro país, en las que se ha desarrollado un sistema propio de receta electrónica, actualmente interoperable al 100% en toda España.

Las más de 22.000 farmacias comunitarias de España, que están distribuidas de manera ordenada y planificada por todo el territorio, contribuyen a garantizar el acceso al medicamento por parte del paciente. Sin embargo, a consecuencia de los desplazamientos geográficos de la ciudadanía, fue necesario implantar, en su día, un sistema interoperable que les permita recurrir a cualquier farmacia del territorio para que las personas puedan retirar su medicación prescrita electrónicamente. Así, independientemente del diseño gráfico de cada tarjeta, las personas pueden obtener su medicación en cualquier comunidad autónoma diferente a aquella donde residen.

En el año 2019, el Gobierno socialista, junto con las comunidades autónomas, impulsaron y completaron la interoperabilidad de la receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud; hasta la actualidad ha sido utilizada, aproximadamente, por el 7% de la población. Completada la interoperabilidad de la receta electrónica, el Gobierno de España continúa trabajando para extenderla a otros países europeos dentro del proyecto CEF (Connecting Europe Facility).

Es necesario continuar garantizando el acceso a la prestación farmacéutica a los pacientes en todo el territorio a través de la ampliación y mejora de la receta electrónica en el SNS en beneficio de la salud del paciente. En esto está el Gobierno y en esto están los PGE para 2023. Cuentas a las que el Congreso, en estos días en que se cumplen 40 años de la victoria del PSOE en las elecciones generales de 1982, ha dado luz verde para continuar con su tramitación.

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Ana Prieto Nieto es diputada por Lugo y portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados.

La farmacéutica Johnson & Johnson (J&J) ha anunciado este jueves la retirada del mercado mundial de su polvo de talco para bebés después de las acusaciones que aseguran que el producto produce cáncer, según Europa Press. En un breve comunicado, la compañía ha detallado que el producto Johnson's Baby Powder dejará de ser vendido en todo el mundo a partir de 2023, a la vez que ha anunciado la transición de toda la gama de productos de polvos de talco para bebés para que tengan una composición basada en maicena.

"Evaluamos y optimizamos continuamente nuestra cartera para posicionar mejor el negocio para el crecimiento a largo plazo. Esta transición ayudará a simplificar nuestras ofertas de productos, ofrecer innovación sostenible y satisfacer las necesidades de nuestros consumidores", ha asegurado la farmacéutica en la misiva.

Con todo, J&J ha mantenido su posición sobre la seguridad de su polvo de talco cosmético, sosteniendo que no contiene asbesto y que no causa cáncer, tal y como han venido denunciando miles de estadounidenses a la compañía.

En 2017, un tribunal de Los Ángeles condenó a la farmacéutica pagar hasta 417 millones de dólares al considerar que el grupo era responsable de un cáncer de ovario terminal diagnosticado a una mujer de 63 años.

Asimismo, se condenó a la empresa por no advertir adecuadamente del riesgo asociado al uso de sus productos con talco, tal y como informó en su momento el diario Los Ángeles Times.

El abordaje del cáncer supone un enorme reto sanitario. Es la segunda causa de muerte por enfermedad en los países industrializados. En el año 2020, fueron diagnosticadas de cáncer 2,7 millones de personas en la Unión Europea, de las que 1,3 millones fallecieron.

En España el cáncer es una de las principales causas de morbi-mortalidad. Los cálculos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) estiman que en nuestro país este año se incrementará el número de casos respecto a años anteriores, superándose los 280.000. También sabemos que entre el 30% y el 50% de los cánceres pueden prevenirse si se reducen los factores de riesgo —tabaquismo, reducción consumo nocivo de alcohol, disminución contaminación ambiental— y se promocionan estilos de vida saludables. Con estrategias eficaces de prevención del cáncer es posible prevenir esta enfermedad, mitigar el sufrimiento y salvar vidas. Un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado elevan las probabilidades de curación de muchos tipos de cáncer.

En la prevención y tratamiento del cáncer, en reducir el sufrimiento que causa, hay compromiso político del Gobierno de España y de la Unión Europea (UE).

Con el objetivo de mejorar la calidad de la atención que reciben las personas enfermas de cáncer y sus familias, en 2021 se actualizó la Estrategia Nacional contra el Cáncer, que había sido aprobada en marzo de 2006 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Es un documento que se alinea con el Plan Europeo de la Lucha contra el Cáncer.

En febrero de 2021 se publicó el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. Pivota en torno a la prevención, la detección precoz y el acceso a cribados para los pacientes, el diagnóstico y tratamiento de alta calidad con las últimas tecnologías de vanguardia y la calidad de vida de los pacientes con cáncer y los supervivientes. El Plan contempla el establecimiento de una plataforma de la UE para mejorar el acceso a los medicamentos oncológicos. Todas las personas deben tener acceso en equidad a los medicamentos, independientemente de dónde vivan. Uno de los objetivos contenidos en la Estrategia Farmacéutica Europea se dirige a garantizar que los pacientes tengan acceso a medicamentos y que los sistemas sanitarios sigan siendo sostenibles desde el punto de vista financiero. Y en ello trabaja el Gobierno de España, situando al paciente como prioridad, hacia un modelo centrado en las personas y asegurando la sostenibilidad y robustez del Sistema Nacional de Salud (SNS); a través de recursos y políticas públicas con criterios de eficacia y eficiencia.

En el último Informe sobre la evolución de la financiación y fijación de precios para medicamentos oncológicos en España 2016-2021 publicado por la Dirección General de Cartera común y Farmacia del Ministerio de Sanidad (DGCYF) se concluye con un dato clave: 9 de cada 10 medicamentos contra el cáncer que son evaluados son financiados con fondos públicos. El tratamiento farmacológico con medicamentos oncológicos constituye un método terapéutico útil que coadyuva, junto con la cirugía y la radioterapia, a mejorar el pronóstico de la enfermedad.

La financiación de medicamentos oncológicos en España es muy elevada, representando, en diciembre de 2021, el 90% de medicamentos evaluados. El número de medicamentos oncológicos financiados por el SNS aumentó un 7,48% en el año 2021 respecto a 2019. Es decir, 9 cada 10 medicamentos oncológicos que se evalúan para su financiación y precio se financian con cargo a fondos públicos.

El 97% (151) de los medicamentos autorizados por la CE (156) están comercializados en nuestro país. Únicamente hay 5 principios activos oncológicos autorizados por la CE que no se encuentran registrados en España, debido a que el laboratorio titular no lo ha solicitado todavía.

Además de los 151 principios activos oncológicos autorizados por la CE, en España hay 46 principios activos oncológicos más autorizados, es decir, el arsenal terapéutico para el tratamiento del cáncer es mayor en nuestro país.

Una vez la CE autoriza un medicamento, el laboratorio titular decide en qué países y cuándo quiere comercializar. En el caso de España, para que se inicie el procedimiento de financiación y precio, el laboratorio titular tiene que solicitar la comercialización a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y ésta le asigna un código nacional (es el identificador del medicamento en España). Una vez se le asigna el código nacional, la AEMPS lo comunica a la DGCYF que inicia el procedimiento de estudio de financiación y fijación de precio. Una vez iniciado por la Administración Sanitaria, el laboratorio tiene que presentar un dossier de información en el que se contemple, entre otros, la oferta en términos económicos que realiza al SNS.

El tiempo medio en el proceso desde la autorización de la CE hasta que el laboratorio solicita la comercialización en nuestro país, y se le asigna un código nacional registrándose así en la AEMPS, es de 102 días. El tiempo medio desde que se inicia el estudio de financiación y precio hasta que el laboratorio titular presenta el dossier con la primera oferta de precio es de 43 días. Cabe destacar que al menos el laboratorio presenta 2 ofertas, siendo de 3 a 5 el número de ofertas que los laboratorios presentan en cada uno de los expedientes. Desde la presentación de la oferta hasta su resolución, un proceso donde intervienen tanto el laboratorio como la DGCYF y la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), el tiempo medio es de 269 días, tratándose de medicamentos que mayoritariamente son analizados por la CIPM de 2 a 3 veces. La CIPM es el órgano colegiado competente en materia de fijación del precio industrial máximo (PVL) para cada presentación de medicamento a incluir, o ya incluida, en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

En 2021 el gasto en medicamentos oncológicos a través de hospitales y oficinas de farmacia fue de 3.110 millones de euros, lo que supone un 16,91% sobre el total de medicamentos. El 93,19% del consumo total en importe de medicamentos oncológicos corresponde al consumo en el ámbito hospitalario.

En el año 2021 se han evaluado 48 nuevos principios activos oncológicos y variaciones, lo que representa un incremento, respecto al año 2020, de un 129%. En concreto se han evaluado un 140% más de nuevos principios activos y un 125% más de variaciones, siendo las nuevas indicaciones las que han aportado principalmente este crecimiento.

El cáncer de pulmón, el de mama y el melanoma son los tres tipos de tumores con el número más elevado de nuevos principios activos como nuevas indicaciones en los últimos años. También hay que destacar el cáncer de próstata.

El consumo de medicamentos oncológicos va aumentando año a año. En comparación con 2020, se produce un incremento tanto en número de envases como en importe (del 5,1% y 16,9% respectivamente), aunque el aumento en importe es más del doble que el de envases, lo que refleja el elevado precio de este tipo de medicamentos.

El precio medio a PVL de las presentaciones de medicamentos oncológicos incluidos en la prestación farmacéutica autorizados es de 1.222,90 €, lo que supone unas 15 veces por encima del precio medio de los medicamentos financiados (177,86 €) y demuestra el elevado precio de los medicamentos utilizados para el tratamiento del cáncer.

La importancia de lo público en el cáncer se demuestra con datos: 9 de cada 10 medicamentos oncológicos se financian en el sistema sanitario público, al que se incorporan costosas innovaciones que contribuyen a la curación, supervivencia y mejora de la calidad de vida de las personas que padecen cáncer. Pese a ello hay que seguir trabajando y mejorando por un futuro mejor, en eso está el Gobierno de España.

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Ana Prieto Nieto es diputada por Lugo y portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados. Farmacéutica.

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIMP) ha acordado por unanimidad que el precio máximo de venta de los test de antígenos de autodiagnóstico del covid-19 en las farmacias será de 2,94 euros a partir de este sábado. En rueda de prensa este jueves tras la reunión de la CIMP recogida por Europa Press, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que el "objetivo principal ha sido fijar un precio lo más asequible posible, atendiendo siempre al equilibrio necesario para que el producto esté disponible en el canal farmacéutico".

Según ha detallado Sanidad, los criterios para fijar esos 2,94 euros de precio máximo han contemplado, entre otros, el coste que tiene en otros países. "Se han considerado los precios de venta desde julio, cuando se puso el producto en el mercado en España, hasta la fecha. Hemos considerado el margen en el marco comercial de las farmacias y esto, considerando que el producto está exente de IVA, nos ha dado una orientación", ha explicado.

El acuerdo, que se firmará hoy mismo y entrará en vigor este sábado, se va a aplicar a todos los test de antígenos de autodiagnóstico del covid-19 que se vendan en farmacias y que hayan sido autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

La restricción de precios de estos productos ha sido aplaudida por buena parte del sector sanitario y farmacéutico, que ven necesaria esta medida aunque consideran que llega "tarde", pues consideran que debería haberse puesto en marcha antes de la Navidad, cuando su demanda creció ante el gran aumento de casos de covid-19 por la llegada de ómicron.

Por ejemplo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) resaltó el lunes, tras el anuncio de su regulación por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fijar un precio máximo "contribuirá a poner fin a una situación denunciada reiteradamente y de la que los farmacéuticos han sido víctimas, al producirse aumentos excesivos de precio y tensiones en el mercado originadas por actores ajenos al canal farmacéutico".

Los enfermeros, por ejemplo, también se han mostrado a favor. "No tiene ningún sentido que, en la situación en la que nos encontramos en cuanto a incidencia de casos de coronavirus, los test de antígenos sean utilizados con fines meramente lucrativos. Desde el principio defendimos que estas pruebas debían realizarlas preferentemente los profesionales sanitarios, pero es cierto que tras liberalizarse su venta, hace ya más de seis meses, no tiene sentido que ahora haya quien esté especulando con ello. Las desorbitadas subidas de precios registradas a mediados de diciembre hicieron que ya entonces advirtiéramos de la situación y pidiéramos al Gobierno su intervención", sostuvo el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya.

Miércoles, 1 de diciembre. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acude a primera hora de la mañana al Hospital de Emergencias Isabel Zendal. La joya de la corona de su política sanitaria cumple un año desde su apertura. Y no hay mejor emplazamiento que este para hacer anuncios importantes. La líder del Ejecutivo regional se pone frente al atril de una de las grandes salas del centro. Y explica su plan sanitario para la Navidad. "Lejos de volver a los cierres masivos de manera alarmante, lo que vamos a hacer es no generar confusión y actuar", señala Ayuso. Segundos después, su medida estrella: "El Gobierno va a repartir un test de antígeno para cada madrileño para que en caso de reuniones sociales lo haga de manera segura". Una promesa que ha terminado diluyéndose a las puertas de Nochebuena.

El plan del Ejecutivo regional era que todos los ciudadanos de la región pudiesen acudir a las farmacias y llevarse de forma gratuita una prueba autodiagnóstica. Como se hizo tras la primera ola con las mascarillas FPP2. La idea era que estuvieran disponibles a partir del 15 de diciembre, diez días antes de la Navidad. Pero no lo estuvieron. "Se distribuirán finalmente la próxima semana debido a los problemas de suministro que hemos tenido por parte de los proveedores. Nuestra intención era comenzar mañana el reparto y, por eso, están cargados ya los datos dentro de las tarjetas sanitarias", explicaba el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, horas antes de la fecha inicialmente anunciada.

Una semana después, este mismo miércoles, las farmacias comenzaron a recibir las pruebas de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la demanda a las puertas de las celebraciones superó con creces los envíos del Ejecutivo regional. Conseguir uno de esos test gratuitos se convirtió en una auténtica odisea. Las colas en las farmacias han sido permanentes. Esperas que, en muchos casos, no servían para absolutamente nada. Las 53 unidades que de media se iban distribuyendo vuelan. Y los que no se plantan en la puerta de la botica a primera hora de la mañana, como si fuesen las rebajas, acaban condenados a deambular de establecimiento en establecimiento intentando que la suerte les sonría en algún momento.

La escasez de pruebas en la región es una realidad. Y, para hacerlo todo un poco más complicado, el Colegio Oficial de Farmacéuticos aseguró hace algunas horas que la Consejería de Sanidad les había comunicado que, a partir de este viernes, no servirá test hasta mediados de la próxima semana. Un extremo que se ha encargado de desmentir el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, en El Programa de Ana Rosa: "[El día de Nochebuena] se repartirán 400.000 test en Madrid". Un dato que matizaban desde Sol unas horas después. "Mañana, día 24, se repartirán un mínimo de 100.000", decían.

Mientras, Ayuso, que también ha negado este extremo, pedía perdón por el caos: "Somos conscientes de la espera y de las colas. Nosotros queremos disculparnos por ello porque nada nos gustaría más que todos los madrileños lo tuvieran ya".

El Ejecutivo regional compró 12 millones de pruebas de antígenos. Seis millones para las farmacias y otros seis para reforzar puntos de centros de salud y hospitales. De los primeros, según los últimos datos oficiales, se han entregado ya a las boticas 1,1 millones. Es decir, por el momento el reparto solo alcanza al 16% de la población.

La presidenta ha achacado la escasez a problemas logísticos y de desabastecimiento. "En una semana hemos pasado de una demanda de menos de 20.000 test al día a superar las 250.000: doce veces más", aseguran fuentes de Cinfa, el laboratorio farmacéutico que se encarga de distribuir la prueba de Boson, una de las que regala el Gobierno madrileño. De hecho, solo en diciembre la compañía ha servido a las farmacias más de la mitad de los cuatro millones de pruebas que ha distribuido a lo largo del año.

Con una incidencia que supera el millar de casos a catorce días, farmacias sin pruebas y una Atención Primaria al borde del colapso, la Comunidad de Madrid decidió habilitar puntos para hacer test covid en una quincena de hospitales públicos. Una iniciativa que se ha visto empañada por algún que otro episodio de confusión en los centros.

Es lo que ha sucedido en La Paz. Sus trabajadores recibieron este miércoles una comunicación en la que se les informaba de que las pruebas, que se harían de 8.00 a 22.00 horas, estaban dirigidas a personas sin sintomatología. "Siguiendo indicaciones de la Consejería de Sanidad, en el día de hoy, miércoles 22 de diciembre, se ha habilitado en el hospital un punto para la realización de Pruebas de Detección COVID mediante Test de Antígeno para personas ASINTOMÁTICAS".

Eran las 16.33 horas. Dos horas y cuarto más tarde, el Ejecutivo regional lanzaba una nota de prensa anunciando la iniciativa y dejando claro en el titular que los test eran "solo para sintomáticos". "Este operativo sanitario no está dirigido a población asintomática o a contactos estrechos de casos positivos", recogía el texto. Y así quedó el asunto hasta las 11.37 horas de este jueves, cuando La Paz rectificaba en una nueva comunicación enviada a los correos electrónicos corporativos de los empleados: "Está dirigido a personas CON SÍNTOMAS compatibles con COVID".

"Vamos, que en las colas que había en el centro ya esta mañana probablemente había gente con y sin sintomatología. En el mismo circuito. Un desastre", se quejan desde CCOO.

"La única responsabilidad social de los empresarios es aumentar sus ganancias". (Milton Friedman)

Se puede decir que hace ya un año que el SARS-CoV-2, el dichoso coronavirus, nos hace la vida imposible a los humanos. Nos mantiene en jaque vitalmente por el riesgo de muerte que conlleva su contagio, socialmente por las restricciones que impone atajarlo, sanitariamente por la descomunal presión asistencial a la que somete a nuestros servicios de salud, económicamente porque estrangula aquellos elementos que son esenciales en nuestro actual modelo de generación de riqueza, el cual no puede prescindir de la movilidad para el negocio. Tampoco es despreciable el efecto que puede tener la pandemia de la covid-19 sobre la estabilidad política de los Estados si se prolonga demasiado.

Desde prácticamente el comienzo de la toma de medidas –todas ellas tan impopulares– por parte de los gobiernos para luchar contra los contagios, la vacuna figuraba con aura providencial en el horizonte soñado de extinción de la pandemia. Razones había para el escepticismo, como demuestra el artículo que se publicó el pasado mes de mayo en The Guardian bajo el título Why we might not get a coronavirus vaccine ("por qué podríamos no conseguir una vacuna para el coronavirus"). Su autor, Ian Sample, editor de la sección de ciencia, se hacía eco de las dudas razonables expresadas por diversos expertos, los cuales aducían entre otros argumentos a favor de su escepticismo que aún carecemos de una vacuna para el VIH treinta años después de su identificación. Sin embargo, para alivio y esperanza del mundo, hace apenas un par de meses tuvimos la noticia que reforzaba nuestra fe en el Homo Deus en que nos hemos convertido gracias a la ciencia y a la tecnología: habemus vacunam.

Ciencia y tecnología, en efecto, habían cumplido. Le tocaba a la política cumplir con su misión de hacer efectiva la administración del milagro salvador al conjunto de la doliente ciudadanía. Y aquí, necesariamente, había que entrar en asuntos de economía. Porque el milagro de la vacuna no es de artesanía divina, sino que adquiere cuerpo a partir de su fabricación por parte de ciertas empresas, las farmacéuticas.

Es de dominio público que existen ciertos problemas en relación con su suministro en lo que a los países de la Unión Europea atañe. Esta institución había acordado, según parece, que la compañía AstraZeneca sirviera en un determinado periodo de tiempo un número de dosis según un contrato que ya se ha visto que no va a respetar. Enfrentamiento entre una multinacional y un Gobierno, en este caso supranacional. El poder económico contra el político.

Este conflicto es la concreción de una tensión crónica que podría decirse padecen todos los Estados democráticos liberales. Seguramente su momento más dramático tuvo lugar en julio de 2015, cuando las urnas en Grecia contradijeron a la Troika europea en su plan para afrontar la crisis financiera de 2008 de acuerdo con el modelo económico vigente. Una situación que hizo dudar a muchos de que la política europea realmente sirviese a los intereses de la ciudadanía y no a los del sector financiero.

En el asunto de las vacunas, y como consecuencia del incumplimiento de AstraZeneca de lo firmado en el contrato con la Comisión Europea, se le ha criticado a ésta su falta de transparencia y su torpeza a la hora de negociar. Asimismo, se ha demostrado una vez más lo que es un hecho ya reconocido por importantes economistas como Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en Harvard (léase su libro Hablemos claro sobre el comercio internacional); el hecho es que Europa ha sufrido en las últimas décadas un evidente proceso de desindustrialización que la deja a merced de otros territorios a la hora de surtirse de aquellos bienes materiales que, en un momento determinado, pueden ser de primera y urgente necesidad. Así ocurrió al comienzo de la crisis pandémica cuando todos los miembros de la UE buscaban por doquier y desesperadamente mascarillas, equipos de protección individual para los sanitarios (EPI) y respiradores. Es lo que tiene la deslocalización.

Menos mal, no obstante, que Europa ha negociado junta con las farmacéuticas. De lo contrario, lo más probable es que hubiéramos entrado en una competición entre países que hubiera favorecido a aquéllas más si cabe en lo que al precio de las vacunas se refiere.

El caso es que estas empresas tienen algo que las hace antipáticas y candidatas de primer orden a ser uno de esos agentes en la sombra que conspiran por el poder global. Son ciertamente compañías que se enriquecen comerciando con algo de enorme valor humano como es la salud de las personas. Y hay pruebas de que en ocasiones andan escasas de los melindres morales necesarios para mantener el balance justo entre medios y fines. Porque cabe sospechar que, cuando se pueda dar conflicto entre salud y dinero, confiar sin más en el criterio ético de tales compañías es un acto pura y simplemente de candidez. De candidez, precisamente, es de lo menos que han tachado a Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea y responsable de las negociaciones para la compra de vacunas.

Seguramente podrá evocar quien la haya visto la excelente película El jardinero fiel (The constant gardener), inspirada en la novela del mismo título de John Le Carré. Su historia en lo esencial no es ficción; está inspirada en el desastre humano causado hace años por otra compañía farmacéutica famosa para nosotros estos días, Pfizer. En 1996 esta empresa administró un fármaco en fase de prueba en el norte de Nigeria a niños que murieron o sufrieron graves secuelas como consecuencia de las dosis que recibieron. El juicio que tuvo lugar para esclarecer lo sucedido demostró que aquellos niños africanos fueron usados como conejillos de indias en un proceso en el que no faltaron ingredientes tan inaceptables éticamente como el encubrimiento, la conspiración y la corrupción.

No pasemos por alto tampoco una denuncia como la del psiquiatra estadounidense Allen Frances. En su libro elocuentemente titulado ¿Somos todos enfermos mentales? llama la atención sobre el papel de las empresas farmacéuticas en la inflación diagnóstica detectada en relación con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Según cuenta, desde el momento en que dicho trastorno adquirió reconocimiento médico a finales del siglo pasado, empezó la comercialización de medicinas, ya no genéricas y baratas sino de marca, que encarecieron el mercado de los estimulantes. Al mismo tiempo comenzó la invasión de las consultas de los pediatras por parte de ávidos agentes comerciales vendiendo la pastilla mágica contra las interrupciones en clase y las peleas en casa. El resultado es que el índice de diagnósticos de TDAH se disparó. Nos advierte Allen de que, como efecto de esta presión publicitaria sobre los médicos, muchos de los tratamientos prescritos son innecesarios, lo que conlleva para muchos jóvenes el sufrimiento de peligrosos efectos secundarios.

Esos "nuevos" medicamentos «especiales» no aportan valor desde el punto de vista de la salud de sus potenciales beneficiarios, pero sí pingües ganancias para quienes comercian con ellos. Como sostiene la economista Mariana Mazzucato hay que repensar, pues, la teoría del valor, un aspecto fundamental del proceso de creación de riqueza y determinante para la distribución de los ingresos entre los distintos miembros de la sociedad. Ella misma, junto con Henry Lishi Li, denunció hace tiempo en un informe del Institute for Innovation and Public Purpose del University College de Londres que «el sector público financia la investigación de alto riesgo en las fases iniciales, mientras que los beneficios en las fases posteriores van de forma desproporcionada al sector privado». Ahí está para demostrarlo el caso de la aprobación por parte del Gobierno de los EEUU de América de un medicamento para el tratamiento de la leucemia cuyo coste es de medio millón de dólares, siendo así que el contribuyente aportó doscientos millones de dólares para su descubrimiento. El valor lo aporta el sector público, pero lo convierten en dinero –identificado ya con la creación de valor– las compañías privadas.

He aquí un exponente más de una norma no escrita –que yo sepa– de este capitalismo fuertemente ideologizado, a saber: los riesgos se socializan mientras que los beneficios se privatizan. El logro de las vacunas contra el SARS-CoV-2 no contradice la dicha norma. No es mérito exclusivo de las farmacéuticas, y sin embargo ellas negocian su precio como si fuesen las únicas a las que cabe atribuir su valor.

Cuando en 2016 el doctor Peter Hotez, presidente de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en Houston y codirector del Centro para el desarrollo de vacunas del Texas Children's Hospital, estaba trabajando en una vacuna contra el coronavirus y alcanzó la fase de los ensayos con humanos, ningún inversor al que se acercó estaba interesado en financiar el proyecto. A pesar de que hace casi veinte años desde la aparición del SARS Co-V (Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave), la industria farmacéutica no ha considerado desde entonces como una prioridad invertir en estas enfermedades infecciosas. Pero ahora recoge a manos llenas los beneficios de un esfuerzo llevado a cabo en el ámbito de la investigación básica por instituciones públicas y con la inversión de dinero de los contribuyentes. Según Massimo Florio, profesor de Ciencias Financieras de la Universidad de Milán, existe una contradicción muy perjudicial en el sistema de investigación actual entre las prioridades de la ciencia para la salud y las de la ciencia para el beneficio. Para él, la emergencia que estamos padeciendo debe aprovecharse para reconsiderar las reglas que han definido el mercado farmacéutico en las últimas décadas.

Uno de los elementos primordiales que han determinado el establecimiento de precios en dicho mercado es el sistema de patentes. Para Mariana Mazzucato –tal como explica en su libro El valor de las cosas– supone una manipulación ideológica del concepto de valor. La mayor protección de las patentes donde se hace un uso intensivo de las mismas, como es el caso del sector de las farmacéuticas, no fomenta la innovación. Muy al contrario: cada vez tenemos más medicamentos con poco o ningún valor terapéutico. Esto mismo lo corrobora por su parte el ya mencionado doctor Allen Frances en lo que a los tan populares ansiolíticos y antidepresivos se refiere, para los que ha habido mucho marketing y prácticamente nula innovación de sus principios activos. Para sus fabricantes, sin embargo, constituyen una fuente copiosa e inagotable de beneficios.

Dado que el origen de la mayoría de las innovaciones sanitarias se halla en las investigaciones fundamentales financiadas por las instituciones públicas, los contribuyentes pagan dos veces por los medicamentos que necesitan: primero, al haber financiado vía impuestos esas investigaciones y, luego, al pagar el recargo que imponen las farmacéuticas al comprar sus medicamentos. Muchos de estos, los más especializados, alcanzan precios desorbitados que no se justifican por su coste de producción (el caso de los oncológicos, por ejemplo). Tampoco por lo que esas empresas invierten en innovación. En comparación con los beneficios que obtienen, su gasto en investigación básica es insignificante. Y desde luego está muy por debajo del dinero que destinan a marketing, o a la recompra de acciones o a pagar el sueldo de sus ejecutivos. Crean poco valor, en definitiva, para el mucho dinero que ganan.

A Mazzucato no le cabe duda de que el sistema de patentes legales se ha convertido en una fuente de extracción de valor en lugar de serlo de creación al desincentivar la innovación. La protección mediante patentes de las medicinas especializadas convierte a sus productores en monopolistas de hecho, ya que la competencia no puede limitar su establecimiento de los precios. A esta ventaja se añade la siempre alta demanda de sus productos, porque la salud es un bien irrenunciable. Esta fijación de precios en situación prácticamente de monopolio es una forma de fiscalidad regresiva que convierte la renta disponible de la mayoría en ganancias de capital, dividendos y compensaciones ejecutivas para unos cuantos, en lo que constituye una inmensa transferencia de riqueza difícilmente justificable desde el punto de vista ético. Por no mencionar que convierte en irrelevante el principio de la libre competencia pervirtiendo la genuina naturaleza del capitalismo, que en teoría es incompatible con el fomento de situaciones de privilegio en el mercado. El poder monopolista creado por la protección de las patentes estimula la concentración industrial e hincha los beneficios empresariales. No es sólo contrario al capitalismo sino también a la ética social.

Si las farmacéuticas fijan sus precios sin control es porque pueden; es decir, porque las leyes de los Estados lo permiten. Consciente de ello Mariana Mazzucato sugiere la eliminación legal de las patentes fuertes y amplias que se dan en el sector farmacéutico y en otros, como el tecnológico. Se trataría así de incentivar a las grandes farmacéuticas a investigar más en medicamentos esenciales en lugar de bloquear la competencia y la innovación. Por lo demás, los precios deberían fijarse a partir de un acuerdo general entre los actores públicos y privados, evitándole al contribuyente tener que pagar dos veces.

Volviendo a las vacunas para el SARS-CoV-2, sabemos que hubo negociaciones entre distintas farmacéuticas y la Unión Europea, pero no podemos decir que el proceso haya brillado por su transparencia. El Observatorio para la Contratación Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza ha publicado recientemente las conclusiones del estudio comparativo llevado a cabo sobre tales negociaciones. El estudio fue promovido por la red internacional de observadores de contratos públicos. Sus autores, Michele Cozzio, Fabrizio Fracchia y Federico Smerchinich, consideran que los contratos elaborados por la Comisión Europea para la compra de dichas vacunas «se apartan de las mismas normas europeas sobre transparencia» sin que sea justificable por la emergencia sanitaria. Denuncian asimismo que los acuerdos «han llegado a limitar pilares como la competencia y la publicidad o la transparencia a favor del interés superior de la salud». Todo ello en contra de los más elementales principios de ética pública. El estudio es concluyente: ninguna evaluación de oportunidades, de protección de la competencia o de otros intereses económicos, y mucho menos de garantías de eficiencia en el desarrollo de las negociaciones, parece ser capaz de adquirir tal relevancia que justifique su secreto.

El poder de las farmacéuticas es el que las leyes de los Estados les confieren. Sería ingenuo pensar que en los países democráticos que integran la UE, como en tantos otros, la clase económica más poderosa no aspirase a perpetuarse en su situación de privilegio. El modo de hacerlo es a través del ejercicio de la influencia política. En el caso de la industria farmacéutica, cualquier búsqueda en internet revelará la fuerte presencia de su lobby en Bruselaslobby, con informes que cuantifican su gasto en influir en la toma de decisiones políticas en torno a 15 veces el monto de recursos que la sociedad civil moviliza para defender el bien común que es la salud de sus miembros (consúltese el informe Policy Prescriptions del Corporate Europe Observatory).

Que unas empresas, en este caso las farmacéuticas, mantengan un estado de cosas que las favorece gracias a una dinámica económica y un conjunto de leyes de dudosa justificación ética es una muestra del efecto que la globalización hipercomercializada tiene sobre nuestro sistema de valores. En La riqueza de las naciones Adam Smith –un filósofo moral, no se olvide– dejó constancia de su optimismo ilustrado cuando confió en que, a través del comercio, las pasiones humanas del poder, el placer y el lucro podían transmutarse a favor del bien común. Hace casi doscientos cincuenta años de la publicación de aquella obra fundacional que cambió tan rápidamente nuestro mundo. Con el paso del tiempo hemos acumulado suficientes pruebas de que, si queremos que tales pasiones produzcan unos efectos socialmente favorables, para lo que es condición necesaria el reparto justo de la riqueza, habrá que adelantarse a los posibles abusos, como los que se dan en el sector de los medicamentos. Por eso son necesarias la regulación gubernamental, restricciones jurídicas y una legislación severa. Demasiada gente en muchos países percibe que la política es un juego amañado a favor siempre de los ricos y los poderosos, y esta es una herida que supura especialmente en los Estados democráticos sobre todo en las últimas cuatro décadas. Los populismos de diversa laya son su pus.

El antes citado profesor Massimo Florio propone la creación de una estructura pública europea que produzca medicamentos que no interesen al sector privado o que existan en el mercado a precios desorbitados. Algo así me parece hoy por hoy un proyecto incapaz de traspasar las fronteras de la ignota isla política de la utopía. La atmósfera ideológica actualmente dominante hace que todo lo relativo al sector público se contemple desde la economía política más como gasto estéril que como fuente de valor y riqueza; y toda regulación estatal de la actividad económica, una injerencia tan peligrosa como intolerable. Creo que los que ostentan el poder no ven ningún incentivo en plantearse seriamente tales propuestas.

Seguramente esta es la razón de la campaña que ha puesto en marcha Médicos Sin Fronteras para pedir al Gobierno español que no impida la solicitud de supresión de las patentes relacionadas con los productos del covid-19. La solicitud ha sido dirigida por India y Sudáfrica a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ni la Unión Europea ni España apoyan la medida, a pesar de que nuestro Gobierno declaró que los productos médicos necesarios para combatir esta pandemia deben tratarse como bienes públicos. No ya el sentido ético, sino el común aconsejan que las vacunas y demás medios sanitarios lleguen a todos los seres humanos, ya sean de países pobres o ricos. Lo advirtió hace un par de días el director general de la OMS, Tedros Adhanon Ghwbreyesus: «la mejor y más rápida manera de controlar la pandemia globalmente es la equidad en la vacunación; así se reiniciará la economía global».

¿Encontrará el poder de la codicia otro límite que no sea el de su propio desastre?

José María Agüera Lorente es socio de infoLibre

Acaparamiento frente a escasez. La esperanza de una salida, frente a la frustración que provoca el túnel cuyo final no se atisba. La crisis del covid-19, tanto la sanitaria como la económica, agrava las diferencias entre norte y sur, entre países ricos y países pobres. Pese a la milmillonaria aportación de dinero público a las principales vacunas, cerca de 70 países encaran un riesgo grave de disponer en 2021 sólo de vacunas para una de cada diez personas. "Los países ricos, que representan sólo el 14% de la población mundial, han comprado hasta el 53% de las vacunas más prometedoras hasta la fecha", alerta un grupo de ONG, entre ellas Amnistía Internacional, que reclama una categoría mundial de población prioritaria que englobe a los últimos de los últimos: hacinados en cárceles, refugiados, desplazados, comunidades sin acceso seguro a agua potable...

El choque norte-sur se hace evidente en torno a la propuesta de suspensión de la patente de Sudáfrica e India, con el respaldo de un centenar de países pero escasos visos de abrirse paso. La rechaza la industria farmacéutica, que promete esfuerzos para que la vacuna llegue a todo el mundo. Médicos sin Fronteras responde: "Depender de la buena voluntad empresarial o de la caridad en forma de donaciones no es una solución".

La desigualdad vacunal es lluvia sobre mojado en el terreno económico. 2019 ya interrumpió dinámicas de convergencia, según un informe de Allianz, que añade: "La misma historia está a punto de repetirse en 2020, sólo que al extremo". Cálculos de organismos internacionales alertan de hasta 150 millones de personas más en "pobreza extrema" entre 2020 y 2021 y hasta de 132 millones de desnutridos más. Y ello ante la insuficiencia de los programas nacionales de ayuda, acreditada por Oxfam Intermón. Falta además compromiso con la pequeña y mediana empresa por parte de las instituciones financieras de desarrollo, centradas en sectores lucrativos. En el horizonte se despliega un negro nubarrón: un posible "tsunami" de deuda en los países pobres, que son al mismo tiempo los que más sufren por la impunidad de los paraísos fiscales. Inquieta especialmente la situación de América Latina.

Eduardo Soler, especialista en geopolítica del Cidob, advierte de los riesgos de que la pandemia añada a las brechas sanitaria y económica una tercera, la "emocional", con los países con mayor acceso a vacuna y crédito abrigan esperanzas en 2021 de manera proporcional a la frustración y el resentimiento de los postergados.

infoLibre repasa la costura abierta norte-sur con ayuda de especialistas e informes. 

Vacunas a dos velocidades

En teoría, diversas iniciativas multilaterales para matizar el sistema de patentes con aportaciones extraordinarias de Estados, empresas y ONG a países pobres deberían equilibrar la balanza. Pero hay indicios de que no será así. Reino Unido, Canadá o la propia UE, todos ellos firmantes de uno de estos programas, Covax, lanzado por la Organización Mundial de la Salud, están "socavando" el propio pacto al alcanzar "acuerdos secundarios" por su cuenta, revela un informe del Global Health Innovation Center. Dicho informe advertía en noviembre de que las vacunaciones en los países pobres pueden demorarse hasta 2024 mientras la Unión Europea (UE) ha asegurado derechos de 400 millones de dosis y Estados Unidos tiene acuerdos para cubrir a más del doble de su población. The New York Times, a partir de los contratos para las vacunas reunidos por la Universidad de Duke, Unicef y la empresa de análisis de datos Airfinity, amplía la alerta al concluir que mientras la UE, Estados Unidos y Canadá reúnen existencias para inocular la vacuna dos, tres y hasta cuatro veces a sus residentes, respectivamente, ni siquiera en escenarios optimistas la reciben el 20% de las poblaciones de los países más pobres.

La BBC, también con datos de Airfinity, ha cifrado en más de 7.150 millones de euros lo aportado por los Estados para las principales vacunas, frente a 1.560 millones de las organizaciones sin ánimo de lucro y cerca de 2.800 de las propias empresas. Pese a la inversión pública realizada, que en teoría debería mitigar el predominio del criterio mercantilista, casi 70 países pobres sólo podrán vacunar a una de cada diez personas en 2021 si no hay "medidas urgentes para garantizar la producción de dosis suficientes", según la estimación de Amnistía Internacional, Frontline AIDS, Global Justice Now y Oxfam Intermón. "En cambio", añaden, "las naciones más ricas han comprado dosis suficientes para vacunar casi tres veces a toda su población antes del final de 2021". "Los datos actualizados muestran que los países ricos, que representan sólo el 14% de la población mundial, han comprado hasta el 53% de las vacunas más prometedoras hasta la fecha. [...] 67 países de ingresos bajos y medianos bajos podrían quedarse atrás mientras los países ricos avanzan hacia la salida de esta pandemia. De estos 67, cinco –Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistán y Ucrania– han notificado en total casi 1,5 millones de casos", señalan estas organizaciones. El problema no sería sólo de esos países, sino global, ya que podrían convertirse en grandes reservorios del virus.

Una propuesta de India y Sudáfrica

Este escenario está provocando alianzas entre países emergentes. India, con más de 1.300 millones de habitantes, y Sudáfrica, con cerca de 60, han presentado una iniciativa ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) para suspender los derechos de la propiedad intelectual hasta que se consiga la inmunidad grupal global. Países como Kenia, Esuatini (antigua Suazilandia), Pakistán, Mozambique y Bolivia están entre el centenar que se han sumado al a propuesta.

Organizaciones como Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo, Salud por Derecho y Amnistía Internacional se han volcado en su apoyo. "Una propuesta como la de Sudáfrica e India podría marcar un horizonte de acceso a la vacuna rápido y equitativo, independientemente de si residen en un país de renta alta o baja", señala la carta enviada por Salud por Derecho a Pedro Sánchez para tratar de que apoye la medida. Médicos del Mundo denuncia la insuficiencia de los mecanismos solidarios creados a nivel internacional, por su carácter voluntario. "Siete meses después del inicio de la pandemia, no existe aún una solución política global. [...] El Fondo de Acceso a la Tecnología Covid-19 (C-TAP), creado por la OMS para compartir voluntariamente conocimientos, propiedad intelectual y datos ha sido rechazado por la industria farmacéutica. Las empresas siguen firmando acuerdos de licencia secretos y restrictivos". Médicos del Mundo señala un antecedente inquietante: "Los acuerdos de licencia secretos de Gilead para el remdesivir, un medicamento desarrollado con una importante financiación pública, están restringidos a unos pocos fabricantes de su elección, impidiendo así el suministro a bajo costo a casi la mitad de la población mundial. No es de extrañar que haya habido una escasez mundial del medicamento". 

La propuesta de India y Sudáfrica tiene escasos visos de salir adelante, al no contar con el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido, la UE, Brasil, Canadá, Japón, Australia, Noruega y Suiza. Entre los argumentos para su rechazo destaca el hecho de que existen ya mecanismos de cooperación internacional, respetuosos con la patente, y que la propia industria ha manifestado su intención de garantizar suministro a todo el globo. Médicos sin Fronteras replica, en palabras de su coordinador de Campaña de Acceso, Felipe de Carvalho: "Depender de la buena voluntad empresarial o de la caridad en forma de donaciones no es una solución". Y añade: "Las corporaciones farmacéuticas mantienen su enfoque habitual, como si no pasara nada, centrado en maximizar las ganancias. Los últimos meses han revelado varios casos e indicios que muestran cómo la propiedad intelectual ha obstaculizado, o plantea serias amenazas de que lo hará, la fabricación y el suministro de diagnósticos, equipos médicos, tratamientos y vacunas".

Una carta firmada por más de 400 entidades de todo el mundo [ver aquí] señala que "la industria farmacéutica ha tenido una actitud de 'no cambiar nada', afianzando los controles monopolísticos, que restringen la ampliación de la fabricación, bloquean a los proveedores diversificados y socavan la competencia que hace posible precios más bajos". No es suficiente, a juicio de los firmantes, con gestos de buena voluntad: "Unas pocas empresas, como AstraZeneca, han prometido precios sin ánimo de lucro mientras dure la pandemia, pero al mantener el control sobre estas tecnologías, pueden declarar unilateralmente el fin de la pandemia y aumentar los precios para maximizar los beneficios, aunque ello socave los esfuerzos internacionales para salvar vidas".

Áreas prioritarias

El desigual reparto de las vacunas afecta a poblaciones especialmente necesitadas. Maribel Tellado, responsable de Campañas de Amnistía Internacional, considera que a los colectivos prioritarios considerados prioritarios en cada país –mayores, enfermos, sanitarios– deberían sumarse otros a nivel internacional. Se trata, explica Tellado, de "poblaciones y grupos históricamente marginados, o aquellos que viven en condiciones de escaso acceso a agua potable, o con sistema de salud limitados"... A esto se suman comunidades indígenas, encarcelados en prisiones con hacinamiento, zonas de conflicto campamentos de refugiados [ver aquí información en detalle sobre puntos de riesgo].

¿Ejemplos a los que Tellado daría máxima prioridad? Por desgracia, hay donde elegir. "Las comunidades indígenas de la Amazonia de Ecuador a menudo se enfrentan a un riesgo mayor debido a la escasez de agua potable, fuentes de alimentos, suministros médicos, servicios de salud y pruebas para detectar la covid-19. En abril, un vertido de petróleo contaminó las fuentes de alimentos y agua de muchas comunidades, lo que aumentó su riesgo de infección", explica. Entre los campos de refugiados, rescata el caso de Vucjuk, en Bosnia, donde las autoridades locales "han cortado deliberadamente el suministro de agua para forzar la reubicación de quienes viven en él". Pasa después a los desplazados internos de Somalia, donde medio millón de personas "viven diseminadas en unos 700 asentamientos ubicados en el área de Banadir, donde se encuentra Mogadiscio". "Estas personas se enfrentan a desalojos forzosos, falta de empleo y unos servicios de salud deficientes", explica. Y termina su repaso –aunque Tellado podría seguir– en Nicaragua, donde las cárceles "se están convirtiendo en centros para el castigo de activistas". "Las mujeres encarceladas hablan de condiciones inhumanas, falta de atención médica y abusos. La pandemia está convirtiendo una situación desesperada en otra terriblemente sombría", señala. Allí reclama Tellado que lleguen vacunas ya.

Riqueza concentrada, pobreza extendida

La desigualdad sanitaria tiene un correlato económico. A pesar de que la riqueza ha seguido creciendo. "Nunca en los últimos diez años pudimos reportar un aumento tan grande de la riqueza. A nivel mundial, los activos financieros brutos [de los hogares] crecieron un 9,7% en 2019, registrando el mayor crecimiento desde 2005", señala el informe sobre riqueza lanzado a finales de septiembre por Alllianz. Parece una frase propia de un informe optimista. Pero no lo es. Su lectura deja un regusto amargo.

El informe de Allianz, como hacen todos los que describen brechas económicas, muestra las limitaciones que supone trazar una línea de desigualdad norte-sur, ya que ignora las diferencias dentro de los propios territorios. No obstante, hay ya evidencia de aumento de la diferencia entre países ricos y pobres, al margen de las brechas que se abran en cada uno de ellos. Ya en 2019 las regiones que vieron el crecimiento más rápido fueron "de largo las más ricas", señala el informe. Por tercer año consecutivo, los mercados emergentes no pudieron superar a sus pares mucho más ricos. "El proceso de convergencia se ha estancado", señala el informe. Y agrega: "La misma historia está a punto de repetirse en 2020, sólo que al extremo".

Allianz alerta de que el amortiguador de las políticas expansivas es un "dulce veneno", porque a la larga "agrava la desigualdad social". "La brecha de riqueza entre los países ricos y pobres se ha ampliado de nuevo", señala el estudio, según el cual el 10% más rico del mundo –520 millones de personas con activos financieros netos medios de 240.000 euros– poseen en conjunto el 84% del total de los activos en 2019. El 1% más rico– con activos financieros netos medios de más de 1,2 millones– posee casi el 44%.

Mientras tanto, el Banco Mundial, una importante fuente de financiación de países en desarrollo, prevé que como consecuencia de la pandemia 150 millones de personas más comiencen a vivir en la "pobreza extrema" entre 2020 y 2021. La nota del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob) El mundo en 2021: diez temas que marcarán la agenda internacional, que repasa los estragos del coronavirus a nivel global, abunda en las advertencias graves: "Uno de los muchos efectos secundarios de la covid-19 es la agravación de crisis humanitarias por el aumento de la pobreza, la disminución de la ayuda internacional disponible o las dificultades logísticas para hacerla llegar. Hay casos extremos como el de Yemen, pero la tendencia podría generalizarse". El Cidob recuerda la la agencia contra el hambre de la ONU ha alertado en su informe de de 2020 de un aumento de entre 83 y 132 millones de personas desnutridas.

Como en otras muchas vertientes de realidad económica, social y geopolítica, la pandemia acelera cambios que venían de atrás. No sorprende ahora que Allianz prevea que uno de estos grandes fenómenos, el de la concentración de la riqueza, se recrudezca. En Así empieza todo. La guerra oculta del siglo XXI (Ariel, 2020), el periodista Esteban Hernández recalca cómo la crisis del covid-19 ha multiplicado las opciones de acaparamiento de los grandes capitales y las tendencias monopolísticas: "Como en todas las recesiones, han salido ganando quienes cuentan con capital, ya que hay muchas más oportunidades para adquisiciones a buen precio". Es una tendencia que funciona tanto dentro de cada país como a nivel internacional. Y que refuerza la posición de los países y entidades con más cash. Eduardo Soler, especialista en geopolítica del Cidob, pone como ejemplo la acelerada penetración de Catar en Turquía, que ha vendido al país árabe el 10% de su bolsa. Es una dinámica que no se ha detenido y que ahora se agrava.

Brecha "emocional" y deuda

Soler explica que ahora no hay que estar sólo atento a las desigualdades tradicionales –de renta y/o ingresos, generacional, hombre-mujer, territorial dentro de cada país y entre países–, sino a otras dos nuevas desnudadas por la pandemia: la sanitaria, que castiga con mayor dureza a los países con sistemas más frágiles, lógicamente los más débiles; y la que Soler la "brecha emocional". ¿En qué consiste? El investigador del Cidob expresa su temor a que una salida sanitaria y económica a dos velocidades resulte frustrante y desmoralizadora para los países atrasados, con consecuencias sociales y políticas imprevisibles.

De momento, celebra Soler, el problema de la deuda no ocupa la cabecera de la agenda, aunque han empezado a aparecer síntomas inquietantes, como la reciente bancarrota de Zambia. Un titular de The Guardian resume la situación: "El default de Zambia alimenta los temores de un 'tsunami de la deuda' africana". Al menos cinco países, además de Zambia, han incumplido obligaciones de pago de deuda: Argentina, Ecuador, Surinam (Sudamérica), Belice (América Central) y Líbano (Asia).

En abril quedó impresa, concretamente en Financial Times, una llamada de alerta en forma de carta abierta de 18 gobernantes de Europa y África, entre ellos Pedro Sánchez. "Ninguna región puede combatir sola al covid-19. Si no lo derrotamos en África, volverá para perseguirnos a todos", decía la carta. ¿Se refería al problema sanitario? No sólo. Con la firma de los primeros ministros de Etiopía, Italia, Portugal, Alemania, Países Bajos y España; y de los presidentes de Ruanda, Malí, Kenia, Francia, Angola, Sudáfrica, Senegal, Egipto y de la República Democrática del Congo, así como de la Comisión Europea y el Consejo Europeo y de la Comisión de la Unión Africana (UA), la carta solicitaba una moratoria de la deuda pública y privada. Vista en perspectiva, Soler considera la carta un síntoma de preocupación, pero añade: "Creo que en 2021 la deuda no va a ser el tema central. Eso sí, acabará habiendo una reflexión sobre cómo pagar".

El riesgo de América Latina

Federico Steinberg, investigador del Real Instituto Elcano, ve sombras, pero también algunas luces. "Esta pandemia es un shock. En 2020 y 2021 se va a producir un aumento de la pobreza en los países pobres. Se revierte una tendencia de desarrollo de los países emergentes", introduce. Ahora bien, no todos los países emergentes están igual. Steinberg señala que, mientras en el sudeste asiático la rápida respuesta a la pandemia parece haber amortiguado el golpe y en África el impacto está siendo menos intenso del previsto inicialmente, en América Latina el problema sanitario y económico es mayor. Preocupan sus economías "muy dependientes del turismo, el comercio y las remesas, que se han hundido" junto con el precio de las materias primas, apunta Steinberg.

Una gran incógnita, señala, es si habrá una traducción de la crisis en la balanza de pagos. De momento los países están apostando por políticas monetarias y fiscales expansivas, aunque sin la potencia de fuego que ha mostrado la UE para salvar el cuello a los países más expuestos. Los mayores nubarrones planean sobre Argentina, en los que la deuda nueva se acumula sobre la antigua. No obstante, Steinberg apunta: "Se temía que hubiera muchos programas enormes de rescate, y hasta ahora no los está habiendo".

Falta músculo en la ayuda

Un análisis de las políticas de 126 países de ingresos bajos y medios durante la pandemia realizado por Oxfam Intermón aporta conclusiones poco alentadoras sobre su músculo para encarar la crisis. "Ninguna de las transferencias públicas ha sido suficientemente elevada como para satisfacer las necesidades básicas", señala. Un dato: en total, los Estados han gastado en 2020 más de 9,6 billones de euros en políticas para hacer frente al covid, según Oxfam. Pero reaparece la desigualdad. El 83% los han gastado 36 países ricos, frente al 0,4% de 59 países de bajos ingresos. En cuanto al dinero destinado a los programas de protección social, 28 países ricos han invertido 571 euros por persona, mientras los países medios y bajos gastaban entre 23 y 3,29 euros.

El informe se detiene en casos concretos, como el de Sovann Vary, una madre soltera camboyana que, al quedarse sin trabajo como empleada de hogar, pidió prestados 5.000 dólares para comprar un tuk-tuk para trabajar. Ahora tiene dificultades para devolver el crédito y no es elegible para el plan de seguridad social establecido por el Gobierno.

En un informe conjunto, el Instituto de Estudios Sobre Conflictos y Acción Humanitaria y Médicos sin Fronteras han concluido que hasta ahora "sólo se ha cubierto el 40% del Plan de Respuesta Global contra la covid-19 lanzado por Naciones Unidas", un porcentaje "totalmente insuficiente", a juicio de ambas organizaciones.

La European Network on Debt and Developement (Eurodad) ha denunciado además que sólo el 2% de las inversiones realizadas de marzo a octubre por cinco de las mayores instituciones financieras de desarrollo del mundo han llegado a empresas con sede en los países más pobres. El informe de Eurodad concluye que, a pesar de haber comprometido al menos 5.700 millones de euros en inversiones adicionales para hacer frente a la crisis de covid-19, estas instituciones se han concentrado sólo en sectores "financieramente lucrativos". Y añade: "El 65% de las inversiones se han destinado al sector financiero y a la infraestructura, en lugar de ir directamente a las pequeñas y medianas empresas que emplean a más de la mitad de la población del sur global".

El castigo añadido de los paraísos

Hay un foco más de desigualdad entre países ricos y pobres: los paraísos fiscales. La federación Tax Justice Network, en un trabajo presentado en noviembre que cifraba en más de 350.000 millones de euros al año las pérdidas por abuso y evasión fiscal en el mundo, señalaba un claro desequilibrio. "Las pérdidas fiscales de los países de menores ingresos equivalen a casi el 52% de sus presupuestos combinados de salud pública, mientras que las pérdidas fiscales de los países de mayores ingresos equivalen al 8%", señala el informe, que también busca culpables: "Los países con ingresos más altos son responsables del 98% de las pérdidas fiscales de los países, mientras que los países con ingresos más bajos son responsables de sólo el 2%".

El informe pone ejemplos concretos: las pérdidas de Sudáfrica podrían sacar a más de 3 millones de personas de la pobreza; las de Grecia equivalen a más de un cuarto de los reembolsos de deuda programados. Mientras tanto, según Tax Justice Network, la "telaraña de Reino Unido", en referencia a los Territorios de Ultramar y Dependencias de la Corona británica, "es responsable de más de un tercio de las pérdidas fiscales mundiales". El informe sitúa el cogollo del cogollo del esquema mundial de los paraísos fiscales en la City de Londres. Allí ya ha empezado la vacunación.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha advertido de que los posibles positivos de los autotest de diagnóstico del covid-19, que estarán disponibles en farmacias "en los próximos días", se tienen que confirmar con una prueba PCR.

"En el caso de un posible positivo hay que confirmar con una PCR", ha señalado la portavoz del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Ana López Casero, en un vídeo difundido a los medios y recogido por Europa Press.

Los ciudadanos, según ha explicado López Casero, podrán encontrar "en los próximos días" en las farmacias los primeros test de autodiagnóstico para el covid-19. Se trata de test de anticuerpos para los cuales se necesita prescripción médica, es decir, receta y cuyos resultados "requieren siempre" la interpretación e intervención de un profesional sanitario.

"Hemos preparado una guía de actuación para todos los farmacéuticos españoles para una adecuada dispensación informada de este test y para poder resolver todas las dudas que tengan nuestros ciudadanos", ha apuntado.

De forma adicional, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos también ha ofrecido al Ministerio de Sanidad, con el que está trabajando, el poder desarrollar un protocolo de actuación "que sirva para apoyar y para colaborar con las autoridades sanitarias en el adecuado control y seguimiento de los datos".

La vacuna contra el covid-19, el único antídoto capaz de frenar la pandemia que la ciencia lleva buscando desde marzo como si fuera el santo grial, ya se ve más cerca. Pfizer y Biontech anunciaron este lunes que su vacuna es eficaz "en más del 90%". "Con las noticias de hoy, estamos un paso significativo más cerca de brindar a las personas de todo el mundo un avance muy necesario para ayudar a poner fin a esta crisis de salud mundial", dijo el presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla. La noticia provocó un optimismo desbordado —que, además, también se contagió a las bolsas (el Ibex 35 subió un 8,57%)— y los primeros anuncios de los países interesados en comprar la inmunidad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró este martes que espera que "esta semana o la próxima" se pueda firmar un contrato con ambas empresas para adquirir la futura vacuna. "Si todo fuera muy bien", dijo, a finales de 2020 podría empezar a llegar. En el peor de los escenarios sería a principios de 2021. Podrían ser, según los cálculos del Gobierno, 20 millones de dosis que servirían para inmunizar a 10 millones de personas. Pero, ¿a quiénes?

El horizonte no está todavía del todo despejado. Aún no se conocen los detalles exactos de la vacuna —tan sólo se han anunciado los resultados a través de una nota de prensa—, por lo que no se pueden sacar conclusiones sobre a qué sectores de la población protege más o menos ni sobre si es o no necesario repetir la vacunación para que sea completamente efectiva. A esas dudas se suma un problema logístico. Raquel Carnero, farmacéutica, delegada de Farmamundi en Castilla y León y coautora —junto con Luis Marcos— del libro Vacunando, ¡dos siglos y sumando!, apunta a que la vacuna debe conservarse a -70 grados, algo que complica necesariamente su transporte. "Eso es un reto enorme", asegura. Aun así, el anuncio ha traído más blancos que negros.

Illa ya ha afirmado que la vacuna, en principio, no será obligatoria. Y que será gratuita. Ahora bien, preguntado sobre quiénes la estrenarán, se muestra más cauto. Tal y como afirmó este martes en una entrevista en TVE, eso se decidirá "con criterios técnicos". "Nos vamos a guiar por lo que digan los expertos (...). Pero lo lógico y lo normal es que se empiece por los grupos más vulnerables, así como los grupos que están en contacto con los vulnerables, como el personal sanitario", apuntó. Los expertos consultados por infoLibre están de acuerdo con la decisión. "Son los que están en primera línea", señala Carnero. "Vamos escasos de manos, los sanitarios nos hacen falta. Tendremos que priorizarlos seguro", coincide Ángela Domínguez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Vacunas de la Sociedad Española de Epidemiología. Y junto a ellos, ¿quiénes?

El Johns Hopkins Center for Health Security ha elaborado un documento marco para establecer criterios que orienten sobre cómo distribuir la vacuna y a quién asignarla mientras su suministro esté limitado. El texto se basa en tres principios: el bien común —porque el objetivo es limitar las muertes y promover el bienestar—, la justicia y equidad —que conlleva asegurar el acceso a la inmunidad a todas las personas que forman parte de un grupo prioritario— y la legitimidad —porque la elección de esos grupos debe ser "transparente, confiable y aceptable socialmente", tal y como recoge el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

El organismo establece dos niveles de prioridad. En el primero coincide con Illa y con los expertos consultados por este diario: son los sanitarios. Pero les acompañarían los trabajadores esenciales —los destinatarios de los aplausos de las 20 horas que se producían cada día en el confinamiento, a excepción de las fuerzas de seguridad, que generalmente son individuos jóvenes y sanos— y aquellas personas que si contrajeran el covid tendrían más posibilidad de desarrollar una enfermedad grave o, incluso, de fallecer. En resumen: los mayores y las personas con enfermedades crónicas previas como, dice Domínguez, problemas respiratorios, cardíacos o de diabetes. "Lo primero que queremos es reducir las hospitalizaciones y las muertes, así que sería razonable que la intervención inicial sea sobre población vulnerable y sobre los sanitarios", dice Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. "Por qué vas a vacunar a los que pueden transmitir el problema cuando puedes vacunar a quienes pueden desarrollarlo", se pregunta.

En la segunda escala, según el Johns Hopkins Center for Health Security, estarían los profesionales sanitarios que no necesariamente atienden a pacientes covid y los farmacéuticos, los residentes en lugares con peor acceso a centros sanitarios, los profesionales de los sectores de producción y distribución de industrias, medios de comunicación, policía y bomberos, además de personas que viven en lugares pequeños o con mucha densidad de población, refugios, centros de acogida y prisiones.

Las características de la vacuna y las dosis marcarán el ritmo

Pero lógicamente esto es solo una proyección. La prioridad inmediata está clara, pero la secundaria —e incluso terciaria— es la que habrá que ir definiendo, algo que se hará a medida que se vaya viendo la velocidad a la que llegan las dosis y los efectos reales que tenga sobre la población, señala García Rojas. Y es que, según Carnero, no todas las dosis llegarían a la vez. Ni de manera continua, seguramente. "No nos van a llegar directamente 10 millones a nosotros los primeros. Llegarán poco a poco, en un primer momento serán muchas menos", dice.

En cualquier caso, existe experiencia con otras vacunas que podría emplearse para la que combata el covid-19. "Podemos hacer lo mismo que con la vacuna de la gripe, que se recomienda a personas que tienen riesgo de ser hospitalizadas, de requerir cuidados intensivos o de morir en caso de contraer la enfermedad", dice Domínguez, que también señala que es conveniente inmunizar a aquellas personas que tratan con este tipo de personas, como empleados de geriátricos, convivientes de personas de la tercera edad o incluso a los más jóvenes, los posibles transmisores a los mayores

Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), explica cómo es el proceso para decidir la priorización de los que reciben la vacuna de la gripe. Según cuenta desde el otro lado del teléfono, lo primero que se hace es debatir, en el seno de la Unión Europea, quiénes son los grupos prioritarios. Esos criterios, una vez unificados, se trasladan a la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) formado por los representantes de las comunidades autónomas que, con el visto bueno de la comisión de salud pública, lo aprueba. "Yo creo que ahora se seguirá ese procedimiento habitual", dice Hernández, que comparte la necesidad de que los sanitarios estrenen la vacuna. España, según los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), es el quinto país de la UE con más mayores de 65 años vacunados de la gripe. En 2017 lo hizo un 55,7%, frente al 44,3% europeo.

Falta todavía tiempo para elaborar el plan que determine cómo se vacunará contra el covid-19, lo que ha servido al PP para criticar al Gobierno. Este martes, después de la entrevista de Illa, la portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Ana Vázquez, instó al Gobierno a "dar un paso al frente y decidir con qué criterios se va a distribuir" la vacuna "para administrarla cuanto antes". "Si hay criterios sobre la vacuna de la gripe tienen que estar elaborados ya esos protocolos. El Consejo Interterritorial que es quien tiene las competencias tendría que estar preparándose y el Gobierno reunido con las comunidades para administrarla cuanto antes, porque hablamos de salvar vidas", dijo. Lo importancia es que las comunidades autónomas no se sientan desbordadas, añadió.

Todavía existen dudas sobre la fórmula que determinará cómo se repartirá la vacuna entre ellas, pero este mismo martes la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, se mostró confiada en que se determinará en función de la "población diana" —la que primero debe inmunizarse— que hay en cada territorio. El pasado mes de septiembre, el Ejecutivo aclaró además que se coordinará con las autonomías para efectuar el reparto, además de para crear un registro de vacunación que recoja quién ha recibido la vacuna. 

Algunos países como Francia ya tienen el plan listo. El país galo ha decidido exactamente lo que recomiendan los expertos: sanitarios y vulnerables serán los primeros en inmunizarse. Serían unos 30 millones de personas. Alemania también tiene algunos planes. Crearán centros de vacunación y el ejército ayudará en su distribución. Los sectores prioritarios, en su caso, serán las personas más vulnerables y, ya después, quienes les cuidan. En su caso, según ha dicho el Gobierno de Angela Merkel, hasta que el 60% no alcance la inmunidad no se volverá a la normalidad. Reino Unido seguiría la misma estrategia: los vulnerables serían los primeros en recibir la inmunidad, que podría llegar a ser administrada de forma masiva con, además de sanitarios, farmacéuticos o veterinarios.  Esos dos aspectos todavía no se conocen en España, que no ha aclarado ni quién ni dónde administrará esas vacunas.

El de Pfizer y Biontech el proyecto más esperanzador, pero tampoco es el último. La farmacéutica AstraZeneca, que tiene su proyecto también en Fase 3, ha demostrado haber desarrollado una vacuna que no sólo inmuniza a los más jóvenes, sino a también los más mayores. Junto a ella se encuentran otras iniciativas muy conocidas: la de Johnson & Johnson, que ha parado temporalmente su proyecto por la enfermedad de un participante; y la de Moderna.