La Sección Décima de la Audiencia de Barcelona ha acordado este miércoles permitir que los exdirigentes del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull salgan de la cárcel con fianzas de 400.000 y 100.000 euros respectivamente, ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC).

El TSJC ha estimado parcialmente el recurso de súplica presentado por las defensas contra el ingreso en prisión decretrado tras la sentencia condenatoria del caso Palau.

Los magistrados imponen el pago de las fianzas porque consideran que "sigue existiendo un riesgo de fuga dada la elevada condena impuesta".

La Sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha considerado probado que CDC cobró 6,6 millones de euros en comisiones irregulares a través del Palau de la Música Catalana que Ferrovial pagaba en concepto de patrocinios pero que llegaban al partido a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El tribunal condena por estos hechos al extesorero de CDC Daniel Osàcar a 4 años y cinco meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, según la sentencia hecha pública este lunes. La sentencia llega ocho años y medio después de que los Mossos d'Esquadra irrumpieran por primera vez en el Palau de la Música y tras un juicio que ha durado cuatro meses y medio con 16 acusados y una cincuentena de sesiones.

La Audiencia de Barcelona ha condenado también al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet a 9 años y ocho meses de prisión y a su mano derecha, Jordi Montull, a siete años y medio de prisión por el saqueo de la entidad musical.

Según el fallo de la sentencia hecho público este lunes, la exdirectora financiera e hija de Jordi Montull, Gemma Montull, ha sido condenada a 4 años y medio de prisión, después de que los tres alcanzaran un pacto con la Fiscalía a cambio de su confesión.

La sentencia ha sido redactada por el ponente Julio Hernández, después de que el caso fuera enjuiciado por el tribunal de la Sección 10, presidido por la magistrada Montserrat Comas, junto a José Antonio Lagares y el propio Hernández. El fallo se ha hecho público siete meses después de concluir el juicio en el que Félix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull reconocieron el expolio de la institución musical y el cobro de comisiones por parte de CDC a través de un patrocinio de Ferrovial al Palau, y tras haber alcanzado un pacto con la Fiscalía.

Según la sentencia, desde principios de 1999 hasta julio de 2009, el total de las comisiones satisfechas por Ferrovial a CDC ascendió como mínimo a 6,6 millones de euros y al expresidente del Palau Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, de 3,5 millones.

Decomisos

Por eso, la Audiencia acuerda decomisar las ganancias obtenidas por CDC, por Millet y por Montull con este tráfico de influencias: 6.676.105,58 euros el primero, 2.804.716,29 euros el segundo y 701.179,07 el tercero. Sin embargo, absuelve a los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elízaga de un delito societario de administración desleal y tráfico de influencias, al haber prescrito todos los delitos.

La sentencia considera probado que Millet, Montull y su hija Gemma Montull montaron un entramado a través del Palau de la Música que permitió la destinación ilegal de más de 23 millones de euros que sirvieron para beneficio particular de los responsables del Palau y el pago de comisiones a CDC y hubo además el correspondiente fraude a Hacienda.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Millet y Montull, desde diciembre de 2003, con la contribución de Gemma Montull, "pusieron en práctica una estrategia encaminada a disponer, ilícitamente, de cuantiosos fondos de la Asociación, la Fundación y el Consorcio (del Palau) para aplicarlos bien a gastos particulares de ellos o sus familias, bien a fines desconocidos".

Considera que una de las acciones a través de las que Millet y Montull buscaron y obtuvieron un enriquecimiento personal a costa de los fondos de la Asociación y la Fundación fue mediar para establecer un sistema por el que la sociedad Ferrovial, mediante el pago de comisiones a CDC, "obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en Catalunya".

Así, los dos principales acusados pactaron con el ya fallecido extesorero de CDC Carles Torrent —"sin excluir la participación de otras personas de esta formación que no han podido ser completamente identificadas o de quien su responsabilidad penal ha sido declarada prescrita"— que desde Ferrovial se entregaría dinero a CDC a cambio de que garantizara la adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública anual.

Este entramado de pago de comisiones de obra pública, Millet y Montull contribuyeron a su creación, y después, con la llegada de Gemma Montull como directora financiera, a su "desarrollo, perfeccionamiento y mantenimiento", poniendo a disposición de los exdirectivos de Ferrovial y de miembros de CDC toda la estructura económica del Palau.

Así —prosigue la sentencia— pudieron "ocultar el pago y cobro", respectivamente, de las comisiones, bajo la forma de patrocinio y convenios de colaboración, y pago de facturas por servicios no prestados para el Palau.

Comisiones del 4%

Según la Audiencia, la comisión que desde Ferrovial y CDC se pactó que pagaría la empresa a cambio de obra pública fue del 4% del importe del total de las adjudicaciones y se repartía del siguiente modo: 2,5% para el partido y 1,5% para Millet y Montull (y los dos responsables del Palau a su vez se lo repartían en un 80% para el primero y 20% para el segundo).

Todos estos detalles fueron confesados en el juicio que tuvo lugar entre marzo y junio por los propios Millet y Montull, que alcanzaron un pacto con Fiscalía para rebajar las penas, muy especialmente para Gemma Montull, para quien la Fiscalía pedía dos años de prisión y que finalmente ha sido condenada a cuatro años y seis meses, con lo que puede finalmente ingresar en prisión.

Además, la sentencia afirma que este "acuerdo criminal" se mantuvo ininterrumpidamente de 1999 a 2009, hasta que en julio de 2009 los Mossos d'Esquadra irrumpieron en el Palau de la Música.

Añade que las comisiones ilícitas pactadas por Pedro Buenaventura y Juan Elízaga, con Millet, Montull, Daniel Osàcar y —antes que él—  Carles Torrent, con destinación a CDC se hacían llegar a la formación política de forma "enmascarada", sirviéndose de la estructura jurídico financiera del Palau.

Félix Millet

A Félix Millet se le condena a 9 años y ocho meses de prisión por un delito continuado de malversación y apropiación indebida, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento mercantil y falsedad contable, además de delito continuado por tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Habiéndosele aplicado "atenuantes de confesión, disminución del daño y dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento", se condena a Millet a una multa total de 4,1 millones de euros por blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

También se le condena a abonar al Consorci del Palau, conjunta y solidariamente con Jordi Muntull, un total de 3,5 millones de euros, y 6,3 más a la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música. Además, deberán abonar ambos 6,1 millones a la Associació Orfeó Català, y un máximo de 1,5 millones por la compra-venta del local Sant Pere Més Alt.

Otros abonos a los que se les condena son 192.766 euros por gastos de viajes particulares y 6 millones sustraídos del Palau y del Orfeó.

Jordi Montull

Además de las condenas económicas compartidas con Millet, a Jordi Montull se le condena a 7 años y medio de cárcel por malversación de caudales públicos, falsedad documental y contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

También se le condena a una multa de 3 millones de euros por blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

Gemma Montull

A Gemma Montull se la condena a 4 años y medio y 22 días de prisión, y a 2,6 millones de multa por un delito continuado de malversación de caudales públicos y apropiación indebida en concurso medial cometido por funcionario público y un delito de falsedad contable; otro continuado de tráfico de influencias, y otro de blanqueo de capitales.

El fallo considera probado que Millet, Montull y su hija desviaron "cantidades millonarias" para fines privados como obras en domicilios particulares, viajes privados, financiación de bodas y compra de bienes.

Los tres llegaron a un pacto con la Fiscalía para confesar a cambio de reducir sus penas y, de hecho, el fiscal pedía para Gemma Montull dos años de cárcel: finalmente se la ha condenado a cuatro y medio, una pena que, de confirmarse, no permite evitar el ingreso en prisión.

El tribunal, en cambio, absuelve a la exdirectora general del Palau Rosa Garicano de todas las acusaciones de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y apropiación indebida.

"Enriquecimiento injusto"

El relato de los hechos probados recoge que Millet y Montull "hicieron frente a importantes gastos particulares, provocándose un enriquecimiento injusto" con fondos de la Fundació, la Associació y el Consorci del Palau.

Entre estos gastos están, por ejemplo, las bodas de las hijas de Millet en 2000 y 2002: "El total de fondos de la Fundació indebidamente destinados a sufragar los ostentosos enlaces de las hijas de Félix Millet ascendió a 164.269,93 euros", afirma el tribunal en su resolución.

Y añade que Millet y Montull también gastaron 780.000 euros en viajes privados y más de un millón de euros en obras en viviendas particulares.

Además, 3,7 millones de euros se entregaron a terceros en pago de adjudicaciones de obra pública en los que mediaron ambos condenados: por esa mediación, "Millet y Montull percibieron comisiones por un importe total de 3,4 millones de euros, que se repartieron al 80-20% y que obtuvieron en su práctica totalidad mediante el cobro de cheques".

Seis millones en paradero desconocido

La cantidad de fondos en efectivo que ambos sacaron de las cuentas del Palau entre 2002 y 2009 para fines ajenos asciende a 14,3 millones de euros, de los que "al menos siete los hizo suyos Félix Millet, incorporándolos a su patrimonio", y 1,3 más fueron para Montull.

Se desconoce el destino final del resto de fondos, cuya suma asciende a 6 millones, según la sentencia, que apunta que Millet y Montull mediaron "para el establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de un sistema por el cual la sociedad Ferrovial, mediante pago de comisiones a CDC, obtenía la adjudicación de determinados concursos" públicos.

Un inspector especializado en blanqueo de capitales y corrupción ha confirmado en el juicio del caso Palau el modus operandi a través del que CDC recibía fondos de la constructora Ferrovial que se camuflaban a través de la institución cultural.

En su comparecencia –en doble condición de perito y testigo–, ha corroborado el informe que realizó durante la investigación del caso, en el que señala que la constructora hacía pagos al Palau que se vestían de donaciones a la institución que presidía Fèlix Millet.

Según ha informado Europa Press, la dinámica consistía en hacer llegar días después este dinero a la Fundació Trias Fargas, vinculada a CDC, que, asimismo, a través de préstamos ficticios pasaba estos fondos al partido; en otras ocasiones, se usaba al grupo empresarial de New Letter, Letter Graphic y Mail Rent como mediador para el desvío.

La conclusión del fiscal –y que confirmaron ya en el juicio Fèlix Millet y su número dos Jordi Montull– es que Ferrovial pagaba estos fondos a CDC a cambio de que se le adjudicaran obras públicas desde las instituciones que controlaba el partido político.

El informe elaborado de este inspector no se mete a analizar si estos pagos los hacía la constructora a cambio de obras públicas, ya que he explicado que eso no formaba parte de su investigación, pero sí prueba la conexión entre las donaciones de Ferrovial al Palau con el dinero que luego llegaba a CDC.

Los responsables de la unidad de los Mossos d'Esquadra que investigó el expolio del Palau de la Música han explicado este miércoles como testigos en el juicio que el expresidente de la institución Fèlix Millet guardaba en una caja de seguridad de una entidad bancaria 1,8 millones de euros en billetes de 500.

Dos mandos policiales –los primeros testigos que han declarado en el juicio– han explicado que, al irrumpir en el Palau para registrarlo en julio de 2009, descubrieron documentos en la caja fuerte de Millet que hacían referencia a esa caja de seguridad que estaba en una sucursal.

Los policías también han ratificado en sus declaraciones que descubrieron que Millet y el que entonces era su mano derecha, Jordi Montull, había falsificado facturas para justificar ante la Agencia Tributaria la salida de miles de euros en efectivo del Palau.

Han explicado que se encargaron de analizar los "movimientos sospechosos" de dinero en el Palau que había denunciado Hacienda, con el cobro de cheques en efectivo de entidades bancarias por valor de miles de euros: un total de 11 cheques que habían salido por ventanilla, según informa Europa Press.

Los máximos responsables del Palau, ante la reclamación de Hacienda, se apresuraron a justificar estas salidas con facturas de cuatro empresas, que resultaron ser falsas, y con la compra de un local por parte de la institución.

Empresas sin actividad

Tras las pertinentes comprobaciones, los Mossos descubrieron que dos de estas empresas que figuraban en las facturas ya no tenían actividad en 2003: una estaba paralizada desde 2001 y, en el otro caso, el administrador de la misma les explicó que nunca habían cobrado del Palau.

Además, el diseño de uno de los recibos –un modelo en blanco que se compraba en imprentas– estaba elaborado por una empresa que en 2003 no existía sino que empezó a funcionar en 2004, con lo que todo apuntaba, según los Mossos, a que había sido hecho después expresamente para justificar las salidas de dinero.

Sobre las facturas de las otras dos empresas, los agentes han explicado que los administradores de las mismas les dijeron que no habían hecho esos trabajos y, en uno de los casos, que fue Montull el que les pidió modificarlas para presentarlas a la Agencia Tributaria, y que él aceptó porque el Palau era un buen cliente.

En un espectáculo fascinante, salen a ejecutar su solo los miembros de aquella orquesta que interpretó el réquiem por la honradez difunta. Pero no se me pongan tristes, Jordi Montull, el concertino, la mano derecha del maestro Millet, predijo al comenzar el juicio que la semana pasada sería más divertida y así ha sido, declaraciones tremendas con sus risas y todo. Muy fan.

Después de que los espectadores hubiéramos tosido convenientemente para no interrumpir con un tic pujoliano tan esperado repertorio, salió al escenario el director de la orquesta, Félix Millet. Este prodigio de la música de ochenta y dos años, llegó a la Ciudad de la Justicia en silla de ruedas.

Al ver a Millet, recordé un concierto en Madrid del sublime violinista Stéphane Grapelli en los años noventa. Entró el francés octogenario en el escenario del Palacio de Congresos, agarrado al antebrazo de un joven. Apenas podía mantenerse en pie, caminaba con muchísima dificultad. Al verle aparecer con tan evidente debilidad, me invadió una mezcla de ternura, tristeza y compasión. Stéphane había perdido su vigor, ya no podría agitarme el alma con su violín.

Tras los aplausos, se hizo el silencio en la sala. Entonces, el genio francés colocó el instrumento de cuerda sobre su hombro cansado, empuñó el arco con mano temblorosa y comenzó a frotar las cuerdas con la destreza, el talento y la fuerza de siempre.

Grapelli nos encendió aquella noche a golpe de pizzicato, vibrato, glisando y trémolo. Y los espectadores pasamos a ser los abuelitos agotados, mientras desde el escenario, sentado en una banqueta con una de sus camisas estampadas, nos fulminaba un titán de ochenta y tantos con la energía de un veinteañero.

Lo mismito le pasó a Millet, cuando el abuelo enfermo y fatigoso comenzó a declarar, recuperó la frescura de quien no tuvo reparos en expoliar la institución que había impulsado su tío abuelo, Lluis Millet.

Y con rotundidad tiró la boooooomba que, a pesar de su voz grave, sonó más estridente que la de King Africa.

Ahí nació la nova cançó del quatre per cent:

♪"Nos repartíamos el 2,5% para CDC y el 1,5% para nosotros: 1% para mí y 0,5% para Montull"♪

En otro pasaje emocionante, el artista reconoció haberse llevado la pasta de la institución para hacer obras en casa. Aunque dijo que había sido un error: “Ahí me equivoqué”. Normal, Félix, todos nos equivocamos al hacer obras en casa, siempre hay un rodapié mal acabado.

Añadió que casó a sus hijas en el Palau –por el módico precio de 200 mil euros del paisanaje– para que todo el mundo supiera que se podían celebrar bodas allí. En plan servicio público. Gracias.

Gracias también, Félix, por enseñarnos que el padre de la novia puede cargar su parte a una institución pública y cobrarle al consuegro la parte del novio para embolsársela. Diría Josep Pujol: “Eres bueno, eres muy bueno”.

Después de Millet salió a escena la hija de Montull, Gemma, exdirectora financiera de la entidad. Cantó llena de emoción que los pagos a CDC eran una cosa normal y que Ferrovial utilizó el Palau para canalizar fondos destinados al partido. Alcanzó el máximo dramatismo la mezzosoprano, al afirmar que ella se limitaba a obedecer a su padre y a Millet, director de las maniobras orquestales en la oscuridad.

Tras el dramatismo de Gemma Montull, salió al escenario su risueño padre y repitió el estribillo del quatre per cent. Lo hizo a dúo con el fiscal Sánchez Ulled, quien hizo gala de un finísimo sarcasmo.

Montull: Primero era del tres por ciento y después fue de cuatro por ciento.Sánchez Ulled: ¿Qué fue, por el coste de la vida... o?Montull: No, porque Convergencia quería más dinero. Je,je,je.Montull cantó al extesorero fallecido, Carles Torenrt, al que llamó “el recadero” y al otro extesorero, Osàcar:♪ “Venía a mi despacho, contaba el dinero y se iba”.♪En definitiva, Montull interpretó el mismo repertorio que Gemma. Teniendo en cuenta que su confesión va unida al intento de exculparla, habría quedado precioso que se hubieran marcado un duet final como el gran Manolo Escobar e hija:–Papá, papá, te quiero mucho...–¡Cariño mío, y yo a ti más!Después entró en escena el extesorero Osàcar –gran apellido para un tesorero– y con voz de Bajo-barítono cantó que todo lo que se había dicho sobre él era falso, que de obra pública no sabía ni media palabra:♪ “Qué Ferrovial, ni qué Ferrovial yo a estos señores los he conocido aquí, hola, qué tal, mucho gusto, soy Daniel” ♪Y al día siguiente, salieron a cantar los empresarios: Giménez-Salinas y Parra reconocieron haber emitido facturas falsas para el Palau por trabajos efectuados para CDC, mientras que el exdirector de Ferrovial, Pedro Buenaventura, negó tajantemente “haberse servido de CDC para conseguir adjudicaciones de obra pública”. Aseguró Buenaventura que los patrocinios al Palau eran para ganar visibilidad en Cataluña. Y por amor al arte, seguro...Fuera de la sala del concierto judicial, Artur Mas, al que toda la oposición pide que salga al escenario del Parlament a dar explicaciones, niega cualquier corrupción y financiación ilegal y entona el Nessun Dorma:♪ “Disípate oh nocheEstrellas ocultaosAl alba venceré¡Venceré!” ♪Señoras, señores, no abandonen sus asientos porque este concierto no ha hecho más que empezar. Visiten la toilette en el descanso por si se les ha puesto mal cuerpo y agudicen el oído para detectar los posibles “falsetes”. Cuánta razón tenía Montull, esta semana empezó lo divertido.cuatro por ciento.

Sánchez Ulled¿Qué fue, por el coste de la vida... o?por el coste de la vida

MontullNo, porque Convergencia quería más dinero. Je,je,je.quería más dinero

Carles Torenrt

duet

Papá, papá, te quiero mucho...–¡Cariño mío, y yo a ti más!

de obra pública no sabía ni media palabra

Ferrovial

salga al escenario del ParlamentNessun Dorma:

♪ “Disípate oh noche

Estrellas ocultaos

Al alba venceré

¡Venceré!”♪

esta semana empezó lo divertido.

El gerente de la empresa Hispart, dedicada al montaje de sistemas audiovisuales en congresos y mítines, Juan Manuel Parra, aseguró que remitió a la institución que presidía Fèlix Millet un total de 13 facturas que se correspondían a trabajos para el partido en esos comicios.

Explicó que las 13 facturas que se enviaron al Palau entre 2004 y 2008 por valor de 824.000 euros correspondían solo a trabajos del año de 2004, pero que tuvieron que espaciar así los cobros porque esa era la condición: "Fueron las condiciones que nos dieron, no pudimos hacer nada más".

Parra aseguró que, cuando murió el que era tesorero de CDC Carles Torrent, en 2005, habló con su sucesor, Daniel Osàcar –acusado en esta causa–, porque el Palau no pagaba algunas de las facturas, pero que él no estaba al corriente de nada, por lo que tuvo que volver a pedir ese dinero al Palau, concretamente al exdirector Jordi Montull, su persona de contacto en la institución.

"(Osàcar) Me dijo que no sabían nada de ese tema, que no tenían nada. Me fui al Palau a reclamar. Allí me dijeron que cuanto tuvieran dinero me lo pagarían", detalló en su declaración ante el tribunal.

Explicó que tras esas elecciones de 2004, elaboraron desde su empresa los albaranes de todos los eventos, que se entregaron al director de campaña y que una vez contaron con el visto bueno del departamento de contabilidad del partido, unos días después llamó para saber cómo se iba a pagar, y que Torrent le dio estas instrucciones.

A preguntas de su abogado, detalló que, cuando se destapó el caso, su empresa llegó a un acuerdo económico con el Palau de la Música para devolver el dinero.

"Factura aquí este concepto"

En la misma línea declaró el exconsejero delegado de la empresa de publicidad Altraforma Miguel Giménez Salinas que aseguró que CDC les llamó para que facturaran al Palau de la Música por trabajos que su firma había hecho para el partido.

"Nos llamaron de Convergència y nos dijeron: factura aquí este concepto", explicó este viernes en su declaración como acusado en el juicio del caso Palau, y justificó que en su empresa aceptaron falsear estas facturas –de los años 2006 y 2007– porque lo que querían era cobrar.

A preguntas del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, este directivo explicó que enviaron por correo al Palau de la Música estas facturas por trabajo a Convergència y que, por parte de la institución cultural, nadie se quejó de tener que pagar facturas del partido político.

Giménez Salinas explicó que no sabe quién fue el cargo de CDC que les dio estas indicaciones porque de las gestiones concretas se encargaba la directora financiera de la empresa, que ya ha fallecido.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Altraforma facturó  al Palau un total de 190.778 euros: en 2006 por un importe de 60.000 euros y en 2007 otras dos facturas por valor de 69.298 y 61.480 euros.

Donación bajo sospecha

También declaró este viernes uno de los responsables de las empresas New Letter, Letter Graphic y Mail Rent, Pedro Luis Rodríguez, en las que aseguró que hacía funciones meramente comerciales.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, fueron "un eslabón esencial en la cadena de operaciones destinadas a allegar fondos a la órbita de CDC" con, por ejemplo, donaciones al partido por un total de 775.000 euros entre 2007 y 2009, que el Ministerio Público ve sospechosas.

CDC y Ferrovial

El exdirectivo de Ferrovial Pedro Buenaventura, también acusado, negó que la empresa obtuviera obras públicas en Cataluña a cambio de pagar presuntas comisiones a CDC a través de la institución musical.

"Rotundamente no", zanjó Buenaventura, a quien el fiscal le pide cuatro años y medio de cárcel por ser supuestamente la persona que envió cuantiosos fondos de la constructora a CDC a cambio de obra pública, como la Línea 9 de Metro y la Ciudad de la Justicia.

Explicó que las reuniones que mantuvo con el expresidente del Palau fueron por las obras de remodelación del Palau y la construcción del Petit Palau por parte de Ferrovial y, sobre los extesoreros de CDC negó haber mantenido ninguna reunión, conversación, ni haber oído hablar de ellos: "Nunca los conocí".

El fiscal le mostró dos correos electrónicos y fax de Millet dirigidos a él en los que le mencionaba una obra de un pabellón en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) que obtuvo Ferrovial y le pedía hablar del tema de obra pública, que Buenaventura no recuerda, asegurando que su empresa movía anualmente un presupuesto de 4.000 millones de euros: "No puedo acordarme, es imposible".

A preguntas de su abogado, Cristóbal Martell, concretó que "no conocía estos documentos antes de la causa judicial" y puntualizó que no llevan acuse de recibo.

Sobre una carta manuscrita –aportada por la nueva dirección del Palau a la causa– que lleva su firma en la que le pedía a Millet un esfuerzo ante una mesa de contratación, indicó que no puede asegurar que sea su firma y que tampoco recuerda un intercambio de documentación con él sobre posicionamiento de Ferrovial en concursos que nada tenían que ver con el Palau.

Sobre otro documento firmado por el director de zona de Cataluña de Ferrovial, Rafael Puig-Pey, en el que le comenta a Millet la posición de Ferrivial respecto a las adjudicaciones de la Generalitat a su empresa y pedía trabajar conjuntamente, Buenaventura recordó que Puig-Pey comentó que Millet decía que tenía contactos que les podían ayudar, básicamente en el tema de privado, "a lo mejor también le dijo que podía tener contactos con la Generalitat".

Presiones de Millet

Por otro lado, Buenaventura admitió que Millet era muy insistente y "presionaba" para que Ferrovial aportara más a los convenios de patrocinio porque aseguraba que el Palau tenía déficit o necesidad de liquidez para promocionar sus conciertos y eventos.

Sobre una carta del expresidente de la institución pidiéndole que resolviera una problema por un pago porque estaban quedando muy mal al no poder atender "los compromisos que tenemos adquiridos y tú ya conoces", Buenaventura indicó que se trataba de temas de patrocinio y planificación de conciertos.

Justificó los 11 millones de euros que pagó Ferrovial al Palau de la Música entre 2001 y 2010 en materia de patrocinio por la importancia de la institución musical en Cataluña, la relevancia de eventos como el concierto inaugural y el hecho de que pudieran estar realizando una obra en un edificio patrimonio de la Humanidad.

Explicó que el patrocinio de Ferrovial en el Palau empezó en 1992 –él entró de director en Cataluña en 1997– y que se basaba en ser miembro de honor (unos 80.000 euros), concierto inaugural y el ciclo de conciertos Palau 100, y que esos patrocinios dependían del director de zona y el importe dependía de los conciertos de ese año.

Indicó que la evolución de la obra realizada por Ferrovial en Cataluña con los patrocinios del Palau no tienen relación "en absoluto".

Todos los grupos del Parlament menos JxSí han registrado este jueves una petición de comparecencia del expresidente de la Generalitat Artur Mas para que explique en la Comisión de Asuntos Institucionales la presunta financiación irregular de CDC.

La solicitud conjunta, recogida por Europa Press, se presenta al día siguiente de que el expresidente del Palau de la Música y saqueador confeso de la institución, Fèlix Millet, declarara como acusado en el juicio que Ferrovial "hacía donaciones para que el dinero fuera a CDC a cambio de obras públicas".

La CUP y Cs registraron propuestas por separado y el PSC el miércoles, y SíQueEsPot y el PP exigieron verbalmente a Mas que diera explicaciones: ahora han apostado por unirse y registrar una solicitud conjunta, este jueves, día en que la exmano derecha de Millet, Jordi Montull, también haya implicado a CDC en el caso.

Los partidos han pedido otras comparecencias relacionadas con la declaración de Millet, aunque en este caso no está tan claro si prosperarán: Cs ha pedido que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acuda al pleno a explicar las medidas anticorrupción que ha impulsado su Govern.

La CUP ha pedido que el exconseller y diputado de JxSí, Germà Gordó, comparezca sobre el caso 3%, y también la diputada de su mismo grupo Anna Figueras y el presidente del Consell Comarcal de la Selva, Robert Fauria, por el "gran conglomerado de tráfico de influencias y corrupción" que se investiga por el caso Manga.

En su declaración como acusado en el juicio del caso Palau, ha reiterado lo declarado el miércoles por el que era presidente de la institución, Fèlix Millet, y por su hija y entonces directora financiera, Gemma Montull: del 4% que pagaba la contructora al Palau de la Música, el 2,5% iba para CDC y el 1,5 se lo repartían los dos máximos mandatarios del Palau, aunque una parte iba a la Fundación.

Montull ha admitido, a preguntas del fiscal, que él se reunía habitualmente con el entonces tesorero de CDC, Daniel Osàcar, también acusado: "Venía, yo tenía el dinero a punto en un sobre, él lo contaba, lo cogía y se iba".

Montull, que solo ha respondido al fiscal Emilio Sánchez Ulled y a su defensa –representada por Jorge Navarro y no por su abogado, Jordi Pina– ha ratificado "toda" la declaración de este jueves de su hija Gemma, que afirmó que hubo expolio del Palau y financiación de CDC, como se preveía tras las negociaciones con la Fiscalía.

Ha explicado que el contacto con el extesorero Carles Torrent –"Yo no sé si era tesorero; yo le llamaba 'el recadero"–, fallecido en 2005, lo tenía Millet, pero que él mantuvo después el contacto con su sucesor como tesorero, Daniel Osàcar.

Sobre obras públicas que pudo recibir Ferrovial gracias a las donaciones al Palau, ha dicho que él solo supo de la construcción de la Ciudad de la Justicia --donde se está celebrando el juicio-- y la Línea 9 del Metro de Barcelona.

A preguntas del fiscal, ha negado haber tenido contacto con otras personas del partido o saber si alguien más había participado y se ha limitado a decir: "Sé que él tenía conversaciones".

Ha confirmado el cuadro Excel incautado por los Mossos en el Palau en que se describen las cantidades de dinero que donaba Ferrovial y como se repartían; concretamente sobre la casilla GPO, ha dicho que correspondía a la comisión que se llevaban él y Millet, asegurando que le pusieron esas siglas por Grandes Producciones Orquestrales.

También ha explicado que el dinero para CDC se entregaba con tres mecánicas: en dinero en efectivo al tesorero, con el pago de facturas --no ha sabido concretar si eran "buenas o malas", si correspondían a servicios reales-- y con los convenios con la Fundació Trias Fargas, pero que de eso se encargó Millet.

Ha querido dejar claro que "el único que mandaba era Millet" en el Palau y que su hija Gemma no tenía la potestad de hacer nada, y al preguntársele por qué se la nombró directora financiera, entre risas ha dicho textualmente que a todos se les tenía que hacer director de algo.

Cuando el fiscal le ha preguntado por qué ha decidido explicar todo esto, ha respondido: "Quería que mi hija dijera la verdad porque estaba acusada de una cosa que no era verdad".

Ha reiterado la extracción de dinero en efectivo del Palau para beneficio particular y también ha hablado sobre los 7 millones de euros que el fiscal considera que se quedó Millet y los 1,3 que se quedó él: "Para mí no fue tanto, pero no le voy a discutir porque no lo puedo demostrar".

También ha querido aclarar que el Palau pagaba muchísimas cosas en efectivo, como a los maestros de la escuela de canto, los viajes del Orfeó en el resto de España y Europa –calcula que en total unos dos millones de euros–, y que "el problema es que, de todo lo que gastaba el Orfeó, no había recibos".

A este comentario, el fiscal Sánchez Ulled le ha espetado: "De lo suyo tampoco pidió recibos", y después Montull tampoco ha aclarado adónde han ido a parar otros 9 millones del Palau cuyo paradero se desconoce.

Ha reiterado también el sobresueldo irregular que se adjudicaron él y Millet a cuenta del Palau, aunque ha dicho que no siempre fue de un millón de euros –repartido al 80-20%–, sino que ese fue el tope, y que primero lo cobraban por cheques y después a través de empresas pantalla.

También ha ratificado los viajes pagados por el Palau para él y Millet a Kenia, Maldivas, Polinesia, Dubai y el Cairo, por más de medio millón de euros, pero ha puntualizado que ese dinero lo devolvieron; y, sobre las bodas de las hijas de Millet en la institución musical, ha dicho que no dependía de él pero que era "razonable" que costaron 164.000 euros.

Se ha desvinculado del dinero que presuntamente entregó Millet al político Àngel Colom y a Esteve Escuer (candidato a alcalde por CDC en L'Ametlla del Vallès) a cargo del Palau: "El señor Millet era muy señor Millet: hacía cosas que yo no sabía".

Lo ha dicho en la Ciudad de la Justicia de Barcelona al salir de la sala donde se celebra el juicio al concluir, sobre las 15:00 horas, la primera sesión de la vista, que ha estado dedicada por completo al planteamiento de las cuestiones previas por parte de las defensas de los acusados.

Montull se refería a que la semana que viene, el miércoles 8 de marzo, comenzarán las declaraciones de los 16 procesados en esta causa en la que se juzga tanto el desfalco del Palau –confesado en parte por Millet y Montull– como la presunta financiación ilegal de CDC a través de esta institución.

Se da la circunstancia de que los abogados de Montull y de su hija Gemma –que era directora financiera de la institución– tratan de llegar a un pacto con la Fiscalía para conseguir reducir sustancialmente las penas de cárcel a las que se enfrentan, de 27 y 26 años respectivamente.

Según han explicado fuentes judiciales, este acuerdo pasaría por que Montull y/o su hija confiesen, entre otros aspectos, que CDC usó al Palau para camuflar el cobro de comisiones ilegales de Ferrovial, con lo que las declaraciones del padre y de su hija podría suponer un punto de inflexión en la causa; de ahí que la frase pronunciada al salir del juicio podría interpretarse en esta línea.

El acuerdo con la Fiscalía, de fraguarse, no implicaría al resto de las partes, dado que esta macrocausa, con 16 acusados y varias acusaciones particulares y populares, lo antoja prácticamente imposible.

Renuncian a más de 30 testigos

Millet ha salido de la Ciudad de la Justicia en silla de ruedas y rodeado de una nube de periodistas y, al preguntársele cómo había visto la primera sesión, se ha limitado a responder: "Informes, informes", en referencia a que la jornadas se ha dedicado a las cuestiones previas.

Lo más destacable de este primer día de juicio ha sido que la defensa de CDC y de su entonces tesorero, Daniel Osácar, ha renunciado a las declaraciones de más de 30 testigos que había solicitado, entre ellos el actual presidente de JxSí en el Parlament, Jordi Turull, y los exconsellers de Obras Públicas Felip Puig, Pere Macias y Joaquim Nadal.

No se podrá escuchar tampoco a miembros de la mesa de contratación del concurso para adjudicar las obras de un nuevo pabellón en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), cuya adjudicación a Ferrovial está bajo sospecha: Joan Carbó, Lluís Hosta, Marcel Gómez, Francesc Carulla y el propio Turull.

Otros testigos que finalmente se librarán de declarar son los técnicos de la mesa de contratación de Regsa y Gisa –empresas públicas que gestionaban y adjudicaban obras públicas– por el proyecto de obras de revestimiento de la Sèquia Bellet: Xavier Borràs, Pilar Matesanz, Salvador Carbonell, Xavier Vall-llosera y Francesc Segura.

Restar "peso mediático"

Por su parte, el abogado de la acusación popular cree que la defensa de CDC y de su extesorero Daniel Osàcar intenta reducir el "peso mediático" del juicio renunciando a que declaren como testigos altos cargos del Govern, como el exconseller Felip Puig y el actual presidente de JxSí en el Parlament, Jordi Turull.

En declaraciones a los medios tras la primera sesión del juicio, Solà –que representa a la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB)– ha dicho que, si estos testigos eran esenciales para la defensa de CDC, "no ha cambiado nada para que ahora no lo sean".

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un año de cárcel al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y a otro a su mano derecha, Jordi Montull, por las irregularidades en la gestión del proyecto de construcción de un hotel de lujo junto a la institución cultural, y ha absuelto a la excúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.

En la sentencia, recogida por Europa Press, la Audiencia absuelve al exconcejal de Urbanismo Ramon García-Bragado, al exgerente de Urbanismo Ramon Massaguer, al entonces responsable de los servicios jurídicos del Consistorio Enric Lambies y al arquitecto del proyecto que nunca vio la luz, Carlos Díaz.

A Millet y a Montull los ha condenado por los delitos de tráfico de influencias cometido por particular y de ofrecimiento de tráfico de influencias; al primero le impone una multa de 3.600.000 euros y al segundo de 900.000.

Los dos exmáximos responsables de la institución cultural tenían en mente impulsar un hotel de lujo "movidos por el ánimo de obtener un beneficio económico, tanto para sí como para la Fundación" del Palau de la Música. Para ello, aprovechándose de su "prestigio y ascendencia moral", y de las ventajas que les proporcionaban sus cargos, comenzaron a ponerse en contacto sin cesar –con reuniones, llamadas, cartas y correos electrónicos– con las autoridades competentes, con lo que lograron convencer a las instituciones para llevar a cabo el proyecto.

Montull, con el aval de Millet, aumentó su insistencia en todas las fases de la tramitación, que no se limitaba a meras solicitudes, y utilizó expresiones insistentes que la Audiencia califica de "verdadera presión" sobre las instituciones. Respecto a la excúpula de Urbanismo, la Audiencia no ve acreditado que conociesen el propósito lucrativo "cometido exclusivamente por los acusados Millet y Montull".

Sí que ve probado que Lambies elaboró informes en los que hizo constar a sabiendas de su falsedad que el propietario de las fincas era la fundación del Palau, pese a que desde el 27 de febrero de 2008 "había tenido conocimiento fehaciente" de que habían pasado a manos de Olivia Hotels, promotor de la obra.

Sin embargo, cree que esta falsedad es "irrelevante" desde el punto de vista de la legalidad urbanística porque la legislación en vigor no exigía especificar la relación de propietarios en los cinco años inmediatamente anteriores al inicio del procedimiento de modificación del Plan General Metropolitano, al no tratarse de modificación global de usos.

Posible falso testimonio

La Audiencia también ordena a Millet y a Montull devolver los 895.000 euros que el promotor de la obra, Manuel Valderrama, les entregó, pese a que este declaró en el juicio que no los había cobrado. En este sentido, ha aceptado la petición del fiscal de tomar otra vez declaración a Valderrama al considerar que "existen indicios racionales" de que cometió un delito de falso testimonio en el juicio.

Según la sentencia, esta cantidad se la exigió Montull para que durante la tramitación de la modificación puntual del Plan General Metropolitano la fundación del Palau siguiera apareciendo como propietario de las fincas "enmascarando" la nueva titularidad.

Fiscalía estudia recurrir

Todo ello para aprovechar el prestigio del Palau y facilitar la modificación, que era imprescindible para contruir el hotel, que contaba con una fuerte oposición vecinal, y que se incrementó al conocerse que una empresa privada era la titular de las fincas. Ahora, la Fiscalía de Barcelona y la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona (Favb), que ejercía de acusación popular, estudian recurrir la sentencia.

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha pedido en su escrito de acusación una pena de 27 años y seis meses de cárcel para el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, por el saqueo de la entidad.

Solicita penas de entre tres y 27 años para un total de 17 acusados, entre ellos la exdirectora financiera Gemma Montull para la que pide 26 años, y nueve años y seis meses para la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano.

También pide siete años y seis meses de prisión para el extesorero de CDC Daniel Osàcar y un año y seis meses de cárcel para el abogado y exdiputado de CiU en el Parlament Jaume Camps.

Además, solicita decomisar 6.676.105 euros a CDC, que corresponde al total de comisiones presuntamente ilícitas pagadas por Ferrovial "y que se hicieron llegar a la órbita de CDC, con responsabilidad criminal de su tesorero".

El entramado en torno a la institución musical estaba encabezado por Millet, que ocupaba la máxima responsabilidad en todas las entidades que conforman el Palau, el cual dirigía "de forma personalísima y con un intenso cariz jerárquico a la vez que carismático".

Su segundo al mando y de absoluta confianza era Montull, que tenía bajo su dependencia a su hija Gemma, cuya relación familiar la amparaba para "la articulación y ejecución de los mecanismos defraudatorios" –desde su incorporación como directa financiera en 2003–, que Garicano consintió con su pasividad a cambio de suculentos y desmesurados pagos.

"Los acusados aprovecharon descaradamente la confianza pública generada por el prestigio cultural y social inherente al Palau de la Música, que envolvía con una aureola de aparente respetabilidad incluso los comportamientos más dudosos", asegura el fiscal.

Con fondos del Palau, Millet y Montull hicieron obras "suntuosas" en sus residencias, falsificando facturas para ocultar los trabajos reales y haciendo constar que eran recibos por supuestas reformas del Palau; el fiscal sostiene que no se ha podido acreditar que los proveedores fueran conscientes del fraude al dejarse llevar por el prestigio de los saqueadores.

Además, Millet pagó con fondos del Palau las "ostentosas" bodas de dos de sus hijas, viajes exóticos –Polinesia, Tailandia, Maldivas, Egipto, México y Dubai, por ejemplo–, y otros gastos suntuosos.

El fiscal detalla también la presunta trama de comisiones ilícitas cobradas por CDC, a través de un acuerdo criminal que tilda de sencillo y demoledor con Ferrovial.

Cree que la empresa efectuó cuantiosos pagos a CDC para garantizar "un caudal relevante de adjudicaciones de obra pública" por parte de la Generalitat y otras instituciones públicas dominadas por el partido, y lo hacían camuflándolo como patrocinios a la institución musical.

Lo fraguaron el responsable de la constructora Pedro Buenaventura ayudado por el también responsable de Ferrovial Juan Elizaga, mientras que por parte de CDC participaron "como mínimo" el tesorero Carles Torrent –fallecido en 2005– con la colaboración de Jaume Camps; el sistema fue continuado y perfeccionado por el siguiente tesorero Daniel Osàcar, según el fiscal.

"La lógica apunta a que tales dirigentes debieron contar como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido político, extremo que no ha podido ser suficientemente acreditado", dice el fiscal, situando el fraude al menos entre 2000 y 2008.

Entre CDC y Ferrovial, mediaron Millet y Montull para proporcionar "el disimulo que los pagos ilícitos requerían para llegar a su destino sin problemas", llevándose una mordida de los mismos.

Comisiones del 4%

El fiscal sostiene que la comisión ilícita cobrada era del 4% del importe de las adjudicaciones de obra pública, del que un 2,5% iba a a CDC y un 1,5% a Millet y Montull, que a su vez se lo repartían con el 80% para el primero y 20% para el segundo; Camps recibió al menos una remuneración puntual.

Según él, entre las adjudicaciones hay algunas "de inusitada envergadura de las más importantes acometidas en Catalunya" como la construcción de la Línea 9 del Metro y la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

Para tapar estas comisiones se utilizaron presuntamente tres canales: entregas en efectivo, falsos convenios de colaboración con una fundación vinculada a CDC –entonces Trias Fargas, ahora rebautizada como CatDem-– y pago de facturas falsas por servicios inexistentes de empresas que se prestaron a tal fin, con los que llegaron 6.676.105 euros a las arcas convergentes.

El fiscal considera que Millet, Montull, y la hija de este, son coautores del delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil, de apropiación indebida y de blanqueo de capitales, de los cuales cree que es cómplice Garicano.

A Osàcar y a Camps los acusa de un delito de tráfico de influencias, e inductores a los responsables de Ferrovial Buenaventura y Elizaga, a los que también atribuye administración desleal; considera a las esposas de Millet y Montull, Marta Vallés y Mercedes Mir son partícipes a título lucrativo del expolio.

Según un auto del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, el juez ha acordado bloquear las tres presuntas cuentas en Lausanne, Zurich y Ginebra porque Millet y Montull podrían ser sus "titulares, autorizados o apoderados".

El juez lo ha acordado después de que el diario Abc publicara el 7 de octubre una información relativa a tres posibles cuentas de los dos imputados, en las que podría haber 3,2 millones de euros.