Terrorismo sí, terrorismo no o tercera vía: tres escenarios tras el choque en la cúpula fiscal por el 'caso Tsunami'
Los fiscales de lo penal del Tribunal Supremo suelen reunirse semanalmente en el Palacio de Fontalba, sede de la Fiscalía General del Estado, para estudiar los diferentes asuntos que tienen entre manos y establecer el criterio a seguir. Estos encuentros, por lo general, no suelen alargarse mucho. Y apenas reciben atención mediática. Pero el cónclave de este martes ha sido bien diferente. En esta ocasión, lo que tenían sobre la mesa era el caso Tsunami, que se ha convertido en uno de los grandes escollos alrededor de la futura ley de amnistía. De ahí que la reunión haya sido mucho más intensa de lo normal. Casi cuatro horas han sido necesarias para conocer el veredicto final. Una posición que, sin embargo, puede ser ahora modificada por la teniente fiscal del Supremo, número dos de la carrera.
Los quince miembros de la Junta de Fiscales de lo Penal del Alto Tribunal tenían que pronunciarse sobre una propuesta de informe –elaborada por el fiscal de corte conservador Álvaro Redondo– que rechazaba pedir al Supremo la apertura de una causa por terrorismo contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont o el diputado del Parlament Rubén Wagensberg. Pero la mayoría de los asistentes se han posicionado en contra de dicho documento. Doce fiscales han considerado que las protestas derivadas de la sentencia del procés en el otoño de 2019 pueden tener encaje en los delitos de terrorismo. Y once han defendido que hay indicios suficientes como para pedir al Supremo que abra una causa contra los dos aforados.
La postura de los representantes del Ministerio Público en el Alto Tribunal supone un choque frontal con la posición que mantiene el fiscal de la Audiencia Nacional que lleva desde hace años metido a fondo en el caso Tsunami, Miguel Ángel Carballo. Miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales –como Redondo–, éste último ha rechazado que existan indicios suficientes como para actuar contra los dos aforados. Es más, en uno de sus últimos escritos consideraba "totalmente injustificada e inmotivada" la exposición razonada que el instructor del caso, el magistrado Manuel García-Castellón, elevó al Supremo para pedir que se hiciese cargo del asunto. La misma que ha motivado este martes el pronunciamiento de la Junta de Fiscales del Alto Tribunal.
En contra de las tesis defendidas por la mayoría de fiscales de lo penal del Supremo, Carballo tampoco aprecia en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional elementos suficientes como para sostener que los hechos bajo investigación puedan tener encaje en los delitos de terrorismo. Así, en uno de sus últimos informes resaltaba la "significativa" falta de argumentos de García-Castellón para imputar "hechos de matiz terrorista" a los investigados. "Lo actuado en este tiempo no ha arrojado elementos indiciarios que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal ni tampoco su carácter terrorista", insistía en otro de sus recursos recientes. Como mucho, defiende Carballo, podría hablarse de desórdenes públicos.
La Junta de Fiscales se ha celebrado en medio del enorme revuelo originado tras la filtración de un primer documento de Redondo en el que sí avalaba pedir la imputación por terrorismo de Puigdemont –una posición que terminó descartando una vez analizó a fondo el caso– y la insinuación de que ese cambio de postura tuvo su origen en una reunión mantenida con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tanto el Ministerio Público como el propio afectado salieron públicamente a negar que se hubieran producido injerencias de ningún tipo. "Mi único criterio de actuación es y ha sido siempre la más estricta aplicación de la ley y la promoción de la justicia, desde la más absoluta imparcialidad, y sin aceptar presión alguna de nadie", apuntó Redondo en un comunicado.
Los escenarios que se abren
Aquel primer "documento de trabajo", como lo calificó el fiscal y que terminó siendo filtrado, se lo hizo llegar al fiscal jefe de lo Penal, Fidel Cadena. Éste ha sido uno de los representantes del Ministerio Público que se ha mostrado este martes a favor de pedir al Supremo la imputación de Puigdemont por terrorismo. Una posición que también han compartido los otros dos fiscales que, junto a él, mantuvieron la acusación por terrorismo en el juicio del procés: Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza.
Esta tesis, sin embargo, no ha sido respaldada por el otro fiscal jefe de lo Penal, Joaquín Sánchez-Covisa, quien se decantaba por avalar de principio a fin el informe de Redondo. Las discrepancias entre ambos jefes es lo que, finalmente, ha propiciado que el asunto se termine elevando a la mesa de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. Será ella, su superior jerárquica, la que acabe fijando la postura que mantendrá el Ministerio Público ante el Alto Tribunal.
Esta forma de proceder viene perfectamente recogida en el artículo 24 del Estatuto del Ministerio Fiscal, el que recoge el funcionamiento de las Juntas de Fiscales: "Los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de informe, prevaleciendo después del libre debate el criterio del fiscal jefe. Sin embargo, si esta opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes, deberá someter ambas a su superior jerárquico". Sánchez Conde, que ejerció como fiscal jefe del Constitucional, fue designada teniente fiscal del Tribunal Supremo –número dos de la carrera fiscal– a comienzos de 2022, con Dolores Delgado al frente del Ministerio Público. En la pertinente reunión del Consejo Fiscal, recibió el apoyo de los cuatro representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), aunque en la actualidad no pertenecería a ella, según las fuentes consultadas.
La teniente fiscal del Alto Tribunal deberá, por tanto, determinar ahora cuál será la tesis definitiva que mantendrá el Ministerio Público ante el Supremo en relación con el caso Tsunami. Una posibilidad es que asuma la posición que este martes ha defendido la mayoría de la Junta de Fiscales. Otra, que corrija el criterio mayoritario y descarte tanto que los hechos puedan tener encaje en los delitos de terrorismo como que existan indicios sólidos como para pedir la imputación del expresident Carles Puigdemont. "No está obligada a seguir el criterio de la Junta", afirman algunas fuentes fiscales consultadas por infoLibre, que vaticinan que "lo más probable" es que ese termine siendo el sentido del informe que Sánchez Conde acabe elaborando.
Ahora bien, otras fuentes deslizan también la posibilidad de que pueda acabar adoptando una posición intermedia. Es decir, que considere que no se puede descartar el terrorismo pero que no vea por el momento indicios sólidos para ir contra el exlíder del Ejecutivo catalán, lo que implicaría pedir al Tribunal Supremo que se devuelva el caso a la Audiencia Nacional. De hecho, en la Junta de Fiscales de lo Penal de este martes al menos dos de sus miembros han señalado que los hechos objeto de investigación podrían tener encaje en los delitos de terrorismo pero, al mismo tiempo, han rechazado que haya por ahora indicios suficientes como para pedir al Alto Tribunal que asuma la investigación contra el expresident de la Generalitat.
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El informe que redacte la teniente fiscal será el que se envíe directamente al Supremo. La posición que en él se incluya es importante. Ahora bien, no determina el futuro del caso Tsunami. La última palabra corresponde a la Sala de Admisiones del Alto Tribunal, que será la que finalmente decida si asume la causa o si no ve elementos para ello y se la devuelve a García-Castellón. El magistrado designado para elaborar la propuesta sobre la admisión o no de la exposición razonada elevada por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional es Juan Ramón Berdugo.
El hecho de que se pongan sobre la mesa delitos de terrorismo tiene una importancia que trasciende el ámbito meramente jurídico. La imputación de estos tipos es lo que determina, en primer lugar, que el caso Tsunami siga siendo investigado en la Audiencia Nacional –si no, tendría que enviarse a los juzgados de Cataluña–. Y por otro lado, lo que puede complicar la aplicación de la ley de amnistía que aún se está cocinando en el Congreso de los Diputados a la docena de investigados en este procedimiento: desde Puigdemont o Wagensberg hasta la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Al fin y al cabo, la actual redacción de la norma excluye el terrorismo del ámbito de aplicación de la norma de olvido jurídico.
No es la primera vez en los últimos meses que los fiscales de lo Penal del Supremo se convierten en protagonistas. A mediados de noviembre, los cuatro miembros del Ministerio Público que dirigieron la acusación en el juicio del procés –Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno– remitieron una carta al fiscal general del Estado en la que sostenían que el acuerdo político entre PSOE y Junts que mencionaba el lawfare arrojaba "sospechas" de parcialidad sobre su actuación en dicho procedimiento. De ahí, que pidieran "amparo institucional" a García Ortiz. Una semana después, otros dieciocho fiscales de lo Penal del Alto Tribunal remitieron otra carta a su jefe en la que le acusaban de "ignorar deliberadamente" la demanda de los fiscales del procés.
