¿Quiénes son los Hermanos Musulmanes para que los servicios de inteligencia de Emiratos Árabes Unidos se hayan tomado tanto interés en rastrear como sabuesos su presencia en toda Europa? La investigación Abu Dhabi Secrets revela cómo la agencia de detectives suiza Alp Services envió a los servicios de inteligencia de los Emiratos Árabes Unidos los nombres de más de mil personas y 400 organizaciones de 18 países, alegando que son miembros, simpatizantes o sencillamente están relacionados con los Hermanos Musulmanes en Europa.

Fundada en 1928 por un maestro de escuela egipcio, Hassan al Bana, la hermandad es mucho más que una simple asociación. Se trata de un movimiento social y político panárabe, transnacional, del que se dice que son miembros unos 2,5 millones de personas. Está extendido por todo Oriente Próximo y Europa, y también tiene presencia en España, aunque reducida. La hermandad carece de jerarquía en Occidente, tampoco existe ninguna asociación o entidad españolas de los Hermanos. “Es una corriente de pensamiento y de práctica política, en Europa no es una organización en sí”, explica Luz Gómez, catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, “más bien se trata de grupos o instituciones, religiosas, de caridad y activismo social que se reconocen en un ideario, pero no mantienen vínculos institucionales u orgánicos entre sí”. Luz Gómez niega que exista una organización parecida a la “Tercera Internacional" musulmana en este momento.

Ese ideario es “conservador en lo social”, según describe, “por ejemplo, defienden que la sharía regule los matrimonios y las herencias”, pero también “participan en la política de acuerdo con los cánones del sistema”. Gómez compara así a la hermandad con la democracia cristiana, por su conservadurismo social, su intervención en la política y su defensa de la economía de mercado y el sistema liberal.

A su juicio, la categoría de “hermano musulmán” es una “etiqueta volátil que se les pone desde fuera y que a veces otros adoptan”.

En sus inicios en Egipto, la hermandad se dedicaba únicamente a la reforma social, fundando escuelas, abriendo hospitales, construyendo mezquitas. De hecho, sus primeros estatutos prohíben a los miembros “involucrarse en asuntos políticos, cualesquiera que sean”. Su lema era y sigue siendo muy sencillo: “El Islam es la solución”. Al Bana quería promover los valores musulmanes, que consideraba en peligro por culpa del colonialismo británico y la occidentalización que este imprimía en la sociedad egipcia. Pero más adelante los Hermanos se convirtieron en un movimiento integral, que no diferencia entre política y religión. Al Bana fue asesinado en 1949 a manos de la policía secreta del rey Faruk.

Desde Egipto, donde fue duramente reprimida por los gobiernos de Nasser y Mubarak, la hermandad se extendió hasta Palestina, Jordania y Siria, donde se distinguieron por su oposición al régimen de Hafez-Al Asad. Ilegalizada en Egipto por el Gobierno de Nasser, en 1954, sus líderes terminaron en la cárcel. Ahí se gestó la línea revolucionaria del islamismo, según explica Luz Gómez en su Diccionario del islam y del islamismo. El sucesor ideológico de Al Bana, Sayyid Qutb, pasó entonces a defender la yihad como instrumento para imponer el islam. Fue ejecutado en 1966 en Egipto y los Hermanos se alejaron de su defensa de la violencia. Pero una escisión, la Yihad Islámica, puso en práctica sus tesis.

Huyendo de la represión egipcia, muchos de sus miembros se trasladaron a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar... Hasta convertirse en la que hoy es la entidad musulmana más antigua, extensa, rica y organizada.

A España los primeros hermanos llegaron en los años 60. Eran jóvenes sirios, la mayoría universitarios, que escapaban de la represión siria de Al Asad. Y que trajeron un “islam más elaborado, más denso y potente doctrinalmente, que el que han traído posteriormente los inmigrantes marroquíes”, apunta Jordi Moreras, profesor de la Universidad Rovira i Virgili y experto de las comunidades musulmanas en España. Son los marroquíes los que conforman la mayoría de la población musulmana española, un 37% de los 2,3 millones que contabiliza el último Estudio demográfico de la población musulmana, elaborado por el Observatorio Andalusí de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide).

Pese a esa presencia “histórica” y “constante” en España de los Hermanos Musulmanes a través de los exiliados sirios, Moreras asegura que su papel en el eje vertebrador del islam español es “modesto”. El islam mainstream, como él lo llama, procede de esos emigrantes más tardíos y ha tenido una “transmisión familiar, apegado a la práctica cotidiana, con poca base doctrinal”. Jordi Moreras cree que es en ese islam donde ”pesca bastante bien el salafismo”, en contraposición con el difundido por los Hermanos Musulmanes en ámbitos universitarios, ahora destinado a una “nueva generación” y que hace menos hincapié en la práctica religiosa que en “tener una conciencia musulmana”. Menos trabajo en las formas y más en el principio de identidad, resume.

Pero cuando los Hermanos Musulmanes alcanzaron protagonismo internacional fue durante la primavera árabe. La revolución de Túnez en 2011, tras la inmolación del joven Mohamed Buazizi, espoleó poco después las revueltas en Egipto. Tras sólo 18 días de manifestaciones, disturbios, huelgas, represión policial y 846 muertos, Mubarak abandonó el poder el 11 de febrero.

En mayo, los Hermanos Musulmanes solicitaron constituirse en partido político, se presentaron a las elecciones de junio en coalición con otros grupos y su candidato, Mohamed Morsi, ganó en las urnas con un 51,73% de los votos en segunda vuelta. Entonces se le saludó como el primer presidente elegido democráticamente en un país árabe. Además, era el primer civil al frente del Estado. Aunque también hubo quien vio en el nuevo gobierno una amenaza de islamización de Egipto. La transición iba a ser imposible.

De hecho, la euforia duró poco. El desempleo, la inflación desatada, los cortes de luz y la falta de carburantes dispararon el descontento. En noviembre de 2012, además, un decreto pretendía conceder al presidente poderes especiales e inmunidad legal. Estallaron las protestas y la famosa Plaza Tahrir volvió a llenarse de manifestantes, pero esta vez para exigir la marcha de Morsi. El 3 de julio de 2013, un golpe de Estado le derrocó y colocó a la cabeza del Estado al general Abdul Fatah Al-Sisi, que aún sigue en el poder. Morsi fue detenido y juzgado; los Hermanos Musulmanes, disueltos. Condenado a muerte –una sentencia luego conmutada a cadena perpetua–, Morsi murió en junio de 2019 poco después de declarar ante el juez en uno de los cinco procesos a los que fue sometido.

Mientras, la represión en Egipto contra los Hermanos Musulmanes ha sido brutal: juicios sin garantías con condenas a muerte, vigilancia masiva, desapariciones forzadas. El 14 de agosto de 2013, la policía abrió fuego sobre miles de manifestantes en la plaza de Rabaa Al Adawiyya, causando la mayor masacre de la historia reciente de Egipto. Según Human Rights Watch y Amnistía Internacional, los muertos superaron el millar. En diciembre, Egipto declaró a los Hermanos organización terrorista y lo mismo hicieron enseguida Arabia Saudí, Baréin, Siria y Emiratos Árabes Unidos.

Y aquí hay que introducir un nuevo elemento: las rivalidades geopolíticas. Arabia y Emiratos Árabes consideran a los Hermanos Musulmanes una amenaza, temerosos de que la primavera árabe se contagie y ponga en peligro sus respectivos regímenes autocráticos, nada amigos de la idea de hacer compatible islam y democracia. En junio de 2017 ambos gobiernos, junto con los de Baréin, Egipto, Libia y Yemen, rompieron relaciones diplomáticas con Catar, al que acusaban de apoyar a los Hermanos Musulmanes, a Al Qaeda y al ISIS. También de injerencia en la política interna de esos países. Le exigieron el cierre de Al Yazira y sufrió un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo que no se levantó hasta enero de 2021. En realidad, no hay mucha diferencia ni entre los regímenes políticos de ambos bandos ni entre el islam que defienden, por un lado, Arabia Saudí y Emiratos, y Catar por otro.

Sin embargo, ningún país europeo ni la UE han incluido a los Hermanos Musulmanes en sus listas de organizaciones terroristas. Tanto Luz Gómez como Jordi Moreras se oponen también a que se asocie a la Hermandad con el yihadismo. Y no sólo porque lo rechaza en sus documentos y fetuas, o porque los yihadistas renieguen de los Hermanos como “ulemas de palacio” y vendidos a Occidente. Moreras descarta también que se establezca una relación directa entre “más musulmanes y más radicalización”, porque no son los colectivos los que se radicalizan, “sino perfiles concretos”. “El matiz es muy necesario en estos temas”, zanja. También echa de menos un “análisis mucho más fino y contextualizado” que trascienda la perspectiva de la seguridad y “atienda también a la sociología de estos movimientos”. “Los Hermanos Musulmanes no deberían estar bajo la mirada del terrorismo”, concluye.

En su último documento sobre la hermandad, Fernando Reinares, exinvestigador del Real Instituto Elcano y experto en terrorismo, admite que “son muy pocos los miembros activos de las organizaciones de la Hermandad Musulmana en Occidente que se han radicalizado hasta el punto de implicarse en actividades violentas”.

A su juicio, los casos de yihadistas detenidos en España en los últimos años, desde los relacionados con Al Qaeda y el 11-S –Operación Dátil (2001)– pasando por los autores del 11-M y los descubiertos en la Operación Warmor (2019), son “insuficientes” para corroborar que “las ideas y los objetivos de los Hermanos Musulmanes son incompatibles con los valores de las sociedades abiertas en el contexto de democracias liberales”. Tampoco sirven para asegurar –como sí hacen otros expertos– que la hermandad “favorece la radicalización de jóvenes musulmanes alienados en los países occidentales donde viven, al islamizarlos de un modo que enfatiza su identidad religiosa en detrimento del sentimiento de ciudadanía”.

Jordi Moreras niega que los Hermanos Musulmanes tengan una “agenda oculta”. “Es visible y activa en defensa de un islam intelectual que se pone en marcha porque hay un nuevo público, unas nuevas generaciones interesadas en él”, sostiene. En su opinión, tratan de “utilizar el marco de libertad religiosa” que les ofrece Occidente para “reclamar esos derechos y pedir educación religiosa”, u otros. Pero Moreras no cree que sea un movimiento “antidemocrático”.

El profesor de la Rovira i Virgili, que trabajó en la Secretaría de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Catalunya entre 2002 y 2004, asegura que tanto el Centro de Cultura Islámica de Valencia como los dos que hay en Barcelona están vinculados con los Hermanos Musulmanes, “pero es que hay 300 mezquitas en toda Cataluña”, matiza. También la organización benéfica Islamic Relief –otro de los objetivos de la agencia de detectives Alp Services– es una derivación de los Hermanos, añade. Pero advierte de que no todos en la Comisión Islámica de España (CIE) pertenecen a la Hermandad, aunque sí lo sea su presidente. Tampoco el partido marroquí Justicia y Caridad tiene relación con ellos, continúa, pese a que Alp Services los incluyó en la red española de los Hermanos. Moreras niega la mayor, la hipótesis que la agencia de detectives suiza Alp quiso demostrar para su cliente de los servicios de inteligencia emiratíes: “¿Los Hermanos Musulmanes están en todos lados? No”.

La Dirección General de Policía ha emitido una propuesta de expulsión de diez años del vicepresidente de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya y referente de la comunidad musulmana en Salt (Girona), Mohamed Attaouil, por un delito de terrorismo y tras considerarle una "amenaza real", según el documento al que ha tenido acceso Europa Press.

Attaouil es, a su vez, presidente del Centro Cultural Islámico Imam Malik, de Salt (Girona) y uno de los impulsores de la construcción de la mezquita en esta población, y el Gobierno central le acusa de terrorismo, ha informado TV3.

Según el documento, fechado a 8 de junio de este año, su expulsión se haría para evitar posibles atentados, y la propuesta policial asegura que la conducta del líder supone un "riesgo significativo y concreto para la seguridad pública".

"La naturaleza y gravedad de los hechos por los que está investigado demostrarían que existe una clara tendencia del interesado a proseguir esa conducta en el futuro, por lo que se puede afirmar sin ninguna duda que constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave para intereses fundamentales de la sociedad", añade.

La Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, alega que Attaouil es un referente de la comunidad musulmana catalana, en la que actúa también como "líder del movimiento salafí" del territorio.

En el texto, le acusa de estar relacionado con personas detenidas en otros países, así como con miembros de la ONG Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), que considera "principal financiadora de centros islámicos desde los que se expande el salafismo por toda Europa".

"Durante los últimos años, han sido numerosas las manifestaciones públicas de Attaouil que muestran su elevado nivel de radicalidad", dice el documento, que le vincula con unidades de policía religiosa islámica en Salt, que no se han materializado.

Su abogado critica la Ley de Extranjería

El profesor Iván Jiménez, abogado del referente de la comunidad musulmana en Catalunya Mohamed Attaouil, sobre el que la Dirección General de Policía ha pedido una expulsión, ha lamentado este domingo que la Ley de Extranjería permite "expulsiones a la carta" y por la puerta de atrás.

En declaraciones a Europa Press, el abogado y profesor de Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha observado: "Como dice la Dirección General de la Policía, la Ley de Extranjería permite las expulsiones administrativas. Esto es cierto. La clave del asunto es que, haciendo un abuso de ella, se pueden producir 'expulsiones a la carta".

"Decides a qué persona quieres expulsar, y formulas una denuncia con una serie de aseveraciones sin prueba alguna, y en cuanto el acuerdo de expulsión se convierte en resolución administrativa firme, se puede expulsar inmediatamente al extranjero", añade.

Y prosigue lamentando que para cuando intervienen los juzgados de lo contencioso-administrativo y la administración tiene que presentar las pruebas oportunas, el interesado está en su país hace ya mucho tiempo.

Según el abogado, la novedad es que, además de las "típicas alegaciones sobre la peligrosidad y radicalidad del sujeto", se afirma de él, que ha cometido un delito de terrorismo, concretamente de 'provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo', incitando a la comisión de este tipo de delitos haciendo apología de los mismos, lo que conllevaría tres años de prisión.

A juicio de Jiménez, "firmar esto supone reconocer, por la propia Comisaría General de Información, que no han cumplido con su deber legal de poner a disposición judicial a un sujeto del que afirmas que ha cometido un delito de terrorismo".

Por ello, llevaron el asunto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por escrito y en persona, el pasado 12 de julio: "No podemos entender por qué no se le ha citado para declarar. Esto es inaudito".

Ante esta situación, el abogado ha reclamado suspender el procedimiento hasta que se diluciden las responsabilidades penales en cuestión.

El Tribunal de Cuentas ha examinado la gestión que el Gobierno hace de las deducciones y exenciones que aplica al IRPF, el impuesto de sociedades, el IVA, los impuestos especiales y las tasas; es decir, de los incentivos que suponen una pérdida de recaudaciónincentivos que suponen una pérdida de recaudación. Y concluye que la Administración no lleva a cabo seguimiento alguno de la memoria de beneficios fiscales –los incentivos, deducciones, etcétera– que cada año elabora e incluye en los Presupuestos Generales del Estado. No controla si se cumplen sus previsiones o cuánto se desvían éstas de la recaudación real. De hecho, ni siquiera existe una definición legal de beneficio fiscalbeneficio fiscal –un concepto que no incluye todas las exenciones, sino sólo las que están destinadas a cumplir “determinados objetivos de política económica y social”–. Tampoco se cuantifican todos. El sistema tributario estatal cuenta con 631 incentivos fiscales, de los cuales 353 son considerados beneficios fiscales –porque reducen los ingresos del Estado–, pero sólo de 219 se calculó su importe en la memoria de los Presupuestos de 2015, el año que ha fiscalizado el Tribunal de Cuentas.

“No se han elaborado ni publicado documentos formales que analicen el grado de cumplimiento de las estimaciones”, asegura el informe del Tribunal, que únicamente pudo analizar “documentación dispersa”, “algunas notas” elaboradas por el grupo de trabajo que redacta la memoria de beneficios fiscales cada año. El órgano fiscalizador deja claro que un mero grupo de trabajo no puede ser el encargado de gestionar “una figura constitucionalmente sometida a reserva de ley”. Lo integran representantes de la Agencia Tributaria, el Instituto de Estudios Fiscales, la Dirección General de Presupuestos, el Instituto Nacional de Estadística, la Dirección General de Tributos y el Gabinete de la Secretaría de Estado de Hacienda.

En 2015, este grupo previó que el total de las exenciones y deducciones ascendería a 40.719,12 millones de euros, lo que equivaldría a una pérdida de ingresos tributarios del 26,3%: un 31% en impuestos indirectos y un 24% en los directos. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha detectado una desviación respecto de esas estimaciones, que cifra en  609 millones de euros. Se presupuestaron 1.247,80 millones más en exenciones de las que realmente se efectuaron en el IRPF, el impuesto de sociedades y el impuesto sobre el patrimonio, pero 648 millones menos de las que se aplicaron en el IVA, el impuesto sobre las primas de seguros y los impuestos especiales –hidrocarburos, alcohol–.

En 2017, de acuerdo con la memoria incluida en los Presupuestos, los beneficios fiscales se calcularon en 31.867,60 millones de euros, lo que supone una merma en los ingresos de Hacienda de casi el 22%.

El Tribunal de Cuentas traduce esa pérdida de recaudación en términos de tipos efectivos. Así, en el IRPF el tipo efectivo que pagaron los contribuyentes sin incluir estas exenciones y deducciones fiscales fue en 2015 del 17%. Contando los incentivos fiscales, baja cuatro puntos, hasta el 13%. En el impuesto de sociedades, el tipo efectivo pagado por los grupos consolidados de empresas se reduce del 8% al 7% si se incorporan los beneficios fiscales; para las empresas individuales baja del 18% al 14%. Finalmente, para el IVA la reducción proporcionada por las exenciones fiscales es de cinco puntos, del 21% al 16%.

Un régimen fiscal especial sin controles efectivos

Uno de los beneficios fiscales que la Administración no cuantifica es aquél del que disfrutan las entidades sin ánimo de lucro y las confesiones religiosas. Fundaciones, asociaciones de utilidad pública, federaciones deportivas y las iglesias –católica y evangélica–, así como las comunidades musulmana y judía, se acogen a un régimen fiscal favorable que se rige por un ley de 2002. Se les permite una tributación especial en el impuesto de sociedades y en impuestos locales. En el primero, están exentos de pagar por las rentas e ingresos que obtienen de su actividad específica, además de tributar a un tipo reducido del 10% por las que no tengan relación con ella. Pues bien, la Administración tributaria considera “no cuantificable” esa primera exención, los impuestos que fundaciones, asociaciones y confesiones religiosas no pagan por su actividad natural. El Tribunal de Cuentas se lo reprocha como una “deficiencia” que impide conocer cuál es la disminución real de los ingresos tributarios del Estado. Tampoco se sabe cuánto deja de recaudar el Estado por culpa del tipo reducido del 10% que grava a estas entidades, puesto que se calcula de forma agregada, con el resto de los tipos reducidos del impuesto de sociedades, y se ha clasificado bajo el epígrafe genérico de “otras actuaciones de carácter económico”.

De forma que el Tribunal de Cuentas ha calculado su cuantía “de manera orientativa” utilizando el importe de las rentas declaradas por estas entidades –están obligadas a hacerlo, aunque luego no tributen por ellas–. El informe advierte de que la estimación puede ser inferior a la real, pero cifra la merma de recaudación para 2015 en un total de 128,41 millones de euros, de los que 123,63 millones corresponden a la exención de rentas y 4,78 millones a la aplicación del tipo reducido del 10%. Fundaciones y asociaciones se benefician de 80,11 millones de euros en descuentos fiscales y las entidades religiosas, 46,44 millones.

Según el informe del tribunal, en 2015 se acogieron a este régimen fiscal especial 14.372 contribuyentes, de los que 11.799 son fundaciones y asociaciones y 1.396, entidades religiosas. Pero, debido a la inexistencia de controles, el órgano fiscalizador cuenta 803 entidades que se aplicaron el régimen fiscal especial y sus exenciones pese a que no se habían constituido con la forma jurídica exigida legalmente. Entre ellas, cita a dos personas físicas, 53 sociedades anónimas, 719 sociedades limitadas y cuatro Uniones Temporales de Empresas (UTE). Además, para acogerse a ese régimen especial es necesario que la entidad presente en la Agencia Tributaria una declaración censal, excepto las entidades religiosas, la Cruz Roja, la ONCE o la Obra Pía de los Santos Lugares, por ejemplo, que pueden aplicarlo automáticamente. Pero más de 4.000 entidades se acogieron a esta tributación especial sin haber hecho esa declaración. Y otras 1.378 asociaciones que carecían de la declaración de utilidad pública también se apuntaron a los favores fiscales. Una vez más, la inexistencia de “controles efectivos” por parte de la Agencia Tributaria, destaca el Tribunal de Cuentas, es la causa de esta nueva deficiencia.

Sin memoria económica

Lo mismo ocurre con otro de los requisitos exigidos por la ley para acceder a estas exenciones tributarias: la elaboración de una memoria económica, que debe presentarse en la Agencia Tributaria en un plazo de siete meses desde el cierre de cada ejercicio. En ella las entidades sin ánimo de lucro deben consignar sus ingresos y gastos, así como su participación en entidades mercantiles. Sólo las entidades que facturen menos de 20.000 euros anuales están eximidas de hacerlo. Pero únicamente presentaron la memoria 4.087 entidades, el 57% de las que estaban obligadas en 2015.

El Tribunal de Cuentas destaca aquí una nueva “debilidad” del control que la Agencia Tributaria ejerce sobre este régimen fiscal especial. El único que lleva a cabo se activa en las declaraciones de entidades que no presentan la declaración censal o la memoria económica. Pero como el sistema está diseñado para no activarse cuando el NIF del declarante comienza con la letra R, el correspondiente a las congregaciones e instituciones religiosas, si éstas no han presentado la memoria económica a que están obligadas, el sistema no las detecta. Tanto la Iglesia católica, como la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica deben entregar la citada memoria, de acuerdo con las propias normas de la Agencia Tributaria. El informe del Tribunal de Cuentas no detalla si estas instituciones religiosas la hacen o no.

De los controles sí realizados por la Agencia resultaron 21 actas de inspección referidas al impuesto de sociedades de 2015, por importe de 541.445 euros. Cuatro terminaron en expedientes sancionadores, pero con multas con una cantidad exigua: 19.424 euros. Sólo en dos casos se llegó a la categoría de delito, por una cantidad total de 470.759 euros. Y a una entidad que no se precisa la Agencia Tributaria le reclamó ese año ocho millones de euros por no haber cumplido el requisito de destinar el 70% de sus rentas a fines de interés general y la excluyó por ello del régimen especial.

Aunque la investigación sobre el doble atentado de Barcelona y Cambrils (Tarragona) sigue su curso, todo apunta a que Abdelbaki Es Satty, el imán de la mezquita de Ripoll, fue el cerebro de la célula terrorista que el pasado jueves asesinó en la Ciudad Condal y en el municipio tarraconense a quince personas e hirió a más de un centenar. Una sospecha que comparten tanto los Mossos d’Esquadra, que el pasado sábado registraron de arriba abajo la vivienda del líder religioso, como algunos familiares de los once jóvenes yihadistas que perpetraron los ataques. “Ojalá que el imán esté muerto y no haya más gente involucrada”, ha señaló ante las cámaras de televisión la hermana de Driss y Moussa Oukabir.

Según el presidente de la Comunidad Islámica Annour de Ripoll, Ali Assid, el presunto autor intelectual del doble ataque “se marchó” después de solicitar un periodo de vacaciones de tres meses que le fue denegado porque la congregación no podía “estar tanto tiempo” sin líder espiritual. El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por su parte, señaló este lunes que disponen de indicios “sólidos” de que el imán murió en la explosión del chalé de Alcanar (Tarragona), donde los terroristas almacenaron bombonas de gas y triperóxido de triacetona (TATP), un explosivo inestable.

Elegido por la Junta Directiva de cada comunidad

Abdelbaki Es Satty no es el único imán que ha saltado a la palestra en los últimos meses por adoctrinar o captar combatientes para grupos terroristas. El pasado mes de octubre, por ejemplo, la Guardia Civil detuvo en Ibiza a otros dos por intentar llevar a menores por el camino del salafismo radical. En marzo de este año, la Policía Nacional actuó del mismo modo en Benetússer (Valencia), donde arrestó a otro presunto adoctrinador y colaborador del Estado Islámico que llevaba varios meses ejerciendo como jefe espiritual en una mezquita de la localidad. Ante hechos de este tipo, que son excepcionales si se tiene en cuenta la enorme cantidad de centros de oración musulmanes, cabe preguntarse: ¿Cómo y en base a qué criterios se nombran en España a los imanes?

A finales de 2016 había en España oficialmente 1.508 lugares de culto musulmanes, según los datos del Observatorio del pluralismo religioso, centros de oración que pueden poner en marcha las comunidades islámicas de cada región, ciudad o barrio inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia y que formen parte de la Comisión Islámica de España (CIE) o de alguna de sus federaciones adheridas. “El imán lo nombra la Junta Directiva de una comunidad, por lo que recae sobre ellos la responsabilidad. Durante un periodo de tiempo se le deja ejercer para ver la aceptabilidad de los miembros de dicha comunidad y, en caso de tener el visto bueno, se le nombra”, explica en conversación telefónica con infoLibre Riay Tatary, presidente de la CIE.

Sin formación académica en España

El líder espiritual que se ponga al frente de una mezquita debe ser una persona "justa y honesta" con "conocimientos sobre el Corán", señala Mustafá, imán que forma parte de la organización Junta Islámica. Pero, ¿es necesaria formación académica? En este sentido, Mohamed Azahaf, mediador intercultural y experto en prevención de extremismos, señala que en España no existe “una titulación como tal”: “En la UNED hubo hace años un intento que, sin embargo, no llegó a funcionar”, explica. Con el objetivo de poner fin a esta laguna, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) lleva desde 2013 organizando cursos para formar imanes. Dos años y medio de clases y un examen final serán los requisitos necesarios para obtener el certificado.

En este sentido, Tatary asegura que la  Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), organización que también dirige, ha solicitado a las diferentes comunidades que pidan a los futuros imanes que vayan a designar “un certificado de formación” que acredite que está perfectamente preparado para ejercer como líder espiritual en su mezquita. “Este título puede conseguirse de manera tradicional, a través de los Consejos Científicos, o por la vía universitaria cursando una carrera de especialidades islámicas”, sostiene el presidente de la Comisión Islámica, que reconoce, sin embargo, que no todas las comunidades están exigiendo estos certificados antes del nombramiento.

En este sentido, Tatary también reconoce que esta formación requerida sólo se puede conseguir actualmente “fuera de España”. En lugares como Egipto, Marruecos o Arabia Saudí, cuna del wahabismo –junto con el salafismo, corriente fundamentalista del Islam suní–. Por eso, en caso de que una comunidad esté interesada en un imán con mayores conocimientos en la materia, lo busca fuera. “La mayoría de los que vienen de otros países son de Marruecos, Argelia y, últimamente, Senegal. De Arabia Saudí vienen algunos porque dan becas para una universidad en Medina, pero son pocos en comparación con el resto de lugares”, asegura el imán.

¿Con sueldo?

El líder religioso, además, puede cobrar un sueldo mensual por sus labores en la mezquita: “Por la oratoria y por la enseñanza a los más pequeños del árabe y el Corán”, detalla el presidente de la Comisión Islámica de España. "Aunque tradicionalmente no era así, hoy en día todo ha cambiado”, explica el imán Mustafá. Sin embargo, el miembro de la Junta Islámica deja claro que no es una práctica instaurada en todos y cada uno de los centros de oración. Depende de la comunidad que abre la mezquita, de la potencia económica… “No es lo mismo la que pueda haber en la Cañada Real, con un nivel de paro importante, que la del barrio madrileño de Fuencarral, donde las aportaciones económicas son más importantes”, completa Azahaf.

Son estas diferencias, sostiene el experto en prevención de extremismos, las que determinan que en un centro de oración “donde apenas hay recursos” se pueda colar “algún desgraciado”. “Es más difícil, aunque no imposible, que consiga colarse en una comunidad que está bien económicamente que en una con problemas económicos”, afirma el experto. En este sentido, Azahaf pide al Ministerio de Justicia que ayude a conseguir una equidad entre todos estos centros. Y, con el objetivo de mejorar el control sobre los imanes, pide a Justicia e Interior un mayor feedback con las comunidades musulmanas que ayude a frenar mensajes radicales: “Que informen a una comunidad, por ejemplo, sobre los antecedentes penales, en caso de que los tenga, del imán que ha propuesto para dirigir la mezquita”.

La Junta Islámica de España y el Instituto Halal han manifestado su "total conmoción" y una "condena absoluta y sin paliativos" hacia los atentados perpetrados en las últimas horas en Barcelona y Cambrils, que se han saldado con 13 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

Mediante un comunicado conjunto, ambas organizaciones han lamentado "de manera especial" estos ataques por estar dirigidos hacia sus "compatriotas" y contra las personas que han elegido España "como lugar de ocio y descanso". Asimismo, la comunidad de las asociaciones han decidido dejar testimonio de su "máxima solidaridad con las víctimas", además de "familiares y amigos". Tampoco han querido olvidar a los heridos, a quienes han deseado "una pronta recuperación", según recoge Europa Press.

"Nada hay que pueda justificar este crimen, que nos indigna como nos indignaron los perpetrados en París, Londres, Mánchester, Kabul, Bagdad, Manila y en otros tantos lugares", han asegurado, haciendo hincapié en la "rabia, impotencia y perplejidad" que sienten ante actos como estos que, han afirmado, "buscan alimentar el miedo".

En este sentido, han censurado el afán de "destruir la convivencia y reforzar el ideario de quienes aspiran a dividir" y han destacado que se trata de "asesinos" que "no representan a ninguna confesión religiosa". Además, han agradecido a las instituciones del Gobierno, la Generalitat de Cataluña y los cuerpos de seguridad del Estado el "trabajo realizado desde el primer momento".

La revista de febrero cuenta con una portada dibujada por Forges y con colaboraciones de destacados periodistas, entre ellos Edwy Plenel, director del diario digital francés Mediapart, socio de infoLibre. El debate se enmarca dentro de los actos culturales que organiza la librería La Fugitiva.