Los distintos grupos parlamentarios del Congreso han rechazado este martes la toma en consideración de una proposición de ley de Vox para, entre otras cosas, ilegalizar a los partidos independentistas. También el PP ha avanzado su voto en contra porque, en palabras de su diputado Manuel Cobo, "ilegalizar" a estas formaciones por "el mero hecho de serlo" va en contra de la Constitución y de la doctrina del Tribunal Constitucional.

El diputado de Vox Carlos Flores Juberías ha sido el encargado de defender una iniciativa que también persigue castigar el uso de símbolos separatistas, prohibir los referendos con fines contrarios a la unidad del país, recuperar el delito de sedición y aumentar el castigo por contactos con potencias extranjeras para dañar a España.

Las formaciones independentistas han coincidido en recalcar a Vox que ya ha quedado demostrado que las ilegalizaciones de partidos, lejos de acabar con sus votantes, provocan justo el efecto contrario.

En este contexto, la diputada de EH Bildu Marije Fullaondo, que fue dirigente de la ilegalizada Batasuna, ha puesto como ejemplo lo que pasó con su organización: "Nunca podrán hacer desaparecer el independentismo. Las ideas y los sentimientos no se pueden encarcelar. Intentaron acabar con nosotros, nos ilegalizaron, nos golpearon y caímos, pero nos levantamos, salimos reforzados y no hemos dejado de crecer", ha enfatizado.

En la misma línea se ha expresado Francesc-Marc Álvaro, de ERC, quien ha afeado a Vox que defienda "ocurrencias" para volver a "un mundo anterior a la Transición" y ha deslizado que, de aprobarse la iniciativa, quizá sus "primeras víctimas" serían los miembros de la formación de Santiago Abascal. "La gente vota, no se nos puede eliminar del mapa no se nos puede destruir con una ley", ha apostillado.

"Esto es un dejà vu", se ha quejado, por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ha resumido la posición de su grupo ante la propuesta de Vox con un "no rotundo". Ningún diputado de Junts ha intervenido en el debate.

Tanto desde Sumar como desde el PSOE y el PP han recriminado a Vox que plantee un texto contrario al espíritu de la Constitución y la jurisprudencia constitucional porque, entre otras cosas, su aplicación acabaría con el pluralismo político. También le han echado en cara que haga una "lectura interesada" de la Carta Magna obviando aquellos aspectos que no le agradan.

"No hay cárceles para todo lo que no les gusta, al menos en democracia", ha comentado la portavoz adjunta de Sumar, Aína Vidal, para quien el "concepto de nación" de Vox, "pasa por encima del Derecho". "Para ustedes la nación es su fe y su cartera", ha remachado.

"Su idea de España es monolítica, la imagen que tienen debe ser una concentración en la Plaza de Oriente y se olvidan de los españoles", ha dicho el socialista Alejandro Soler, quien ha coincido con Cobo en reprochar a Vox que se quede sólo con la "unidad de España" que consagra el mientras obvia "el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Aunque ha reconocido que el PP sí comparte con Vox "el fondo" de propuestas como la de recuperar los delitos de sedición y malversación y de convocatoria de referendos ilegales, Cobo ha avanzado su voto en contra de la iniciativa.

"Es lo que ustedes quieren para seguir diciendo que sólo ustedes defienden la nación española", ha deslizado, dejado claro también su rechazo a que se pene con castigos mayores "a los españoles nacionalizados que a los de origen".

Asimismo, semanas después de que el PP planteara en su texto alternativo a la Ley de Amnistía promover la disolución de partidos que promuevan referendos ilegales o declaraciones de independencia, Cobo ha recordado a Vox que "ilegalizar a los partidos independentistas por el mero hecho de serlo, va en contra de la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional".

Por otra parte, el diputado socialista también ha aprovechado para reprochar al PP que ya "no vea delitos de terrorismo donde antes los veían" ni aprecien ahora "problemas en los indultos o la amnistía", pese a haber sacado gente a la calle para defender "exactamente lo contrario".

Cobo ha replicado haciendo referencia al hundimiento del PSOE en las elecciones gallegas. "Pedro Sánchez ha destrozado el suelo del PSOE pero todavía le quedan plantas hacia abajo, hasta llegar donde la señora (Yolanda) Díaz, ilustre gallega, que ha pasado de la marea al subsuelo. A los dos partidos del Gobierno, los gallegos les han dicho, quizá les suene la frase, colorín colorado", ha soltado.

El salto de viejos miembros de ETA a la primera línea política sacude con fuerza el arranque de la campaña para las elecciones del próximo 28 de mayo. La presencia en las listas de EH Bildu de más de cuatro decenas de antiguos integrantes de la banda terrorista, siete de ellos condenados por delitos de sangre, ha terminado por convertirse en el principal tema de discusión durante el primer fin de semana de este esprín final hasta la cita con las urnas. Y ha permitido tanto al PP como a la ultraderecha de Vox volver a plantear la posible ilegalización de la formación abertzale.

Un movimiento que, sin embargo, los juristas consultados por infoLibre no ven posible. No tanto por el hecho de que haya pasado más de una década desde que ETA anunciase el fin de la actividad armada y más de un lustro desde su disolución, sino más bien porque la inclusión de condenados por terrorismo en las listas electorales sólo puede ser tenido en cuenta en un proceso de ilegalización cuando se trata de una conducta que se produce "regularmente". Al fin y al cabo, según resaltó el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2003, este precepto de la Ley de Partidos Políticos se sostiene sobre la "idea de comportamientos dilatados en el tiempo y en línea de continuidad".

La Ley del Régimen Electoral General, que es la que regula los procesos electorales, establece en su artículo 6.2 que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, "por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado" cuando el fallo estableciese "pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público". En este sentido, Dignidad y Justicia ha pedido a la Fiscalía que compruebe si ya están liquidadas las penas de inhabilitación de todos estos exmiembros de ETA. Siete de ellos, los condenados por delitos de sangre, ya han anunciado que no tomarán su cargo de concejal si salen elegidos.

La Ley de Partidos Políticos, una norma impulsada en 2002 y vendida entonces como uno de los pasos "más importantes" en la lucha contra el terrorismo, es la que se encarga de establecer los requisitos para la ilegalización de una formación. Lo hace, en concreto, en su artículo noveno. Este precepto resalta que un partido puede ser eliminado cuando "su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático" a través de distintas conductas "realizadas de forma reiterada y grave".

De igual manera, se entiende que una formación puede ser ilegalizada "cuando se produzca la repetición o acumulación" de diferentes comportamientos. Uno de ellos es "dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo", ya sea legitimando las acciones terroristas o "exculpando y minimizando su significado". Otro, incluir de forma regular "en sus órganos directivos o en sus listas electorales" a "personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas" o que "un amplio número de sus afiliados" tengan una "doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento".

Sólo el Gobierno y el Ministerio Fiscal están legitimados para "instar la declaración de ilegalidad" y su consecuente disolución. No obstante, la Ley de Partidos también contempla la posibilidad de que sea el Congreso de los Diputados o el Senado quienes pidan que se inicie ese proceso, quedando entonces el Ejecutivo obligado a formalizar la correspondiente "solicitud de ilegalización".

La acción se inicia a través de una demanda presentada ante la Sala del 61 del Supremo –compuesta por el presidente del Alto Tribunal, los presidentes de Sala y el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas–, que debe ir acompañada de todos aquellos documentos "que acrediten la concurrencia de los motivos de ilegalidad". Si se decreta la disolución, la sentencia "será ejecutiva desde el momento de su notificación" y la Sala ordenará la cancelación de la "inscripción registral" del partido. Y si se desestima la demanda, ésta solo puede "volver a reiterarse" en caso de que se presenten ante el Supremo "nuevos elementos de hecho, suficientes para realizar valoraciones sobre la actividad ilegal de un partido diferentes a las ya contenidas en la sentencia".

Los expertos consultados por infoLibre no ven posible la ilegalización de EH Bildu en base a la incorporación de decenas de exmiembros de ETA en sus listas electorales para el 28M. Básicamente, explican, porque la Ley de Partidos deja claro que esta conducta tiene que darse "regularmente". "Que se haga una vez no es suficiente", apuntan los distintos constitucionalistas pulsados. Esto es algo que también resaltó el Tribunal Constitucional cuando avaló la norma impulsada por el Ejecutivo de José María Aznar. En la sentencia, que desestimaba el recurso del Gobierno vasco contra la Ley de Partidos, los magistrados señalaron que el precepto en cuestión se sostiene sobre la "idea de comportamientos dilatados en el tiempo y en línea de continuidad".

Aquel fallo del Constitucional delimita, por tanto, el terreno de juego alrededor del artículo que fija la inclusión de personas condenadas por terrorismo como comportamiento susceptible de precipitar la ilegalización de un partido. Así, deja claro que esta referencia "ha de entenderse que alcanza sólo a aquellos condenados que no hayan obtenido su rehabilitación". Y también que "la previsión de que esa circunstancias sólo pueda valorarse" si los penados no han "rechazado públicamente los fines y los medios terroristas" no puede "interpretarse como la obligación de realizar una retractación de sus actividades pasadas". "El precepto solo tiene proyección hacia el futuro", explicaban los magistrados.

Pero hay más. "Ha de afirmarse también que la realización del supuesto debe comportar una actuación instrumental que sirva a la realización de alguna o algunas de las conductas descritas en el artículo 9.2", continuaba la sentencia. ¿Y cuáles son esas? Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, fomentar o legitimar la violencia para la consecución de objetivos políticos o apoyar la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública. Conductas pensadas para un contexto terrorista que ya no existe y de las que EH Bildu ha tratado siempre de mantenerse alejado.

No es la primera vez que la formación abertzale se encuentra bajo la lupa antes de una cita con las urnas. Ya ocurrió en 2011, nada más echar a andar. Entonces, tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como la Fiscalía impugnaron todas las listas de EH Bildu de cara a las elecciones autonómicas y municipales. La Sala del 61 del Tribunal Supremo tumbó, por nueve votos a seis, las 258 candidaturas al entender que EH Bildu no era más que "un cauce simulado y fraudulento" para "soslayar la ilegalización judicial del brazo político de la banda terrorista ETA" y así permitir "el acceso de Batasuna/ETA a las instituciones representativas". Lo hizo apoyándose en comunicaciones intervenidas e informes policiales.

Pero aquella decisión fue tumbada en apenas unas horas por un Tribunal Constitucional también dividido. En su sentencia, el máximo intérprete de la Ley Fundamental consideró que no existían elementos de prueba suficientes como para sostener esas afirmaciones. "A diferencia de lo sucedido en supuestos similares anteriores, en este caso no existen elementos que acrediten la existencia de vínculos personales, de orden financiero o de apoyo material entre ETA y el partido ilegalizado Batasuna y la coalición aquí recurrente, lo que fue relevante en aquellos casos", recogía el fallo. Y completaba: "La simple sospecha no puede constituirse en argumento jurídicamente aceptable para excluir a nadie del pleno ejercicio de su derecho fundamental de participación política".

Aquella fue la segunda vez que el Constitucional tumbaba una decisión de la Sala del 61 del Supremo. La primera fue en 2009, cuando permitió que Iniciativa Internacionalista se presentase a las elecciones europeas. Entonces, los magistrados también entendieron que los indicios sobre los que se había apoyado la anulación por parte del Alto Tribunal de la candidatura tenían "insuficiente entidad probatoria". En concreto, la Sala especial del Supremo consideró que Iniciativa Internacionalista estaba "infiltrada" por ETA-Batasuna basándose en los vínculos que tenía su cabeza de lista con HB, EH y ANV y en el hecho de que cargos de este último partido hubieran avalado la lista.

Hasta entonces, las decisiones del Alto Tribunal en esta materia habían sido avaladas por el Constitucional. Ocurrió con la prohibición de candidaturas como Herritarren Zerrenda, Aukera Guztiak, Democracia 3 Millones o Askatasuna. O con la ilegalización Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna o Acción Nacionalista Vasca. Estas últimas decisiones, todas ellas tomadas en un contexto en el que la banda terrorista seguía en activo, también recibieron el beneplácito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). "[Las formaciones incurrieron] en una pluralidad de actos y de comportamientos, graves y reiterados, que concluyeron en un compromiso con el terror y contra la coexistencia organizada en el marco de un Estado democrático", resaltó Estrasburgo en su sentencia relativa a Batasuna.

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha precisado este viernes que su formación no propone "ilegalizar los partidos independentistas" tras la proposición no de ley (PNL) aprobada por Vox, PP y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid para que se ilegalice a "los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación".

Para Villegas "la moción del texto", la PNL, "no es lo más exacto" porque, según ha explicado, "no se sabe qué es eso de que atenten contra la unidad de España jurídicamente". En unas declaraciones que marcan una distancia con lo aprobado este jueves en la Asamblea de Madrid.

Así se ha pronunciado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha recalcado que Ciudadanos no pide la ilegalización de partidos como JxCat o ERC. "Lo que pedimos es que los partidos nacionalistas no decidan con un 1% de los votos", ha reiterado y ha explicado su medida para que el corte para entrar en el Congreso sea del 3% del voto.

La PNL contó con el rechazo de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU. A través de esta propuesta, Vox, PP y Cs también instan a la Unión Europea a que "inscriba a los denominados como CDR (Comité para la Defensa de la República) en la lista de organizaciones criminales y terroristas".

"Esta PNL lo que solicita es que no se destine dinero público para los partidos que ejercen la violencia como las CUP o Arran", ha alegado Villegas, insistiendo en que "están atacando físicamente sedes y concejales" de su partido.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha descartado que desde el Gobierno se vaya a impulsar ningún proceso de ilegalización de partidos independentistas, poniendo en valor que "la grandeza de la democracia" es que da cabida a este tipo de formaciones "siempre que sea respetando las normas de convivencia".

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los asistentes a un encuentro informativo organizado por el diario La Tribuna, donde ha considerado además que la "normalidad estatutaria" ha quedado restablecida en Cataluña, según informa Europa Press.

En su opinión, al analizar lo ocurrido en Cataluña en los últimos meses hay que dejar claro que "se ha producido un intento de unos pocos de arrebatar a la mayoría la certeza que da el Estado de Derecho para dejarla a la intemperie de la arbitrariedad". Y todo ello, según ha dicho, "vulnerando la Constitución, el Estatuto de Autonomía, desobedeciendo al Tribunal Constitucional e incumpliendo las sentencias de los tribunales".

Para Catalá, "el peor negativo de la foto actual es que se han ido 2.700 empresas de Cataluña y han caído las ventas, el negocio hotelero y las inversiones". "No será fácil que vuelvan las empresas, sobre todo si algunos siguen con discursos tóxicos de equidistancia populista sólo reconocidos por la ultraderecha xenófoba europea", ha añadido.

Espera un gobierno "constitucionalista"

Sobre el proceso electoral en Cataluña, se ha mostrado confiado en que de las urnas salga un resultado que "posibilite un Gobierno que de manera lógica defienda la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la seguridad jurídica".

"Hay que confiar en eso. Me quedo con que al final el Estado de Derecho ha prevalecido, y la seguridad jurídica está vigente hoy en Cataluña", ha asegurado.

Lo que toca ahora, según el ministro, es "trabajar para que Cataluña "vuelva a ser lo que tantos años ha sido: una tierra próspera, competitiva, solidaria e integradora".

El magistrado en excedencia y diputado de Podemos Juan Pedro Yllanes sugirió este jueves la posibilidad de promover la ilegalización del PP en la Comunidad Valencia por estar siendo investigado por asociación criminal.

En rueda de prensa en el Congreso, Yllanes apuntó que habría que plantearse "seriamente" si sería de recibo aplicar el artículo 10 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que establece que cuando un partido es investigado por asociación criminal se pudiese tomar medidas para "hacerlo desaparecer".

"Vamos a ver cómo se sale de esa situación, pero estamos hablando de cosas muy serias que deben tener una respuesta administrativa a través de la Ley de Partidos", subrayó el parlamentario de la formación morada.

Compromís ya lo pidió

El pasado 4 de febrero Compromís ya registró ante la Fiscalía Anticorrupción una solicitud para que promueva la declaración del PP como organización ilícita y su ilegalización por incumplimiento de la Ley de Partidos Políticos, al entender que los casos de corrupción que le afectan "no son aislados", sino que responden a una forma de actuar organizada.

Además, la formación valenciana, que concurrió en coalición con Podemos a las generales, solicitó al Ministerio Público que tomara medidas cautelares para "evitar" que el PP "siga delinquiendo" y pueda obstruir la acción de la Justicia, algo que puede ocurrir como, a su juicio, lo demuestra el borrado de los discos duros de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas.

Durante su comparecencia, Yllanes criticó en concreto que el PP haya decidido "blindar" a la exalcaldesa valenciana Rita Barberá en el Senado pese a que sus concejales están siendo investigados por corrupción.

"Predicar y dar trigo"

El parlamentario de Podemos pidió al partido de Mariano Rajoy de deje de "predicar y dar trigo" porque, a su juicio, no se puede pedir a Barberá que "dé un paso atrás", por un lado, y se le "pase la mano por la espalda", por otro, para que siga como aforada en caso de que hubiera que convocar nuevas elecciones.

En este punto, cuestionó que los diputados y senadores quieran mantenerse como aforados y, por tanto, que sólo puedan ser juzgados por el Tribunal Supremo. A su juicio, supone un motivo de preocupación sobre el funcionamiento de este órgano que se vea el aforamiento como "una garantía" de que a los afectados "no va a pasarles nada".

El ministro de Orden Público ha sugerido a la coalición de Gobierno griega que modifique la legislación vigente para poder definir a Amanecer Dorado como organización criminal, después de que un simpatizante de la formación de extrema derecha fuera detenido por apuñalar a un conocido rapero vinculado a la izquierda en el sur de Atenas, según informa el diario griego Kathimerini en su página web.

El primer ministro, Antonis Samaras, y el líder del Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), Evangelos Venizelos, se han reunido para decidir qué medida tomar para frenar la actividad de Amanecer Dorado. Ambos han acordado utilizar todo poder legal previsto en el Código Penal para controlar al partido y combatir su imagen de "fuerza antisistema", según fuentes cercanas al Gobierno. No obstante, en la Constitución griega no existe ninguna ley que permita la prohibición de partidos políticos, por lo que el ministro de Orden Público, Nikos Dendias, ha sugerido que el Gobierno modifique la legislación sobre la definición de "bandas criminales", para permitir a las autoridades frenar al partido de extrema derecha.

Venizelos ha dado un primer paso tras afirmar que "Amanecer Dorado utiliza la violencia como herramienta principal" y ha asegurado que debe "ser tratada como una organización criminal". "Ahora, [la formación neonazi] ha pasado un límite. El Estado debe intervenir", ha añadido el líder del PASOK. 

Pavlos Fyssas, un rapero de ideología izquierdista conocido como Killah P., murió poco tras recibir una puñalada durante la noche del martes, después de que medio centenar de neonazis simpatizantes de Amanecer Dorado lo persiguieran al salir de una cafetería donde se encontraba con sus amigos viendo un partido de fútbol. La Policía griega ha detenido al supuesto agresor, un hombre de 45 años, que ha admitido ser seguidor de la ideología de la formación neonazi así como haber sido el autor de la muerte Killah P.

Durante el miércoles, numerosos ciudadanos se han manifestado en el barrio de Amfiali, en el sur de Atenas, donde el rapero fue asesinado. Durante las protestas, que acabaron con varios enfrentamientos con la Policía, al menos 23 personas fueron detenidas.

Condena tanto al asesinato como a los métodos del partido

Todas las formaciones políticas del país han condenado no sólo el asesinato del rapero, sino toda la violencia que habitualmente ejerce el partido Amanecer Dorado en el país. Syriza, el principal partido de la oposición, ha asegurado que este incidente ha sido "el culmen de la acción criminal de los neonazis del país", y ha pedido que los responsables sean castigados de forma ejemplar, según ha informado la agencia de noticias griega AMNA.

La formación de izquierdas ha recordado que es necesario conocer "quién está armando las manos asesinas de los seguidores de la extrema derecha". PASOK por su parte, ha definido a Amanecer Dorado como "una organización criminal". "Amanecer Dorado debe ser visto como lo que realmente es: una organización criminal dirigida contra la vida de los ciudadanos griegos y de los inmigrantes", ha asegurado su secretario general.

Por su parte, Griegos Independientes –un partido conservador con 18 escaños en el Parlamento– ha propuesto el establecimiento de un "frente democrático patriótico" contra lo que han denominado "la alianza negra". En el mismo sentido, Izquierda Democrática –que junto al PASOK y Nueva Democracia conforma la coalición gobernante en el país– ha asegurado que Amanecer Dorado debe ser "institucionalmente asfixiado". El partido ha afirmado que un incidente como el de la muerte de Killah P. era de esperar, y ha recordado la importancia de de llevar al Parlamento una legislación antirracista para hacer frente a Amanecer Dorado.

El debate alcanza Europa

El asesinato del ciudadano heleno y el aumento de la tensión en Grecia han supuesto un motivo de debate en el Parlamento Europeo. El líder de los socialistas europeos, el austriaco Hannes Swoboda, ha sugerido que Grecia debería plantearse no tomar el cargo de la presidencia de la Unión Europea que, por rotación, le correspondería tomar en enero de 2014.

"Es crucial que el Gobierno y el Parlamento helenos tengan conclusiones y propuestas claras y sólidas para detener estos ataques extremistas tan violentos, entre los que se incluye la posibilidad de prohibir el partido", ha asegurado Swoboda. "Si el Gobierno griego y el primer ministro Samaras no consiguen detener el comportamiento basado en el odio de Amanecer Dorado y otros grupos fascistas, sería inaceptable su presidencia, ya que no supondría ningún progreso ni para Europa, ni para Grecia", ha añadido.