La planta sexta de la sede de la empresa semipública Cesce en la calle de Velázquez de Madrid acogió este pasado lunes una comida en la que participaron un puñado de la élite de los economistas del Estado. Entre otros, asistieron el ex ministro de Economía Luis de Guindos, el gobernador del Banco de España, Luis Linde; el exministro de Industria José Manuel Soria, el actual presidente de Cesce, Álvaro Rengifo, y el primer presidente de la empresa con el PP, Álvaro Bustamante de la Mora.

Todos ellos tienen en común pertenecer al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. De Guindos, Soria y Rengifo, además, pertenecen a la misma promoción, la de 1984. Linde, a la de 1969 y Bustamante, a la de 1974.

Según ha confirmado Cesce a infoLibre, se trató de una “comida particular”, cuyo coste no corrió a cargo de la empresa semipública, sino que pagaron cada uno de los participantes. “Se reúnen de vez en cuando, como amigos, y había más personas”, aseguran fuentes de Cesce en referencia a los técnicos comerciales y economistas del Estado, conocidos coloquialmente como tecos. El motivo de que la comida privada se celebrara en la sede de la empresa semipública no fue otro que “evitar desplazamientos al presidente [Álvaro Rengifo], que tenía una reunión urgente con empresarios extranjeros por la tarde”.

Los tecos, un total de 464 según ATCEE, la asociación que los agrupa, integran uno de los cuerpos de altos funcionarios de la Administración, junto con los abogados, interventores y auditores y estadísticos del Estado, por ejemplo. Conforman una élite administrativa que ha terminado desempeñando también puestos políticos de primera línea. Como ocurre con buena parte de los abogados del Estado, es habitual que muchos tecos pidan excedencias para trabajar en el sector privado o bien pasar a la alta gestión política.

Son tecos los exgobernadores del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Jaime Caruana y Luis Ángel Rojo; el ministro de Energía Álvaro Nadal y su hermano Alberto, secretario de Estado de Presupuestos, o los ex ministros socialistas de Economía Pedro Solbes y de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, y el ex secretario de Estado de Economía con Carlos Solchaga y ahora vicepresidente del Banco Santander, Guillermo de la Dehesa. También pertenecen al mismo cuerpo el presidente de AENA –y anterior presidente de Cesce–, Jaime García-Legaz, el ex presidente de otra empresa pública, Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, el ex secretario de Estado de Economía Íñigo Fernández de Mesa, la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Emma Navarro, el consejero del Banco de España Fernando Eguidazu…

28,8 millones de euros de beneficios

Cesce es la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. Se encarga de asegurar el riesgo soberano de España, las operaciones internacionales de las empresas españolas. El Estado posee el 50,25% del capital de la sociedad. El resto se lo reparten el Banco Santander, con un 21,07%; el BBVA, con el 16,3%; otros bancos como el Sabadell suman el 3,9%, y aseguradoras como España SA Compañía Nacional de Seguros tienen el 8,48% restante.

Con una plantilla de 1.400 empleados –sólo 450 de ellos en la matriz española–, la empresa semipública ganó 28,8 millones de euros en 2016, 30,9 millones de euros, de los que repartió como dividendo entre sus accionistas 30,6 millones. En 2014 las ganancias se elevaron a 43,5 millones de euros y repartió dividendos por importe de 10,38 millones. En 2013 tuvo un resultado de 32,7 millones, lo que le permitió repartir unos dividendos de 27 millones de euros.

Además, Cesce es conocida por el sueldo de su presidente que, junto con el de los máximos responsables de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) y la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), es el más alto de las empresas públicas: 210.000 euros al año.

Privatización aparcada

Fue precisamente el ministro Luis de Guindos quien anunció en noviembre de 2012 la privatización de Cesce. “Su regulación es preconstitucional, por lo que es necesario modernizar este ámbito normativo”, argumentó en el Congreso de los Diputados. La Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española prevé reducir la participación actualmente mayoritaria del Estado en Cesce y crear un agente gestor que cubrirá los riesgos de las empresas en los mercados exteriores. Durante los primeros siete años, ese agente gestor será Cesce, pero más adelante podrá serlo una empresa privada.

El proceso privatizador comenzó en cuanto el Gobierno contrató a una tasadora, Gesvalt, un despacho de abogados, Pérez Llorca, y una consultora, Pricewaterhouse Coopers, para gestionar la venta. De hecho, se presentaron una treintena de ofertas por Cesce, entre ellas las de Mutua Madrileña y Mapfre, pero también otras del fondo chino Fosun y Coface, el equivalente francés de la aseguradora pública española, que despertaban todo tipo de suspicacias. El precio, entre los 200 millones de euros de una primera valoración hasta casi los 600 millones de la última, realizada por Patrimonio del Estado.

Finalmente, la privatización quedó aparcada en mayo de 2015. La operación no gustaba ni a las empresas exportadoras ni a los propios bancos y aseguradoras presentes en el accionariado de Cesce. En la última presentación de resultados de la empresa, el pasado mes de mayo, su entonces presidente, Jaime García-Legaz aseguró que el Estado había confirmado su voluntad de no privatizar la compañía y de marcar una nueva orientación estratégica que incremente el valor para sus accionistas.

Muy claro dejó Mariano Rajoy en su discurso de investidura que no va a cambiar su política económica por muy en minoría que esté su nuevo Gobierno y pese a que anunció que estará “abierto al diálogo”. Lo confirma la configuración de las carteras económicas del Ejecutivo que reveló este jueves.

La novedad de que Luis de Guindos añada Industria a sus responsabilidades es sólo parcial, pues ya se encontraba bajo su mano desde el pasado abril, cuando dimitió José Manuel Soria tras aparecer su nombre en los papeles de Panamá. Su continuidad y reforzamiento –cuando hace año y medio pugnaba por emigrar a Bruselas y presidir el Eurogrupo– confirman que la estabilidad presupuestaria y el control del déficit públicoel control del déficit público seguirán marcando el rumbo de la política económica del nuevo Gobierno.

Sí que se estrena en un ministerio Álvaro Nadal, al frente de un nueva cartera, la de Energía, Turismo y Agenda Digital. Pero hay que recordar que Nadal lleva cuatro años dirigiendo la Oficina Económica del presidente y, por tanto, ha sido el principal asesor económico de Rajoy en la legislatura. Antes de eso y desde 2004 ejerció como secretario de Economía del PP; es decir, formaba parte del equipo económico que encabezaba Cristóbal Montoro. Que sigue siendo el responsable de Hacienda.

Energía, Turismo y la Agenda Digital proceden de la desmembración del antiguo departamento de Industria, donde Alberto Nadal, el hermano gemelo de Álvaro, era hasta ahora secretario de Estado de Energía.

A Montoro se le ha liberado de sus responsabilidades respecto a las comunidades autónomas y entidades locales, que pasan a manos de Soraya Saénz de Santamaría. No obstante, el control del gasto de las administraciones –Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Comisión Nacional de Administración Local–continuará siendo una de sus competencias. También las relacionadas con la Función Pública siguen en su cartera. Por tanto, los dos pesos pesados de la política económica del Gobierno mantendrán la línea ya marcada de control del gasto público.

Ningún cambio tampoco al frente del Ministerio de Empleo, que encabeza de nuevo Fátima Báñez. Como Álvaro Nadal, pertenecía al equipo económico de Cristóbal Montoro. En su segundo discurso de investidura, Mariano Rajoy advirtió de que no va a “liquidar” las reformas de su primer Gobierno. No citó la reforma laboral, pero sí recalcó que no hará nada que “lesione” la creación de empleo. Y, como le gusta repetir, considera que la reforma laboral de 2012 es la responsable de que España sea “el país de Europa que más empleo crea”.

El PSOE, por el contrario, incluye en sus prioridades para los próximos cuatro años la derogación de los últimos cambios introducidos por el Ejecutivo del PP en el Estatuto de los Trabajadores. O al menos de aquellos elementos de la reforma laboral que, según denuncian los socialistas, han precarizado el empleo, devaluado los salarios y desequilibrado a favor de las empresas las relaciones entre éstas y los trabajadores.

Perseverancia

Finalmente, la cartera de Agricultura continuará con Isabel García Tejerina al frente, quien a su vez no ha cambiado una coma de la política desarrollada por su predecesor en el cargo, Miguel Arias Cañete.

“Accedo al Gobierno para perseverar. Algunos me lo reprochan”, anunció Rajoy el 26 de octubre en el Congreso. “Ya sé que alguno de ustedes quieren darle la vuelta a las políticas que hemos desarrollado”, abundó, “pero para eso otros tendrían que hacerse cargo del Gobierno. No se puede pretender que gobierne yo y traicione mi propio proyecto político”.

Otra señal más de esa “perseverancia” es que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos también se conserva tal y como estaba: presidida por el propio Mariano Rajoy y con Sáenz de Santamaría como número dos.

Del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a Red Eléctrica de España (REE) en siete meses. Es lo que ha tardado Ignacio Grangel Vicente en dar el salto de la Secretaría de Estado de Energía, donde fue director del gabinete, a la recién creada Vicesecretaría General del gestor del sistema eléctrico. Fuentes de esta empresa consultadas por infoLibre aseguran que fue la semana pasada, el 7 de septiembre, cuando este abogado del Estado se sumó a su plantilla. Había cesado en el ministerio que dirige José Manuel Soria en el mes de febrero, donde había llegado en enero de 2012, según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con la proximidad de las elecciones generales, la puerta giratoria, fenómeno conocido como el paso del sector público al privado, y viceversa, se engrasa y los cargos de los diferentes ministerios buscan otras salidas.

El jefe directo de Grangel era el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, hermano de Álvaro Nadal, jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, uno de los hombres de máxima confianza del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Grangel llega a REE, cuyo principal accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 20%, para estrenar cargo. Así lo admiten las citadas fuentes: "Se trata de un puesto de reciente creación, que se enmarca en el proceso iniciado en el mes de julio con la separación de los cargos de presidente y de primer ejecutivo, y con el consiguiente nombramiento del consejero delegado". Este proceso, añaden desde el gabinete de prensa de REE, "conlleva el reforzamiento de las funciones de la Secretaría General".

Fuentes del sector, sospechan, no obstante, de que el puesto de vicesecretario general ha sido creado ad hoc para dar cobijo a Grangel. Éste aspiraría en un par de años a ascender a la Secretaría General.

Sobre su remuneración, en Red Eléctrica no facilitan "ningún dato". "Este tipo de información no es pública", mantienen.

Clave en la reforma energética

A los jefes de gabinetes de las secretarías de Estado no se les aplica la ley sobre incompatibilidades de altos cargos. De todos modos, su aterrizaje en REE no está exento de polémica. Fuentes conocedoras del proceso que ha culminado con este nombramiento señalan que en febrero, cuando Grangel dejó el ministerio, el presidente de la eléctrica, José Folgado, frenó su incorporación. "Fue una cuestión estética", señalan. En este momento se especuló con que el ex director de gabinete de Alberto Nadal estaba ya preparando su regreso a la Abogacía del Estado. No obstante, siete meses después, todo ha cuajado.

A Grangel se le considera una pieza clave en la reforma energética, con la elaboración de normas como la ley de medidas fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética.

Red Eléctrica de España fichó en 2012 para su consejo a Alberto Nadal y a Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Ambos renunciaron al nombramiento por el revuelo generado al hacerse públicos los nombramientos.

En la mañana de este miércoles, infoLibre remitió al Ministerio de Industria un correo electrónico con un par de cuestiones:

1. La fecha exacta de baja en el ministerio del exjefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Energía

2. La valoración que hace el ministerio de este asunto, teniendo en cuenta que el principal accionista de REE es el Estado a través de la SEPI

Desde el departamento de prensa rechazaron hacer cualquier tipo de valoración, así como facilitar la fecha del cese.

El ministro de Industria, José Manuel Soria y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, sostienen que este año el recibo de la luz va a bajar otra vez. Según sus cálculos, el recibo para una familia tipo con dos hijos bajará más del 3,1% registrado en 2013. Lo malo es que nadie conoce la familia tipo de la que habla Nadal ni nadie parece saber en qué cálculos basa Soria la promesa de nuevas bajadas del recibo a dos meses para que acabe el año. Ni las grandes empresas del sector ni las organizaciones de consumidores comparten los datos de Industria. Muy al contrario, las fuentes empresariales cvonsultadas confirman que la luz ha subido en los últimos meses para el consumidor doméstico medio y, lo que es peor, que seguirá subiendo en el futuro.

La organizaciòn de consumidores Facua ha sido contundente al rebatir las afirmaciones del Ministerio. De acuerdo con sus datos, la tarifa media de la luz  aumentó de enero a octubre un 18,3% para el usuario tipo, lo que supone unos 12,38 euros mensuales. En enero, el usuario medio pagaba un recibo de 67,6 euros y en octubre pagó 80 euros.

Si la comparación se hace sobre doce meses (octubre de 2013- octubre de 2014), la subida del llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (la antigua TUR) es menor: del 3,4%. El consumidor tipo pagaba 77,3 euros en el recibo de octubre del pasado año y pagó 80 euros en octubre de 2014.

La subida interanual del 3,4% recoge las diferencias en el precio del kilovatio, a favor del consumidor, que se registraron en los primeros meses del año tras la supresión de las subastas de energía trimestrales.

Subida en doce meses

La subida del 3,4% en doce meses recoge también los importantes aumentos del término fijo del recibo (la potencia contratada) que Industria aprobó en agosto de 2013 y en febrero de este año y  que ha llevado el precio por kilovatio contratado de 2,32 euros a 4,46 euros, un incremento del 92,2%.

Los cambios en la factura, con precios horarios que obligan a las empresas a facturar según estimaciones a los clientes sin contador digital, han llevado la confusión al sector. Es dífícil comparar precios y las empresas han encontrado el ecosistema ideal para vender tarifas planas que "laminan" el recibo en cantidades mensuales constantes durante el periodo contratado.

Ningún directivo de empresas eléctrica a los que ha podido consultar infoLibre en las últimas semanas defiende que el recibo del usuario medio haya bajado en los últimos meses. Menos aún que vaya a hacerlo en el futuro. 

Cambios y efectividad

Pero a dos meses de que acabe el año, Industria mantiene el análisis sobre la efectividad de los cambios aprobados en el sector. La pasada semana, Soria detallaba que “después de un incremento en el precio de la electricidad entre el año 2002 y el año 2012 del 70 %, en el año 2013, por primera vez en diez años, bajó el coste de la energía eléctrica; bajó un 3,7%, y, en lo que llevamos de año 2014, la bajada del precio de la energía eléctrica ha sido del 6,9 %”.

El discurso no cambia a pesar de que los porcentajes que maneja el ministro públicamente ni siquiera cuadran con los que maneja el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. Nadal explicó en enero que en 2013 el precio medio de la electricidad cayó un 0,9% respecto a 2012 y precisó que la bajada llegó al 3,1% para una familia tipo con dos hijos y al 0,4% para la gran industria. La factura subió para segundas residencias (3,4%), para las pymes (3,52%) y para las pequeñas industrias (1,37%).

La confusa realidad de la facturación de un servicio esencial como la electricidad preocupa a las organizaciones de consumidores. La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) ha alertado de un incremento "alarmante" en las reclamaciones en los últimos seis meses por subidas "desproporcionadas e injustificadas".Confusión

La confusión también afecta a las empresas, inquietas por los cambios en la forma de leer el consumo y facturarlo. El nuevo recibo, con facturación por horas y que debería estar listo a partir de enero, puede conllevar errores y, según temen, aumentar el deterioro de su imagen entre los consumidores.

Para acabar de complicar el panorama, el Tribunal de Justicia de la UE ha dictado una sentencia el pasado 23 de octubre en la que advierte de que los usuarios de luz y gas deben ser informados de las subidas tarifarias antes de que entren en vigor, algo que no ocurre en España. En el caso de la electricidad, con el modelo anterior, la tarifa de último recurso (TUR), los precios se publicaban en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que ha dejado de hacerse con el PVPC.

El sector más crítico del PP, en el que se incluyen algunos dirigentes veteranos, lo llama despectivamente "el clan de los sorayos", un calificativo que en su día empleó el locutor Federico Jiménez Losantos para el equipo de jóvenes fontaneros del partidoen los que se apoyaba Rajoy en sus horas más bajas de liderazgo. Para otros, son "el equipo de Soraya", el círculo de confianza en el que confía la vicepresidenta del Gobierno desde que ocupaba, con el PP en la oposición, la portavocía del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Pero son los mismos. El núcleo lo integran Álvaro Nadal, hoy jefe de la Oficina Económica de Presidencia; José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes; Fátima Báñez, ministra de Empleo; Alfonso Alonso, portavoz del partido en la Cámara baja, y José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura.

Una vez ganadas las elecciones, y tras depositar Rajoy en ella gran parte del poder de su departamento –en la actualidad ocupa 10 cargos en el Gobierno y ejerce de interlocutora del Ejecutivo en asuntos como la relación con el Gobierno vasco–, Sáenz de Santamaría ha seguido pegada a su equipo. Todos los mencionados, menos Alfonso Alonso, ocupan un cargo en Moncloa y, de momento, no figuran en las quinielas de salida con las que se especula para principios de 2014, cuando el PP celebre su Convención Nacional. Una cita que dirigentes del partido consultados ven como el "escenario idóneo" para hacer una serie de cambios que impriman "un impulso" al resto de legislatura y, de paso, despejar el camino para la candidatura a las elecciones europeas.

Los mismos recelos que provoca en un sector del PP el hecho de que la vicepresidenta asuma cada vez más funciones, despiertan también cada uno de los movimientos o nuevas competencias que se atribuyen a este núcleo de fieles. "¿Tiene que estar tan concentrado todo el poder?", se pregunta un dirigente nacional. Una pregunta a la que ofrece respuesta un marianista: "Es el estilo de Rajoy. Le gusta la discreción y rodearse de equipos no muy grandes que le den la máxima confianza".

En las última semanas, todas las miradas están puestas en Álvaro Nadal, jefe de la Oficina Económica de la Moncloa y hombre clave en el área económica y financiera cuando Rajoy era líder de la oposición. El viernes pasado, el Consejo de Ministros dio luz verde a una reestructuración del departamento que dirige este economista del Estado, que pasó a estructurarse en dos direcciones generales. Al frente de una de ellas, Nadal ha nombrado a su cuñada: Eva Valle. 

Los Nadal, una familia en el poder

Valle ya trabajaba con Nadal desde enero de 2012. Es la mujer de su hermano Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía desde hace casi un año. Fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre mantienen que Nadal no ha ganado poder en la estructura del Gobierno. También niegan que se esté gestando una especie de Ministerio de Economía en la sombra ante la ausencia de una vicepresidencia económica. Atribuyen estos cambios a cuestiones meramente técnicas y administrativas. "Tras un año y ocho meses de recorrido, se ha intentado adecuar este departamento al tipo de trabajo que se realiza", explican las mismas fuentes.

Por su parte, la mujer del propio Álvaro Nadal, María Teresa Lizaranzu, ocupa la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro. Un departamento que depende de Lassalle, secretario de Estado de Cultura y otro de los hombres de máxima confianza de la vicepresidenta. Además, Lizaranzu preside el Consejo de Administración de Acción Cultural Española, "un organismo público dedicado a impulsar y promocionar la cultura y el patrimonio de España", según figura en su página web.

Ayllón, el interlocutor con los grupos

Cuando Sáenz de Santamaría dio el salto del Grupo Parlamentario Popular al Gobierno quiso que su número dos, José Luis Ayllón, fuese también su mano derecha en Moncloa. A él, que había figurado en las quinielas de los ministrables, le encomendó la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.

En el Grupo Parlamentario Popular señalan que Ayllón ha tenido un papel "decisivo" a la hora de negociar con los grupos la Ley de Transparencia. Aunque deslucida por no haber logrado el voto de los socialistas en el Congreso, este texto, pendiente de pasar por el Senado, es uno de los proyectos 'estrella' de Rajoy. 

Igualmente, el que fuera secretario general del Grupo Popular en el Congreso cuando Santamaría ejercía la portavocía lleva la coordinación de otra de las iniciativas legislativas más importantes para los conservadores: la que se supone que dará lugar a un amplio paquete de medidas contra la corrupción y a favor de la regeneración democrática en plena ebullición del caso Bárcenas. En total, 40 iniciativas que afectan a 10 leyes y que van a empezar a negociarse este octubre con el resto de partidos en la Cámara baja. 

A este mismo grupo pertenece Fátima Báñez, la titular de Empleo, una de las carteras más complicadas en un momento en el que el paro no cesa y se ponen en duda los efectos de la reforma laboral. Fuentes del PP consultadas sostienen que el hecho de pertenecer al círculo próximo de la vicepresidenta le hace posible no sobreexponerse. "De lo contrario, ahora estaría todavía más quemada", señala un dirigente regional. 

Diputada por Huelva, su nombre sonó en un principio como posible candidata a la Junta de Andalucía. Rajoy suele sorprender y hasta la fecha no ha dado ninguna pista al respecto. "De decantarse por Báñez, lo haría después de analizar el escenario con la vicepresidenta", valora un miembro de la cúpula del partido.

El hombre de la vicepresidenta en Génova

Alfonso Alonso, por su parte, en su condición de portavoz parlamentario es uno de los asistentes a las reuniones del núcleo duro de poder del PP que suele presidir María Dolores de Cospedal todos los lunes en la sede nacional del partido. Cuando el pasado mayo Antonio Basagoiti anunció que dejaba la presidencia del PP vasco, se especuló con la posibilidad de que lo reemplazase Alonso. Él siempre sostuvo que haría lo que le ordenase su partido que, al final, se decantó por mantenerle al frente del Grupo Parlamentario y optar por Arantza Quiroga como recambio de Basagoiti.

En el PP aseguran que, a la hora de decidir un presidente para el PP de Euskadi, Rajoy optó por no tocar lo que a su juicio "funciona bien". La buena relación entre Alonso, Sáenz de Santamaría y Ayllón, hace que la comunicación entre Gobierno y Grupo Parlamentario sea "muy fluida". Una definición que difiere si se trata de calificar las relaciones entre Gobierno y el partido.

No es un secreto que las relaciones entre Gobierno y partido no pasan por su mejor momento. Gran parte de culpa la ha tenido la estrategia a seguir respecto al caso Bárcenas. En el entorno de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, se revuelven cada vez que escuchan a Sáenz de Santamaría negarse a opinar sobre este escándalo de corrupción con el argumento de que el Gobierno no opina sobre el partido.

Consciente de la brecha abierta entre PP y Ejecutivo, hace un par de semanas Rajoy convocó a los vicesecretarios y portavoces en las diferentes cámaras a una reunión en el palacio de la Moncloa. Para muchos la reunión llegaba tarde. No en vano, fue la primera vez que el presidente del Gobierno y del PP asistía a una reunión de la cúpula del partido desde que en diciembre de 2011 llegó a la Moncloa.

No pocos en el PP creen que el futuro del partido está entre estos nombres que hoy integran el círculo de máxima confianza de la mano derecha del presidente del Gobierno.

En el entorno de la vicepresidenta niegan la acaparación de poder que se les atribuye. Y sostienen que la mayor parte de los cambios producidos en los últimos meses, tanto los que le afectan a ella como los que afectan a su equipo, son meramente "técnicos". 

¿Movimientos frustrados para equilibrar el poder?

Casi una semana después de que se hiciera la reestructuración del departamento que dirige Nadal, Beatriz de Guindos, sobrina del titular de Economía, era nombrada directora general de Competencia dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este viernes, sólo 24 horas después de su nombramiento y después de la polémica suscitada, presentaba su dimisión "irrevocable".

Al renunciar al puesto, fruto de una promoción interna, mantendrá su anterior cargo de subdirectora de las áreas de Industria y Energía y la Dirección de Investigación, cargo que tenía previsto ceder a Micaela Arias-Cañete, hija del ministro de Agricultura y Medio Ambiente.

Horas antes de su cese, el titular de Economía era cuestionado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre cómo casaba el nombramiento de su sobrina con la supuesta independencia del 'súper regulador' respecto al Gobierno. En su respuesta, Guindos recalcó que el Ejecutivo no había tenido nada que ver. Y que, de hecho, se había enterado por la prensa.Y que, de hecho, se había enterado por la prensa

Poco duró el ascenso de Beatriz de Guindos. Pero el tiempo que estuvo en vigor dio pie a que en el Gobierno algunos lo interpretaran como un órdago a la vicepresidenta desde el ministerio de Economía. Fuentes próximas a Santamaría, en cambio, niegan que este nombramiento haya creado tensiones entre ambos. 

El pasado junio, Rajoy nombró a su mano derecha vicepresidenta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. En la práctica, este ascenso supone que Sáenz de Santamaría presida estas reuniones en ausencia del jefe del Gobierno, quitando la posibilidad de que lo haga cualquier otro ministro. Hasta el momento, el encargado de hacerlo era Cristóbal Montoro, titular de Hacienda.

En el partido interpretaron este nombramiento como un intento de contribuir a frenar las tensiones que viven en el Consejo de Ministros los titulares de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Economía, Luis de Guindos. Una batalla en la que, puertas adentro del PP, gana Montoro por su buena relación con la vicepresidenta.

Las fuentes consultadas cuentan que este episodio, "sumado al cada vez mayor peso de Álvaro Nadal en el área económica" no sentó nada bien en el Ministerio de Economía.

El Ministerio de Hacienda no asumirá en su totalidad los costes del sistema eléctrico previstos en la ley, sino una parte "muy inferior", y provocará de esta forma que buena parte de la carga de la reforma energética que estudiará mañana el Consejo de Ministros caiga sobre consumidores y empresas, lo que anticipa subidas del recibo de la luz y fuertes recortes a los operadores, indicaron fuentes del sector.

La decisión de Hacienda, con la que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro se desvincula del deseo del Ministerio de Industria de que parte de los costes recaigan sobre las cuentas públicas, ha sido anunciada por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a las grandes eléctricas y empresas de renovables en la reunión de esta tarde para informar acerca de la reforma energética.

En concreto, Montoro se ha negado a asumir, conforme establece una ley del Gobierno anterior, los extracostes de las actividades extrapeninsulares, esto es, las correspondientes a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Las fuentes interpretan que Hacienda ha ganado la partida a Soria e indican que el principal recorte se producirá previsiblemente en la actividad regulada de distribución, de hasta el 20%, lo que complicará las nuevas inversiones e incluso podría afectar a la calidad del suministro.

Este recorte ha dejado muy preocupadas a las eléctricas, que esperaban unas medidas de menor envergadura y que incluso podrían encontrar elementos discriminatorios entre la minoración sufrida por su negocio y el de algunas actividades de renovables, que saldrían menos perjudicadas.

El plan que maneja Industria no supondrá la eliminación definitiva del déficit de tarifa, si bien incluye un fuerte aparato normativo compuesto por un real decreto ley de medidas de sostenibilidad financiera, un anteproyecto de ley del sector eléctrico y ocho reales decretos.

Hibernación de ciclos.

Entre los reales decretos figuran, aparte del de autoconsumo, un real decreto con un plan para la hibernación o el cierre de los ciclos combinados de gas en una cantidad de instalaciones importante.

Las grandes eléctricas han salida molestas y preocupadas de la reunión ante lo que consideran un escenario muy negativo para su actividad. Estas compañías entienden que, tras haber realizado importantes esfuerzos para atajar el déficit de tarifa, deben pagar ahora de forma adicional los errores tanto de éste como de los anteriores gobiernos.