Los Gobiernos central y vasco han acordado iniciar en junio de 2011, para su conclusión en diciembre de ese año, un estudio para el traspaso a Euskadi de la gestión económica de la Seguridad Social, una competencia recogida en el Estatuto de Autonomía vasco de 1979, pero aún pendiente de transferir. A su vez, ambos Ejecutivos han pactado iniciar en junio de este año el proceso para el traspaso de la competencia sobre gestión de las prisiones, también contemplada en el estatuto, con el fin de que la transferencia esté lista antes de 2021.

El compromiso en torno a estas transferencias ha sido acordado este jueves en un encuentro celebrado en Vitoria-Gasteiz, en el que han participado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias; el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka. Ambas delegaciones han consensuado un nuevo calendario para la transferencia de una treintena de competencias calendariorecogidas en el Estatuto de Autonomía vasco de 1979, pero que aún se encuentran pendientes de traspasar a Euskadi. Darias ha explicado que se trata de un cronograma "realista", a ejecutar durante ese año y el próximo.

El primer bloque de las transferencias acordadas se refiere a las competencias sobre productos farmacéuticos, seguro escolar y ayudas a la jubilación de trabajadores afectados por ERE, cuyas negociaciones empezarán en febrero y se prevé que concluyan en marzo. En el segundo bloque se recogen, además de la gestión de prisiones, otras diez materias, entre ellas las referidas a seguros, meteorología, paradores de turismo y ordenación del litoral, con un plazo de negociación que se iniciará en junio y acabará en diciembre. El tercer bloque consta de 17 competencias, con un plazo de negociación previsto entre enero y junio de 2021. Entre las materias recogidas en este apartado se recogen los créditos oficiales, salvamento marítimo, aeropuertos, puertos de interés general o inmigración. De esa forma, se prevé que los trabajos para la transferencia comiencen en junio y concluyan en diciembre de 2020, con el fin de que la competencia pueda estar ya en manos de la Administración vasca en enero de 2021.

Por su parte, Erkoreka ha subrayado la importancia de que en un documento asumido por ambos gobiernos se haga mención a todas las materias estatutarias pendientes de transferir. "Es un dato histórico reseñable, un hito digno de ser destacado", ha manifestado. En una línea similar, la ministra ha destacado el "clima de entendimiento" entre ambas delegaciones, y ha subrayado la relevancia de "seguir desarrollando el autogobierno en Euskadi en el marco de la bilateralidad establecida" por el Ejecutivo central, tanto con Euskadi, como con "otras comunidades".

"Plenamente capacitados"

Josu Erkoreka ha subrayado que Euskadi está "plenamente capacitada" para asumir esta competencia, que ha sido "ansiada durante muchos años" por las instituciones vascas. En todo caso, ha precisado que la forma en la que se gestionarán las prisiones de Euskadi, así como la articulación de las "relaciones de poder" con la Justicia y la Administración central, aún deben ser concretados.

Además, en este caso, el compromiso recogido en la documentación aportada por ambas delegaciones no hace referencia al traspaso propiamente dicho, sino al "inicio de los estudios para el examen de materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social". Dichos estudios deberían iniciarse en junio de 2021, con la previsión de que estén concluidos para diciembre de ese mismo año.

No "satisface"

Erkoreka ha reconocido que la forma en la que está recogida esta materia en el acuerdo no le "satisface", dado que el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social ya tiene "base suficiente" en el Estatuto. Además, ha recordado que el artículo 18 de esta ley orgánica ya recoge esta competencia, al establecer que "en materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma", así como "la gestión del régimen económico de la Seguridad Social".

Pese a todo, ha afirmado que el Gobierno Vasco "no renunciará" a la negociación "por discrepancias en las prioridades". También ha querido responder a quienes advierten de que esta transferencia podría acabar con el sistema de 'caja única'. "En ningún caso, se saltaría la unidad del sistema", ha subrayado, para recordar que este es uno de los "límites" que fija el propio Estatuto a la asignación de esta competencia a las instituciones vascas. En este sentido, ha aludido a la disposición transitoria quinta del Estatuto, que establece que Euskadi "asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad".

Críticas al PP

Josu Erkoreka  ha expresado su "sorpresa" y su "denuncia" ante las críticas que el PP está realizando a la posibilidad de que se ejecute esta transferencia asegurando que "es grave que una formación como el PP, que se jacta de ser el máximo defensor del principio de legalidad, exija en este caso que no se cumpla una ley básica institucional de Euskadi".

En este sentido, Arias ha precisado que esta es una materia "tremendamente compleja", que, además, depende de las decisiones que se puedan adoptar en el marco del 'Pacto de Toledo', la comisión parlamentaria en la que se debate con las cuestiones relacionadas con las pensiones. "Hemos planteado la posibilidad de abordar este asunto con un plazo suficiente, cuando los acuerdos del Pacto de Toledo estén avanzados y engranados", ha señalado.

El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha calificado de "impertinentes y desafortunadas" las palabras del expresident, Carles Puigdemont, sobre la aplicación del 155 y ETA, y ha emplazado a no tomarlas en cuenta.

De esta forma, se ha referido a las declaraciones realizadas por Puigdemont este martes en las que rechazó que se repitiera el artículo 155 en Cataluña porque pueda haber "indicios de violencia", y afirmó que en Euskadi hubo "casi mil muertos" de ETA y no se aplicó nunca este precepto de la Constitución.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Erkoreka ha asegurado que "es tan evidente que son desafortunadas e impertinentes que, probablemente, lo mejor es no tomarlas en consideración". "Quiero situarlas en el momento de tensión que están viviendo en Cataluña y, particularmente, el señor Puigdemont. En ese contexto, seguramente no ha acertado en la expresión ni en lo que quería decir", ha añadido.

Josu Erkoreka cree que "nadie considera que son oportunas ni acertadas esas expresiones", aunque ha apuntado que "esto no va a enturbiar la relación de lealtad y colaboración que siempre ha existido entre ambos Ejecutivos".

Pedro Sánchez

Además, ha asegurado que al Gobierno Vasco le sorprende "la celeridad con que están sucediéndose declaraciones relacionadas con el 155 y presentando un planteamiento cada vez más cercano a su efectiva aplicación", en alusión también a las realizadas por Pedro Sánchez, que ha defendido que se pueda recurrir, si es necesario, a su aplicación aun estando el Ejecutivo en funciones.

"Yo pienso que no se dan, en absoluto, las condiciones objetivas para que se aplique el 155, pero es que el lunes de esta misma semana el Lehendakari fue mucho más contundente todavía y dijo que él no veía la aplicación del 155 ni ahora ni nunca", ha manifestado.

En esta línea, ha lamentado que en esta precampaña "todo el mundo esté recurriendo a máximas como la del 155, que son muy estridentes y traumáticas para el debate político". "Las están incorporando con una frivolidad y ligereza que no debería prevalecer en una campaña, sobre todo, cuando venimos de una imposibilidad de formar Gobierno y sería bueno que las formaciones políticas construyeran sus discursos, en esta segunda fase, en clave más responsable y mas constructiva para que, después de las elecciones, sea factible el entendimiento que propicie la formación de un Gobierno", ha concluido.

El Gobierno vasco y central han cerrado finalmente un acuerdo sobre las liquidaciones del Cupo y la nueva ley quinquenal. Los detalles del acuerdo los ha ofrecido este mismo miércoles el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu en Vitoria: el Ejecutivo español devolverá al vasco 1.400 millones de euros. Además, se ha establecido un Cupo provisional para 2017 de 956 millones que será el base del próximo quinquenio.

El pacto, firmado en Madrid por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y el consejero vasco de Hacienda, cierra "diez años de incertidumbre financiera" entre ambos gobiernos, según ha destacado el consejero vasco.

Entre los aspectos clave del acuerdo sobre el Cupo –la suma que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas–, se encuentra la fijación de la cuantía a devolver por parte del Estado derivada de las discrepancias en el cálculo del Cupo entre los años 2007-2016 y las políticas activas de empleo. El importe de dicha cuantía se ha fijado en 1.400 millones de euros.

Además, se ha fijado un Cupo Provisional para 2017 de 1.300 millones de euros, que tras descontar los 344 millones de políticas activas de empleo, se quedará en 956 millones a pagar.

El texto acordado entre ambos gobiernos será aprobado en una Comisión Mixta del Concierto Económico a celebrar en la segunda quincena de mayo. El Gobierno Vasco ha destacado que el acuerdo supone entrar en "un periodo de estabilidad financiera" tras "normalizar y regularizar" las relaciones entre ambos ejecutivos, según ha explicado Azpiazu en una rueda de prensa en Vitoria.

El acuerdo contempla una "homogeneización" del denominado 'Cupo Líquido' y del índice de actualización del año base 2007. De esa forma, se fijan unos cupos Líquidos y compensaciones financieras definitivas para los ejercicios 2007-2015, y unas compensaciones provisionales para 2016.

La liquidación arroja un saldo de 1.248 millones de euros a favor de Euskadi. El pacto contempla la valoración definitiva del periodo 2011-2015 y la valoración provisional de 2016 del coste de las políticas activas de empleo. La liquidación arroja un saldo de 152 millones de euros.

En los pasados días, el Gobierno vasco había constatado avances en la negociación que mantenía con el Ejecutivo central en torno al Cupo y este mismo martes el propio portavoz, Josu Erkoreka, aseguraba que se estaba "a las puertas" de lograr "una paz fiscal para quince años" en Euskadi.

Según ha informado Europa Press, en la negociación, ambos Gobiernos trataron de llegar a un acuerdo sobre la liquidación de los Cupos correspondientes a los dos últimos quinquenios, el 2007-2011 y el de 2012-2016, además de definir la nueva Ley Quinquenal.

La exportavoz de UPyD Rosa Díez ha pedido al Gobierno vasco la jubilación anticipada como funcionaria, de forma que no tendrá que volver a su plaza con 63 años y tras haber ejercido durante tres décadas la actividad política, primero en el PSOE y, luego, en la formación magenta.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico, Díez ya ha cumplimentado todos los documentos para solicitar la jubilación. Antes llamó al portavoz del Gobierno vasco, también consejero de Justicia y Administración Pública, Josu Erkoreka, con el que coincidió en el Congreso de los Diputados cuando éste fue portavoz del Grupo Vasco.

La fundadora de UPyD comunicó, por deferencia, a Erkoreka, que es el que firma todas las jubilaciones de funcionarios del Gobierno vasco, que iba a solicitar la pensión que le corresponde al retirarse de la vida laboral.

De esta forma, después de haber estado en el Congreso durante la última legislatura, no tendrá que volver a su puesto de funcionaria en el Departamento de Industria, en el que estaba en excedencia desde 1983, ya que está en su derecho de pedir la jubilación al haber cotizado durante más de 40 años.

Rosa Díez, que nació en la localidad vizcaína de Sudupe en 1952, realizó estudios administrativos y aprobó unas oposiciones de la Administración del Estado. Posteriormente, fue transferida al Gobierno vasco.

Afiliada al Partido Socialista desde 1977, ejerció cargos dentro del PSE-EE, y también responsabilidades institucionales en la Juntas Generales de Bizkaia, en el Gobierno vasco (donde fue consejera de Comercio y Turismo durante la época del lehendakari José Antonio Ardanza), y en el Parlamento Europeo. En 2007 se dio de baja en el PSOE y, posteriormente, creó UPyD.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, advirtió este jueves de que una declaración de independencia por parte de Cataluña es un "camino bastante complicado" si no se tiene obtiene "el visto bueno de Merkel", la canciller alemana.

En una entrevista concedida a Onda Cero y recogida por Europa Press, Erkoreka recordó las declaraciones del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en las que afirmó que, "en el escenario internacional actual, las declaraciones de independencia tienen un recorrido muy limitado si no culminan con el reconocimiento inmediato por parte de los actores principales de la comunidad internacional, que son el resto de los estados ya constituidos y reconocidos en la comunidad internacional".

"Y dijo más, que una declaración de independencia de Cataluña, seguramente, no tendría problemas de recorrido ni tan siquiera en el seno de la UE si contara con el reconocimiento de Merkel. Ni el propio Rajoy podría ser capaz de impedir ese movimiento. Si no se obtiene el visto bueno de Merkel, probablemente el camino es bastante más complicado", aseveró Erkoreka.

Asimismo, consideró que Ortuzar "hizo una aproximación al fenómeno bastante objetivo y realista que pone de manifiesto las dificultades que tiene hoy en día para abrirse camino en el escenario internacional una comunidad política que no tiene el estatus de estado independiente, pero que pretende alcanzarlo".

"Yo no sé exactamente qué han podido haber preparado en Cataluña las autoridades y los partidos políticos para una eventual declaración de independencia", añadió.

En este sentido, Joseu Erkoreka recordó que el caso de Kosovo, cuyo Parlamento declaró de forma unilateral su independencia en 2008, y logró el reconocimiento "inmediato" de Estados Unidos, y parte importante de la Unión Europea.

"Supongo que las dificultades son mucho mayores para poder preparar un escenario como el de Kosovo, pero creo que es un ejemplo muy gráfico, muy elocuente y muy significativo de cómo funcionan las cosas", opinó.

En la agenda internacional

El portavoz del Gobierno vasco afirmó que han sido "los responsables políticos del Gobierno español" los que "han puesto el caso de Cataluña en la agenda internacional", cuando era "absolutamente ajeno a Merkel o al propio Obama"al propio Obama.

En todo caso, Erkoreka consideró que las declaraciones "de unos y otros han sido lo suficientemente ambiguas para no penetrar demasiado en un asunto que ellos consideran interno". "Yo a Obama sí le oído hablar de una España fuerte y unida, pero ha rehuido todas las preguntas que se le han formulado expresamente sobre Cataluña", aseguró.

En cuanto al primer ministro británico, David Cameron recordó que "está prometiendo en el Reino Unido un referéndum sobre su continuidad en Europa". Por ello, cree que "tendría su aquel que fuera precisamente él el que viniera a meter miedo a los catalanes" sobre una hipotética exclusión de la UE de Cataluña en caso de que declarara unilateralmente la independencia.

Para Josu Erkoreka, "esta es una cuestión que tendrá su desarrollo en el escenario internacional, pero que, sobre todo, tiene que tener una solución en el Estado español a través del diálogo y de los cauces estrictamente políticos". "Los instrumentos de coerción jurídica encaminados a forzar resultados y fórmulas traumáticas, yo creo que están abocadas al fracaso".

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que el Ejecutivo autónomo se encuentra "absolutamente en contra" de una posible continuidad de la actividad de la central nuclear de Garoña, tanto "por razones de seguridad" como de "obsolescencia".

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka se ha referido al anuncio del presidente de Endesa, Borja Prado, de solicitar la reapertura de la central nuclear de Santa María Garoña, propiedad de Nuclenor, empresa participada por la eléctrica e Iberdrola. Esta petición se produce después de que el Gobierno aprobara en febrero pasado el real decreto que permite permite a la empresa pedir la prórroga para la nuclear burgalesa.

El portavoz del Gabinete Urkullu ha recordado que, en Euskadi "en general y en Araba en particular" ha habido declaraciones del conjunto de las instituciones, entre ellas, el Parlamento vasco o las Juntas Generales alavesas, contrarias a la continuidad de Garoña.

Según el Gobierno autónomo, la central burgalesa "ha cumplido ya su vida útil" y "existen razones de seguridad y fundadas en la obsolescencia de la central" que justifican el mantenimiento de su cierre. "Por supuesto, el Gobierno está absolutamente en contra de la decisión de reabrir esta instalación energética", ha dicho.

Erkoreka no ha querido especular sobre "los motivos o circunstancias" por los que el Gobierno central "haya podido tomar esta decisión". "Si ha habido o no presiones, o se ha encontrado en un contexto en el que la influencia de grandes empresas haya podido ser decisiva en la decisión, entra en el terreno de lo secundario y lo anecdótico", ha explicado.

A su juicio, "lo claro" es que "ya hay una posición institucional clara, casi unánime" de las instituciones vascas y las alavesas en contra de la continuidad de la central nuclear, "y continúan estando vigentes los motivos de obsolescencia y de seguridad que aconsejaban en el pasado y siguen aconsejando el mantenimiento del cierre". "El Gobierno vasco no puede estar más en contra de esta decisión del Gobierno central", ha puntualizado.

Para Erkoreka, los criterios "que deben prevalecer" en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) deben ser "técnicos, relativos a la seguridad". A su juicio "no tiene lugar tomar decisiones con relación a la vida útil de una central nuclear que no se fundamenten estrictamente en motivos relacionados con la viabilidad de las instalaciones y, sobre todo, con su seguridad y las garantías que dan al entorno".

Ha reiterado que Garoña, con 43 años de explotación, ha agotado su "vida útil" y que ello, unido a "motivos de seguridad" hacen que el Gobierno vasco insista en que "no debería continuar abierta".

El Gobierno vasco, en palabras del portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, que "no hay motivo para que en Euskadi se aplique un régimen electoral excepcional" para que los 'exiliados' por la violencia de ETA puedan votar porque "el fenómeno terrorista ha abandonado definitivamente el País Vasco".

En la comparecencia ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno, Erkoreka ha respondido así al hecho de que el PP haya reiterado la petición de una reforma legislativa para que puedan votar los exiliados por el terrorismo de ETA, algo que ha calificado de "cuestión recurrente" que regresa a los titulares de prensa cada vez que hay una precampaña electoral.

En este sentido, ha señalado que el gabinete de Iñigo Urkullu cree que, "si antes no tuvo demasiado sentido, ahora, en la realidad actual de Euskadi, lo tiene menos aún". "Euskadi es una comunidad política que no presenta ninguna razón ni política ni económica ni social ni de convivencia que impida la residencia efectiva en su territorio por parte de quien así lo desee", ha añadido.

Por ello, el Gobierno considera que, en este ámbito, "no hay motivo" para que la Comunidad Autónoma Vasca "reciba un tratamiento excepcional y que la legislación electoral contemple excepciones a todo el marco de pautas generales que incorpora esa propia legislación, aplicables exclusivamente a Euskadi".

De esta forma, ha insistido en que "no hay motivo en este momento para que en Euskadi se aplique un régimen electoral excepcional". "Parece, y ésta es una sensación que está cada vez más extendida en la sociedad vasca, que hay quien no acaba de asumir el hecho de que el fenómeno terrorista ha abandonado ya definitivamente al País Vasco, y que estamos viviendo un momento nuevo, una era distinta, sin actividad terrorista", ha añadido.

En una comparecencia ante los medios en Bilbao este domingo, 29 de diciembre, se refirió, de esta manera, al comunicado deL EPPK en el que reconoce el sufrimiento y daño multilateral generados" como consecuencia del conflicto y se muestran dispuestos a estudiar la posibilidad de que el proceso que culmine "con la vuelta a casa" se efectúe "de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en un tiempo prudencial".

Erkoreka, que apeló a la prudencia a la hora de valorar el comunicado, cree que es un avance que los presos asuman "la legalidad penitenciaria, la reinserción individualizada" y reconozcan el daño causado, aunque, en este caso, considera que ese reconocimiento es "muy limitado y parcial", informa Europa Press.

En todo caso, cree que este colectivo debe traducir "su declaración en hechos" y llevar a cabo actuaciones concretas que den credibilidad "a su compromiso" y contribuyan a un "futuro en paz". Asimismo, le pidió a EPPK que convierta este "paso" en el "primero de una serie de pasos unilaterales", incluyendo, entre ellos, el desarme y la disolución de ETA. "No puede quedarse en una declaración aislada", apuntó.

Por otra parte, señaló que el Gobierno central tiene una "buena oportunidad" para "tomar nota" y debería "modificar su estrategia penitenciaria en la medida en que se pueda constatar que lo comprometido por el colectivo de presos se traduce en hechos concretos".

Los reclusos etarras reconocieron el "sufrimiento y daño multilateral causados" con sus atentados y se muestran dispuestos a que su salida de prisión se efectúe "de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en un tiempo prudencial", utilizando los "cauces legales". Asimismo, asumen toda su responsabilidad sobre las "consecuencias" de sus acciones. Un giro en las posiciones mantenidas hasta ahora por un colectivo integrado por unos 600 internos en cárceles de España y Francia, que hasta ahora rechazaban la política penitenciaria y demandaban una solución colectiva. 

El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, afirmó que la "novedad", que "no es menor", del comunicado es que los presos asumen que, "con este Gobierno, no hay atajos" y señaló que la declaración tiene "poco crédito" si no se acompaña de un "desmarque" de ETA. A su juicio, "son ellos los que tienen que moverse" y no les quedan otros pasos que dar que asumir la legalidad, el imperio de la ley y el cumplimiento de sus penas".

El dirigente conservador apuntó que no se puede abordar la declaración "en términos de avance o no" o "si esto es un paso pequeño, mediano o grande". Porque lo que hay es una "parte importante de artificio y táctica". "Forma parte de una comunicado que, aparentemente aporta novedades, pero que sigue instalado, si se lee en profundidad el comunicado, en la teoría del conflicto político, reconocen el daño, pero no reconocen su responsabilidad porque la achacan al denominado conflicto político". Los reclusos, siguió, están instalados en esa "retórica de la justificación, democráticamente inaceptable". El comunicado, pues, está "cargado de falsedades".

Habrá "quien pueda ver novedades", pero, a su juicio, la "auténtica novedad es que, con dos años de retraso, los presos de ETA asumen que, con este Gobierno, no caben los atajos y que no les queda otra que asumir la legalidad y reconocer la legitimidad del Estado de derecho". "Algo es algo, pero es algo tan obvio que no nos puede llevar a pensar que tengamos que agradecerles algo por ello, ni premiarles por reconocer lo obvio, y es que en un Estado de derecho todos estamos sometidos a la ley", aseguró, informa Europa Press. Oyarzábal estimó, finalmente, que el comunicado "no deja de ser insuficiente", ya que el objetivo de la sociedad, del PP y del Gobierno central es "conseguir la disolución incondicional de ETA".

El Partido Socialista de Euskadi (PSE) se pronunció en términos similares, aunque ligeramente más optimistas. Rodolfo Ares, el secretario de Organización, calificó el comunicado como un "avance sustancial respecto a las posiciones anteriores", "que exigían en la práctica la amnistía", aunque los presos deban ahora "reclamar seguidamente a ETA su disolución inmediata". El dirigente socialista, mano derecha de Patxi López, advirtió en una nota difundida a los medios de que no habrá ningún "proceso acordado" y por ello las únicas "condiciones y garantías" aplicables son las establecidas por la ley.

"Aunque vaya acompañada de su retórica habitual y de valoraciones inaceptables de consumo interno, lo relevante del comunicado es la disposición de los presos de ETA a recorrer de forma individual el camino legal de la reinserción y reconocer el daño injustamente causado. Eso es precisamente lo que veníamos reclamando", añadió Ares. A su juicio, los reclusos deben "ser conscientes de que la aceptación de los cauces legales, a los que se refieren en su declaración, no es algo optativo, sino la única posibilidad para obtener beneficios penitentarios". 

La ex directora general de Instituciones Penitenciarias Mercedes Gallizo –en el cargo en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero– calificó el anuncio de "pequeño gran paso" en su cuenta de Twitter.

"La política penitenciaria no se ha adaptado a la nueva situación"

El Gobierno central no se pronunció este sábado tras conocerse el documento y el vídeo del EPPK, pero Interior siempre ha advertido de que la situación de los presos de ETA y la política de dispersión no cambiará hasta que la banda se disuelva o rompan públicamente con la organización terrorista. La última vez, el pasado 12 de diciembre, en un desayuno informativo de Jorge Fernández Díaz en Madrid. El ministro ha sostenido que el Gobierno del PP no ha variado nunca su postura y que "la política penitenciaria no se ha adaptado a la nueva situación" tras el cese definitivo de la violencia decretado por los terroristas hace dos años.

En abril de 2012, el Ministerio del Interior anunció un Plan de Reinserción para todo tipo de presos terroristas que preveía el agrupamiento de los internos de ETA que decidiesen acogerse a esta iniciativa, "preferentemente en cárceles del País Vasco". Sin embargo, esta medida lanzada por el Departamento de Fernández Díaz no ha conseguido el objetivo de dividir a los presos de la banda.

Este Plan de Reinserción se puso en marcha después de que el Ministerio del Interior diera por superada la denominada vía Nanclaresvía Nanclares, puesta en marcha durante el mandato del anterior Gobierno del PSOE y que permitió que se realizaran talleres de mediación en las propias cárceles que contaron con la participación voluntaria de exetarras y víctimas.

"Aportación unilateral de gran importancia"

El Gobierno vasco, del PNV, no se pronunciará hasta mañana domingo, y lo hará el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, en una rueda de prensa en Bilbao. 

Joseba Permach, dirigente de Sortu, señaló que el comunicado es una "aportación unilateral de gran importancia". Rafael Larreina, diputado de Amaiur en el Congreso, aplaudió que "el esfuerzo de la sociedad vasca está siendo correspondido por el EPPK", así que "ya es hora de que el Gobierno de [Mariano] Rajoy empiece a dar pasos. Ambos se pronunciaron a través de sus respectivas cuentas de Twitter. Geroa Bai, en una línea más contundente, subrayó en una nota "el reconocimiento que hace el EPPK del daño causado, al entender que es la base indispensable para la construcción de una paz sólida y duradera". Su compromiso, adujo, "obliga no sólo al Gobierno a dar una respuesta, sino también a ETA a iniciar un proceso de desarme". 

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que este sábado se desplazó al País Vasco a rendir tributo a las víctimas en varias localidades, relacionó el comunicado con la derogación de la doctrina Parot y reclamó el cumplimiento íntegro de las penas. "Si reconocen el dolor causado, que cumplan también sus penas", aseguró la presidenta del colectivo, Ángeles Pedraza. Añadió que la AVT "no se cree nada" de lo que digan los presos etarras. "Todo forma parte de una estrategia organizada". 

En esta misma línea, más dura, el parlamentario de UPyD en la Cámara vasca, Gorka Maneiro, denunció que la declaración del EPPK está "llena de mentiras, manipulaciones y falacias habituales del mundo de ETA y de sus servicios auxiliares". A los reos de ETA "sólo les queda cumplir las penas".