La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado una sentencia dictada en junio de 2025 que consideró procedente el despido de un encargado de un centro ocupacional de Burlada por acoso sexual a tres trabajadoras, dos de ellas con discapacidad intelectual y la otra con discapacidad sensorial auditiva, informa EFE.

El recurrente, que prestaba sus servicios para la empresa desde del 3 de julio de 2014, tenía la categoría profesional de responsable de turno de grupo.

Fue despedido el 31 de octubre de 2024 por la comisión de una falta muy grave. En la carta de despido se describían los actos de acoso sexual respecto de tres empleadas subordinadas.

Previamente, se había llevado a cabo una investigación a cargo de la comisión contra el acoso sexual creada en el centro y regulada por un protocolo de actuación. Dicha comisión concluyó que existían indicios de acoso sexual.

En este sentido, una de las víctimas, la que padece discapacidad sensorial auditiva, interpuso una denuncia, que concluyó con una condena al responsable despedido de 2.400 euros de multa, como autor de un delito de acoso sexual en el ámbito laboral, dictada por el Juzgado de lo Penal el 9 de junio de 2025. Se le impuso, además, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante dos años.

En la jurisdicción laboral, el Juzgado de lo Social desestimó en junio de 2025 la demanda del trabajador. Declaró procedente su despido disciplinario y rechazó, por tanto, la indemnización de 25.575 euros que reclamaba por daños y perjuicios.

El recurso interpuesto por el demandante ha sido desestimado en su integridad por la Sala de lo Social del TSJN en una sentencia dictada el pasado diciembre.

El demandante se aprovechó de su posición de superior jerárquico y de la vulnerabilidad de las trabajadoras, resalta el Tribunal.

“Y es que la conducta sancionada no solo es grave, sino que también es culpable y absolutamente reprochable", ya que el demandante "ha tratado de valerse de todas estas circunstancias que hacían que sus víctimas, por miedo a perder su trabajo, aguantaran la penosa situación a las que las venía sometiendo”, subrayan los magistrados.

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a once años y un día de prisión por violar en 2020 a una mujer que sufría una discapacidad intelectual, siendo consciente de esa circunstancia, después de que ambos concertasen una cita a través de WhatsApp, según ha informado EFE.

Según la sentencia, el procesado y la víctima quedaron en torno a las 13:00 horas del 5 de marzo de 2020 y pasaron la tarde juntos hasta que, sobre las 00:30 horas, cuando se encontraban en un descampado próximo a una de las paradas del tranvía de Benidorm, comenzaron a besarse de manera consentida por ambos.

No obstante, el tribunal considera probado que, a partir de ahí, el acusado actuó guiado por un ánimo libidinoso y, a sabiendas de la discapacidad que sufría la mujer, se prevalió de esa situación y de la especial vulnerabilidad que presentaba para violarla.

Y ello a pesar de que ella le manifestó que no quería, hasta que se quedó paralizada y en estado de shock. La víctima permaneció durante toda la noche junto a él. Al amanecer, aprovechó que el procesado estaba durmiendo para marcharse y regresar al centro en el que residía, donde relató lo sucedido.

El tribunal confiere toda credibilidad al testimonio de la mujer, a pesar de la ausencia de testigos de los hechos, al sostener que su relato había sido persistente desde el mismo momento en el que contó lo sucedido al personal del centro donde residía.

La Audiencia de Alicante considera al acusado autor de un delito de violación cometido a sabiendas de la especial vulnerabilidad de la víctima, por lo que le impone la pena de once años y un día de cárcel, además de otros 10 años de libertad vigilada y la medida de alejamiento respecto a la mujer a una distancia mínima de 500 metros durante otros 15 años.

También le condena a una pena de multa de tres meses con cuota diaria de 6 euros, así como al pago de una compensación de 280 euros por las lesiones ocasionadas a la víctima y de 10.000 euros por los daños morales causados. El fallo es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).

El mercado de trabajo ha sufrido en los últimos años una gran transformación que plantea ciertos retos para las empresas. Por un lado, deja visible el desafío para las corporaciones de captar, desarrollar y retener talento en un momento en el que la competitividad está a la orden del día. Por otro lado, las brechas de empleo siguen existiendo en España y en Europa, dejando fuera a personas cualificadas, especialmente a aquellas con discapacidad y otras minorías. infoLibre y Acciona presentarán el próximo miércoles 10 de diciembre el foro Talento diverso: empresas que transforman, en el que abordarán estas problemáticas.

El acto, introducido por Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, y moderado por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, contará con la presencia de cuatro referentes en empleo, diversidad y transformación cultural: Zita Martiarena, responsable de la Oficina de la Discapacidad de Acciona; Mar Medeiros, directora de Marketing Social, Convenios y Captación de Fondos de Fundación ONCE; y Sara Giménez, directora general de Fundación Secretariado Gitano.

¿Qué brechas o datos recientes deberían preocuparnos más cuando hablamos de empleo en España y Europa? ¿Cuáles son los sesgos que más limitan la inclusión laboral hoy? ¿Dónde está el principal bloqueo para que las personas con discapacidad accedan al empleo en igualdad de condiciones? Estas son algunas de las preguntas que se tratarán de resolver en este foro.

El foro será retrasmitido en streaming a partir de las 12.00h a través de YouTube y X. Durante aproximadamente 60 minutos, las protagonistas compartirán experiencias, analizarán tendencias y establecerán una serie de conclusiones que puedan ser útiles para empresas, administraciones y entidades sociales. Todo ello bajo la idea de que la competitividad empresarial debe ir de la mano con la diversidad y la inclusión.

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Así consta negro sobre blanco en el artículo 47 de la Constitución Española el derecho a la vivienda. Y en este aniversario de los 47 años del texto es precisamente la vivienda el gran naufragio de la clase política, incapaz de ponerle freno a un mercado especulativo que no para de batir récords de ganancias y que está truncando las perspectivas personales de millones de ciudadanos, especialmente de los jóvenes. 

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda es el principal problema para el país (citada por el 40% de los ciudadanos), por encima de la situación política, la migración, la crisis económica y el empleo. Con unos niveles de preocupación muy altos principalmente entre los segmentos de población menores de 40 años.

A pesar de la aprobación de la ley de vivienda por parte del Gobierno de coalición en la pasada legislatura, el mercado no está controlado, sobre todo debido al bloqueo de las comunidades del Partido Popular a aplicar los topes de alquileres en las zonas especialmente tensionadas. Los socios del Gobierno, ante este panorama, presionan al PSOE para que tome medidas más valientes ante esa emergencia y han puesto en el centro de sus críticas a la titular del ramo, Isabel Rodríguez.

Algunos dirigentes de izquierdas llevan tiempo alertando, como es el caso de Gabriel Rufián (Esquerra Republicana), de que el Gobierno puede caer por la vivienda más que por los casos de corrupción. La Moncloa ha querido lanzar una señal horas antes de la conmemoración de la Constitución en el Congreso con la presentación el jueves de la nueva empresa pública de vivienda, que en una primera fase se encargará de gestionar unas 40.000 viviendas en régimen de alquiler asequible.

El texto constitucional encara también esta efeméride con una propuesta de modificación puesta encima de la mesa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para blindar el derecho al aborto, siguiendo los pasos de la reforma aprobada en Francia en marzo del año pasado. 

La propuesta de reforma ya pasó una primera vuelta en el Consejo de Ministros con la idea, impulsada por el Ministerio de Igualdad en colaboración con Justicia, de incorporar un apartado cuatro en el artículo 43. El texto planteado es: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”. 

Este apartado se incluiría en el Título I, dedicado a los derechos y deberes fundamentales, concretamente en el Capítulo III, referido a los principios rectores de la política social y económica. Con esta reforma se quiere reforzar, a tenor del Ejecutivo, un sistema completo de protección, que recoge tanto la legislación vigente como la doctrina constitucional, garantizando que este derecho se ejerza en condiciones de igualdad y seguridad jurídica en todo el país en un momento de cuestionamiento de este derechos por parte de la ultraderecha en connivencia con algunos sectores del Partido Popular. 

Ahora mismo el texto ha sido enviado al Consejo de Estado, que emitirá su informe a finales de este mes o a principios de enero, según fuentes de esta institución. El Gobierno tiene que esperar a todos los informes consultivos para unificarlos y aprobar en segunda vuelta esa propuesta de reforma. Por ello, calcula que esto no se producirá hasta, al menos, dentro de seis meses.

El Gobierno quiere tramitar esta reforma a través del procedimiento ordinario, que requeriría de una aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de desacuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado, que elaboraría un texto alternativo, sometido de nuevo a votación. Si de nuevo, no se alcanzase un acuerdo, la reforma podría aprobarse con una mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta en el Senado.

La Constitución sí ha visto esta legislatura un acuerdo histórico para la reforma del artículo 49 para eliminar la palabra disminuido y sustituirla por persona con discapacidad. El cambio en la Carta Magna contó con un abrumadora unanimidad en el Congreso y en el Senado, a excepción del voto contrario por parte de los parlamentarios de Vox.

De esta manera, el texto constitucional en ese apartado queda así: “Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”.

Con este segundo apartado: “Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.

Pero todavía hay que dotar de contenido esta reforma. Por eso, el Gobierno está reclamando el mismo consenso para aprobar los cambios de las leyes de dependencia y discapacidad que ya se tramitan en el Congreso. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha prometido desarrollar este artículo, pero ha criticado que el Ejecutivo no dote de memoria económica estas leyes.

El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) ha admitido a trámite una demanda del Foro Europeo de la Discapacidad por la discriminación que considera que sufren las personas a las que representan en el acceso a la vivienda, informa EFE.

En una decisión publicada este viernes, el CEDS indicó que en la sesión que se había celebrado la semana pasada consideró por unanimidad admisible esa demanda.

En su queja, esta organización considera que España presenta una serie de carencias legislativas, administrativas y financieras eficaces y coordinadas para garantizar ese acceso, en particular en los edificios residenciales sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal, e incumple varios artículos de la Carta Europea de Derechos Humanos.

Según su lectura, España perpetúa un marco jurídico que genera discriminación indirecta contra las personas con discapacidad, las personas en situación de pobreza o exclusión y aquellas que están en riesgo de sufrirlas. Los expertos del CEDS deberían abordar esta demanda en los próximos meses para emitir un dictamen.

El Ministerio de Derechos Sociales ha pedido a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio investigar si en el cumpleaños del futbolista Lamine Yamal, se vulneró la ley de discapacidad, que prohíbe espectáculos de burla o que denigren a las personas con discapacidad.

Según ha explicado a EFE el director general de Discapacidad, Jesús Martín, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha requerido aclarar si en la fiesta del 18 cumpleaños del deportista se denigró a personas con enanismo, incumpliendo la ley, que no establece sanciones pero sí prohíbe desde hace casi tres años esas actividades.

Precisamente, el Gobierno quiere regular como infracción grave, con multas de entre 600.000 euros y un millón de euros, espectáculos similares al 'bombero torero' y en general, la exposición pública de una persona atendiendo a su discapacidad, en la reforma de la ley que quiere aprobar el Consejo de Ministros este martes.

El responsable de discapacidad ha expresado su preocupación por el hecho de que "un chaval que tiene tantos seguidores, influencer para gente joven, haga este tipo de fiestas que puede hacer un efecto rebote de la juventud".

"Nos preocupa que personas con dinero, personas con poder se crean impunes", ha lamentado Jesús Martín, quien ha recordado que está prohibido en España ya hace casi 3 años y que el ministerio de Bustinduy "no se va a quedar cruzados ante esos indicios" publicados en los medios de comunicación. "La ley es para todos, para los humildes y para los poderosos". "Que se abran las investigaciones oportunas y en función de las conclusiones, que se actúe", ha aseverado.

La Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), entidad de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), ha anunciado medidas legales contra Lamine Yamal por contratar, según su denuncia, a personas con esa discapacidad en su fiesta.

La entidad ha condenado los hechos en un comunicado en el que anuncia "acciones legales y sociales" para "salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad".

Entiende que lo ocurrido en la fiesta por la mayoría de edad del jugador del FC Barcelona vulnera "no solo la legislación vigente, sino también los valores éticos fundamentales de una sociedad que se pretende igualitaria y respetuosa".

La norma establece que quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana.

El presidente argentino, Javier Milei, compartió este domingo en sus redes sociales una publicación que involucra a Ian Moche, un niño de 12 años con autismo que promueve los derechos de las personas con discapacidad, y generó gran controversia entre los usuarios, según informa EFE.

“Paulino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del Gobierno. Siempre del lado de los kukas, no falla”, escribió Milei, haciéndose eco del posteo de un usuario en la red X, identificado como Hombre Gris, que acusó al periodista Paulino Rodrigues de utilizar a Moche para operar políticamente contra él y a la familia del menor de ser simpatizantes del kirchnerismo.

El presidente compartió tres imágenes: una del menor junto a la expresidenta Cristina Fernández; otra con el exministro de Economía y excandidato presidencial en 2023 Sergio Massa y una tercera tomada de la reciente entrevista con el periodista.

La controversia se produce en medio de un clima de tensión por los reclamos al Gobierno por parte de sectores vinculados a la discapacidad. Además, la entrevista de Rodrigues ocurrió después de que la familia de Moche había denunciado públicamente al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien según relataron, durante una reunión les dijo: “Si tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado”. Además, Ian relató que el funcionario cuestionó beneficios sociales con la frase: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”

Las declaraciones generaron un fuerte rechazo y llevaron a que la Cámara de Diputados anunciara que debatirá esta semana un proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027. La iniciativa, impulsada por el diputado peronista Daniel Arroyo, busca actualizar fondos para prestadores y reactivar pensiones por invalidez. “Sé de la angustia, la preocupación, el maltrato que sufren las familias. Sé que ya no aguantan más. Tenemos que dar un paso adelante, tiene que ser ley”, sostuvo Arroyo.

Desde el oficialismo, no obstante, manifestaron su oposición al proyecto, argumentando que compromete las metas de déficit cero. El director de ANDIS calificó de “mentirosos” a Ian y su madre, generando aún más indignación entre organizaciones y familias del sector.

El Ministerio de Derechos Sociales ha denunciado ante la Fiscalía las palabras del obispo emérito de Alcalá de Henares Antonio Reig Pla, que afirmó en una homilía que la discapacidad es "herencia del pecado y del desorden de la naturaleza" y señala que podría haber incurrido en un delito por fomentar o incitar a la discriminación y por ir contra la ley de igualdad de trato, según informa EFE.

En un comunicado, el Ministerio señala que la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, integrada dentro del Ministerio de Derechos Sociales, ha enviado un escrito a la Fiscalía en el que solicita que se "abra las diligencias pertinentes sobre un discurso público inaceptable en democracia" que podría incurrir en un delito penado con hasta cuatro años de prisión. La Oficina de Atención a la Discapacidad también ha abierto un expediente informativo en el que pedirá explicaciones a la Conferencia Episcopal por las palabras de este obispo pronunciadas durante una homilía el 11 de mayo en la Basílica de la Anunciación de Alba de Tormes (Salamanca).

El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha pedido a la Conferencia Episcopal que aporte una explicación sobre las descalificaciones del obispo y qué medidas piensa aplicar. Solicitan que se "reprueben" las palabras "anacrónicas" del obispo.

Pla señaló durante una misa que "los niños que nacen con discapacidad física o intelectual o psíquica, esto ya es herencia del pecado... Pero han sido llamados por Dios y tienen también como nosotros todo el fundamento de nuestra existencia en Dios".

El Ministerio también ha enviado una queja al Defensor del Pueblo en la que señala que en el año 2025 "los púlpitos no pueden ser espacios para estigmatizar sino para promover el respeto a los derechos humanos a toda la ciudadanía sin excepciones".

Bustinduy ha recordado en la red social Bluesky el artículo 49 de la Constitución que dice que "los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles...y fomentarán la participación de sus organizaciones".

El obispo emérito de Alcalá de Henares Juan Antonio Reig Pla afirmó en una homilía que la discapacidad es "herencia del pecado y del desorden de la naturaleza", unas palabras pronunciadas en la Basílica de la Anunciación de Alba de Tormes (Salamanca) que ha condenado este lunes la asociación Asprodes Plena Inclusión Castilla y León, según informa EFE.

"Venimos del infinito amor de Dios, que nos ha dado la vida a través de nuestros padres y esto asegura tu origen, ¡no eres un fracaso! Ni desde el origen. También para los niños que nacen con discapacidad física o intelectual o psíquica, esto ya es herencia del pecado y del desorden de la naturaleza. Pero han sido llamados por Dios y tienen también como nosotros todo el fundamento de nuestra existencia en Dios", dice en una homilía disponible en el canal de Youtube de los carmelitas.

La homilía la pronunció el pasado domingo 11 de mayo en la misa de las 13:00 horas, según ha explicado a EFE la vicepresidenta de Asprodes, Mar Sánchez, que estaba presente allí.

"Me enteré porque estaba en la homilía. En principio no quise o no entendí perfectamente lo que decía. Pero como las palabras quedaron grabadas, lo pude retomar y entonces decidí informar de ello", ha indicado.

En un comunicado público, la asociación considera que se trata de una declaración "profundamente ofensiva, estigmatizante y completamente alejada del modelo de sociedad inclusiva" que defienden. 

Reig Pla, obispo en activo hasta 2022, ha realizado en distintas ocasiones reflexiones polémicas sobre la homosexualidad o la eutanasia. 

Por su parte, el obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana, ha contado este lunes, tras el comunicado de Asprodes, que ha recibido cartas con quejas sobre las palabras de Reig Pla en Alba y ha admitido que no puede defenderlas.

"Según se pone las palabras textuales, no se puede hablar así de nadie, porque lo que debemos defender es la dignidad de la persona y la trayectoria que llevamos en todos los lugares, la inclusividad. Yo tengo amigos con hijos en esa dificultad. Si es así como están esas palabras, yo no las puedo defender", ha dicho hoy a preguntas de periodistas.

Este jueves entra en vigor la ley que elimina como causa automática de extinción de contrato el reconocimiento de la incapacidad permanente, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado. Esta norma, que fue aprobada definitivamente en el Senado la semana pasada, modifica el Estatuto de los Trabajadores para eliminar la incapacidad permanente -total, absoluta o 'gran invalidez'- como causa automática de extinción de contrato.

El cambio pretende garantizar, de una manera más eficaz, el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad, dice el texto del proyecto consultado por EFE.

Con la nueva norma, el trabajador decidirá voluntariamente si desea la extinción del contrato o prefiere que la empresa le adapte el puesto para continuar trabajando o le busque uno nuevo, siempre que esto no suponga un coste excesivo.

Así, el trabajador podrá solicitar, en un plazo de un mes desde la notificación del reconocimiento de incapacidad permanente, el mantenimiento de su puesto y, a partir de entonces, la empresa tendrá tres meses para adaptarlo a las nuevas necesidades, cambiarlo a otro o extinguir el contrato si se dan las condiciones requeridas.

La Comisión de Trabajo ha aprobado este jueves con competencia legislativa plena el proyecto de ley que elimina como causa automática de extinción de contrato el reconocimiento de la incapacidad permanente, con 34 votos a favor y 3 abstenciones, informa EFE.

Tras debatir el informe de la ponencia, el texto ha salido adelante para pasar ahora al Senado, tras haber sido rechazadas las enmiendas mantenidas por los grupos mixto y popular y haberse incorporado correcciones técnicas.

La norma pretende garantizar, de una manera más eficaz, el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad, dice el texto del proyecto.

El pasado 23 de julio, el Gobierno aprobó el proyecto de ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores para eliminar la incapacidad permanente -total, absoluta o 'gran invalidez'- como causa automática de extinción de contrato.

Con la nueva norma, el trabajador decidirá voluntariamente si desea la extinción del contrato o prefiere que la empresa le adapte el puesto para continuar trabajando o le busque uno nuevo, siempre que esto no suponga un coste excesivo.

Así, el trabajador podrá solicitar, en un plazo de un mes desde la notificación del reconocimiento de incapacidad permanente, el mantenimiento de su puesto y, a partir de entonces, la empresa tendrá tres meses para adaptarlo a las nuevas necesidades, cambiarlo a otro puesto o extinguir el contrato si se dan las condiciones requeridas.

En las empresas que empleen a menos de 25 personas trabajadoras se considerará excesiva la carga cuando el coste de adaptación del puesto de trabajo, sin tener en cuenta ayudas o subvenciones públicas, supere la cuantía de la indemnización o la de seis meses de salario del trabajador.

La persona trabajadora dispondrá de un plazo de diez días naturales desde la fecha en que se le notifique la incapacidad, en tanto que la empresa dispondrá de un plazo máximo de tres meses para realizar los ajustes razonables o el cambio de puesto de trabajo y, en caso de que eso no sea posible, tendrá otros tres meses para proceder a la extinción del contrato.

La portavoz socialista en la Comisión de Trabajo, Elisa Garrido, ha valorado una ley "trascendente socialmente y demandada por el sector de la discapacidad", al tiempo que ha añadido, que, además, "acata las sentencias que ya estaban obligando a las empresas a hacer este tipo de adaptaciones".

Desde el grupo parlamentario popular, la portavoz en la Comisión, Irene Garrido, ha puesto en valor la enmienda transaccional pactada con PSOE y Sumar para que el Gobierno, en el plazo de un año y en el marco del diálogo social, presente una propuesta de modificación del régimen del personal de la guardia civil, cuerpo nacional de policía y fuerzas armadas.

El objetivo, ha dicho, es garantizar la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo de estos colectivos en caso de incapacidad permanente, absoluta, total o gran incapacidad.

Hace justo un año desde que el término "disminuido" desapareció del artículo 49 de la Constitución para ser sustituido por el concepto "personas con discapacidad". Unos meses después, hace ahora siete, el Gobierno aprobó también lo que bautizó Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad. Fueron dos decisiones distintas que ya entonces, sin embargo, tenían mucho en común. Este martes, el Consejo de Ministros ha ido un paso más allá y ha aprobado en primera vuelta una reforma de la Ley de Discapacidad y otra de la Ley de Dependencia. El objetivo: apuntalar esos dos cambios. Y empezar a plasmar lo que significaron a través de la legislación.

El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ya dijo el pasado 3 de diciembre que los nuevos textos estaban listos. Que respondían a un "compromiso de seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva y equitativa" y que tardarían poco en salir adelante. La reforma del artículo 49, defendió, fue un "gran hito de esta legislatura" porque "trajo dignidad y más derechos a las personas con discapacidad, a sus familias y a las organizaciones del sector". Lo único que faltaba entonces era trasladar todo eso a la vida diaria de todas ellas. Y para eso se ha aprobado esta reforma.

En palabras del Ministerio, la modificación busca garantizar cuatro grandes pilares para las personas con discapacidad: fomentar su autonomía, su inclusión, la accesibilidad universal y, por último, una protección específica para mujeres y niñas. Y para hacerlo plantea varias líneas de actuación.

La primera busca agilizar toda los procesos administrativos. En otras palabras: disminuir la burocracia. ¿Cómo? Haciendo que cualquier dependiente —sea cual sea su grado reconocido— ya tenga un 33% de discapacidad a ojos de la administración. Es, digamos, una unificación de circuitos. No hará falta que cada caso se estudie dos veces —una para conseguir una prestación o servicio por dependencia y otra para ser reconocido como persona con discapacidad— con una será suficiente.

A ello va asociado, además, una mayor eficacia también a la hora de sancionar. En 2023 se modificó la Ley General de Discapacidad para prohibir los espectáculos de "bombero torero" en los que se usaba a personas con acondroplasia para la mofa pública. Muchos se suspendieron a raíz de aquello, pero otros sortearon la norma y continuaron. Fue el caso por ejemplo de Teruel, donde el año pasado volvió a celebrarse a pesar de que también el Defensor del Pueblo pidió expresamente la suspensión del evento por considerar una "burla". Ahora, la reforma calificará esos actos como "infracciones graves", y como tal se sancionarán con multas de entre 600.000 y un millón de euros que se destinarán "a programas de promoción de la accesibilidad universal".

Será esa la segunda diana de la reforma. En palabras del Ministerio, se busca hacer de la accesibilidad "un derecho esencial para que las personas con discapacidad participen plenamente en la sociedad". Que puedan hacerlo, por ejemplo, en el terreno sanitario. Porque todo lo que engloba una consulta o una prueba diagnóstica, por ejemplo, está contemplado para personas sin discapacidad. Igual que ocurre en un museo. O en un edificio de la administración pública.

Lo que la ley busca en este sentido es una doble acción: que la persona que se encuentre con esas situaciones tenga un amparo jurídico que le permita reclamar y que la necesaria adaptación tenga una financiación suficiente por parte del Estado, que tendrá una hucha formada, en parte, por esas sanciones que mencionábamos.

No es únicamente algo que buscar en el ámbito público. La reforma de la Ley de Discapacidad también aborda una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para mejorar la accesibilidad a los edificios de viviendas. En concreto, el departamento de Bustinduy propone eliminar los límites económicos de las intervenciones en las viviendas. Es decir, que por ejemplo los gastos comunes derivados de incluir una rampa en un portal que tan sólo contaba con escaleras puedan espaciarse más en el tiempo. Básicamente, además, porque hacer eso será obligatorio igual que lo es ahora cumplir con las medidas de seguridad. Si no, en cualquier caso, se habilitará también a los vecinos el acceso a la justicia para obligar a su comunidad a acometer las reformas necesarias.

Esta medida tiene una explicación muy clara. Y es que tanto esta legislación como la relativa a Dependencia buscan, con el nuevo marco que asume el Ministerio de Derechos Sociales, que se garantice la autonomía de las personas. Y que prevalezca, además, lo que ellos desean, que en la mayoría de las ocasiones es permanecer en su vivienda. Según los propios datos del titular del departamento, el 90% de las personas desean envejecer en su hogar. Por eso debe hacerse lo posible para que éste lo permita. "Se busca evitar situaciones de aislamiento o institucionalización forzosa", explica el Gobierno.

Según datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) citados por el departamento de Bustinduy, "alrededor de 100.000 personas están encerradas en sus casas porque sus bloques y/o viviendas tienen problemas de accesibilidad".

Las mujeres y las niñas con discapacidad tendrán una protección especial con la nueva reforma. Por un lado, se garantizará su salud salud sexual y reproductiva y se regulará el "derecho a la familia, al hogar, a las relaciones interpersonales y a la protección de las familias con personas con discapacidad". Dicho de otro modo: ni sufrirán ningún tipo de discriminación a la hora de, por ejemplo, fundar una familia.

No son pocos los datos que evidencian la doble discriminación que sufre una mujer cuando también tiene una discapacidad. Los últimos fueron presentados a finales de 2023 por la Fundación ONCE y revelaron que el porcentaje de mujeres que sufren violencia machista en España asciende del 32% al 40,4% cuando tienen una discapacidad.

El Ministerio insiste en que es esencial que se abandone el enfoque que hasta ahora ha pervivido de la discapacidad. Y por eso también apuntan a la necesidad de que la tecnología, y en especial la inteligencia artificial, rompa también los sesgos que mantiene.

Pasa con el machismo y pasa con el racismo. La inteligencia artificial está entrenada con datos que, inevitablemente, contienen sesgos tradicionales. Por ejemplo, según una investigación española publicada en la revista Algorithms, los algoritmos identifican y clasifican mejor a los hombres. En concreto, a los hombres blancos. Y también asocian de forma estereotipada a la masculinidad con las ciencias, y a la feminidad con las artes. Pues lo mismo ocurre con las personas con discapacidad. Así que la reforma de la ley propone supervisar de qué manera son consideradas y representadas.

Todo forma parte de la misma idea: las personas con discapacidad no son "dsminuidos" o personas de segunda. Son, mantiene el espíritu de la ley, personas autónomas que tienen derechos.

El Ministerio de Derechos Sociales, en cualquier caso, también aboga por ese enfoque para las personas dependientes, consideradas ya con una discapacidad del 33% con la renovación de estas leyes. En línea con la Estrategia de desinstitucionalización aprobada el pasado verano, el departamento que dirige Bustinduy pretende para las personas mayores lo mismo que para aquellas que tienen una discapacidad: garantizar su envejecimiento y su vida digna en el hogar. O, al menos, en el entorno comunitario en el que ya vivían.

Para ello, como ya anunciaron, se despoja la centralidad que hasta ahora han tenido las residencias de mayores, un modelo puesto en evidencia con la pandemia de covid y, además, excesivamente costoso para la administración. En lugar de eso, se aboga por ejemplo por una ayuda a domicilio que vaya más allá del hogar, facilitando a los dependientes una ayuda para ir a la compra o al médico. Y también por hacer que estos servicios puedan darse en otro tipo de recursos como las viviendas colaborativas para personas mayores.

Para ellas, además, también se prevé la garantía de acceso a aquellos dispositivos que les permiten ser autónomos en su día a día, como por ejemplo un andador o una silla de ruedas, mediante un sistema de préstamo o de cesión temporal. También se contempla un servicio de asistencia personal orientado promover la vida independiente o proporcionar un plan de actividades siempre ligado a los deseos de la persona.

En cualquier caso, el Ministerio recuerda que este tipo de servicios ya lo contemplan las carteras de varias comunidades. Y que son ellas, precisamente, las que tendrán que decidir ahora si incluyen todo esto o no. Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales ya han criticado además que la reforma no lleva aparejado un incremento presupuestario. Y lamentan por ello que pueda ocurrir, otra vez, que todo quede "en papel mojado".

Solo el 35,3 % de las personas con discapacidad en edad de trabajar están activas dentro del mercado laboral, es decir tienen empleo o lo buscan, una tasa que apenas ha subido en los últimos años en un contexto de fuerte dinamismo del empleo, según informa EFE. Según los datos publicados en el último Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad elaborado por el Ministerio de Trabajo, desde 2014, año en el que arranca la serie, esta tasa ha subido 1,7 puntos con una brecha de 40 puntos frente a la general que supera el 75 %.

"La principal característica de las personas con discapacidad en edad laboral es su baja participación en el mercado laboral", incide el estudio, que apuntan que solo el 27,8 % trabaja y que el paro del colectivo es del 21,4 %, cifras que mejoran las de años previos pero aún muy alejadas de las generales.

En cifras absolutas, y con datos de 2023, en España había 1.941.900 personas en edad laboral con discapacidad, de las que algo más de 325.000 estaban afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone el 1,5 % del total de ocupados que ese año superó los 20,7 millones. 

Así, aunque el crecimiento que experimentó la afiliación de personas con discapacidad en 2023 fue superior a la media nacional, con un 3,63 % frente al 2,85 % general, siguen siendo una minoría.

La participación se ha mantenido en los últimos diez años en torno a ese 35,5 %, "independientemente de la coyuntura", de forma que "no está tan determinada por los ciclos de prosperidad y crisis, sino por los estereotipos culturales y sociales", recoge un informe sobre la vulnerabilidad en el empleo elaborado por la Fundación Adecco.

Por grupos de edad, las tasas de actividad y empleo más elevadas corresponden a las de entre 25 y 44 años. Las mujeres con discapacidad presentan tasas de actividad, empleo y paro más elevadas que los hombres. Y en general, hay un elevado peso del empleo a tiempo parcial.

Tras las cifras globales se esconden además diferencias según el tipo de discapacidad, según el citado informe de Adecco. 

Así, la participación laboral es superior en aquellas discapacidades de tipo auditivo (61,2 %), seguidas de las personas con discapacidad de tipo orgánico, cuando esta afecta a los sistemas digestivo, metabólicos y endocrinos (45,7 %). 

En el caso de la discapacidad física del sistema osteoarticular la tasa es del 44,7 % y en la visual, del 39,5 %.

La menor participación se observa en discapacidades de tipo mental o psicosocial (29,2 %), que además son el colectivo con menores niveles de formación.

"La discapacidad de tipo mental es la más estigmatizada, debido a un fuerte desconocimiento y a la ausencia de experiencias de recorrido en el marco empresarial", incide el informe de Adecco.

"Las personas con discapacidad intelectual están, hoy por hoy, en situación de desigualdad de oportunidades para acceder a una formación laboral adecuada y, por tanto, al mercado de trabajo ordinario, teniendo que superar aun ciertas barreras psicosociales como estereotipos, desconocimiento de su realidad, sobreprotección, etc", señala a EFE la coordinadora de empleo de Fundación Síndrome de Down de Madrid, Ángela Caballero.

El director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, explicaba también a EFE que esos prejuicios comienzan en el colegio, donde estas personas con discapacidad ya sufren fracaso escolar en la Educación Primaria, y continúan en su vida adulta y les desmotivan a la hora de buscar un puesto de trabajo. 

Tampoco ayuda la "cultura de la protección social del Estado" ni la "sobreprotección de las familias", asegura Mesonero, quien reclama una mayor concienciación y educación comenzando en los colegios y unas políticas activas de empleo muy personalizadas, para conseguir que "haya integración y no solo inclusión" social del colectivo.

Desde la Fundación Síndrome de Down de Madrid apuntan a EFE que para empezar a mejorar los niveles de empleabilidad es necesario acompañar a las personas con una orientación laboral adecuada. 

Junto a cambiar determinadas actitudes en los contextos en los que este colectivo se desenvuelve, también insisten en la importancia de fortalecer alianzas con empresas y sensibilizar al tejido empresarial para identificar conjuntamente puestos y oportunidades en los que tengan cabida personas con distintos perfiles y competencias. 

"La diversidad es un valor y una riqueza para todos los contextos, incluido el laboral", recuerda Caballero.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado un espectáculo del Ayuntamiento de Teruel que "expone a la mofa pública" a personas con enanismo.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy se refiere al espectáculo Popeye Torero y vaquillas infantiles, que se celebró este martes 2 de julio, a cargo de la compañía Patycar Eventos SL. Asimismo, ha indicado que se trata de un show, contratado por el consistorio turolense para celebrar las Fiestas del Ángel, que está protagonizado por personas con enanismo.

En este sentido, la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, integrada en el ministerio, ha señalado que este tipo de espectáculos están prohibidos en España por exponer a la "mofa pública" a personas con enanismo, tal y como señala la disposición adicional decimotercera de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Asimismo, Derechos Sociales recuerda que esta Ley indica que las personas con discapacidad participarán en los espectáculos públicos y en las actividades recreativas, comprendidos los taurinos, "sin discriminaciones ni exclusiones que lesionen su derecho a ser incluidas plenamente en la comunidad".

También incluye que quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia "para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana".

La ley también establece que las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán políticas, estrategias y acciones públicas, en cooperación con las organizaciones representativas de este sector social, para que las personas con discapacidad, que laboralmente se han desempeñado en espectáculos y actividades a las que se refiere el apartado 2 de esta disposición, puedan transitar e incorporarse a ocupaciones regulares.

Así, Derechos Sociales ha pedido a la Fiscalía General del Estado que abra diligencias contra el Ayuntamiento de Teruel por la celebración de este espectáculo, "que atenta contra la dignidad e integridad de las personas con enanismo", según ha señalado el director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín.

Martín también ha indicado que este tipo de prácticas "denigrantes" fueron denunciadas en el año 2019 por Naciones Unidas en el examen periódico a España sobre el cumplimiento de la Convención de la Discapacidad. "Estos espectáculos provocan dolor en las personas con displasias óseas, y son vistos por niños y niñas a quienes les inculcan así la mofa a las personas con enanismo", ha añadido.

El ministerio que dirige Pablo Bustinduy, ha solicitado, además, al Gobierno de Aragón abrir un expediente sancionador al consistorio turolense por contratar este espectáculo que supondría también una "infracción grave" de Ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón. En referencia al artículo 85 de esta normativa aragonesa, estos hechos son constitutivos de una infracción grave en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. "Las leyes hay que cumplirlas y, sin embargo, el ayuntamiento de Teruel las está obviando por segundo año consecutivo con la celebración de este espectáculo", ha recalcado Martín.

El director general de discapacidad ha destacado, además, que la mayor parte de las personas que trabajan en estos espectáculos son extranjeras, una condición que, según ha dicho, les hace "más vulnerables y es aprovechada por quienes les contratan". "Vinieron a nuestro país a buscar una vida mejor y les ponen en una plaza pública para reírse de sus cuerpos. Esto es algo que no podemos permitir", ha declarado.

Igualmente, Martín se ha referido a la libertad de trabajo que invocan estas personas y quienes las contratan, afirmando que "en la exclusión y en la pobreza no siempre se puede elegir" y que, por esta razón, el Ministerio de Derechos Sociales puso en marcha hace dos años un programa orientado a ofrecer oportunidades de empleo "decente, seguro y no precario" a estas personas.

Este programa, bajo el nombre de "Pisadas de Dignidad", en el que también está la Fundación ONCE, ofrece ayudas directas a las personas con discapacidad y su puesta en marcha en 2022 permitió que empezaran a abordarse situaciones de sinhogarismo, violencia y explotación sexual en el ámbito de la discapacidad.

Por su parte, Bustinduy ha recordando la reforma que se llevó a cabo este mismo año del Artículo 49 de la Constitución Española para "proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad", algo que ha añadido que es "incompatible" con estos espectáculos, "que son contrarios a la ley y que generan dolor".

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024, que consta de un total de 40.146 plazas, de las que reservará un 10% a personas con discapacidad. "Con esto, triplicamos en los últimos años el aumento anual de plantillas respecto a lo que ocurrió entre el periodo 2012 y 2017", ha afirmado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, que ha recogido Europa Press.

De esta manera, del total de las plazas ofertadas en 2024, 27.360 se destina al turno libre y 12.786 a la promoción interna, lo que supone el "cuarto récord consecutivo". Además, la OEP de este año en la Administración General del Estado (AGE) alcanza las 31.465 plazas, de las que 20.840 son de acceso libre, lo que acelera "la recuperación de empleo público iniciada en 2018 y revierte el proceso paulatino de envejecimiento de las plantillas", según Función Pública.

Otros aspectos de la oferta es que contempla un total de 10.625 plazas de promoción interna en la AGE, impulsa a los habilitados nacionales con 501 plazas de nuevo ingreso y crea 8.440 plazas de turno libre (C1 y C2) para mejorar la atención a los ciudadanos. También incluye 2.520 plazas de turno libre en la Administración de Justicia.

El real decreto de oferta creará 9.102 empleos netos, de los que 4.940 serán plazas adicionales en sectores prioritarios y otras 4.162 más utilizando instrumentos de planificación para dotar de nuevos servicios públicos a la ciudadanía. Dentro de este capítulo se encuentran las 1.098 plazas para Seguridad Social, Base Logística Defensa, Aesia, CNMC, Museo del Prado y Puertos del Estado. Además, se cubrirán las 11.738 bajas de 2023 con nuevos empleados, según informan desde Función Pública.

Por su parte, Escrivá ha confirmado que se han reservado 3.147 plazas para el turno de discapacidad, de las que 629 de son para personas con discapacidad intelectual, un grupo que "siendo de los más vulnerables, (son con los que) es más difícil trabajar en la empleabilidad".

"Las personas con discapacidad intelectual pueden tener acceso al mercado de trabajo y pueden hacer tareas y las pueden hacer muy bien", ha recalcado el titular de Función Pública.

Durante la rueda de prensa, Escrivá ha reconocido que la oferta de empleo público mantiene este año la tasa de reposición, pero que se está trabajando para que el próximo año no forme parte de la OEP, tal y como se comprometió el Gobierno hace unos meses. De esta manera, ha afirmado que la Oferta de Empleo Público de este año no ha podido configurarse con toda la flexibilidad que le hubiera gustado, ya que este 2024 es un año de "transición".

"Todavía este año de transición hemos tenido que funcionar con instrumentos no suficientemente flexible que nos empujan a un foco excesivamente en el corto plazo y a una estructura de recursos humanos que todavía tiene demasiada inercia y que, por tanto, no abunda en lo que debe ser el elemento central del nuevo modelo que es poner el centro a los trabajadores públicos", ha detallado.

No obstante, ha asegurado que durante este año se están desarrollando todas las herramientas para que en 2025 se consiga una oferta de empleo público que también será "muy grande" pero, además, flexible.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su rechazo a esta oferta de empleo público porque mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto y no garantiza la ejecución de los plazos. En concreto, considera que supone un freno a la renovación de las plantillas, ya que reduce en un 6,10% la creación de empleo neto en la Administración del Estado. Además, el sindicato cree que debe valorarse que "en los próximos ocho años se jubilará previsiblemente el 60% de la plantilla".

Ante esta situación, CSIF ha reclamado "desde ya" iniciar la negociación en la parte que afecta a las administraciones públicas, aprovechando que Hacienda ha pedido a los ministerios que hagan sus cuentas para el próximo ejercicio para la elaboración de los Presupuestos Generales de 2025 por la cual.

Por otro lado, CSIF ha denunciado el retraso en los procesos de oferta de empleo público desde 2019, con "cerca de 50.000 plazas sin cubrir", y destaca que el Ministerio de Función Pública ha reconocido que hay miles de plazas que han caducado "por una mala gestión y que no podrán volver a convocarse". El sindicato cree que la oferta de empleo presentada este martes tampoco garantiza los plazos y la convocatoria se puede retrasar hasta 2025.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2023 un total de 2.268 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone un incremento del 21,3 por ciento respecto a 2022, según el Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2023, presentado este lunes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado Europa Press.

Los delitos de odio por racismo y xenofobia (856) son los más numerosos y representan el 41,8 por ciento de total de las denuncias, seguidos de los delitos de odio cometidos en los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (522 hechos) y de los delitos de ideología (352 hechos).

En cuanto a la variación interanual, el informe constata un ascenso en todos los ámbitos, salvo en el de discriminación por razón de enfermedad, que registra 11 hechos, los mismos que en 2022. Mientras, los delitos de odio contra personas con discapacidad son los que sufren un mayor incremento, un 113% más que en el año anterior.

También experimentan un ascenso importante los delitos por antisemitismo (77%), antigitanismo (68%) e ideología (43,67%), según el informe.

En lo que se refiere a la tipología delictiva de estos hechos de odio, destacan en primer lugar las amenazas (433) y las lesiones (376), seguidas por la promoción al odio (200), las injurias (157) y los daños (130).

Por comunidades autónomas, Navarra registra la mayor tasa de delitos, infracciones e incidentes odio por cada 100.000 habitantes (14,14), seguida de País Vasco (12,21) y la ciudad autónoma de Melilla (10,53).

El informe detalla que las Fuerzas de Seguridad del Estado esclarecieron en 2023 el 68,1% de los hechos, cinco puntos más que en 2002, y detuvieron o investigaron a 1.161 personas, un 38,5% más que el año anterior. De este número de detenidos/investigados, en su mayoría son sexo masculino (78%), con edades entre los 26 y los 40 años, que representan el 25,4 por ciento del total.

Los principales afectados por este tipo de delitos son personas del sexo masculino (59,2 %), mientras que el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (33 %). Los menores de edad constituyen el 14,8 del total de victimizaciones.

En cuanto a la distribución de las víctimas según su nacionalidad, el primer lugar figuran los españoles, con el 62,1% del total de victimizaciones registradas. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las procedentes de Marruecos registran el número más elevado (8,3%), por delante de Colombia (4,8%).

El informe se ha presentado durante la cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento del 'II Plan de Acción de Lucha contra Delitos de Odio 2022-2024', elaborado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (Ondod) a partir de los datos facilitados al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) por Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra y policías locales.

En su intervención, Grande-Marlaska ha hecho un llamamiento a la sensibilización, "crucial para combatir la infradenuncia". "No solo la víctima es, en muchos casos, desconocedora de su propia situación, sino que, lamentablemente, en innumerables ocasiones son también los testigos quienes la normalizan", ha alertado.

El ministro también ha apelado a la responsabilidad de la sociedad para erradicar los discursos de odio. "Todos y todas, a través de nuestras labores diarias, somos responsables de que este discurso no socave la cohesión social, estigmatizando y deshumanizando a los que son diferentes", ha añadido.

Además, ha destacado el elevado cumplimiento de las medidas establecidas en el plan de acción y ha alentado a la Ondod a trabajar en el segundo semestre para impulsar un tercer plan bianual, a partir de 2025, "que continúe poniendo a España en la vanguardia de la lucha contra los delitos de odio".

El ministro ha aprovechado el encuentro para animar a la participación de los ciudadanos en la encuesta de delitos de odio lanzada en 2024 por la Ondod. Por otro lado, en la reunión se han presentado dos vídeos que forman parte de la campaña 'Rompe tu silencio', impulsada por la Ondod para su difusión en redes sociales con el objetivo de concienciar a la sociedad en contra de los delitos de odio,

El encuentro ha contado con la asistencia del director general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez; personal de la Ondod; el fiscal de sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar; la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo; la subdirectora general de Derechos LGTBI, Mar Fernández; la subdirectora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo; la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia del Sector Público, Inés Mazarrasa; la directora del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), Karoline Fernández; y el jefe de área de Políticas Sociales de la Federación Española de Municipios y Provincias, Joaquín Corcobado, entre otros.

También han asistido asociaciones del tercer sector como la Asociación de Abogadas y Abogados contra los Delitos de Odio; Movimiento contra la Intolerancia; Consejo de Víctimas de Delitos de Odio; Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); Fakali: Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas; Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia; Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales; Fundación Secretariado Gitano; Federación de Comunidades Judías de España; Instituto Halal de Junta Islámica; Plataforma Trans; Agentes de la Autoridad por la Diversidad (LGTBIpol); Hogar Sí; y Plena Inclusión.

En este artículo se analizará la situación de las personas con discapacidad en España, específicamente aquellas con parálisis cerebral infantil que se ven forzadas a convertirse en bufones modernos para poder obtener ingresos. Se examinarán las causas de esta situación, las implicaciones éticas que conlleva y se ofrecerán posibles soluciones para garantizar una mayor inclusión social y laboral para este colectivo.

En primer lugar, la alta tasa de desempleo que afecta a las personas con discapacidad, según el INE, en España es del 63’2%, y la tasa de empleo es del 27’8%, cifras prácticamente invertidas respecto a las personas sin discapacidad, y de ellas, el 80% aproximadamente trabajan en Centros Especiales de Empleo.

A esto hay que añadir la necesidad de aprobación de las personas con discapacidad. La sobreexposición en las redes sociales puede llevar a una mayor sensación de vulnerabilidad y presión por parte de las personas con discapacidad. Al compartir sus vidas en plataformas digitales, estas personas pueden sentir la necesidad de ser constantemente validadas y aprobadas por los demás, lo que puede afectar negativamente su autoestima y bienestar emocional. Esto último incluye, por ejemplo, una exageración de los estereotipos de género. Las mujeres enseñan cómo se maquillan y los hombres hacen ostentación de su masculinidad, incluso exhibiendo a sus parejas (mujeres) sin discapacidad.

Todo esto es determinante en la aparición de los bufones con discapacidad del siglo XXI. La falta de oportunidades laborales lleva a algunos individuos con parálisis cerebral infantil a recurrir a las redes sociales y programas televisivos como una forma de obtener ingresos, exponiendo su vida privada y vulnerando su dignidad.

Por otro lado, la sociedad actual ha generado una cultura del espectáculo y la exposición mediática que favorece la explotación de las personas con discapacidad en aras del entretenimiento y el morbo del público. La figura del bufón con discapacidad se convierte así en un objeto de burla y sensacionalismo, perpetuando estereotipos y prejuicios sobre este colectivo.

Es fundamental reflexionar sobre las implicaciones éticas de esta situación, ya que la exposición mediática de las personas con discapacidad puede vulnerar sus derechos y dignidad, convirtiéndolos en meros objetos de consumo. Es necesario promover una mayor conciencia social y un cambio de paradigma que valore la diversidad y la inclusión como pilares fundamentales de una sociedad justa y equitativa.

En conclusión, los bufones con discapacidad del siglo XXI son un reflejo de las barreras y desigualdades que enfrentan las personas con discapacidad en la actualidad. Es urgente adoptar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad de este colectivo, promoviendo una cultura inclusiva y libre de estigmas. Solo así podremos construir una sociedad más justa y solidaria, donde la diversidad sea valorada y respetada en todas sus formas.

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Víctor Villar Epifanio es socio de infoLibre.

La lucha por los derechos de las personas con discapacidad ha sido una de las pocas causas que ha unido a un Congreso de los Diputados totalmente polarizado. El pasado 18 de enero de 2024, se aprobó la tercera modificación en la historia de nuestra Constitución, un cambio en el artículo 49 que ha permitido eliminar una discriminación histórica: la expresión "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos". Este hecho recoge un cambio social que se va abriendo paso y que las empresas e instituciones se están desarrollando al captar a personas que, pese a contar con limitaciones en algún área, exhiben un enorme potencial de aportación. "La discapacidad es una fuente de talento que aporta valor a la compañía" comenta durante un encuentro organizado por infoLibre con la colaboración de Acciona, moderado por el director Daniel Basteiro, Camino San Millán, directora de Inclusión y Diversidad en Acciona.

"Nosotros somos personas y un adjetivo no condiciona nuestra existencia", según reivindica Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Un consenso amplio, pero que, según Blanco, "no es unánime" porque Vox se quedó fuera. Las empresas están siendo otro de los agentes que más se están implicando en esta transformación y algunas están superando incluso la cuota obligada del 2% de contrataciones. San Millán detalla que "en Acciona ya hemos alcanzado el 4%". "Hay que trabajar en accesibilidad y en un modelo de liderazgo que valore todas las cosas que aportan las personas con discapacidad", añade la directora de Inclusión y Diversidad en Acciona.

La integración laboral de este colectivo ha llegado hasta el punto de que "es rara la empresa que no nos llama para integrar a personas con discapacidad", según detalla Ana Muñoz de Dios, directora general de la Fundación Integra. Además de la cantidad de contrataciones, Muñoz pone el foco en la calidad y la adecuación de las habilidades respecto a los puestos de trabajo. "Pensar en que las personas con discapacidad son un cupo es un error. Hay que olvidarse de que son las personas con discapacidad y fijarse en sus verdaderas capacidades", apunta la directora general de Integra.

A pesar de los avances, este colectivo sigue sufriendo una brecha importante en algunos aspectos. Los expertos han apuntado que toda la política de empleo también tiene que ir de la mano de la política educativa, ya que muy pocas personas con discapacidad consiguen realizar estudios superiores. Aunque los esfuerzos en la contratación por parte de las empresas y la Administración Pública se consideran notables, los autónomos son otra tarea pendiente. Josefa Torres, directora de FEACEM y miembro de la Comisión de Inclusión Laboral del CERMI, ha achacado que "el autoempleo no tiene que ser una opción cuando no hay otra. Los apoyos públicos se tienen que reforzar para crear un ecosistema de apoyo".

¿Qué cambios de mentalidad se han producido en los últimos años en el binomio empresa/discapacidad? ¿Qué queda pendiente en esta tarea? ¿Cómo son los procesos de captación de talento e integración de personas con capacidades diversas en el entorno laboral? Las preguntas que surgen cuando hablamos de la integración laboral de las personas con discapacidad pueden llegar a ser infinitas. Y las respuestas también. Aun así, infoLibre tratará de responder lo mejor posible a la cuestión. Lo hace en una nueva edición de sus Foros infoLibre, que tiene lugar este viernes a las 10.00 horas de la mañana en Taller de Ideas, sede audiovisual de infoLibre. El acto está organizado junto con Acciona.

El pasado 18 de enero de 2024, el Congreso de los Diputados aprobó la tercera modificación en la historia de nuestra Constitución, un cambio en el artículo 49 que ha permitido eliminar una discriminación histórica: la expresión "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" ha desaparecido de nuestro texto constitucional, dando paso así a una nueva era de respeto a la diversidad y promoción de los derechos de las personas con capacidades diversas. 

Este hecho, lejos de ser meramente simbólico, recoge un cambio social que poco a poco se va abriendo paso: la discapacidad ya no es una barrera infranqueable. Las empresas e instituciones se están poblando de personas que, pese a contar con limitaciones en algún área, exhiben un enorme potencial de aportación. No es buenismo, los hechos demuestran que la incorporación de personas con capacidades diversas es rentable para las empresas en términos económicos, pero también a otros niveles: mejoras en la cultura corporativa, implicación del conjunto de las plantillas, riqueza de perspectivas. ¿Se ha avanzado lo suficiente?

El debate, que puede verse en directo en nuestro canal de YouTube y en a través de nuestra web, está moderado por el director del periódico, Daniel Basteiro, y cuenta con la presencia de Camino Sanmillán, directora de Inclusión y Diversidad en Acciona; Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Ana Muñoz de Dios, directora general de la Fundación Integra; y Josefa Torres, directora de FEACEM [Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo] y Miembro de la Comisión de Inclusión Laboral del CERMI [Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad].

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado este jueves un acuerdo político para crear la nueva Tarjeta Europa de Discapacidad pensada para reforzar los derechos de quienes la posean cuando viajen dentro de la Unión Europea, de modo que se garantice su acceso a condiciones especiales y un trato preferente, por ejemplo en el transporte o al asistir a espectáculos, según Europa Press.

Para ello, la tarjeta se emitirá en un plazo máximo de 60 días y deberá ser reconocida en toda la Unión Europea como título para acceder a las condiciones especiales que disfruten ya los nacionales del lugar de destino, en los servicios públicos y privados como en el transporte, eventos culturales, museos, centros deportivos o parques de atracciones.

El carnet será expedido por las autoridades nacionales competentes y completará --o sustituirá-- las tarjetas o certificados nacionales existentes, por lo que seguirán siendo las autoridades nacionales las competentes para conceder el estatus de persona con discapacidad.

La Tarjeta Europea de Discapacidad se deberá facilitar tanto en formato físico como digital y los proveedores de servicios deberán informar en formato accesible de las condiciones que se ofrecen a los titulares de dicha tarjeta.

La revisión de la normativa comunitaria va a permitir también una mejora de la actual Tarjeta Europea de Estacionamiento, que deberá tener un formato común obligatorio en toda la UE que sustituirá a las tarjetas de estacionamiento nacionales para las personas con discapacidad y será reconocida en toda la UE.

La tarjeta de estacionamiento deberá ser expedida en un plazo de 30 días aunque los eurodiputados abogan por incluir la opción de solicitar una versión digital disponible en 15 días. Tanto la tarjeta de discapacidad como la de aparcamiento deberán incorporar un código QR para evitar falsificaciones.

La nueva normativa, que necesita aún el visto bueno del pleno de la Eurocámara y del Consejo para ser adoptada formalmente, dará un plazo de dos años y medio a los Estados miembro para adaptar sus legislaciones nacionales y tres años y medio para aplicarla.