La guerra de las vacunas

Vivimos una verdadera guerra entre las multinacionales fabricantes de las nuevas vacunas para el covid-19 que se está librando en los medios de comunicación y en las bolsas, antes que en las publicaciones científicas como sería lo más lógico, y a resultas de ello, se genera una desconfianza entre la población sobre su eficacia y seguridad, que también se produce entre los profesionales de la salud, muy preocupados por el ruido propagandístico que encubre y dificulta una evaluación escrupulosa.

Recientemente un periódico, en principio considerado serio y bien informado, colocaba en primera pagina una noticia que aseguraba que la vacuna de Moderna producía mayor inmunidad que padecer la enfermedad y que esta duraba 3 meses, y otro más titulaba: “La vacuna de Moderna protege a los mayores hasta 3 meses después del pinchazo”. Todo ello informaba de un trabajo (una carta al editor) con 34 personas vacunadas de todas las edades entre 18 y más de 70 años (9 participantes entre 56 y 70 años, 10 con más de 71 años). Es evidente que se comunican solo 34 casos de los 15.000 que debieron recibir la vacuna en el ensayo fase 3 de la misma, lo que resulta un número minúsculo y poco representativo, por lo que generalizar las conclusiones que se presentan es cuando menos arriesgado, por no decir fraudulento, más aún si nos referimos al grupo de mayores de 71 años (10 personas). La primera pregunta a realizar es qué sucedió con las otras más de 14.950 personas que también recibieron la vacuna y por qué no se incluyen en el trabajo. Por supuesto, el trabajo puede ser un indicio de lo que sucede en la realidad, pero también puede no serlo en absoluto, más aún si se tiene en cuenta la relación de los autores con la vacuna.

Otro ejemplo es la carrera por asegurar más de un 90% de eficacia a las vacunas ensayadas en las que parece que se ha establecido una competencia a ver quién supera a las demás, y que analizando los pocos datos hechos públicos es como mínimo cuestionable. Un amigo decía que estábamos a la espera de una eficacia del 150%, lo que evidentemente es un resultado imposible, pero si seguimos así todo se andará.

La misma revista en que se publicaba la carta referida, recogía otro artículo (NEJM 3/12/2020) que señalaba que hay muchos aspectos que todavía no conocemos bien, como la seguridad a largo plazo y la duración de la protección, y tampoco conocemos “si la disminución de la protección inducida por la vacuna puede conducir a una enfermedad potenciada por la vacuna si un vacunado se infecta al exponerse al SARS-CoV-2, […] no hay información sobre la protección contra enfermedades clínicamente graves, y tampoco conocemos sobre la posible asociación entre el grado de protección y la edad del destinatario o las condiciones coexistentes”. Ninguna referencia en la prensa al respecto.

Y por supuesto tampoco es posible conocer si existen complicaciones graves infrecuentes o tardías que podrían haber pasado desapercibidas dado el número de las personas en que se realizaron los ensayos y el poco tiempo transcurrido desde que fueron vacunadas. Probablemente estas lagunas seguirán existiendo hasta que se hayan utilizado en un número muy importante de personas (uno o varios millones) y pasen uno o 2 años desde la vacunación, por lo que es muy importante la monitorización estrecha de las primeras personas vacunadas, o de una muestra amplia de las mismas.

Sobre la eficacia de las vacunas existe una gran controversia que tiene más que ver con las estrategias de marketing y propaganda de las empresas farmacéuticas que con los conocimientos científicos. Hasta ahora solo se conocen informaciones facilitadas por los farmacéuticas, sin que se hayan analizado por evaluadores y estudios independientes, y es bien conocida la tendencia de las mismas a magnificar los resultados positivos y a orillar o esconder los problemas y limitaciones de sus medicamentos. Existen muchos casos bien conocidos, el más relacionado con el tema, la eficacia del Oseltamivir en la gripe, datos sesgados que produjeron compras masivas de muchos países de un medicamento que los evaluadores independientes (BMJ, Cochrane) demostraron después que carecía de la eficacia de que presumía la empresa que lo comercializaba, y que tenía muchos más efectos secundarios de los comunicados inicialmente.

También parece que se han descartado otras vacunas, que no sean las tres de grandes multinacionales farmacéuticas (Pfizer, Moderna y AstraZeneca), como la producida por China, que parece tener resultados prometedores, o la rusa, etc. (en principio hay siete lo suficientemente avanzadas y todas podrían reunir los requisitos de eficacia y seguridad, aunque como sucede con las más conocidas, siguen existiendo muchas incógnitas), y todo indica que se ha hecho más por criterios mercantiles y de geopolítica que por criterios científicos.

Por eso hay que ser prudentes, y asumir que es probable que las cosas no sean tan maravillosas, así como que las noticias que tenemos sobre las vacunas sobrevaloren sus resultados, y solo busquen captar inversiones y compras millonarias, lo que por cierto están consiguiendo, aunque por supuesto pudiera suceder que todo sea cierto y tengamos pronto disponibles vacunas excelentes.

Otra cuestión importante tiene que ver con la disponibilidad de vacunas y su accesibilidad a las mismas, y ahí nos enfrentamos con la existencia de las patentes que dificultan el acceso de la población en los países pobres y en aquellos ricos que tienen un modelo de sistema sanitario liberal/privado como EEUU. Las patentes permiten a las empresas establecer precios elevados, que supondrán dejar sin vacunas a una gran parte de la población de los países pobres para garantizar así el derecho a las patentes de las farmacéuticas (conseguidas gracias a investigaciones en las que al menos el 50% es dinero público) y permitir que ganen ingentes cantidades de dinero con la venta de las mismas.

Se han producido iniciativas de algunos gobiernos (Sudáfrica e India) para un levantamiento de las patentes en este caso, y existen iniciativas sociales en la UE en el mismo sentido protagonizadas por más de un centenar de organizaciones, si bien recientemente nuestro país ha votado contra esta exención de patentes mientras dure el covid-19 en una reunión de la Organización Mundial del Comercio. Lo que está en contradicción con las declaraciones del Gobierno en las reuniones del G20 sobre la necesidad de una cobertura universal de las vacunas.

Esta decisión es, aparte de insolidaria, incomprensible desde el punto de vista de la salud pública, ya que favorecerá el mantenimiento de la enfermedad en el 80% de la población del planeta, lo que inevitablemente acabará afectando a la salud de todos los demás países, más en el caso de España, que es un importante receptor de migrantes.

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En este momento es fundamental el garantizar que las vacunas y tratamientos efectivos contra el covid-19 sean suficientemente evaluados antes de su utilización y, una vez se establezca su eficacia y seguridad, sean bienes públicos de carácter universal y no estén sujetos a los mecanismos de patentes que encarecen artificialmente el coste de los medicamentos e impiden el acceso de todas las personas cualesquiera que sea su nivel económico y el país en el que habiten. Tenemos que trabajar para conseguirlo, para lograrlo existe una iniciativa popular en la UE a la que sería bueno sumarse, lo que puede hacerse desde este enlace.

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Marciano Sánchez Bayle es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.