Tribunal Supremo

La causa está enmarañada desde enero: dos periodistas de Interviú y Villarejo están procesados, pero el juez sigue encargando diligencias por sus sospechas sobre Pablo Iglesias y los daños en la tarjeta del móvil de Dina Bousselham. Más de una decena de recursos de Fiscalía, defensas y acusaciones, algunos presentados hace meses, se acumulan en la Sala de lo Penal, que ha previsto el 18 de junio para deliberar.

Consideran que las limitaciones fijadas se ajustan a la normativa por lo que consideran cerrado el debate.

La ley de protección a la infancia incluye cinco excepciones en la dispensa, una de ellas también aplicable a las víctimas de violencia de género, que deberán declarar contra su agresor aunque retiren la acusación. 

El Tribunal ha considerado que no procede autorizar estas medidas basándose únicamente en principios de prudencia, entendiendo que no quedan suficientemente justificadas las restricciones acordadas por el Consell de Govern.

La Sala Cuarta ha estimado el recurso presentado contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que consideraba que se estaba dando amparo a la prostitución asalariada.

La ley del indulto no es nada clara en cuanto a los condicionantes, que en muchos casos se limitan a una sencilla frase en la que se establece un plazo para no reincidir que va desde unos pocos años a la totalidad de los años de la condena. Dependiendo de la situación de cada preso y de la sentencia se han incluido otros supuestos como "satisfacer las responsabilidades pecuniarias".

El alto tribunal considera que se ejerce una intimidación que atenta contra la libertad sexual de la víctima en un escenario, el de las redes sociales, con mayor impacto nocivo y duradero.

Una quincena de presos ya cumplen esta condena y algunas de las sentencias han sido confirmadas por el Supremo. La reforma del Código Penal salió adelante con los únicos votos a favor del PP, que en 2015 tenía mayoría absoluta, y la oposición la recurrió al Constitucional. 

La resolución, dictada por el Supremo en 2015, planteaba una situación sobre un bien jurídico protegido "cuyo titular es la colectividad". Las dudas sobre la legitimidad del partido conservador se descartan en el caso de Vox: los de extrema derecha sí pueden impugnar los decretos de indulto porque fueron parte en el juicio.

Los hechos investigados ocurrieron en Tenerife en el año 2014, cuando el diputado presuntamente pateó a un policía en una concentración contra la ley educativa presentada por José Ignacio Wert.

El PP desliza que sería “irresponsable” que el Gobierno hiciese a Felipe de Borbón firmar la medida de gracia. Los tres partidos acudirán a los tribunales para tratar de anular los indultos pero Vox adelanta a PP y Cs y prepara ya manifestaciones y protestas en la calle.

La ley no permite aplicar una medida de gracia total cuando el tribunal sentenciador se pronuncia en contra, aunque una rebaja parcial permite numerosas posibilidades, incluida la libertad. El Ejecutivo trabaja ya en la vía de los indultos, que deberá argumentar a fondo ante la amenaza de PP y Vox de recurrir los decretos. 

El Tribunal Supremo aceptó en 2015 un recurso de ecologistas contra un indulto, pero en 2018 vetó a una asociación contra la ley de Violencia de Género. 

Deliveroo, que no comparte el fallo, precisa que esta sentencia "solo afecta a contratos que dejaron de utilizarse hace más de tres año". 

Lesmes ha explicado que se trata de una "prerrogativa del poder político", a su juicio "libérrima en cuanto a su concesión, si bien controlable judicialmente aunque de forma limitada".

Apunta que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva. Avisa de que la finalidad de la medida de gracia no es corregir sentencias judiciales y que el Gobierno no es una segunda instancia.

El presidente del Gobierno señala en una rueda de prensa en Bruselas que, en todo caso, hay que esperar a que el Supremo emita su informe preceptivo.

A los condenados por el secuestro de Segundo Marey les fueron perdonados dos tercios de la pena, lo que les permitió obtener permisos cuando sólo llevaban tres meses en prisión. Los líderes del procés llevan más de tres años en la cárcel y del Gobierno dependerá exclusivamente que sigan cumpliendo o que se les conmute toda o parte de la pena. En la imagen, Quim Torra este lunes junto a Pere Aragonès, investido president de la Generalitat.

Este informe supondría "con seguridad" la puesta en libertad de los líderes independentistas por la obligada progresión al tercer grado penitenciario, según fuentes jurídicas. 

En los casos de tráfico de personas para la prostitución y el uso de menores con fines pornográficos, el alto tribunal determina que no cabe un solo delito continuado, sino que habrá tantas infracciones penales como víctimas. 

No establece límites generales a las limitaciones ni examina ampliamente la legislación sanitaria para determinar si es necesario reformar las normas ordinarias. Sí fija unas pautas sobre cómo deben ser los recursos de las comunidades si quieren restringir la movilidad: muy justificados y sólo si la medida es imprescindible para impedir la transmisión del virus.

El texto fue aprobado este jueves en el Congreso, pero recibió críticas de los conservadores y otras fuerzas políticas.

La portavoz nacional de Podemos ha sido acusada de participar en unos altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio en enero de 2014.

Los TSJ de Canarias, País Vasco y Navarra no avalan la limitación de la movilidad, mientras que esta prohibición sí está vigente en Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia, en esta última en casos de municipios con muy alta incidencia. 

"En el caso de que alguno circule por Madrid Central sin los supuestos previstos, el Ayuntamiento tramitaría la multa correspondiente", ha dicho el alcalde de la ciudad.

Los jueces del Tribunal consideran que los errores en la memoria económica del proyecto son suficientes para declarar nulo el proyecto, a pesar de su "trascendencia social".