Una decena de manifestantes detenidos en la convocatoria del Rodea al Congreso, celebrada el 14 de diciembre de 2013 contra el proyecto de Ley de la denominada Ley Mordaza, se enfrentan a seis años de cárcel en el juicio que comenzará el próximo 27 de noviembre en un Juzgado de lo Penal de Madrid, según informa Europa Press.

Nueve de los acusados afrontan una pena de dos años de prisión por un delito de desórdenes públicos y otros cuatro por atentado a la autoridad en concurso ideal con tres delitos de lesiones. Para otros tres jóvenes piden dos años de cárcel por desórdenes públicos y otro por un delito de resistencia.

En el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que los encausados participaban en una concentración no autorizada bajo el lema Rodea el Congreso, que se desarrolló por el calles del centro de Madrid desde Neptuno hasta Sol, "donde se inició un lanzamiento de petardos y botellas".

Se acusa a una de las procesadas de dar una patada a un agente, a otros dos de patear un coche de la Policía Municipal. Cuando los agentes de la Policía Nacional fueron en su auxilio, otros de los luego detenidos "les arrojaron botellas de vidrio y piedras para evitar la intervención". Otro de ellos "propinó fuertes empujones a los agentes", mientras el resto les insultaban y desobedecían a la autoridad.

Como consecuencia de todo ello, 14 agentes resultaron heridos de diversa consideración, por lo además de la responsabilidad penal se pide responsabilidad civil con diversas cantidades para cada agente lesionado.

Los procesados piden su absolución

Por su parte, los encausados han pedido hoy su absolución. "El miércoles se celebrará un juicio contra las que seremos las primeras víctimas de la Ley Mordaza. Personas que en aquel momento teníamos entre los 17 y 23 años, y sobre los que podría pesar una pena de seis años de cárcel. Tan solo por haber participado en una manifestación, el segundo Rodea al Congreso que se celebró para protestar contra el proyecto de Ley Mordaza", han señalado en un comunicado.

Según han explicado, cinco de las personas que serán juzgadas fueron detenidas por agentes de paisano de la Brigada de Información el 20 de diciembre, seis días más tarde de la manifestación sobre personas previamente identificadas antes de la misma. "A algunos se les fue a buscar al instituto. A otros, a nuestras casas. Incluso hubo detenidos en el mismo Metro", apuntan.

A su juicio, estos arrestos tenían la intención de "amedrentar la protesta y servir como propaganda de la Ley Mordaza Ley Mordaza y el Gobierno quiso lanzar un mensaje de que aumentaría las medidas de represión de la protesta tanto en la aplicación de las leyes existentes como con la aprobación de su nueva medida legislativa represiva, la Ley Mordaza, que acababa de ser presentada el 29 de noviembre y que pese a toda la repulsa fue aprobada el 26 de marzo de 2014".

Aunque reconocen que esa protesta acabó con disturbios, aseguran que ellos fueron "escogidos de forma arbitraria sobre las personas identificadas antes de la manifestación y de que se produjera ningún disturbio". "A pesar de lo mucho que se ha alargado la instrucción, la Fiscalía no ha logrado encontrar aún una sola prueba que les relacione con los altercados", indican los encausados.

Por todo ello, han pedido su absolución y la derogación de la Ley MordazaLey Mordaza, "que tanto miedo, represión e injusticias ha provocado desde que fue concebida como proyecto de ley". Para explicar los detalles de este caso darán una rueda de prensa el lunes 25 a las 11 horas en el Teatro del Barrio.

El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunirá bilateralmente a lo largo del día de en Moncloa con los líderes de los tres principales partidos de la oposición, Pablo Casado, PP, Albert Rivera, Ciudadanos, y Pablo Iglesias, Unidas Podemos.

La reunión con el líder del PP, Pablo Casado, será a las 12.00 horas en Moncloa, según han informado ambas partes. Casado ha anulado su agenda de actos de este miércoles -tenía previsto desplazarse a las 12.00 horas Ciudad Real y a las 15.00 horas Jaén- para acudir a este encuentro con el presidente del Gobierno, han añadido fuentes conservadoras.

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se reunirá a las 17.00 horas con Sánchez. Por último, la cita con Rivera será a las 19 horas.

El Gobierno insiste en que “una minoría está queriendo imponer la violencia en Cataluña y quebrar la convivencia” así que ha pedido al independentismo que condene “firmemente esa violencia”.

“Es evidente que no estamos ante un movimiento ciudadano pacífico, sino coordinado por grupos extremistas que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña”, subrayaron esta mañana fuentes de la Moncloa.

El Ejecutivo ha manifestado su “profundo reconocimiento a todos los cuerpos de seguridad que están velando por mantener el orden y la convivencia en Cataluña” y ha enviado “un caluroso mensaje de apoyo a todos los que han resultado heridos, mossos y policías nacionales”.

El Gobierno “garantizará la seguridad y la convivencia en Cataluña y recuerda que, si es necesario, actuará desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad”.

En esta línea, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido al president de la Generalitat, Quim Torra, que condene los actos de violencia registrados en las calles de las principales ciudades catalanas en las últimas horas y “llame a convivencia pacifica”.

En una entrevista en la Cadena Ser, el responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha elogiado la coordinación con los Mossos d’Esquadra y el esfuerzo de los agentes a la hora de hacer frente a los grupos que desde la tarde noche del martes han levantado barricadas y encendido hogueras con mobiliario urbano en barcelona, Tarragona, Lleida y Girona.

Marlaska ha dado a entender que no existen a día de hoy motivos para activar la coordinación reforzada de las fuerzas policiales prevista en la Ley de Seguridad Ciudadana ni el artículo 155 de la Constitución.

A su juicio, las actuaciones violentas las lleva a cabo una parte “minoritaria” de la sociedad catalana que “pone en entredicho la convivencia en Cataluña”.

La activista de Femen Rosa María M.E., que arrojó un ejemplar de la Constitución al entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, ha aceptado este martes la pena de un año de prisión. Ha explicado que lo hizo "en defensa de la libertad de expresión", y que "en ningún momento" era su intención usar la violencia, sino entregar en mano el ejemplar al ministro.

Así lo ha asegurado este martes ante el juez en la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía ha retirado la petición de delito de desórdenes públicos, ha rebajado su acusación de delito a falta de lesiones, y ha disminuido su solicitud de pena de prisión hasta el año de cárcel por el delito de atentado contra la autoridad y una multa de seis euros al día durante seis meses, alrededor de unos 1.080 euros, así como posibles medidas sociales.

En este sentido, el abogado de la acusada ha explicado que su clienta no tiene actividad laboral, es estudiante, por lo que ha solicitado que se imponga una multa mínima: 2 euros al día durante seis meses. Además, ha destacado que su representada no ha tenido ningún problema judicial.

Según se desprende del escrito de acusación, la activista acudió el 23 de abril de 2015 al Salón de Actos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos donde se celebraba un acto presidido por Fernández Díaz. Allí, "actuando con desprecio del principio de autoridad", la acusada se levantó de su asiento y se quitó la ropa "mostrando su torso desnudo".

En la parte trasera y delantera de su cuerpo llevaba escrito con tinta negra "violador de libertades". A continuación, y dirigiéndose "a gran velocidad" hacia la mesa donde estaba el ministro, comenzó a gritar: "¿sabe usted lo que es la Constitución?".

Fue en ese momento, tal y como se desprende del escrito, cuando Rosa María lanzó "violentamente" un ejemplar de la Constitución que no llegó a impactar contra él gracias a la intervención de los policías. Ambos agentes consiguieron reducirla y desalojarla del Salón de Actos, si bien la acusada se resistió "lanzándoles patadas y codazos" que les provocaron diversas lesiones.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid acoge el próximo martes a las 11 horas el juicio contra Rosa María M. E. por un delito de atentado contra la autoridad al arrojar presuntamente durante la celebración de un acto un ejemplar de la Constitución, que no le llegó a alcanzar, al entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz.

La Fiscalía solicita para la acusada una pena de quince meses de prisión así como a una multa de ocho meses a razón de diez euros diarios por un delito de desórdenes públicos.

Según se desprende del escrito de acusación, Rosa María M. E. acudió el 23 de abril de 2015 al Salón de Actos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos donde se celebraba un acto presidido por Fernández Díaz.

Allí, "actuando con desprecio del principio de autoridad", tal y como señala el representante del Ministerio Público, la acusada se levantó de su asiento y se quitó la ropa "mostrando su torso desnudo".

En la parte delantera de su torso llevaba escrito "violador de libertades", y en la espalda, "Fernández Díaz culpable". A continuación, y dirigiéndose "a gran velocidad" hacia la mesa donde estaba el ministro, comenzó a gritar: "¿sabe usted lo que es la Constitución?".

Fue en ese momento, tal y como se desprende del escrito, cuando Rosa María lanzó "violentamente" un ejemplar de la Constitución que no llegó a impactar contra él gracias a la intervención de dos policías.

Ambos agentes consiguieron reducirla y desalojarla del Salón de Actos, si bien la acusada se resistió "lanzándoles patadas y codazos" que les provocaron diversas lesiones.

El Tribunal Supremo acordó abrir un procedimiento contra el diputado de Unidos Podemos Alberto Rodríguez por un presunto de delito de desorden público relacionado con un altercado de policías locales que tuvo lugar en la madrugada del 25 de diciembre de 2006 en La Laguna (Tenerife), informa Europa Press.

En un auto, la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional recuerda que es competente para investigar si el diputado participó en los hechos al ser aforado. Además, nombró al magistrado Julián Sánchez Melgar para que instruya la causa y con el fin de que Rodríguez "pueda ser oído".

"Está acreditada al estar completa la fase de instrucción y formulada acusación contra la persona que después resultaría aforada", explican los magistrados.

Según recoge el auto, en la madrugada del día de Navidad de 2006, tras una identificación realizada en un control de la Policía local de La Laguna en un dispositivo contra el consumo de drogas, hubo un "hostigamiento" de Rodríguez y otro acusado hacia los policías. Los acusados "increparon a las personas que allí se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, provocando que arrojaran botellas, vasos y otros objetos", ocasionando desperfectos en un vehículo.

En 2014, el Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife dictó una sentencia de conformidad respecto a dos acusado, dejando pendiente la celebración del juicio contra otras dos personas que no alcanzaron ningún acuerdo al conocerse que uno de ellos, Alberto Rodríguez, había sido elegido diputado. Tras la elección, se mandó testimonio al Tribunal Supremo para el enjuiciamiento del aforado.

Por último, en el auto de seis páginas, los magistrados añaden que el procedimiento contra el resto de los investigados pendientes de juzgar debe continuar en el Juzgado de Santa Cruz de Tenerife, que fue el que remitió testimonio del caso al Supremo.

Ocho personas han sido detenidas hasta el momento y serán puestas a disposición judicial por los incidentes que se registraron en la noche de la conocida Madrugá del Viernes Santo de la Semana Santa de Sevilla, según informó el servicio municipal de emergencias de la ciudad en su perfil de Facebook.

Esta misma fuente detalla que "con las investigaciones que se han podido realizar hasta el momento, se están instruyendo diligencias por desorden publico para su posterior puesta a disposición judicial a un total de ocho personas que se corresponden con cuatro intervenciones policiales distintas".

Los servicios de emergencias apuntan que se trata, en principio, de "hechos aislados de gamberrismo y vandalismo sin aparente conexión", si bien aclaran que "se sigue investigando y a la espera de la revisión de las imágenes". Emergencias Sevilla también ha pedido colaboración ciudadana y ha animado a trasladar toda la información a la Policía Local o Nacional.

Tres de los detenidos lo fueron por "dar golpes en el suelo y gritar con amenazas" en la zona de Marqués de Paradas. Según las autoridades locales, se trata de personas con antecedentes y consideradas "delincuentes comunes".

Esas acciones, principalmente al paso de la Hermandad de la Macarena en la calle Sierpes y en la zona de Salvador, provocaron cierta sensación de pánico entre los nazarenos y los asistentes. También se produjo otra pequeña estampida en un punto cercano a la Hermandad de Los Gitanos en su salida, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Policía local.

Posteriormente, a las 4:40 horas y tras las primeras carreras, fueron detenidas tres personas en torno a la calle Arjona por desorden público. Los tres arrestados llevaban objetos metálicos que usaban para hacer ruido contundente y para provocar carreras.

Sobre las 6:00 horas fueron detenidas dos personas en la calle Argote de Molina siguiendo indicaciones de testigos que advertían que gritaban y hacían aspavientos para provocar carreras. Igualmente, en torno a la misma hora, otras dos personas fueron intervenidas en el Salvador por motivos similares.

Así, al menos 17 personas tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales por traumatismos y crisis de ansiedad registradas durante estos incidentes. Al menos una de las personas trasladadas por traumatismo craneoencefálico se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y "en estado grave".

El PP y el PSOE han registrado este lunes una serie de enmiendas a la proposición de ley de reforma del Código Penal en materia de terrorismo, derivada de su pacto contra el yihadismo, para, entre otros motivos, acotar los supuestos en que unos desórdenes públicos pueden considerarse terrorismo. Según la redacción inicial, en la definición de terrorismo contemplada en el artículo 573 del Código Penal se incluían los desórdenes públicos dentro de la categoría de delitos graves susceptibles de ser considerados terrorismo si su finalidad era subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública o desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

Con la enmienda, recogida por Europa Press, los desórdenes públicos salen de esa lista y pasan al artículo 573 bis dejando claro que, al igual que la sedición, los desórdenes sólo podrán ser considerados terrorismo "cuando los cometa una organización o grupo terrorista o individualmente amparados en ellos".

Captación vía boda o explotación sexual En otra enmienda, PP y PSOE introducen un cambio en la redacción de los delitos de captación, adoctrinamiento y adiestramiento para incluir también la trata de mujeres con la finalidad de obligarlas a contraer matrimonio o exportarlas sexualmente por parte de una organización terrorista o de quienes colaboran con ella. Las otras tres enmiendas registradas por los grupos mayoritarios tienen carácter técnico y se limitan a mejorar en una o dos palabras la redacción de la proposición de ley, que este jueves se somete a votación en el Pleno del Congreso.