Seguramente será por lo que en la profesión periodística se conoce como la preeminencia de la vieja máxima “good news, [are] no news”, que ha terminado marcando la agenda de los medios de comunicación. Las buenas noticias no venden, no llaman la atención de los periodistas, porque se considera que la ciudadanía siente mayor atracción por los sucesos truculentos, las catástrofes y las malas noticias.

El proyecto de creación del Consell de l’ Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha reaparecido en la agenda de la vida política valenciana, primero con el nombramiento de Empar Marco y de José María Vidal por parte del gobierno valenciano (18/06/2021) y, poco después, con la propuesta de las cinco consejeras/os por parte de los partidos políticos, que comparecieron en las Cortes Valencianas el pasado 5 de julio (Dolors López, Àlvar Peris, Anna Gimeno, Carmen Carretón y Manuel Alberola, a propuesta de PSPV, Compromís, Unides Podem, Ciudadanos y PP, respectivamente). Todos ellos cumplen los requisitos de la Ley 10/2018, de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en lo que respecta al reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la comunicación audiovisual de los/as candidatos/as propuestos/as, por lo que debemos felicitar a las personas designadas y a nuestros representantes políticos por su celeridad y diligencia en la aceleración del proceso.

Desde luego, resulta llamativo el muy escaso eco recibido en los medios de comunicación, con la excepción de À Punt, y algunas noticias de agencia en pocos medios valencianos. Desde las universidades, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del mundo académico español e internacional (¡sí, no es una exageración!), la creación del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (en adelante, CACV), se valora de forma muy positiva. En primer lugar, constituye un primer paso hacia la normalidad: hay que recordar que el CACV, como autoridad independiente, aparece en el mismo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, el CACV es esencial para el funcionamiento de los órganos de gobierno de los medios de comunicación públicos valencianos, como recoge la Ley 6/2016, tanto porque este órgano ha de proponer el nombramiento de dos personas para el Consejo Rector de la Comunidad Valenciana (CRCV), así como “dictar acuerdos y resoluciones… que afecten a la Corporación o a sus sociedades”, además de proponer y seleccionar candidatas/os para la Presidencia de la Corporación Valenciana de la Medios de Comunicación.

La creación del Consell l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es un paso hacia la normalidad, porque en todos los países avanzados del mundo existen Consejos Audiovisuales, organismos independientes, con autoridad para velar por una correcta ordenación y desarrollo del espacio mediático. Algunos de los más conocidos son la Ofcom, Office of Communications, en el Reino Unido; el Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA), en Francia; L’Autorità para le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), en Italia; la Federal Communications Commission, en Estados Unidos; o en Alemania, donde existen 14 autoridades reguladoras del audiovisual, los Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten o Consorcio de las Autoridades de los Medios de Comunicación de los Länder, que trabajan de manera coordinada. En suma, existen autoridades reguladoras de los espacios comunicativos en todo el mundo, incluso en los países que son modelo del capitalismo de corte neoliberal y, en apariencia, de mayor "desregulación" como Estados Unidos o el Reino Unido.

Como hemos señalado reiteradamente, la no existencia de autoridades reguladoras en los espacios públicos de comunicación, como sucede en España, a nivel estatal y autonómico (recordemos que en nuestro país sólo Cataluña y Andalucía cuentan con Consejo Audiovisual), es un grave problema comparable a lo que supondría la ausencia de un código de circulación o una Dirección General de Tráfico para regular el transporte en nuestras carreteras. El CACV es esencial para garantizar el desarrollo de un espacio comunicativo valenciano de calidad. Se trata de un órgano externo de control, con independencia y autonomía, que debe vigilar la pluralidad informativa, la defensa de los derechos de la audiencia y la independencia de los medios de comunicación públicos, pero también el correcto funcionamiento de todo el sistema mediático. Hay que destacar que este organismo regulador nace con una vocación de independencia política, con mandatos superiores a las legislaturas parlamentarias, asumiendo funciones de la actual Secretaría de Comunicación de Presidencia de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, en todo aquello que tiene que ver con la adjudicación de frecuencias de radio y televisión, la concesión de ayudas públicas a los medios valencianos, las ayudas a la producción audiovisual, etc., buscando garantizar la pluralidad y la equidad distributiva. La reciente decisión del gobierno valenciano, y el trabajo de los parlamentarios de las Cortes Valencianas, es una muy buena noticia. Una acción política que les honra, y ennoblece el trabajo de nuestros políticos, en un momento de mucha polarización y crispación política.

Desde algunos medios privados, se afirma que los Consejos Audiovisuales son órganos “represores” y una “amenaza” para la libertad. No es así, en absoluto: un Consejo Audiovisual es un órgano que, ante situaciones de conflicto, da instrucciones –para velar por el seguimiento de unas normas o códigos a operadores o anunciantes–, informa de decisiones –que pueden tener un carácter orientativo para determinadas entidades, empresas o individuos relevantes del sector audiovisual–, hace recomendaciones –que no tienen carácter vinculante– y, sí, también pueden dictar sanciones cuando es necesario. Así pues, el CACV debe contribuir al cumplimiento de los principios fundacionales de nuestros medios de comunicación públicos, en especial su misión de servicio público, su independencia del poder político y de intereses económicos, la promoción del valenciano, la pluralidad informativa, la expresión de la libertad de ideologías, creencias y orientaciones políticas, de la igualdad entre hombres y mujeres, así como favorecer la visibilidad de los colectivos más desfavorecidos, etc., o en riesgo de exclusión social.

La creación del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana contrasta con la grave involución que sufre TeleMadrid, denunciada por ULEPICC, por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y Teledetodos, con una precipitada reforma de la Ley 8/2015 reguladora de la radiotelevisión pública madrileña, que pretende asegurar el férreo control político desde el ejecutivo autonómico. Debemos recordar la fulminante desaparición del Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid, en 2006, principalmente por no someterse al poder político de turno. Nuestro querido maestro Enrique Bustamante hablaba en 2020 de la existencia de “gobiernos autonómicos gamberros” que, sin abandonar una retórica grandilocuente en defensa de las libertades públicas, siguen acorralando a los medios de titularidad pública.

En un contexto político tan complejo como el actual, al que hay sumar una coyuntura internacional de creciente hegemonía de las grandes plataformas mediáticas, conectadas estrechamente con las multinacionales GAFAM, cada vez más dueñas de nuestros datos y de nuestro imaginario cultural, la aparición en escena del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana constituye una luz de esperanza. Pero no podemos ser ingenuos. Como institución de reciente creación, tendrá que pasar por un complejo proceso de aprendizaje, y tiene ante sí retos formidables, a los que no se podrá enfrentar sin el apoyo y trabajo colaborativo de las universidades, de los sectores profesionales valencianos de la comunicación, del audiovisual y de la publicidad, y del conjunto de la sociedad civil valenciana. El éxito del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana, sin duda, tendrá un efecto muy directo sobre la calidad de la comunicación. Es responsabilidad de la ciudadanía en su conjunto que este ilusionante proyecto se consolide. Está en juego también la calidad de nuestra joven democracia.

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Javier Marzal Felici es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad y director del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I

No resulta difícil de entender que estas declaraciones hayan despertado una enorme preocupación entre los expertos académicos en comunicación, entre muchos profesionales del sector audiovisual y en una buena parte de la sociedad valenciana y española. Asistimos al regreso del eterno debate sobre el papel de los medios de comunicación públicos, como si estuviéramos atrapados en una suerte de bucle temporal, como le ocurre al personaje que interpreta Bill Murray en el conocido film Atrapado en el tiempo (1993). Todavía resuenan en nuestra cabeza las amenazas de cierre en Telemadrid, en la Radiotelevisión de Castilla-La Mancha y de RTV públicas de otros territorios. En la Comunidad Valenciana este tipo de declaraciones simplemente están provocando una mezcla de estupor, enfado e indignación.

Porque el asunto no es para tomárselo con frivolidad. Conviene recordar que el pasado 7 de septiembre de 2018, el gobierno de la Generalitat Valenciana anunció el fin del proceso de liquidación de las dos sociedades RTVV S.A. y RTVV S.A.U., es decir, se daba por terminado el complejo proceso de liquidación. Tras casi cinco años de difíciles gestiones, la liquidación de RTVV concluye que el cierre de estas sociedades mercantiles ha costado a los ciudadanos y ciudadanas valencianas en torno a 250 millones de euros. Y en este punto hay que recordar que RTVV se cerró el 29 de noviembre de 2013 para no cumplir una sentencia judicial del Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana, que obligaba a la Generalitat a readmitir a cerca de 1.100 trabajadores despedidos de manera absolutamente irregular y arbitraria. Pero la liquidación no significa que la pesadilla haya finalizado: tendremos que pagar durante décadas los 1.200 millones de euros que nos han dejado estas sociedades en herencia –y sus gestores, de marcado perfil político, no profesionales–. La lección a extraer es muy clara: cerrar una radiotelevisión pública es una operación económica ruinosa, y sus efectos son sencillamente devastadores, algo que hemos aprendido, con el sufrimiento y dolor de todo un sector productivo como el audiovisual, en la Comunidad Valenciana.

En efecto, desde un punto de vista económico, el cierre de RTVV ha supuesto la práctica desaparición del sector audiovisual valenciano, con la destrucción de varios miles de puestos de trabajo, también del sector privado, alcanzando el 90% de desempleo en julio de 2014 según cifras de la Asociación de Productores Valencianos (PAV). El cierre de RTVV ha supuesto la pérdida de una ventana de comunicación esencial para los anunciantes locales, pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana que han tenido más dificultades para enfrentarse a la competencia de las grandes marcas. El sector publicitario de la Comunidad Valenciana dejó de facturar en RTVV, de repente, cerca de 10 millones de euros, un volumen de negocio que todavía hoy aún no se ha recuperado, lo que ha conllevado la pérdida de puestos de trabajo en el campo publicitario.

Desde una perspectiva ciudadana y social, el cierre de RTVV ha supuesto la pérdida de un servicio público que proporciona información de proximidad, imprescindible para la difusión y promoción del valenciano y de la cultura autóctona, entre las que destacan la música popular, el teatro, las fiestas populares, deportes minoritarios y autóctonos como la “pilota valenciana”, etc. En definitiva, el cierre del servicio público de radiotelevisión representó la pérdida de una herramienta fundamental para la vertebración territorial y la fortaleza del sentimiento identitario de la Comunidad Valenciana, cuya historia cultural y lingüística tiene más de 750 años de recorrido.

Desde una perspectiva cultural, el cierre de una radiotelevisión pública autonómica como RTVV no sólo ha implicado la destrucción de miles de puestos de trabajo. La desaparición de medios de comunicación públicos de proximidad representa un grave atentado contra la diversidad ideológica, política y cultural, que está en la base de nuestra democracia. Como ha sido acreditado por numerosos estudios científicos, los medios de comunicación públicos son esenciales para el desarrollo de las industrias culturales y creativas de sus territorios, un sector económico y cultural de valor estratégico que se identifica con la llamada “economía del conocimiento”. En un escenario mediático como el español en el que existe un profundo desequilibrio entre medios públicos y privados, que en televisión se identifica con una situación de “duopolio” -dominado por Atresmedia y Mediaset-, los medios de comunicación públicos apenas tienen relevancia en la actualidad.

¿Pero qué está ocurriendo para que en estos momentos se proponga el cierre de Canal Sur, y también la desaparición o privatización del resto de cadenas de radiotelevisión públicas? No es sencillo responder brevemente esta pregunta. Yo destacaría dos razones principales. Por un lado, la crisis de legitimidad de las radiotelevisiones públicas debe ponerse en relación especialmente con la expansión del pensamiento neoliberal, que está en la base de la economía global digital. Como afirma Sean Phelan, “el neoliberalismo representa cómo las lógicas de la economía han colonizado la lógica de lo social, convirtiendo la vida social, humana y planetaria en algo subordinado, crecientemente, a la racionalidad instrumental ‘del mercado’” (Phelan, 2014: 3). En este sentido, el pensamiento neoliberal debe contemplarse como la ideología del capitalismo global, uno de cuyos principios, repetido infinitamente, es que “la gestión privada siempre es mejor y más eficaz que la pública”, una máxima que ha sido expandida y amplificada, muy especialmente en los últimos años.

La segunda razón que explica el permanente debate sobre la legitimidad de los medios de comunicación públicos hay que relacionarla con la propia dinámica de los medios. Para la expansión de creencias como “la necesidad del cierre de los medios de comunicación públicos”, sin duda cumplen un papel esencial los propios medios de comunicación –sobre todo privados, que así se libran de una molesta competencia–, a menudo utilizando técnicas de propaganda clásicas, como las que enunciara el propio ministro Goebbles en la Alemania nazi: mediante la simplificación maniquea de la realidad política, social y cultural; la adopción de ideas únicas; la repetición de ideas, aunque sean falsas; la exageración; la vulgarización; la contrainformación para distraer la atención del público; la ocultación de información; la construcción de argumentos verosímiles a partir de fragmentos; o mediante la creación de una impresión de unanimidad, invocándose el “sentido común”, “lo que piensa todo el mundo” o “lo que dios manda”.

Así pues, se puede afirmar que la circulación de ideas como la necesidad del cierre de los medios de comunicación públicos, pero también el auge de formaciones políticas de ideología radical o extremista, se produce en un contexto en el que la opinión pública es más manipulable que nunca. No podemos olvidar que, en la era de las fake news, las redes sociales están jugando un papel esencial para difundir noticias falsas. El terreno mediático español está especialmente abonado para la manipulación informativa, porque el peso de los medios de comunicación públicos ha ido reduciéndose progresivamente, como ha puesto de manifiesto, a través de numerosos informes, la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

El contexto de austeridad ha afectado muy seriamente a la credibilidad de los medios de comunicación públicos, que han perdido competitividad y prestigio social. Sin duda, se ha generado un entorno en el que los medios públicos se han convertido en el blanco fácil de las críticas más duras y despiadadas. Para la lógica de los discursos maniqueos en blanco y negro, las radiotelevisiones públicas son excesivamente costosas, emplean miles de trabajadores “incompetentes y enchufados” y son un instrumento de propaganda ideológica. A fuerza de repetir estas falsedades hiperbólicas, una ciudadanía cada vez más desinformada termina creyendo estos mensajes simplistas, absolutamente falsos, que insultan a la inteligencia más elemental.

Pero es verdad que no toda la carga de culpabilidad recae del lado de las formaciones políticas radicales. Lo cierto es que los propios medios de comunicación públicos llevan demasiado tiempo descuidando su misión de servicio público, y es urgente abordar reformas estructurales que les permitan su adaptación al actual entorno digital, social y cultural (Marzal y Zallo, 2016). En primer lugar, es necesario que los medios de comunicación públicos abracen plenamente la digitalización, mediante la adopción de estrategias de comunicación transmedia, que haga posible su presencia en las redes sociales que, actualmente, son una fuente de infoxicación permanente. En segundo lugar, debe asegurarse la credibilidad y calidad de los servicios públicos de RTV, haciendo posible una separación real entre la gestión de estas empresas públicas y el poder político, mediante la rendición de cuentas y el análisis de “indicadores de valor público” (Campos, 2012). En tercer lugar, es urgente que los contenidos de los medios de comunicación públicos reflejen diversidad y pluralidad, mediante el diseño de una oferta de contenidos informativos, culturales y de entretenimiento que llegue a una amplia audiencia, que estimule el empoderamiento social y la participación ciudadana. En cuarto lugar, las radiotelevisiones públicas, estatal y autonómicas, deben servir para el desarrollo del sector audiovisual y de las industrias culturales y creativas del territorio. Asimismo, es necesario que los medios públicos desarrollen estrategias de colaboración entre ellos que, sin renunciar a la defensa de las identidades culturales, aspiren a la internacionalización y sirvan de motor para la innovación y el cambio social.

En definitiva, no hay que cerrar los medios de comunicación. El análisis de la situación política actual, y de nuestra realidad económica, social y cultural recomienda exactamente lo contrario de lo que reclaman las formaciones políticas aludidas, con altas dosis de demagogia y sin argumentos. Es muy urgente contar con unos medios de comunicación independientes del poder político, bien financiados para hacer bien su trabajo y que dispongan de las estructuras de control interno para garantizar la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas a la sociedad y la participación ciudadana. No sólo son más necesarios que nunca los medios de comunicación públicos. Actualmente es extremadamente urgente la creación de un Consejo Audiovisual estatal, así como Consejos Audiovisuales autonómicos que, como autoridades reguladoras de los espacios públicos de comunicación, velen por la calidad y competitividad del sistema comunicativo español. Pero esto es otra historia. De momento, sería un gran avance que aprendamos de nuestra historia más reciente, y que se abandonen “ocurrencias” y “disparates” que responden a oscuros intereses, y que atentan gravemente contra la salud de nuestra joven democracia. _______________

Javier Marzal Felici es catedrático de Comunicación de la Universitat Jaume I

La Audiencia Nacional declara justificado el despido colectivo de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y descarta la inconstitucionalidad de la ley que suprimió el servicio público que provocó la liquidación de la empresa y el consiguiente despido colectivo, informa Europa Press.

La Sala de lo Social desestima de esta manera la demanda contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de RTVV interpuesta por el sindicato CGT a la que se adhirieron otras cinco organizaciones.

El tribunal, en una sentencia de 90 folios, explica las razones por las que deben rechazarse todas las cuestiones de nulidad planteadas por los demandantes y razona por qué a su juicio la ley que suprimió el servicio público de televisión fue la única salida a un proyecto agotado, con un grupo que atravesaba una gravísima situación económica, casi calamitosa, y una plantilla sobredimensionada.

Ante esa situación, el legislador optó por una vía, la de la supresión del servicio público "que supuso una enmienda a la totalidad a la gestión privada de sus responsables y reconocer objetivamente que no se supo gestionar debidamente por sus responsables", mantiene el tribunal.

"Si abren el 9 de octubre, el PP no va a permitir que sea una apertura provisional porque eso es un fraude de ley y vamos a actuar legal y jurídicamente", advirtió Bonig en rueda de prensa, que apuntó que sería "una tomadura de pelo" ya que el compromiso electoral de Puig era "abrir el 9 de octubre con todos los trabajadores".

Por ello, alertó que "si lo que abren es provisional, la izquierda y Puig estarán cometiendo el mayor fraude ya no sólo legal, sino lo que es más preocupante, estará cometiendo un fraude moral" ya que "estará jugando con los sentimientos, con las expectativas y con los proyectos de 1.600 familias" con las que tanto PSPV, Compromís y Podemos "se comprometieron a readmitirlos" cuando ya el PP "decía que no era posible económicamente mantener la televisión pública con esa plantilla".

Bonig aseguró que su partido "ha apostado, apuesta y apostará por una televisión pública de calidad, en valenciano, por supuesto, que defienda lo nuestro, pero que sea sostenible". Fue por estas circunstancias, dijo, por las que presentaron el ERE (Expediente de Regulación de Empleo).

A continuación, recordó que entonces recibieron "toda clase no solo de insultos sino de ataques políticos, de que era una barbaridad" porque "se tenía que mantener a todos los trabajadores a pesar de que dijeran también que era un lugar de enchufados".

Televisión sostenible

"Nosotros intentamos mantener la televisión pública como un servicio de calidad en valenciano y sostenible porque lo pagan todos los valencianos, incluidos los que habían perdido sus puestos de trabajo", remachó. Sin embargo, lamentó que la oposición entonces hiciese "demagogia". "Se comprometió con los trabajadores y la sociedad valenciana" y "las promesas hay que cumplirlas", señaló.

Con todo, la dirigente conservadora añadió que van a "esperar" porque las informaciones que están llegando son "contradictorias" y en su partido no son "destructores ni demagogos como ellos" sino "un partido responsable, serio y de gobierno". Así, exigió al Gobierno de Puig que "cumpla la ley a rajatabla y sus promesas electorales" y "si no lo puede hacer será su problema y tendrán que responder ante la Comunitat Valenciana".

Es una herida altamente infectada, casi tóxica. Y quien la toca se envenena. ¿Qué hacer con Radio Televisión Valenciana (RTVV)? El Partido Popular la cerró abruptamente en noviembre de 2013 tras la sentencia que tumbó el expediente de regulación de empleo que dejó en la calle a un millar de trabajadores. El entonces líder socialista en la oposición y ahora presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, subió a la tribuna y proclamó que en 2015 “reabriría la tele”. Y al poco puso fecha a la promesa: el 9 de octubre, día nacional de los valencianos. Puig se rodeó de ex empleados en sus mítines. Todo eran fotos, abrazos y buenos augurios. Pero ahora la situación ha cambiado.

Puig sigue hablando del 9 de octubre, pero con severas matizaciones. “No será fácil reabrir”, declaró abiertamente el pasado 23 de julio. “La crisis financiera es grave y la situación en la que nos ha dejado el Partido Popular es compleja”, explicó en relación a la liquidación de los dos entes que convivieron durante la época de Alberto Fabra: la matriz RTVV y la descendiente RTVV SAU. Un problemón de unos 800 millones de deuda, con una antigua plantilla sobredimensionada de 1.608 trabajadores convertida en trituradora de la ética periodística más elemental y nido de variadas corruptelas. De hecho existen tres causas abiertas en los juzgados: el multimillonario agujero; los supuestos abusos sexuales perpetrados por Vicente Sanz, ex secretario general de RTVV, a tres trabajadoras y por los que la Fiscalía le pide 20 años de cárcel; y la pieza 5 de la Gürtel, relativa a los 7,4 millones para sonorizar la visita del Papa a Valencia, en julio de 2006, adjudicados a Teconsa, empresa pantalla de la red corrupta.

En el plano puramente laboral se dan otros procesos que obstruyen la reapertura. El PSOE interpuso un recurso en el Tribunal Constitucional contra el decreto ley 5/2013 de 7 de noviembre que alteró el Estatuto de RTVV para despejar el camino legal a la suspensión de las emisiones. Y el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una demanda contra el ERE de extinción que la Audiencia Nacional trasladó al Constitucional. Y en el plano legislativo, la ley de liquidación aprobada por les Corts el 27 de noviembre de 2013 impide a la Generalitat prestar servicios de radio y televisión. Una normativa imposible de derogar por decreto y que el bipartito deberá contrarrestar consensuando una nueva ley en el Parlamento.

Nuevas amenazas de demanda

Para desatascar este embrollo el Consell creó el pasado 22 de julio el Alto Consejo Consultivo de Radiodifusión, Televisión y Otros Medios de Comunicación. Al frente está José María Vidal, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València, ex jefe del Servicio Jurídico de RTVV en la época socialista y hombre de máxima confianza de Ximo Puig. Su labor consiste en buscar una alternativa jurídica y laboral de consenso entre los agentes del sector audiovisual valenciano, en particular con el antiguo comité de empresa de RTVV (la plantilla se finiquitó definitivamente este 30 de junio), la voz más exigente.

Según fuentes de la negociación consultadas por infoLibre, Vidal propone una televisión asequible que empiece a funcionar el 9 de octubre con pocos trabajadores, mucha emisión enlatada (películas y documentales de los fondos del ente) y la colaboración puntual de productoras privadas. Al mismo tiempo se apretaría el acelerador para, en el máximo de un año, proponer una nueva RTVV y modelo audiovisual.

“Es un parche inaceptable”, asegura a infoLibre Josep Lluís Fitó, del antiguo comité de empresa, cuya propuesta consiste en la paralización del ERE de extinción, el regreso de los 1.608 empleados y la puesta en marcha de un tercer ERE para redimensionar la nueva empresa. “Muchos compañeros no volverán porque han rehecho su vida profesional”, explica, aunque “no sabría decir ni quiénes ni cuántos”. Cifras escasas según desveló Levante-EMV, ya que solo el 49% de la plantilla se inscribió en el plan de reinserción laboral de Equipo Humano, empresa contratada por la Generalitat y denunciada a la Fiscalía por dudas en la adjudicación. Solo 186 encontraron empleo. La proporción contrasta con la media de adhesión –entre el 75% y 80%– de otras empresas públicas con ERE. “El menor porcentaje tiene que ver con las altas expectativas de los ex trabajadores ante la reapertura de RTVV, idea incentivada por los partidos de izquierda antes de las elecciones”, señalan fuentes de la negociación.

El ex comité de empresa plantea que los trabajadores readmitidos retornen las indemnizaciones y, a cambio, perciban el salario de tramitación de los meses sin empleo. Y que recuperen la antigüedad y la plaza aquellos que opositaron en 1989, 1999 o 2003. Cerca de 800 de los 1.608. “Es algo jurídicamente y económicamente imposible”, recalcan fuentes de la negociación, y señalan que hace un año era viable que las indemnizaciones (unos 93 millones) fueran superiores a los salarios de tramitación (entre 3,5 y 4 millones por mes), pero ahora ya no. Fitó, sin embargo, sostiene lo contrario, aunque no concreta cifra alguna. “¿Con qué dinero pagaríamos los salarios del mes siguiente? ¿Y las indemnizaciones de los trabajadores despedidos en un tercer ERE?”, cuestionan desde la negociación.

“Nosotros no hemos puesto fecha alguna”, justifica Fitó y arremete contra la propuesta de Vidal: “Si se crea esa televisión de mínimos aconsejaré poner una demanda”. La base sería la cláusula sexta del ERE de extinción, que impide reabrir en dos años (hasta el 30 de junio de 2017) sin dar prioridad a la contratación de los ex trabajadores. Un requisito que arrancó el comité de empresa al PP para impedir que recuperara Canal 9 y colocara afines y que ahora le sirve para presionar a Puig con la idea de rescatar la totalidad de la antigua plantilla. Una complicación para el Consell por dos razones.

La primera es que resultaría impopular no cumplir con la fecha del 9 de octubre tantas veces repetida. Y la otra es que, si no existe antes de 2016 una nueva televisión, se perdería medio millón de euros por los derechos de emisión de un centenar de películas y más de 100 horas de teleseries. Por este motivo, la Abogacía de la Generalitat está buscando alternativas que permitan superar la sucesión empresarial a través de un ente no solo de radio y televisión, sino que dé servicios de documentación y agencia de noticias. Eso o esperar hasta verano de 2017, algo que nadie considera.

Manipuladores confesos

“Nos sentimos defraudados y utilizados”, denuncia Josep Lluís Fitó. El comité de empresa, desde el cierre de Canal 9, tejió una tupida red de influencia sobre la sociedad valenciana: desde la Mesav –mesa sectorial del audiovisual valenciano– hasta los partidos políticos. Uno de sus mayores coaligados es Enric Morera, presidente de les Corts, pero con escasa influencia en el Gobierno. Al menos hasta que, a finales de septiembre, no se cree la comisión parlamentaria de radiotelevisión, que presidirá Antonio Montiel, portavoz de Podemos y uno de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que sumó 90.000 firmas para una nueva RTVV. Otro aliado es Esquerra Unida, cuyo acto central de campaña estuvo presentado por extrabajadores. Pero su salida de les Corts les ha dejado sin ningún peso político.

En el lado contrario está Mònica Oltra, vicepresidenta y portavoz del Consell, quien siempre se ha mostrado reticente al retorno de los 1.608, buena parte de ellos enchufados por el PP y manipuladores confesos. De hecho, Oltra jamás ha hablado de fechas de reapertura. Y, pese a ello, fue la única que este 24 de julio se acercó a la concentración que cada viernes reúne a los extrabajadores junto al Palau de la Generalitat. “Si hay que hablar cinco veces se habla cinco veces, pero no podemos poner en marcha proyectos que después tumbe la justicia o sean inviables”, explicó megáfono en mano tras pedir “calma y diálogo”. “Si no es en parte por nosotros este Consell no estaría aquí”, lamentaron algunas voces. “Si hace falta, volveremos a la calle”, advirtieron otras.

Una pérdida de influencia también relacionada con el informe de la Unió de Periodistes Valencians –con cerca de 1.000 afiliados– alternativo a la tesis del ex comité de empresa, la única hasta la presentación en mayo de este documento. “Hemos consultado con numerosos expertos en derecho laboral, mercantil, civil y administrativo. Una nueva empresa pública, desde cero, es totalmente viable sin tener que readmitir toda la antigua plantilla”, señala a infoLibre Sergi Pitarch, presidente de la Unió. Y respecto a la cláusula sexta del ERE de extinción, el informe analiza que la prioridad exigida para los extrabajadores podría sustanciarse dándoles más puntos y priorizando su experiencia profesional, pero la valoración “debe aplicarse sin que impida al resto de ciudadanos el libre acceso a unas pruebas de selección”.

El texto aboga por una Ley Audiovisual que incluya mecanismos de control para evitar que televisión y radio “sean utilizadas como herramientas de propaganda política”. “Se trata de pensar primero en el modelo y luego en la plantilla”, puntualiza Pitarch y enumera filtros como el Consejo Valenciano de la Comunicación y el Consejo Asesor de Contenidos, donde convivirían representantes políticos, universitarios y de la sociedad civil.

“Va en contra de nuestros derechos”, resume Fitó el sentir de los extrabajadores respecto a la propuesta de la Unió. Y acto seguido niega la posibilidad de hablar del modelo antes de resolver el conflicto laboral. Por su parte, Ximo Puig no se ha pronunciado sobre el informe de la Unió, aunque José María Vidal, según fuentes de la negociación, lo considera serio y solvente. “Es muy profesional y proviene de una asociación muy respetable”, sostiene también Mònica Oltra, quien este viernes definió gráficamente un conflicto que no cesa: “es como una madeja que se ha de desenredar hilo a hilo”. Una madeja con hilos de alambre. De alambres con púas.

Casi cuatro años después, José Luis Rodríguez Zapatero podría jactarse de que su reforma legislativa en RTVE, aprobada en 2006, se ha convertido en un referente para los medios públicos de comunicación. El contraste entre la imagen de la radio y televisión estatal durante su mandato, y la críticas que hoy obtiene, ha calado entre los representantes de los trabajadores de los medios autonómicos, que ponen aquel modelo como punto de partida para sus reivindicaciones, tal y como reconocen a este periódico. En la mayoría de ellas se contempla con esperanza el cambio político, aunque ninguno de los interlocutores se muestra dispuesto a bajar la guardia ante la nueva situación.

01. CANAL EXTREMADURA

El próximo presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, propuso en su campaña elegir al director de Canal Extremadura por "concurso público", además de estar en contra de los procesos de privatización de los servicios informativos "porque suponen un intento de control de la información". Precisamente la contratación externa de servicios y personal, junto a la manipulación informativa, han sido la principal acusación de los representantes de los trabajadores ante la dirección durante la pasada legislatura.

Para Jaime Caño, miembro de Comisiones Obreras y secretario del comité de empresa, "no hay que bajar la guardia ante la nueva situación". "Nosotros –afirma– seguimos en la pelea contra los intentos de privatizar parte de la empresa, la creación de una redacción paralela con personal traído por afinidad política, y la manipulación informativa, tal y como hemos denunciado estos años". "Para ello –continúa–, pedimos cambios normativos que garanticen el futuro como empresa pública, al margen de quien gobierne en cada etapa, y que sirvan como paraguas protector contra vaivenes. Hay que defender la profesionalidad y la independencia con órganos como el Consejo de Informativos, que debería existir ya en todos los medios públicos. Al final, Zapatero acertó en eso: no hay más que ver como está ahora Televisión Española. Hay que impedir que ocurra aquí en el futuro".

02. RADIO TELEVISIÓN Castilla-La Mancha

"Espero que esta misma noche Nacho Villa [director general de Castilla-La Mancha Televisión] esté presentando la dimisión. Es una desvergüenza cómo ha tratado a esta región”, dijo Emiliano García-Page, nada más conocer que el PP había perdido la mayoría absoluta en la región. Previamente, el programa socialista se había comprometido a que el próximo director general del ente fuera nombrado por una mayoría de tres quintos de las Cortes regionales. Para ello, el PSOE modificará la ley que regula Castilla-La Mancha Televisión y garantizará también en esta norma la creación de un Consejo de Informativos elegido entre los profesionales de la redacción que vele por la imparcialidad del canal.

Los representantes de los trabajadores han denunciado, durante estos cuatro años, múltiples casos de malas prácticas informativas, y la dirección ha sufrido frecuentes reproches desde instituciones y asociaciones profesionales, la última este mismo viernes por parte de la Comisión de Arbitraje y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.

Cristina Corcuera, presidenta del comité de empresa, asegura que "para poder recuperar la dignidad y la credibilidad del medio público, el de todos los castellano-manchegos", cree que "es indispensable buscar con urgencia la mayor desvinculación posible de la política, al objeto de no volver a ser una herramienta al servicio del partido político de turno que gobierne". Por eso considera "necesario un cambio en la normativa vigente". "Apostamos por un cambio a la hora de nombrar al director general del Ente Público RTVCM, por una mayoría que podría ser de dos tercios y por que su mandato no coincida con la legislatura. En esa dirección, consideramos igualmente urgente y necesario la creación de un Consejo Profesional de Informativos y que el Consejo de Administración tenga una mayor relevancia incluyendo en su composición representantes de la sociedad y de los trabajadores", asegura.

Corcuera sostiene que "es fundamental la transparencia en la gestión, que se sepa el cuánto y el cómo se gasta el presupuesto, y que se racionalice el organigrama y las retribuciones". "Teniendo en cuenta también las denuncias que los trabajadores venimos haciendo en los últimos años sobre la creación de una plantilla paralela, apostamos por la creación de una bolsa de trabajo profesional, tal y como establece nuestro convenio colectivo, y la consolidación de la verdadera plantilla de RTVCM".

03. Telemadrid

Una situación de especial zozobra se vive en Telemadrid, donde los trabajadores afectados por el ERE ven depender su futuro de la formación que presida la Comunidad de Madrid, o el PP o el PSOE. Ya en la campaña electoral, la candidata del PP, Cristina Cifuentes, dijo que "de momento", iba a esperar a que "concluyan todos los procedimientos judiciales que hay abiertos, que hay unos cuantos, y luego, sobre todo, ver cuál es la situación financiera de la casa, la sostenibilidad, la viabilidad y tomar una decisión al respecto". Cifuentes no descartó, incluso, el cierre de la cadena. Mientras, los representantes de los trabajadores hablan de "prudencia hasta ver cómo se desarrollan los acontecimientos". Según Ángel García, miembro de Salvemos Telemadrid, y del comité de empresa por UGT, su posición "está reflejada en el Pacto por una nueva Telemadrid. "Estamos a la espera de que se clarifique la situación y se forme Gobierno. Seguimos pensando que es posible cambiar las cosas en la empresa y que vuelva a ser una televisión normal. Y como hemos dicho desde el primer día estamos siempre dispuestos a hablar y dialogar con todos".

Tal y como informó infoLibre, el pacto citado fue firmado por PSOE, Podemos e Izquierda Unida, e incluía la creación de un Consejo Audiovisual de Madrid, un Consejo Profesional de Informativos y un portal de transparencia de gastos e ingresos, para garantizar el carácter de servicio público, dotar al ente de financiación estable y suficiente, fijar un porcentaje significativo de producción interna y evitar las mayorías absolutas de un partido político en el Consejo de Administración, así como que el director general sea elegido por mayoría de dos tercios del Consejo de Administración.

04. REABRE CANAL NOU

Este viernes las fuerzas de izquierda ganadoras se comprometieron formalmente la reapertura de Canal Nou, que el Gobierno de Alberto Fabra cerró bruscamente hace año y medio. Un cierre que ha costado 150 millones de euros. Tenía 1.600 trabajadores y una deuda de 1.300 millones. El anuncio se produce tras el acuerdo entre PSPV, Compromís y Podemos de crear una televisión pública en valenciano, desligada del Gobierno autónomo. El modelo se inspira en el aplicado por Zapatero en 2006, de modo que el presidente y el Consejo de Administración sean elegidos por mayoría de dos tercios y permanezcan en su puesto por periodos de seis años.

La propuesta socialista es que la nueva radio y televisión reciba fondos públicos mediante contratos-programa, y sin posibilidad de endeudarse. La plantilla no llegará, en ningún caso, a los mil trabajadores, por lo que será imposible recuperar al total de los despedidos, pero es que la misma coincidencia en la necesidad de recuperar el medio público se produce en evitar el gigantismo y el derroche que presidieron los últimos y conflictivos años de una radio y televisión que fue reflejo fiel de la corrupción que ha dominado los últimos años de Gobierno del PP en la Comunitat Valenciana.

05. Aragón y Baleares

En el caso de Aragón, la continuidad del servicio público está asegurada, a tenor de los programas electorales de PSOE, Podemos y la Chunta Aragonesista, en cuyas manos está el nuevo Gobierno. El modelo de gestión privada bajo supervisión pública no ha sido, hasta el momento, puesto en cuestión, dados los excelentes datos de audiencia obtenidos en la pasada legislatura, que sitúan a la televisión de Aragón en los primeros lugares de las autonómicas, con cuotas de pantalla de alrededor del 10%.

No obstante, Podemos apostó recientemente por crear "un posible organismo independiente que pueda etiquetar la calidad de los servicios informativos de las televisiones", una iniciativa que podría reforzar el control y vigilancia por parte de los poderes públicos. Esta formación pretende la creación del Consejo Aragonés del Audiovisual, quegarantice la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad cultural, la calidad y sostenibilidad del trabajo y que en el Consejo de Administración estén representados, además de los partidos presentes en las Cortes de Aragón, la plantilla, los sindicatos, los usuarios y “expertos elegidos de forma transparente y democrática”.

En cuanto a Baleares, se producirá un cambio profundo en la radio y televisión pública, a tenor de los programas de las fuerzas políticas vencedoras en las elecciones. No obstante, y dada la diversidad de fuerzas, los extremos no han sido concretados y serán objeto de definición tras la investidura y formación del nuevo Ejecutivo. Por el momento, el único acuerdo se produce es el general repudio a una etapa en la que las acusaciones de manipulación han ido desde la oposición política a los propios redactores, e incluso a colectivos ciudadanos como la Asamblea de Docentes.

La imagen fue verdaderamente insólita. Era el 29 de noviembre de 2013, y como si estuviera a punto de desatarse una guerra, como si en poco tiempo todo fuera a irse al garete, los trabajadores se desplegaron ante la cámara durante doce largas horas hasta que, a las 12.19, el fin quedó certificado como un fundido a negro. Custodiado el edificio por la policía, periodistas, técnicos y demás profesionales clamaban que “¡esto es un golpe de Estado!” en el mismo momento en que desaparecía la Radio Televisión Valenciana, RTVV. Una muerte anunciada poco tiempo antes en otra inédita actuación: la del president de la Generalitat, el popular Alberto Fabra, que decidió echar el cierre al ente público autonómico después de que un juez declarara nulo un reciente ERE de la empresa, que fallecía así a la edad de 29 años.

RTVV no ha ido al cielo ni al infierno: continúa en un limbo del que quizá pueda salir dependiendo de cómo evolucionen las circunstancias, ya que no solo la oposición, sino el mismo PP que la clausuró habla ahora de recuperar este servicio que era, además, el único medio audiovisual en valenciano. Lo que ocurrió durante su corta existencia quedó grabado en forma de programas de tan dudoso interés como Tómbola (espacio de cotilleo que costó 32 millones de euros), En casa de Bárbara (un show de recetas presentado por Bárbara Rey) o De un tiempo a esta parte (idea de la productora de José Luis Moreno que cosechó de media un 1,2% de audiencia y por la que la corporación pagó 20 millones de euros). También ha quedado registrado en los innumerables artículos y reportajes periodísticos que han documentado lo mucho y malo que ocurrió en aquellas instalaciones de Burjassot: corrupción, manipulación informativa, desfalcos, y hasta abusos sexuales, amén de otras tropelías varias, que también se han producido (Y se siguen produceindo) en otras empresas públicas como RTV Castilla-La Mancha, Telemadrid o la nacional RTVE. 

Fuera de la cadena desde 2008, Marcos García Martí, que trabajó allí —bien en Canal 9 o para productoras asociadas— durante casi ocho años, también ha querido dejar plasmado su testimonio sobre esta rocambolesca historia aún por concluir. Lo ha hecho a través de la ficción, pura invención “inspirada”, eso sí, en hechos reales. Con ellos ha moldeado la novela negra Temporada de cizaña (360 Grados), en la que dos periodistas investigan el asesinato de una abogada que iba tras la pista a dos altos cargos de una televisión autonómica. Ni siquiera se menciona el nombre de RTVV o de la televisión Canal 9 en la historia, pero las alusiones hablan por sí solas. “No es una novela que intente reconstruir los hechos históricos, como ha hecho (el escritor) Ferran Torrent”, explica el autor, “pero sí que trato de reproducir los comportamientos que nos han llevado a esta situación”.

“En la Comunidad Valenciana hemos vivido años duros a todos los niveles”, abunda García. “Y políticamente, la clase dominante se ha creído con derecho a hacer lo que les viniera en gana”. Un contexto obviamente malo para la vida pero perfecto para su proyecto literario, porque de ese marasmo de avaricia, insensibilidad e impunidad emergen sus personajes, hombres y mujeres que se “sienten legitimados por el poder y actúan como señores feudales”. Frente a ellos, el contrapunto lo marcan “dos plumillas”, que hacen las veces, especialmente uno de ellos, “de héroes inesperados”. El trasfondo para sus andanzas lo define así “un ente sobredimensionado, con gastos sin ningún sentido”; un “gigante” que, como RTVV, termina por engullirse a sí mismo.

Ante tales antecedentes, resulta complicado imaginar una historia sobre la radio televisión valenciana que no sea en el género negro. Pero no es solo por su pertinencia que García (Valencia, 1979) se ha decantado por él, sino también, simplemente, porque se trata de su “favorito”. “Tiene unos condicionantes muy claros, por lo que siempre sabes a qué atenerte”, agrega García, que firma con este su primer libro, prologado por el reportero valenciano Eugeni Alemany. “Además, yo trabajé un tiempo en un programa de sucesos como periodista, y el género negro es muy periodístico”.

A pesar de los golpes, las injusticias y las decepciones vividas en casi una década en el ente, para el autor, que culminó aquella etapa coincidiendo con la muy controvertida gerencia de Pedro García, también hubo cosas positivas. “Si no hubiera trabajado allí, esta novela no existiría”, empieza, “y tampoco hubiera conocido a un gran equipo, porque aunque había rémoras, también había muchos periodistas y técnicos muy valiosos”. Si la corporación valenciana acabará resucitando de entre los muertos como se viene especulando, cree el escritor, defensor de la necesidad y utilidad de los medios públicos, que debería depender no solo de la voluntad política, sino también de la disposición de la gente. “La situación que tenemos es la de un cadáver congelado, como Walt Disney”, describe. “Y la solución es difícil porque la muerte fue extraña y, además, no estamos en las mismas circunstancias que hace un tiempo, por lo que no sé si ahora la sociedad querría sumir ese coste”.

El exsecretario general de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Vicente Sanz ha llegado este jueves sobre las 10.30 horas al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), para declarar como imputado por los contratos relacionados con la visita del papavisita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, donde ha sido recibido con gritos de ladrón por parte de una treintena de extrabajadores de la extinta sociedad pública.

Preguntado por los medios por cómo se encontraba, ha dicho: "Muy bien". Sanz se ha pronunciado en estos términos momentos antes de entrar a declarar como imputado, donde está citado por la pieza cuatro del caso Gürtelcaso Gürtel, en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación de RTVV con Teconsa por el suministro de pantallas de video, sonido y megafonía, relacionadas con la visita del papa a Valencia en 2006 para el V Encuentro Mundial de las Familias (VEMF).

Sanz, que también está procesado en otra causa por presuntos abusos sexuales a tres extrabajadoras, preguntado por los sobrecostes en los contratos, ha señalado: "Habrá que ver la Mesa (de contratación)... ya lo explicaremos".

Previamenmte a Sanz ha llegado al TSJCV a declarar también como imputado el que fuera director general de Canal 9 José Llorca, quien pese a estar citado a las 9.30 se ha presentado a las 8.00 horas, con lo que ha evitado la presencia de medios de comunicación y extrabajadores. A las 12.00 horas está citado también otro exsecretario general de la sociedad y el que fuera jefe de gabinete del exdirector general Pedro García, Juan Prefaci.

Fabra realizó un trabajo sucio por el que no ha obtenido rédito alguno. De hecho, asumió el discurso de fondo de la oposición respecto al monstruo televisivo ingobernable con una deuda de 1.200 millones, una audiencia por debajo del 5% y una plantilla saturada (1.600 trabajadores) tras años de enchufismo del PP. El president aseguró en su día que cerraba Canal Nou para no tener que hacerlo en escuelas y hospitales. Una retórica que no ha podido demostrar. Tampoco sus cálculos. Anunció 115 millones anuales de ahorro, pero en 2015 llevará gastados cerca de 300 para liquidar el ente público. Se mire por donde se mire, un negocio ruinoso.

Una tele por 3,2 millones

Las alternativas de Fabra tampoco han cuajado. Intentó negociar, sin éxito, una desconexión de dos horas con Televisión Española a través de su segundo canal. Sin más terreno que recorrer, ha quedado cautivo de su compañero de partido y presidente de la Diputación de Valencia, Alfons Rus, quien este martes anunció la puesta en marcha a partir del 1 de enero de una televisión provincial valorada en 3,2 millones y que generará 30 empleos. El superávit de la Corporación le ha permitido ajustarla a los presupuestos. “Es una necesidad que demandan los alcaldes y vecinos”, explicó Rus y precisó que se centrará en fiestas y tradiciones, gastronomía, bandas de música “y bous al carrer”.

Y aunque destacó que será “abierta y sin razón política”, también recalcó que se emitirá “lo que haga la Diputación”. Es decir, según José Manuel Orengo, portavoz socialista en la Corporación, “autobombo del PP con dinero de todos los contribuyentes y con Rus todo el día inaugurando polideportivos y destapando placas”.

Pero no es esta la única crítica de la izquierda. Según denuncia Orengo, el pliego de condiciones del contrato, que se cerrará el 28 de noviembre, se ha negociado “de espaldas” a la oposición y esconde un posible “dedazo” a empresas próximas al PP.

De hecho, las principales condiciones son la de emitir 13 horas diarias con una programación del 90% en valenciano y llegar al 95% de la provincia, requisitos que sólo pueden cumplir dos emisoras: Mediterráneo y Beovisión. Esta última, impulsada por el empresario Ángel Raga, se hizo recientemente con el alquiler del canal de la TDT de Las Provincias tras obtener el permiso del Consell. Raga emite en la práctica a nivel autonómico gracias a convenios con ocho televisiones locales y mantiene una relación próxima, sin disimulo, con Alfons Rus.

Este empresario es el administrador de Producciones Mecomlys que, en unión a Endora y Videac, obtuvo la titularidad de buena parte de la programación de Canal Nou antes de su cierre. Raga también posee los estudios Galaxia, desde donde emitía Tele 7, el canal de José Luis Ulibarri, constructor imputado en Gürtel por el saqueo de 7,4 millones de la radiotelevisión pública valenciana durante la visita del Papa a Valencia el verano de 2006.

Polémico y populista

Por todas estas razones, Orengo entiende que la nueva televisión del PP provincial “está bajo sospecha”. Un canal que también ha recibido críticas de la mesa sectorial del audiovisual valenciano y del comité de empresa de RTVV. Tras su anuncio, muchos ven la necesidad de Alfons Rus de amortizar su poder y posicionarse en la disputa interna ante la posible derrota electoral de Fabra.

En ese sentido, Rus nunca ha ocultado su ambición por medrar. Una actitud tan elocuente como sus polémicas y salidas de tono. Él fue quien protegió a los militantes de Nuevas Generaciones que se fotografiaron con el brazo en alto y exhibiendo banderas franquistas. “Es un chiquillada”, minimizó. Y tuvo que declarar en los juzgados por tachar de “gilipollas” a los profesores universitarios críticos con el PP, a los que sugirió la necesidad de “rematarlos”.

Populista y lenguaraz, Rus llamó “burros” a sus propios votantes por creerse que llevaría la playa hasta Xàtiva, ciudad de la que es alcalde y a 40 kilómetros del mar. Y cuando inauguró un parque en el río Clariano de Ontinyent y los discapacitados se quejaron por la falta de accesibilidad, propuso poner cuerdas para bajarlos. Pero quizá su exabrupto más sonado fue la censura en 2010 de una exposición en el MuVIM (Museu de la Il·lustració i la Modernitat) donde salían fotos de la Gürtel. Aquello provocó la dimisión del director, Román de la Calle. Entonces Rus nombró como sustituto a una alcalde del PP y atacó a los fotógrafos: “Si quieren hacer apología del caso Gürtel, que lo hagan en su casa”.

La Asociación de Víctimas del Metro de Valencia 3 de Julio (AVM3J) confirmó esta mañana que va a "seguir luchando" para que se investiguen las causas de lo ocurrido y conseguir que el Gobierno autonómico pida perdón, algo que no sólo solicitan las víctimas, sino "toda la sociedad valenciana".

A los actos de homenaje asistieron miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), yayoflautas y personalidades políticas. Los afectados depositaron flores amenizados por el sonido de un cuarteto de cuerda de fondo. La presidenta de la Asociación, Beatriz Garrote, recordó que hay una instrucción judicial abierta, algo que supone un "refuerzo" a lo que han estado pidiendo durante estos ocho años, con el fin de "saber qué pasó. Que se investiguen las causas del accidente, no solo la responsabilidad del conductor sino que se analice por qué faltaban medidas de seguridad".

Del mismo modo, Garrote señaló que hay tres imputados por esta causa, pero que la asociación exigió que "se sigan ampliando las acusaciones", ya que, precisó,  "la directiva de Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana (FGV) tenía en su mesa peticiones tanto de los maquinistas como de sindicatos pidiendo estas medidas de seguridad, que destruyeron, facilitando de esta forma que ocurriera el accidente".

En la misma línea, la representante de AVM3J resaltó que para la asociación es también "muy importante" que se asuma una responsabilidad política. "Seguimos esperando que el Gobierno valenciano se digne a revisar los hechos con seriedad y objetividad, asumir los errores y a pedir perdón, no sólo a las víctimas sino al resto de la sociedad valenciana que lo sigue esperando", aseveró. A falta de que esto sea así, continuó, "en este momento hay un expediente abierto en Europa que llevamos el pasado enero, que puede acabar con un debate en el seno del Parlamento Europeo, sobre la manipulación de medios de comunicación y toda la ocultación de pruebas y la falta de información que hubo por parte de la directiva de FGV".

En cuanto al aspecto social, Garrote destacó que desde que el tema llegó "más lejos" con la emisión del programa Salvados de Jordi Évole, la plaza de la Virgen "no ha vuelto a estar vacía". "Sentimos el apoyo de los ciudadanos en la calle y en las redes sociales", agradeció. Por otro lado, hizo hincapié en el concurso que ha impulsado la asociación para realizar un homenaje artístico a los afectados, que se ubicará en el mismo jardín sobre el punto del accidente, para "recordar que algo así no debe volver a suceder jamás".

Mención al Gobierno de la Generalitat

La presidenta de la asociación fue también preguntada por las declaraciones del vicepresidente del Consell de la Generalitat valenciana y conseller de Presidencia, José Císcar, con las que indicó que si los familiares de las víctimas lo han "percibido" así, el Gobierno autonómico no tiene "problemas en pedir disculpas" porque "entiende su indignación". Pese a cómo se enmarcaron esas disculpas, respondió, fue "agradable oír la palabra 'disculpas' en boca de un representante del Gobierno valenciano".

La presidenta de la asociación de víctimas criticó "que la evaluación de los hechos objetiva la debería haber hecho el Gobierno valenciano hace ocho años" y apeló que tenía de haber sido consciente de cómo se manipuló la comisión parlamentaria. Asimismo, denunció la censura del accidente por parte de Canal 9, al analizar por qué ocurrió el siniestro y qué medidas de seguridad no estaban. Garrote insistió también en que ese perdón no sóo lo piden las víctimas, sino que "es algo que está reclamando toda la sociedad valenciana".

Ante esto, planteó que el Gobierno de la Generalitat piense qué rol quiere desempeñar en esta historia, "si un papel indigno en el que se manipula, silencia a las víctimas y espera que le tiren las orejas desde el Parlamento Europeo o desde los tribunales o, por el contrario, aunque sea tarde, quiere dar un paso al frente, revisar los hechos, asumir los errores y pedir perdón". "En esa línea, encontrará siempre una puerta abierta en la Asociación de Víctimas", subrayó la presidenta de la AVM3J.

Garrote afirmó que "siempre" ha mantenido la esperanza de "que las cosas cambiaran". "Lo veíamos necesario, no podíamos asumir que el carpetazo se diera sin más y el no conseguir respuestas y, desde luego, ahora nos sentimos muy cerca". Según aseguró, la instrucción judicial "está avanzando en líneas muy importantes" y mantienen la "confianza" en que acabe celebrándose un juicio.

Hacienda ha planteado una propuesta de multa de unos 120.000 euros a Radio Televisión Valenciana (RTVV) por presentar el modelo 190 del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los trabajadores de forma incompleta, según han informado a Europa Press fuentes de la empresa.

Al respecto, han explicado que el modelo 190 —a través del que se obtiene el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF— se presentó "en tiempo" —la fecha límite era el 20 de enero— pero de forma incompleta. Por este motivo, el pasado mes de mayo se presentó un modelo sustitutivo completo.

No obstante, Hacienda ha planteado una propuesta de recargo y ha dado un plazo de 15 días a RTVV para poder alegar, lo que la empresa está dispuesta a hacer.

La fundación valenciana Equipo Humano, presidida por un dirigente empresarial que pagó cuota como militante del PP al menos hasta 2011, ha obtenido el contrato público para acometer el plan de recolocación de los más de 1.500 despedidos de la ya desaparecida Canal Nou. El contrato se cifra en hasta un máximo de 713.264, aunque el monto final dependerá del número de trabajadores que se acojan al plan.

El principal responsable de Fundación Equipo Humano, constituida en junio de 2010, es José Enrique García Llop, que también preside la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV). En conversación telefónica con infoLibre, García Llop recalcó el martes que solo fue "afiliado de base" del PP en Valencia, partido al que dejó de pertenecer "hace años", y que su antigua militancia no ha tenido el menor peso en el concurso que el 1 de abril de este año terminó ganando su fundación.

El nombre, los apellidos y el DNI de García Llop figuran en un listado elaborado por Hacienda para el juez que investiga los llamados papeles de Bárcenas. Ese listado contiene tanto las donaciones clásicas como aquellas, generalmente de menor envergadura, efectuadas por los militantes en el cuatrienio 2008-2011. García Llop consta en los cuatro ejercicios.

El empresario, que también capitanea varias sociedades mercantiles especializadas en recursos humanos y formación, no pudo precisar si la oferta presentada por su fundación fue la más barata. "Me dolería bastante –dijo– que se asociara una cosa [su militancia en el PP] con otra [el contrato obtenido por su fundación] cuando me estoy dejando la piel y soy amigo de algunos de los despedidos". García Llop asegura que aún no se sabe cuántos afectados por el ERE de extinción de la Radiotelevisión Valenciana se acogerán al plan de recolocación, pero recalcó que todos los que se incorporen recibirán "atención personalizada". "Tenemos hasta comerciales buscando ofertas ocultas de empleo", es decir, que no llegan a publicitarse masivamente. Y de esa cifra dependerá cuánto cobre la fundación.

A preguntas de este diario sobre si la oferta de Fundación Equipo Humano fue la más barata, García Llop dijo no poder asegurarlo porque desconoce el contenido de las otras plicas y la identidad de los otros concursantes.

Equipo Humano ganó la adjudicación en virtud de "una pluralidad de criterios", según los documentos oficiales incorporados a la plataforma de contratación de la Generalitat Valenciana. Entre los documentos relativos a esta convocatoria, figura uno que dice lo siguiente: "12/03/2014: Apertura pública sobre número 3, propuesta económica, fecha 14/03/2014". Ayer miércoles, infoLibre tuvo acceso al acuerdo de adjudicación por el que Fundación Equipo Humano se hizo con el contrato por 589.475 euros (713.264 con IVA). Fechada el 1 de abril, esa acta del Consejo de Liquidación de la Radiotelevisión Valenciana desvela que al concurso se presentaron otras tres empresas. Pero las tres acabaron excluidas: dos de ellas porque habían presentado sus ofertas firmadas por personas que carecían de apoderamiento y la tercera porque no había depositado las cuentas del último ejercicio (2012) en el Registro Mercantil. Según la RTVV ese hecho supone "falta de acreditación de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera exigidos".

El plan tras el primer ERE

El plan de recolocación externa para los afectados por el primer ERE quedó en papel mojado en noviembre tras la sentencia del TSCV, sin que se sepa cuánto pagó realmente la Generalitat a la agencia contratada, Acción Laboral. Una fundación capitaneada por el presidente a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia asume ahora el encargo de asesorar a los 1.570 despedidos de la cadena pública. La Generalitat valenciana ha destinado en el último año 970.000 euros –más IVA– a dos contratos sucesivos para acometer el llamado plan de recolocación de los despedidos de la Radiotelevisión autonómica, cuya antigua cúpula acaba de ser imputada por el presunto desvío de 1.300 millones tras una denuncia de Compromís.

El primero de esos dos contratos, adjudicado directamente en febrero de 2013 y por 381.000 euros a una entidad no empresarial con domicilio social en Valladolid, quedó en agua de borrajas una vez que la justicia tumbó el primer ERE, aunque a día de hoy sigue sin conocerse la cantidad que pese a ello desembolsó la cadena pública. El segundo, recién adjudicado -el 1 de abril–, costará 589.475 euros y su desarrollo correrá a cargo de una fundación sin ánimo de lucro capitaneada por el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia.

Aunque la nueva redacción aplicada al Estatuto de los Trabajadores tras la reforma laboral del PP obliga a las empresas que ejecuten un ERE a contratar agencias externas de recolocación (en el artículo 51.10 el Estatuto de los Trabajadores), lo sucedido en Canal Nou pone en evidencia los desastres de la cadena pública valenciana.

Adjudicado en febrero de 2013, el primer contrato de “recolocación externa” se otorgó por 381.263 euros más IVA a Acción Laboral. Según el comité de empresa de RTVV, solo sirvió para recolocar a dos de los 954 despedidos en el primer ERE –90 de ellos se acogieron a la baja voluntaria.

Fue justamente ese primer ERE el que en noviembre de ese mismo año anuló el Tribunal Superior valenciano (TSJCV) con una sentencia a la que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, respondió decretando el cierre inmediato de la cadena pública.

Fuentes internas de la cadena cuantifican en 170.000 euros lo que finalmente percibió Acción Laboral por ese primer contrato, que quedó interrumpido en noviembre tras el proceso de readmisión forzosa.

Ni RTVV ni Acción Laboral –una entidad no empresarial con domicilio social en Valladolid y cuya forma jurídica exacta desconoce este diario– han accedido a aportar cifras ni a detallar el contenido del plan de orientación laboral que se aplicó. El diputado del PSPV Josep Moreno, portavoz de su grupo en la comisión de control de RTVV, asegura que esta lleva "ocho meses sin reunirse", por lo que la fiscalización parlamentaria de la cadena pública en su final y convulsa etapa resulta imposible.

Pero, sea cual sea el monto pagado a esa agencia, cada euro abonado aquí por el erario valenciano fue en la práctica a la basura, dado que todos los despedidos se reincorporaron a la cadena tras la resolución del TSJCV. Acción Laboral había obtenido la adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad después de que el concurso previo quedase desierto.

Según RTVV, a aquel primer plan de orientación y recolocación se acogieron “unos 600” despedidos. Según los sindicatos, las dos personas que encontraron trabajo, reingresaron luego en Canal Nou tras la sentencia del TSJCV para finalmente incorporarse al segundo y definitivo ERE. Lo hicieron en mejores condiciones económicas –35 días de indemnización por año con un máximo de 30 anualidades, más algunos complementos– junto con el resto de la plantilla.

En total, el cerrojazo a RTVV afecta a 1.570 trabajadores, asegura el comité. La lista de despedidos es casi idéntica en número al de los millones –1.300– que, según Compromís, desvió la cúpula de Canal Nou tras una gestión sustentada en dos pilares: gasto opaco y sin control y endeudamiento creciente. “De esos 1.300 millones, casi 400 pueden corresponderse con intereses bancarios”, apunta una cualificada fuente sindical, que pone el acento en la vertiente política del derroche: “Si Camps quería darle dinero al Villarreal CF o al Valencia CF, era Canal Nou la que pedía el crédito y lo ponía”.

La firma de uno de los contratos suscritos con el Villarreal, firmado en enero de 2010 y que no reportó ingresos a RTVV, aparece como uno de los hitos en el relato de malversación que traza la denuncia de Compromís. En octubre pasado, Izquierda Unida (Esquerra Unida) reveló, papeles en mano, cómo en solo 10 años la cadena pública valenciana había pagado casi 33 millones al Villarreal CF y al Valencia CF  por la compra de derechos de partidos amistosos y por explotar sus respectivas mascotas.

Segundo contrato de “recolocación”: 589.475 euros

Una vez que el TSJCV anuló el ERE por vulneración de derechos fundamentales, Fabra decretó el inmediato cierre de Canal Nou con el argumento de que la Generalitat no disponía de los “40 millones” necesarios para readmitir al millar de despedidos. Pero solo en indemnizaciones –y sin contabilizar, por ejemplo, lo que por desempleo desembolsará la Administración Central–, el ERE ha costado ya a las arcas públicas 86,1 millones de euros.

Sumando los derechos adquiridos a distribuidoras internacionales, las obligaciones contraídas con la federación de radiotelevisiones autonómicas (Forta) y otras gastos como los 330.000 euros destinados a informes jurídicos privados y que se han repartido Garrigues, PwC, Ernst&Young y KPMG, el coste real del ERE puede terminar superando los 140 millones que calculan los sindicatos.

En ese panorama, la adjudicación por 589.000 eurso del segundo plan de recolocación para todos los despedidos parece una gota en el océano. “Por lo que hemos averiguado –sostiene un miembro del comité– creemos que el precio de adjudicación es el de mercado, aunque creemos también que habría sido mejor utilizar ese dinero para mejorar las indemnizaciones”.

La reforma laboral del PP imposibilita que sean los servicios públicos de empleo los que ofrezcan asesoramiento a las nuevos parados procedentes de un ERE. Y ha impuesto la entrada en escena de un aluvión de empresas y asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro.

[Enhorabuena Lola Johnson por fin también te ha llegado el burofax] 

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna ha citado para declarar en calidad de imputados a cinco exdirectivos de Radio Televisión Valenciana (RTVV) en una causa abierta por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos.

En el auto, la jueza cita a declarar para el 8 de julio a los exdirectores de Televisión Valenciana Lola Johnson (actual secretaria autonómica de Comunicación de Presidencia de la Generalitat) y Luis Redondo. Johnson, que fue directora de Canal 9, ha presentado en la tarde de este jueves su dimisión.

Un día más tarde acudirán a declarar los también exdirectivos, respectivamente, de la televisión y la radio públicas Lluís Motes y Nuria Romeral. En cuanto al ex director general de RTVV José López Jaraba, la jueza dirige un exhorto a los juzgados de Madrid.

La jueza ha abierto diligencias tras una denuncia interpuesta por Compromís en la que acusa a la excúpula de estos delitos hasta generar un presunto agujero de 1.300 millones. Las declaraciones tendrán lugar los días 8 y 9 de julio, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El envío de los burofax en los que se notifica el despido a 1.438 trabajadores de Radio Televisión Valenciana (RTVV) pone en marcha la liquidación de la sociedad pública cinco meses y diez días después del fundido a negro de la cadena, el pasado 29 de noviembre.

Fuentes de la empresa han confirmado que esta tarde se remitirá a Correos los burofax que, a partir de este viernes, empezarán a recibir los despedidos. Simultáneamente al envío, la empresa realizará los ingresos correspondientes a las indemnizaciones en aplicación del acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción.

En la cadena seguirán 139 trabajadores que saldrán en los próximos meses porque continuarán durante el período de liquidación definitiva. En este caso, permanecerán en RTVV para cerrar los flecos pendientes, principalmente en las áreas de administración, servicio de documentación y redes sociales, según la definición de necesidades fijada por la sociedad.

La reunión celebrada este miércoles entre la Comisión Liquidadora de la radio y la televisión públicas valencianas y el Comité de Empresa sirvió para dar cuenta de cómo se desarrollará el proceso de despidos dentro de la liquidación de RTVV.

La empresa ha dado este paso una vez recibió la transferencia de la Generalitat que le permite hacer los pagos correspondientes al 60 por ciento de las indemnizaciones. La firma de la recepción del burofax implica que el trabajador da por recibida la documentación y fija esa fecha como la del despido individual, aunque no comporta la conformidad con su contenido ni con la cuantía de la indemnización ni tampoco implica una renuncia a ejercer posibles acciones judiciales futuras.

El burofax que recibirá el trabajador incluirá la carta formal de extinción del contrato, un resumen de la memoria de las causas del ERE extintivo, el acuerdo al que llegaron la empresa y cinco sindicatos --todos los que tienen representación en el Comité a excepción de CGT-- y el cálculo indemnizatorio individual.

En el caso de haber sido afectado por el primer ERE, en el documento aparecerán las cifras totales de la indemnización tanto del primer expediente como del segundo. En este caso, al pago del 60 por ciento de la indemnización al que se tiene derecho habrá que descontar el 50 por ciento de la indemnización abonada en el primer ERE. La carta de despedido incluirá el número del expediente, información imprescindible por acudir a formalizar la inscripción en las oficinas del paro.

Canal Nou se fundió a negro a las 12.19 horas del 29 de noviembre de 2013, tras 24 años de emisión y 24 días después de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunciara el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV). En el caso de Nou Ràdio, el cese fue a medianoche anterior, si bien los trabajadores de la radio emitieron unas horas más a través del canal Sí Ràdio con programación propia.

El 5 de noviembre Fabra anuncio el cierre de RTVV, apenas siete horas más tarde de conocerse la nulidad judicial del Expediente de Regulación de Empleo aplicado sobre alrededor de un millar de trabajadores. Las Corts Valencianes, con 49 votos a favor de diputados del grupo popular, aprobaron en el pleno del 27 de noviembre la proposición de ley presentada por el PP en la que autorizó al Consejo a la extinción, disolución y liquidación de la sociedad pública.

Una veintena de manifestantes protestan en la mañana de este domingo frente al teatro Raval de Castellón, donde el PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) celebra su Convención Política, y lanzaron un huevo al vicesecretario general de Estudios y Programas del PP y número dos de la lista al Parlamento Europeo, Esteban González Pons, a su llegada al recinto, que llegó a impactar en el dirigente, según fuentes conservadoras.

Entre los manifestantes se encuentran extrabajadores de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y un grupo de personas que protestan contra las prospecciones petrolíferas en las Columbretes, que han proferido gritos como "vergüenza" o "corruptos" al paso de distintos dirigentes del PP.

Presencia de Cañete y Fabra

Asimismo, un huevo fue lanzado a la entrada de González Pons en el teatro y habría impactado en él, según confirmaron fuentes del PP. Tras ese incidente, la Policía movió a los manifestantes que se encontraban frente a la entrada a un lateral.

Posteriormente accedieron al recinto el cabeza de lista del PP para las europeas, Miguel Arias Cañete, y el presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, que han sido recibidos con gritos de "corruptos".

Un nuevo informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía acaba de demostrar que todo lo conocido sobre las relaciones entre el PP valenciano y la trama Gürtel, que obtuvo en esa comunidad no menos de 13 millones de euros públicos, era susceptible de quedar superado por nuevos datos. El extenso informe, de más de 300 páginas y al que ha tenido acceso infoLibre, destapa cómo Pedro García Gimeno, hasta 2009 director general de la hoy ya cerrada Radiotelevisión Valenciana bajo el mandato de Francisco Camps, no fue un cargo público sobornado como se sospechaba hasta ahora sino, directamente, un socio de Francisco Correa. 

Tras analizar la agenda personal de Pablo Crespo –número dos de la red–, la Policía concluye que el máximo directivo de Canal Nou poseía el 20% de la filial local de la trama, Orange Market, cuando el ente público adjudicó en 2006 a una firma asociada a la trama y por 7,4 millones –un tercio más de su valor real– el contrato para retransmitir la visita del papa a la ciudad. La cabeza visible de Orange Market era Álvaro Pérez, El Bigotes, el ya célebre "amiguito del alma" de Camps.

El beneficiario del contrato de pantallas gigantes durante la visita papal fue la constructora Teconsa, una de las firmas que durante años actuaron en asociación con el grupo de Correa. Y el contrato reportó a la trama 2,83 millones en beneficios opacos.  Según la Policía, el medio millón que la trama pagó de ese monto a García Gimeno no sería un soborno sino la cuota que le correspondía como accionista: minoritario, lo que le sitúa el cuarto en cuanto a "posición jerárquica" y a dinero público desviado que acabó en su bolsillo gracias a la visita de dos días que Benedicto XVI giró a Valencia en julio de 2006. Correa, como accionista mayoritario, se llevó 900.000 euros. Pablo Crespo, 630.000; El Bigotes, medio millón, y una persona sin identificar, 300.000.

Buque insignia del conglomerado Gürtel en Valencia y capitaneado por Álvaro Pérez, El Bigotes, el "amiguito del alma" del expresidente Francisco Camps, Orange Market logró para sí más de cinco millones del Gobierno valenciano gracias al montaje del stand oficial de Fitur entre 2005 y 2009.

El informe policial define de forma inequívoca el papel del entonces director de Canal Nou: "Pedro García Gimeno participa en el capital de la sociedad Orange Market en el porcentaje marcado por Pablo Crespo en su agenda personal". "En la página [de la agenda] donde se transcribe esa participación figura la fecha 20 de mayo de 2005", continúa el informe, que reseña cómo tras la venta de acciones ante notario –cita que Crespo anotó para el día 6 de junio de aquel año–, Francisco Correa se quedó con el 36%; Pablo Crespo y Álvaro Pérez con el 20% cada uno, el mismo porcentaje que Pedro García Gimeno. El 4% restante acabó en manos de una empleada del grupo, Mónica Magariños. 

El informe menciona el nombre del notario, Ángel Luis Donesteve, al que la trama solía encargar escrituras de todo tipo. ¿Pedirá el juez Pablo Ruz al notario copia de la escritura de venta de títulos de Orange Market SL? De momento, es una incógnita

El caso de Pedro García, de cuyo deseo de dirigir la RTVV dejó Correa constancia en una nota interna fechada en abril de 2004 –"Pedro quiere ser director de Canal Nou", y su deseo se cumplió en julio de ese año– resulta paradigmático de la relación entre el PP y el conglomerado Gürtel que cobraba dinero público y a la vez organizaba actos del partido financiados con dinero negro o por empresarios afines a la formación conservadora que aceptaban facturas falsas. Ahora, la Policía añade más elementos: "De las anotaciones registradas en la agenda, también queda demostrado que Pablo conoce, acepta y llega a solicitar la forma de pago de esta formación por los actos realizados. Al menos un 20 % del importe se abonaba en dinero A y el 80% en dinero ajeno al circuito económico legal y que pasaba a engrosar la caja B de la organización".

El día en el que se cumplen tres meses desde el apresurado apagón de Canal Nou, la radiotelevisión pública valenciana, por orden del Gobierno de Alberto Fabra, la empresa ha hecho llegar a los trabajadores su primera oferta en el marco de la negociación del ERE de extinción. En concreto, ofrece a los 1.600 empleados 24 días de indemnización por año trabajado con un máximo de 20 mensualidades.

Hasta la fecha los trabajadores de la cadena pública están en situación de permiso retribuido. En la práctica, significa que siguen percibiendo su salario con regularidad aunque no acuden a su puesto de trabajo, pues la actividad en las instalaciones de Canal Nou se ha reducido al mínimo. Son apenas 70 las personas que acuden diariamente a los estudios para garantizar el servicio a las cadenas de la TDT que emiten a través de la desaparecida RTVV.

Así, los sindicatos han manifestado durante todo este tiempo su sorpresa ante una situación que se antoja paradójica. Aunque desde el minuto uno la Generalitat del conservador Alberto Fabra empleó la necesidad de mantener el gasto social como coartada para cerrar la radiotelevisión valenciana, no hubo reparos en ejecutar un improvisado cierre que ha privado al ente de sus ingresos por publicidad, al tiempo que ha obligado a seguir pagando nóminas hasta la negociación y aplicación del ERE final.

El complejo recorrido para el cierre de Canal Nou no está exento de piedras en el camino. Hay un recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por el PSOE y otro de un grupo de trabajadores contra el decreto que permitió a la Generalitat nombrar a nuevos consejeros y elegir un liquidador tras la dimisión de la dirección de la cadena.

Además, los trabajadores denuncian que la cadena adeuda salarios a los afectados por el primer ERE, anulado por el TSJCV. Según explica Vicent Mifsud, presidente del Comité de Empresa, los cientos de periodistas readmitidos tras meses cobrando el paro no han percibido la diferencia entre su salario y la cuantía del subsidio de desempleo, algo que legalmente les corresponde.

Canal Nou desiste: se retira de más de una treintena de juicios después de que los tribunales hayan dado la razón a un primer trabajador sancionado por protestar en 2012 contra un ERE en las instalaciones de la cadena. Este miércoles la empresa ha firmado el acta de desistimiento justo antes del segundo juicio, ha acordado reintegrar la multa a ese afectado y se ha comprometido a hacer lo propio con el resto.

El origen del asunto se remonta al 16 de julio de 2012. Ese día Canal Nou entregó la documentación del primer ERE, que planteaba una profunda reestruturación de la plantilla y hasta 1.295 despidos. Según la versión del comité de empresa, los dirigentes de la ya desaparecida radiotelevisión pública valenciana decidieron no emitir el informativo por miedo a protestas en directo. Fue entonces, con la decisión ya tomada, cuando los trabajadores se concentraron en el plató de la cadena.

Por ese motivo, 48 personas fueron sancionadas con entre uno y dos meses de suspensión de empleo y sueldo. No a todos los trabajadores se les aplicó: los miembros de la representación de los trabajadores se libraron del correctivo. Pero el resto, 35 empleados, fueron castigados y perdieron el sueldo durante diez días. Al cabo de ese plazo, recuerdan los propios trabajadores, Canal Nou "entró en razón" y dejó sin efecto la multa.

En el primer juicio los tribunales condenaron a Canal Nou a reintegrar el importe del salario suspendido con un interés del 10%, así como a abonar las cotizaciones sociales correspondientes a ese periodo. UGT, el sindicato al que pertenecía el primer empleado que llegó a juicio, se declara muy satisfecho con la resolución y con el anunciado desistimiento generalizado por parte de la empresa, que también eliminará las menciones a la multa en el historial laboral de los afectados.

Meses después, ese primer ERE por el que protestaban los trabajadores fue declarado nulo. Ello desencadenó el apresurado cierre de la cadena pública valenciana, recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PSOE. Ahora, sindicatos y empresa negocian el expediente de extinción mientras 1.500 empleados siguen cobrando a pesar de no acudir a su puesto –legalmente, están en situación de permiso retribuido–.

Este viernes la dirección de Canal Nou una primera oferta económica, de la que sólo se sabe que superará el mínimo legal de 20 días de indemnización por año trabajado.

Un grupo de 22 trabajadores ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para revertir la orden de cierre de Canal Nou. El texto argumenta que la administración autonómica habría lesionado los derechos fundamentales de los trabajadores en materias como igualdad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.

En esa misma línea, en el recurso [ver en PDF] se sostiene que con la orden de cierre se ha infringido el Estatuto de Autonomía, pues ese texto establece que Les Corts habrán de defender "la identidad, valores e intereses del pueblo valenciano", algo que se considera incompatible con la orden de cerrar un medio público en lengua valenciana.

La propuesta de ley para cerrar de forma fulminante Canal Nou partió del Grupo Popular en Les Corts y contó únicamente con el respaldo de la mayoría absoluta conservadora. El argumento empleado fue que mantener la cadena era inasumible tras declararse nulo el ERE previsto, lo que obligaba a readmitir a un buen número de trabajadores.

A finales de noviembre de 2013 la propuesta del PP salió adelante tras rechazar la Generalitat Valenciana, con Alberto Fabra a la cabeza, la negociación con los trabajadores y el plan de ajuste sugerido por los empleados. Apenas 24 horas después, efectivos policiales y técnicos personados en los estudios centrales de la cadena desconectaron la emisión.

El apagón no puso, sin embargo, punto final a la andadura de Canal Nou. Tras irse a negro, más de 1.600 trabajadores pasaron a una situación de permiso retribuido. No fue hasta el 22 de enero cuando la empresa anunció el ERE de extinción, que aún no se ha ejecutado y que podría alargarse hasta bien avanzado el mes de marzo. Los empleados han prometido además luchar en los tribunales contra un cierre para el que se esgrimen motivos económicos que no comparten, pues consieran viable la cadena.

En próximas fechas el Tribunal Constitucional también deberá pronunciarse sobre un recurso del PSOE contra el decreto con el que la Generalitat recuperó el control de la cadena tras la dimisión de la anterior directora, lo que implicaba la posibilidad de que los consejeros nombrados por la oposición lograran la mayoría en el máximo órgano de dirección de Canal Nou.