Isabel Rodríguez: "Uno de los requisitos que pedimos a las autonomías es que sus datos de vivienda sean públicos"
El problema de la vivienda sigue en el centro de las preocupaciones de la ciudadanía y su abordaje está acaparando una parte muy significativa de la agenda política española. En este contexto, infoLibre y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han organizado el foro Vivienda, de la emergencia al derecho, en el que la titular del ministerio, Isabel Rodríguez, ha conversado con el director editorial de este medio, Jesús Maraña sobre el nuevo Plan de Vivienda, dotado con 7.000 millones, y su aplicación en un marco autonómico de difícil coordinación. “Lo que les pido a las comunidades es que aceptemos como regla de juego que todo lo que se construya desde lo público permanezca como público”, lanzaba la titular de Vivienda.
En España las competencias de vivienda son de las comunidades autónomas y por eso, la implantación del plan pasa por una negociación que aún sigue abierta entre el Gobierno y los presidentes autonómicos. En el encuentro, que ha tenido lugar en una reconvertida fábrica de cristal de principios de siglo XX, la ministra señaló que la prioridad era ampliar los márgenes de la gestión pública y crear un parque de viviendas asequibles contando con las comunidades. Aunque también hizo alusión a los ayuntamientos y señaló que muchos “se habían interesado” por el plan.
“Nuestra posición es la de contar con un marco legal para abordar la vivienda desde su función social”, señaló a la vez que lanzaba un dardo a quienes se resisten a aplicar la propuesta. “España construyó 2,4 millones de viviendas protegidas que se fueron descapitalizando y vendiendo. Lo que queremos es revertir esa situación”. Además, lazó un dardo a la oposición: “El PP, durante la anterior crisis hipotecaria, en lugar de salvar a las familias, las desahucio para salvar a los bancos” y apuntó a que en aquel momento “no faltaban casas” porque la construcción trabajaba por encima de la demanda.
Entre las condiciones que el Ejecutivo pide a las autonomías está el control y la gestión de datos sobre vivienda para poder realizar “un buen diagnóstico” del problema. “Uno de los requisitos que pedimos las autonomías son datos públicos”, ya que la información centralizada es escasa en materia de alquileres. Y ha señalado que en comunidades como Cataluña, que cuentan con un registro que se centraliza en el Institut Català del Sòl (Incasòl) es más fácil conocer los datos que en otras comunidades como Andalucía o Madrid que no lo tienen. “En algunas ocasiones se abusa del bulo o de los datos falseados para infundir a la ciudadanía una opinión determinada”, remató.
Sobre la Sepes, la entidad pública empresarial de suelo, que va camino de transformarse en la empresa pública de vivienda, la ministra ha explicado que será un instrumento central dedicado a construir y poner vivienda en el mercado. “Queremos que sea a la vivienda lo que los hospitales son el sistema público de salud”. Sobre el tiempo que está llevando su transformación, la titular de vivienda señaló que el trasvase de las viviendas desde la Sareb (el denominado como banco malo) había sido un “periplo judicial”, pero indicaron que los primeros paquetes de casas podrían salir al mercado a principios de año que viene.
Leire Iglesias, directora general de la entidad pública empresarial de Suelo (SEPES), explicó en una charla posterior que cuentan con 40.000 viviendas transferidas desde la Sareb y la idea es adecuarlas para que puedan ofertarse paquetes de vivienda “todos los trimestres del año que viene”.
También se ha hablado del problema que supone la especulación y en este punto la ministra ha señalado que debe “frenarse desde lo público”, con más vigilancia. “Hay quien lo llama intervencionismo, pero yo lo llamo regulación. Los poderes públicos tenemos que frenar la especulación”, señaló. “Hay dirigentes políticos como la señora Ayuso que lo que hace es llamar a esos fondos de inversión. Esta ciudad se está vendiendo a los especuladores y eso termina condicionando la forma en la que vivimos”, le lanzaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las más reacias a aplicar las propuestas del Plan de Vivienda.
Un cambio de tendencia, pero no soluciones inmediatas
En una mesa redonda posterior moderada por la directora general de infoLibre, Marta Gesto, se ha profundizado en temas como la ampliación del parque público de vivienda, la rehabilitación y gestión de suelo, el esfuerzo financiero de las familias o los problemas de emancipación que afrontan los jóvenes. Sobre ello han hablado Leire Iglesias Santiago, Carme Alcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres; Jorge Nacarino, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y Javier Burón director de la empresa pública de vivienda de Navarra.
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Los participantes han confrontado el punto de vista del Sindicat de Llogateres y las asociaciones vecinales, representadas por Carme Alcarazo y Jorge Nacarino, con las líneas del Plan de Vivienda. Ellos apuntaban hacia las necesidades más inmediatas de los ciudadanos en materia de vivienda. Nacarino señalaba la necesidad de regular la fiscalidad para que las ayudas para reforma de vivienda no supongan un gasto en la renta para las familias más desfavorecidas. Por su parte, Alcarazo ha puesto el foco en los movimientos especulativos que ahora mismo están desahuciando a vecinos y ha reclamado una gestión íntegramente pública del parque de vivienda.
Javier Burón recogía el guante y apostaba porque una regulación estricta del mercado inmobiliario como la que se propone no atraerá a entidades que solo buscan lucro y abogaba por una colaboración público-privada que agilizaría el flujo de gestión y construcción de casas. “Tenemos que desarrollar fórmulas en las que, si te compras una vivienda con ayudas públicas, luego puedas devolver ese favor a la comunidad no especulando con ella”, señalaba. En la misma línea se pronunciaba la ministra, quien señaló que debían “implicar al sector privado, sin ninguna duda”, para acelerar la construcción.
Burón también insistió en que, si bien el Plan Estatal no soluciona todos los problemas, cambia las tendencias. “Antes el ICO tenía prohibido financiar vivienda protegida, sin embargo, ahora ofrece varias líneas de crédito”, algo que para él señala una “nueva gramática” en lo que tiene que ver con la vivienda.
