Tribunal Supremo

El acusado deberá cumplir con 2 años y 9 meses de cárcel por un delito de abuso de autoridad en su modalidad de realizar sobre un subordinado actos de abuso sexual.

Jubilaciones, excedencias, cambios de destino o fallecimientos de magistrados engrosan la lista de vacantes en el Supremo, tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y Audiencia Nacional. Las conversaciones entre Gobierno y PP no han experimentado avances desde el acuerdo sobre el Tribunal Constitucional.

La querella contra el diputado de Unidas Podemos recoge un delito de distribución o difusión pública de mensajes o consignas para la comisión de un delito de alteración del orden público por un tweet sobre la entrada en prisión de Pablo Hasél.

La sentencia pone a prueba la ley electoral y desata un conflicto político e institucional. Rodríguez ha acabado fuera del Congreso por decisión unilateral de Batet, pero la batalla jurídica continuará en el Tribunal Constitucional para acudir, en última instancia, a Estrasburgo. La amplia jurisprudencia de estos dos tribunales sobre el derecho a la participación política podría decantar la balanza del lado del exdirigente de Podemos.

La formación morada tilda de "aberración jurídica" el fallo del Supremo en relación al exdiputado Alberto Rodríguez. 

El Alto Tribunal ha desestimado el recurso presentado por la editorial Confilegal señalando que España actúa en el sentido marcado por la Unión Europea en el Plan de Acción contra la desinformación.

Gerardo Pisarello ha dicho que Marchena es consciente de que "dejar por escrito" que Rodríguez tiene que perder el acta "sería prevaricar y "por eso no lo dice".

Batet decidió este jueves solicitar al Tribunal Supremo que aclarara el alcance de la pena que impuso al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.

El Alto Tribunal pone de relieve las consecuencias de no cubrir las vacantes de magistrados, pese a los tímidos avances en la negociación PSOE-PP. 

Presentará el recurso después de que el Constitucional le haya negado el amparo por el rechazo constante del Supremo a admitir su querella. Denuncia que se han vulnerado sus derechos al no haberse llevado a cabo ninguna investigación y no haber obtenido una "resolución judicial motivada". IU, PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda pedía indagar en todas las posibles corruptelas de Juan Carlos I.

La presidenta del Congreso se dirigirá al alto tribunal para pedir aclaraciones después de que así lo acordara la mayoría de la Mesa tras una reunión extraordinaria muy larga y bronca. Batet no ha participado en la votación, pero se ha mostrado partidaria de la inhabilitación.

El tribunal alega una "inelegibilidad sobrevenida" para defender que la pérdida del escaño y pide explicaciones a Batet para poder liquidar la condena. Los letrados de la Cámara hacen una interpretación más literal de la sentencia, en la que sólo se menciona la inhabilitación para el sufragio pasivo. La Junta Electoral podría añadir más leña al fuego, pero aún no tiene fijada una fecha de reunión.

Pablo Fernández ha arremetido contra el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo después de que este informara sobre la fecha de inicio del cumpliento de la pena impuesta al diputado.

El diputado de Unidas Podemos conservará su escaño tras la sentencia del Supremo, pero el Alto Tribunal ha pedido que se informe de la fecha de inhabilitación para el derecho de sugrafio pasivo. 

La resolución sobre la falta de legitimación de PP y Vox para anular el nombramiento de la fiscal general ahondará en la doctrina que limita las posibilidades de los partidos para impugnar decisiones políticas. Las formaciones que han recurrido los indultos del procés saben de este obstáculo y por eso han acudido a distintas vías para intentar que el alto tribunal no frene el debate de la cuestión de fondo como ha ocurrido con Delgado.

La votación de la sala sobre el asunto se ha resuelto por cinco contra dos, y los magistrados que abogaban por la legitimidad para presentar recurso presentaran votos particulares.

PP y Vox se oponen a que el diputado morado mantenga su acta desmarcándose del informe de los letrados de la Cámara.