Tribunal Supremo

La asociación que se querelló contra el ex fiscal Anticorrupción pide, en un escrito remitido al Alto Tribunal al que ha tenido acceso infoLibre, que se oficie a la Agencia Tributaria para que aporte los modelos 347 de Tecnoconcret y Only Golf y para que informe si dicha documentación fue requerida, y en qué fecha, por el Ministerio Fiscal.

El tribunal considera que el control semanal no causa un perjuicio irreparable por lo que no se dan los parámetros para adoptar medidas cautelares.

La Fiscalía sostiene que el ex fiscal Anticorrupción no es responsable de que se archivase una denuncia presentada contra el expresidente de Madrid en 2009, a pesar de que el decreto de archivo lo firmó Moix y fue él quien adoptó ese acuerdo.

Sinergias de Vigilancia y Seguridad, cuyo convenio colectivo fue anulado por la Audiencia Nacional en julio, ha conseguido 1,4 millones de euros en contratos públicos sólo desde agosto.

En 2006, tras una identificación realizada en un dispositivo contra el consumo de drogas, hubo un "hostigamiento" de Rodríguez y otro acusado hacia los policías.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha enfatizado que los jueces tienen que asegurar los derechos reconocidos en la Constitución.

Desconvocarán la huelga prevista para el viernes 8 de septiembre y decidirán posibles futuras actuaciones. El abogado califica el laudo de "inconstitucional". 

Sólo un cambio en los contratos públicos y en la reforma laboral puede desactivar el conflicto abierto por la precariedad de los trabajadores del sector, advierten sindicatos y patronal.

Seguridad Integral Canaria planea quedarse con el contrato del Metro de Madrid y sus 560 trabajadores.

Seguridad Integral Canaria cederá, venderá o liquidará ahora estos contratos porque dice que no puede pagar los salarios de sus vigilantes.

El administrador de la sociedad comunica al comité de empresa el “cese de actividad” y la cesión y liquidación de sus contratos públicos y privados.

Su abogado, Mario Pascual Vives, alegó también que el marido de la infanta Cristina no tiene conocimiento de Derecho Administrativo y todo lo hacía pensando que actuaba correctamente.

El vigilante había perdido 600 euros al mes al cambiar el Ministerio de Defensa el adjudicatario que vigila sus instalaciones en toda España. Unos 500 guardias jurados pueden reclamar ahora la recuperación de sus salarios.

El TSJM acuerda desestimar los recursos de apelación interpuestos por el ex presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y de quien fuera su miembro de su equipo, D.C.F., contra los autos dictados por el magistrado instructor del conocido como ‘caso Púnica’.