El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha requerido a 41.200 empresas para que devuelvan las bonificaciones de las que se beneficiaron en el pago de cuotas a la Seguridad Social por formar a sus trabajadores. Tras cruzar la vida laboral de estos empleados/alumnos con los datos que de ellos posee la Seguridad Social, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae, la antigua Fundación Tripartita), encontró irregularidades en 68.910 empresas, a las que en enero reclamaba un total de 31,25 millones de euros por esas subvenciones de cuotas indebidamente aplicadas en 2015. Cuatro meses después, el pasado mayo, el Ministerio de Empleo remitió al senador de Podemos Óscar Guardingo Martínez el listado de las empresas a las que se les reclama la devolución de las bonificaciones. En una respuesta escrita, se incluyen los nombres de esas 41.200 empresas, entre las que figuran algunas de las principales compañías del país: Mercadona, Inditex, Ikea, Vodafone, Mapfre, Telefónica, Renault o ING, por ejemplo.

Las afectadas que en enero recibieron el resultado de “no conforme” pudieron presentar alegaciones, pues no siempre se trata de ilegalidades. De hecho, la CEOE asegura que en el 25% de los casos se trata de “meras cuestiones formales”, de errores que se subsanan. De ahí, la variación en el número de empresas del primer listado al segundo. La ley establece que sólo pueden participar en estos cursos asalariados que coticen en concepto de formación profesional –es con esta cuota, el 0,7% de la nómina, con lo que se financian–. De los 2,37 millones de trabajadores inscritos para formarse con cargo a sus empresas, 30.035, el 1,27%, incumplían este requisito básico, según el informe elaborado en enero por la Fundae. La mayoría –11.229– figuraban en una empresa distinta a la comunicada a la fundación, otros cobraban prestaciones de desempleo, no estaban dados de alta en la Seguridad Social, e incluso 4.727 eran en realidad autónomos.

Mientras la patronal defiende que la formación bonificada es la que mejor funciona, porque nadie mejor que las propias empresas conocen sus necesidades, los sindicatos sitúan el grueso del fraude en las empresas más pequeñas y en las llamadas “entidades organizadoras”, consultoras de formación que también ayudan a las pymes a gestionar sus créditos. El 61,5% de las empresas que optaron en 2015 por este tipo de cursos tenían menos de cinco trabajadores. Pese a que la mayoría de las empresas del listado remitido por Empleo son, en efecto, sociedades limitadas, también aparecen algunas de las mayores compañías de la economía nacional. Así, a las ya citadas, se les añaden Repsol y Unión Fenosa entre las energéticas; grandes del automóvil como Peugeot, Volvo, Scania, Man, Mercedes Benz, Nissan y Volkswagen; las mayores constructoras, Ferrovial, ACS, Acciona, FCC, e Ibercaja, Bankinter, Cofidis y BNP Paribas en el sector financiero.

Clubes de fútbol, 'El Mundo', Aguirre Newman

Llama la atención también la profusión de clubes de fútbol. Empleo reclama dinero al FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Getafe, el Rayo Vallecano, el Villarreal y el Éibar entre los de Primera División. Entre los de Segunda, a la Unión Deportiva Almería y al Huesca. Incluso la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y la Sociedad Española de Fútbol Profesional, que también preside Javier Tebas, tendrán que devolver las bonificaciones indebidamente aplicadas a las cuotas de sus trabajadores. El Joventut de Badalona de baloncesto figura igualmente en el listado remitido por Empleo.

Los mayores grupos de comunicación deberán igualmente ajustar cuentas por los cursos de formación que impartieron a sus empleados en 2015. Atresmedia –Antena 3, La Sexta, Onda Cero–; Comeresa Prensa, la sociedad instrumental encargada de tecnología, producción y sistemas del grupo Vocento –Abc, El Correo Español, El Norte de Castilla–, Unidad Editorial –El Mundo, Marca, Expansión– y Ecoprensa, que edita El Economista, aparecen en la lista de empresas. Como también dos periódicos del grupo Prensa Ibérica, Faro de Vigo y La Provincia, Diario de Ibiza, Última Hora, Diario de Navarra y el digital Vozpopuli.

Las farmacéuticas Grifols, Novartis y Boehringer Ingelheim, se suman a otras compañías como Deoleo –líder mundial en aceite de oliva–, la cementera Cemex Latam, la ingeniera Carbures, Bridgestone –neumáticos–, las tecnológicas Samsung y Ericsson, Gamesa, marcas de consumo como Freixenet, Segura Viudas, Bimbo y Panrico, Swarovski, Tous, Naturhouse, la inmobiliaria Aguirre Newman…

De la seguridad 'low cost' a los VTC y la ONCE

Además de a dos de las firmas de Miguel Ángel Ramírez, empresario canario de la seguridad privada low cost, Seguridad Integral Canaria, Ralons y Marsegur, a la líder del sector Prosegur le reclama Empleo que devuelva bonificaciones indebidamente aplicadas. O, con una actividad mucho más sofisticada, a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid, a Bolsas y Mercados Españoles (BME) e incluso a AIAF Mercado de Renta Fija y a Iberclear, la empresa que registra compensa y liquida los valores que cotizan en los mercados.

Ares Capital, la empresa que mayor número de licencias de VTC –la competencia de los taxistas– posee en España, también ha sido requerida por Empleo. Es el caso igualmente de Ilunión, empresa de la ONCE para insertar personas con discapacidad. Y de las sociedades de estiba y desestiba de los puertos de Cádiz, La Luz, Gijón, Sevilla y Tarragona.

Aparte de las empresas, pidieron descuentos para formar a sus plantillas pero no los aplicaron correctamente organizaciones como Greenpeace, la catalana Òmnium Cultural y Cáritas Diocesana u órdenes religiosas como los Legionarios de Cristo. El PACMA (Partido Animalista) figura en la lista al lado de colegios profesionales como los de economistas, veterinarios, marinos mercantes o censores de cuentas.

Finalmente, organizaciones empresariales locales y provincial han tenido el mismo problema que Unespa –la patronal del seguro–, el Gremio de Editores de Cataluña, la UGT catalana y la de Aragón o CCOO en Murcia y La Mancha. Varias cámaras de comercio, denominaciones de origen y cofradías de pescadores aparecen en el listado, pero también la Autoridad Portuaria de Marín y Pontevedra, y el Ente Público Portos de Galicia. O sociedades municipales como la EMT –autobuses de Madrid–, la de Vivienda de Gijón y el Metro de Bilbao.

Cada vez menos empresas interesadas

En 2015 un total de 372.337 empresas obtuvieron descuentos en sus cotizaciones a la Seguridad Social por la formación que querían impartir a sus empleados. En 2016 los han solicitado sólo 368.418 empresas, lo que supone un descenso del 21,8% desde 2014. Sólo los Permisos Individuales de Formación (PIF), que la empresa autoriza y paga a los trabajadores que quieren hacer un curso, sufrió un desplome del 42,5% entre 2015 y 2016.

La CEOE culpa de la caída del interés de las empresas por este tipo de formación a la reforma de 2015, que ha aumentado la inseguridad jurídica y los controles burocráticos, además de extender la exigencia de cofinanciación a las pymes de menos de 10 trabajadores: ahora deben aportar el 5% del coste. Antes sólo se requería un 10% a las empresas de entre 10 y 49 trabajadores, el 20% a las de 50 a 249 empleados y el 40% a las que sobrepasaban esa plantilla.

No es el más grande, ni el más antiguo. Pero se ha coronado como el rey mundial de las reestructuraciones. Houlihan Lokey ha sido contratado por los fondos buitre que han comprado a los bancos la deuda de las autopistas radiales en quiebra. Y será con los profesionales de este banco de inversión con sede en Los Ángeles con quienes tendrá que pelearse el Ministerio de Fomento para intentar que la factura del rescate a las ruinosas vías de peaje sea lo menos gravosa posible para las arcas públicas.

Según publicó El Confidencial, los fondos King Street, Taconic y SVP Global, los tres mayores tenedores de deuda de las nueve autopistas quebradas, han encargado a Houlihan Lokey que defienda sus intereses frente al Estado. Es posible que también se les unan JP Morgan, Deutsche Bank y Goldman Sachs, igualmente entrampados en el fiasco de las radiales. Estos fondos oportunistas compraron la deuda de los bancos españoles que financiaron la construcción de las autopistas. Un total de 3.800 millones de euros, de los que sólo 1.300 corresponden a entidades financieras extranjeras.

Santander, Caixabank, Sabadell, Bankia y Banco Popular comenzaron a desprenderse de su deuda cuando se hizo patente que las concesionarias estaban abocadas a la liquidación. Y lo hicieron vendiendo con quitas extraordinarias de hasta el 90%. Aun con esos descuentos, los acreedores de las radiales confían en que el Estado, obligado a aplicar su cláusula de responsabilidad patrimonial, satisfaga sus expectativas de negocio.

Y éstas no son pequeñas. La patronal de las constructoras, Seopan, cifró en su día en 5.500 millones de euros el coste del rescate. Para hacerse una idea del volumen de la factura, basta con recordar que el Gobierno acaba de aprobar un recorte del gasto público de 5.493 millones de euros para este año. Y que Bruselas exige otro tijeretazo de igual cuantía para 2018 a fin de cumplir el objetivo de déficit. Fomento, sin embargo, no admite que la cifra vaya a superar los 2.500 millones.

Pues bien, para hacerse con su parte del pastel, los fondos buitre han contratado al mejor. Houlihan Lokey negoció para que los acreedores cobraran en las mayores quiebras de la historia. Como la de Lehman Brothers en 2008, el pistoletazo de salida de la crisis financiera, que se hundió con unos activos valorados en 659 millones de euros. También la de WorldCom en 2002, que significó la desaparición de 100 millones de euros en activos y superó a la de Enron, declarada sólo nueve meses antes. Fueron hasta entonces los dos mayores escándalos corporativos de la historia de Estados Unidos. El banco se encargó igualmente de defender los intereses de los acreedores de Chrysler y General Motors, los gigantes del automóvil que cayeron en la bancarrota en 2009.

Las mayores quiebras de España

Houlihan Lokey es una entidad joven, si se la compara con Goldman Sachs, fundado en 1869, y JP Morgan, en 1871. Nació en 1972. También es mucho más pequeña: en el segundo trimestre de 2016 facturó 178 millones de euros, mientras que Goldman, sólo en su división de banca de inversión, alcanzó los 1. 470 millones en el tercer trimestre y JP Morgan, 6.217 millones.

Hasta 1987 no se dedicó a la actividad que hoy es su bandera, la asesoría en restructuraciones financieras. Y hasta 2001 no abrió su primera oficina fuera de Estados Unidos, en Londres. Cotiza en bolsa sólo desde 2015. En España opera desde 2004, aunque no se instaló en Madrid hasta diciembre de 2008. Su cartera de clientes es también aquí de renombre e incluye las quiebras de mayor volumen de la crisis. Negoció a favor de los acreedores de la inmobiliaria Martinsa Fadesa, que hasta el hundimiento de Abengoa lucía el triste título de ser la mayor suspensión de pagos de la historia española, con un pasivo de 5.200 millones de euros. Houlihan Lokey se encarga igualmente de asesorar a los fondos de inversión que compraron bonos de la multinacional de ingeniería andaluza. Abengoa presentó el preconcurso de acreedores con un pasivo de 20.000 millones.

Otro fiasco empresarial de postín, el de Isolux, está en manos del banco de inversión de Los Ángeles, que fue contratado para refinanciar su deuda. Houlihan restructuró también la de Panrico, lo que se tradujo en la entrada del fondo Apax Partners y luego de Oaktree en el capital de la empresa de bollería. Bodybell, otra empresa en manos de fondos de inversión –pasó de N+1/Mercapital y Dinamia a HIG–y con una deuda abultada, utilizó los servicios del banco angelino. O Codere, la multinacional del juego de azar, cuyos bonistas, de nuevo fondos buitre, se apoyaron en Houlihan Lokey para negociar con el dueño de la empresa y hacerse con la mayoría del capital. La historia es conocida: BBVA y Banesto vendieron su deuda a fondos oportunistas y éstos después se quedaron con Codere.

Sólo dos días con Pescanova

Pero hasta el momento el capítulo más llamativo de la historia de Houlihan Lokey en España es su brevísimo paso por Pescanova, otro escándalo corporativo de primera página. Duró sólo dos días laborables. El 6 de marzo de 2013 la multinacional gallega anunció que había contratado a la firma estadounidense para refinanciar su deuda financiera, que llegó a sumar 3.400 millones de eurosllegó a sumar 3.400 millones de euros. Al banco sólo le dio tiempo a celebrar una primera reunión con los bancos acreedores –el principal, el Sabadell, con una deuda de 200 millones–. Pero nada más.

El lunes, 11 de marzo, Pescanova comunicó a la CNMV que suspendía su relación con Houlihan Lokey. El supervisor abrió inmediatamente una investigación por un posible abuso de mercado de sus gestores. Según publicó entonces Vozpopuli, Houlihan Lokey fue quien abandonó a Pescanova después de intentar cuantificar el monto de la deuda y no conseguir de los responsables de la compañía pesquera la información que les solicitaba.

Sobre el futuro de las radiales aún no han comenzado las negociaciones. Fomento tiene un plazo de seis meses para calcular el importe de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, una vez se dictamine la liquidación de las autopistas. Y ésta pasará antes por los tribunales. En cualquier caso, el ministro, Íñigo de la Serna, ya advirtió en el Congreso de que será “muy difícil” alcanzar un acuerdo para el rescate después de que los bancos hayan vendido su deuda a los fondos buitre. Ésos a los que representa Houlihan Lokey.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha tumbado la demanda presentada por la planta de Panrico de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), alegando daños y prejuicios por una huelga de los empleados que consideraba ilegal y abusiva.

De esta manera, el TSJC ha confirmado la sentencia del 28 de agosto de 2014 del Juzgado Social 3 de Sabadell y que, entre otras cosas, dictaminó que el parón fue "totalmente legal", ha informado CC.OO. de Catalunya este martes mediante un comunicado.

Asimismo, también reconoció el incumplimiento de la empresa de las condiciones pactadas en el convenio colectivo y que la huelga fue convocada para exigir el cumplimiento de lo acordado en materia de salarios y las garantías de ocupación previstas en el convenio.

La plantilla de Panrico ha recibido un correo de la dirección en el que desde este lunes y hasta que la planta de Santa Perpètua de Mogoda no esté operativa, les da vacaciones.

La plantilla ha acogido esta noticia con gran decepción justo el día en el que finaliza oficialmente la huelga que empezó hace ocho meses, el 13 de octubre, en esta factoría, según ha explicado en declaraciones a los medios el presidente del comité de empresa, Ginés Salmerón.

Este martes, los representantes sindicales se reunirán con la Inspección de Trabajo en la primera de las jornadas de negociación del expediente temporal de regulación de empleo (ERTE).

Los trabajadores de la planta de Panrico en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) han decidido este viernes desconvocarla huelga que mantenían desde hace ocho meses.

La decisión, según han explicado fuentes sindicales a Europa Press, se ha tomado tras una votación en la que 98 personas han apostado por abandonar la huelga, 45 lo han hecho en contra y tres votos han resultado nulos.

Tras una asamblea de más de dos horas, los empleados tienen previsto comunicar a la empresa esta decisión y reincorporarse a sus puestos de trabajo en la fábrica lo más pronto posible.

"Confiamos que la empresa entienda nuestros argumentos para reducir los despidos", ha explicado el portavoz de CC.OO. en el Comité de Empresa, Félix Yela, después de la asamblea que se ha celebrado en el centro cívico El Vapor de la localidad.

Ha recordado que el Comité de Empresa ha propuesto rebajar los despidos a 52 –la dirección esta dispuesta a pasar de 133 a 80–, y ha advertido de que, aunque los trabajadores están abiertos a negociar, seguirán defendiendo los puestos de trabajo y exigiendo un plan de rentabilidad.

La previsión es que la producción en la planta vallesana pueda retomarse en un par de meses, después de que el Departamento de Sanidad realice una inspección para asegurar que la factoría cumple con las condiciones adecuadas para volver a su actividad.

El fin de la huelga llega después de la reunión a tres bandas que se celebró el pasado jueves en el Departamento de Empresa y Ocupación, en la que la Generalitat sugirió a los representantes sindicales que valorasen la posibilidad de terminar con la protesta y aceptar una nueva mediación coincidiendo con el inicio del periodo de consultas del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) el próximo martes.

Pese a la desmovilización a la que la crisis y el consiguiente aumento del paro han empujado a las plantillas, el de los donuts está lejos de ser el único conflicto enquistado para el que los trabajadores buscan la solución más drástica y comprometida: la huelga indefinida.

Sólo que sus resultados son dispares. Y muchos quedan fuera de los focos pese a su crudeza. La huelga en Coca-Cola duró dos meses. Su presencia en los periódicos y televisiones fue constante. Pero los trabajadores de de Fuenlabrada (Madrid), Asturias, Mallorca y Alicante no pudieron evitar su despido y el cierre de sus fábricas. La Audiencia Nacional aún celebrará mañana el juicio por la demanda que UGT, CCOO y CSI-F interpusieron contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Muy distinta fue la huelga de basuras de Madrid. Sólo duró 14 días, pero su impacto sobre el ciudadano, y sobre la imagen del Ayuntamiento, fue contundente. Las empresas adjudicatarias del servicio retiraron el ERE tras una dura negociación: se salvaron 1.100 empleos.

Según la última estadística de la CEOE, el número de horas perdidas por huelgas cayó un 62% en 2013 y el número de trabajadores que las secundó, un 85%. Pero en los tres primeros meses de este año, y pese a haber disminuido un 10,7% el número de paros, las horas de trabajo perdidas han crecido un 24% y los empleados participantes se han disparado un 73%. De las 244 convocatorias que contabiliza la patronal hasta abril, 40 tienen su origen en un ERE. Otra cosa es que se trate de conflictos prolongados: de las 1.259 huelgas de 2013, sólo 23 duraron más de un mes y 18 seguían vivas en abril de este año.

INCOESA

Una de ellas es la que comenzaron hace justo un año los 60 trabajadores de la empresa vizcaína Incoesa. Apenas pudieron celebrar el aniversario: la plantilla comenzó esta semana a recibir las cartas de despido, después de que el juzgado de lo mercantil que lleva el concurso de acreedores de la empresa autorizara la extinción de todos sus contratos. En abril de 2013, Incoesa, que fabrica transformadores eléctricos en Bedia (Vizcaya), quiso aplicar un ERE de suspensión de contratos, por el 75% de la jornada, a sus trabajadores. Fue rechazado por éstos y anulado después por el juez. En mayo anunció el traslado de toda la plantilla a sus otras dos plantas, en Malpartida de Plasencia (Cáceres) y en Ólvega (Soria). También un recorte de sueldos del 30%. Fue la chispa que encendió la huelga indefinida. La mayoría de sus trabajadores llevan 30 años en la empresa y consideraron los traslados un despido encubierto. El pasado enero el juez los anuló también. Así que pocas semanas después Incoesa presentó un ERE para despedir a toda la plantilla a cambio de 31 días de indemnización por año y 24 mensualidades. Los trabajadores volvieron a decir no.

Higinio Arteta, el dueño de Incoesa, había recibido del Gobierno vasco dos millones de euros en subvenciones para I+D, así como otros 155.000 euros de la Diputación Foral de Vizcaya. Tras anunciar el traslado, este organismo exigió a Incoesa la devolución de las ayudas. No así el Ejecutivo de Vitoria. Lo que LAB, el sindicato que integra el comité de empresa, tacha de “deslocalización”, para el Gobierno de Íñigo Urkullu se queda en mera “localización estratégica”.

Arteta también utilizó dinero público para abrir en 2009 la planta de Malpartida de Plasencia, una inversión de 24 millones de euros. En concreto, cedió el 40,5% del capital de Electrotécnica Extremeña (Etesa) a la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (Sofiex), y el 8,5% a (CEx), una sociedad de capital riesgo participada por el Gobierno regional. Junto con Electroaplicaciones Ólvega, la planta soriana, el grupo facturó en 2011 un total de 36,94 millones de euros. En junio de 2013 Arteta solicitó el concurso de acreedores para dos de sus empresas: Incoesa Trafodis e Incoesa Trafos.

Aunque los trabajadores han recurrido la decisión de juez de extinguir sus contratos, la huelga se ha dado por concluida, explica Ariane Elejabarrieta, asesora de LAB en Incoesa. A diferencia del conflicto de Panrico, donde la Generalitat ha hecho varios intentos de mediación entre las partes, ningún consejero del Gobierno vasco accedió a reunirse con los trabajadores de Incoesa. “Sólo nos recibió un técnico”, lamenta Elejabarrieta. La Diputación Foral de Vizcaya tardó ocho meses en convocarlos.

ALFUS Y CEMENTOS LEMONA

Bedia forma parte del valle de Arratia, una comarca que se está “muriendo”, dice la representante de LAB, por culpa de la desindustrialización. “El paro creció un 20% en 2013”, asegura. Casi al mismo tiempo que los de Incoesa, en marzo del año pasado, los trabajadores de Alfus, filial de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) dedicada a la limpieza industrial, se declaraban en huelga contra 16 despidos y la rebaja de sus condiciones laborales. Sólo la desconvocaron 10 meses después, el pasado enero. En ese plazo, y también como en el caso de Incoesa, el juez falló contra la decisión de la empresa, y anuló 12 de los 16 despidos. Pero, a diferencia de sus compañeros, el regreso de la plantilla de Alfus al trabajo se debió a sus sospechas de que FCC pretendía cerrar la planta de Bedia: las instalaciones están abandonadas, las ventanas tapiadas, sólo tiene un comercial y está de baja… Este lunes la empresa se reúne con el comité para explicarles las condiciones del despido colectivo que ya les ha anunciado. Los 31 trabajadores de Alfus temen que sea el ERE del cierre.

En el valle de Arratia también se halla una de las plantas de Cementos Lemona, histórica cementera que FCC vendió en febrero de 2013 al grupo irlandés CHR. La huelga de sus trabajadores duró cinco meses el año pasado. Protestaban por el despido de 16 de ellos y reclamaban medidas de flexibilidad. Consiguieron su readmisión y la firma de un nuevo convenio colectivo.

PARQUES DE BOMBEROS DE GALICIA

En Galicia son los casi 400 bomberos de los 23 parques comarcales de gestión privada quienes mantienen una huelga que ya ha sobrepasado los ocho meses. Aunque es “más virtual que real”, reconoce el responsable de Administración Pública de CCOO en Galicia, Xan Caneda. Como los servicios mínimos son del 100%, dada la naturaleza de su trabajo, todos los bomberos cumplen con su jornada escrupulosamente. Apenas son dos o tres por turno en cada parque. Eso sí, las movilizaciones de protesta llevan meses en las portadas de los medios locales. El conflicto comenzó en 2012 y su origen se halla en la negativa de las empresas adjudicatarias de los parques a negociar un convenio colectivo autonómico. Nanutecnia, una unión temporal de empresas de servicios que gestiona seis parques en A Coruña y Lugo, ni siquiera posee un convenio de empresa.

Las negociaciones para elaborarlo quedaron bloqueadas después de que la empresa despidiera hace dos semanas a dos bomberos del parque de Santa Comba (A Coruña) por no vigilar mientras se cometían unos actos vandálicos en las instalaciones. Xan Caneda asegura que los despidos son “ilegales”, parte de la “guerra de desgaste” que mantienen las empresas con sus plantillas. Acaban de ser readmitidos.

Los trabajadores de otra de las adjudicatarias, Veicar, con 12 parques en A Coruña, Lugo y Ourense, no consiguieron su convenio hasta el pasado mes de diciembre. Los de Matinsa, gestora de cuatro parques en Pontevedra, lo tienen desde hace sólo unos días. El convenio autonómico por el que bregan los bomberos, sin embargo, parece muy lejos. Las adjudicatarias, alerta el responsable de CCOO, tienen poco que ver con la extinción de incendios: son empresas de servicios –Nanutecnia–, de venta de maquinaria –Veicar– o de recogida de residuos y jardinería, como Celta Prix, la anterior concesionaria de Pontevedra. La actual, Matinsa, es una filial de FCC, que ha conseguido un contrato de ochos años por 21 millones de euros. Este año volverán a salir a concurso los parques de A Coruña y Ourense. Galicia es la única comunidad autónoma que ha privatizado los parques comarcales.

¿Qué piden los bomberos? Cobrar los 1.500 euros mensuales de sus compañeros del único parque comarcal público, el del Deza (Pontevedra). El de los privados no supera los 1.100 euros brutos al mes. Los bomberos de los parques municipales llegan a los 2.000. También reclaman que se les retribuya el 100% de su sueldo en caso de baja. Nanutecnia se niega: aduce que cobrar el sueldo íntegro en caso de enfermedad o accidente “fomenta el absentismo”.

UNIPOST

Los 2.500 trabajadores de Unipost llevan cuatro años con reducción de jornada, continuas rebajas salariales, descuelgues del convenio colectivo, denuncias a la Inspección de Trabajo, demandas en la Audiencia Nacional, un despido colectivo en 2009, otro frustrado por la autoridad laboral en 2011, un tercero aún en fase de negociación que puede afectar a 372 trabajadores... Además, sufren –lo mismo ocurrió en Panrico– una división sindical que en nada favorece la salida al conflicto. UGT y USO han firmado acuerdos de recorte salarial con la empresa que CCOO y CGT rechazan. Ambas convocaron una huelga en agosto de 2012 y CGT en solitario, otra el pasado diciembre, que duró tres semanas.

Un conflicto tan largo no deja a nadie indemne. “La gente tiene miedo”, asegura el portavoz de CGT en Unipost Barcelona, Emilio Gómez. “Después de tres años de reducciones de jornada”, explica, “nos estamos comiendo el paro”. Porque la empresa no cesa de agitar el fantasma del concurso de acreedores y el cierre. Y la solución no parece próxima. El próximo jueves sindicatos y empresa mantendrán una última reunión para intentar un acuerdo sobre los 372 despidos, tras agotar el pasado viernes el mes que la ley da de plazo para el periodo de consultas del ERE.

Pero no sólo es el miedo al paro. Los trabajadores se encontraron el pasado enero con que en sus nóminas aparecían cantidades en negativo: les estaban aplicando los recortes salariales del acuerdo firmado por UGT y USO, que tienen efectos retroactivos. No fue la última sorpresa. En mayo, Unipost fraccionó la nómina: un 50% la primera semana y un 50% la segunda… que no se pagó hasta la tercera. Además, las extras de junio y diciembre de 2013 se las han abonado este año, previa denuncia de CCOO en la Audiencia Nacional.

Unipost es propiedad de la familia Raventós –los dueños de Codorniú– y de Deutsche Post, surgida de la privatización del grupo público postal alemán. Factura unos 110 millones de euros y cuenta con una cartera de 15.000 clientes. Tiene que hacer frente a la posición de dominio de Correos en el sector postal español: Unipost posee una cuota de mercado del 5%. CCOO y CGT hacen responsables a los gestores de la empresa de su mala situación. Prometieron una ampliación de capital de tres millones de euros para el pasado mes de marzo que no han hecho aún. Mientras, debilitando la plantilla con las sucesivas reducciones de jornada –también han cerrado siete franquicias y despedido a más de un centenar de trabajadores– la calidad del servicio se resiente y se pierden clientes, denuncian los sindicatos.