El negocio de la muerte es cada vez más rentable en nuestro país. Sólo en los dos últimos años, según datos de la subdirección general de Comercio Exterior, España exportó material bélico a otros Estados por algo más de 7.760 millones de euros. La mayor parte de los envíos tuvieron como destinatarios a miembros de la Unión Europea. Sin embargo, el plan de negocio incluyó también a auténticos agujeros negros democráticosagujeros negros. Arabia Saudí es probablemente el que suscita más polémica tanto a nivel político como social. Pero no es, ni mucho menos, el único motivo de preocupación. En 2018 y 2019, el 17% del dinero que se ingresó por la venta de armas –1.341 millones de euros– procedió de 25 países que no alcanzan el aprobado en el Democracy Index que todos los años elabora la revista The Economist tras analizar más de 60 variables agrupadas en diferentes secciones: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. De ellos, 18 están directamente incluidos en la lista de regímenes autoritarios al no conseguir llegar al cuatro en la evaluación.

De entre los países que menos respetan los derechos humanos, el Reino del Desierto fue el principal comprador del material bélico made in Spain. En total, desembolsó en los dos años algo más de 270 millones de euros. Riad, uno de los principales socios comerciales españoles gracias a la buena relación mantenida durante décadas por las dos casas reales, adquirió aviones de transporte y no tripulados, granadas de mortero, munición de artillería, bombas guiadas láser de aviación, repuestos para aeronaves de combate o simuladores de entrenamiento para las tropas. Una lista de la compra que preocupa a las organizaciones en defensa de los derechos humanos, principalmente, por el papel del país árabe en la guerra civil que lleva desangrando Yemen durante más de un lustro. La casa de Saud encabeza la coalición que respalda al presidente Abdo Rabu Mansur Hadi frente a los hutíes. Un conflicto bélico que ya ha dejado una crisis humanitaria sin precedentes, con unos tres millones de desplazados y más de 100.000 muertos.

Un ejemplo que representa la crueldad en suelo yemení contra la población civil es el de Rahma, cuya historia fue recogida hace ya cinco años por Amnistía Internacional. Perdió a una decena de miembros de su familia, entre ellos su madre, después de que las bombas de la coalición internacional redujeran a escombros un pequeño colegio convertido en refugio de desplazados. Unas escaramuzas en las que también han participado países como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin, Jordania o Egipto. Cinco Estados más, considerados regímenes autoritarios, que en los dos últimos años han desembolsado en conjunto por material bélico de origen español 223,8 millones de euros. Los pagos realizados desde Abu Dhabi, que adquirió desde aeronaves hasta sistemas de vigilancia radar, representaron el 86% del total. El Cairo se gastó unos 20,7 millones, mientras que para de Ammán y Manamma las exportaciones no superaron los 10 millones. En el caso de Kuwait, fue testimonial: 14.400 euros en pistolas durante el año 2019.

El armamento que sale desde la Península Ibérica también ha interesado a otras dos monarquías del Golfo Pérsico en las que el respeto a los derechos humanos es una cuestión secundaria. Omán y Qatar, dos países caracterizados por las restricciones a la libertad de expresión, la discriminación de la mujer, la pena de muerte o los abusos de las autoridades, desembolsaron 80,4 millones de euros en granadas de mortero, munición de artillería o vehículos para el transporte de tropas. Un artículo, este último, que también estuvo en la lista de la compra de Estados como Mauritania o Níger, donde se registran ataques a los defensores de los derechos humanos, torturas y malos tratos bajo custodia o brutalidad policial en la represión de protestas. Estos no son los únicos países africanos con importantes carencias democráticas que han recibido desde 2018 material bélico español. Entre los compradores destacan también Yibuti o Togo, aunque en conjunto apenas desembolsaron unos 3 millones de euros, la mayor parte en keroseno de aviación.

De entre los Estados que The Economist sitúa como autoritarios en el continente americano, sólo Cuba y Venezuela recibieron este tipo de exportaciones. Eso sí, en su mínima expresión: apenas 100.000 euros, muy lejos de los más de 500 millones que llegó a desembolsar Caracas allá por el año 2011. Mucha más importancia tuvieron estas ventas, sin embargo, al otro lado del mundo. Para Vietnam, que sacó un tres en el último Democracy Index, los envíos alcanzaron los 12 millones. Y en el caso de Azerbaiyán, Kazajistán y Uzbekistán, el montante total ascendió a 21,3 millones. Las relaciones comerciales bilaterales con la dictadura uzbeka, en la que el colectivo LGTBI está duramente perseguido, llevan años avanzando a base de operaciones puntuales de empresas españolas, como Talgo o Initec Energía, del grupo ACS. Sin embargo, los envíos de armas se han reducido drásticamente desde 2017. En los dos últimos años, las ventas apenas supusieron 300.000 euros. En 2014 y 2015, se movieron entre los 54,7 y los 49,2 millones, respectivamente.

Turquía y la represión kurda

Turquía no está considerado un estado autoritario. Pero tampoco tiene unos estándares de calidad democrática que le puedan colocar, como poco, en el rango de democracia imperfecta –ni mucho menos plena–. Y así lo hacen notar continuamente las organizaciones en defensa de los derechos humanos. A lo largo de 2019, según denuncia Amnistía Internacional, en suelo turco se continuó reprimiendo a la disidencia y miles de personas siguieron en una situación de detención prolongada sin que, en muchos casos, “existieran pruebas creíbles de que hubieran cometido algún delito reconocible según el derecho internacional”. Además, se registraron denuncias de torturas y desapariciones forzadas y se continuaron restringiendo los derechos a la libertad de expresión y de reunión, valiéndose en muchos casos las fuerzas del orden de un uso “excesivo e innecesario” de la fuerza para disolver protestas pacíficas. Sin embargo, todas estas carencias democráticas no impidieron a la industria armamentística española vender al país material bélico por 624,6 millones de euros durante los dos últimos años. Business is business.

Escombros de un centro de detención de refugiados destruido en Trípoli (Libia).

La lista de la compra del considerado régimen híbrido, con un cuatro de nota en el examen de la publicación semanal inglesa, fue extensa. Incluyó munición para armas cortas y ligeras, sistemas lanzagranadas, componentes de motores de buques, vehículos blindados o aviones de transporte. Un material que preocupa si se tiene en cuenta la participación del país en escaramuzas bélicas. El pasado mes de enero, Turquía anunció oficialmente su intervención en la guerra libia para contener el avance de las fuerzas del mariscal Jalifa Hafter. Al igual que otros países, no ha dudado en enviar armas o mercenarios a la batalla. Sin embargo, no es el único uso que Ankara da a su arsenal. Habituales son también las ofensivas que sus Fuerzas Armadas lanzan cada cierto tiempo para desgastar a los kurdos en el norte de Siria o Irak. Una de las últimas operaciones, denominada paradójicamente Manantial de Paz, dejó varias decenas de civiles muertos y cientos de miles de desplazados, según denunció el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos.

Además de este, otros seis países con suspensos en materia democrática recibieron este material español en los dos últimos años. Destacan Pakistán, Costa de Marfil o Argelia, con exportaciones por valor de 52,4, 28 y 19,6 millones de euros, respectivamente. Y completan la lista Kirguistán, Burkina Faso y Malí. Eso sí, en estos casos las ventas fueron mínimas. En los dos primeros, no llegaron ni a superar los 50.000 euros. En el tercero, 1,1 millones de euros por vehículos de transporte de tropas o placas de protección balística. Hace menos de un mes, Amnistía Internacional denunciaba que sólo entre febrero y abril soldados de Malí, Burkina Faso y Níger habían arrasado pueblos y asesinado o sometido a desaparición forzosa a casi dos centenares de personas. “Algunas de las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y entre las víctimas hay personas internamente desplazadas”, denunciaba la organización en su informe They Executed Some and Brought the Rest with Them”: Civilian Lives at risk in the Sahel.

El control en las ventas

Para organizaciones como el Centro Delás de Estudios por la Paz, el hecho de que todavía sigan llegando armas y explosivos a países inmersos o que intervienen en conflictos bélicos o a Estados que “vulneran sistemáticamente los derechos humanos” prueba “la poca rigurosidad de la aplicación de la legislación en materia de control de las exportaciones de material de defensa que es de obligado cumplimiento”. Un marco construido alrededor de la Ley 53/2007, norma que establece en su artículo octavo que las autorizaciones de exportación de estos artículos deben ser denegadas cuando existan “indicios racionales” de que puede ser empleado “en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional”, puedan exacerbar conflictos latentes o ser utilizados “de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de vulneración de derechos humanos”. Es decir, habría que flexibilizar mucho la interpretación para concluir que no hay riesgo de que bombas guiadas láser de aviación puedan ser utilizadas por Riad en Yemen.

Poco después del asesinato del columnista de The Washington Post Jamal Khashoggi a manos de agentes de la inteligencia saudí, varios Estados comenzaron a replantearse la venta de armas al Reino del Desierto. Así, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Noruega, Finlandia, Grecia y Canadá fueron imponiendo restricciones a las exportaciones a Riad. En España, el recién constituido Gobierno socialista también decidió congelar las autorizaciones con este país. Todos los vistos buenos durante aquel ejercicio, por valor de 13,2 millones de euros, fueron acordados antes de la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Sin embargo, el bloqueo sólo se mantuvo durante lo que restaba de ejercicio. Con el arranque del nuevo año, comenzaron a fluir de nuevo las autorizaciones para que armas made in Spain pudieran llegar a Arabia Saudí. Así, a lo largo de 2019, se concedieron 22 nuevas licencias de exportación por un valor de 392 millones de euros. La mayor parte, 315 millones, correspondían a la venta de aeronaves.

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, fue cuestionada a comienzos de esta semana en la Comisión de Defensa del Congreso por este cambio de postura. Un viraje, que, sin embargo, se encargó de negar al tiempo que sostenía que cada venta se somete a un análisis riguroso para comprobar que se ajusta a la ley. Un marco normativo que el Ejecutivo decidió reforzar el pasado mes de mayo con la aprobación de un decreto que prevé la posibilidad de intensificar los controles sobre el destino de este material exportado. A preguntas de los diputados, que exigieron que a Riad no se le venda “ni una espada toledana porque la emplearía para decapitar”, la secretaria de Estado de Comercio aseguró que las autorizaciones pueden denegarse si hay dudas sobre la utilización de esas armas. Algo que, sin embargo, no es muy habitual. En los dos últimos años, hubo cinco denegaciones. Una de ellas, relativa a la venta de 16.000 cuerpos de bombas de aviación a Emiratos Árabes Unidos. El resto, centradas en repuestos para un carro de combate en Venezuela, pistolas para el Líbano, material textil para la fabricación de paracaídas o un paracaídas con accesorios para Pakistán.

Un tercio de las exportaciones de armamento que realizó España durante 2013 fue destinado a países de Oriente Próximo y, especialmente, a Estados del Golfo Pérsico, según denunció este jueves el Centro Delàs de Estudios por la Paz en su informe Exportaciones españolas de armamento 2004-2013, elaborado a partir de estadísticas oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio. En total, el Gobierno español ingresó durante el citado año 1.378 millones de euros procedentes de estos países, catorce veces más que en 2012 y cien veces superior al valor de las exportaciones de material defensivo cifradas durante el año 2010, cuando comenzaron las revueltas en los países árabes.

Para ser más exactos, España exportó a Emiratos Árabes Unidos tres aviones de reabastecimiento en vuelo y bombas para aeronaves por valor de 717 millones de euros; a Arabia Saudí dos aviones, revólveres y munición de artillería por 406,4 millones de euros; a Egipto cinco aviones, recambios para distintos tipos de vehículos, componentes electrónicos y pistolas destinadas a particulares con un valor total de 126,6 millones de euros; a Omán armas de fuego con un calibre igual o superior a 20 milímetros por un valor de 98 millones de euros; y a Bahréin armas de fuego y municiones, dispositivos y componentes de material de defensa destinado a las Fuerzas Armadas por valor de 24,1 millones de euros.

En los casos de Israel, con exportaciones valoradas en 4,9 millones de euros, Jordania (0,6 millones) y Catar (52.000 euros), el Gobierno no detalla el armamento distribuido porque, en ninguno de los tres casos, las ventas superan los diez millones de euros y, por tanto, no está obligado a hacerlo. 

"Estas exportaciones son ilícitas e ilegales, según la propia legislación española y europea sobre comercio de armas debido a la situación de inestabilidad existente en la región de Oriente Próximo y, en concreto, por la influencia regional de países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en tanto que dan apoyo a una parte del conflicto en Siria", señala el informe.

En el primero de los casos, los investigadores consideran, en función de lo marcado en el artículo 8 de la Ley 53/2007 de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso y en la 2008/944/PESC (Posición Común europea), que las exportaciones son críticas por el valor económico que representan y porque Arabia Saudí "podría suponer una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad regionales", además de las graves "violaciones de derechos humanos entre las que se incluyen torturas, discriminación y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad".

Además, el informe señala la preocupación de los investigadores ante la posible reactivación de la venta de los 250 tanques Leopard, valorados en 3.000 millones de euros, "debido al aumento de la inestabilidad en la región y el rol de potencia regional del país".

En el caso egipcio, el informe señala que "no deja de ser preocupante que apliquen el embargo solo al material ligero exportado a empresas y armerías y no al exportado a las fuerzas armadas egipcias". Los investigadores también señalan la enorme inestabilidad existente en el país, propiciada por el golpe militar y la posterior ilegalización de los Hermanos Musulmanes, que salieron victoriosos de las elecciones posteriores al derrocamiento de Hosni Mubarak.

El informe también incide en lo "preocupante" de las exportaciones armamentísticas a Emiratos Árabes Unidos, especialmente por la participación del país en los conflictos armados de la región –apoyo a determinados grupos insurgentes en la guerra siria–. En cuanto a Omán y Bahréin, el informe incide en las violaciones de derechos humanos registradas en los dos Estados del Golfo Pérsico.

Según las estadísticas, presentadas el pasado mes de junio por la Secretaría de Estado de Comercio, España exportó, en total, armamento por valor de 3.907 millones de euros durante el año 2013. Esta cifra duplicó la cantidad de armamento exportado en 2012 –1.953 millones de euros– y multiplicó por diez la cifra respecto al año 2004. Según indica el informe, las exportaciones españolas representaron un 2,4% de las exportaciones mundiales de armas en 2013 y el 1,7% del total de la balanza comercial española.

"Estas elevadas cifras responden, en gran medida, a la política de fomento de las exportaciones de armamento que lleva ejecutando desde hace años el Gobierno español", apunta el informe. Además, los tres investigadores señalan que "esta política se basa en tres elementos: una compleja organización administrativa dirigida por el Ministerio de Defensa; el secretismo en la valoración de las solicitudes de exportación; y una interpretación poco rigurosa de la legislación sobre esta materia".

9 licencias de exportación denegadas

Durante el año 2013, la Junta Interministerial Reguladora de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDUU) –órgano administrativo encargado de valorar las solicitudes de exportación recibidas– tramitó 1.262 licencias de exportación de material de defensa, de las cuales fueron autorizadas 1.097 y sólo 9 fueron denegadas (0,7%). "Esto debe interpretarse como falta de voluntad política en la aplicación de la legislación", señalan los investigadores.

La JIMDUU denegó a Taiwan dos licencias que corresponden a la exportación de vehículos aéreos no tripulados –con su estación de control y dispositivo lanzador– y espoletas. En este caso, el órgano administrativo consideró que ambas peticiones chocaban con los criterios 4 –mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad– y 7 –riesgo de que el material se reexporte en condiciones no deseadas a otros países– de la 2008/944/PESC.

Por otro lado, la JIMDUU negó siete licencias a Egipto, que consistían en la exportación de siete pistolas, porque consideró que dicho proceso colisionaba con el criterio 2 –respeto a los derechos humanos en el país de destino final– y 3–situación interna del país de destino final– recogidos en la normativa europea. No obstante, a pesar de las denegaciones, entre agostó y septiembre de 2013 el órgano administrativo permitió la exportación de 5.700 euros en pistolas, rifles y material armamentistico de características similares.

"Resulta lamentable el poco rigor de la JIMDUU en la aplicación de la legislación. Deniegan la exportación de 7 pistolas a Egipto pero autorizan el envío de bombas, cohetes, torpedos o misiles por valor de 198 millones de euros", señalan los investigadores en el informe.