Este viernes se suprimen 33 títulos nobiliarios debido a la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática. La ley se aprobó de manera definitiva en el Senado el pasado 5 de octubre.

La nueva ley trata de defender los valores democráticos a través de medidas como la retirada de estos títulos. 5 de estos títulos fueron entregados por el emérito Juan Carlos, los otros 28 se concedieron de la propia mano de Franco. Además, según la Moncloa, es la primera vez que la ley condena el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista.

Estos son los títulos que se retiran según presenta el Boletín Oficial del Estado:

No estamos en la España de los años convulsos de la corrupción, o eso parece. No es 2011, es 2022. Diez años después, acaban en Anticorrupción casos similares con personajes parecidos. Del último golpe perfecto en el momento más caótico y duro de la pandemia falta mucho por saber. Según el alcalde José Luis Martínez-Almeida, el correo de la administración donde remitieron al hijo menor de Naty Abascal, Luis Medina, para conseguir un contrato de 11 millones de euros por material sanitario, lo tenía todo el mundo. Aun así, acude a un familiar del alcalde y le funciona. Intenta un trato de favor y si no sale, ahí queda su nombre. Las preguntas a Almeida son muchas. ¿Qué hace un primo del alcalde de Madrid dando correos del Ayuntamiento? ¿Qué hace un falso empresario conocido únicamente en el mundo del famoseo gestionando mascarillas en plena pandemia sin que a nadie le salten las alarmas? ¿Cómo es posible que, pasado lo peor, no se hayan revisado los presuntos ‘pelotazos’? Es más, si en la última presunta estafa conocida en Madrid, seis millones de comisiones a costa de mascarillas de mala calidad y guantes del supermercado, llevaba incluido del 60% al 80% en comisiones ¿Cómo no ha llamado la atención respecto a otros contratos del mismo material?. 

Dice el alcalde de Madrid en su comunicado que se personará “si se demuestra que ha habido un quebranto”. El escrito de Anticorrupción detallando un millón de euros en un Ferrari Superfast, un Aston Martin, un Mercedes SCL o un BMW no le debe de parecer suficiente indicio. O tres Rolex y un chalet en Pozuelo con tres garajes. Madrid es territorio comanche de amigos, familiares y conocidos que terminan llevándose una fortuna sin experiencia en el negocio ni empresas conocidas. Por eso falta reconstruir la cadena de ‘terceras personas’, ese ángulo muerto que utilizan empresarios de la órbita política de Madrid para llegar a la administración y les termina saliendo bien. 

En un contexto de guerra como fue la pandemia, las administraciones hicieron contratos de urgencia para traer mascarillas sin apenas controles. Pasado lo peor, eso debería implicar que sean revisados con lupa ahora que no hay urgencia. La administración, como compradora, no recibe los contratos desglosados. Pero un 80% de comisiones implica que el precio fue un 80% mayor que otros contratos de condiciones similares.

La huella del contrato público debería empezar no con la firma, sino en cómo llega ‘el amigo de’ a la administración. Dejar de normalizar las llamadas a los cargos públicos para pedir favores interpuestos, que esto no se conozca y salga gratis. Porque en el Madrid de la libertad de Ayuso y Almeida, un madrileño con un salario medio tendría que trabajar 206 años y ahorrar el sueldo íntegro para conseguir el presunto pelotazo de Luis Medina y Alberto Luceño. Pero ellos no son un madrileño medio. Ellos lucen la bandera de España y critican la reforma laboral. Presumen de ser empresarios hechos a sí mismos y cuando rascas solo hay empresas vacías de trabajadores para dar el palo. ¿Por qué, en qué se parecen la empresa desde donde cobró 283.000 euros el hermano de Isabel Díaz Ayuso y la empresa del hijo de Naty Abascal?. En que solo les sirvieron para canalizar las comisiones. 

En este caso, tras un año de investigación, el PP no ha dicho nada públicamente hasta que la Fiscalía Anticorrupción ha difundido la denuncia. Vox se ha dedicado a profanar el Gernika, a invocar al Führer y a Goebbles en el hemiciclo, pero ni mú de la estafa millonaria, del acopio de una fortuna con un pelotazo encubierto por 900 muertos al día. Hay que remontarse a esos meses, cuando Santiago Abascal ordenó llevar ataúdes al Congreso, convocó manifestaciones en pleno estado de alarma contra el Gobierno, pero dejan pasar que la élite parasitaria, bajo la sombra de los títulos del Duque de Feria y Marqués de Villalba, puede acumular chalets, coches de lujo y relojes de oro estafando a la administración pública con mascarillas de mala calidad. 

Lo que a los cabecillas de la trama Gürtel y Púnica les costó años conseguir a base de comisiones y el ‘pico’ extra de financiar al partido, los presuntos estafadores sin oficio conocido ni empresas de éxito lo lograron en un mes. Mientras, les escandaliza que la izquierda monte una boda con chuletón en el menú, les revuelve la elegancia de Yolanda Díaz, y 6 millones de euros en comisiones con el dinero de todos ni les inmuta. 

El presunto sablazo de Luis Medina y Alberto Luceño revela problemas de fondo que no conseguimos sacudirnos. Los gobiernos de Madrid, de la alcaldía a la Comunidad, con un historial de casos de corrupción que han llenado sumarios y el patio de las prisiones de Estremera y Soto del Real, siguen acumulando denuncias que encajan con ciertos patrones de antes. Amigos, familiares, comisiones investigadas por un buen cúmulo de delitos. No se han reforzado los controles. No se han revisado los mecanismos. Como entonces, cargan contra el que los pública —les ha ocurrido en numerosas ocasiones a infolibre y a elDiario.es—  e insultan y desprecian a quienes lo hacen público. Y van a hacer falta muchos y muchas periodistas, fiscales y pedagogía social cuando Almeida o Ayuso, lejos de escandalizarse, implicados directa o indirectamente, desprecian las denuncias.

Y tendremos un problema mayor si este sablazo del hijo y hermano de duques y marqueses termina en una posible sentencia condenatoria. “No nos ha dado lujos” —dijo el hijo menor de Naty Abascal en una entrevista a XL Semanal— “nos han empujado a que estudiemos y trabajemos”. Si volvemos a ver a Luis Medina en un photocall, bajo el relumbrón de focos y alfombras rojas, sin ningún reproche social, estaremos consolidando el modelo de los vividores, los hijos culturales de Mario Conde. Los que se forran en cada crisis a costa del dolor de los demás.

Muy pocos —y creo que nadie de las nuevas generaciones— conocen la noticia que publicó el más prestigioso y sesudo diario inglés, The Times, con motivo de la aparición de una espesa niebla que cerró el Canal de la Mancha a la navegación marítima, única vía de acceso posible en aquellos tiempos. El rotativo inglés título: ”Europa se encuentra aislada de la Gran Bretaña”. Lamentablemente, en los momentos presentes y con otras consecuencias, el Brexit ha segregado, en sentido inverso, al Reino Unido de la Unión Europea. Resabios que persisten como reflujo de haber sido el imperio colonial más grande de la historia y ventajas derivadas de ser la sede de uno de los dos centros financiero-especulativos más importantes del mundo, la City londinense.

Presumen, y con razón, de haber sido los pioneros en promulgar un texto político, la Carta Magna de Enrique III (1225), qué garantizaba que ningún hombre libre será privado de sus derechos sino en virtud de un juicio legal de sus pares y según la ley, y en el que se reconoce el derecho de todos a la justicia. En la campaña del referéndum del Brexit, jugó un importante papel la posibilidad de liberarse de la “humillación” de ver la justicia inglesa sometida a la superior jerarquía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A pesar de este rasgo elitista, es justo reconocer que la gran ventaja de una sentencia dictada por un juez británico, al margen de su acierto o desacierto, radica en que los razonamientos que se esgrimen para tomar una decisión son perfectamente comprensibles, incluso por personas que no sean conocedoras del derecho. No hay más que repasar la magnífica y clarificadora decisión del juez inglés Matthew Nicklin para entender que no entra dentro de la lógica ni de la razón considerar que la inviolabilidad de un rey se extiende hasta límites tan inverosímiles e injustificables que lleguen a justificar su inmunidad y blindaje frente a toda clase de reclamaciones, incluidas las civiles.

Sin embargo, en nuestro país la justicia mantiene posiciones radicalmente contrarias. Existe el precedente de dos juezas que inadmitieron las demandas de reclamación de paternidad contra el rey Juan Carlos, basándose en la aplicación —sin restricción alguna— de la absoluta inviolabilidad que proclama la Constitución. La cuestión llegó al Tribunal Supremo, que después de un debate sobre la admisibilidad de acciones civiles contra el monarca, declara la subsistencia de su inviolabilidad que incluso alcanzaría a los actos realizados “durante el tiempo en que ostentare la Jefatura del Estado cualquiera que fuese su naturaleza”. La jurisprudencia no es inmutable y estamos a tiempo de corregir semejante desatino. Alberto de Bélgica y Raniero de Mónaco han tenido que reconocer hijos concebidos fuera de una relación matrimonial.

El juez inglés, después de examinar detenidamente los argumentos de los abogados de Juan Carlos de Borbón sobre cuál podría ser su estatus jurídico y constitucional, antes y después de la abdicación, acude a los criterios fijados por la ley inglesa (State Immunity Act) y el derecho internacional (Inmunidades y privilegios de los Jefes de Estado), descarta la “inmunidad de por vida” planteada por la defensa, estableciendo como conclusión que “sea cual sea el estatus que mantuvo conforme a la ley y la Constitución” , “nada en los principios del derecho internacional o respeto a la dignidad y soberanía del Estado español lleva a esa conclusión”.

Con fina ironía inglesa pone de relieve que la absoluta inviolabilidad permitiría que "si mañana el denunciado entrara en una joyería de Hatton Garden [centro de este tipo de negocios en Londres] y robase un anillo de diamantes, no se enfrentaría a ninguna consecuencia civil o penal". En pura lógica, podemos añadir que lo mismo sucedería si se lleva un coche de alta gama de un concesionario o si se diese un festín en un restaurante de lujo y se marchara sin pagar. Según la doctrina internacional, la denuncia de Corinna Larsen se enmarca en el ámbito de las actividades privadas del rey, por lo tanto no le alcanza la protección de la inviolabilidad.

Lo cierto es que vivimos en un país cuyo sistema democrático, y especialmente determinadas actuaciones de algunos jueces españoles, nos lleva a descender periódicamente en el ranking de nuestro nivel democrático, según el criterio de la prestigiosa revista inglesa The Economist. Me gustaría matizar algunas expresiones un tanto ligeras que he leído en los medios de comunicación, afirmando que la justicia inglesa ha procesado y sentará en el banquillo al rey Juan Carlos. Nada más lejos de la realidad, se trata de una demanda civil que tiene unos cauces distintos de los de un proceso penal. Necesariamente, la demandante tendrá que demostrar los hechos en que funda su demanda y previsiblemente, como es habitual sobre todo en el mundo anglosajón, terminará sin sentencia, mediante un acuerdo indemnizatorio.

Los parámetros que marca el derecho internacional en materia de inmunidades y privilegios de Jefes de Estado se han olvidado por nuestros tribunales a pesar de que se trata de leyes nacionales. Sobre la inviolabilidad mantienen una interpretación anclada en tiempos del pasado. En la práctica la equiparan a sacralidad, intangibilidad, irresponsabilidad, reverencia e incluso, según algunos medios, agradecimiento por los servicios prestados a la democracia en este país. Repaso la hoja de servicios y no encuentro ninguno relevante o decisivo para configurar una monarquía parlamentaria bajo una democracia representativa en la que la soberanía radica en el pueblo español que luchó, algunos dejaron su vida, para incorporar a nuestro país al concierto de las naciones democráticas.

Nadie puede entender en el mundo jurídico internacional que el concepto de inviolabilidad se haya llevado hasta extremos teológicos y teocráticos propios del libro de los reyes de Israel que se contiene en la Biblia. Desde entonces han pasado muchas cosas y nadie puede sostener, sin exponerse al ridículo de la comunidad internacional democrática, que la inviolabilidad es una coraza o una campana neumática que impide la entrada a las leyes que exigen responsabilidades, pero permite al rey salir y entrar cuando le parezca sin riesgo alguno para conductas reprochables desde el punto de vista ético, moral y jurídico.

No es admisible que en una democracia avanzada se pueda sostener por el Parlamento, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo que la persona del rey es absolutamente intocable, sean cuales sean las actos que haya llevado a cabo y —lo que me parece más grave todavía— que el Parlamento, en el que radica la soberanía popular, no pueda abrir una comisión de investigación sobre estos hechos que terminaría como es lógico en una reprobación política, sin ningún efecto judicial. La advertencia final del juez inglés creo que nos debe hacer meditar sobre el impacto internacional de la arcaica postura de nuestros altos tribunales. Está en juego el prestigio y la dignidad de nuestro país. Recientemente hemos recibido una buena noticia, se nos considera una “isla energética”, la mala es que seguimos siendo una “isla judicial”.

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José Antonio Martín Pallín es comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo. Abogado.

Más de cuatro décadas después del fin de la dictadura, las formaciones de izquierda y los colectivos memorialistas siguen luchando para acabar con las distinciones y reconocimientos públicos otorgados a los protagonistas de uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de España. Este miércoles, el campo de batalla volverá a ser el Congreso de los Diputados. Allí, los distintos grupos políticos se posicionarán sobre la proposición no de Ley (PNL) de PSOE y Unidas Podemos centrada, fundamentalmente, en la retirada de medallas a viejos torturadores franquistas. Pero no solo eso. También abordarán la supresión de una vez por todas de aquellos títulos nobiliarios que representen la exaltación de la dictadura y la Guerra Civil. Alrededor de cuarenta distinciones que, si bien en la actualidad no comportan privilegios destacados, sí que tienen un fuerte valor simbólico para las asociaciones memorialistas. Porque es intolerable, dicen, que en plena democracia se siga manteniendo el “reconocimiento social y público” de “personajes partícipes o cómplices de un genocidio”.

Actualmente, en pleno siglo XXI, existen en España más de 2.800 títulos nobiliarios, tal y como consta en la base de datos de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, la elitista institución encabezada por Enrique Fernández-Miranda a la que sólo pueden pertenecer “los Grandes y Títulos del Reino”. De ellos, 37 fueron creados durante la dictadura para glorificar a destacados militares que participaron en el golpe de Estado, referentes falangistas, empresarios, cargos eclesiásticos e, incluso, científicos. A algunas de estas polémicas distinciones habría que sumar también las concedidas por el rey Juan Carlos I para honrar la memoria del dictador tras su muerte. Es el caso del título de señor de Meirás. O el polémico ducado de Franco, que el Gobierno de Mariano Rajoy se encargó de dejar atado y bien atado pocas horas antes de que la moción de censura lo sacara de La Moncloa. Reconocimientos a los que el Ejecutivo lleva queriendo meter mano desde hace un par de años y cuya retirada ha sido pedida sin descanso por las asociaciones memorialistas.

A lo largo de la historia reciente, varios fueron los periodos en los que este tipo de distinciones estuvieron guardadas en un cajón. El último de ellos fue durante la Segunda República, cuando a través del artículo 25 de la Constitución de 1931 se estableció que no podían ser fundamento de privilegio jurídico “la naturaleza, la filiación, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas”. Algo que, sin embargo, cambió con la victoria de las tropas golpistas en la Guerra Civil. Franco se encargó en 1948 de restablecer los abolidos títulos nobiliarios. Y lo hizo a través de la concesión de hasta cuatro distinciones con Grandeza de España, máxima dignidad de la nobleza. Así, el 18 de julio, coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado, el dictador otorgó reconocimientos a título póstumo a varios “héroes, mártires y estadistas”, según recoge el BOE de la época. Se creó así el Ducado de Primo de Rivera –en honor al fundador de la Falange–, el Ducado de Calvo Sotelo –en recuerdo del “protomártir de la Cruzada”– o el Ducado de Mola, como homenaje a otro de los generales golpistas.

Además, también alumbró por aquellas fechas el Condado del Alcázar de Toledo, un título con una enorme carga simbólica en tanto hace referencia al asedio durante los primeros compases de la Guerra Civil de la fortaleza en la que, todavía a día de hoy, reposan los restos de referentes franquistas como Jaime Milans del Bosch, uno de los protagonistas del 23-F. Este título se le concedió en primera instancia a José Moscardó e Ituriarte, el militar encargado de organizar la defensa del Alcázar frente a las tropas del Gobierno legítimo. En la actualidad, esta distinción la ostenta su nieto, José Luis Moscardó y Morales-Vara del Rey, que en más de una ocasión ha defendido que fue concedida con toda “dignidad, honor y justicia”. “Que planteen su retirada me parece una solemne estupidez. Hay cosas más importantes como Cataluña, el paro… antes que ponerse a revocar títulos nobiliarios”, sostenía el nieto del militar en conversación con El Mundo en agosto de 2018.

Con Grandeza de España, además, se crearon durante las cuatro décadas de dictadura el Marquesado de Dávila; el Ducado de Badajoz, que se le concedió directamente a María Pilar de Borbón y Borbón; y el Ducado de Carrero Blanco, incluido en el BOE un día después de la muerte del que había sido presidente del Gobierno franquista. El resto de títulos de menor importancia concedidos durante toda la dictadura fueron a parar a manos de empresarios afines al régimen –desde el expresidente del Banco Bilbao Julio Arteche hasta el industrial Pedro Barrié, al que se nombró duque de Fenosa–, políticos franquistas, reconocidas falangistas –Pilar Primo de Rivera– o altos cargos eclesiásticos, como por ejemplo el sobrino de un cardenal del papa Pío XII. Y, por supuesto, destacados y sanguinarios militares. Es el caso de Juan Yagüe, más conocido como el carnicero de Badajoz por la masacre en suelo extremeño. O Gonzalo Queipo de Llano, el general que llamaba a violar rojas, que lideró la brutal represión en el sur y que todavía hoy está enterrado en la emblemática Basílica de la Macarena.

La familia Franco, por su parte, entró a formar parte de la nobleza española tras la muerte del dictador. Y, además, por todo lo grande, con dos títulos nobiliarios con la máxima dignidad. Ambos les fueron concedidos por el rey Juan Carlos I el 26 de noviembre de 1975, casi una semana después del fallecimiento del caudillo. El Señorío de Meirás, que hace referencia al pazo del que se apropió la familia del dictador en la localidad coruñesa de Sada, está ahora en manos de Francisco Franco Martínez Bordiú. Y el Ducado de Franco le pertenece en la actualidad a Carmen Martínez Bordiú, después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se encargara de dejar publicada en el Boletín Oficial del Estado pocas horas antes de la moción de censura la orden de Justicia que permitía a la nieta adquirir la distinción tras la muerte de su madre. Un proceso que acabó completándose ya con Pedro Sánchez al frente del Gobierno. “Se aplicó la normativa nobiliaria vigente en la tramitación del procedimiento de sucesión”, se limitaron a decir entonces desde el Ejecutivo.

Desde la muerte del dictador hasta la llegada de la democracia, el rey Juan Carlos I también concedió el Marquesado de Arias Navarro al presidente del Gobierno entre 1973 y 1976. Premios que también se otorgaron a Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes franquistas entre 1975 y 1977; o a los políticos Alejandro Rodríguez Valrcárcel o Antonio Iturmendi.

Sin privilegios y con gastos

En la actualidad, estar en posesión de un título nobiliario no reporta ningún privilegio más allá de ser reconocido como Excelentísimo Señor –en el caso de los Grandes de España– o Ilustrísimo Señor –en el caso de duques, marqueses, condes, vizcondes, barones o señores–. Es decir, que estas distinciones tienen simplemente carácter simbólico. “Durante el siglo XIX, por ejemplo, los grandes de España podían, si ellos querían, ser senadores por derecho propio. O tenían preferencia a la hora de obtener condecoraciones de nivel. Sin embargo, con el paso del tiempo estas prerrogativas antiguas se fueron difuminando”, explican desde la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España a preguntas de infoLibre. La última prebenda con la que contaban los nobles con la máxima distinción era el derecho a poseer pasaporte diplomático. Algo que quedó superado en la década de 1980, con Felipe González al frente del Ejecutivo.

Más que beneficios, acceder a la nobleza comporta gastos de entrada a través del impuesto de actos jurídicos documentados, señalan desde la institución. Desembolsos importantes en algunos casos. Lo más barato son las sucesiones en línea recta descendente, de padre a hijo o de abuelo a nieto. Un título sin grandeza serían 793 euros, pero con grandeza ascendería a 2.781 euros. Menos asequibles son las transmisiones transversales –de tío a sobrino, por ejemplo–, con una horquilla que se mueve entre los 1.988 euros y los 6.971 euros. Y ya si se habla de rehabilitaciones, es decir, si se pide el título tras haber pasado un lustro desde el fallecimiento de su último poseedor, los precios se vuelven completamente prohibitivos. Sin grandeza, 4.783 euros. Con ella, 16.713 euros, lo que puede costar un coche nuevo en un concesionario o pagar un alquiler de 700 euros mensuales durante casi dos años.

Títulos con tufo “arcaico” y “medieval”

Los colectivos memorialistas son conscientes de que estos títulos no reportan beneficios a los poseedores. Sin embargo, exigen su eliminación desde 2012, cuando se conoció la sucesión del Ducado de Mola. Principalmente, explican, por el mensaje simbólico que tendría un movimiento de estas características cuatro décadas después del fin de la dictadura. “Es indignante que en una democracia se siga manteniendo el privilegio del reconocimiento social y público de personajes partícipes o cómplices de un genocidio”, expresa en conversación con este diario Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Títulos con tufo “arcaico” y “medieval” cuyo mantenimiento, en opinión de Sánchez, supone un “anacronismo”. “En España estamos asistiendo cada vez más a una situación de desigualdades y problemas de índole económico. Estos reconocimientos, por tanto, cuentan con una carga simbólica que incrementa dicha percepción de desigualdad”, resalta.

Tanto la eliminación de las condecoraciones concedidas a expolicías franquistas como la supresión de los títulos nobiliarios relacionados con la dictadura llevan sobre la mesa del Gobierno dos años. En concreto, ambas cuestiones aparecen contempladas en la reforma de la Ley de Memoria Histórica que lleva meses atascándose en el Congreso de los Diputados ante la inestabilidad política, las repeticiones electorales y la crisis del coronavirus. “El ministro competente en materia de memoria histórica o, por delegación, el órgano designado por aquel, elaborará un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1977, así como de concesión posterior, que representen la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, y se procederá a su supresión”, contempla la iniciativa parlamentaria en su quinto artículo. En total, durante esas tres décadas se otorgaron 43. 

Ahora, el asunto vuelve al Congreso de los Diputados en forma de proposición no de Ley, que no tiene efectos jurídicos y que sólo sirve para recordar al Gobierno lo que prometió ante los electores. Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se muestran cansados de que se den tantas vueltas alrededor de sus reivindicaciones. Que si se van a retirar de forma inmediata, que si es necesario esperar, que si volvemos a plantear el debate en la Cámara Baja. “Nosotros ya le dijimos a Pedro Sánchez en la reunión que mantuvimos con él hace un año que esto es necesario. Llevar esto otra vez al Parlamento es una pérdida de tiempo que permite a los ultras volver a sacar a los viejos fantasmas. El Ejecutivo debe proceder de manera tajante y clara vía decreto”, sentencia el portavoz de la ARMH.

Los duques de Sussex, el príncipe Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, han anunciado este miércoles su retirada de la Casa Real como miembros senior para dar a la familia que han formado el "espacio" necesario para sus nuevos proyectos, entre los que han avanzado la creación de una entidad caritativa, según informa Europa Press.

"Hemos decidido apartarnos de la Familia Real como miembros senior y trabajar para ser financieramente independientes, mientras seguimos apoyando plenamente a su majestad la reina", han anunciado en un comunicado difundido por sus redes sociales.

La pareja ha explicado que se trata de una "transición" para forjarse un "nuevo papel" en la monarquía británica, una decisión que aseguran que han tomado "después de muchos meses de reflexión y de discusiones internas".

Entre los cambios previstos, han avanzado que a partir de ahora repartirán su tiempo entre Reino Unido y Norteamérica, si bien han recalcado que seguirán honrando sus obligaciones con la reina, la Commonwealth y sus patronazgos.

"Este equilibrio geográfico nos permitirá criar a nuestro hijo con una apreciación de la tradición real en la que nació, mientras proporcionamos a nuestra familia el espacio para centrarnos en el próximo capítulo, que incluirá el lanzamiento de una nueva entidad caritativa", han indicado.

Los duques de Sussex han asegurado que seguirán informando sobre "este emocionante nuevo paso a su debido tiempo" mientras siguen colaborando con Isabel II, el príncipe de Gales y los duques de Cambridge. "Hasta entonces, por favor, aceptar nuestro profundo agradecimiento por vuestro continuo apoyo", se han despedido.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dado la razón a Elena de Cárdenas González, una aristócrata cubana nonagenaria, en el litigio que mantenía con una de las hijas de la empresaria Esther Koplowitz por el título del Marqués de Campo Florido. El marquesado le fue cedido a Alicia Alcocer Koplowitz por su madre, si bien el alto tribunal estima que es a la ciudadana cubana a quien le corresponde por tratarse de una pariente con mayor grado de relación con el primer concesionario de este título nobiliario, según informa Europa Press.

Cárdenas acudió a un juzgado de lo civil de Madrid solicitando la ineficacia jurídica de la cesión por distribución del título de Marques de Campo Florido a Alicia Alcocer por tener "mejor y preferente derecho a ostentarlo", si bien en esta instancia su petición fue desestimada. Después apeló a la Audiencia Provincial, que le dio la razón, y este criterio es mantenido ahora por el Tribunal Supremo, que condena además a las Koplowitz al pago de las costas del proceso.

En su recurso ante el alto tribunal, la defensa de la familia de la empresaria alega que la Audiencia de Madrid infringió en su resolución preceptos incluídos en la Partida Iidel Código de Alfonso X el Sabio en relación con decretos actuales sobre esta materia y con la doctrina jurisprudencial. La Sala, no obstante, da la razón a la reclamante cubana del título, que alega que, a falta de descendientes del primer marqués de Campo Florido ella ostenta mejor derecho que las Koplowitz, puesto que se encuentra a nueve grados de propincuidad con éste frente a los once grados de colateralidad que separan a Alicia Alcocer.

Titulo rehabilitado en 1919

El Supremo confirma las tesis de la Audiencia Provincial que, tras el análisis de los documentos aportados por la demandante, concluyó que el primer poseedor legal del título fue Miguel Cárdenas y Peñalver, como I Marqués de Campo Florido, si bien el marquesado quedó vacante tras su fallecimiento hasta que fue rehabilitado en 1919, ostentándolo desde entonces "poseedores de inferior derecho".

En el momento de la rehabilitación, según los documentos aportados, quien mejor derecho tenía era el padre de Elena de Cárdenas. La alegación a las partidas de Alfonso X se rechaza porque, según explica el Supremo en la sentencia dada a conocer este viernes, la discusión sobre el mejor derecho al título de Marqués de Campo Florido se plantea ahora entre parientes colaterales del primer Marqués, lo que impone la aplicación del principio de propincuidad y excluye el de representación, según la propia doctrina jurisprudencial en que se apoyan las recurrentes.

"En consecuencia, ningún sustento tiene la afirmación del recurso en el sentido de que la última poseedora legítima fuera la madre de las demandadas, doña Esther Koplowitz Romero de Juseu, pues evidentemente la misma ostentaba el título legalmente según la normativa administrativa, como también lo ha hecho su hija, la demandada doña Alicia, pero siempre con subordinación a la aparición de un nuevo pariente con mejor derecho al título", cosa que ahora ha ocurrido en la persona de Elena de Cárdenas.

Carmen Martínez-Bordiú ya es duquesa de Franco. El Boletín Oficial del Estado hizo pública esta semana la orden del Ministerio de Justicia por la que se expide la Real Carta de Sucesión que permite a la nieta del dictador heredar de su madre, Carmen Franco Polo, el título nobiliario con Grandeza de España. De nada sirvieron, finalmente, los pronunciamientos de PSOE, Podemos e IU exigiendo la supresión del ducado. El Gobierno de Mariano Rajoy salió de Moncloa dejando atada y bien atada la vigencia de esta distinción. Y una prueba de ello ha quedado plasmada en la resolución que el BOE publicó el pasado miércoles. La orden que permite la continuidad del ducado que lleva el nombre del dictador fue firmada por el ex ministro de Justicia Rafael Catalá tan sólo veinticuatro horas antes de que prosperara en el Congreso de los Diputados la moción de censura socialista que desalojó de la Presidencia del Ejecutivo a Mariano Rajoy.

La polémica en torno a este título nobiliario, que se concedió a Carmen Polo el 26 de noviembre de 1975 (cinco días después de la muerte del dictador), comenzó a finales de 2017, cuando Martínez-Bordiú cursó una solicitud para heredarlo tras la muerte de su madre. Y se recrudeció el pasado mes de marzo, cuando el BOE anunció el inicio de la tramitación. Tanto Izquierda Unida como el PSOE exigieron de inmediato la supresión del ducado porque contraviene la Ley de Memoria Histórica al ir ligado “a una rebelión militar con resultado de guerra civil, a una represión posterior a la guerra y a una dictadura que se prolongó durante cuatro décadas”. El caso, incluso, fue llevado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ante la Fiscalía, que en sólo un párrafo decidió dar carpetazo al asunto. El Ejecutivo de Rajoy, por su parte, se limitó a decir que “ejerce sus funciones con pleno respeto a la Constitución y a las leyes”.

Ahora, con Pedro Sánchez en la Moncloa, el debate vuelve a reabrirse. El pasado miércoles, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, aseveró que volverán a pedir al nuevo Gobierno que actúe “de forma inmediata” para que esto “sea corregido”: “No tiene ningún sentido que sigan existiendo este tipo de símbolos producto de la dictadura”. Y el Ejecutivo socialista, cuyo partido ya pidió cuando lideraba la oposición al rey –al igual que Izquierda Unida– la eliminación del ducado, parece que está por la labor. En declaraciones a los medios, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, trasladó la “intención” del Gobierno de Sánchez de “estudiar” una posible reforma del Real Decreto de 1912, la normativa que regula los títulos nobiliarios, para incluir un procedimiento de revocación y, de esta manera, poder retirar legalmente el tan criticado ducado de Franco. Para ello, esgrimirán la Ley de Memoria Histórica.

Una modificación de este Real Decreto, además, abriría la puerta a la retirada de otros tantos. Sobre todo, de aquellos que se crearon y se otorgaron durante la dictadura franquista. Actualmente, en España hay concedidos más de 2.800 títulos nobiliarios, según consta en la base de datos del Consejo de la Grandeza de España, la elitista institución a la que sólo pueden pertenecer "los Grandes y Títulos del Reino". De ellos, 37 fueron concedidos por Franco durante las cuatro décadas de dictadura. De hecho, fue el mismo dictador el que se encargó de recuperarlos tras el golpe de Estado de 1936 y la posterior Guerra Civil. Durante la II República, dichas menciones estaban abolidas en virtud del artículo 25 de la Constitución de 1931.

Los Grandes de España

El restablecimiento de los títulos nobiliarios se produjo en 1948. Ese año, el generalísmo otorgó hasta cuatro distinciones con Grandeza de España. Tres de ellas se concedieron el 18 de julio, en recuerdo al “glorioso alzamiento nacional”, a título póstumo. La primera, el Ducado de Calvo Sotelo, se otorgó a José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera y “protomártir de la Cruzada”, en palabras del propio Franco. Ese día, el caudillo también concedió el Ducado de Mola y el Ducado de Primo de Rivera. El primero fue para Emilio Mola Vidal, otro de los militares fuertes del golpe de Estado de 1936. El segundo se concedió a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. Actualmente, las dos primeras distinciones están en manos de sus nietos –José Calvo Sotelo Olry de Labry y Emilio Mola Pérez de Laborda– mientras que la última la ostenta el sobrino del político falangista –Miguel Primo de Rivera y Urquijo–.

Un mes después, Franco creó la cuarta, el Condado del Alcázar de Toledo, un claro guiño a la simbólica batalla de comienzos de la Guerra Civil. Y se lo concedió a José Moscardó e Ituarte, el militar que encabezó las fuerzas golpistas en Toledo y dirigió la defensa de la fortaleza durante el asedio de las fuerzas gubernamentales de la II República. En 1973, casi dos décadas después de la muerte del que durante la dictadura fuera jefe de la Casa Militar de Franco, el título nobiliario pasó a manos de José Luis Moscardó y Morales-Vara del Rey, nieto del general. Durante los últimos años, el ya retirado coronel del Ejército ha defendido fervientemente el mantenimiento de la madrileña calle General Moscardó y ha cargado con dureza contra la Ley de Memoria Histórica, una normativa que, según él, lleva impregnado un aire de “revanchismo” y “odio”.

Desde entonces, y hasta su muerte, el dictador otorgó otras tres distinciones de nobleza con Grandeza de España. El 18 de julio de 1951, creó el Marquesado de Dávila y se lo concedió a Fidel Dávila Arrondo, comandante en jefe del Ejército del Norte tras la muerte de Mola y ministro del Ejército durante la dictadura franquista –actualmente el título lo ostenta su sobrino nieto, Ramón Ignacio Dávila–. A la lista se sumaría en 1967 el Ducado de Badajoz, concedido por el dictador a María Pilar de Borbón y Borbón, tía de Felipe de Borbón. Finalmente, en diciembre de 1973, Franco concedió su última distinción de nobleza con Grandeza de España: el Ducado de Carrero Blanco, que fue otorgado a título póstumo al jerarca franquista un día después de que fuera asesinado. Desde 1975, lo ostenta su hijo mayor, Luis Carrero Blanco Pichot.

El resto de títulos nobiliarios concedidos las tres últimas décadas del franquismo fueron a parar a manos de personalidades cercanas al régimen dictatorial. La mayor parte de los premiados fueron militares: Francisco Moreno y Fernández, Juan Cervera y Valderrama, Alfredo Kindelán y Duany, Joaquín García Pallasar, Gonzalo Queipo de Llano, Andrés Saliquet, Juan Yagüe, Juan Antonio Suanzes o José Enrique Varela, entre otros. Pero también fueron agasajados con estas distinciones de nobleza varios políticos franquistas –Onésimo Redondo o Esteban Bilbao–, empresarios –Patricio Echeverría o Julio Arteche, expresidente del Banco Bilbao–, científicos –Ramón y Cajal o Hermenegildo Arruga–, reconocidos falangistas –Pilar Primo de Rivera, la que fuera delegada nacional de la Sección Femenina– e, incluso, un alto cargo eclesiástico –Giovanni Battista Tedeschini, sobrino de un cardenal de Pío XII–.

Retirada inmediata

Todas estos títulos son, para las asociaciones memorialistas, una anomalía democrática. Ya en 2009, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), al igual que IU, presionaron para que se retiraran todas estas distinciones de nobleza concedidas durante la dictadura. En la actualidad, su posición no ha cambiado. Emilio Silva, presidente de la ARMH, insiste en conversación con infoLibre en que todos estos ducados, marquesados y condados hay que “eliminarlos” porque ejemplifican a la perfección “la victoria sostenida de la dictadura”. En este sentido, la Ley de Memoria Histórica es clara: “Las Administraciones públicas, (…) tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

El hecho de estar en posesión hoy día de un título nobiliario no comporta ningún privilegio destacado más allá del derecho a ser tratado como Excelentísimo Señor –en el caso de los Grandes de España– o Ilustrísimo Señor –en el caso de duques, marqueses, condes, vizcondes, barones o señores que no sean Grandes de España–. Por tanto, el único valor que tienen las 362 distinciones de nobleza que concedió Carlos II durante su reinado, o las más de 250 otorgadas por Felipe IV, es exclusivamente simbólico. La última prebenda con la que contaban los nobles con Grandeza de España, el derecho a poseer pasaporte diplomático, fue abolida en los años 80.

El PP, el PSOE y Ciudadanos han rechazado este martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley de ERC que instaba al Gobierno a eliminar los títulos nobiliarios y han instado a la formación independentista a ponerse a trabajar "en cosas serias" y dejar de "tomar el pelo" a los ciudadanos, en vez de presentar iniciativas que no tienen "ningún sentido", informa Europa Press.

La iniciativa de los independentistas catalanes reclamaba al Ejecutivo realizar las modificaciones legales oportunas a fin de que el Estado no reconozca distinciones y títulos nobiliarios por ser propios de "etapas autoritarias" y por suponer a día de hoy "una anomalía democrática más de las muchas que están instaladas y cronificadas en el Reino de España", según ha dicho el portavoz de ERC, Joan Tardá.

Sin embargo, su propuesta se ha topado con el rechazo frontal del PP, el PSOE y Ciudadanos, que han coincidido en recordar que los títulos nobiliarios no suponen "ningún privilegio" ni llevan consigo contraprestación alguna, sino que sólo tienen carácter "simbólico y honorífico". Además, les han recordado el título de marqués que el rey emérito concedió en su día al que fuera presidente catalán José Tarradellas.

Desde el PP, María Ángeles Esteller ha enmarcado la iniciativa de los independentistas catalanes en su voluntad de "desprestigiar" y "deslegitimar" las instituciones y "destruir lo que es y representa en España". "Y como los títulos nobiliarios representan la llamada historia común, quieren eliminarlos", ha apostillado.

"Pónganse a trabajar en cosas serias"

En nombre del PSOE, el diputado Pedro Muñoz ha ironizado sobre el "interés" que este asunto que ERC ha sometido a debate suscita entre la ciudadanía española y que, a su juicio, no tiene "ningún sentido". Además, ha animado sus diputados a presentar una proposición de ley si de verdad quieren suprimir las distinciones que denostan.

De su lado, la portavoz de Cultura de Ciudadanos, Marta Rivera, ha preguntado a los de Tardà "en qué mundo viven" por plantear esta iniciativa sin saber que los titulados no gozan de privilegios. Asimismo, les ha acusado de llevar este asunto al Congreso por "una pataleta snob". "Póngase a trabajar en cosas serias y dejen de tomar el pelo a quienes les pagan", les ha soltado.

Por contra, tanto Unidos Podemos como el PDeCAT han avanzado su respaldo a la propuesta de los independentistas. El representante de En Comú Marcelo Expósito ha justificado su apoyo en que no es de recibo mantener unos títulos que no son más que "un residuo medievalista" en el seno de un Estado democrático avanzado como el español. "La edad moderna va vinculada a un Gobierno que apuesta por valores liberales", ha añadido el portavoz adjunto del PDeCAT, Jordi Xuclá.

Hace ya años que no tienen privilegios económicos o sociales y tampoco cuentan con ninguna dotación dineraria, pero en la España de 2018 siguen existiendo marqueses, condesas, barones y duquesas. En concreto, son más de 2.800 los títulos nobiliarios que se encuentran en vigor en nuestro país, una minoría de ellos con la condición de "Grandes de España": algunos se remontan a varios siglos atrás, mientras los últimos fueron concedidos en 2014 por el rey Juan Carlos I. Pero, para ERC, la existencia de estas dignidades únicamente perpetúa las "distinciones clasistas" en la sociedad, y por ello el Congreso debatirá este martes una proposición no de ley de los republicanos para instar al Gobierno a acabar con los títulos de la nobleza.

Al tener formato de proposición no de ley (PNL), la iniciativa de ERC no aspira a tener efectos jurídicos incluso si es aprobada y únicamente serviría, en su caso, como orientación política que el Ejecutivo no estaría obligado a cumplir. No obstante, los republicanos quieren debatir en el Congreso sobre la existencia de unos títulos, los nobiliarios, cuyo origen se remonta a los "privilegios establecidos en la Edad Media y que han sido legitimados, perpetuados y ampliados por sucesivas legislaciones a lo largo de la historia", como recuerda la PNL.

Las distinciones nobiliarias, explica el texto, suponían en su origen "la legalización de un sistema feudal, clasista, en que por razones de nacimiento unas clases poderosas y ociosas vivían con lujos a costa de unas clases trabajadoras, explotadas y sumisas que sobrevivían sin más derechos, libertades y recursos que aquellos que la graciosa voluntad de los señores les permitían". Desde el medievo, señala ERC, la situación se mantuvo hasta el siglo XIX, cuando el advenimiento de la Primera República en 1873 pretendió acabar con la concesión de nuevos títulos nobiliarios, una reforma que fue derogada a su caída, apenas un año después. 

Posteriormente, la Constitución republicana de 1931 dio un paso más y estableció la abolición de las distinciones de la nobleza, unos títulos que recuperó el dictador Francisco Franco en 1948 y que fueron respetados tras la transición a la democracia. "El Estado democrático y de derecho no solo ha reconocido la validez de los títulos nobiliarios y sus mecanismos de sucesión, con el consentimiento del propio Tribunal Constitucional al amparo de la legislación franquista vigente, sino que los ha legitimado nuevamente y ha creado nuevos títulos nobiliarios", denuncia ERC, que exige que se realicen "las modificaciones legales oportunas" para que el Estado deje de reconocer las dignidades nobiliarias vigentes y prohíba la entrega de nuevos títulos.

En la actualidad, ser miembro de la nobleza no comporta privilegios fiscales, económicos o sociales, más allá del derecho a ser tratado como Excelentísimo Señor –en el caso de aquellos títulos que, tengan el rango que tengan, posean la dignidad de Grandes de España, la mayor que puede otorgar el rey– o como Ilustrísimo Señor –en el caso de duques, marqueses, condes, vizcondes, barones o señores que no sean Grandes de España–.  La última prebenda con la que contaban los nobles con Grandeza de España, el derecho a poseer pasaporte diplomático, fue abolida en los años 80. 

Según recoge el artículo 62 de la Constitución, conceder títulos nobiliarios es una prerrogativa que corresponde en exclusiva al rey. Pero los dos monarcas que han reinado desde la transición han hecho uso de manera muy diferente de su poder. Felipe VI no ha otorgado ninguna dignidad nobiliaria en sus tres años y medio de reinado, y de hecho ha retirado un título: el de duquesa de Palma a su hermana la infanta Cristina, a causa de su imputación en el caso Noós. 

Por el contrario, durante su reinado Juan Carlos I concedió un total de 47 títulos. Entre ellos se cuentan varios a jerarcas de la dictadura (el Ducado de Franco a la hija del dictador en 1975 o el Marquesado de Arias Navarro al presidente del Gobierno entre 1973 y 1976, ambos con Grandeza de España), pero también han sido agraciados empresarios (José Manuel Lara, que fue nombrado marqués de Pedroso de Lara, o Juan Miguel Villar Mir, marqués de Villar Mir); banqueros como José Ángel Sánchez Asiaín, marqués de Asiaín; o intelectuales como el premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, marqués de Vargas Llosa. Incluso el exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque recibió un marquesado con su apellido tras ganar el Mundial de 2010.

El Ministerio de Justicia gestiona los trámites

¿Le cuesta algo al erario público mantener estas distinciones? No en concepto de dotaciones económicas a los titulares, pero sí en lo relativo a las gestiones administrativas que requieren las reclamaciones o herencias de los títulos. Quien se ocupa de estos trámites es la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, un departamento del Ministerio de Justicia encargado de la "gestión de las peticiones de sucesión, cesión, distribución y rehabilitación de distinciones nobiliarias". A preguntas de infoLibre, Justicia aseguró que la División "no tiene asignado ningún presupuesto específico para la gestión en materia de títulos nobiliarios ni para ninguna otra de las funciones que tiene encomendadas", si bien no ofreció ningún detalle sobre el personal encargado de estas tareas o de otros recursos asignados a tal fin.

No obstante, los aspirantes a noble también tienen que abonar una tasa para conseguir acceder a la aristocracia si el título que van a adquirir es parte de una herencia o procede de la rehabilitación de una antigua dignidad nobiliaria vacante. Heredar un título cuesta 2.753 euros si cuenta con Grandeza de España y 785 euros si no la tiene, mientras restaurar una distinción nobiliaria familiar que no tenga titular está sujeto al pago de una tasa de 4.736 euros si no tiene asociada la Grandeza de España y de 16.548 euros en el caso contrario. El reconocimiento de un título extranjero en España tiene el mismo precio que la restauración de un título español.

Los duques, marqueses, condes, vizcondes, barones y señores tienen derecho, además, a pertenecer al Consejo de la Grandeza de España, una elitista institución a la que sólo pueden pertenecer "los Grandes y Títulos del Reino" y que preside Alfonso Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, duque de Híjar. La asociación, cuya fundación data de 1815, se ocupa de asesorar al rey y al Ministerio de Justicia en lo referente a la concesión, sucesión y rehabilitación de los títulos nobiliarios, especialmente los que se disputan varias personas, según explican fuentes del Consejo, que también aseguran que el organismo "se autofinancia a través de cuotas y no recibe ninguna subvención pública". El rey rindió homenaje a la institución en 2015, cuando celebró su segundo centenario con una recepción a medio centenar de nobles en el Palacio Real.

El primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, ha anunciado este lunes el fin del nombramiento de caballeros y damas a través del sistema honorífico, tildando los títulos de "anacrónicos y anticuados".

Turnbull, conocido por sus posturas republicanas, ha afirmado que el gabinete ha acordado que los títulos ya no son apropiados en el sistema moderno y ha revelado que la reina Isabel II de Reino Unido ha aceptado su petición de acabar con ellos.

"Refleja la Australia moderna", ha dicho, recalcando que "caballeros y damas son títulos realmente anacrónicos, anticuados y no apropiados en Australia en 2015", según ha informado la cadena de televisión local ABC.

Los honores fueron reintroducidos en 2014 por el entonces primer ministro Tony Abbot para los "australianos eminentes", si bien se convirtieron en motivo de controversia y de críticas.

Abbott sorprendió a su propio partido con su decisión de nombrar caballero al príncipe Felipe de Edimburgo –consorte de Isabel II– durante el Día de Australia, lo que generó gran controversia.

Desde 2014, estos honores habían sido concedidos al gobernador general Peter Cosgrove, el exgobernador general Quentin Bryce, el príncipe Felipe, el exjefe de las Fuerzas de Defensa Angus Houstor y la exgobernadora de Nueva Gales del Sur Marie Bashir. Todos ellos conservarán su título.

El rey Felipe VI ha recordado este martes a los nobles de España su deber de observar una conducta ejemplar con la que honrar los títulos que portan, cinco días después de que el monarca revocara a su hermana Cristina de Borbón el ducado de Palma.

Los reyes han recibido en el Palacio Real de El Pardo a alrededor de 400 aristócratas que representan a la nobleza del país, con motivo del bicentenario de la fundación de la Diputación de la Grandeza de España.

"Emular a quienes inscribieron sus nombres en la historia de España no es labor fácil. Honrar esos nombres con vuestro ejemplo y conducta es un gran reto: porque destacar, estar entre los mejores en cualquier ámbito, es cada día una tarea más ardua. Pero es la exigencia de llevar un gran nombre. Y es vuestro deber", les ha dicho el rey, a quien los nobles le han respondido con una ovación y vivas al rey y a la reina.

“Es una gran sevillana”. “Ha hecho mucho por Sevilla”. “Ha sido una gran embajadora”. “Le encantaba la feria”. Son reacciones pronunciadas entre la multitud, a las puertas del palacio de las Dueñas, donde este jueves falleció la duquesa de Alba. Las colas en el Ayuntamiento para asistir a su capilla ardiente comenzaron a las dos de la tarde. “¿Qué pasa aquí?”, preguntó una chica que pasaba por allí. “¡Que se ha muerto la duquesa!”, le respondieron unas señoras asombradas de que no se hubiera enterado. “¿Pero estamos locos o qué? ¿Queremos república y adoramos a una noble?”, dijo la chica, una minoría en aquel mar de afecto, mientras se alejaba refunfuñando.

“Sevilla despide a su duquesa”, titulaba en su web un periódico local. “La duquesa quería mucho al Betis”, destacaba otro diario. ”Doña Cayetana es una ciudadana respetable”, afirmó en 2009 el entonces dirigente de IU y teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos. “Una gran ciudadana”, una taurina muy preocupada por que los coches de caballos estuvieran a la sombra, por que hubiera albero… dijo de ella este jueves el actual alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP). Para el regidor, Sevilla no se entiende sin la duquesa. Su antecesor en el cargo, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, cuenta en un artículo que la aristócrata intercedía por colectivos para aspectos benéficos y sociales. “Ciudadana”, la define sin más. Ambos, Zoido y Monteseirín, tan opuestos políticamente, llegaron incluso a hermanarse en un acto de homenaje a la duquesa. De un signo político y de otro, todos coinciden en que María del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y de Silva era una buena ciudadana.

“Cuando se iba a casar con el último marido, se presentaron varios de sus abogados en la Delegación de Hacienda y, a pesar de sus intentos, no se le perdonó ni un céntimo de las plusvalías que le correspondía por las donaciones de sus propiedades en la ciudad”, aseguran sin más detalles fuentes próximas a la Agencia Tributaria sobre el reparto en vida de su herencia, valorada entre los 2.200 y 3.200 millones de euros. El 90% de su patrimonio, sin embargo, está exento del pago de impuestos por su consideración como Patrimonio Histórico y por la cesión de obras de arte y antigüedades a la Fundación Casa de Alba, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Atendiendo a estos datos, la Casa de Alba, por tanto, sólo tiene que pagar a Hacienda seis millones de euros, lo que supone un tipo efectivo del 0,2%. Si las obras de arte y antigüedades no se hubieran cedido a la Fundación, Gestha estima que la Casa de Alba tendría que pagar 9,7 millones de euros. Y si sus castillos y palacios no estuvieran catalogados como bienes del Patrimonio Histórico, el desembolso ascendería a 57,8 millones de euros.

Quienes la conocieron aseguran que la han visto dar billetes de 50 euros a personas que se le acercaban o que estaban pidiendo en la calle. Ha colaborado con ONG, con actividades caritativas y solidarias. En 2009, prestó a Sevilla una muestra de su rica colección de pintura. De la riqueza de su patrimonio da idea esta anécdota narrada por su primogénito, Carlos Fitz-James Stuart: en una ocasión, un japonés que visitó la casa de los duques de Alba preguntó señalando a un cuadro: “¿Eso es una copia, no?”. Jacobo Fitz-James Stuart Falcó [padre de la duquesa] respondió apuntando a otro: “Mire usted, la única copia que hay en esta casa es ése, y es un Rubens de un Tiziano”. En efecto, la duquesa prestó su valiosa colección privada al Museo de Bellas Artes de Sevilla, pero su generosidad hacia la ciudad no llegó hasta la donación ni de un solo cuadro. “¿Podía haber hecho más con toda la fortuna que tenía? Pues claro, pero ella que era rica y yo que soy pobre”, afirma Manuel Rodríguez, un periodista que la entrevistó en numerosas ocasiones y a quien siempre le abrió las puertas de su casa: “Anda, pasa y hazme las preguntas dentro, me dijo a la entrada del palacio de Dueñas, desde el coche, un día que estaba lloviendo y hacía un frío tremendo”.

La amiga de Felipe González

Ser buena persona, preocuparse por la gente, dar limosnas, pagar (más o menos) impuestos… Son características que sirven tanto para definir a la duquesa de Alba, que acumula el mayor número de títulos nobiliarios, como a un peón de albañil o a una jornalera, que puede que ni tengan el título de la ESO. La diferencia es que ni al peón de albañil ni a la jornalera se le han levantado estatuas, ni han sido homenajeados y, mucho menos, disponen en su lista de reconocimientos públicos de Medallas de Oro por ser personas llanas, del pueblo. “De ella se ha valorado sobre todo su naturalidad, llaneza y alejamiento de la pompa”, reza el decreto por el que fue nombrada hija predilecta de Andalucía, en 2006, con Manuel Chaves al frente de la Junta. El decreto olvida mencionar la verdadera razón, según fuentes conocedoras de la elección: “Ser amiga de Felipe González. Quien promovió la distinción y por quien se la nombró hija predilecta fue porque el expresidente socialista se lo dijo a Chaves”.

Aquella distinción enervó a los jornaleros del SAT (antes SOC), liderados por Juan Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero, que han sido el azote de la aristócrata y los terratenientes durante todos estos años por embolsarse suculentas subvenciones sin nada a cambio. La sonora protesta del sindicato a las puertas del Teatro de la Maestranza, donde se otorgan los premios concedidos por la Junta, terminó en dos denuncias por injurias. Una contra Diego Cañamero y otra contra la duquesa, que llamó a los trabajadores “gentuza y delincuentes”. “Si algún mérito tuvo la duquesa, se difuminó entonces”, añadió a su definición de ciudadana respetable Antonio Rodrigo Torrijos.

Cañamero fue condenado a pagar una multa de 100 euros. La duquesa, tras ser condenada a pagar 6.000 euros por un juzgado de Sevilla, fue absuelta por la Audiencia Provincial, que aunque consideró que sus palabras "menoscaban la honra, crédito y honor" de los jornaleros, tuvo una "reacción de cortocircuito" al ver que era "criticada y vilipendiada en un día que, en principio, para ella debía ser de satisfacción personal”.

Pelea en los juzgados

Actualmente, la pelea entre la duquesa y los jornaleros continúa en los juzgados. La Casa de Alba pide un año de cárcel para Cañamero por delitos de injurias y calumnias tras acusar en una rueda de prensa a una empresa de la duquesa de supuestas irregularidades en la contratación de trabajadores, en la recepción de ayudas de la Unión Europea y por un supuesto fraude a la Seguridad Social. Para el abogado del SAT, Luis Ocaña, pide dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación. El asunto, según explica Ocaña, está pendiente del señalamiento del juicio. Ellos nunca han hablado directamente con ella, siempre a través de los abogados.

Aquella última denuncia aún por resolver hizo saltar por los aires un supuesto acercamiento entre los jornaleros y la Casa de Alba que se había producido después de que Cayetano, el conde de Salvatierra, insultara a los trabajadores andaluces en un programa de televisión, además de mostrar un desconocimiento absoluto de la realidad de Andalucía. La duquesa se enfadó bastante con aquel hijo suyo por el que tuvo que vender su diadema rusa para comprarle un caballo, llamado Gigoló, según cuenta en sus memorias Yo, Cayetana (Espasa). Lo obligó a pedir disculpas y aceptó entrevistarse con los jornaleros. Fue entonces cuando el jinete se enteró, por ejemplo, de que el polémico PER fue creado para hacer frente a la pobreza de cientos de miles de personas en Andalucía y Extremadura, sin tierras que cultivar, por el injusto reparto de los recursos agrarios. Sólo por tenencia de tierras, sin necesidad de cultivarlas, la Casa de Alba es una de las principales beneficiarias de la Política Agraria Común (PAC). Según un informe elaborado por el SAT, la duquesa recibió el pasado año casi tres millones de euros en subvenciones de la Unión Europea.

Espíritu libre

A pesar de las críticas, Cayetana de Alba siempre ha tomado el camino que quería vivir. Tuvo seis hijos con su primer marido, el aristócrata Pedro Luis Martínez de Irujo y Artazcoz. Siempre dijo que el gran amor de su vida fue el segundo, el exsacerdote Jesús Aguirre. Y ha terminado sus días con el funcionario Alfonso Díez, a quien eligió por encima incluso del rechazo inicial de sus hijos, que no veían con buenos ojos las intenciones de un hombre casi 25 años más joven que ella. En alguna ocasión, la duquesa manifestó públicamente que no entendía por qué sus hijos se oponían a una decisión que la hacía feliz. Tras el reparto de la herencia, todo volvió a fluir.

Aunque nació en Madrid, siempre se sintió sevillana, como bien claro han dejado, con sus reverencias, las autoridades políticas de esta ciudad. Le encantaba el Rocío, la Feria de Abril y el flamenco, pero también se interesaba por la actualidad política –se declaró felipista–, social y cultural de este país. El poeta que más le gustaba era Lorca, fusilado en 1936, cuyos restos continúan buscando. Monárquica, como siempre ha asegurado que la enseñaron a ser, religiosa –adoraba al papa Juan Pablo II y al Cristo de los Gitanos– y defensora de las tradiciones como el toreo, siempre se ha definido como una mujer adelantada a su época. En el retrato ecuestre que le hizo Zuloaga en 1930, cuando tenía cuatro años, se coló un personaje que la alejaba de los serios cuadros de nobles: un atrevido Micky Mouse, creado por Walt Disney sólo dos años antes, jugaba en el retrato con los perros, a los pies del caballo.

La duquesa también defendía el papel de los jóvenes para construir el futuro. “Yo creo en los jóvenes”, respondió abordada por una periodista cuando se marchaba de un acto del entonces príncipe Felipe en Sevilla. Siempre atendía a la prensa, salvo un periodo en el que estuvo muy enfadada y protagonizó un corte de mangas infinitamente repetido en las televisiones. Cuando comprobó que aquella periodista le estaba preguntando por el contenido del acto y no por su vida privada, se detuvo y comenzó a hablar tranquilamente, hasta que su asistenta se aburrió, la cogió del brazo y se la llevó.

Era también asidua en los cines en versión original. “Entramos en los Renoir, en Madrid, que están junto al palacio de Liria, y de repente miramos para atrás y vimos el cardado de la duquesa. En la vida esperábamos encontrarla allí. Estaba con una amiga o una asistenta, no sé quién era”, cuenta Antonio Gandiaga, crítico de cine. A mitad de la película, la alemana Contra la pared, Antonio y sus amigos escucharon la peculiar voz de la duquesa decir lo siguiente: “No me estoy enterando. ¿Pero ella no había muerto?”.

Ha muerto la ciudadana María del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y de Silva, con 88 años, un día señalado, un 20 de noviembre.

El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) reveló este jueves que el 90% del patrimonio de la Casa de Alba –es decir, entre 2.200 y 3.200 millones de euros– no paga ningún tipo de impuestos, ya que se le considera Patrimonio Histórico y cedió las obras de arte y otras antigüedades a la Fundación Casa de Alba.

En un comunicado, Gestha señala que "la cantidad libre de impuestos se sitúa entre los 2.065 y los 2.875 millones de euros, de los que tres cuartas partes corresponden a la exención de bienes integrantes del Patrimonio Histórico español".

Asimismo, apuntan que "no todo el patrimonio de la Casa de Alba tributa por igual", ya que está condicionado por la residencia del titular y la ubicación de las propiedades inmuebles. Es decir, fincas y edificos tributan donde están situados, mientras que que el resto de bienes tributan en el lugar de residencia del heredero.

El sindicato de técnicos de Hacienda recuerda que este lugar es Madrid, por lo que "los impuestos sobre todos sus bienes se liquidarán en esta autonomía, en la que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones está bonificado al 99%". 

Según Gestha, esta situación provoca que, de un patrimonio que se estima que puede alcanzar los 3.200 millones de euros, “solo se pague a Hacienda seis millones de euros, lo que supone un exiguo tipo efectivo del 0,2%”. “En el caso de que las obras de arte y antigüedades no se hubieran cedido a la Fundación [Casa de Alba]”, estiman “que la Casa de Alba tendría que pagar 9,7 millones de euros, mientras que si sus castillos y palacios no estuvieran catalogados como bienes del Patrimonio Histórico, el desembolso ascendería a 57,8 millones de euros.”

Exención de impuestos de la Casa de Alba