La sombra del empresario Francisco Ramón de Lucas Blanco, más conocido como Pachi Lucas, vuelve a proyectarse sobre su amigo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Pachi Lucas acaba de ser citado en calidad de investigado (lo que hasta hace poco se conocía como imputado) por la jueza que investiga la trama de subvenciones públicas a cursos de formación falsos que la policía sacó a la luz el transcurso de la Operación Zeta. La jueza quiere averiguar si, tal y como sostuvo en su día la policía y señalan algunos testimonios, el amigo de Feijóo se valió de su posición para cometer un delito de tráfico de influencias al actuar como intermediario entre los promotores del negocio ilegal y los altos cargos de la Xunta de los que dependía el dinero público utilizado para alimentar los falsos cursos de formación.

El principal acusado en la causa, el empresario coruñés Gerardo Crespo, relaciona abiertamente a Pachi Lucas no sólo con Feijóo sino también con Mariano Rajoy. Hace ahora un año aseguró que "no solo es amigo de Alberto Núñez Feijóo; es muy, muy amigo y gran protegido de Mariano Rajoy". Los tres han sido vistos con frecuencia compartiendo palco con otros amigos en la plaza de toros de Pontevedra.

"Fue apadrinado por familias de Pontevedra donde está Mariano Rajoy", apostilló el supuesto cabecilla de la trama. "Este señor se relaciona maravillosamente y luego de quien se hace amigo es de Núñez Feijóo, que es íntimo amigo, es como su novia", añadió Crespo, que también explicó que decidió contactar con él "a través de las familias de Pontevedra", entre la que situó a la de Mariano Rajoy. "Lo ficho como empleado para mis empresas porque me parece el mejor representante, el mejor comercial posible". "Él hace su trabajo, lo hace bien y con las bendiciones del presidente de la Xunta", precisó.

La jueza que instruye la causa también ha citado en calidad de imputada (lo que ahora se conoce como investigada) a Ana María Díaz López, alto cargo de Feijóo y actual directora general de Conservación da Natureza de la Xunta.

Así se recoge en el auto hecho público este viernes por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, al que tuvo acceso Europa Press, a través del cual también han sido llamadas a declarar otras 23 personas, entre ellas la actual conselleira de Medio Ambiente e Ordenación de Territorio y exresponsable de la Consellería de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, y el actual secretario general de Pesca en funciones y exdirector xeral de Promoción de Emprego, Andrés Hermida Trastoy.

Ana María Díaz está siendo investigada como supuesta autora de un delito de prevaricación, el mismo que se atribuye al exdirector de Formación e Colocación durante el bipartito de la Xunta, Pastor Fuenteseca Díaz.

A este nombre, se suma, también por el presunto delito de prevaricación, el de Juan José Barrera Cerezal, exdirector general de Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo e Inmigración durante el último Gobierno socialista.

La jueza acuerda, además, la citación en calidad de investigados de "quienes prestaron su colaboración para la constitución de sedes ficticias y que suscribieron contratos de arrendamiento y de trabajo a tal fin, con el objetivo de ser receptoras de acciones formativas con las que obtener beneficio económico".

Se trata de 21 personas que serán citadas por su presunta participación en un delito de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental en una trama por la que ya fueron imputados –antes de cambiarse la denominación a investigado– una treintena de personas, entre ellas el también exdirector xeral de Traballo, Odilo Martiñá.

“Indicios de connivencia”

En el caso de los exaltos cargos, asegura que se basa no solo en "los datos objetivos ya apuntados en relación al examen de los expedientes administrativos en que intervinieron, que revelan una total dejación en la verificación de los requisitos de concesión y de justificación del gasto" sino también en la existencia de "indicios de connivencia con los principales actores de la trama".

En relación con el empresario Pachi Lucas, al que la investigación considera el conseguidor de subvenciones pública para la trama, el auto apunta a la existencia de correos electrónicos remitidos desde el grupo empresarial de Gerardo Crespo en los que se alude a "asuntos en Madrid y Galicia", "referencias concretas a adjudicaciones y cobros pendientes" y "una cita concertada" por el ahora citado como investigado para el empresario coruñés con la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor.

El presidente de la Xunta siempre se ha negado a explicar qué relación mantiene con el conseguidorse ha negado a explicarconseguidor pese a las numerosas preguntas que le han dirigido periodistas y portavoces de la oposición. Siempre se ha aferrado a que no existía ninguna resolución judicial que afectase a su amigo, pero ahora esa excusa se ha derrumbado con la decisión de la jueza de investigarle por "tráfico de influencias".

El auto de la jueza que instruye el sumario de la Operación Zeta vuelve a poner de actualidad las amistades peligrosas del presidente gallego. Primero fue Marcial Dorado, el amigo del presidente condenado por narcotráfico con el que viajaba y compartía tiempo libre cuando él era un alto cargo de Manuel Fraga y el hoy preso de la cárcel de A Lama (Pontevedra) ya había sido detenido dos veces, la última de ellas en el marco de la llamada Operación Nécora, dirigida por el juez Baltasar Garzón.

Ahora es su amigo Pachi Lucas, un empresario madrileño afincado en Bueu (Pontevedra) al que la Policía considera el intermediario entre la lucrativa trama que se hizo con 20 millones de euros organizando cursos falsos con dinero de la Xunta, del Gobierno central y de otras comunidades autónomas.

La citación judicial al amigo de Feijóo llega además en pleno año electoral en Galicia. El Parlamento de Galicia debe renovarse antes del próximo mes de noviembre y las encuestas están lejos de garantizar al PP la renovación de su actual mayoría absoluta. Precisamente este domingo Feijóo, a través de un entrevista publicada en el diario Faro de Vigo, reveló no sólo que aún sabe si optará a la reelección al frente del Gobierno gallego sino que no tomará una decisión hasta el mes de abril.

Será precisamente ese mes cuando se agote el plazo para que el Congreso de los Diputados elija nuevo presidente. Si para entonces no lo ha conseguido, habrá nuevas elecciones. De hecho, en la misma enrtrevista asegura: "Es difícil contestar a si quiero ser candidato de la Xunta o del PP de España"

Los investigadores de la operación Zeta consideran a Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas, el intermediario de una trama que se hizo con 20 millones de euros organizando cursos supuestamente falsos con dinero de la Xunta, del Gobierno central y de otras comunidades autónomas. Los investigados presuntamente hacían uso de sus contactos políticos, con la ayuda de Lucas, para obtener subvenciones para una formación que nunca se llegaba a impartir.

En 2014, el presidente gallego se escudaba en que no conocía ninguna decisión judicial "que afecte a esa persona", en referencia a Pachi Lucas. Sin embargo, a principios de 2016 la jueza lo citó como imputado junto a más de 20 personas, entre ellas varios cargos del Ejecutivo autonómico. El considerado por la investigación el cabecilla de la trama, el empresario coruñés Gerardo Crespo, afirmó que De Lucas "es íntimo amigo" de Feijóo, "es como su novia", y lo relacionó también con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Núñez Feijóo también evitó contestar a la pregunta de si asumirá responsabilidades políticas en el caso de que se terminara demostrando que se ha desviado dinero de la Xunta mediante la intervención de De Lucas.

El empresario coruñés Gerardo Crespo imputado en la operación Zeta, que investiga un supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas de la Xunta, relacionó este jueves al conseguidor de la trama con el presidente del Gobierno, mariano Rajoy.  "No solo es amigo de Alberto Núñez Feijóo". "Es muy, muy amigo y gran protegido de Mariano Rajoy", sostuvo. Los tres han sido vistos con frecuencia compartiendo palco con otros amigos en la plaza de toros de Pontevedra.

La policía sostiene que Lucas era el intermediario que conseguía dinero público para financiar cursos que después no se celebraban, todo ello a cambio de dinero que supuestamente le habría estado pagado Crespo.

"Fue apadrinado por familias de Pontevedra donde está Mariano Rajoy", apostilló el supuesto cabecilla de la trama a su salida a los juzgados tras el acto de conciliación previo a la querella que ha anunciado contra la conselleira de Traballo e Benestar por un supuesto delito de injurias y calumnias.

"Este señor se relaciona maravillosamente y luego de quien se hace amigo es de Núñez Feijóo, que es íntimo amigo, es como su novia", añadió Crespo, que también explicó que decidió contactar con él "a través de las familias de Pontevedra", entre la que situó a la de Mariano Rajoy. "Lo ficho como empleado para mis empresas porque me parece el mejor representante, el mejor comercial posible". "Él hace su trabajo, lo hace bien y con las bendiciones del presidente de la Xunta", precisó.

Crespo ha anunciado un querella contra la conselleira de traballo de Feijóo porque desde que estalló el escándalo "claramente ha calumniado cuando ha dicho frases como que en nueve comunidades hemos engañado", señaló el empresario imputado, quien aprovechó para matizar que sus empresas sólo trabajaron en Galicia, Asturias, Castilla y León, Madrid y Canarias. Por otra parte, rechazó que no se hubiesen realizado los cursos y ha insistido en que, afirmar lo contrario, supone "otra calumnia, otra mentira".

Inspecciones

Asimismo, insistió en que sus afirmaciones son "demostrables" y, para ello, se remitió a los datos de los alumnos, firmas de asistencia "y actas de inspección de los inspectores de la Xunta", añadió. Al respecto, recalcó que auditaban "todas las facturas" y que "es imposible hacer ningún curso falso en la comunidad autónoma de Galicia".

"Son bastante rigurosos y siempre nos quejábamos de las inspecciones severas que recibíamos". No hace falta esperar a que el proceso de la operación Zeta termine para deducir que esto es una mentira", dijo sobre las afirmaciones del titular del Ejecutivo gallego y la conselleira de Traballo.

De ésta, aseguró que "está acusando su propia Consellería y a sus conselleiros –ha añadido sobre los antecesores de Mato en el cargo– de prevaricar".

El empresario volvió a arremeter contra el presidente de la Xunta, del que ha afirmado, en alusión a unas manifestaciones suyas en un medio de comunicación, que "se harta de mentir". "Cuando dice que ellos son los que nos mandan al fiscal, claramente miente porque esto nace cuando unas empleadas de Caype denuncian a la empresa en la Xunta y dos meses más tarde van a la Policía, que es la que empieza el proceso de investigación", resumió.

Por su parte, su abogado, José Ramón Sierra, lamentó la ausencia de la conselleira en el acto de conciliación. Mientras, tildó de "curioso" que los medios de comunicación "tengan el escrito antes que la parte conciliante", apostilló sobre el documento aportado en el acto de conciliación y en el que la conselleira se reafirma en sus manifestaciones sobre el empresario y niega haber vulnerado su honor.

También precisó que la querella que tienen previsto presentar contra ella responde no solo a las manifestaciones realizadas por la conselleira en el Parlamento gallego, –en las que acusó al empresario de engañar a las administraciones públicas para obtener subvenciones– sino a otras realizadas en medios de comunicación. "No solo ha dicho que ha habido una investigación por parte de la Administración sobre los cursos, si no que en los medios de comunicación dijo que los cursos de formación no se realizaron ya que no existían en ninguna de las nueve comunidades", explicó.

Por ello, precisó que ese será "el objeto de la futurible querella", añadió después de que este jueves, sin la presencia de la conselleira, pero sí de su representante legal, tuviese lugar el acto de conciliación previo a la misma.

Al respecto, como su cliente, el letrado volvió a negar que fuese la actuación de la Xunta la que puso en marcha el procedimiento judicial contra su clienta, como sostienen desde el Ejecutivo gallego.

CGT ha convocado a los trabajadores de Renfe y Adif a secundar una huelga este viernes, 26 de diciembre, durante el fin de semana de Navidad, según informó el sindicato.

Con este paro, que tendrá una duración de 23 horas, la formación pretende reivindicar un ferrocarril "público y social" y manifestar su rechazo a la entrada de operadores privados que compitan con Renfe y al "ataque que vienen sufriendo las condiciones laborales de los ferroviarios".

CGT había fijado inicialmente la huelga para el 5 de diciembre, si bien decidió aplazarla para "subsanar los problemas técnicos de la convocatoria" que, según el sindicato, minoritario en los comités de empresa, aducían las compañías para declarar ilegal el paro.

Con la convocatoria, el sindicato, pide asimismo al Gobierno que apueste "de forma plena" por la inversión en líneas de ferrocarril convencional, "el que utilizan el 97% de los viajeros", y la integración de las dos compañías ferroviarias públicas, Renfe y Adif.

CGT demanda además que se negocie la devolución a los trabajadores de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, la "plena integración" de los empleados de la extinta Feve en las dos actuales compañías y el incremento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación, informa Europa Press.

Por su parte, Renfe garantiza la circulación del 77% de los trenes AVE Larga Distancia habituales para la jornada de huelga convocada por el sindicato CGT para este viernes. Los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Fomento fijan asimismo la circulación de entre el 43,5% y el 50% de los trenes de Cercanías y de Feve, un porcentaje que se eleva hasta entre un 62,5% un 75% en las franjas de 'hora punta'.

Para el servicio de trenes de Media Distancia (regionales) convencional, los servicios esenciales garantizan la circulación de entre el 65% y el 57% de los habituales.

De esta forma, la convocatoria de la jornada de paro afectará a un total de 262 trenes de la oferta habitual diaria de Renfe.

En concreto, no circularán 81 trenes AVE y Larga Distancia del total de 350 programados para una jornada de viernes habitual, 13 de los 30 que componen la oferta diaria de Feve y 168 de los 483 trenes que integran la de Media Distancia.

De nuevo, ni una sola explicación sobre su amistad con Pachi Lucas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sigue empeñado en mantener su silencio cada vez que un periodista, o un diputado (como ocurrió este miércoles en el Parlamento de Galicia), le pide que aclare qué relación tiene con el empresario al que la Policía ha señalado como el conseguidor de la trama de cursos falsos financiada con fondos públicosconseguidor que supuestamente dirigía Gerardo Crespo, un conocido militante del Partido Popular de A Coruña.

La petición de explicaciones que, una vez más, le formularon en el Parlamento de Galicia los portavoces del PSOE gallego, AGE (la coalición formada por Esquerda Unida y los nacionalistas de Anova) y BNG se estrelló con la férrea voluntad de Feijóo no sólo de no responder sino de replicar acusando abierta o tangencialmente a todos los grupos de la oposición de la comisión de actos de corrupción, para lo que mezcó supuestas adjudicaciones irregulares del Gobierno bipartido de hace casi seis años con las informaciones que señalan a la diputada madrileña Tania Sánchez como culpable de nepotismo.

El presidente de la Xunta sí aprovechó la ocasión para revelar que el juzgado ha solitado toda la documentación sobre cursos de formación financiados por el Gobierno gallego desde el año 2000, cuando aún presidía Galicia el fallecido Manuel Fraga.

  Aunque calla sobre el conseguidor, Feijóo sí se muestra ahora dispuesto a comparecer en el Parlamento para dar explicaciones. Un cambio de actitud que ha relacionado con la decisión del juzgado de hacer pública la lista de imputados en el supuesto fraude, bautizado por la Policía como Operación Zeta. “Ahora, con la lista de imputados, podremos comparecer y aclarar la actitud de mi Gobierno, que no ha cambiado: inspeccionar, investigar, denunciar, personarnos y recuperar más de 6,6 millones de euros”, ha asegurado.

Eso sí, Feijóo ha defendido a su conselleira de Traballo, a pesar de que entre los 30 imputados en el caso figuran tres altos cargos de su departamento ya destituidos u obligados a renunciar: el exdirector xeral de Traballo Odilo Martiñá Rodríguez, el que fue jefe territorial de la consellería,Luis Alberto Álvarez Freijido, y el exjefe de Servicio de Empleo Joaquín Vila Sampayo.

Aunque a los tres se les imputan delitos de tráfico de influencias y cohecho, Feijóo cree que su jefa en la Xunta, Beatriz Mato, no tiene “ninguna responsabilidad”. “Y como no la tiene, tenga la inmensa seguridad de que no la voy a destituir en ningún caso", ha proclamado a una de las portavoces de la oposición.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no contesta. Una vez más ha evitado responder a los periodistas sobre su amistad con el empresario Pachi Lucas, al que la Policía atribuye el papel de conseguidor de la trama de cursos falsos que investiga un juzgado de A Coruña.conseguidor

A la pregunta directa de si niega la relación personal con la persona que, según la investigación, se valía de sus contactos políticos para conseguir a la trama contratos y subvenciones, Feijóo se ha limitado a decir: “Sobre las personas que figuran en el sumario le corresponde a los jueces tomar decisiones”. Y, evitando una vez más mencionar el nombre de su amigo, ha añadido: “No conozco ninguna decisión que afecte a esta persona”.

Aunque tanto la Policía como el Consello de Contas (el equivalente gallego del Tribunal de Cuentas) han señalado la responsabilidad de la administración gallega en lo ocurrido, por no comprobar suficientemente que el dinero se estaba empleando en los cursos para los que se concedía, el presidente gallego insistió de nuevo en defender la actuación de su Gobierno. “Esta operación está investigada, entre otros, a propuesta de la Xunta de Galicia”, aseguró, “y que éste es el primer gobierno que ha remitido al fiscal determinadas presuntas irregularidades que ha advertido en seis empresas que daban cursos en la comunidad autónoma con dinero público”.

Precisamente este miércoles el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha ampliado a 30 los imputados en la en el caso, que investiga un supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas, inofrma Europa Press.

El PP impuso este martes su criterio y utilizó su mayoría absoluta para impedir que el Parlamento de Galicia investigue la trama de cursos falsos que, según las investigaciones policiales, se habría hecho con 20 millones de euros en ayudas y subvenciones oficiales, muchas de ellas de la Xunta, con el apoyo de un amigo del presidente Alberto Núñez Feijóo.

Los grupos parlamenentarios del BNG y AGE (Esquerda Unida y Anova) impulsaron una petición de comisión de investigación conjunta para que el Parlamento de Galicia tratase de averiguar y dirimir en el ámbito político el supuesto fraude. 

El PP no sólo rechazó la investigación sino que su portavoz, Miguel Tellado, trató de desviar la atención hacia el Gobierno anterior, que concluyó su mandato hace casi seis años,asegurando que el cabecilla de la trama, Gerardo Crespo, militante del PP, recurrió a los exconselleiros Pachi Vázquez y Ricardo Varela para pedir favores. Tellado volvió además a decir que fue la Xunta del PP la que puso las "medidas" para evitar cualquier fraude y la que llevó a la Fiscalía las sospechas sobre este caso, obviando que la investigación se inció mucho antes gracias a la denuncia de dos extrabajadoras de las empresas implicadas.

Francisco Jorquera (BNG) enfatizó que el Bloque ya había presentado una pregunta al Gobierno gallego en 2010 en la que denunciaba un supuesto "trato de favor" a estas empresas a raíz de lo que se conocía por las extrabajadoras.

El Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE), a través de la diputada Marisol Soneira, también mostró su respaldo a la apertura de la comisión de investigación, aunque ya había avanzado sus dudas al respecto de que se aprobase, puesto que el PP "bloquea cuando quiere" las comisiones y "ya antes" de que se inicien tiene "las conclusiones hechas". El Grupo Mixto también votó a favor.

Una vez más, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado aclarar cuál es su relación con el empresario al que la Policía considera el conseguidor de la trama de cursos falsos conseguidordesmantelada en Galicia y que, según las primeras investigaciones, puede haberse hecho con 20 millones de dinero público. El supuesto cabecilla de la trama, Gerardo Crespo, reconoció el domingo en una entrevista que contrató al empresario, según él "el mejor amigo de Feijóo", para que le hiciese de "abrepuertas" en la Administración y le consiguiese contratos.

El presidente gallego dejó sin respuesta las preguntas sobre este asunto y se limitó a argumentar que fue su Gobierno quien, una vez tuvo conocimiento del fraude, se puso a investigar lo ocurrido.

El caso, sin embargo, fue destapado gracias a la denuncia de dos exempleadas de una de las empresas implicadas. Y el Consello de Contas, en un informe presentado esta misma semana, corroboró lo que ya había señalado la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF): la responsabilidad de la Xunta al no haber supervisado que el dinero para formación se estaba utilizando correctamente.

La oposición no parece dispuesta a ceder en este asunto. No al menos hasta que el presidente dé explicaciones. Después de que el PP, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, se haya negado a aceptar una comparecencia específica de Feijóo, todos los partidos han anunciado su intención de dedicar la sesión de control del próximo pleno ordinario a a insistir en el mismo punto: la amistad del jefe del Gobierno con el conseguidor conseguidorde la trama de cursos falsos.

El Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE) ha exigido este lunes al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que aclare la relación que tiene con su amigo el empresario Pachi Lucas, calificado como “abrepuertas” de contactos políticos por Gerardo Crespo, imputado como principal responsable de la trama de cursos falsas destapada por la Operación Zeta.

Crespo confirmó este fin de semana en una entrevista concedida a la Cadena SER lo que ya había hecho constar la Policía en el sumario de la investigación judicial: que contrató al "mejor amigo de Feijóo, que duerme muchas veces en Monte Pío", la residencia oficial del presidente de Galicia, para que le hiciese de "abrepuertas" en la Administración y conseguidor de contratos.

"Hay acusaciones muy graves que a esta hora no fueron desmentidas", subrayó en rueda de prensa el portavoz del PSdeG, José Luis Méndez, "ni por el presidente ni por el Gobierno y que colocan a amistades personales, del círculo íntimo del presidente, en su residencia oficial". Sobre esas relaciones, añadió, existe además "abundante testimonio gráfico", en referencia a las imágenes en las que Feijóo comparte palco con Lucas en la plaza de toros de Pontevedra –en algunas de ellas aparece también el presidente Mariano Rajoy–.

Las declaraciones de Crespo, denunció Méndez, "colocan a estas personas como conseguidores, comisionistas y abrepuertas" como "agentes de tramas organizadas" dedicadas a financiarse con fondos públicos, lo que evidencia el "nulo" compromiso de Feijóo y del PP en la lucha conra la corrupción.

Esta situación, añadió, es en realidad "un iceberg" que "cada día tiene más parte visible sin que se produzca ninguna reacción por parte del presidente Núñez Feijóo", que "se sigue negando a comparecer en el Parlamento, rehusando cualquier tipo explicación y sigue negando todo tipo de documentación”.

El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira (PP), al que el sumario también vincula con Crespo, ha pedido al principal imputado que "deje de hacer especulaciones" y se centre "en su defensa”. Negreira, no obstante, se ha escudado en la existencia de un investigación judicial para no hablar sobre las informaciones de la Policía que ya han trascendido y que revelan no sólo la connivencia de cargos políticos sino de pagos de la trama a miembros del PP supuestamente a cambio de subvenciones y adjudicaciones.

Las evidencias que apuntan a la responsabilidad de la Administración en lo ocurrido se acumulan. Este lunes fue el Consello de Contas, el equivalente autonómico del Tribunal de Cuentas, el que confirmó que la Xunta no realizó "comprobación in situ" de los cursos realizados. En el caso de una de las entidades que forman parte de la trama, la federación de autónomos Feaga, Contas ha constatado que no exite constancia de la asistencia de alumnos a los cursos.

En su fiscalización sobre esta ayudas, Contas reprueba que la beneficiaria (Feaga) contrató con la entidad Femxa Formación SL la realización de la totalidad de las acciones formativas y sostiene  que esta subcontratación se hizo "en términos tan amplios (...) que es difícilmente justificable, teniendo en cuenta que la idoneidad de la entidad beneficiaria es una de las causas de concesión de las ayudas, y que esta queda reducida así a un simple intermediario".

A renglón seguido, todavía en el epígrafe dedicado a la evaluación de los fondos aplicados por Feaga, el Consello de Contas afirma que "en los cursos examinados no existen partes firmados por los alumnos y tampoco los partes oficiales de asistencia están firmados por los profesores".

Hasta en seis ocasiones le preguntaron este jueves los periodistas al presidente de la Xunta, Alberto Núlñez Feijóo, por su amigo el empresario que, según la Policía, actuaba como conseguidor de la trama de cursos falsos que se embolsó 20 millones de euros de diferentes administraciones públicas. Pero el jefe del Ejecutivo gallego no aclaró nada y se limitó a decir que, "a efectos de sumarios", para él no hay "amigos ni enemigos".

Sorteando las preguntas de los medios, Feíjóo interpretó que "lo que los gallegos quieren saber y en lo que vamos a seguir insistiendo es en que, a efectos de sumarios, no hay amigos ni enemigos; me da igual quién esté o no esté, vamos a investigar igual. No hay diferenciación entre unos y otros, no hay distinción con las leyes", concluyó sin precisar qué grado de relación mantiene o mantenía con Pachi Lucas, el empresario amigo al que la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (EDEF) de la Policía sitúa como un intermediario decisivo entre los promotores del fraude y los políticos del PP que decidían las subvenciones y las adjudicaciones.

En relación con el SMS que su amigo empresario envió el 4 de julio de 2011 al promotor de la trama de cursos falsos para comunicarle la cita que le había conseguido con la que luego sería ministra de Fomento, Ana Pastor (“Gerardo, el jueves 7. A las 5,30 en Génova, despacho Ana Pastor. Marga [una directiva de las empresas de Crespo] y tú. Un saludo. Feijóo va a ser clave”), el presidente gallego se limitó a insinuar que se trata de una "manipulación". Por lo que le han "contado", dijo, en el sumario faltarían folios intermedios. En todo caso, subrayó, aunque fuese de otro modo, no tiene "ninguna preocupación" al respecto.