Un total de 27 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en lo que va de año tras el último crimen cometido en La Línea de la Concepción (Cádiz), que ha sido condenado este martes por el Ministerio de Igualdad. El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 1.060 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos, según recoge Europa Press.

A estas cifras, podrían sumarse dos más ya que, a fecha 11 de agosto, existen dos casos en investigación en este 2020. Las asesinadas dejan a 12 huérfanos menores de 18 años. Por comunidades, Andalucía y Cataluña registran el mayor número de casos (ambas con seis), seguidas de Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha (ambas con tres) y Canarias, Galicia y Madrid (en cada caso, con dos). Además, Asturias, Baleares y País Vasco han registrado un asesinato cada una.

La mayoría de las víctimas tenían entre 41 a 50 años (29,6%), seguidas de las de entre 31 a 40 años (18,5%) y de 71 a 84 años (18,5%). El 70,4% eran de nacionalidad española y 21 de las asesinadas tenían una relación de pareja y convivían con su presunto agresor.

La última víctima de la violencia machista es una mujer de 44 años que fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental, el pasado sábado 8 de agosto. El presunto agresor ha confesado la autoría y ha pasado a disposición judicial. La víctima tenía una hija y existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor por parte de la víctima.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han querido expresar de nuevo su más "absoluta condena y rechazo" a estos asesinatos machistas y han trasladado todo su apoyo a las familias y amistades de la víctima.

Habitualmente convulsa, la comarca del Campo de Gibraltar vive estos días con una infrecuente tranquilidad. Sobre el papel, no debería. El 31 de enero, este viernes, es la fecha marcada en rojo para el Brexit, la salida del Reino Unido de la UE, llevándose consigo a Gibraltar, pulmón económico de una de las zonas más deprimidas y socialmente más problemáticas de Andalucía y España. Se trata de un área de 250.000 habitantes cuyo PIB depende en un 25% de la irradiación del Peñón. Unos 10.000 trabajadores españoles cruzan cada día la verja, la mayoría desde La Línea de la Concepción. El impacto del Brexit en la economía andaluza podría suponer entre 500 y 1.200 millones, en función de si acaba siendo una salida con o sin acuerdo, según el plan de contingencia de la Junta de Andalucía. Hay, con los números en la mano, motivos para la inquietud. También si miramos la historia. En la zona pesa el recuerdo del cierre de la verja entre 1969 y 1982, de desastrosas consecuencias, que ha dejado un trauma en la comarca. Y, sin embargo, los mensajes son de tranquilidad. Casi de cierta confianza. La verja seguirá como estaba, habrá un simple cambio de banderas y las partes –España y Reino Unido– se pondrán a negociar los detalles para cuando el divorcio sea ya completo, previsiblemente a final de año. Gibraltar sale de la UE sin el menor dramatismo.

Todas las autoridades coinciden en un mensaje: el primer día después del Brexit se parecerá mucho al último día antes del Brexit. "El 1 de febrero empieza un periodo de transición hasta el 31 de diciembre en el que básicamente no va a cambiar nada la vida cotidiana de los ciudadanos. No habrá absolutamente ningún cambio en la frontera, cuya calidad jurídica sigue siendo la misma. Se reconocen todos los documentos que se reconocían hasta ahora", señala un portavoz del Gobierno de Gibraltar a preguntas de infoLibre. Dicho portavoz añade que el único cambio visible en Gibraltar será la sustitución de la bandera de la UE, que ondea en algunos puntos como la frontera, por la bandera de la Commonwealth. Es curioso: al final, sí que habrá cambio de banderas en Gibraltar... pero no el que habían soñado los defensores de la soberanía española en tierra de yanitos, con la rojigualda azotada por el viento de Levante, sino la anhelada por los valedores del Brexit. Ironías de la política y de la historia, tan comunes en este trozo del mundo.

En la Roca, el Brexit no entusiasma. Se hará porque es obligatorio y punto. En el referéndum de 2016, 19.322 personas votaron por la permanencia, el 95,9%, mientras sólo 823 votaron leave. Cuando el Reino Unido votó por la salida, grandes temores se cernieron sobre el Peñón, un territorio que basa su gran riqueza en un estatus fiscal ventajoso en el seno de la UE, y que se ha resistido como gato panza arriba a las tentativas de España por su recuperación. Tras el referéndum, el debate se centró pronto en la cuestión de la cosoberanía, reclamada formalmente por España, aunque con más o menos intensidad según los gobiernos. Hoy, tres años y medio después de la histórica votación, las aguas bajan mucho más calmadas.

El socialista Josep Borrell, que como ministro de Exteriores bajó varios decibelios la intensidad de la reclamación de cosoberanía que habían abanderado José Manuel García-Margallo y en menor medida Alfonso Dastis –ambos del PP–, firmó con Reino Unido en noviembre de 2018 cuatro memorandos sobre Gibraltar, a su vez emanados del protocolo sobre el Peñón incluido en el acuerdo del Brexit. Los memorandos son sobre derechos, cooperación policial, medio ambiente y tabaco. El más relevante para la comarca es el de derechos, que garantiza sobre el papel las condiciones de los trabajadores del Campo de Gibraltar, incluyendo sus beneficios sociales, que disfrutarán en igualdad de condiciones que los locales conforme al principio de no discriminación. A esto se añadió después, en marzo de 2019, la firma de un "tratado fiscal" entre España y Reino Unido que persigue la eliminación del fraude y el establecimiento de reglas claras para resolver conflictos de residencia fiscal.

"Estos memorandos y el tratado fiscal ya supusieron un paso muy grande en la normalización de las relaciones", señala el Gobierno de Gibraltar, que incluso lanza un mensaje de "optimismo" en cuanto a la posibilidad de que las negociaciones sobre los términos del Brexit terminen con problemas históricos de vecindad entre la Roca y la comarca. Sería una ironía –otra más– que la salida de la UE, al obligar a una negociación tantas veces pospuesta, terminara desenquistando problemas de toda la vida.

¿Ocurrirá? El detalle de todos los acuerdos se discutirá durante el periodo de transición, que durará como mínimo hasta el 31 de diciembre. Ahí se verá la letra pequeña.

El jueves de la pasada semana, España y Reino Unido ya se sentaron a hablar en Madrid. Por la parte española, estuvieron los ministerios de Asuntos Exteriores, Trabajo, Transición Ecológica e Interior, además de la Agencia Tributaria y la Delegación del Gobierno en Andalucía. Participaron también representantes de la Junta de Andalucía y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Por la parte británica, asistieron a la reunión representantes de la Embajada británica en Madrid, del Foreign and Commonwealth Office y de las autoridades gibraltareñas. Es significativa la presencia de funcionarios de la Roca, que no siempre han sido bienvenidos por las autoridades españolas. Hubo hasta ocho, encabezados por el fiscal general, Michael Llamas. El diálogo político en torno a Gibraltar se ha ido destensando desde que el Gobierno logró en noviembre de 2018 la famosa "triple garantía", según la cual la relación del Peñón con la UE debe pasar siempre por España. 

Pragmatismo

Tras la reunión, no ha habido ruido ni críticas. Ni se mencionan los asuntos más peliagudos. La agenda en clave nacional está en segundo plano. Las autoridades se expresan con cautela y cierto optimismo. La primera reunión de detalle tendrá lugar el 26 de febrero en Algeciras –lo cual, por cierto, ha suscitado alguna crítica en La Línea–. Entonces se constituirán los comités encargados de dar cumplimiento a cada uno de los memorandos. El resultado irá evidentemente ligado a las negociaciones entre Reino Unido y la UE, pero el curso que de las negociaciones sobre Gibraltar viene marcado por una disposición constructiva. Y, en cualquier caso, no se pone en duda que la primera fase del Brexit, a partir del 31 de enero, no supondrá ningún trauma. Tras la reunión de la pasada semana en Madrid, el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández (PSOE), trasladó un mensaje de confianza y situó como prioridad "garantizar los derechos y defender los intereses y la prosperidad de los españoles, con especial atención a los vecinos y trabajadores del Campo de Gibraltar". Es el tipo de mensaje tranquilizador entre el colectivo de trabajadores de la Línea, que tiemblan cuando las tensiones diplomáticas dificultan la solución de problemas mundanos.

El Gobierno andaluz de PP y Cs, con matices, sigue un guión parecido. El vicepresidente, Juan Marín (Cs), ha asegurado este lunes que el Brexit no afectará a Andalucía en 2020. "Ya se verá en 2021", añadió. El presidente, Juanma Moreno (PP), también se refiere siempre al Brexit y sus consecuencias en un tono de pragmatismo institucional. Las organizaciones más representativas de de la zona se hacen eco de este clima de relativa calma. "Se nos asegura que no van a cambiar las cosas, que los trabajadores no van a a ver afectadas sus condiciones de entrada. Ahora tendremos que estar pendientes de las negociaciones para que los acuerdos de los memorandos se apliquen, sobre todo en lo más importante, la fluidez en la frontera", explica Lorenzo Periáñez, presidente del Grupo Transfronterizo de Gibraltar, la organización social más representativa de la zona, compuesta por asociaciones de empresarios y sindicatos a un lado y otro de la verja.

La semana pasada, en nombre del Grupo Transfronterizo, el portavoz del sindicato gibraltareño The Union, Michael Netto, ponía tras una reunión con Unidas Podemos palabras a la inquietud de fondo existente: "No queremos un estancamiento político, como hemos visto en el pasado". En el entorno sindical y empresarial se ve con buenos ojos la actitud conciliadora de Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar. El Gobierno gibraltareño trabaja en un proyecto de ley para la plasmación en su territorio del acuerdo de retirada que es respetuoso con los términos establecidos en los memorandos.

De modo que no está previsto que ocurra nada grave el 31. Asoma una especie de prólogo del Brexit, cuyos términos se verán en función de una negociación que tendrá una escala general –Reino Unido-UE– y una escala particular –España-Reino Unido–. Ahí se dirimirá todo. Y esa partida aún no ha comenzado. También está por ver la utilidad de los planes de contingencia diseñados, sin colaboración entre sí, por los Gobiernos de España y Andalucía. En el campo de Gibraltar hay una larga tradición de grandes planes incumplidos.

La parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, y el coordinador provincial de Podemos en Cádiz, José Ignacio García, han condenado enérgicamente el ataque que ha sufrido la sede de Podemos en La Línea este jueves, cuando dentro se encontraba una quincena de militantes celebrando una reunión, incluido un menor que estaba jugando en la ludoteca del local.

En concreto, según informa el partido morado en una nota, los hechos tuvieron lugar poco antes de las ocho de la tarde, cuando escucharon un fuerte impacto provocado por una piedra de enormes dimensiones que varios individuos tiraron contra la cristalera de la fachada, provocado lesiones a dos de las militantes: una, herida por los trozos de cristal y otra, lesionada directamente en el hombro, al recibir también el impacto de la piedra; ésta última ha tenido que acudir al servicio de Urgencias de la localidad.

La piedra con la que atacaron la sede de Podemos en La Línea de la Concepción

De todo lo ocurrido han interpuesto la correspondiente denuncia en la Policía Nacional, donde les han informado que, según varios testigos presenciales consultados, se trata de dos individuos vestidos de negro los que desde una moto han atentado contra la sede de Podemos. Al respecto, Aguilera y García han anunciado que el partido tomará medidas legales, al tiempo que han puesto a disposición de los compañeros los servicios jurídicos de la organización. "No van a amedrentarnos los intolerantes y los que quieren volver a épocas pasadas. Al contrario, vamos a seguir luchando con más fuerza que nunca por una sociedad más justa, más tolerante y sin ningún tipo de violencia", han apostillado.

Susana Díaz ha condenado el "intolerable ataque"

La secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha expresado este viernes su "condena más absoluta" ante el "intolerable ataque". "En democracia no caben estas actitudes", según ha indicado Susana Díaz en su cuenta en Twitter. Asimismo, Susana Díaz expresa todo su apoyo y el de su partido a las dos mujeres que han resultado heridas y los deseos de recuperación.

Las mujeres que trabajan para el Ministerio de Fomento y sus empresas cobran de media 6.700 euros menos al año que sus compañeros varones, una brecha salarial en el sector público que se eleva así al 19%, según ha denunciado este viernes CSIF.

La denuncia parte de un informe del Ministerio de Fomento fechado en abril de 2017 y en el que se analiza la situación de su personal con perspectiva de género, revelando que mientras la media de retribuciones anuales de los hombres es de 35.186 euros, en las mujeres es de 32.072 euros, un 19% menos.

El documento ofrece asimismo un balance de la presencia femenina en los consejos de administración del grupo Fomento, que está por debajo del 30% en todos los casos, con un 18% de media, salvo en Enaire, donde representan el 31%.

Sasemar es la empresa de Fomento que menos presencia femenina tiene en los consejos de administración, con un 12%; en Puertos del Estado son un 16% y en Sepes, el 19%. En Ineco son el 20%, en Adif el 23%, en Aena el 24% y en Renfe, la cuarta parte. No hay ninguna mujer que ocupe la presidencia.

De hecho, cuando se trata de altos cargos, ellas son el 28%, un 33% solo en el Ministerio y en las agencias y organismos autónomos y cae al mencionado 18% en las empresas y entidades. "Sabemos que esto pasa en el resto de ministerios, pero no tenemos datos", ha señalado la responsable de Igualdad en CSIF, Marian Mur.

Según ha explicado, se debe atender a la brecha salarial en términos globales, porque la falta de proyección de las mujeres está muy relacionada con "la falta de corresponsabilidad": solo en Fomento, las mujeres son el 81% de quienes cogen excedencias por cuidado de hijos, brecha que en el conjunto de la administración ascendería al 86%, según el sindicato.

En CSIF reconocen que las cifras de Fomento pueden deberse al hecho de que el grueso de los trabajos que allí se desempeñan tienen que ver con sectores masculinizados, pero Mur advierte de que solo en parte, dado que en espacios como la Administración de Justicia o la Sanidad ya hay una feminización del empleo que no se traslada a los órganos de toma de decisiones.

"Una vez que entras (por oposición), hay otra manera de promocionar que son los puestos de libre designación, y eso no atiende a mérito y capacidad, sino a criterios subjetivos", ha destacado Mur, para incidir en que si bien "lo lógico" sería una feminización progresiva de las cúpulas acorde a la mayor presencia de mujeres en oposiciones a puestos superiores, en algunos ámbitos "cuesta encontrar una mujer".

CSIF no convoca huelga el 8 de marzo

La denuncia de desigualdad retributiva en la Administración pública forma parte de una campaña de actuaciones que ha emprendido CSIF en este sentido de cara al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, cuando por primera vez en la historia hay convocada una huelga y paros parciales en el empleo en reclamación de la igualdad de género real.

Mur ha explicado que si bien el sindicato "respeta" estas convocatorias, no ha llamado a la huelga y su aportación se centrará en esa reclamación contra la brecha salarial en mesas de diálogo, medios de comunicación, fuerzas políticas y los tribunales. "En CSIF acogemos todo tipo de sensibilidades ideológicas", ha comentado.

Mismo trabajo, distinto salario

Precisamente, en materia de justicia, la organización sindical ha dado a conocer la denuncia que han presentado en nombre de dos trabajadoras del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, María Ángeles Torres y Margarita Durán, quienes acompañadas del responsable de Asesoría Jurídica de CSIF, Pedro Poves, han explicado que llevan cerca de cinco años cobrando 290 euros menos al mes que sus compañeros por hacer el mismo trabajo.

Según ha concretado Poves, estas mujeres tenían categoría profesional de limpiadoras cuando en 2013, pasaron a ocupar puestos de peón de sepulturero, sin embargo, no se les aplicaron los pluses que los hombres que venían realizando esa labor en el cementerio de la ciudad estaban cobrando. "Te da coraje que tú tengas que realizar un trabajo igual que ellos y a la hora del pago no te lo den", ha señalado Durán.

Explica que el Ayuntamiento "se agarra" a que los pluses están recogidos en un convenio anterior que a ellas no se les aplicaría. De seis hombres que se encargaban de estas tareas, cuatro se jubilaron cobrando los pluses y los dos que siguen en activo, los perciben. Ellas no. Después de presentar la demanda se incorporaron dos nuevos trabajadores, hombres, a quienes no se abonan tampoco los complementos.

"Obviamente el ayuntamiento no dice 'no os lo pago porque sois mujeres' pero les pasa lo que pasa siempre con la brecha salarial, que el salario base es el mismo (1.040 euros) y los pluses son diferentes", señala el letrado, quien reconoce que "la discriminación indirecta es muy difícil de demostrar porque se trata de aplicaciones normalizadas", en este caso de un convenio, "que acaban perjudicando a las mujeres". El caso está ahora en manos del Juzgado de lo Social de Algeciras.

Varios encapuchados han vuelto a desafiar a las fuerzas de seguridad en Cádiz al robar la madrugada de este lunes, horas antes de la visita a la zona del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, una narcolanchanarcolancha del depósito judicial del municipio gaditano de Conil de la Frontera, informa Europa Press. La investigación abierta se suma a la del 6 de febrero, cuando una veintena de encapuchados liberó a un narco que acababa de ser detenido, en esta ocasión en un hospital de la Línea de la Concepción.

Acompañado del delegado del Gobierno, Antonio Sanz, y de otros altos mandos policiales, el ministro del Interior ha informado de la última operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil contra una banda de narcotraficantes. Ha habido 16 detenciones y se han intervenido cuatro toneladas de hachís, además de una estación de radar, casi 100.000 euros en efectivo, tres escopetas, una pistola, dos embarcaciones neumáticas, dos tractores, once vehículos y dos motos.

Los periodistas, no obstante, se han interesado por el nuevo desafío protagonizado por tres individuos presuntamente relacionados con el narcotráfico que sobre las diez de la noche del domingo asaltaron el depósito situado en la Nacional 340 de Conil para recuperar una narcolancha. Los autores del robo maniataron al vigilante de seguridad quien, pasada la medianoche, alertó de la sustracción del camión en el que estaba cargada la embarcación.

Zoido ha asegurado que ya ha sido localizado este camión relacionado con el robo en dependencias judiciales a punta de pistola. Fuentes policiales han precisado a Europa Press que la embarcación, de 12 metros de eslora y equipada con tres motores de 350 caballos cada uno, aún no ha aparecido ni tampoco han sido detenidos los autores del robo.

Tras recordar que "no es competencia del Gobierno los depósitos judiciales", el ministro ha manifestado que la investigación de la Guardia Civil sigue abierta, añadiendo que "si han sido capaz de localizar el camión en pocas horas, también podrán culminar la investigación". "Impunidad de los narcotraficantes, cero", ha apuntado.

También ha señalado que el Ejecutivo está trabajando para limitar el uso de las denominadas narcolanchas. "Queremos que se cambie la normativa para que no puedan existir esas embarcaciones", ha señalado Zoido, que ha añadido que estas lanchas "no son de recreo por el diseño que tienen y por la motorización con la que vienen equipadas". Su prohibición es una de las medidas que demandan desde hace años los implicados en la lucha contra la droga.

Otro policía herido

También este lunes, la Policía Nacional ha informado de la detención de un hombre en la Línea de la Concepción, el considerado como uno de los puntos más calientes del narcotráfico en Europa, por su presunta implicación en un delito de atentado contra la autoridad. El hombre, que intentaba huir, fue sorprendido alijando 3.500 cajetillas de tabaco de contrabando procedente de Gibraltar y golpeó al policía que finalmente lo detuvo.

Sindicatos y miembros de las fuerzas de seguridad llevan tiempo pidiendo cambios legislativos y que se declare la zona de especial singularidad, lo que implicaría el despliegue permanente de unidades especializadas. Interior tomó esta decisión en junio de 2017 como reacción a la muerte de un agente de la Policía Local de La Línea cuando perseguía de noche a dos contrabandistas de tabaco que viajaban en una motocicleta en las inmediaciones de la frontera de Gibraltar.

Al ser preguntado por el dispositivo policial en el Campo de Gibraltar, deficiente según la opinión de sindicatos, Zoido ha señalado que no quiere "dar ventaja" a las bandas desvelando este tipo de datos. "Debe quedar claro que esta no es una zona que va a estar dominada por los narcotraficantes, esta es una zona donde el Estado de derecho se impone y se va a combatir todo tipo de delincuencia. Van a tener la respuesta del Estado de derecho", ha defendido.

Zoido defendió el dispositivo de seguridad en el Campo de Gibraltar a preguntas de la prensa en el Congreso el 7 de febrero tras el asalto de encapuchados a un hospital para liberar a un narco relacionado con Los Castañas, uno de los clanes que dominan el tráfico de hachís en la zona. Ese día señaló que se revisaban cámaras y que "dentro de poco" habría detenciones, aparte del arrestado en la huida desde servicio de urgencias.

El ministro y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se cruzaron cartas en las que el primero reprochó a la mandataria que, por un "caso excepcional", el vivido en el hospital de la Línea, hablara de que los narcos "campan a sus anchas" en el Estrecho. El titular del Interior ha vuelto a pedir este lunes la implicación de todas las administraciones para, según ha subrayado en su Twitter, hacer frente a un problema en el que influyen el desempleo y aspectos sociales y educativos.

Fin a la impunidad

Según los datos recogidos en su carta, desde enero de 2017 hasta ahora se han incautado más de 183.000 kilos de hachís, se ha detenido a 518 personas y se han intervenido 490 vehículos en el Campo de Gibraltar. Interior ha insistido en esta idea al subrayar que la "eficacia policial" ha conseguido incrementar un 300% las incautaciones de cocaína y un 45% las de hachís.

Los policías y guardias civiles destinados a la zona piden, por su parte, más medios y efectivos para hacer frente a la escalada de tensión ante la constatación de que las bandas de narcos cada vez se enfrentan con mayor virulencia a los agentes encargados de la lucha contra la droga. Casi todas las semanas reportan incidentes con embestidas a los agentes en mar y en tierra.

También reclaman juzgados especializados y sentencias "ejemplares" para poner fin a la sensación de impunidad. Ponen como ejemplo que el clan de Los Castañas ya ha sido varias veces golpeado policialmente sin conseguir su desarticulación o que Abdellah El Haj, un marroquí al que se conoce como Messi, pactó su entrega tras varias operaciones contra su estructura al pagar en noviembre una fianza de 80.000 euros, lo que provocó la indignación de amplios sectores de la Policía y la Guardia Civil.

Este lunes, en la que ha sido su séptima visita al Campo de Gibraltar desde que fue nombrado ministro en noviembre de 2016, Zoido ha multiplicado sus mensajes de apoyo. "Los linenses", ha publicado en su Twitter en referencia a los habitantes de la Línea, "deben saber que jamás van a estar solos y que la Policía y la Guardia Civil van a seguir protegiéndolos". "Los narcotraficantes y quienes les ayudan van a pagar por los delitos cometidos", ha enfatizado antes de concluir: "No hay futuro para ellos".

“El Peñón es nuestra única industria”, se arranca Salvador Molina, presidente de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg). ¿A quién le preocupa la soberanía y los tratados internacionales cuando la tasa de paro supera el 41%?. Aunque no lo cita, Molina alude a un dato: el 12% del PIB del Campo de Gibraltar, formado por siete municipios, lo genera la colonia británica. Lógico, si se tiene en cuenta que los escasos 30.000 habitantes del Peñón –sólo La Línea tiene 70.000– producen riqueza por valor de 1.417 millones de euros al año, según las cifras de 2011 que el Gobierno gibraltareño publica en su página web.

Es decir, la renta per cápita de los llanitos es de 44.966,84 eurosllanitos. A este otro lado de la Verja no supera los 11.822 euros, una de las más bajas de España. El máximo jamás alcanzado por la renta nacional, en 2008, fue de 23.900 euros.

Claro que la interdependencia marca a las dos partes. La web de la Cámara de Comercio de Gibraltar, lo mismo que presume sin complejos de su gran potencia económica tampoco oculta sus debilidades. Y responde con un brutal y escueto “ninguno” en el epígrafe reservado a revelar sus “recursos naturales”. Así que España es, con un volumen de 141,6 millones de euros, el segundo país exportador al Peñón, después de Reino Unido. En concreto, el 22% de lo que se produce en el Campo de Gibraltar lo compran los llanitos, resalta Lorenzo Periáñez, presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de La Línea (Apymell).

Uno de cada seis empleos, en Gibraltar

La Cámara de Comercio de Gibraltar está trabajando ya en la actualización del estudio que en 2009 elaboró un catedrático de la Universidad de Bournemouth (EEUU), John Fletcher, sobre El impacto de la economía de Gibraltar en el Campo de Gibraltar. Ese informe cifraba en 200 millones de euros el valor de los bienes y servicios adquiridos en España por las empresas del Peñón en 2007. Al tiempo, la colonia proporciona trabajo a uno de cada seis trabajadores de la comarca circundante, que ganaron unos 145 millones ese año. Salvador Molina dice que 4.370 españoles trabajan ahora en Gibraltar. En La Línea hay registrados 10.287 parados. En el Peñón, la tasa de desempleo es del 3%.

Así que no sólo las empresas que suministran la arena –GC Ingeniería y Obra Civil, de Vejer de la Frontera– y las rocas –Compañía General de Canteras, de Málaga– a Gibraltar para ganar terreno al mar son españolas. En La Línea y los municipios vecinos viven de sus negocios con la colonia empresas de carpintería metálica y PVC, pequeñas constructoras, empresas de materiales de construcción… El 90% de los proveedores de la hostelería llanita son españoles, recuerda Apymell. Además, el suministro de alimentos frescos procede de España. Da igual que sea para los supermercados Morrisons, la cuarta firma del sector en Reino Unido, como para las cadenas españolas allí instaladas. La cooperativa vasca Eroski aterrizó en diciembre de 2012 y la granadina Covirán cuenta con tres tiendas en la colonia.

Conscientes de la mutua dependencia, tanto el anterior primer ministro, Peter Caruana, como el actual, Fabian Picardo, no han tenido reparo alguno en vender los atractivos fiscales y comerciales gibraltareños a los empresarios de la comarca vecina en las cenas que fueran necesarias. En una de esas reuniones, Caruana cifró en 200 millones de euros el valor de las obras adjudicadas a constructoras españolas por el Ejecutivo del Peñón. Aunque su suerte ha sido dispar.

Grandes constructoras, obras problemáticas

OHL consiguió en 2009 la construcción de la autovía que debía convertirse en la principal conexión entre España y Gibraltar y que incluía un túnel de 350 metros de longitud bajo el aeropuerto. Un contrato de 35,78 millones de euros. Sin embargo, las obras se paralizaron en 2011, cuando la constructora descubrió unas filtraciones contaminantes en las obras del túnel que aumentaban su coste. El Gobierno gibraltareño no aceptó el nuevo presupuesto y rescindió el contrato a la española. OHL terminó denunciando en los tribunales británicos al Ejecutivo de la colonia, al que reclamaba 32 millones de euros. Tras volver a licitar la obra, el Gobierno de Picardo cree que no estará lista hasta 2015.

Dragados, del grupo ACS, fue la encargada de construir la nueva terminal del polémico aeropuerto del Peñón, presupuestado en 59 millones de euros. Adjudicadas en julio de 2008, las obras deberían haberse terminado en abril de 2010 pero, tras acumular año y medio de retraso, las instalaciones no comenzaron a operar hasta noviembre de 2011 y no fueron inauguradas oficialmente, por el príncipe Eduardo, hasta junio de 2012.

El grupo donostiarra Bruesa también fue contratado por el Gobierno de Gibraltar, en su caso para construir 400 viviendas por 58 millones de euros. En febrero de 2010 la empresa presentó concurso de acreedores y echó parte de la culpa de su mala situación económica a la falta de acuerdo con el Ejecutivo del Peñón para cerrar la obra mediante un arbitraje. Los trabajadores dejaron de cobrar y la obra fue paralizada. La terminó la constructora pública gibraltareña, Gibraltar Joinery Building Services (GJBS). El pasado mes de marzo, el juez levantó el concurso.

Gibraltar carece de red eléctrica, por lo que depende de grupos electrógenos para producir energía. La murciana Himoinsa le ha suministrado cuatro de estos grupos a Gibelec, la eléctrica pública del Peñón para reforzar su planta de generación.

Sin problemas para hacer 'bunkering'

Son sólo unos ejemplos. En la Cámara de Comercio gibraltareña se han integrado también firmas españolas como la petrolera Cepsa, que vende el 31% del combustible utilizado para el repostaje flotante o bunkering en la bahía de Algeciras, y la consignataria de buques Marítima del Estrecho, en el Peñón desde 1986.

Al otro de la Verja, las pequeñas y medianas empresas de la Línea de la Concepción aún no se han parado a sumar las pérdidas que el penúltimo conflicto sobre Gibraltar les está ocasionando. Los pescadores sí: 1,5 millones de euros. Por eso, Apymell pide para la comarca “un régimen fiscal especial, que atraiga a empresas y al capital”. La Línea, zona franca.

La tasa de 50 euros que baraja aplicar el actual Gobierno para entrar y salir de Gibraltar no supone una novedad puesto que en 2010, el entonces alcalde del PP en La Línea de la Concepción (Cádiz), Alejandro Sánchez, ya planteó dicha posibilidad e incluso llegaron a iniciarse las obras para reordenar el tráfico de acceso a la aduana y aplicar una "tasa de descongestión" para el tráfico rodado que no superaba los cinco euros.

Según la información recopilada por Europa Press, en noviembre de ese año se vivió una situación similar a la actual en la comarca del Campo de Gibraltar, cuando Sánchez inició los trámites para cobrar esta tasa e incluso llegó a colocarse un bordillo en las inmediaciones de la frontera que ocasionó más de un episodio de tensión en la Verja. Finalmente no fue posible su puesta en marcha tras ser suspendida por un juzgado de Algeciras (Cádiz) a raíz de un recurso de la Abogacía del Estado promovido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La iniciativa del alcalde linense, que encontró la oposición frontal del PSOE desde el primer momento, fue avalada incluso por el entonces vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP y presidente del PP-A, Javier Arenas, que consideraba que el regidor gaditano había tomado esta decisión en defensa de los intereses del municipio.

Críticas a Zapatero

Además, Arenas pedía al entonces presidente Zapatero, y al ministro de Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, que interviniese ante la situación del tráfico en La Línea y el resto del Campo de Gibraltar; insistiendo en sus críticas a Zapatero por haber realizado "muchas cesiones" al Peñón y no haber dedicado "ni un minuto" al Campo de Gibraltar. De igual modo, el dirigente conservador reclamaba al Gobierno central que repusiese el Estatuto Económico Especial de La Línea.

Pocos meses después, en septiembre de ese mismo año, un juzgado de Algeciras suspendía cautelarmente la instalación por parte del Ayuntamiento linense de dos señales de tráfico que prohibían el giro de vehículos desde el municipio hacia Gibraltar, después de que la Abogacía del Estado presentase un recurso contencioso-administrativo contra la instalación de esas dos señales de tráfico, al considerar que la preparación del peaje suponía una "aduana interior" de "origen medieval".