El Tribunal Supremo ha situado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a las puertas del juicio al confirmar su procesamiento por supuesta revelación de secretos por las filtraciones sobre el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude a Hacienda.

En un auto la Sala de apelación del alto tribunal desestima los recursos interpuestos por la Fiscalía y por Álvaro García Ortiz contra la decisión del magistrado del Supremo instructor de la causa, Ángel Hurtado, de procesar al fiscal general.

La Sala estima que los indicios recabados durante la instrucción por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados contra García Ortiz.

Sin embargo, ha decidido acordar el archivo de las actuaciones respecto a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por considerar que los indicios acumulados durante la instrucción son insuficientes para formular acusación contra ella y al apreciar que en su actuación no hay indicios de la comisión de delito.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por supuesta implicación en un delito de odio cometido contra una mujer de unos 80 años y su hijo que estaban en una casa en Torres de Alameda (Madrid), a cuyo interior los agresores lanzaron por las ventanas, que no tenían cristales, botellas y lejía, según informa EFE.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, se ha imputado a los agresores un delito de odio por aporofobia, tres delitos de lesiones ya que ocasionaron a una de las víctimas heridas en un ojo al rociar con lejía su cara y un delito de daños a la vivienda.

Los acosadores no llegaron a entrar a la casa, que se encuentra en condiciones de pobreza extrema (con cartones en las ventanas), pero lanzaron los objetos dentro y, posteriormente, provocaron fuego en el exterior.

Fue a raíz de ese incendio por el que los agentes recibieron un aviso. Tras personarse en el lugar, la Guardia Civil confirmó que los moradores de la vivienda estaban siendo hostigados y acosados.

La Guardia Civil ha logrado identificar a los agresores, que son residentes de la localidad, y que estaban causando un sufrimiento continuo a las víctimas desde hace un tiempo.

Tras pasar a disposición judicial se ha decretado una orden de alejamiento tanto de la vivienda como de las víctimas. La investigación ha sido llevada a cabo por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arganda del Rey.

El inexistente caso de narcotráfico alrededor de Podemos, que tuvo su origen en una nota reservada que se lanzó desde el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), echó a andar en un momento clave a nivel político y policial. Por aquel entonces, la guerra sucia contra la formación morada, que se prolongó durante años, se encontraba en uno de sus puntos más álgidos. La llamada policía patriótica acababa de colocar en algunos medios el fabricado informe Pisa –acrónimo de Pablo Iglesias SA–. Y buscaba a la desesperada información con la que poder atacar a un partido de nuevo cuño que acababa de irrumpir en las instituciones y que aspiraba a formar parte del Gobierno.

La llamada operación Cardenal tiene como punto de partida el 22 de enero de 2016. Ese viernes, el entonces director del Citco, José Luis Olivera, envió a la Fiscalía Antidroga una nota informativa reservada en la que daba cuenta de un posible tráfico de 40 kilogramos de cocaína en el que podían aparecer implicadas personas de relevancia pública. Se apuntaba, en concreto, hacia un eurodiputado de Podemos. Y eso provocó que se indagara también en bases de datos policiales sobre otros miembros del partido, entre ellos el entonces secretario general, Pablo Iglesias. Seis meses de investigación que, al final, acabaron en un cajón. No se pudo acreditar, ni siquiera indiciariamente, la existencia de ilícito alguno.

Olivera, comisario jubilado y uno de los procesados en Kitchen, asegura que la información que envió al Ministerio Público y con la que actuó "en la forma habitual" le llegó de algún "cuerpo policial", pero "no puede precisar cuál". Ahora bien, deja claro que nadie a nivel político ni en otro ámbito le presionó para que se diera impulso al caso. Una investigación que, no obstante, coincidió con el aterrizaje de Podemos en las instituciones –hacía diez días que sus parlamentarios habían prometido el cargo en el Congreso de los Diputados– y con la guerra sucia que se libraba desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz contra la formación morada.

Los primeros meses de 2016 fueron claves en un espionaje que está bajo la lupa de la Audiencia Nacional. Una semana antes de que Olivera mandara su nota reservada, en algunos medios de comunicación ya circulaba el tristemente famoso informe Pisa, aquel documento sin membrete oficial ni firma que versaba sobre una falsa financiación iraní y venezolana de la formación morada y cuya autoría se vincula a la llamada brigada patriótica. "La Udef investiga a Podemos por financiarse con cinco millones de euros de Irán", publicaba El Confidencial. "La Policía descubre que la dictadura iraní ha dado dos millones de euros a Iglesias y su entorno desde 2013", titulaba OkDiario.

Aquel documento, mil veces despreciado a nivel judicial, había sido remitido unos meses antes a la Comisaría General de Policía Judicial "siguiendo instrucciones" del entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino. Y puso en marcha el 1 de febrero de 2016 la llamada operación Venus, una investigación policial para comprobar la veracidad de lo expuesto en el informe Pisa que dejó un largo reguero de titulares antes de terminar guardada en un cajón por "no encontrarse indicios suficientes de delito", tal y como relató recientemente la inspectora jefa del Grupo 25 de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.

En el Ministerio del Interior siguieron de cerca estas informaciones. "¿Qué te parece lo de Inda?", preguntaba el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a Enrique García Castaño, quien fuera responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) –grupo encargado de seguimientos, escuchas o captación de fuentes–. "Bien a ver qué dicen los de Podemos y el PSOE, aunque ya te dije que creo pactarán a toda costa, salvo que se acojonen con cosas como esta", responde el alto mando policial en relación con las primeras informaciones relativas al informe Pisa. Un tema del que seguirán charlando en días posteriores. "Al final se trata de darle credibilidad a la historia", escribe Martínez en relación a una factura que ha publicado Abc.

Todas estas conversaciones de Whatsapp fueron incorporadas en su día al caso Kitchen, que gira en torno a la supuesta operación parapolicial para recuperar documentación comprometedora del PP que pudiera tener escondida su extesorero Luis Bárcenas. Y dan buena cuenta del interés que tenía el Ministerio del Interior de entonces por encontrar trapos sucios que airear de la formación morada en pleno proceso para conformar un nuevo gobierno tras las elecciones generales del 20D, negociaciones que amenazaban en culminar con la salida del PP de La Moncloa y la entrada de los de Pablo Iglesias en el nuevo Ejecutivo.

"De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... ¿Pudiste confirmar algo?", escribía Martínez a García Castaño el 30 de enero de 2016, pocas horas después de que un periodista comentase al primero que estaba circulando un "listado" de parlamentarios de la formación morada "con antecedentes policiales y judiciales". "Pues lo pedí y voy a llamar porque no volví a preguntar, se me pasó", respondía García Castaño, conocido como El Gordo. Y el secretario de Estado de Seguridad culminaba: "Sería muy interesante saberlo... Y si han estado en temas abertzales, temas de extremismo violento, etc".

Al día siguiente, ambos continuaron charlando sobre el pasado de algunos representantes de Podemos. Hablan de Josetxu Arrieta, que acababa de aterrizar en el Senado con la formación morada y que estuvo en ETA durante la dictadura. Y de unas fotos que anteriormente le había hecho llegar el alto mando policial. "Digo que si los demás están limpios… tampoco violencia callejera, anarcas, etc???", lanzaba Martínez. "Lo vuelvo a mirar, pero creo que no", le contestaba El Gordo. Entonces, el secretario de Estado exclamó: "Cagüenlaputa. Alguno tiene que ser chungo".

"No me mandas nada...", insistía Martínez unos días más tarde. "El cabrón de Germán me dice que esta tarde, porque mirar los 69 –el número de diputados que había logrado Podemos en las elecciones del 20D– se saca pero hay que mirar uno a uno y claro deja rastro", le respondió el alto mando policial. Hace un par de semanas, el comisario jubilado Germán Rodríguez Castiñeira, quien fuera jefe de la Brigada de Información de Madrid, confirmó en la Audiencia Nacional que en su día García Castaño le pidió que mirara a los diputados de la formación morada en las bases de datos policiales, algo a lo que él dijo que se negó porque eso "deja marca" y le podía "buscar la ruina".

Una declaración que se llevo a cabo ante el magistrado Santiago Pedraz, quien al frente del Juzgado Central de Instrucción nº5 investiga desde primavera el supuesto espionaje contra Podemos. Una causa que se inició a raíz de una querella de la formación morada y en la que se están comprobando centenares de búsquedas realizadas en bases de datos policiales sobre miembros parlamentarios del partido. En el marco de dicha investigación, Martínez ha negado haber dado instrucción alguna para investigar a dirigentes de Podemos.

En la noche de este martes se cumplirán siete días de la desaparición de Anna y Oliva, de uno y seis años, junto a su padre, Tomás Gimeno, en Tenerife después de que el mismo debía haber entregado a las menores a su madre, de la que está separado, el pasado martes, 27 de abril, si bien nunca llegó a hacerlo.

Fue entonces cuando una llamada de Gimeno a la madre de las pequeñas la alertó, ya que le avisó de que no volvería a ver a sus hijas ni a él, lo que la llevó a denunciar el caso ante la Guardia Civil, que desde ese momento trabaja por encontrar pistas que le lleven al paradero de las menores, así como del padre, teniendo abiertas varias hipótesis en una investigación declarada secreta.

Así, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Güímar (Tenerife) ha incoado diligencias previas sobre el padre de las menores por la presunta comisión de un delito de secuestro, así como durante el pasado fin de semana dictó una orden internacional de búsqueda.

Desde que la madre denunciara los hechos, la Guardia Civil ha liderado un dispositivo que rastrea por tierra, mar y aire no sólo la zona que abarca desde la Punta de Anaga hasta el Puertito de Güimar, sino también la zona sureste y oeste de la isla después de encontrar en las primeras horas de la desaparición el barco de Tomás, a la deriva y vació, frente a la costa de Güimar.

El dispositivo está formado por el servicio aéreo y marítimo de la Guardia Civil, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que está al frente de la investigación, además de agentes de la Unidad Central Operativa  de Madrid. Asimismo tienen el apoyo de Salvamento Marítimo y del helicóptero del 112 de Canarias.

Mensaje de esperanza

El pasado sábado, Beatriz, madre de las menores, quiso lanzar un mensaje de esperanza en el que deseaba que todo el mundo tuviera "una emoción fuerte de que aparezcan y que den las gracias por adelantado, sintiendo de corazón que ya están con su madre".

"Mi mensaje es que manden mucha luz y amor a las niñas, que estoy segura que están bien. Que no miren las noticias alimentando la mala energía, que todo el mundo piense que las niñas son una bonita luz que están protegidas y que en cuanto menos lo esperemos estarán jugando y corriendo felices", dictaba el mensaje publicado por COPE Canarias, recogido por Europa Press.

La policía ahora investiga las circunstancias del suicidio, que ven indicios de que Porto quisiera llamar la atención ya que los hechos tuvieron lugar a la hora del desayuno.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha vuelto a citar mañana, martes, a las 12.00 horas al hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, para interrogarle tras los últimos avances en la instrucción de la causa que investiga el origen de la fortuna familiar, han informado a Europa Press fuentes del caso.

El primogénito ya declaró ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en febrero de 2016 y fue entonces cuando De la Mata, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, le retiró el pasaporte, le prohibió salir del país y le impuso comparecencias periódicas.

Desde entonces, además de la declaración de todos sus hermanos y de numerosos empresarios, banqueros y otros testigos que han aportado datos sobre el presunto cobro de comisiones, el juez ha recibido nuevos informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Judicial en los que se acusa al hijo mayor de Pujol de haber seguido sustrayendo capitales –por más de 14 millones de euros según publicó el diario El Mundo– desde que comenzó la investigación judicial sobre su familia en 2012.

Por el momento, el juez De la Mata imputa al mayor de los hermanos Pujol delitos de blanqueo continuado de capitales, fraude fiscal y falsedad documental relacionados con el origen de la fortuna familiar.

Durante su comparecencia ante el juez de hace 14 meses, Jordi Pujol Ferrusola apuntaló la versión ofrecida unos días antes por su padre indicando que el expresidente catalán estaba "al margen" de sus negocios e inversiones, con los que consiguió hacer crecer la herencia recibida de su abuelo Florenci Pujol.

En ese momento insistió, al igual que hizo su padre, en que este legado es el único origen de la fortuna, que él invirtió gracias a la "gran confianza" que su abuelo le profesaba y cuyos beneficios repartía entre sus seis hermanos y su madre de forma "libre".

No obstante, y al igual que ha ocurrido en el caso de las declaraciones del resto de sus hermanos, Jordi Pujol Ferrusola no aportó entonces ningún documento que ratificara esta teoría. La herencia de Florenci Pujol ascendía a 180 millones de pesetas y se multiplicó gracias a inversiones financieras, según ha explicado.

Reparto entre hermanos

Este reparto entre hermanos apuntado entonces por Jordi se ha visto confirmado por la instrucción judicial, ya que desde que se produjo dicha declaración el juez ha tenido acceso a nuevos informes de UDEF como el que fue bautizado como Operación Corcho y que detalla el reparto de fondos entre los siete hijos del que fuera presidente de la Generalitat, un reparto que es controlado por el mayor del clan.

El informe, fechado el pasado mes de diciembre e incluido en el sumario del caso, determina que Pujol Ferrusola realizó hasta en cuatro ocasiones en el periodo comprendido entre 1992 y el 2000 transferencias por idéntica cantidad a todos sus hermanos en sus cuentas de Andorra. Los investigadores detectan una pauta que se inicia en diciembre del 92 cuando Oleguer, Oriol, Marta, Josep, Pere y Mireia recibieron en la misma fecha un envío de 2.670.000 pesetas.

En el año 96 todo ellos ingresaron a través de varias transferencias un total de 10 millones de pesetas remitidos por el primogénito del clan en dos bloques de cinco millones y en el 97 cuatro más. El origen de los fondos –determina la UDEF– es una cuenta que compartían Pujol Ferrusola y su mujer Mercé Gironés.

En relación a las comisiones, el mismo informe recalca que los pagadores de las presuntas comisiones "siempre son sociedades adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña" y resta importancia a que en 2003 la Generalitat no estuviese ya en manos de CiU.

Destrucción de documentación

El juez cuenta también con testimonios como el del presidente de Andbank, Manel Cerqueda Donadeu, quien declaró ante De la Mata que los Pujol pidieron a la entidad que destruyera la documentación obrante sobre sus cuentas. Años después de sacar sus cuentas de este banco, el propio hijo mayor del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, fue a verle para solicitarle que se abstuvieran de enviar toda la información de que

disponían sobre depósitos de la familia en el caso de que les fuera reclamada por alguna querella judicial, según señaló este testigo.

Además, De la Mata ha sabido que el expresidente Pujol pidió al mayor de sus hijos que indagara con un viejo amigo de la familia, el expropietario del Banca Reig en Andorra Oscar Riba Reig, si además de en España las autoridades podrían estar investigando su patrimonio en el Principado.

El encuentro tuvo lugar en torno a 2010, poco antes de que la familia se llevara sus depósitos de Andbank (entidad resultante de la fusión de Banca Reig y el Banco Agrícol). Así consta en la declaración realizada el pasado 18 de julio por el banquero jubilado ante el juez.

Por otro lado, la UDEF también ha puesto en conocimiento del juez sus sospechas sobre si la empresa Cat Helicopters S.L, que fue utilizada por la familia Pujol en "múltiples ocasiones" para trasladar a alguno de sus miembros a Andorra "pudo ser beneficiaria de concursos públicos presuntamente irregulares por parte del Servei Català de Trànsit dependiente del Departamento de Interior de la Generalitat.

Otro de los informes policiales revela que Jordi Pujol Ferrusola podría haber cobrado comisiones ilegales a través de su sociedad Iniciatives Marketing i Inversión S.A. (Imisa) a empresas a las que no llegó a prestar ningún servicio.

La Dirección General de la Policía ha comunicado este lunes la convocatoria de la plaza de comisario general de la Policía Judicial, puesto que ha quedado vacante tras la jubilación de José Santiago Sánchez Aparicio. El Ministerio de Interior ya hizo lo propio la semana pasada con el puesto de responsable de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF), según ha informado Europa Press.

Ambos son puestos de especial relevancia en la lucha contra la corrupción, tarea que asume directamente el jefe de la UDEF, dependiente en última instancia de la Comisaría General de Policía Judicial. Sirva de ejemplo la labor de Sánchez Aparicio como responsable de la investigación interna sobre las grabaciones de la conversación entre el ministro de Interior, Fernández Díaz, y el director de la Agencia Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

Al puesto de comisario de la Policía Judicial se podrán presentar los comisarios principales (excepto los suspendidos de funciones o en situación de segunda actividad) desde este 20 de septiembre y con un plazo de siete días hábiles, según consta en la Orden General de la Dirección General. El cargo tendrá un complemento salarial de unos 31.800 euros.

El concurso por libre designación para la convocatoria de la plaza respalda así el "principio de celeridad". En el caso del jefe de la UDEF, el plazo será de 15 días, y contará con una remuneración extra de unos 26.200 euros.

Mientras tanto, la asignación de otros puestos de máxima relevancia, como el de director adjunto Operativo (DAO), se mantienen en la incertidumbre debido al bloqueo político y las jubilaciones de altos mandos.

Según explicaron a Europa Press ciertas fuentes policiales, el actual DAO, Antonio Rodríguez Martín, cuenta con el "pleno apoyo" del Ministerio de Interior. "Al frente del DAO está un comisario principal con la mayor antigüedad y que tiene plenas capacidades para seguir ejerciendo en su puesto", han subrayado.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, afirmó durante un acto celebrado el pasado 29 de julio que se estaba estudiando "qué se podía hacer" de cara a acabar con esta provisionalidad si el Gobierno continuaba ejerciendo en funciones tras el verano.

En la orden anunciada por la Dirección General de Policía también se ha anunciado la convocatoria del comisario general de Extranjería y Fronteras, un proceso de libre designación para comisarios principales, abierto durante un plazo de siete días y con un complemento fijado en unos 31.800 euros.

La Comisaría General de la Policía Judicial concluyó a última hora de la mañana de este viernes un barrido en la sede del Ministerio del Interior, en el número 5 del Paseo de la Castellana, buscando dispositivos o micrófonos ocultos, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El rastreo se llevó a cabo esta mañana después de la polémica grabación en el despacho del titular de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el ya exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (AOC), el magistrado Daniel de Alfonso, unas conversaciones privadas en las que hablaban sobre investigaciones en curso que afectaban a adversarios políticos independentistas.

Fernández Díaz ya le encargó a la Policía Judicial la investigación interna después de que el diario Público informara en la recta final de la campaña electoral del 26J del contenido de unas conversaciones que se produjeron hace dos años, concretamente entre el 2 y el 16 de octubre de 2014.

La inspección tuvo lugar en diferentes dependencias del Ministerio del Interior, más allá del despacho oficial de Fernández Díaz, y ha incluido una comprobación exhaustiva del perímetro de la sede oficial.

Este jueves, Público entregó a la Fiscalía General del Estado un pen drive con los audios después de que el pasado 24 de junio la dirección de este medio se negara a hacer lo propio con los agentes que se habían personado en la sede del diario sin mandamiento judicial.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado consultadas por Europa Press confirmaron que estas grabaciones han sido entregadas a través del registro del Ministerio Público que, a su vez, ha dado traslado a la Secretaría General Técnica. Será este departamento el que valore si se abren diligencias desde el organismo que preside Consuelo Madrigal.

El informe de Hacienda que atribuye falsamente a la infanta la venta de 13 propiedades, no incluye la única operación inmobiliaria que sí realizó la hija del rey: la venta en 2006 de un piso en la barcelonesa Avenida de Pedralbes.

La operación se cerró el 15 de marzo de 2006, ante un notario de Madrid, por un importe declarado de 2,24 millones de euros. La misma tendría que haberse plasmado en el informe de la Agencia Tributaria después de que el juez que investiga el caso Nóos, José Castro, solicitara información a Hacienda sobre todas las operaciones económicas realizadas desde 2002 por la infanta y su cónyuge, el imputado Iñaki Urdangarin.

De acuerdo con los datos que constan en el Registro de la Propiedad número 19 de Barcelona, Cristina de Borbón adquirió el 23 de noviembre de 1998 un 25% de una vivienda situada en la Avenida de Pedralbes, y su marido el resto (75%), por un precio de 92 millones de pesetas (552.000 euros). El inmueble fue vendido ocho años después por 2,24 millones a la compañía Premios Ángel de Pintura S.L. Por tanto, lograron por esta operación unas plusvalías de 1,67 millones de euros, o lo que es lo mismo, de un 302%.

Esta compraventa, que consta en el sumario después de que la Policía Judicial aportara al juez la documentación el 16 de febrero de 2012, la cerró la hija del rey Juan Carlos junto con su esposo en régimen de separación de bienes. En el informe erróneo notificado el pasado viernes a las partes, la Agencia Tributaria señalaba que la hija del rey había vendido pisos y terrenos por un valor total de 1.435.603 euros, entre los años 2005 y 2006, poco después de sustanciarse la compra por 5,8 millones de euros de su domicilio en el barrio de Pedralbes de Barcelona. Pero no incluía la única venta que sí realizó la pareja.

En ese sentido, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha acordado este martes examinar si en las ventas inicialmente atribuidas a la hija del rey por un valor de 1,4 millones figura la infanta Cristina. El magistrado pretende conocer si entre las sucesivas titularidades de los solares la infanta aparece con tal identidad, con parte de ella, con sólo su tratamiento o bien únicamente con su DNI.

No aparece la infanta Cristina

Por su parte, el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT) del Notariado ha remitido este martes al juez una copia de las escrituras en donde constan documentadas las fincas cuya titularidad se había atribuido falsamente a la Infanta según un informe remitido al juez por la Agencia Tributaria, informa Europa Press.

Por su parte, el Consejo General del Notariado manifiesta que en ninguna de dichas escrituras públicas figura Cristina de Borbón como propietaria o titular de derecho alguno de las citadas fincas.

Tanto los notarios como los registradores han constatado a lo largo de este martes que las fincas, cuya venta entre 2005 y 2006 le habrían supuesto a la infanta más de 1,4 millones de euros, nunca han estado registradas a su nombre, y que sólo figura como titular de su residencia en Barcelona.

Asimismo, el Consejo del Notariado señala que desea tranquilizar a la opinión pública, y en concreto a las personas titulares de las 13 fincas objeto de investigación judicial, y asegurarles que sus propiedades "están perfectamente recogidas en escritura pública y que nadie puede cuestionar su titularidad".

Ministerio de Hacienda

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha vuelto a asegurar este martes que "el error en la imputación de transmisiones de inmuebles a la infanta Cristina es consecuencia de que la información recibida por la Agencia Tributaria figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo". Una explicación que resulta sorprendente, puesto que el DNI de la hija del rey es el 14, precedido de seis ceros, muy difícil de confundir a juicio de todos los expertos consultados.

Además, el ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha insistido en que los datos remitidos al juez por la Agencia Tributaria son los que figuran en sus bases de datos y vienen "proporcionados por terceros", en referencia a registradores y notarios.