La guerra de poder en El Corte Inglés, que en junio de 2018 condujo al cese de Dimas Gimeno como presidente y un año después a la designación de su prima Marta Álvarez, ha llegado al Tribunal Constitucional (TC). El salto en esta batalla, que hace más de dos años comenzó a dirimirse en varios juzgados, lo ha dado María Antonia Álvarez, madre de Dimas Gimeno y hermana de Isidoro Álvarez, el hombre que catapultó hasta la cima al grupo de distribución y lo convirtió en un auténtico emporio.

La madre de Gimeno ha recurrido en amparo ante el TC después de que la Audiencia de Madrid confirmase en abril el archivo de su denuncia contra dos de los consejeros con mayor anclaje en la empresa, a los que señalaba como autores de una confesión de "presuntos delitos" relacionados con la herencia de Isidoro Álvarez, fallecido en 2014.  La presentación del recurso no garantiza que el TC lo admita a trámite. A día de hoy, el tribunal no ha comunicado aún en qué punto se encuentra la tramitación del asunto.

¿En virtud de qué acude la hermana de Isidoro Álvarez al Constitucional? Con el argumento de que considera vulnerado su derecho constitucional a la tutela judicial activa "por indefensión". La clave que esgrime es que el archivo de la denuncia se produjo sin que se hubiera efectuado ninguna diligencia de prueba. Ni siquiera la que el mismo juez instructor que cerró el caso había ordenado previamente: la toma de declaración de la denunciante. El día fijado para su comparecencia, María Antonia Álvarez, entonces con 82 años, no acudió al juzgado. Remitió un justificante médico por enfermedad y esperó una nueva cita. No le llegó.

La madre de Dimas Gimeno había presentado su denuncia el 20 de julio de 2018, un mes después de que su hijo fuera destituido por ocho votos de los 10 del consejo de administración. Al texto, muy escueto y sin un relato de hechos definido, María Antonia Álvarez adjuntó dos audios en sendos pendrives que declaró haber recibido en su domicilio en sobre anónimo y en los que, según narraba la denuncia, se oye a los consejeros Florencio Lasaga y Carlos Anselmo Martínez Echavarría "confesando presuntos delitos y actuaciones ilegales sobre diferentes hechos pertenecientes a la herencia de D. Isidoro Álvarez Álvarez". infoLibre no ha podido acceder a esos audios.

Portavoces de El Corte Inglés declinaron este lunes pronunciarse sobre el nuevo eslabón en lo que ya constituye una larga cadena de acciones judiciales en el campo de la jurisdicción civil y mercantil que, según fuentes jurídicas, continúa pendiente de resolución final. Otras fuentes, en cambio, sostienen que Dimas Gimeno y su madre han perdido todos los casos. Al menos una de las demandas civiles seguía viva el 10 de octubre, fecha en que la Audiencia de Madrid dejó constancia de la presentación de un recurso.

Una herencia multimillonaria

Una vez presentada la denuncia y desvelada la identidad de los dos consejeros señalados por la hermana de Isidoro Álvarez, eldiario.es publicó en agosto de 2018 que ambos negaban la acusación y anunciaban acciones legales. Por lo que este periódico ha podido conocer ahora a través de fuentes de muy distinto tenor, ninguno de los dos acudió a los tribunales.

Ni la denuncia ni el recurso de amparo incorporan detalles sobre el contenido de los audios que María Antonia Álvarez conceptuaba como cruciales para sustentar su acusación: la de que en la herencia dejada por su hermano había asuntos delictivos por medio. Uno de los dos señalados por su denuncia, Carlos Martínez Echavarría, había sido el albacea del testamento de Isidoro Álvarez. Tras su muerte, elconfidencial.com publicó que solo las acciones de El Corte Inglés legadas a sus herederos ascendían a 1.500 millones.

El juez al que había correspondido el caso, el 41 de instrucción de Madrid, dictó el sobreseimiento provisional el 19 de diciembre de 2018. "De lo actuado –se lee en el único folio a una cara que conforma la resolución dictada por el magistrado Juan Carlos Peinado– no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa". El recurso de amparo coloca en primerísimo plano esa frase: "No puede entrar a valorar el Juez instructor “que de lo actuado” [no se justifica la perpetración del delito], cuando no se ha realizado ninguna actuación".

La denunciante impugnó el auto de arhivo, primero ante el propio juez de instrucción y luego ante la Audiencia Provincial. La Fiscalía se había declarado favorable a la reapertura y aunque un tanto farragoso, el escrito del ministerio público dejó claro el porqué de su posición: "Por entender que procede citar en calidad de testigo a la recurrente requiriéndola para que detalle los extremos de su denuncia inicial y aporte la documental relativa a las imputaciones realizadas".

Pero el 26 de abril de este año, la Audiencia de Madrid confirmó el cierre. En lo que quien ahora acude al TC en amparo considera un acto sorprendente, la Audiencia entró en el fondo del asunto. El tribunal madrileño dedicó el grueso de sus fundamentos jurídicos a subrayar que la grabación y difusión de una conversación de terceros es ilegal. La Audiencia no reservó ningún espacio a lo que la recurrente esgrime: que el juez no llegó a escucharla.

La presentación del recurso se inscribe en una compleja y se diría que cruenta guerra de familia dentro de una de las más poderosas empresas del país. La adopción de las hermanas Marta y Cristina por Isidoro Álvarez –adopción cuando eran mayores de edad y a las que se opone la madre de Dimas Gimeno– así como el referido y primordial reparto de la herencia tras su fallecimiento ya habían originado varias demandas de María Antonia Álvarez. 

Pero la discordia no giró nunca en torno a esos dos únicos puntos. En mayo de 2018, el consejo de administración ya dio el primer paso hacia la destitución de Dimas Gimeno como presidente, cargo que había asumido tras la muerte de su tío Isidoro. En la primavera de ese año y apoyadas en ejecutivos históricos de la compañía, las hijas de Isidoro Álvarez acusaban a su primo de hacer una mala gestión y de "deslealtad". 

La desconfianza hacia Gimeno venía de más lejos. En octubre de 2017 y en una decisión inédita el consejo retiró los poderes ejecutivos a Gimeno y nombró a dos históricos de la casa, Jesús Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo consejeros delegados, el primero al cargo del área corporativa y el segundo, de los grandes almacenes. "Fue toda una declaración de guerra", esgrimieron en declaraciones a infoLibre fuentes próximas a Gimeno, que consideran la medida un ataque a la "voluntad de Isidoro Álvarez": "Él –dijeron los próximos a quien ya había iniciado un declive imparable– quiso que Dimas Gimeno fuera el presidente de El Corte Inglés".

Para las hermanas Marta y Cristina Álvarez, así como para quienes en aquel momento ya eran sus claros apoyos dentro de los grandes almacenes españoles por antonomasia, quien había sido "desleal" con Isidoro Álvarez era el sobrino Dimas Gimeno. Isidoro Álvarez –sostenían en aquel momento– "dejó claro en el testamento que quería que las acciones de IASA [Isidoro Álvarez SA] se mantuvieran unidas”, destacan. Por el contrario, Dimas Gimeno quiere disolver la sociedad patrimonial, dueña del 22,18% del capital de El Corte Inglés y segundo mayor accionista tras la Fundación El Corte Inglés, que posee el 37,39% y preside Florencio Lasaga. IASA se reparte, tal y como dejó escrito Isidoro Álvarez en su testamento, entre un 69% para ambas hermanas y un 31% para Dimas Gimeno, su madre, María Antonia Álvarez, y su tío César Álvarez. El objetivo de segregar las participaciones sería controlar de forma directa lo que ahora es un control indirecto de las acciones de El Corte Inglés. En total, Gimeno y su familia poseen el 7,2% del capital. Las hermanas, a través de IASA, el 15%.

El consejo de administración de El Corte Inglés ha aceptado la renuncia como consejero de Dimas Gimeno, expresidente del grupo, tras el acuerdo alcanzado entre las partes, informó la cadena de grandes almacenes y recogió Europa Press.

La renuncia de Gimeno se produce horas antes de que este domingo se celebre la junta general del grupo, en la que se iba a estudiar su cese como miembro del consejo. Con la salida de Gimeno del máximo órgano de gobierno, se extingue toda su relación jurídica con el Grupo El Corte Inglés.

A mediados del pasado mes de junio, el consejo de administración de El Corte Inglés aprobó por unanimidad la destitución de Dimas Gimeno como presidente y aprobó el nombramiento de Jesús Nuño de la Rosa como presidente ejecutivo.

Nuevos consejeros

La junta de accionistas de El Corte Inglés ha aprobado la ampliación del consejo de administración de 10 a 11 miembros con la entrada de Fernando Becker como consejero independiente y la vuelta de Corporación Ceslar, que estará representada por Carlota Areces, según ha informado la compañía en un comunicado.

El grupo ha señalado que con estos cambios se apuesta por la "profesionalización" del órgano rector y el "avance hacia las mejoras prácticas" del gobierno corporativo.

El presidente Jesús Nuño de la Rosa propuso a la aprobación de la junta esta reordenación del consejo para tener representados a "todos los accionistas relevantes, e incorporar consejeros independientes que refuercen su profesionalidad".

Respecto a la vuelta de Corporación Ceslar, que fue expulsada del consejo en 2015 tras mostrar su rechazo a la entrada en el accionariado del jeque catarí Al-Thani, la firma ha señalado que este regreso "refuerza la unidad accionarial de la compañía".

Por su parte, Becker, catedrático de Economía y que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Iberdrola donde ha ocupado siempre puestos de alta responsabilidad, entra como consejero independiente para aportar "una mayor profesionalización del consejo y un nuevo avance en gobierno corporativo".

De esta forma y tras estas incorporaciones, el consejo de administración se amplía a 11 miembros, tras la renovación de Florencio Lasaga, Carlos Martínez Echavarría y Cartera Mancor, representada por Paloma García Peña.

El órgano rector queda formado por Nuño de la Rosa como presidente del grupo y por los consejeros Marta y Cristina Álvarez Guil, Florencio Lasaga Munárriz, Carlos Martínez Echavarría, Manuel Pizarro Moreno, Víctor del Pozo Gil, Shahzad Shahbaz, Cartera Mancor, Corporación Ceslar y Fernando Becker, mientras que Antonio Hernández-Gil ejerce las funciones de secretario.

Nuño de la Rosa ha destacado en su discurso que El Corte Inglés inicia una nueva etapa en la que se quiere dar "un nuevo impulso en transparencia y buen gobierno corporativo" y ha recordado la decisión adoptada en el primer consejo de administración que presidió con la creación de las comisiones de Nombramientos y Retribuciones, y la de Responsabilidad Social Corporativa.

El consejo de administración de El Corte Inglés ha destituido a Dimas Gimeno como presidente y ha nombrado al hasta ahora consejero delegado Jesús Nuño de la Rosa en su lugar. Lo ha hecho casi por unanimidad. El cese fue apoyado por ocho de los nueve miembros del consejo presentes, ya que Dimas Gimeno no asistió. El representante del jeque catarí Hamad Bin Yasim Bin Jaber Al Thani se abstuvo cuando se votó el cese de Gimeno, pero apoyó la designación de Nuño de la Rosa como nuevo presidente, según han informado fuentes de la cúpula de la compañía.

Dimas Gimeno, que fue nombrado presidente en septiembre de 2014 tal y como había decidido su antecesor y tío, Isidoro Álvarez, ha anunciado que impugnará en los tribunales el consejo celebrado este jueves. La convocatoria que él mismo había realizado de un consejo extraordinario el 12 de julio queda, según explican fuentes próximas a Gimeno, a expensas de lo que determine el juez. El ya expresidente continuará como miembro del consejo al menos hasta que se celebre la junta general de accionistas en agosto. La asamblea puede entonces decidir también su cese en ese puesto. Y casi el 67% del capital ha apoyado su salida de la presidencia.

Tanto la Fundación El Corte Inglés, que preside Florencio Lasaga, como las hermanas Álvarez Guil apoyan el cese del presidente. La fundación posee el 37,39% de las acciones; las hijas de Isidoro Álvarez, a través de la patrimonial IASA, controlan el 15%. Dimas Gimeno tiene el 7% también a través de IASA, que en total cuenta con el 22% de El Corte Inglés y cuyo voto deciden las hermanas Álvarez Guil por ser las mayoritarias. Cartera Mancor, la sociedad patrimonial de la familia García Miranda, posee el 7%. Otro 9% está en manos de Corporación Ceslar, propiedad de la familia Álvarez Areces, que fue expulsada del consejo en 2015. El jeque catarí se hará con hasta el 12,5% cuando capitalice el préstamo de 1.000 millones de euros que concedió a la compañía hace tres años. Finalmente, los directivos de El Corte Inglés son los dueños de un 6% de las acciones.

Fuentes de la cúpula de la empresa se han felicitado por el resultado de la votación con la que, a su juicio, “recupera la normalidad en los órganos de gobierno de El Corte Inglés”. Además de destacar la “unidad del consejo”, las mismas fuentes sitúan al nuevo presidente y al consejero delegado, Víctor del Pozo, como quienes “mejor conectan con el espíritu de Isidoro Álvarez”. Ambos fueron promocionados por el anterior presidente, fallecido en 2014, cuando se encontraban en la treintena. “Son una apuesta por la profesionalización y la gestión”, aseguran.

Ocho meses de pugna interna

El cambio en el timón de los grandes almacenes se produce después de ocho meses de conflicto. El pasado octubre el consejo de administración desposeyó de competencias ejecutivas a Dimas Gimeno y nombró a dos consejeros delegados en su lugar: Jesús Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo. El primero quedó al cargo del área corporativa y el segundo, de la comercial. Se estrenaba una bicefalia desconocida en el gigante de la distribución. Al tiempo, prendía la pólvora. Gimeno abrió 2018 con una inusual actividad pública para un presidente de El Corte Inglés, con discursos en el Foro Económico de Davos (Suiza), la Cámara de Comercio de Barcelona, la Confederación de Altos Ejecutivos y Directivos (CEDE) y en el World Retail Congress, al lado del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Pero de puertas hacia dentro, las hijas adoptivas de Isidoro Álvarez, Marta y Cristina Álvarez Guil, apoyadas por dos consejeros históricos, Florencio Lasaga Munárriz y Carlos Martínez Echavarría, acusaban a Dimas Gimeno de “deslealtad” con el legado del presidente fallecido. Su gestión era insatisfactoria, intentaba capitalizar la salida a Bolsa y otras decisiones que ya no le correspondían a él sino a los consejeros delegados después de no “no haber hecho nada en tres años y medio”, no fue capaz de formar un equipo y le han abandonado sus directivos… eran algunas de sus quejas. También le atribuían la campaña de “noticias falsas” sobre la empresa que los medios comenzaron a publicar en torno a los contratos supuestamente irregulares que el director de Seguridad de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo, había firmado con dos empresas de vigilancia de las que éste resulta ser propietario.

Por el contrario, Dimas Gimeno se presentaba como el gestor llamado a modernizar la empresa, a “ponerla en el siglo XXI, a abrir puertas y ventanas y levantar alfombras”, en lucha contra “la vieja guardia” reacia a instaurar “los principios del buen gobierno corporativo y la transparencia”. Tribunales, campaña mediática, negociaciones

Aunque la batalla no es sólo corporativa. La familia de Gimeno ha interpuesto hasta cuatro demandas judiciales relacionadas con la herencia de Isidoro Álvarez. Reclama la nulidad de la reducción de capital de IASA –la patrimonial que comporte con las hermanas Álvarez Guil– que se acordó para repartir bienes entre los herederos. La madre de Dimas Gimeno denunció también que heredó cinco millones de euros cuando, asegura, debieron ser 10 millones.

Para ganar la pugna en el consejo de administración, Dimas Gimeno intentó recabar el apoyo del jeque catarí, sin éxito según se ha visto después. Tampoco tuvo el de Paloma García Peña, quien representa a Cartera Mancor, la sociedad patrimonial de la familia García Miranda. Ni el de Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y exdiputado del PP. El consejo ordinario que se celebró el 30 de mayo aprobó las cuentas de 2017 y dejó para el extraordinario de este jueves la decisión sobre la continuidad de Gimeno. Entre una reunión y otra el enfrentamiento ha seguido aireándose en los medios, entre anuncios de impugnación judicial por parte de Dimas Gimeno y de desmentidos de la cúpula sobre la ambición de Marta Álvarez Guil de auparse a la presidencia de la compañía. Al tiempo, se sucedían las negociaciones para buscar una “salida ordenada” del sobrino de Álvarez que, finalmente, ha sido imposible, pese a que el traspaso del poder a Nuño de la Rosa parecía el único punto de contacto entre ambas partes. Es el primer presidente de El Corte Inglés que no pertenece a la familia fundadora.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Nuño de la Rosa fue director general de Viajes El Corte Inglés desde 1998 hasta octubre de 2017, cuando fue nombrado consejero delegado del grupo. “El Corte Inglés es una compañía líder que ha destacado siempre por su capacidad de innovación y de adaptación a las nuevas necesidades de los clientes. Tenemos ante nosotros retos importantes y apasionantes para los que contamos con un gran equipo de profesionales. Estamos ilusionados y preparados para ganar ese futuro”, han sido sus primeras declaraciones como presidente de El Corte Inglés, tal y como las ha enviado la compañía en un comunicado.

La batalla final por el poder en El Corte Inglés se librará este jueves. Siete de los miembros de su consejo de administración han convocado para el día 14 a mediodía una reunión extraordinaria del máximo órgano del grupo con un único punto en el orden del día: el cese del actual presidente y el nombramiento de su sustituto. De los 10 consejeros, se desconoce cuál será el voto de Manuel Pizarro y del represente del jeque catarí Hamad Bin Yasim Bin Jaber Al Thani, pero el resto apoya la destitución de Dimas Gimeno.

La convocatoria del jueves la han realizado los siete consejeros después de que el presidente de El Corte Inglés se negara a hacerlo en el plazo legal de 30 días tras haber sido aprobada por unanimidad del propio consejo el pasado 30 de mayo. En cambio, Gimeno ha convocado otro consejo extraordinario para el día 12 de julio, con un orden del día que incluye la creación de una comisión de nombramientos y retribuciones, el plan estratégico de la compañía y su salida a bolsa, la adopción de normas de buen gobierno y un informe sobre el cumplimiento de los requisitos legales para convocar un consejo de administración extraordinario, que el presidente cree que no se han respetado.

Fuentes próximas a Dimas Gimeno no aclaran a infoLibre cuál es el objeto de convocar un consejo para dentro de un mes cuando el presidente tiene tantas probabilidades de ser destituido este mismo jueves. Fuentes de la cúpula de El Corte Inglés, en cambio, aseguran que se trata de “una argucia jurídica” para anular el consejo del día 14 y se muestran “convencidas” de la legalidad de la convocatoria.

Gimeno se reunió este miércoles con Nuño de la Rosa, uno de los dos consejeros delegados –junto a Víctor del Pozo– nombrados el pasado mes de octubre cuando el mismo consejo desposeyó al presidente de sus poderes ejecutivos. También con el secretario del consejo, Antonio Hernández-Gil, en un intento de pactar “una tregua de conversación y de diseñar una salida ordenada”, pero “sin éxito”, explican las fuentes próximas al presidente.

En las dos últimas semanas se han sucedido las negociaciones entre las dos partes enfrentadas, pero el acuerdo ha sido imposible. Las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil y sus apoyos en el consejo pretendían que Dimas Gimeno dimitiera antes del día 14, sus familiares desistieran de las cuatro demandas judiciales que han presentado y se llevara a cabo una sustitución “ordenada”. Así, Nuño de la Rosa aparece como el mejor posicionado para ser el nuevo presidente de El Corte Inglés, un ejecutivo con 30 años de experiencia en la compañía. Fuentes de la cúpula niegan que Marta Álvarez Guil, una de las hijas adoptivas de Isidoro Álvarez,el anterior presidente, tenga interés alguno en el puesto, una opción que cuenta con el rechazo total de Gimeno. Desde el miércoles, además, los puentes de diálogo han quedado definitivamente rotos y sólo resta esperar el resultado de la votación en el consejo del jueves.

Contra el 67% del capital

La convocatoria de la reunión extraordinaria para destituir a Dimas Gimeno fue apoyada por las hermanas Álvarez Guil, los históricos Florencio Lasaga Munárriz y Carlos Martínez Echavarría, el expresidente de Endesa y exdiputado del PP Manuel Pizarro, Shahdaz Shahbaz, representante del jeque catarí, y Paloma García Peña, en nombre de Cartera Mancor, propietaria del 7% de las acciones. De ser depuesto, Gimeno continuará como consejero, aunque puede ser apeado también de ese cargo si así lo decide la junta de accionistas en agosto.

Tanto la Fundación El Corte Inglés, que preside Florencio Lasaga, como las hermanas Álvarez Guil apoyan el cese del presidente. La fundación posee el 37,39% de las acciones; las hijas de Isidoro Álvarez, a través de la patrimonial IASA, controlan el 15%. Dimas Gimeno tiene el 7% también a través de IASA, que en total cuenta con el 22% de El Corte Inglés y cuyo voto deciden las hermanas Álvarez Guil por ser las mayoritarias. Cartera Mancor, la sociedad patrimonial de la familia García Miranda, posee el 7%. Otro 9% está en manos de Corporación Ceslar, propiedad de la familia Álvarez Areces, que fue expulsada del consejo en 2015. El jeque catarí se hará con hasta el 12,5% cuando capitalice el préstamo de 1.000 millones de euros que concedió a la compañía hace tres años. Finalmente, los directivos de El Corte Inglés son los dueños de un 6% de las acciones. Es decir, a falta de conocerse las afinidades de Corporación Ceslar, del jeque catarí y de los directivos propietarios de acciones, casi el 67% del capital respalda la destitución de Dimas Gimeno.

Desposeído de competencias ejecutivas

La pugna entre el presidente y la cúpula de la compañía saltó a la luz cuando Dimas Gimeno pasó a ser un presidente sin poderes ejecutivos. Con el comienzo del nuevo año, su presencia pública se hizo constante y llamativa, incluyendo un acto con la presencia –y apoyo– del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Planteaba alianzas con otras empresas para hacer frente a Amazon y anunciaba sus planes para sacar El Corte Inglés a bolsa. Después saltó a los periódicos la existencia de posibles irregularidades en la concesión de los contratos a dos empresas de vigilancia propiedad del director de Seguridad de la empresa, Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo. Gimeno pidió una auditoría, que El Corte Inglés ha encargado a Ernst & Young, también auditor externo de la compañía. Éste ha paralizado su investigación a la espera de que El Corte Inglés haga su propia indagación previa.

Mientras, la cúpula del grupo acusaba a Gimeno de “deslealtad” con la herencia de Isidoro Álvarez, su tío y quien precisamente le había designado sucesor. Las hermanas y los consejeros históricos le reprochan también que no haya ejecutado en los últimos tres años –fue nombrado en 2014– el plan estratégico, la salida a Bolsa o la creación de la comisión de nombramientos, todo lo que está reclamando ahora. Dimas Gimeno, por el contrario, defiende su gestión como un intento de “poner a la empresa en el siglo XXI” y aplicar los principios del buen gobierno corporativo, frente a la “vieja guardia”,anclada en unos métodos de gestión desfasados.

La crisis económica hizo sufrir a El Corte Inglés, un gigante que parecía inmune a cualquier contratiempo económico pero que terminó siendo adelantado por Mercadona a partir de 2010, primero en facturación y luego en beneficios. La caída del consumo hundió las cifras de los históricos grandes almacenes. Pasó de una facturación –17.898 millones de euros– y unas ganancias –747 millones– de récord en 2007 a desplomarse un 20,5% sus ingresos en 2013 y hasta un 84,2% los resultados en 2014. Tocó fondo, aunque desde entonces ha logrado recuperarse algo. Las últimas cifras conocidas son las de 2016 –El Corte Inglés cierra sus ejercicios en febrero y presenta las cuentas anuales en agosto–: ha aumentado su volumen de negocio hasta los 15.505 millones de euros y los beneficios hasta 161,9 millones.

Aun así, esas cifras quedan lejos de los tiempos de apogeo anteriores a la crisis. De hecho, la empresa no ha conseguido que su Ebitda –resultado bruto de explotación– crezca un 12% anual durante tres ejercicios como le había prometido al jeque catarí en su acuerdo para entrar en el capital. En 2015 aumentó un 10,4% y en 2016, un 7,5%. Cuando presentó sus últimas cuentas el pasado agosto, El Corte Inglés quitó a hierro a esos números en la confianza de que en 2017 el ebitda se dispare para compensar los porcentajes de los dos años anteriores.

La suerte de Dimas Gimeno se decidirá a mediados de junio en el consejo de administración extraordinario cuya convocatoria se ha aprobado por unanimidad este miércoles en la reunión del máximo órgano ejecutivo de El Corte Inglés. A los cuatro consejeros que solicitaron el pasado mayo un consejo extraordinario para destituirle se han unido en la petición el expresidente de Endesa y exdiputado del PP Manuel Pizarro, Shahdaz Shahbaz, representante del jeque catarí Hamad Bin Yasim Bin Jaber Al Thani, y Paloma García Peña, que representa a Cartera Mancor, propietaria del 7% de las acciones. Los dos primeros no han hecho público cuál será el sentido de su voto, pero García Peña, las hermanas Álvarez Guil, los históricos Florencio Lasaga Munárriz y Carlos Martínez Echavarría, y los dos consejeros delegados, Jesús Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo, ya han declarado su apoyo al cese de Dimas Gimeno. Para que prospere la destitución, son necesarios seis de los 10 consejeros, y contra el presidente ya suman siete.

El consejo de administración, que duró dos horas y media, aprobó también por unanimidad las cuentas de 2017, que se presentarán en agosto. Y escuchó el plan estratégico que le detalló Gimeno, así como sus planes de salida a Bolsa de la empresa. Pero ni ambos puntos, añadidos por el presidente al orden del día, ni su petición de que se auditen los contratos de seguridad de la compañía, fueron sometidos a votación. Según fuentes próximas a Gimeno, “la mayor parte del consejo” se mostró “de acuerdo” tanto con el plan estratégico como con la hoja de ruta para la salida a Bolsa expuestos por el presidente.

Por el contrario, fuentes críticas con su gestión, que calificaron la reunión de “tensa”, explican que de forma “unánime” el consejo reprochó a Dimas Gimeno que presentara esos planes cuando “esa tarea es competencia de los consejeros delegados, que son quienes tienen los poderes ejecutivos”. En octubre, el consejo desposeyó de sus competencias ejecutivas a Gimeno, que fueron trasladadas a Jesús Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo. Además, las mismas fuentes aseguran que todo el consejo es favorable a la salida a Bolsa de la empresa y de crear una comisión para prepararla, “algo que ya figuraba en el acuerdo con el inversor catarí y sobre lo que Gimeno no ha hecho nada en tres años”.

El consejo no ha aplacado la hostilidad entre las partes enfrentadas por el poder en El Corte Inglés. Las fuentes próximas a Dimas Gimeno sostienen que Marta Álvarez Guil “intentó colar” en el turno de ruegos y preguntas la destitución del presidente, pero que ni Florencio Lasaga, ni Carlos Martínez Echavarría ni Manuel Pizarro ni Shahdaz Shahbaz se mostraron de acuerdo. “Indicaron que no era el momento, que el tema sólo debía tratarse en el consejo extraordinario”, aseguran. Sin embargo, las fuentes críticas con Gimeno replican que es “absolutamente falso” que se introdujera el cese en ese turno. “Hubo ruegos y preguntas, pero para decidir sobre el consejo extraordinario”, apuntan, “la continuidad o cese del presidente no tocaba hoy”.

Lo que sí hubo, según este mismo grupo, fue un “reproche unánime” a la “política de noticias falsas” de la que hace responsable al presidente. Las hermanas Álvarez Guil, hijas de Isidoro Álvarez, y los consejeros delegados atribuyen a Dimas Gimeno la filtración a la prensa de unas supuestas irregularidades en los contratos que El Corte Inglés ha firmado con dos empresas de vigilancia propiedad del director de Seguridad de la empresa, Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo. Gimeno ha pedido una auditoría, que El Corte Inglés ha encargado a Ernst & Young, también auditor externo de la compañía. Éste acaba de paralizar su investigación a la espera de que El Corte Inglés haga su propia indagación previa.

Verano en conflicto

Como la petición formal y por escrito de convocar el consejo de administración extraordinario fue realizada el pasado 10 de mayo y el plazo para hacerlo es de 30 días naturales desde la fecha de solicitud, el presidente de la empresa debería ponerle fecha antes del 4 de junio, el próximo lunes. Si no lo convoca, lo hará un tercio del consejo. De forma que la reunión debería celebrarse en la primera quincena de junio. De ser sustituido, Dimas Gimeno continuará como consejero, aunque puede ser apeado también de ese puesto si así lo decide la junta de accionistas en agosto.

Tanto la Fundación El Corte Inglés, que preside Florencio Lasaga, como las hermanas Álvarez Guil, apoyan el cese del presidente. La fundación posee el 37,39% de las acciones; las hijas de Isidoro Álvarez, a través de la patrimonial IASA, controlan el 15%. Dimas Gimeno tiene el 7% también a través de IASA, que en total cuenta con el 22% de El Corte Inglés y cuyo voto deciden las hermanas Álvarez Guil por ser las mayoritarias. Cartera Mancor, la sociedad patrimonial de la familia García Miranda, tiene el 7%. Otro 9% está en manos de Corporación Ceslar, propiedad de la familia Álvarez Areces, que fue expulsada del consejo en 2015. El jeque catarí se hará con hasta el 12,5% cuando capitalice el préstamo de 1.000 millones de euros que concedió a la compañía hace tres años. Finalmente, los directivos de El Corte Inglés son los dueños de un 6% de las acciones. Es decir, a falta de conocerse las afinidades de Corporación Ceslar, del jeque catarí y de los directivos propietarios de acciones, casi el 67% del capital respalda la destitución de Dimas Gimeno.

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, sigue al frente del gigante de la distribución tras el consejo de administración celebrado este miércoles, a la espera por tanto del consejo extraordinario que se celebrará previsiblemente en la primera quincena de junio, donde se abordará su cese y el nombramiento de su sustituto, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la reunión.

La decisión de dejar para un consejo posterior el relevo de Gimeno se acordó por unanimidad, si bien siete consejeros ya anticiparon la orientación de su voto favorable al cese del directivo.

La celebración de dicho consejo extraordinario para abordar el cese había sido solicitada por seis de los diez consejeros, Florencio Lasaga, Carlos Martínez Echevarría, Víctor del Pozo, Jesús Nuño de la Rosa y las hermanas Marta y Cristina Álvarez, a los que se sumó este miércoles Paloma García Peña, en representación de Cartera Mancor.

También respaldó la celebración del consejo extraordinario de junio Manuel Pizarro y el representante del jeque catarí, aunque ellos no expresó el sentido de su voto.

Si en el consejo de junio se mantienen las posturas actuales, la posición favorable a la salida de Gimeno contaría con el respaldo del 70% del consejo.

Fuentes próximas al directivo explicaron a Europa Press que en el turno de ruegos y preguntas las hermanas Álvarez habrían pedido la salida de Gimeno ante la oposición de Florencio Lasaga, Martínez Echevarría, Pizarro y del representante del jeque catarí, si bien fuentes cercanas al otro bloque familiar negaron que Marta y Cristina hayan realizado tal planteamiento.

En el caso de ser cesado como presidente el próximo mes de junio y relevado en el cargo, Gimeno continuaría como consejero hasta la celebración de la junta de accionistas de agosto, en la que incluso podría ser cesado también como miembro del consejo de administración, salvo que presentara antes su dimisión.

El consejo celebrado este miércoles aprobó por unanimidad las cuentas del grupo correspondientes al ejercicio 2017, cerrado el pasado 28 de febrero.

Hasta el pasado lunes, el consejo de administración del grupo tenía como único punto del orden del día la aprobación de las resultados de la compañía, aunque Gimeno, en su potestad de presidente, decidió incluir otros puntos, como la presentación de un plan estratégico, la salida a Bolsa de la compañía, la aplicación de la normativa del Buen Gobierno Corporativo, con la incorporación de consejeros independientes, y la solicitud de información sobre la auditoría del área de seguridad, encargada a EY.

Fuentes cercanas al hasta ahora presidente explicaron que Gimeno desarrolló durante su intervención los objetivos del plan estratégico para mejorar la rentabilidad del grupo y su salida a Bolsa, sin que estos puntos hayan sido sometidos a votación.

Las mismas fuentes, no obstante, resaltaron que el plan de futuro de la compañía fue bien acogido por el consejo, extremo que también fue rechazado por fuentes cercanas al bloque contrario, quienes afirmaron que dicho plan y sus objetivos estratégicos es competencia de los consejeros delegados, una vez despojado Gimeno de sus funciones ejecutivas.

La muerte de Isidoro Álvarez en septiembre de 2014 y su relevo por Dimas Gimeno ha llevado a El Corte Inglés a una insólita, y peligrosa, pugna por el poder que comienza a dirimirse este miércoles en la mesa de su consejo de administración. El gigante de los grandes almacenes, paradigma de solidez empresarial y hasta ahora casi imbatible en su sector, está aireando por primera vez en sus casi 80 años de historia la feroz bronca desatada entre el presidente no ejecutivo y las hijas de su antecesor.

El consejo de administración, en principio convocado para aprobar las cuentas del ejercicio de 2017, no destituirá a Dimas Gimeno. La decisión se espera para el consejo extraordinario que se celebrará en la primera quincena de junio y cuya convocatoria han solicitado cuatro de los 10 consejeros. Pero el ordinario tampoco será pacífico. Gimeno ha introducido en el orden del día nuevos asuntos: un plan estratégico con un calendario para la salida a Bolsa de la empresa, la incorporación de consejeros independientes y la auditoría encargada a Ernst & Young sobre unos contratos de seguridad de la compañía que han despertado sospechas.

En esa mesa el sobrino de Isidoro Álvarez no encontrará muchos apoyos. Ni para aprobar sus propuestas ni para evitar la destitución. De los 10 consejeros, las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil –las hijas de Isidoro Álvarez– cuentan con el respaldo de Florencio Lasaga Munárriz y Carlos Martínez Echavarría, dos históricos de la empresa, así como de Jesús Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo, ambos nombrados consejeros delegados el pasado mes de octubre. También el de Paloma García Peña, que representa a Cartera Mancor, propietaria del 7% de las acciones. Las únicas dudas recaen sobre Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y exdiputado del PP, y Shahzad Sahabaz, representante del jeque catarí Hamad Bin Yasim Bin Jaber al Thani.

En realidad, la contienda se reveló hace siete meses, cuando en una decisión inédita el consejo retiró los poderes ejecutivos a Gimeno y nombró a De la Rosa y Del Pozo consejeros delegados, el primero al cargo del área corporativa y el segundo, de los grandes almacenes. “Fue toda una declaración de guerra”, esgrimen fuentes próximas a Gimeno, que consideran la medida un ataque a la “voluntad de Isidoro Álvarez”: “Él quiso que Dimas Gimeno fuera el presidente de El Corte Inglés”.

A su juicio, no había ninguna “razón objetiva” para desposeer al sobrino de sus funciones ejecutivas ni la hay ahora para destituirlo de la presidencia. Su gestión, añaden, ha sido buena, encaminada a “poner a la empresa en el siglo XXI, a abrir puertas y ventanas y levantar alfombras”. Las mismas fuentes plantean el clima de hostilidades como una batalla entre “la vieja guardia”,anclada en unos métodos de gestión desfasados, y un presidente empeñado en la modernización de la empresa y en aplicar “los principios del buen gobierno corporativo y la transparencia”.

Por el contrario, fuentes de El Corte Inglés críticas con Gimeno atribuyen la decisión de octubre a las deficiencias de la gestión del presidente. “No ha habido un plan estratégico, los beneficios y las ventas no han crecido al ritmo esperado y se ha recortado la rentabilidad”, aseguran. También se quejan de que Dimas Gimeno pretenda ahora “capitalizar” la salida a Bolsa, “cuando los dos consejeros delegados llevan preparándola desde octubre”. Le echan en cara también que no hiciera “nada”, ni preparar el estreno en el parqué ni elaborar un plan estratégico, en los tres años y medio anteriores que ha permanecido al frente de la empresa.

Como prueba de su deficiente desempeño, las mismas fuentes aseguran que le han abandonado un buen número de altos ejecutivos: la directora de Compras, el director de Redes Sociales, el de Marketing y el de Recursos Humanos. “No ha sabido hacer un equipo propio ni transmitir ideas de negocio que convenzan”, le reprochan. El otro bando replica que “a alguno se le ha invitado a irse y otros se han marchado por razones personales; por ejemplo, el responsable de Redes Sociales se ha mudado a Milán con su pareja”.

“Deslealtad”

Para las hermanas Álvarez Guil y sus apoyos dentro de la empresa, quien ha sido “desleal” con Isidoro Álvarez ha sido el sobrino. “Él dejó claro en el testamento que quería que las acciones de IASA [Isidoro Álvarez SA] se mantuvieran unidas”, destacan. Por el contrario, Dimas Gimeno quiere disolver la sociedad patrimonial, dueña del 22,18% del capital de El Corte Inglés y segundo mayor accionista tras la Fundación El Corte Inglés, que posee el 37,39% y preside Florencio Lasaga. IASA se reparte, tal y como dejó escrito Isidoro Álvarez en su testamento, entre un 69% para ambas hermanas y un 31% para Dimas Gimeno, su madre, María Antonia Álvarez, y su tío César Álvarez. El objetivo de segregar las participaciones sería controlar de forma directa lo que ahora es un control indirecto de las acciones de El Corte Inglés. En total, Gimeno y su familia poseen el 7,2% del capital. Las hermanas, a través de IASA, el 15%.

Las fuentes próximas a Marta y Cristina Álvarez Guil añaden más motivos de “deslealtad” para querer apartar a su primo de la presidencia. Le atribuyen la responsabilidad de una “campaña de difamación” tras filtrarse a la prensa los contratos firmados por el director de Seguridad de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo, con dos empresas de las que éste resulta ser propietario.

Dimas Gimeno pidió una auditoría sobre los contratos “hace tres años”, explican las fuentes próximas al presidente, “pero el consejo de administración sólo la aprobó hace tres meses”. Y se encargó a Ernst & Young, la misma firma que audita las cuentas de El Corte Inglés desde hace un año. “No quieren que se haga una auditoría”, acusan las fuentes, “que además debería encargarse a una firma especializada en forensic [investigación de fraudes], no al auditor de la compañía”.

Ernst & Young acaba de suspender sus trabajos, tras pedir a El Corte Inglés que realice primero su propia investigación sobre los contratos bajo sospecha.

Finalmente, las hermanas Álvarez Guil acusan a su primo de “defender sus intereses personales” en detrimento de la empresa. En esa hoja de ruta encuadran la intensa campaña pública que Dimas Gimeno emprendió una vez desposeído de sus funciones ejecutivos. Con un comportamiento desconocido hasta ese momento en El Corte Inglés, el presidente comenzó a protagonizar titulares. Primero fue en el Foro de Davos, donde se da cita cada año la élite económica y financiera mundial, después en la Cámara de Comercio de Barcelona y ante la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), para culminar en el World Retail Congress con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Sus anuncios sobre el reto del comercio on line y sus propuestas de alianza con el pequeño comercio y otros grandes de la distribución frente a Amazon sorprendieron a muchos. También a la propia empresa, apuntan ahora los críticos a su gestión. “¿Por qué habla ahora del desafío del comercio electrónico y no lo ha hecho en estos últimos tres años y medio?”, se preguntan.

Por su parte, las fuentes próximas a Dimas Gimeno dirigen el tiro hacia Florencio Lasaga, que preside la Fundación El Corte Inglés y, dicen, es quien realmente manda. “Es una disputa sobre cómo gestionar la compañía, como siempre, como un cortijo, o como una empresa moderna”, resumen. El bando contrario lo desmiente con rudeza. “Dicen que quieren profesionalizar la gestión, ¿es que los consejeros delegados no son profesionales? Llevan 30 años en la empresa con cargos de la máxima responsabilidad y son profesionales de probada eficacia”, resaltan. Del Pozo era hasta ahora director de Retail y antes, subdirector de Compras, tras una carrera al completo en El Corte Inglés. De la Rosa ha sido director general de la compañía y de la filial de Viajes. Las fuentes no discuten la edad de Lasaga y Echavarría, 84 años, pero defienden su posición: “Algún día tendrán que jubilarse, pero han hecho muchísimo por esta casa”.

También la herencia

Aunque no sólo es una pelea por la gestión. También por la herencia de Isidoro Álvarez. Según las fuentes próximas a Dimas Gimeno, el anterior presidente “no lo hizo muy bien” cuando redactó el testamento. En este caso, las disputas se dirimen en los tribunales. La familia del sobrino ha presentado cuatro demandas en total. Reclaman la nulidad de la reducción de capital de IASA que se acordó para repartir bienes entre los herederos. La madre de Dimas Gimeno denunció también que heredó cinco millones de euros cuando, asegura, debieron ser 10 millones. Precisamente, el juicio por la primera demanda se celebrará este jueves, el día siguiente al consejo de administración que puede dar el primer empujón hacia la salida al presidente no ejecutivo.

Si Gimeno es destituido también de ese cargo en el consejo extraordinario, aún conservará su asiento en ese órgano. Pero puede quedar fuera, en cualquier caso, si así lo decide la junta de accionistas que se celebrará en agosto. Queda por ver qué votan tanto el jeque catarí como Manuel Pizarro. Y, entre los accionistas, cuáles son las lealtades de la Corporación Ceslar, poseedora del 9% de las acciones. Es la sociedad patrimonial de algunos de los sobrinos de Isidoro Álvarez, que también protagonizaron una agria disputa cuando se opusieron a la entrada del jeque de Catar en la empresa, acudieron a los tribunales y perdieron su puesto en el consejo.

Otro tanto ocurre con el propio inversor árabe, al que Gimeno ha intentado atraer a su causa y que se hará con hasta el 12,5% de las acciones cuando capitalice los 1.000 millones de euros que prestó a la compañía hace tres años. Al Thani también es el propietario de los grandes almacenes británicos Harrod’s y de los franceses Printemps, que adquirió no sin polémica.

Golpeado por la crisis

La crisis económica hizo sufrir a El Corte Inglés, un gigante que parecía inmune a cualquier contratiempo económico pero que terminó siendo adelantado por Mercadona a partir de 2010, primero en facturación y luego en beneficios. La caída del consumo hundió las cifras de los históricos grandes almacenes. Pasó de una facturación –17.898 millones de euros– y unas ganancias –747 millones– de récord en 2007 a desplomarse un 20,5% sus ingresos en 2013 y hasta un 84,2% los resultados en 2014. Tocó fondo, aunque desde entonces ha logrado recuperarse algo. Las últimas cifras conocidas son las de 2016 –El Corte Inglés cierra sus ejercicios en febrero y presenta las cuentas anuales en agosto–: ha aumentado su volumen de negocio hasta los 15.505 millones de euros y los beneficios hasta 161,9 millones..

Aun así, esas cifras quedan lejos de los tiempos de apogeo anteriores a la crisis. De hecho, la empresa no ha conseguido que su Ebitda –resultado bruto de explotación– crezca un 12% anual durante tres ejercicios como le había prometido al jeque catarí en su acuerdo para entrar en el capital. En 2015 aumentó un 10,4% y en 2016, un 7,5%. Cuando presentó sus últimas cuentas el pasado agosto, El Corte Inglés quitó a hierro a esos números en la confianza de que en 2017 el ebitda se dispare para compensar los porcentajes de los dos años anteriores.

Para este último ejercicio, Dimas Gimeno avanzó el pasado abril ante la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) que el beneficio iba a crecer “a doble dígito” y las ventas aumentarían “a un ritmo superior a la media del conjunto consumo”, sin precisar más.

Además, la crisis trajo convulsiones inéditas en una empresa de propiedad familiar, acostumbrada a negociar con sindicatos dóciles y con una nula exposición a los medios más allá de las campañas promocionales. A fin de salir del pozo de los peores tiempos de la crisis, El Corte Inglés tuvo que refinanciar una deuda de 3.650 millones de euros, lanzar una emisión de bonos por importe de 600 millones en la Bolsa de Irlanda y vender parte de la empresa a un jeque catarí por 1.000 millones más.

También recortó las condiciones laborales de su plantilla de tal forma que perdió entre 2013 y 2015 más de 3.000 trabajadores. La congelación de salarios, el aumento de jornada, la supresión del plus por trabajar los domingos y el recorte en las comisiones llevaron a un buen número de trabajadores a pedir la baja voluntaria durante esos años. Desde 2007, cuando El Corte Inglés tenía 109.800 empleados, hasta 2016, la plantilla se ha reducido en 18.110 personas. El año pasado se gastó 178 millones de euros en un plan de bajas voluntarias por el que dejaron la empresa 1.341 trabajadores.

Adiós a su rama industrial, el desafío electrónico

Otra de las víctimas de la crisis fue la rama industrial de El Corte Inglés, que comenzó a desmantelar en 2007, en un lento y continuado proceso que ha costado el puesto de trabajo a casi 3.000 personas. Induyco, fundada en 1955, llegó a ser una de las principales factorías textiles de España. Era el fabricante de marcas como Tintoretto, Síntesis o Amitie. En 1977 empleaba a 7.000 trabajadores, de los que en 2011, justo antes de su fusión con El Corte Inglés y posterior desaparición, quedaban sólo 908. Otra de sus empresas, Móstoles Industrial, la mayor factoría de esa ciudad madrileña y fabricante de los muebles de cocina Forlady, sufrió cuatro expedientes de regulación de empleo (ERE) en dos años, que diezmaron la plantilla: los 1.106 trabajadores de 2007 se quedaron en sólo 150 en 2015.

Al tiempo, ha tenido que hacer frente al desafío del comercio electrónico. Hasta el momento, El Corte Inglés no ha querido hacer público cuánto factura por internet. Sólo explica que en 2016 sus ventas on line crecieron un 40%, un 60% el número de sus pedidos por este canal y un 25% el tráfico en su web.

Pero, según la clasificación que elabora la feria de comercio electrónico y marketing digital eShow Barcelona, mientras Amazon facturó en España 4.241,1 millones de euros en 2017, las ventas por internet de El Corte Inglés se quedaron en sólo 683,8 millones. Es decir, la compañía de Jeff Bezos multiplica por seis las que hace Dimas Gimeno por internet. Si Amazon consiguió el año pasado 53 millones de pedidos en España, El Corte Inglés únicamente gestionó 3,7 millones.

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, lleva desde enero en campaña contra los grandes operadores internacionales del comercio electrónico, encarnados en el gigante Amazon. Comenzó el año levantando la voz en el Foro Económico de Davos (Suiza) y a partir de ese momento ha aprovechado cada ocasión en que se le ofrecía una tribuna para reclamar competencia “en igualdad de condiciones” y “reglas homogéneas” de juego para todos. “Los operadores on line no están sujetos a restricciones de horarios comerciales ni de establecimiento, y su fiscalidad no se asemeja al marco en que nos movemos las empresas de distribución tradicionales”, se quejaba Dimas Gimeno en la Cámara de Comercio de Barcelona en marzo.

El mismo discurso repitió un mes más tarde en Madrid ante 200 directivos de la confederación que los agrupa. “No puede ser que nosotros paguemos impuestos cuando ellos no lo hacen, o que no se tenga en cuenta la cantidad de riqueza que generamos en un país”, planteó. Según la clasificación que elabora la feria de comercio electrónico y marketing digital eShow Barcelona, Amazon facturó en España 4.241,1 millones de euros en 2017, mientras que las ventas on line de El Corte Inglés se quedaron en 683,8 millones. Es decir, la compañía de Jeff Bezos multiplica por seis las que hace Dimas Gimeno por internet. Si Amazon consiguió el año pasado 53 millones de pedidos en España, El Corte Inglés sólo gestionó 3,7 millones.

Se entiende, pues, la preocupación por el futuro del presidente del hasta ahora gigante español de la distribución –con el permiso de Mercadona–: la cuota de mercado de los operadores on line alcanza el 5% en España, pero en los próximos tres años se duplicará.  Y en otros países de la UE ya es del 15%, según las previsiones que el propio Dimas Gimeno ofreció en Barcelona.

De ahí también que El Corte Inglés esté cubriendo todos los frentes. Lo mismo ofrece a los pequeños comercios salir a la búsqueda de “puntos en común que permitan consolidar la posición y aumentar la competitividad” de todo el sector, como propone al enemigo una “vía de colaboración” para crear una plataforma europea que agrupe a operadores convencionales y tecnológicos, al estilo de como ha hecho Google con Walmart en Estados Unidos o el mismo Corte Inglés con Samsung para compras con móvil y con Alipay –el sistema de pago de Alibaba– para sus clientes chinos.

Todo el sector se siente amenazado

“El comercio electrónico es la cuestión que más inquieta al sector, sin distinción de formatos”, explica José Guerrero, secretario general de la Confederación Española de Comercio (CEC), que agrupa a 450.000 minoristas. Así que aceptan el puente que les tiende Dimas Gimeno. “Si Anged [la patronal de las mayores cadenas de distribución] nos plantea alguna estrategia común, la analizaremos con ánimo de colaborar”, concede, más allá de la batalla que han mantenido históricamente pequeños y grandes minoristas. La CEC no quiere hacer sangre con sus competidores, aunque reconoce entre dientes que ahora Amazon está aplicando a los grandes distribuidores casi la misma medicina que éstos hicieron tragarse a los pequeños comercios en su día.

Dimas Gimeno se queja de que Amazon puede vender las 24 horas y las tiendas físicas no pueden permanecer abiertas siempre. Hay que recordar que las grandes superficies han conseguido extender la liberalización de los horarios comerciales y la apertura en domingos y festivos, frente a los reparos del pequeño comercio, incapaz de competir manteniendo abiertas las puertas de las tiendas casi los 365 días del año y casi a cualquier hora.

Además, los operadores on line están por encima de las fronteras, venden desde otros países y carecen de tiendas físicas, por lo que no les afectan las restricciones de establecimiento –licencias de apertura, impuestos– que sí sufren las cadenas tradicionales. También las tiendas pequeñas.

Ahora Gimeno hace valer también su “proximidad” al cliente frente a Amazon. “Estamos a menos de dos horas de casi toda la población española”, presume el presidente de El Corte Inglés de sus establecimientos en el centro de las principales ciudades –“Ofrecemos cercanía”–, al tiempo que Anged promete “experiencias de compra” en las tiendas físicas de sus asociados –Carrefour, Ikea, Fnac, Cortefiel, Eroski, Media Market–.

Impuestos mínimos

El presidente de El Corte Inglés también protesta por los impuestos mínimos que paga Amazon. Pese a sus millonarios beneficios, El Corte Inglés disfruta de las mismas exenciones y deducciones que benefician a las mayores compañías en el impuesto de sociedades. En 2016 pagó al fisco 15,48 millones de euros, un 8,7% de sus beneficios. Ese ejercicio ha sido el primero desde 2011 en que la compañía presidida por Dimas Gimeno ha hecho un ingreso a Hacienda por este concepto. Aunque en todo este tiempo no dejó de ganar dinero, el líder nacional de la distribución no tributó por sus beneficios durante cinco años consecutivos, al tiempo que Hacienda le devolvía un total de 343,33 millones de euros gracias a deducciones y compensaciones de pérdidas de años anteriores.

En unas polémicas declaraciones el año pasado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sorprendió a muchos criticando que las grandes empresas tributen en España a un tipo efectivo de sólo el 7%, mientras que las pymes soporten una carga del 18%. Unas cifras que coinciden con las que suele airear el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

Claro que, en comparación, Amazon, al igual que otros gigantes tecnológicos transnacionales como Google, Facebook o Apple, pagan aún menos impuestos, y no sólo en España sino también en toda Europa. Tan escandalosamente escasos que Bruselas lleva ya un tiempo empeñada en conseguir que tributen por sus multimillonarios beneficios allí donde se producen. La última propuesta es un impuesto del 3% sobre las ganancias, que apoyan España, Alemania, Francia e Italia. Además, la UE no ha dudado en reclamarle a Amazon los 250 millones de euros en ventajas fiscales ilegales obtenidas por el gigante gracias a los acuerdos que firmó con Luxemburgo. Allí es donde está radicada Amazon EU Sarl. Según destacó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, esos pactos permiten a la empresa de Bezos pagar cuatro veces menos impuestos que el resto de las empresas.

En España, la empresa declara que en 2017 pagó cuatro millones de euros por el impuesto de sociedades, el triple que un año antes –1,17 millones–. Pero casi cuatro veces menos de lo que abonó en 2016 El Corte Inglés. Lo hizo a través de las cuatro sociedades con que cuenta en el país: Amazon Spain Services, Amazon Spain Fulfillment, Amazon Web Services y Amazon Online Spain. “Amazon paga todos los impuestos que se requieren en cada país donde opera”, explica la compañía. “Los beneficios se han mantenido bajos debido a las fuertes inversiones y al hecho de que el comercio minorista es una actividad altamente competitiva y de bajo margen”, añade en la respuesta que Amazon facilita a este periódico cuando se le pregunta por las declaraciones de Dimas Gimeno durante los últimos meses, la misma que ha venido repitiendo cada vez que un medio de comunicación le ha pedido un comentario. El gigante on line cifra en 500 millones el dinero que ha invertido en España desde 2011, pero no proporciona ni su volumen de facturación ni la cifra de sus “bajos” beneficios.

Precarización laboral

Aunque Gimeno no habló de ellas, Amazon también le ha ganado la partida en la flexibilización, o precarización, de las condiciones de trabajo precarización, de las condiciones de trabajo de sus plantillas. El gigante de Bezos vivió el pasado marzo su primera huelga en España, que los trabajadores estudian extender al resto de Europa. Protestan porque la multinacional quiere aplicarles un convenio colectivo que rebaja sus actuales condiciones. En represalia por la huelga, aseguran los sindicatos convocantes, la empresa se ha deshecho este mes de 100 empleados temporales. Amazon cifra en 1.600 el número de sus trabajadores fijos y en 10.000 los empleos indirectos que genera. Pero no precisa cuántos temporales tiene. Los contrata a través de ETT y encadenan contratos semana tras semana para mover paquetes en sus almacenes. Amazon cuenta con seis centros logísticos en Madrid y Barcelona, así como un centro de desarrollo de software y otro de apoyo a las pymes europeas.

La crisis, que aumentó el paro y, por tanto, hundió el consumo, golpeó también a El Corte Inglés, que reaccionó, junto al resto del sector, recortando las condiciones de trabajo de su plantilla. El convenio del sector aprobado en 2013 congeló salarios, aumentó jornadas laborales, eliminó el pago del trabajo obligatorio en domingos y festivos, redujo comisiones de venta… El malestar se tradujo en una cuantiosa pérdida de plantilla: si se retrotrae hasta 2010 alcanza los 11.000 trabajadores. En 2017 ejecutó un plan de bajas voluntarias que supuso la salida de 1.340 empleados de más de 58 años. Según CCOO, en todo el sector de grandes almacenes la pérdida de trabajadores ha sido de 70.000 personas entre 2013 y 2016.

En este tiempo también ha reducido El Corte Inglés su porcentaje de empleo indefinido, que llegó a ser del 94% en 2012 y 2013, y ahora se encuentra en el 88%. Por el contrario, ha crecido el porcentaje de sus trabajadores a tiempo parcial, que alcanzó un mínimo del 27% en 2009 y en 2014 se elevó hasta el 32% –la empresa ha dejado de publicar los dos últimos ejercicios en su informe de responsabilidad social corporativa el porcentaje de trabajadores a jornada completa–. Atendiendo a la plantilla media con empleo a tiempo completo, ésta se ha recortado en un 9,2% desde 2011 hasta 2016: 8.180 trabajadores menos.Rajoy y Bruselas, al rescate

El caso es que, tras la penúltima intervención de Dimas Gimeno, Mariano Rajoy pareció echarle un capote al sector en plena ofensiva contra Amazon. “Estamos trabajando en el seno de la UE y de la OCDE para tener un marco regulatorio eficaz y justo que se adapte a la era digital. Por ello, nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente para que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones”, adelantó el presidente en el World Retail Congress en Madrid.

“Los gobiernos y los políticos han sufrido una especie de síndrome de Estocolmo con Amazon, les han abierto las puertas y ahora ven la realidad de lo que significan estos marketplaces [el neologismo con que se conocen las plataformas tecnológicas donde, a modo de mercados virtuales, terceros pueden vender sus productos]”, se queja el dirigente de la CEC. Para José Guerrero, la cantidad que los Presupuestos del Estado dedica al comercio minorista es “ridícula” y “decepcionante”. Para que los pequeños comercios puedan aumentar su actividad en internet, éstos necesitan “más apoyo financiero para inversiones: ayudas, créditos, formación, jornadas de sensibilización…”, puesto que sus dificultades son mayores que las que deben afrontar las grandes cadenas. “Y no tenemos la sensación de que el Gobierno tenga la sensibilidad que sí muestra con el taxi, por ejemplo”, apunta el responsable patronal.

Pero no sólo Rajoy parece estar en sintonía con las demandas de El Corte Inglés, sino también Bruselas. Anged acaba de difundir un informe de la Comisión Europea que, además de pedir una tributación “justa y efectiva” de la economía digital, critica el “impacto negativo” que tiene la “acumulación de regulaciones” sobre el sector y defiende “un entorno empresarial favorable”. Los hábitos de consumo han cambiado y las tiendas físicas tienen muchas más dificultades para adaptarse a ellos por culpa de las “restricciones” que sólo les afectan a ellas, y no a los operadores on line, explica el documento.

Entre ellas, la Comisión Europea cita las licencias de apertura, a veces condicionadas al tamaño del establecimiento o a determinadas zonas de las ciudades, los límites horarios, los calendarios de rebajas y los impuestos a los grandes centros comerciales. Así, España resultar ser el segundo país con más restricciones de funcionamiento para el comercio minorista, sólo por detrás de Francia, y el noveno con mayores limitaciones al establecimiento de nuevos negocios de este tipo. “Muchas de estas restricciones pueden justificarse por objetivos legítimos de las políticas públicas; sin embargo, su acumulación puede levantar barreras desproporcionadas para los nuevos negocios y, por tanto, afectar negativamente a la productividad del sector”, argumenta la Comisión.

El documento, en cualquier caso, también apoya las quejas de los pequeños comerciantes reconociendo los mayores obstáculos que deben superar para digitalizarse: “No siempre adoptan con facilidad las nuevas tecnologías y, en general, tienen menos recursos, menos conocimientos y menos capacidad para diseñar y aplicar cambios estructurales”.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de apoyar la legalidad de los impuestos autonómicos españoles a las grandes superficies. El TJUE ha contestado a la cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal Supremo tras impugnar Anged los impuestos de Cataluña, Asturias y Aragón. Según el tribunal europeo, esos gravámenes no vulneran “ni la libertad de establecimiento ni el derecho en materia de ayudas de Estado”, tampoco establecen “ninguna discriminación directa”. Por el contrario, el TJUE considera “innegable que el impacto medioambiental de los establecimientos comerciales depende en gran medida de sus dimensiones”. 

A toda velocidad

“No es una cuestión de peleas entre grandes y pequeños”, responde un portavoz de Anged a infoLibre, “sino de repensar una regulación anacrónica que se diseñó en los años 80 y de crear un marco equiparable para todos”. La patronal de los grandes almacenes calcula que en la última década el sector ha invertido 14.000 millones de euros en digitalizarse. “Si el consumidor compra desde el móvil, el comercio tendrá que estar ahí donde esté el consumidor”, resume.

En la Unión Europea, el 68% de los usuarios de internet –que representan el 81% de la población– compraron on line en 2017on line. De ellos, el 33% compraron a vendedores de otros estados miembros y el 23% de fuera de la UE, indica la Comisión.

Pero, aun sin guerra, será difícil superar intereses contrapuestos. Para empezar, las grandes cadenas pugnan por acabar con las limitaciones a los periodos de rebajas; los pequeños no quieren ni oír hablar de liberalización. “Es una cuestión prioritaria: si queremos mantener la oferta diversificada de que disfrutamos ahora, el modelo equilibrado que tenemos en España, debe haber cierta regulación”, subraya José Guerrero. Pero también reclama una reacción “rápida e inmediata” al desafío del comercio electrónico. “Porque si no, entramos en una dinámica peligrosa”, advierte el secretario general de la CEC, “ya estamos volviendo a cifras de cierre de tiendas asimilables a las del comienzo de la crisis, en 2008 y 2009, cuando en teoría estamos saliendo de ella, y corremos el peligro de terminar con las calles comerciales desiertas”. Según las últimas cifras que ofrece la CEC al respecto, en su memoria de 2016, ese año cerraron 58.365 comercios minoristas, 5.594 más de los que abrieron. En los últimos 12 meses, sólo los comercios más pequeños han perdido ventas, un 2,5%, mientras que las pequeñas cadenas las han aumentado un 2,5%, las grandes cadenas las disparan un 5,4% y las grandes superficies ganan un 2,6% en facturación, según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). ¿Qué parte de culpa en esas diferencias tiene la competencia on line? Un dato final: el comercio electrónico creció el año pasado a un ritmo del 25%, revelan las estadísticas de Anged; el comercio tradicional no superó el 3,3%.

El Corte Inglés pagó el año pasado en el impuesto de sociedades 15,48 millones de euros, un 8,7% de sus beneficios, según los datos facilitados por la propia empresa a preguntas de infoLibre. El ejercicio de 2016 ha sido el primero desde 2011 en que la compañía presidida por Dimas Gimeno ha hecho un ingreso a Hacienda por este concepto. Pese a que en todo este tiempo no ha dejado de ganar dinero, el líder nacional de la distribución no tributó por sus beneficios durante cinco años consecutivos, al tiempo que el fisco le devolvía un total de 343,33 millones de euros devolvía gracias a deducciones y compensaciones de pérdidas de años anteriores.

El Corte Inglés tuvo un resultado positivo antes de impuestos de 177,3 millones de euros. Deducidos los 15,48 millones en impuestos antes citados, el beneficio neto del grupo queda en 161,86 millones, un 2,4% más que el año anterior. Es la consecuencia de un aumento de la facturación del 2%, hasta alcanzar los 15.504,57 millones de euros.

En los seis últimos ejercicios (2011 a 2016, ambos incluidos), hay tres cifras que destacan en la contabilidad de El Corte Inglés: obtuvo unos beneficios totales de 986,59 millones de euros, repartió en dividendos entre sus accionistas 221,26 millones y redujo su plantilla en 7.633 trabajadores. 

Mayores beneficios

Ya es el segundo ejercicio consecutivo en que El Corte Inglés aumenta sus beneficios, remontando así los resultados de 2014, cuando ganó sólo 118,08 millones de euros, un resultado alarmante para una empresa que en 2007 había alcanzado un récord de 747,59 millones de euros, seis veces más. Así, la compañía se mantiene aún lejos de las cifras beneficio y de negocio anteriores a la crisis: en 2007 facturó casi 18.000 millones de euros, unos 3.000 millones más que el año pasado.

Para reducir su factura fiscal, el gigante español de la distribución se vale de los mecanismos establecidos por la ley, como deducciones por doble imposición, tanto nacional como internacional, por publicidad y propaganda de eventos, y por reinversión de beneficios extraordinarios. Hasta el punto de que en 2015, por ejemplo, no sólo consiguió rebajar a cero los pagos a Hacienda, sino que de los 158,13 millones de euros de beneficios que comunicó, el 55,7% procedía en realidad de devoluciones fiscales: sus beneficios antes de impuestos representaron sólo 77 millones. En 2014 fueron aún menores: 14,8 millones de los 118 apuntados en sus cuentas.

Subida del dividendo

El Corte Inglés ha celebrado los resultados de 2016 como los del “tercer año de la recuperación”, con un aumento del 7,5% de su ebitda –resultado antes de intereses e impuestos– respecto al ejercicio anterior. Y se muestra “tranquilo” ante el acuerdo que cerró en 2015 con el jeque Hamad Bin Yassim Bin Jaber Al Thani, ex primer ministro de Qatar y uno de los mayores inversores del mundo: a cambio de que éste adquiriera 1.000 millones de euros en acciones, debe cumplirse al menos en un 95% el plan de negocio del grupo, que incluye un crecimiento de su ebitda del 12%. Según explica un portavoz de El Corte Inglés, “más que de alcanzar una cifra exacta, se trata de cumplir una serie de variables”. En caso contrario, el grupo deberá pagar al catarí en acciones hasta un 1% del capital, dependiendo de cuánto se haya desviado de los objetivos. Independientemente de los resultados, en 2018, el jeque, que ya es su tercer mayor accionista, será dueño de un 12,25% del capital de El Corte Inglés.

La entrada del inversor de Qatar tenía por objeto reducir la abultada deuda de la empresa de Dimas Gimeno. A cierre del ejercicio de 2016, asciende a 3.834 millones de euros, mientras que un año antes era un poco menor, 3.692 millones.

Con la mejora del resultado, El Corte Inglés ha aumentado también el dividendo que, pese a la crisis y al recorte del beneficio, no ha dejado nunca de repartir. Este año serán 50 millones de euros, por encima de los 35 millones distribuidos en 2015 y de los 25 millones de 2014 y 2013, los dos peores ejercicios de la empresa en beneficios y facturación, respectivamente. En 2016, por tanto, se superará el dividendo repartido tanto en 2012 como en 2011, cuando se distribuyó el equivalente al 10% del valor de cada acción: 42,73 millones el primer año y 43,53 millones el segundo.

Reducción de plantilla

Durante la crisis El Corte Inglés ha encogido notablemente su plantilla, que llegó a tener 102.700 empleados en 2010. Desde entonces, ha perdido 11.000 trabajadores, ahora cuenta con 91.690. Se ha mantenido inalterado el porcentaje de mujeres que integran la nómina, un 64%. En cambio, ha caído la cuota de personal con contrato indefinido, que llegó a ser del 94% en 2012 y 2013, y ahora se encuentra en el 88%. También ha aumentado el porcentaje de sus empleados a tiempo parcial, que alcanzó un mínimo del 27% en 2009 y en 2014 se elevó hasta el 32% –la empresa ha dejado de publicar los dos últimos ejercicios en su informe de responsabilidad social corporativa el porcentaje de trabajadores a jornada completa–. Atendiendo a la plantilla media con empleo a tiempo completo, ésta se ha recortado en un 9,2% desde 2011 hasta 2016: 8.180 trabajadores menos.

En consonancia con la reducción de plantilla, también han disminuido los gastos de personal, que el año pasado supusieron 2.522 millones de euros, un 12,56% por debajo de la cantidad asignada a este capítulo en 2010.

En 2015 y 2016 El Corte Inglés ejecutó un plan de bajas incentivadas que costó 178 millones de euros y supuso la baja en la empresa de 1.341 trabajadores. Ya antes, entre 2013 y 2014, unos 3.000 empleados abandonaron el grupo acogiéndose al derecho que les concede la ley para rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días por año de servicio si se sienten perjudicados por los cambios en sus condiciones laborales decididos por la empresa.

Las modificaciones de horario, jornada, salarios y comisiones de venta que el grupo aplicó durante la crisis forzaron su marcha. Los sindicatos llegaron a hablar de “ERE barato y encubierto”. De hecho, UGT y CCOO se negaron a firmar el convenio colectivo de la distribución negociado en 2013, que congelaba los salarios e imponía el trabajo en domingos y festivos sin compensación.

El Corte Inglés ha sumado otro año más sin pagar un euro a Hacienda. Pese a haber aumentado sus beneficios casi un 34% en 2015, no sólo no ha pagado nada por el impuesto de sociedades (IS) al fisco, sino que éste, además, le ha devuelto dinero: un total de 81,12 millones de euros. La primera empresa de distribución española lleva desde 2011 sin tributar por sus ganancias. También lleva el mismo tiempo recibiendo devoluciones de Hacienda: 103,27 millones de euros en 2014, 126,51 millones en 2013, 13,76 millones en 2012 y 18,67 millones más en 2011. En total, 343,33 millones de euros en los últimos cinco años.

Para ello se sirve de los mecanismos que le ofrece la ley: deducciones por doble imposición, tanto nacional como internacional, por publicidad y propaganda de eventos, o por reinversión de beneficios extraordinarios. Igualmente reduce su factura fiscal compensando pérdidas de años anteriores. Este último ejercicio –que cerró el pasado 28 de febrero y cuyos resultados presentó el pasado domingo–, El Corte Inglés ha aplicado las deducciones por doble imposición interna disponibles gracias a una operación con Ingondel, una sociedad de cartera que le ha proporcionado las acciones necesarias para dar entrada en su consejo de administración aljeque catarí Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani.

Ese mecanismo permite a las empresas no tributar dos veces por una misma operación. En el caso de Ingondel, por el traspaso de acciones a El Corte Inglés SA. El jeque catarí, ex primer ministro del emirato y uno de los mayores inversores del mundo, entró en 2015 en el accionariado de El Corte Inglés tras adquirir un 10% de su autocartera por 1.000 millones de euros. En realidad, se trata de un préstamo que sólo se convertirá en acciones en 2018. Mientras, la empresa habrá tenido que pagar a Al Thani un 5,25% de interés anual, con lo cual el jeque será propietario entonces de un 12,25% de las acciones. Más incluso, si el grupo de distribución no consigue los resultados que le he prometido.

Pues bien, ese paquete de acciones lo adquirió previamente El Corte Inglés de Ingondel SL, una sociedad creada en 1993 por César González Delgado y su familia, fundadores de los grandes almacenes, para gestionar sus acciones de la matriz. Éstos se la vendieron a El Corte Inglés en 2009 por un importe que Expansión cifró en su día entre 328 y 468 millones de euros.

La Ley del Impuesto de Sociedades establece deducciones del 35% al 100% de la cuota imponible por las rentas derivadas de operaciones con filiales de las que la matriz posea al menos el 5% del capital. De ahí proceden los 81,1 millones de euros que Hacienda ha devuelto a la sociedad presidida por Dimas Gimeno en 2015. En 2014 le reingresó más incluso: 103,27 millones de euros. De ellos, 58,7 millones procedieron de la actualización del tipo impositivo del 30% al 28%, rebajado en la última reforma fiscal, y otros 29,7 millones son deducciones fiscales –11,85 millones por doble imposición, 707.000 euros por publicidad de eventos, 7,9 millones por reinversión de beneficios y otros 9,2 millones agrupados en un apartado de “otras”, sin mayores especificaciones–. También aplicó 15,6 millones en créditos por deducciones y bonificaciones pendientes de otros años y, finalmente, compensó 5,22 millones por pérdidas de ejercicios anteriores.

Deducciones fiscales hasta 2032

Así se recoge en el informe anual de cuentas de 2014, donde se mostraban además las deducciones que aún tiene pendientes de aplicar en ejercicios futuros. Entre ellos, 80,66 millones por doble imposición interna, que son los que ha utilizado para recortar su factura fiscal en 2015. Para otros años le quedan todavía 2,34 millones de euros por doble imposición internacional, 66,82 millones por inversiones –hasta 2032–, 5,3 millones por hacer donativos a entidades sin fines de lucro –hasta 2024– y 28,21 millones por reinversión de beneficios extraordinarios –hasta 2029–. Es decir, El Corte Inglés puede seguir sin pagar a Hacienda o, al menos, recortando la cuantía de los impuestos por sus beneficios durante los próximos tres lustros.

En 2015 El Corte Inglés tuvo 158,13 millones de euros de beneficios, un 34% más que el año anterior, pero aún por debajo de lo que ganó en 2013 –174,35 millones– y en 2012 –164,17 millones–. Y a años luz de los 747 millones que anotó en sus cuentas de 2007. En realidad, de esos 158,13 millones de beneficios, el 55,7% procede pues de las devoluciones fiscales. Las ganancias antes de impuestos se quedan entonces en 77 millones de euros. En 2014 fueron aún menores: sólo 14,8 de los 118 millones que registró como beneficios finales.

Reducción de gastos financieros y de deuda

Si el foco se pone en los resultados del negocio antes de impuestos, El Corte Inglés ha conseguido aumentar sus beneficios reduciendo los gastos financieros un 21,38% y un 22,85% la deuda. En contraste, el resultado de explotación ha crecido sólo un 1,15%. De hecho, la cifra de negocio ha subido un exiguo 4,3%, bien es cierto que se duplica así el alza del 2,6% registrado en 2014.

Así, mientras la división de grandes almacenes ha obtenido beneficios de 170 millones de euros, tras aumentar su facturación un 7,8%, Hipercor sólo ha ganado 20.000 euros el último año, por lo que sus resultados se han desplomado desde los 5,28 millones que ganó en 2014. Bricor sigue perdiendo dinero, 8,67 millones de euros, aunque esa cifra supone una mejora del 14,2% respecto a 2014 –su facturación se ha disparado casi un 20%–. También el volumen de negocio de Informática El Corte Inglés ha sufrido un recorte, del 3,1%, por lo que su beneficio ha caído un nada despreciable 41%.

A reducir la deuda dedicó precisamente el grupo los 1.000 millones de euros que ha metido el jeque Al Thani. Aun así, la empresa de Dimas Gimeno debe aún a los bancos un total de 1.830,34 millones. Como fuentes de financiación alternativas, El Corte Inglés buscó por primera vez en su historia, además del socio catarí, una emisión de bonos en la Bolsa irlandesa, en enero de 2015 y por importe de 600 millones de euros, además de otra de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija española, por 300 millones a finales del pasado ejercicio. Ya en 2013 había recurrido a la Bolsa irlandesa con una emisión de bonos igualmente por 600 millones.

Tampoco ha contribuido a mejorar los resultados operativos el aumento de sus gastos de personal en 51,84 millones de euros, un 2%. Lo que le ha servido para que su plantilla –91.931 empleados– crezca en 494 trabajadores. Sí que ha contenido El Corte Inglés, en cambio, el capítulo de inversiones, que en 2015 se ha quedado en 358,9 millones de euros, tras recortarseun 37% menos desde 2012.

El Corte Inglés donó a la Iglesia católica ocho millones de euros con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en 2011 y, en contraprestación, el Arzobispado de Madrid se obligó a contratar con los grandes almacenes viajes y alojamientos, además de dos campañas publicitarias y a comprarle ordenadores, camisetas y mochilas, todo ello por un importe de 6,9 millones de euros.

El contrato entre el Arzobispado y El Corte Inglés ha sido desvelado por el grupo hacktivista La Nueve, vinculado a Anonymous, junto con un listado de todos los gastos del Departamento de Relaciones Externas de la empresa entre 2011 y 2016.

En el documento, la compañía de Dimas Gimeno justifica el donativo por su deseo de “colaborar en la realización, promoción y difusión” de la Jornada Mundial de la Juventud, cuya vigésimosexta edición se celebró en el Aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid) entre los días 16 y 21 de agosto de 2011. El papa Benedicto XVI presidió el acto, al que acudieron dos millones de personas de todo el mundo. Aunque El Corte Inglés tampoco oculta que con la donación pretende obtener los beneficios fiscales que la ley concede para estos eventos.

Así, los Presupuestos Generales del Estado del 2010 incluyeron a la Jornada Mundial de la Juventud entre los acontecimientos de “excepcional interés público” de 2011, lo que permitió a las empresas patrocinadores acceder a los beneficios fiscales establecidos por la Ley de Mecenazgo. De hecho, por el volumen de la donación, El Corte Inglés pudo recuperar hasta el 90% de la cantidad aportada.

Camisetas, gorras y mochilas

Aunque no fue ésa la única ventaja del acuerdo para la empresa que entonces presidía Isidoro Álvarez. A cambio del generoso donativo, la Iglesia se comprometió a contratar con Viajes El Corte Inglés los viajes y alojamiento de los obispos y personalidades que acudieron a la celebración, por importe de dos millones de euros más IVA, también los de los peregrinos, por otro millón más IVA.

Además, a Informática El Corte Inglés debieron comprarle material informático por valor de 650.000 euros, y a El Corte Inglés 400.000 euros en camisetas, gorras y abanicos serigrafiados con el logotipo de la Jornada Mundial de la Juventud y 400.000 euros más en “mochilas del peregrino”, aunque para estos dos últimos conceptos el contrato fija un presupuesto máximo de dos millones de euros.

Además, el Arzobispado de Madrid, que entonces encabezaba Antonio María Rouco Varela, se obligaba a contratar tres campañas de promoción: en los centros Opencor, por 1,7 millones de euros; en los centros de El Corte Inglés, por 450.000 euros, y en los Hipercor, por otros 300.000 euros.

Y, para redondear el acuerdo, El Corte Inglés se aseguró de disponer de 20 invitaciones en la zona reservada a empresas colaboradoras en el Aeródromo de Cuatro Vientos para los actos de los días 20 y 21 de agosto.

El Corte Inglés es un gigante comercial que explota 88 grandes almacenes, 43 hipermercados, 203 supermercados y hasta 4.511 tiendas especializadas. Pero también, hasta la crisis, poseía una potente rama industrial. En 2007 empezó a desmantelarla, en un lento y continuado proceso que le ha costado el puesto de trabajo a casi 3.000 personas.

Induyco, fundada en 1955, llegó a ser una de las principales factorías textiles de España. En 1977 empleaba a 7.000 trabajadores, de los que en 2011, justo antes de su fusión con El Corte Inglés y posterior desaparición, quedaron sólo 908. Móstoles Industrial, la mayor factoría de esa ciudad madrileña y fabricante de los muebles de cocina Forlady, ha sufrido cuatro expedientes de regulación de empleo (ERE) en dos años, que han diezmado casi literalmente la plantilla: los 1.106 trabajadores de 2007 son ahora sólo 150. El capital de Móstoles Industrial es propiedad de la familia del difunto Isidoro Álvarez a través de la Fundación Ramón Areces, Cartera de Valores Iasa, Corporación Ceslar y Fiores.

Este recorte de personal se añade a los 5.692 empleados que El Corte Inglés ha perdido entre 2011 y 2014. De ellos, 4.277 eran vendedores. Los sindicatos atribuyen esta reducción de plantilla al deterioro de las condiciones laborales sufrido en los últimos años: modificaciones de horario, trabajo todos los festivos y domingos, congelación de salarios, recorte de las comisiones de venta… “Un ERE barato y encubierto”, se quejan.

Mientras Móstoles Industrial subcontrataba la producción a talleres situados en pueblos de Toledo, La Rioja o Zaragoza y despedía a sus trabajadores, también firmaba con los sindicatos un compromiso de inversión de 2,8 millones en dos años del que no ha puesto un euro, se lamenta José Luis López, responsable de negociación colectiva de la Federación de Construcción de CCOO en Madrid. Este mismo mes de enero, el comité de empresa ha reclamado a la dirección un plan de viabilidad que, hasta el momento, no les ha mostrado.

En el horizonte, por el contrario, José Luis López adivina un nuevo ERE, el cierre total de las líneas de producción y la conversión de la fábrica en un mero centro logístico. “Sólo quedarán los departamentos comercial y de diseño, y el almacén, y para eso bastan 40 personas”, advierte. Ya no forman parte de la plantilla ni los encargados del montaje de los muebles de cocina, que han pasado a ser autónomos.

infoLibre intentó recabar, sin éxito, la versión de El Corte Inglés sobre la desarticulación de su brazo industrial. 

Rodríguez-Ponga, consejero delegado

En 2013 Móstoles Industrial perdió 11,75 millones de euros. Desde 2009 su volumen de negocio se redujo a la mitad, hasta los 73 millones que consignó en 2013, último año en que ha depositado sus cuentas. Con los sucesivos recortes de plantilla, también disminuyó a la mitad simultáneamente sus gastos de personal: de 40 a 21,6 millones en cuatro años.

El caso de la factoría de Móstoles no es más que otro ejemplo de la pérdida de tejido industrial en la Comunidad de Madrid, destaca el dirigente de CCOO: desde 2008, de los casi 30.000 trabajadores empleados en industrias relacionadas con la madera en la comunidad autónoma sólo sobreviven unos 2.000.

Al frente de Móstoles Industrial se encuentra Estanislao Rodríguez-Ponga, su consejero delegado. Ex secretario de Estado de Hacienda con el Gobierno de José María Aznar, fue consejero de Caja Madrid a propuesta del PP y está imputado por el uso de las tarjetas black.black Gastó con la suya 255.400 euros, al menos 100.000 de ellos, precisamente, en compras en El Corte Inglés. El juez acaba de imponerle una fianza de 341.000 euros.

Induyco, con prejubilaciones, bajas voluntarias y traslados

Los sucesivos ERE en Móstoles Industrial fueron acompañados de protestas de sus trabajadores, con concentraciones ante las tiendas de El Corte Inglés en las tiendas madrileñas de Preciados y Hermosilla, por ejemplo. La liquidación de Induyco fue, por el contrario, pacífica y silenciosa. Perdió más de 1.600 trabajadores entre 2007 y 2011. En octubre de 2012, El Corte Inglés anunciaba la absorción de Induyco, hasta entonces fabricante de las prendas de Tintoretto, Síntesis o Amitie. Pretendía “eliminar duplicidades”, reducir costes de gestión y operativos, así como generar sinergias. Según explicó en el comunicado oficial la integración no tendría consecuencias “significativas” sobre el empleo.

Antes de llegar a ese momento, se habían sucedido en Induyco las prejubilaciones y las salidas voluntarias, a razón de 45 días por año trabajado, según fuentes de los antiguos empleados. De forma paulatina una parte de los trabajadores, fundamentalmente mujeres, se fueron incorporando también a la plantilla de El Corte Inglés. Los últimos en trasladarse lo hicieron en diciembre de 2012.

Estos empleados conservaron su sueldo y antigüedad al mudarse de empresa. Pero las cosas cambiaron al mismo tiempo que para el resto de los trabajadores del gigante presidido ahora por Dimas Gimeno. La crisis del consumo, la reforma laboral y el nuevo convenio colectivo del sector han deteriorado sus condiciones laborales. Pese a tratarse en gran parte de profesionales del corte y la confección, la empresa los envía a las tiendas en periodo de rebajas, por ejemplo.

También les han modificado el horario: tenían jornada continuada de lunes a viernes. Ahora, como el resto de la plantilla, trabajan de lunes a domingo, además de los festivos y con el horario de las tiendas, explican fuentes de los trabajadores. Quienes no aceptaban los cambios, tenían la opción de irse de la empresa con una indemnización de 20 días por año, tal y como establece la reforma laboral.

En cualquier caso, aún subsisten dos talleres de la antigua Induyco, dos filiales situadas en Cáceres y Teruel: Industrias del Vestido y Confecciones Teruel. Entre ambas llegaron a superar los 700 trabajadores en 2007. Hoy su cuota en la producción textil final del grupo es muy reducida, habida cuenta de que El Corte Inglés, al igual que el resto de las grandes marcas, la ha deslocalizado a países con costes laborales mínimos, como Marruecos, Turquía, India o Bangladesh.

Así, la histórica Induyco cerró 2011 con unas pérdidas de 51,68 millones de euros, después de haber terminado 2009 con 2,6 millones de beneficios. Su volumen de negocio se redujo en ese mismo periodo de tiempo a una tercera parte: de 300 millones a 92.

Una historia de huelgas y coacciones

Para cuando desapareció Induyco, su plantilla estaba formada en buena parte por mujeres con hasta 30 años de antigüedad, las supervivientes de varias décadas de trabajo y muchos conflictos sindicales. Por entonces, las operarias trabajaban a destajo: tantas piezas confeccionas, tantas piezas cobras. Entre 1976 y 1977 se sucedieron las huelgas en los talleres que Induyco tenía en el barrio de Embajadores, en Madrid. El despido de cuatro trabajadores –tres mujeres y un hombre– en junio de 1976 prendió las protestas. El Corte Inglés respondió con un cierre patronal: la fábrica permaneció parada durante un mes para “mantener el principio de autoridad”, según puso entonces en boca de uno de sus directivos el diario El País. Hubo enfrentamientos con la Policía de los trabajadores, con heridos y un centenar de detenidos.

Según cuenta Pilar Díaz Sánchez, profesora de Historia de la Universidad Autónoma de Madrid, en El trabajo en la confección textil: un oficio de mujeres, las coacciones a las operarias fueron parte de la política de la empresa en aquellos días: los mandos de la fábrica acudían al domicilio de los padres de las trabajadoras para hablarles de la “inutilidad del conflicto”.

Cuando se reanudó la actividad, en marzo de 1977, la empresa dispersó a cerca de 500 mujeres en pequeños talleres de Madrid. Según fuentes sindicales, estas personas permanecían ocho horas en sus puestos pero no les dejaban trabajar. Además, eran trasladadas de un taller a otro. Pilar Díaz asegura que los “castigos” a estos empleados, los más significados durante las protestas, se prolongaron hasta 1994, cuando los 50 que quedaron para entonces regresaron a la fábrica de Embajadores.