Unidas Podemos (UP) pisa el acelerador en el terreno sanitario con la elaboración de una ley contra la privatización del sistema público. La norma, que todavía no ha sido negociada con los socialistas, impide "privatizar" centros y servicios sanitarios y establece una habilitación a las comunidades autónomas para que lleven a cabo los procesos de reversión de privatizaciones ya realizadas. La coalición liderada en el Gobierno por Yolanda Díaz prevé recoger ahora las aportaciones de colectivos en defensa de la sanidad pública, sindicatos y partidos, explica Amparo Botejara, responsable de Sanidad de Podemos.

La ley se empezó a dar a conocer entre los asistentes a unas jornadas de UP sobre la desprivatización celebradas el viernes en el Congreso, añade Botejara, que señala que el texto queda ahora abierto a las aportaciones de los colectivos y a la negociación con el resto de grupos, especialmente con el PSOE. La puesta en circulación de la ley supone un paso al frente de UP, que reivindica que su norma da cumplimiento al acuerdo de Gobierno de PSOE y UP. Botejara mantiene un discurso conciliador, expresando su confianza en un acuerdo con los socialistas y sin presentar la elaboración de la ley como una acción de presión sobre el socio mayoritario. No obstante, en UP hay voces que apuntan a que el grupo que engloba a Podemos e IU ha dado el paso ante lo que consideran excesiva lentitud del PSOE y del Ministerio de Sanidad en un asunto crucial para el Estado del bienestar, más aún cuando los intereses privados están presionando fuertemente para ganar posiciones a costa de una sanidad pública deteriorada por el impacto de la pandemia.

La norma tiene muy presentes a los colectivos, claves en el escenario de negociación que se abre ahora. De hecho, los menciona. La ley señala que "la defensa de los servicios públicos en nuestro país, desde paradigmas renovados como las reivindicaciones de lo común y de los cuidados, ha experimentado en los últimos años un nuevo impulso cívico, que engarza con las luchas sociales que hicieron posible la democracia, a partir del movimiento 15M y, en el caso de la sanidad, de la movilización de las mareas blancas".

La sanidad "no puede ser objeto de negocio"

La proposición de ley, a la que ha tenido acceso infoLibre, señala en su exposición de motivos que, bajo la coartada de la "flexibilidad o la desburocratización", los intereses privados han ido adueñándose de espacios de la sanidad pública de una forma que "socava el interés general". La ley de UP afirma: "La presente ley cristaliza la arraigada y profunda convicción social de que la sanidad pública no puede ser objeto de negocio, sino que encarna un sentido de ciudadanía democrática que debe orientar a las instituciones para trabajar en su defensa y mejora continua. Y lo hace asumiendo la evidencia contrastada de que sólo la provisión y gestión públicas de la asistencia sanitaria garantiza la equidad, la cohesión y la calidad del sistema, sin las distorsiones y disfunciones que conllevan las privatizaciones".

El el modelo español de gestión pública fue "quebrantado" por la ley de José María Aznar (PP) de 1997 de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS), expone la norma. El acuerdo de Gobierno de PSOE y UP ya recoge el compromiso de "revisar" dicha norma, al considerar que favorece la privatización del sistema. UP va aún más lejos y en su norma recoge la derogación. ¿Por qué? Porque la ley de Aznar "ha servido de paraguas a modelos de gestión indirecta [...] a través de empresas privadas, como las Iniciativas de Financiación Privada y Partenariados Público- Privados (PFI y PPP, por sus siglas en inglés), que reducen los controles públicos, introducen el lucro como motor de conducta y contribuyen a empeorar las condiciones de trabajo del personal sanitario", señala la norma, que ahora es un borrador abierto a aportaciones y negociación.

Impedir y revertir

La proposición de ley "consagra el carácter común, ordinario y preferente de la modalidad de gestión pública directa con la finalidad de asegurar la equidad y la calidad del sistema". Lo hace mediante la prohibición de "privatizar los centros, servicios y establecimientos sanitarios que se creen o en la actualidad se gestionen directamente".

"En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta, mediante concierto, convenio o cualquier otra fórmula, los servicios, centros y establecimientos sanitarios que se creen o se estén gestionando de forma directa en el marco del SNS", señala la norma. A pesar de esta redacción, la norma no excluye totalmente y en cualquier circunstancia la posibilidad de una colaboración público-privada, si bien tendría que hacerse bajo los requisitos de la Ley de Sanidad de 1986, señalan fuentes conocedoras del proceso de elaboración del texto.

Lo recogido en el anterior párrafo concierne a lo que ahora mismo es público. Pero, ¿y lo ya privatizado? "Las comunidades autónomas podrán llevar a cabo procesos de desprivatización [...] en el marco del ordenamiento jurídico", señala a ley, que obliga a las distintas autonomías a "publicar información accesible y comprensible sobre las modalidades de gestión empleadas en sus respectivos servicios de salud [...] incluidos los conciertos y convenios". La norma pretende con ello poner fin a la opacidad y enmarañamiento de la gestión sanitaria, reiteradamente denunciada por los colectivos contrarios a las privatizaciones.

La norma de Unidas Podemos, coalición minoritaria dentro del Gobierno, prevé la modificación de la ley de 2003 de cohesión y calidad del SNS para introducir la obligación de "evaluar el impacto sobre el sistema sanitario público" de todas las gestiones indirectas. También cambia la ley de contratos del sector público de 2017 para excluir la posibilidad de utilizar el contrato de concesión de obras para la construcción o explotación de centros y establecimientos sanitarios del SNS.

La norma también prevé que los nuevos funcionarios incluidos en el sistema mutualista –Muface, Isfas y Mugeju– reciban la atención sanitaria directamente del SNS. Botejara (Podemos) explicaba, en una reciente entrevista con este periódico, los motivos de esta pretensión: "Se trata de que las personas que entren a formar parte del cuerpo de funcionarios entren al sistema sanitario público. No nos parece correcto que haya 2 millones de personas que crean una clara inequidad, con opciones que el resto de la población no tiene como 20 consultas de psicólogo al año o una habitación individual con cama para acompañante. Las mutualidades provocan una inequidad que no comprendemos".

A esta norma, Podemos suma su voluntad de suprimir las desgravaciones por la contratación de seguros de salud privados, que ahora mismo viven una fuerte expansión.

El consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Jorge Fabra considera que no se debe avalar la continuidad del licenciamiento de las minas de uranio y la futura planta de concentrados de Retortillo, (Salamanca) sin unificar y armonizar todos los procedimientos que tiene en marcha. Informa Europa Press.

Así lo ha puesto de manifiesto en un voto particular presentado ante la apreciación favorable de los resultados de dos programas de vigilancia de aguas residuales y vigilancia radiológica de la futura planta. En este sentido, el consejero precisa que no se debe avalar la continuidad del licenciamiento de este proyecto minero y metalúrgico en ninguna de sus vertientes (para la obtención del informe relativo a la autorización de construcción) hasta que el Pleno no haya deliberado y tomado una decisión sobre cómo unificar, armonizar y homogeneizar todos los expedientes relacionados tanto con las explotaciones mineras de Retortillo y Zona 7, como con la planta de tratamiento del mineral extraído y el almacenamiento definitivo de sus residuos radiactivos.

El consejero advierte de que esta consideración no implicaría la paralización de los trabajos del CSN en relación con los expedientes que han sido abiertos, sino, por el contrario, su acumulación en un informe final que apreciará y se pronunciará sobre las afectaciones radioactivas y radiológicas sobre las personas y el medio ambiente del conjunto de las actuaciones implicadas. "Y esto con objeto de evitar cualquier presunción, en un sentido o en otro, de que el proceso de licenciamiento progresa irremediablemente hacia una decisión final, que, a día de hoy, carece de todo fundamento", alerta.

Según explica el consejero, todos los procesos del proyecto minero y metalúrgico de la empresa Berkeley, que se desarrolla en distintas vertientes (las explotaciones mineras, la planta de tratamiento del mineral y el almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos) son, por compartir un mismo emplazamiento, interdependientes entre sí desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica.

Sin embargo, según remarca, lo que debería entenderse como un proyecto único, desde el punto de vista técnico, está siendo tratado como si fueran proyectos distintos. "A efectos de los análisis del CSN, los expedientes en curso deberían ser refundidos en uno solo con objeto de que las afectaciones en materia de seguridad puedan ser analizadas de manera conjunta desde lo que interesa a la protección radiológica y a la seguridad nuclear", insiste. En opinión de este consejero, la vía seguida por Berkeley, presentando de forma separada proyectos que están íntimamente interrelacionados desde el punto de vista técnico y medioambiental, conduce a "ineficacia reguladora y a confusión administrativa", algo que considera "inaceptable" desde el punto de vista de la regulación.

Por ello, considera necesario disponer de información completa, detallada, global y precisa del proyecto minero, para poder ser analizado y, en su caso, licenciado en su conjunto "de manera coherente y consistente", no como piezas separadas unas de otras entre mina y planta, explotación en zona 7 y almacenamientos en huecos mineros, "en relación con las cuales se presentan programas o se realizan solicitudes cuya apreciación favorable de unas u otras por el CSN podrían llevar a confusión reguladora en relación con la resolución final de este proyecto".

Poco antes de que Miguel Pajares fuera repatriado, Rafael, enfermo de cáncer de próstata de 68 años tratado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), denunció públicamente que tras un año de trámites burocráticos, el Sergas le había denegado la Abiraterona solicitada por su urólogo.  Abiraterona

Este mismo medicamento, de eficacia probada, les fue denegado dos años antes a, al menos, cuatro enfermos tratados en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, tras no responder a la quimioterapia convencional.

A Manuel, uno de los afectados, se le suministraba Ketoconazol como única opción terapéutica. Si buscan en el Vademecum qué es el Ketoconazol encontrarán que se trata de un “antimicótico para el tratamiento de hongos y levaduras”. Sí, han leído bien. Y no, no estamos en África.

Hay más casos. Está M. González, enfermo de cáncer de próstata a quien se le denegó el tratamiento con Abiraterona, tras haber dejado de funcionar los inhibidores hormonales previos a la quimioterapia. En su caso, la decisión la tomó la sanidad madrileña, la misma que decidió desalojar a los pacientes de la sexta planta del desmantelado Hospital Carlos III para alojar a los dos religiosos y dispensarles todos los cuidados necesarios para devolverles la salud. Está Mikel Z., un hombre de 50 años a quien el servicio de salud del País Vasco le denegó el acceso la Pirfenidona, el único medicamento capaz de retardar el avance de la fibrosis idiopática que padece, mortal de necesidad, pese a haber sido aprobada hace tres años por la Agencia Europea del Medicamento y estar actualmente dispensada en países como Francia, Alemania, Reino Unido o Italia.

Están Mario Cortés y los miles de enfermos de hepatitis C, privados del acceso a Sofosbuvir, un medicamento capaz de erradicar esta enfermedad en el 95% de los casos, pero cuyo uso compasivo se está denegando en la mayoría de las CCAA pese a las recomendaciones de la Asociación Española de Medicamentos y Productos Santiarios (véase la denuncia de la Asociación Española para el Estudio del Hígado).

Tras el efectivo despliegue de medios para repatriar y tratar a los dos religiosos españoles, cualquiera diría que a los responsables del Sistema Nacional de Salud no les duelen prendas con tal de salvar una vida. Pero, visto lo visto, cualquiera diría que según qué vida. Porque los otros enfermos- los de cáncer, los de hepatitis C, los de fibrosis idiopática, los de esclerosis múltiple…-, esos ciudadanos anónimos que pagan religiosamente sus impuestos en España, esperan con la vida en vilo a que se les dispensen los tratamientos que tan urgentemente necesitan. Estos otros enfermos, que no valen ni un titular del telediario, también se van a morir sin que las autoridades sanitarias aceleren el movimiento de un solo papel para impedirlo.

Sabemos que las razones no confesadas de esta situación son de índole económica. Estos tratamientos son caros y en el balance de las gerencias hospitalarias y de los servicios públicos de salud pesa mucho el resultado de la ecuación coste-beneficio en un momento en que la deuda pública- o privada nacionalizada- alcanza ya el 93% del PIB. Pero después del esfuerzo económico y logístico realizado para tratar sanitariamente a dos personas, va a ser muy difícil explicar por qué los otros enfermos no son merecedores de un trato semejante.

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Montserrat Recalde es presidenta de la Asociación de Usuarios del Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario de la Universidad de Santiago de Compostela (AUSO-CHUS)