Los desafíos de la sanidad pública

El desabastecimiento castiga a las farmacias pese al crecimiento de la factura pública

Interior de una oficina de farmacia.

Importante negocio privado, elevado gasto público... y desabastecimiento del producto. He ahí tres rasgos de la realidad farmacéutica en España, que ha entrado en una dinámica en la que el principal perjudicado es el contribuyente-cliente.

Ahora mismo en las farmacias españolas hay problemas graves de suministro de Dalsy, el jarabe infantil de uso más frecuente en España. Y el déficit persistirá nada menos que hasta el 30 de junio de 2019. También falta Adiro, el popular antitrombótico de Bayer. Así hasta 385 medicamentos tienen en España problemas de suministro, según el listado de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Como explica este organismo del Ministerio de Sanidad, en todos estos casos las unidades disponibles del medicamento "son inferiores a las necesidades de consumo", una situación que se debe "a problemas en la fabricación o distribución". Farmaindustria no niega problemas industriales puntuales, pero amplía la responsabilidad de los desabastecimientos a Sanidad y las comercializadoras.

Es un fenómeno que ha ido a más. En enero de 2017 eran 216 los productos con escasez. Y en enero de este año 252. Hoy son 385. ¿Seguirá este tendencia? En medios del sector se da por hecho. A no ser que se adopten medidas. Si no, el funcionamiento del mercado está dispuesto de tal manera que garantiza la continuidad de esta dinámica.

Este desajuste entre oferta y demanda no es dramático en términos de salud pública, aunque sí es elocuente de las tensiones en el mercado, donde existe un conflicto entre los intereses privados y los públicos. El Ministerio de Sanidad, que responsabiliza a los laboratorios, destaca que lo sustancial está garantizado: que haya tratamientos alternativos. Si no hay una marca, que haya otra.

Lo que sí ocasiona este desabastecimiento son incomodidades. Es cada vez más frecuente que el comprador no encuentre el tratamiento que le ha recetado el médico, por lo que debe volver a la consulta para que le recete otro con el mismo principio activo. Más presión para el saturado sistema sanitario público. Los farmacéuticos piden a las administraciones que establezcan mecanismos para que los médicos, aprovechando los listados oficiales de medicamentos escasos, no receten los que estén incluidos. Se trata de propuestas para mitigar el problema y paliar sus efectos, no para atacarlo de raíz.

Precios de referencia

Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), afirma que el problema se deriva de las estrategias de maximización de beneficios de los laboratorios. "Hay medicamentos con un margen de beneficio pequeño. No les interesa mantenerlos en el mercado. Son las propias prácticas industriales las que llevan a esta situación", señala. Afirma que el desabastecimiento afecta fundamentalmente a productos de precio asequible: "Los laboratorios prefieren moverse en terrenos en los que obtienen mayor rentabilidad".

El desabastecimiento es un fenómeno con causas diversas. Los precios de referencia (comparativamente) bajos en España disuaden a los laboratorios, que ante la competencia de los genéricos prefieren ir a mercados más lucrativos, por ejemplo del norte y centro de Europa, y pueden descuidar su oferta aquí.

La capacidad de atender la demanda de los laboratorios no está en duda. AbbVie, Bayer, Gilead, GSK, Janssen, MSD, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi u otros muchos tienen músculo de sobra, imprevistos aparte. Pero, sea por dinámicas del mercado o por una planificación de costes muy ajustada, los laboratorios acaban por no responder a algunos picos de demanda, apuntan fuentes sanitarias, que también anotan que el desplazamiento de producción a países como India o China puede restar margen de maniobra para atender las necesidades de consumo en mercados poco suculentos como España.

Responsabilidad y beneficios

La ministra de Sanidad, la socialista María Luisa Carcedo, culpa a los laboratorios de la situación. "Tienen esa responsabilidad", manifestó recientemente en un acto en Madrid, donde les exigió –ese fue el verbo, "exigir"– que "cumplan con el suministro y abastecimiento de medicamentos que están incluidos en la cartera de servicios y [son] financiados por el sistema público". "Tienen la obligación de suministrarlos, por tanto, de organizar su sistema de fabricación para evitar desabastecimientos", añadió.

El sector farmacéutico destaca por su potencia. Según Farmaindustria, hay 212 compañías operando en España. En 2015, último año del que Farmaindustria ofrece cifras, alcanzaron una producción de 15.213 millones. En 2013 fueron 14.486 millones, mientras que no hay datos publicados sobre la facturación de 2014 en las memorias anuales de la patronal. La producción en 1999, en el arranque de la serie publicada, era de 6.776 millones. La flecha va hacia arriba.

El sector, cuya productividad por empleado es de 155.675 euros y es considerado un referente en I+D+i, reivindica su aportación a la economía española, al mismo tiempo que rebaja su responsabilidad en los desabastecimientos. "La solución", señalan fuentes de Farmaindustria, "requiere de la colaboración de todos los agentes: industria, distribución, oficinas de farmacia, profesionales sanitarios y Administración".

Las mismas fuentes recuerdan que, cuando no hay alternativa a los productos agotados, "la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y las compañías concernidas realizan los máximos esfuerzos para que, a través del Servicio de Medicamentos Extranjeros, los pacientes puedan acceder al medicamento que necesitan". "En el 80-90% de los casos de faltas o desabastecimientos existen productos de sustitución en el mercado con el mismo principio activo", añaden.

Causas técnicas, logísticas y económicas

La patronal defiende que hay que conocer "la raíz" del problema y abordarlo en toda su complejidad, que abarca aspectos técnicos, logísticos y productivos. "El error cero no existe. No se puede evitar, por ejemplo en el caso de la industria, que se inunde una planta si viene una gota fría o que una materia prima no llegue en un determinado momento o lo haga en condiciones inapropiadas", señala la patronal, que además apunta como responsables a los comercializadores, "ajenos a las compañías farmacéuticas".

Algunos comercializadores, ante las diferencias de precios en los distintos países europeos, adquieren un producto "en un país de precio bajo" para venderlo "en un país de precio superior y obtener así un beneficio extraordinario", señala Farmaindustria. "Se trata de una práctica legal, pero la realidad es que acaba generando desabastecimientos", señalan estas fuentes, que también advierten contra las políticas de reducción de precios, que acaban desincentivando su venta. En cualquier caso, niega cualquier estrategia deliberada. "Carece de toda lógica empresarial que un sector productivo genere intencionadamente un desabastecimiento en su propio mercado", añade Farmaindustria.

Una partida pesada

Sánchez Bayle cree que Sanidad debe actuar con decisión. El presidente de la Fadsp afirma que el Estado tiene que "garantizar siempre el suministro, aunque sea con producción propia". Esto lleva al debate sobre los costes que tendría una producción farmacéutica pública, a lo que Sánchez Bayle opone que el actual modelo también tiene enormes costes. Costes económicos y sociales. 1,8 millones de españoles renunciaron en 2017 a tomar fármacos por no poder pagarlos, aunque se trata de una cifra que no está sólo relacionada con el funcionamiento del mercado farmacéutico, sino también con los indicadores de escasez material.

Lo cierto es que ese sistema farmacéutico que no es capaz de garantizar que casi 400 medicamentos de uso corriente lleguen con normalidad a los puntos de venta supone al mismo tiempo un enorme gasto para las arcas públicas, del que se beneficia el mismo sector al que el Gobierno acusa de no cumplir con su "responsabilidad". En 2017 el total del gasto en productos farmacéuticos y sanitarios de las administraciones públicas para farmacias y centros hospitalarios ascendió a 21.646 millones de euros, frente a 20.994 en 2016, según datos del Ministerio de Hacienda. Si excluimos los productos sanitarios y nos quedamos sólo con el gasto farmacéutico, el montante se queda en algo más de 16.600 millones. El gasto farmacéutico público exclusivamente en oficinas de farmacia alcanzó en 2017 los 10.170 millones, frente a 9.912 en 2016. En 2014 este gasto fue de 9.360,5 millones. En cuatro años ha crecido casi un 8%, aunque el pico fue en 2011, con 11.135 millones.

Los análisis comparados, no obstante, se vienen haciendo mediante la suma del gasto farmacéutico y el producto sanitario. En su exhaustivo análisis presupuestario, la federación sanitaria de CCOO ha detectado un incremento del 14,20% desde 2014 (ver aquí, desde la página 95).

Es una partida que pesa notablemente en las cuentas sanitarias públicas. En su informe Una década perdida, la Cumbre Social Estatal, integrada por unas 120 organizaciones, destaca cómo el gasto farmacéutico pasó de suponer el 12,9% del total del gasto sanitario en 2009 al 18,3% en 2015. Actualmente es del 19,1% frente al promedio del 16,1% de los países de la OCDE. El informe de EAE Business School sitúa a España lejos de Dinamarca (6,8%), Países Bajos (7,9%). Luxemburgo (8,6%), Reino Unido (12,1%), Austria (12,4%), Bélgica (14,2%) o Francia (14,7%), aunque mejor que sistemas como los de Rusia (22,9%), Grecia (25,9%) o Hungría (29,2%).

El informe Gasto farmacéutico en España en 2017, de EAE Business School, estima que el gasto farmacéutico podría alcanzar los 24.500 millones de euros en 2020. El sector tiene un esplendoroso futuro por delante en España, mientras el Estado sigue sin resolver problemas acuciantes con productos de fuerte demanda en las boticas.

Medidas para abaratar

Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, atribuye la tendencia al alza del gasto farmacéutico a múltiples factores. Existe una "fijación de precios inadecuada" por parte de Sanidad, que "autoriza tratamientos muy caros", señala. También critica el acuerdo alcanzado durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) con Farmaindustria, que vincula el gasto farmacéutico al crecimiento del PIB. Sánchez Bayle defiende la promoción de medidas como "compras conjuntas" y advierte de un fenómeno: los desabastecimientos alimentan un discurso antisubastas centrado en Andalucía, donde los colectivos farmacéuticos vinculan la escasez de medicamentos a esta práctica, con la que la Junta trata de ganar poder negociador para abaratar costes.

Andalucía ha protagonizado el intento más destacado de reducir la factura farmacéutica. Pero todas las comunidades autónomas y el Gobierno central, también con el PP, se han mostrado conscientes de que sin medidas racionalizadoras la sostenibilidad del sistema corre peligro. Las iniciativas públicas no han tenido excesivo éxito. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya ha señalado en un informe que las medidas de contención del gasto en farmacia han sido "poco relevantes".

Frente a los críticos con el modelo, Farmaindustria recuerda que el sector queda obligado a compensar al Estado si crece por encima del PIB. El convenio con el Gobierno, según Farmaindustria, demuestra el compromiso de la industria farmacéutica con el control presupuestario. La patronal destaca que "el gasto farmacéutico total (incluyendo oficinas de farmacia y hospitales), que se situó en 16.619 millones de euros en 2017, supone hoy un 1,43% del PIB, frente al 1,57% del año 2010".  

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