Hace un año, el CIS publicó un informe bajo el rótulo “Turismo y gastronomía II”, en el cual se preguntaba a las personas encuestadas si consideraban que elaborar la comida en casa se sigue haciendo, si va reduciendo su uso o si se está viendo desplazada por la comida rápida: más de un 70% respondía que se reduce y que se ve desplazada. ¿El motivo? Un 69% lo achacaba a la falta de tiempo, fruto de un ritmo de vida acelerado. La paradoja: cada vez se inventan más aparatos que reducen y facilitan el cocinado de los productos, pero cada vez se percibe y se siente que no hay tiempo para cocinar.

Sobre esta base, el dueño de Mercadona, Juan Roig, augura que en el futuro las viviendas no tendrán cocinas, mientras observa —para su beneficio— que el gasto y consumo de platos preparados se ha disparado. Por supuesto, esto tiene su lógica: cocinar requiere de tiempo, pero no solo dentro de la cocina; requiere de tiempo para bajar al supermercado (especialmente si se trata de alimentos frescos, porque obliga a tener que ir varias veces por semana), y requiere de un tiempo para pensar, planear y prever qué cocinar. Esto, en el contexto contemporáneo, se vive como un fardo que cargar y, a la inversa, acceder a comida preparada se percibe como una liberación.

Pero nada de eso sucede en el aire y de manera aislada; al contrario, cobra sentido dentro de una dinámica muy concreta, en nuestro caso, la dinámica de la aceleración. Aceleración que, en palabras de Hartmut Rosa, implica un movimiento cada vez más rápido del mundo material, social y espiritual, lo cual acciona una forma de ser, estar y vincularse con el mundo y los demás. Una forma que busca subordinar todo el tiempo de vida disponible a un tiempo potencialmente vendible y comprable en la comunidad del dinero. Es por ese motivo que la pregunta que tenemos que hacernos no es solo la de qué hacer dentro del contexto, sino también aquella que cuestiona la razón de ser del propio contexto: ¿es preferible caminar hacia una sociedad que amplíe el tiempo libre para poder cocinar a una donde no se puede cocinar porque no se tiene tiempo?

Lo que comemos, cómo lo comemos, en dónde lo comemos, cuándo comemos y junto a quién lo comemos expresa una cultura, una relación con el mundo y un poso civilizatorio: “el hambre es hambre, pero el hambre que se satisface con carne guisada, comida con cuchillo y tenedor, es hambre muy distinta del que devora carne con ayuda de manos, uñas y dientes” (Marx). El sociólogo Norbert Elias, en su libro El proceso de la civilización, analiza el salto normativo que implicó la introducción del tenedor y el cuchillo en la mesa, validando así un espacio de encuentro y confianza social donde el cuchillo de uno no implicaba una amenaza vital para el otro. Son estos cambios, aparentemente pequeños, los que nos revelan transformaciones más profundas de la estructura social y cultural: no se trata solo de una cultura meramente culinaria, se trata de algo que lo cambia todo, aunque no siempre tiene que ser a mejor.

En la serie Yellowstone, protagonizada por Kevin Costner, se muestra la sociología de la América profunda a través de la historia de un rancho de cowboys ubicado en Montana. Se ha comentado que es la radiografía de una población trumpista que no quiere perder su modo de vida, basado en la apropiación pasada de tierras. Lo que me interesa destacar aquí es un elemento en concreto: cuando el progreso no supone avance, sino lo contrario. John Dutton (Kevin Costner) se postula para gobernador con un discurso cristalino contra el progreso porque vienen a por sus tierras y, al margen de que lo haga desde el mantenimiento de esa forma de vida siempre en disputa con los indios, esto no hace buena la amenaza que se cierne sobre ellos, también sobre los indios: multinacionales e inmobiliarias que quieren arrasar con todo el territorio, levantar un aeropuerto y convertir su vida en un parque temático. Mutatis mutandis, el progreso que busca desaparecer las cocinas —y todo lo que ello implica— no es un avance, es una amenaza: “yo soy el muro contra el que choca el progreso”.

Esto no significa que la comida preparada, en sí misma, sea algo malo o que no tenga su utilidad; tampoco se trata de juzgar a nadie, porque no es un problema de rectitud moral ni nada parecido. Es un problema de dinámica, y de lo que supone social y culturalmente esa dinámica sobre la vida, la libertad, las relaciones sociales y la autonomía. Hay que desmitificar la idea, siguiendo a Rosa, de que la calidad de vida humana puede reducirse únicamente en función de la cantidad de opciones a nuestra disposición, porque, en ocasiones, esto aparece sobre la imposibilidad de optar por tener tiempo libre. No hay opción a nuestra disposición que pueda competir con tener tiempo para cocinar con tu hijo subido a un taburete y enseñarle lo que son los alimentos.

Habrá quien tenga la tentación de pensar que todo esto es culpa del feminismo, porque cuestiona el rol donde las mujeres viven encerradas en una cocina, y que la solución a esta dinámica pasa por volver a poner las cosas en su lugar, para que cada uno cumpla el papel que tiene asignado. Nada más lejos de la realidad. No se trata de volver al pasado, sino de construir otro futuro: uno donde no haya que elegir entre la mujer encerrada en la cocina o la desaparición de la cocina, porque no hay que elegir –tampoco se puede– entre el capitalismo de posguerra o el actual. La liberación del tiempo de la necesidad es solo la condición de posibilidad de otra disputa política y cultural: qué hacer con ese tiempo y qué sentido darle. ¿Acabar como en la nave de la película Wall·E, o buscar ejes de resonancia que nos permitan cultivar todo aquello que el dinero no puede pagar?

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM y actualmente diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.

Coinciden la primera semana de un mes prometedor como mayo el Día del Trabajo y el Día de la Madre, dos fiestas en perpetuo diálogo: la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar es la segunda razón por la que no se tienen hijos en España. La primera es la falta de medios económicos y la tercera el miedo a entorpecer la carrera profesional, según la primera encuesta sobre fecundidad, familia e infancia que hizo el CIS a finales del año pasado. Casi un 70% de los españoles cree que tener hijos reduce la progresión profesional de uno de los progenitores o de ambos. Más de la mitad afirma que eso afecta más a las madres. El 87% de ellas ha cambiado su trayectoria laboral al tener hijos.

A pesar de los avances normativos y, en menor medida, sociales en materia de igualdad, las mujeres siguen enfrentándose a un abismo cuando se plantean ser madres. El contexto no ayuda: precariedad salarial, condiciones laborales incompatibles con la crianza y un mundo más complejo que antaño, con muchas personas viviendo lejos de sus familias, el principal apoyo de conciliación de España, y parejas que trabajan en distintas ciudades o profesionales que deben viajar con frecuencia por su empleo. Las soluciones de los millennials, la generación que ahora está teniendo hijos mayoritariamente, pasan por el trabajo digital, el emprendimiento, los encargos sin horario o dar un giro de 180 grados y opositar para buscar un empleo de ocho a tres o de nueve a cinco y descansos fijos.

Son recursos, salidas, pero no la panacea. “Nosotras advertimos de que la opción del trabajo independiente, aunque necesaria en muchos casos, no debe idealizarse: con frecuencia implica una pérdida de derechos laborales, falta de descanso y tiempo de ocio, y mayor sobrecarga, lo que repercute negativamente en el bienestar de las mujeres”, indica a infoLibre la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández. Y alerta: “Perpetuar estos modelos de conciliación, basados en la flexibilidad individual, refuerza los estereotipos de género y puede consolidar la idea de que son las mujeres quienes deben adaptarse para cuidar, en lugar de promover una corresponsabilidad real y efectiva en todos los ámbitos: familiar, empresarial y social”.

Frente lo esperable, la realidad: ese 87% de mujeres que ha cambiado su trayectoria laboral al convertirse en madre cuyo principal motivo para hacerlo ha sido no poder llegar a todo y necesitar cuidar su salud mental, según el informe ‘Sin madres no hay futuro’ de la asociación por la conciliación Yo no renuncio.

Algunos cambios son carrera de fondo y sprint al mismo tiempo, una auténtica proeza. Almudena Talón compaginó durante años las exigencias de ser reportera de Antena 3 en la Comunitat Valenciana con sacarse el grado de Magisterio, prepararse las oposiciones y criar a dos hijos. “Sin la ayuda de los abuelos, en mi caso, ni hijos, ni cambiar de vida tampoco. Media plaza es de ellos”, explica a infoLibre. Cuando ella comenzó a pensar si le compensaba mantener el trabajo de su vocación a cambio de a veces no ver a su hijo más que al amanecer, su marido, compañero de oficio, se quedó en paro. Pero no se llegó a plantear que él se quedara cuidando los niños, algo que recaía principalmente en los abuelos maternos, sino que se puso a formarse para encontrar otro empleo cuanto antes. “Si hubiera sido al revés, seguramente habría sido distinto”, reconoce la ahora maestra.

A veces, lo que comienza como una renuncia –en el caso de Talón, a un oficio dinámico del que todavía extraña las coberturas con sus compañeros cámaras–, desemboca en una vida más equilibrada y satisfactoria. Todos le decían que lo más lógico era que, si quería optar a un empleo público en la enseñanza para conciliar, utilizara el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) que se sacó al terminar Periodismo, con previsión de clase trabajadora, para presentarse a dar clase en un instituto.

Pero ella, reportera de vocación, no quería hacer algo sin sentirse motivada. Aunque es hija de maestra, fue al entrar en el universo infantil con su primer hijo cuando descubrió su pasión por la educación de los más pequeños y pensó en tomar el largo y esforzado camino de sacarse un grado con más de 30 años, siendo ya madre, y haciendo coberturas de fin de semana, pasando quincenas en Barcelona informando del procés y llegando demasiadas veces a casa después de la medianoche. La gesta le ha dado una vida bien balanceada: “Ahora sé que podré compartir con mis hijos todos los festivos de toda mi vida, que nunca más tendré que sufrir por no saber si estaré el Día de Reyes cuando abran los regalos”, dice con emoción y agradecimiento.

Talón pudo hacerlo todo sin moverse de su ciudad natal, València, pero para muchas madres la reinvención pasa también por desandar todo el camino de la adultez hasta incluso volver a la España despoblada de la que emigraron con 18 o 23 años; mudarse a lugares de dimensiones más manejables o con vivienda más barata y, sobre todo, donde estén a mano los abuelos.

Siete de cada 10 mujeres recurren a las abuelas o abuelos cuando ellas o sus parejas, si la tienen, no pueden atender los cuidados de los hijos, sobre todo para llevarlos al colegio y recogerlos, acompañarlos cuando enferman y estar con ellos en los días no lectivos pero sí laborables.

Eso fue lo que llevó a Vanesa, que prefiere compartir su historia sin su nombre real, a dejar, cuando se divorció, el Madrid metropolitano en el que nació y vivió hasta los 40 años por el pequeño pueblo de sus abuelos en Salamanca donde residen sus padres ya jubilados. En el trabajo, después de varios intentos y opciones barajadas, ha logrado tener un puesto administrativo que le permite estar libre cuando su hijo agota las horas que puede estar un niño en un colegio.

Su gran cabriola ha sido en cuanto a estilo de vida. “Pasé de disponer de todo lo que ofrece una gran capital a necesitar el coche hasta para comprar leche”, cuenta. Después de unos años en una escuela rural, con muchas limitaciones y pocos niños, terminó trasladando a su hijo a un colegio de la ciudad y su logística se complicó aún más. Agotada ya de comer deprisa y corriendo en el coche, encontró un piso en el alfoz de Salamanca, donde su hijo puede crecer rodeado de niños a todas horas y ella pisar su casa durante las horas de luz solar.

Tanto el pueblo como la ciudad tienen sus hándicaps particulares para la crianza. “Las mujeres que viven en zonas rurales se enfrentan a mayores obstáculos: menos servicios públicos accesibles, menos alternativas laborales y una mayor presión social para asumir los cuidados debido a la pervivencia de roles de género más tradicionales. En cambio, en las ciudades, aunque puede haber más opciones de empleo y servicios, los tiempos de desplazamiento, los costes y la falta de redes de apoyo también dificultan la conciliación”, resume la directora del Instituto de las Mujeres. El 85% de las mujeres, rurales y urbanas, declara haberse sentido sola desde que es madre por no contar con los apoyos para poder conciliar.

Las mujeres resuelven su rompecabezas como pueden, incluso cuando los cuidados de sus hijos se solapan con los cuidados de sus padres. Pero esa misión no debería estar sólo en sus manos: “Una solución es que los padres cuiden a sus hijos e hijas, al menos, al 50%. Las mujeres están cubriendo la ausencia de los hombres y la falta de servicios públicos. Ante la falta de corresponsabilidad y las dificultades estructurales para conciliar, muchas mujeres recurren a soluciones individuales para poder seguir generando ingresos mientras cuidan de sus hijas, hijos o personas dependientes. Esto no es justo y genera desigualdad”, recuerda Hernández.

La reforma laboral de 2022 ha supuesto un cambio notable en el paisaje con que acostumbraba a dibujarse el mercado de trabajo español, abonado al abuso del contrato temporal. Las estadísticas así lo revelan, con un crecimiento del empleo indefinido de 3,4 millones de afiliados en los últimos años y una caída de 10 puntos porcentuales en la tasa de temporalidad. De forma que también se han alterado las pautas del despido: ha aumentado el número de los indefinidos a los que se rescinde el contrato y disminuido los ceses de temporales. Al tiempo, se han reducido las cuantías medias de las indemnizaciones que reciben los fijos y crecido las compensaciones que reciben los temporales. El motivo principal es que cada vez se despide a trabajadores indefinidos con menos antigüedad. En cambio, los temporales tienen 12 días por año trabajado como compensación, pero si la empresa prescinde de ellos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, la indemnización sube a 20 días.

También se ha producido un cambio más sorprendente. Desde 2022, cuando entró en vigor la última reforma laboral, las indemnizaciones que las empresas pagan a las mujeres con contratos indefinidos y desde 2021 también a las fijas discontinuas. Nunca había ocurrido antes. Al menos en su cuantía media, según constata la última Estadística de despidos y su coste, que publicó el Ministerio de Trabajo hace apenas dos semanas.

El dato es llamativo porque los salarios de las mujeres son inferiores a los de los hombres y son precisamente las retribuciones el parámetro básico sobre el que se calcula la indemnización: 20 días de sueldo por año trabajado para los despidos por causas objetivas, 33 días para los improcedentes. De hecho, en 2022, el último año del que ha publicado datos la Encuesta de estructura salarial del INE, la brecha salarial, entendida como la diferencia entre el salario bruto por hora de hombres y mujeres, se situó en el 9%.

Es más, la encuesta se encarga de destacar que, en todas las actividades económicas en las que la representación femenina es “significativa”, las mujeres tienen siempre un salario inferior al de los hombres. Otra muestra adicional de la desigualdad salarial por sexos es que el 30% de las mujeres percibió en 2022 menos de 15.000 euros anuales, mientras que en el caso de los hombres no llegaron al 14%. Por el contrario, en la parte superior de los salarios, el 35% de los hombres cobró más de 30.000 euros anuales, pero sólo superó ese límite el 27% de mujeres.

Y esa diferencia se reproduce independientemente del tipo de contrato. Los sueldos de las mujeres con contrato indefinido son un 10,2% inferiores a los de los hombres y un 5,5% menores si tienen contratos temporales.

No obstante, los salarios femeninos no han dejado de subir, e incluso mejoran más que los de los hombres. En 2022, el sueldo medio de las mujeres creció un 5,1%, mientras que el de los hombres lo hizo un 3,5%. Aun así, ese año el salario medio de las trabajadoras españolas ascendía a 24.359,82 euros; el de los trabajadores se elevaba a 29.381,84 euros, un 20,6% más.

El segundo parámetro para calcular la indemnización es la antigüedad del trabajador o trabajadora. ¿Están despidiendo las empresas a trabajadoras más veteranas?

La estadística de Trabajo no ayuda a contestar a esa pregunta. Porque, al desglosar las cuantías medias de los despidos por la antigüedad del trabajador y su sexo, resulta que las mujeres cobran indemnizaciones más elevadas sólo cuando llevan menos de tres meses en la empresa. Las cantidades recibidas por los hombres empiezan a ser superiores que las recibidas por las mujeres cuando acumulan más de tres meses de antigüedad. Y la brecha se agranda según crece el tiempo de permanencia en la empresa: mientras que entre tres y seis meses de antigüedad la diferencia entre la indemnización masculina y la femenina es sólo de 80,6 euros a favor de los hombres, entre uno y dos años ya es de 814,3 euros, y nada menos que de 4.872,4 euros si llevan más de dos años trabajando en la misma compañía.

infoLibre ha preguntado tanto al Ministerio de Trabajo como a CCOO y UGT por las causas de este cambio. El departamento que encabeza Yolanda Díaz atribuye el alza de las indemnizaciones de las mujeres al aumento del número de mujeres que han pasado de tener contratos temporales a indefinidos desde la reforma laboral. Según la estadística de contratos del SEPE, las conversiones de contratos temporales a indefinidos de mujeres ascienden a 1,01 millones desde enero de 2022 hasta noviembre de 2024. En el caso de los hombres, fueron 1,2 millones. En 2022, el primer año de aplicación de la reforma, las conversiones de temporales a indefinidos se dispararon hasta 1,32 millones, un 51,8% más que en 2021. Pero crecieron mucho más las de mujeres: las 228.232 nuevas indefinidas equivalen a un alza del 62,2%, mientras que los 226.817 nuevos indefinidos dejan su mejora en un 44,4%. Las que fueron despedidas de entre esas nuevas indefinidas consiguieron así mayores indemnizaciones debido a su mayor antigüedad, explica el Ministerio de Trabajo.

Por su parte, UGT apunta hacia “la maternidad y la conciliación” como posibles factores. “Las empresas pagan más dinero en estos casos cuando despiden”, explica el sindicato, a falta de un análisis más detallado. CCOO cree que puede deberse a que se despiden más hombres que mujeres, lo que puede haber “tirado hacia abajo” la media de las indemnizaciones masculinas. Ciertamente, en 2023 se rescindió el contrato a 345.165 hombres, 97.754 más que a mujeres. No sólo ha crecido más el número de hombres despedidos desde 2021 –han aumentado un 35,4% en esos tres años, cuatro puntos porcentuales más que los de mujeres–, sino que también lo ha hecho la brecha con el número de mujeres. Si en 2021 se despedía a un 35% más de hombres que de mujeres, en 2023 la diferencia alcanzaba el 39,5%.

Así, la cuantía media de una indemnización por despido para una mujer con contrato indefinido a tiempo completo alcanzó en 2023 los 10.201,5 euros, 656,6 euros más que la pagada a un hombre, casi un 7% más. Las indefinidas a tiempo parcial también cobraron –2.281,3 euros– más el año pasado al ser despedidas que los hombres con esos mismos contratos, 701,8 euros más de media. Pero eso no es una novedad, puesto que siempre ha sido así: los contratos a tiempo parcial son en su mayoría firmados por mujeres. Las fijas discontinuas percibieron indemnizaciones de 1.728,5 euros, 296,6 euros más –un 21% más– que sus compañeros masculinos, pero también se trata de un tipo de contrato muy feminizado. Eso sí, el cambio de tendencia se adelantó un año a la reforma laboral, porque comenzó en 2021.

Por el contrario, los hombres siguen recibiendo compensaciones más altas cuando tienen contratos temporales, tanto con jornada completa como parcial: 483 más en el primer caso y apenas 29 euros más en el segundo.

La estadística de Trabajo permite además echar la vista más atrás y comparar el número de despidos y la cuantía de las indemnizaciones desde 2015. Los trabajadores a los que se extinguió el contrato han crecido un 32% en ese plazo de tiempo, desde la gran crisis financiera, cuando la tasa de paro era del 23,8% –en el primer trimestre de 2015–, hasta la posreforma laboral, con un 11,7% al cierre de 2023, casi 12 puntos menos. Han aumentado tanto los despidos disciplinarios –un 28%– como los objetivos –un 42,5%–, pero han caído los colectivos, los ERE, un 48,8% desde el máximo que alcanzaron en 2021. Aun así, siguen un 18,3% por encima de los registrados en 2015.

Lo mismo ocurre si el recuento se hace según el tipo de contrato. Los de indefinidos a tiempo completo se han disparado un 78% y aún más los de indefinidos a tiempo parcial, un 116%. Como también se hacen muchísimos más contratos fijos discontinuos, sus despidos casi se han sextuplicado desde 2015, cuando era una figura poco usada por las empresas. En sintonía con la caída del empleo temporal abusivo, se han recortado igualmente los ceses de estos trabajadores, un 68,3% los empleados a jornada completa y un 72,6% los de jornada parcial.

Pero sin duda lo más significativo es la caída de las indemnizaciones: casi un 26% desde 2015, desde los 10.045 euros de 2015 hasta los 7.446,3 euros de 2023. En el caso de quienes tenían un contrato indefinido a tiempo completo, la reducción de la cuantía media casi es del 50% –de 19.380 euros a 9.768– , y casi de un 40% la de quienes tenían uno a tiempo parcial. Para los fijos discontinuos el recorte ha sido mayor, de un 70,4%, de 5.275,4 a 1.559 euros. Por el contrario, las compensaciones de los temporales han mejorado en ocho años un 19% –hasta 1.466 euros–  y un 34% –hasta 660,7 euros–, dependiendo de si la jornada era completa o parcial.

El pasado mes de julio, el Comité Europeo de Derechos Sociales dictaminó, a resultas de una reclamación presentada por UGT, que las indemnizaciones establecidas por la ley española para los despidos improcedentes no son lo bastante elevadas “para reparar el daño real sufrido” por el trabajador y “para ser disuasorios para el empleador”. A su juicio, el sistema de indemnización “tasado y topado” español no respeta la Carta Social Europea, que España ha firmado. La intención manifestada por el Ministerio de Trabajo es cumplir esa resolución modificando el actual sistema de cálculo de las compensaciones por despido improcedente, de forma que éstas sean realmente “reparativas” del daño causado al trabajador.

"Es la sensación de que no te quieren escuchar, de que no te van a ayudar, de que estás desamparado completamente", se desahoga María al otro lado del teléfono. Como ella, son muchos los ciudadanos españoles —hasta 36.635 residentes— que sufren a diario la incompetencia del Consulado de España en Ámsterdam, encargado de la asistencia administrativa de los nacionales residentes en territorio neerlandés. DNI, pasaportes, certificados, servicios de registro civil, de gestión de la nacionalidad o del censo electoral. Todos estos procedimientos pasan inevitablemente por las oficinas del consulado. Un órgano —según denuncian sus propios trabajadores— infradotado, avejentado y sobresaturado por sus interminables listas de espera.

"Por fin hemos conseguido finalizar su registro. Ya tenemos su DNI y su pasaporte. Se acabó la pesadilla", comenta aliviada María, investigadora española residente en Países Bajos desde hace siete años. En septiembre, se convirtió en madre primeriza, una alegría teñida de preocupación al encontrarse de bruces con las trabas de un procedimiento aparentemente sencillo y habitual: inscribir a su hijo en el registro civil español.

"El primer paso es registrarlo en el Ayuntamiento del municipio o ciudad en el que nace. Después, tienes que solicitar el acta de nacimiento, documentación esencial para inscribirlo en el registro civil español, para que se le reconozca como ciudadano español de pleno derecho. Y solo el acta ya tarda unas tres semanas", comienza explicando. Pero el verdadero problema viene después, cuando se activan las competencias consulares. "No existe la posibilidad de hacer ninguna gestión presencialmente. Todo es por correo y la información sobre cómo proceder con los trámites la tienes que sacar de su página web, repleta de información contradictoria, a veces directamente incomprensible. ¿Los correos? Todavía los tengo sin contestar. ¿Las llamadas? Te cogen una de cada diez y te despachan de mala manera a los cinco minutos sin darte la información que necesitas".

Documentación enviada. Toca esperar con paciencia, mucha paciencia. "No te dan ningún tipo de plazo o fecha orientativa sobre cuánto puede tardar tu trámite. 'Va a tardar, eso tarda'. Vale, ¿pero cuánto?", protesta María. "Pasaban las semanas y no sabíamos nada". Con su documentación oficial, su libro de familia, desaparecido en combate. Y no termina ahí. Después del tedioso registro civil, llega la emisión del DNI y el pasaporte. "Como mínimo, y sin garantías, otras tres semanas".

La situación de María era todavía más complicada. Se reincorporaba al trabajo a principios de diciembre y, por motivos laborales, tenía que viajar a Suiza. "Quería poder llevarme a mi hijo conmigo. Pero claro, no tenía ni nacionalidad reconocida ni documento de identidad: no podía salir", relata. "Una mujer trabajadora, a la que le toca viajar, y que se reincorpora cuando el niño todavía está lactando o en casos en los que no hay otro progenitor con el que compartir los cuidados, de repente se encuentra atrapada en el país", recuerda con frustración. "¿Conciliación? Nos ponen a las familias, especialmente a las madres, en una situación de vulnerabilidad indignante".

Eso sin tener en cuenta a los propios niños, que se ven expuestos durante un tiempo indeterminado a una situación de absoluta indefensión: la apatridia. ¿La solución? Solicitar un salvoconducto para el menor —que solo le permite salir al país de origen de sus padres—, viajar a España y gestionar ahí la documentación. "¿Para qué hay un consulado, si luego te fuerzan a volver a España para que te solucionen el papeleo? Y porque teníamos los medios económicos, pero me pregunto qué pasa con las personas que no disponen de esa posibilidad".

Durante todo el proceso, María y su pareja tuvieron que personarse en un par de ocasiones en el consulado. "Está en un sótano, al que se le cae la pintura a cachos, en el que hace frío, sin ventilación, húmedo, sin un aseo… Una vergüenza. Con el carro escaleras arriba, escaleras abajo. Porque fuimos los dos, pero ¿una persona que va sola o con problemas de movilidad cómo hace para entrar ahí?", denuncia molesta.

No todo es negativo. María contó con un apoyo fundamental: el Consejo de Residentes Españoles en los Países Bajos. "El CRE fue lo que nos salvó. Gracias a ellos, supimos a qué plazos atenernos y consiguieron acelerar nuestro trámite. Al final pudimos inscribirlo a los tres meses. Parece mucho, pero lo habitual es que tarde bastante más", reconoce. "También nos informaron sobre cómo proceder, animándonos a interponer una queja formal ante el Ministerio de Exteriores". Un queja que han ampliado al Ministerio de Igualdad y al Defensor del Pueblo. A día de hoy, no hay respuesta.

Tampoco es un caso aislado. Las reseñas de Google, calificando los servicios asistenciales del consulado, evidencian su degradación: apenas dos estrellas y cientos de comentarios cargados de críticas e indignación. "Es el peor trato que he recibido en mucho tiempo", comenta una usuaria. "Impresentables a más no poder", valora otro mensaje. "Pésimo servicio, prehistórico e inútil", se puede leer un poco más abajo. A medida que seguimos scrolleando, las quejas coinciden: emails sin contestar, una página web confusa y anticuada, una pésima asistencia telefónica, plazos eternos, un trato desagradable... "Es el peor consulado español: nunca responden a las llamadas ni tampoco a los correos, pésimo personal y servicio. El Ministerio debería tomar medidas ya", sentencia con exasperación otro cibernauta, que se identifica como ciudadano español residente en la capital neerlandesa.

La asistencia consular es un derecho sancionado por la legislación internacional, en concreto, en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. "El consulado, la embajada, son territorio español. Tenemos derecho a recibir la misma asistencia que cualquier ciudadano recibe en España", reivindica María. "Es la peor experiencia de ser migrante. Es cuando te das cuenta realmente de que no eres un ciudadano de pleno derecho".

Tenía que ocurrir, iba a ocurrir y por fin ha ocurrido: el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha puesto el cascabel al gato al reivindicar en un informe político presentado a la Coordinadora Federal de su partido, “una propuesta unitaria para que las formaciones que tengan coincidencias programáticas en la construcción de un proyecto de país y la gestión de gobierno tenga una correlación en una propuesta electoral unitaria con todos dentro y sin vetos cruzados”. 

¿Por qué tenía que ocurrir? Lo explicamos con números en el análisis del barómetro del CIS de este mismo mes. Si mañana hubiera convocatoria de elecciones generales y tanto Sumar como Podemos concurrieran por separado, apenas obtendrían 12 y 3 escaños respectivamente, cuando juntas lograron 31 hace apenas un año y medio. Sin esos escaños, game over. Los efectos de la ley D’Hondt en partidos que están a nivel nacional en la horquilla del 8% al 12% es demoledor, por la cantidad de votos perdidos que no revierten en diputados en las provincias medianas y ya no digamos las pequeñas. Pero es que además, la división está pasando factura también en términos de horizonte y expectativa vital en un segmento clave para la izquierda en su conjunto: los nuevos votantes, la generación Z y la generación Y (más conocidos comúnmente como millennials), muchos de ellos padres de familia con hijos en edades tempranas. Es decir, entre aquellos que se incorporan al censo electoral y votarán por vez primera en ¿2027?, aquellos que viven en casas de sus padres con 25 o 30 años, y entre aquellos que se han emancipado y están haciendo malabares para seguir formándose, trabajar, pagarse un alquiler o formar una familia.  En estos destaca la ausencia de un relato vital de futuro ilusionante a lo que se une, en la izquierda, una moral de victoria baja, a diferencia de lo que sucede con una derecha efervescente. 

La marcha por la vivienda ha servido de acicate a Pedro Sánchez para anunciar ayudas por valor de 200 millones de euros a menores de 35 años.  ¿Por qué ahora y no hace 4 o 6 años? ¿Qué votan esos menores de 35? Vamos a coger como referencia el estudio “Fecundidad, Familia e Infancia” publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas el pasado 8 de octubre, con 5.742 entrevistas, uno de los más importantes que se han realizado en los últimos tiempos en cuanto al número de entrevistas, ya que permite hacer un análisis segmentado con un margen de error relativamente reducido.

Los datos son elocuentes. La comparativa entre voto directo declarado (a quién votarían en unas elecciones generales que se celebran en la actualidad) y el recuerdo de voto (a quién se votó en los últimos comicios), deja una conclusión a marcar en negrita: la derecha recupera terreno con claridad por debajo de 55 años, que es donde la izquierda perdería las elecciones si las cosas no cambian. Vamos a ver en detalle cómo ha variado la distancia entre izquierda (PSOE+Sumar+Podemos) y derecha (PP+Vox+SALF), obviando en este análisis a los partidos nacionalistas de uno y otro lado:

La fotografía, con algunas diferencias, no varía en lo sustancial en el barómetro político recién publicado este mismo lunes, lo que viene a corroborar la consistencia de los resultados y la conveniencia de las reflexiones que se plantean de fondo. 

En primer lugar, el retroceso que está sufriendo la izquierda (y sensu contrario el avance de la derecha) en la franja de 25 a 44 años, la misma que desniveló la balanza hace una década con la aparición de los nuevos partidos. Hay que pensar en las dificultades específicas de esas generaciones, con la vivienda y la conciliación subrayadas en mayúsculas. Esto puede verse con claridad en cómo responden a la pregunta de los problemas que más les afectan, donde la vivienda, las dificultades de índole económica y las cuestiones relacionadas con la calidad del empleo se sitúan a la cabeza. No es de extrañar que el gobierno, con el presidente y la vicepresidenta a la cabeza, pongan el foco ahí.

En segundo lugar, cabe fijarse en la ascendencia que tiene entre los votantes que se incorporan al censo electoral (que hoy tienen 18 o 19 años) las posiciones que rompen con el sistema. Ya en las últimas generales fue la franja en la que mejor se comportó la derecha en términos comparativos, pero han aparecido más señales que apuntan en esa dirección.

Los españoles entre 18 y 24 años son los más situados a la derecha en el eje ideológico con un 5,5 en la escala de 1 a 10. Seguidos de los que tienen entre 25 y 34 años que se ubican en el 5,2 (la media del país es 5,0 según el mencionado estudio de fecundidad, familia e infancia). Y no acaba aquí, más madera. El voto a Vox por debajo de 35 está a la par del voto al PP o directamente por encima, como señala el CIS de este lunes que sitúa a Vox en esa franja con el 17% y al PP con 12%. Por último, cuando se pregunta en espontáneo por el presidente preferido, Abascal (14%) duplica en menciones a Feijóo (7%), la misma franja en la que también despunta Alvise (sobre todo entre los 25 y los 44 años).

España no es la excepción. En el análisis postelectoral de las elecciones europeas publicado en estas páginas ya abordamos la incidencia de la brecha generacional en los resultados. 

Llegados a este punto volvemos aquí a las palabras de Maíllo del pasado fin de semana en las que pedía una confluencia de partidos a la izquierda del PSOE. Lo cierto es que el Partido Socialista sigue liderando en voto declarado todas estas franjas, también las jóvenes –con mucho menos apoyo que entre los mayores–, con que lo que le está faltando al bloque de la izquierda son los aportes que en su momento hacían Sumar y Podemos. Un ejemplo de ello, si nos detenemos en la franja en la que más ha caído la izquierda, la de 25 a 44 años, el PSOE mantiene los mismos apoyos que tenía en julio’23, un 17% de los votos, pero sin embargo Sumar/Podemos han bajado de 16% a 10%, al mismo tiempo que la derecha se refuerza. Esto no es extrapolable del mismo modo a territorios como País Vasco o Cataluña, pero sí es una tónica general a la mayoría. 

En tercer lugar la izquierda muestra síntomas de agotamiento entre las mujeres, el sostén que le permitió ganar las elecciones en julio del año pasado. Tras el verano el PSOE experimenta una caída significativa en su apoyo, que tampoco se ve compensada con un crecimiento en voto a Sumar o Podemos. Entre 4 y 5 puntos de caída desde junio. Aquí las cosas se simplifican, ellas han sido el sostén de la izquierda y sin ellas jaque mate. Las mujeres siguen votando más a la izquierda pero la distancia se acorta. No es que salten al PP, lo que crece es la indecisión: en torno a un 20% no tienen decidido a quién votarían.  

A estos tres frentes de batalla se suman otros, en clave ocupacional, formativa y vital que iremos desglosando en futuros artículos.

Rafael Ruiz es consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab.

La furibunda y muy patria reacción a las enormes transformaciones que el feminismo ha conseguido tiene una consecuencia complicada en la sociedad de la posverdad en la que vivimos. Es difícil enunciar algo desde el feminismo y ser creída. Da igual que lo que se plantee sea una agresión sexual o la pertinencia de una política pública. Esta sutil pero arrolladora estrategia es quizás la forma más retorcida que el patriarcado tiene de disciplinarnos. ¿Qué seguís pidiendo, si ya tenéis todos derechos? –Dice el señor P–. Da igual lo que digan las señoras F. Pues precisamente esa falta de legitimidad que motiva la pregunta es la que mantiene la brecha abierta. Sutil, pero tremendamente efectivo. No cabe en una infografía, pero no hay una en la que no esté presente.

Sigo creyendo que la mejor estrategia ante esta coyuntura no pasa por evitar el feminismo como parte de la agenda política por las complicaciones que éste pueda ocasionar a quien quiera ejercer una portavocía política lo más libre posible de máculas, sino conseguir que éste termine siendo enunciado desde lugares insospechados. Seducción, transversalidad. El feminismo que aspira a cambiar las cosas, con voluntad de poder, necesitará devenir en nuevas gramáticas y semánticas. Siempre en código abierto. 

Es por ello que el hecho de que el líder de la oposición en España, el mismo que pacta con la ultraderecha y ha llevado con sus políticas a las mujeres gallegas a vivir las peores consecuencias del patriarcado convertido en política pública, diga que la conciliación no es una política ni de izquierdas ni de derechas, sino útil, es un éxito absoluto del feminismo. Está claro que si las políticas de cuidados son deficientes en España es también en parte por la responsabilidad que la derecha ha tenido cuando ha gobernado. Y sin embargo, fuera de la caja de resonancia de la comunicación política, los problemas de la gente se siguen pareciendo más a las reivindicaciones del feminismo que a las preocupaciones de la derecha. Una madre española, también la que vota a la derecha, tiene más problemas por no poder pagar el comedor de su hijo y llegar a tiempo a cambiarle el pañal a su madre que tiene demencia y no tiene plaza en una residencia, antes que por el color de la piel de no sé quién que vive en no sé dónde. Feijóo lo sabe, y por eso ha decidido hablar de cuidados, porque ante un Gobierno que parece no terminar de cogerle el pulso al país, la oposición empieza a ensayar una jugada de centro.

Esta apuesta por las políticas de cuidados ha sido defendida antes por doscientos millones de feministas en mil cuatrocientos libros, manifiestos, manifestaciones, reuniones, estudios y tesis doctorales. Estas a su vez han conseguido que partidos y sindicatos, a duras penas y gracias a los esfuerzos de otras miles de feministas, lo llevasen también en sus agendas políticas, y cuando milagrosamente y con sacrificios, algunas de esas feministas han llegado a las instituciones, muchas de esas medidas también han comenzado a ponerse en marcha. Sin embargo, se mire por donde se mire, la brecha de género en los cuidados sigue siendo salvaje. Es de hecho la que motiva todo lo demás. Decía Butler en una entrevista sobre su último libro, ¿Quién teme al género?, que el feminismo es un cuestionamiento sobre las ideas dadas de lo que una mujer es. Como mujer te dicen que tu lugar es la cocina o el trabajo reproductivo, que harás peor otros trabajos que no sean estos y que la vida pública no es para ti. Es por ello que la verdadera política pública feminista tiene que ver con reordenar esas nociones dadas, no solo luchar contra las formas que el patriarcado tiene de disciplinarnos (la lucha contra las violencias no puede ser la única política de igualdad) cuando no las aceptamos, sino también de ofrecer un orden social alternativo en el que ser mujer no signifique cuidar y ser hombre no signifique proveer. Es por ello que las políticas de cuidados son las políticas feministas por antonomasia. Y, efectivamente, son además útiles.

El feminismo tiene la enorme ventaja de ser útil para la sociedad. La explicación a esta afirmación también se ha desarrollado en mil doscientos millones de lugares pero lo podríamos resumir aquí, para lo que nos concierne, en dos argumentos. Primero porque con el capitalismo vivimos mal, hasta Feijóo lo sabe, y el feminismo ofrece una alternativa completa en la que todo el mundo podría vivir mejor. Y un segundo argumento, de tipo muy neoliberal, pero, queridas, necesitamos que esto se entienda: El modelo de sociedad que se plantea desde el feminismo con las políticas de cuidados es más eficiente que el actual en términos económicos, esto es, sería bueno para el país. Acabar con la desigualdad haría que España fuera mejor. Iba a dedicar este artículo a contaros lo que otras dos mil millones de mujeres antes han dicho sobre esto, pero he pensado que —y he aquí la cifra de nuestro tiempo reaccionario— creerías antes a una Inteligencia Artificial que a todo el pensamiento colectivo y acumulado de forma histórica de las mujeres. Claro, que el primero no existiría sin el segundo, pero eso ya para la próxima ocasión. Os dejo aquí una interesante conversación con una Inteligencia Artificial que he tenido estos días a raíz de una publicación en la red social X, valorando las declaraciones de Feijóo sobre conciliación. No lo dice el feminismo, no lo dice ni la izquierda ni la derecha, lo dice la Inteligencia Artificial: España necesita una transición feminista hacia la economía de los cuidados.

Aquí la interesante conversación por si pudiera servir de interés a un hipotético Gobierno con capacidad para acometer semejante reforma:

Si quisiéramos regular en España el cuidado como derecho, calcula los costes basándonos en las políticas ya existentes y presupuestadas en los Presupuestos Generales del Estado. Derecho a cuidar (permisos, reducción jornada laboral) derecho a ser cuidadx (dependencia, gratuidad 0 a 3, cambiar modelo residencias, y crear una empresa pública de cuidados que genere empleo, en Catalunya ya vemos que sería el 2%) y derecho a cuidar con calidad (acabar con la precariedad y el trabajo en B que existe en este sector) y cuidado digno y en igualdad (corresponsabilidad y reconocimiento a través de pensiones y fiscalidad).

Calcular estos costes implica un aumento significativo del gasto público. Aquí una estimación:

Total estimado: Aproximadamente 104.85 mil millones de euros anuales, cerca del 8% del PIB.

Querría que profundizases en todos los puntos con datos más concretos.

○    Dependencia: Triplicar el gasto actual sumaría unos 8.4 mil millones.

○    Gratuidad 0 a 3 años: Inversión estimada en el 2% del PIB, unos 26 mil millones.

○    Residencias: Mejorar el modelo duplicaría el gasto a 5 mil millones.

○    Empresa pública de cuidados: Costaría alrededor del 2% del PIB, otros 26 mil millones.

¿Cuál podría ser el beneficio en retorno económico para el Estado si la mayoría de esos empleos necesarios para el cuidado de personas enfermas, mayores, dependientes o menores de edad fueran empleos de tipo público?

¿Estás planteando que por ejemplo sería positiva la inversión en cuidados para cerrar las brechas de género existentes en España?

Sí, invertir en cuidados ayudaría a cerrar brechas de género al:

●    Redistribuir el trabajo de cuidados, liberando a mujeres para participar plenamente en el mercado laboral.

●    Generar empleo formal en un sector feminizado, mejorando las condiciones laborales.

●    Fomentar la corresponsabilidad y reducir la desigualdad salarial.

●    Mejorar las pensiones para las mujeres al reconocer el trabajo de cuidados. Esto implicaría un cambio estructural, similar al de la transición ecológica.

Si comparamos esta inversión económica con otras que antes se hayan podido hacer en España, ¿podemos hablar de una transición como sucede con la transición ecológica o la industrial?

Sí, esta inversión sería comparable a una transición estructural como la industrial o ecológica. Implicaría:

●    Cambio de paradigma hacia una economía centrada en el bienestar social.

●    Movilización de recursos al nivel de la reconstrucción tras la Guerra Civil o las inversiones en la transición ecológica.

●    Creación masiva de empleo y transformación de la fuerza laboral.

●    Cambio cultural, revalorizando el cuidado y promoviendo la igualdad.

¿Tendría sentido que esta transición pudiera empujarse desde un organismo público determinado que aunara no solo la perspectiva laboralista o social, sino también la de género?

Sí, tendría sentido crear un organismo público específico para coordinar esta transición. Este organismo:

●    Integraría perspectivas laboral, social y de género para abordar la economía de cuidados de forma integral.

●    Coordinaría políticas interministeriales (Trabajo, Igualdad, Sanidad) y con distintos niveles de gobierno.

●    Fomentaría la corresponsabilidad y promovería campañas de concienciación.

●    Podría ser un Ministerio del Cuidado y la Igualdad o una Agencia Estatal que gestione las políticas de cuidados.

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Ángela Rodríguez es exsecretaria de Estado de Igualdad.

Dice el PP que la ley de conciliación que va a presentar este martes será la más ambiciosa de la democracia. Una norma —son palabras de la vicesecretaria de igualdad del PP, Ana Alós— con la que nadie tendrá que renunciar al trabajo para conciliar, pero que tendrá que estar consensuada entre los trabajadores y la empresa. No parece especialmente conciliador dejar en manos de las empresas la negociación individual de un derecho que deberían tener todas y todos los trabajadores. 

Vayamos a lo práctico. Me dirijo a usted, lector varón. Imagine que le dice a su jefe, por ejemplo el dueño de un restaurante, que quiere acogerse a la baja de paternidad porque acaba de ser padre. Teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad que, aunque ha logrado avances, sigue perpetuando los roles de género que atribuyen a las mujeres las tareas de cuidado, ¿cree que le pondría facilidades para concederle el permiso o que intentaría que fuese su pareja (mujer) la que lo cogiera para evitar hacerle el roto en el negocio? No hace falta pensar mucho para dar con la respuesta. ¿No es una forma, esta medida propuesta por el PP, de dejar en manos de las propias empresas la corresponsabilidad de los hombres?

Hace unos días fue Feijóo el que avanzó la hoja de ruta de la norma. Su medida estrella consiste en la eliminación de la simultaneidad, ahora fijada por ley, en los permisos marentales y parentales durante las seis primeras semanas tras el parto. Y aunque son muchas las voces que aseguran que cuando madres y padres coinciden durante este período, los hombres se convierten en meros ayudantes, también es un hecho que si son intercambiables es la mujer la que se queda en casa. Más que proponer “revolucionarias” propuestas que no tienen en cuenta la realidad social, podrían escuchar a las asociaciones que llevan años peleando por la conciliación. Resulta, sin duda, más tentador hacerse con esa bandera mientras la Ley de Familias, propuesta por el anterior gobierno de coalición, lleva meses atascada en el trámite parlamentario. 

Tampoco resulta convincente su propuesta de universalizar la educación de 0 a 3 años, pública o privada, que el propio Feijóo calificó de “un antes y un después”. Una medida que numerosos expertos rechazan porque, como pueden leer en este artículo, la educación en este tramo también es una cuestión de dinero y su acceso a ella depende del código postal. Según los datos, el 60% de los menores que acceden a esta etapa educativa provienen de clases altas. Hay muchos factores a tener en cuenta, pero si no se incentiva la demanda, corremos el peligro de que se acaben financiando las plazas de quien ya estaba dentro del sistema escolar. Es decir, de los que más tienen.

En sólo unos meses, el PP ha pasado de agitar el fantasma de ETA, de la ruptura de España por la ley de amnistía, de Venezuela e incluso del caso Begoña Gómez a enarbolar la bandera de la agenda social para ocuparse de “los problemas reales” de la ciudadanía. Si mantenemos la literalidad de sus palabras, la pregunta es obligada: ¿hasta ahora, entonces, qué hacían? Llevan meses comprando el discurso de la ultraderecha en materia de inmigración, llegando a convertirlo en el principal problema para los españoles, a pesar de que no hay datos que la relacionen con la delincuencia, como insistía este mismo lunes el ministro del Interior. 

Algo parecido han hecho con la okupación, apoyados por la derecha mediática que día tras día ha llenado páginas de periódicos y horas de televisión con informaciones alarmistas que advierten de la posibilidad de salir a comprar el pan y, al volver, encontrar la casa llena de okupas. Luchar contra esto, que tampoco tiene sustento en cifras (en esta columna tienen algunos datos) es otro de los puntales a los que quieren agarrarse los populares y ya han anunciado una ley de vivienda que pondrá el foco en ello. De momento, ninguna de sus comunidades —tampoco la cumplen algunas de las gobernadas por el PSOE— está aplicando la ley que se aprobó el año pasado.

Con esta medidas, algunas viejas recetas de la derecha, cuesta creerse la actual preocupación por los “problemas reales” del PP más allá de la intención de atraer a Junts y PNV para obtener su apoyo puntual o no perder el beneplácito de los empresarios. Cuesta porque hay comunidades, como Madrid, que llevan años recortando en sanidad o educación públicas y otras que, tras sus pactos con la ultraderecha, han puesto en cuestión la existencia de la violencia machista, han eliminado las consejerías de igualdad, han pretendido borrar la memoria democrática o incluso difuminar el significado de la dictadura franquista. Se hace complicado creerse la preocupación por los problemas reales que muestra ahora el PP porque —la hemeroteca no falla— llevan ya un tiempo haciendo caso omiso de ellos.

El Partido Popular sigue con su plan para tratar de disputar la agenda social al Gobierno de Pedro Sánchez tras identificar —a través de encuestas elaboradas por empresas demoscópicas — que cuestiones como la vivienda o la conciliación familiar preocupan más al grueso de la sociedad que la ley de amnistía. Hasta la fecha la dirección de Alberto Núñez Feijóo le había dado todo el protagonismo al olvido jurídico hasta el punto convertirlo en su punta de lanza contra el Ejecutivo central en en las Cortes Generales, los tribunales y en la calle.

En el inicio de este nuevo curso político, Génova ha querido cambiar el paso pero se ha encontrado a la patronal enfrente, por lo que ahora busca congraciarse con ellos a través nuevas medidas. Así, el PP ha anunciado a través de la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, que la norma "más ambiciosa de la democracia" sobre conciliación que registrarán en la Cámara Baja incluirá la creación de un premio nacional para "promover la sensibilización" y "premiar las buenas prácticas empresariales y sociales" y que también beneficiará a las empresas a la hora de conceder contratos públicos a aquellas que apliquen medidas de conciliación que vayan más allá de lo que plantea la ley.

Estas medidas se suman a las que ya anunció el PP la pasada semana en las que la empresa —y no el trabajador— son los principales beneficiados. Entre ellas, dar incentivos fiscales a las empresas que contraten a mujeres que se reincorporen al mercado laboral después de una excedencia por cuidado de hijos o familiares. "A CEOE le proponemos nuestra ley. La conciliación no tiene por qué ser una carga para las empresas", resumió Alós, que reclamó "poner entre todos de nuestra parte: las empresas, los trabajadores y la Administración".

Alós también nombró otra de las medidas que más controversia generó la pasada semana, la de eliminar la obligatoriedad fijada por ley en los permisos de paternidad y maternidad las primeras seis semanas después del parto. Actualmente ambos progenitores deben hacer uso de ese tiempo de forma obligatoria e ininterrumpida tras el nacimiento del bebé pero el PP plantea que el padre pueda hacer uso de esas seis semanas en otro momento. "El acuerdo entre trabajadores y empresa seguro que es posible", aseguró, abriendo la puerta a que las empresas nieguen ese permiso o fuercen al trabajador a utilizarlo cuando a él no le interese.

Lo que el PP ha querido destacar este lunes es que su planteamiento se alinea con el de la patronal, ya que, a su modo de ver su iniciativa repercutirá en la "calidad del trabajo" que desarrollan los trabajadores para sus empresas y, por tanto, tendrá un efecto positivo en la productividad. Fuentes de la formación ya advertían la pasada semana de que cualquier iniciativa en materia de conciliación deberá contar con el aval de la CEOE y esperan convencerles de que den su aprobación a la última ocurrencia de Feijóo sobre la jornada laboral.

Todo comenzó la semana pasada. El líder del Partido Popular trató de escenificar ese 'giro social' anunciando la ley de conciliación y abriendo la puerta a estudiar la jornada laboral de cuatro días a la semana —una de las medidas 'estrella' de la izquierda— pero no en las mismas condiciones en las que la plantean Sumar o Podemos, sino ampliando el número de horas diarias para el cómputo semanal permanezca igual. Es decir, lo que planteó Feijóo es trabajar "nueve o nueve horas y media" cada día y obtener, a cambio, una jornada extra a la semana.

Una propuesta que el líder del PP anunció que trasladaría a patronal y sindicatos en una reunión próxima. Días más tarde, desde Génova contaron a algunos medios que Feijóo había intentado ejercer de mediador con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para acercarlo a la postura del PP ya que, hasta ahora, la patronal ha rechazado cualquier propuesta que implique modificar la jornada laboral. El propio Garamendi, sin embargo, desmintió en una entrevista en Antena3 que la patronal avale esa iniciativa. "Ni me ha dicho que me atrae, ni me ha dicho qué tengo que hacer. Porque yo tengo que decir con toda claridad que nosotros somos independientes", alegó.

A Garamendi tampoco pareció convencerle el argumento de la productividad esgrimido por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero que también defienden Feijóo y su núcleo duro. "¿Por qué en vez de 37 horas y media no trabajamos 20? Lo digo porque si a menos horas tienes más productividad, yo trabajaría 20", ironizó. En esa línea, pidió "separar la política del día a día" y reivindicó "la libertad" de la CEOE para acordar y disentir con las formaciones políticas.

En una posterior entrevista con el diario El Mundo trató de mostrarse más conciliador y aseguró que el líder del PP "no le presiona" y que la CEOE "escucharía" el planteamiento del conservador. "Lo estudiaremos y si nos parece mal diremos que no. Si nos parece bien, pues que sí". Por el momento la postura de las patronales CEOE y Cepyme, que son las que están participando en las mesas de diálogo social, es contraria a la reducción del tiempo de trabajo de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 que propone Trabajo.

El líder del Partido Popular no quiere abrir ningún frente con el líder de los empresarios y ha procurado evitar cualquier tipo de conflicto con Garamendi al contrario que su antecesor, Pablo Casado, que se mostró muy crítico con el 'sí' de la patronal a la reforma laboral y también con unas declaraciones del propio presidente de la CEOE sobre los indultos. Para Génova es de vital importancia contar con el respaldo de los empresarios en esta materia, pero para las organizaciones empresariales su principal aliada es la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Tras trascender las intenciones de Génova para comprimir la jornada laboral en cuatro días, el consejero de Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, expresó con rotundidad su rechazo. "Estamos totalmente en contra de lo que podría ser la reducción de una jornada laboral", alegó, porque "es una medida que va en contra de los autónomos y de las pymes". Horas después de estas declaraciones, desde la Puerta del Sol se apresuraron a aclarar que se referían a la propuesta de Yolanda Díaz y no de Feijóo.

Lo cierto es que Ayuso siempre ha tenido claro de qué lado posicionarse en esta batalla. El pasado mes de julio inauguró la Asamblea General de Cepyme y desde allí acusó al Ejecutivo de Sánchez de "amenazar" e "ignorar" a las empresas para promover una "medida de ingeniería social que no responde a ningún interés general, sino a un plan para acabar con nuestra economía social de mercado", en referencia a la reducción de jornada. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fiel aliada de Ayuso, ha tachado de "error" que el PP de Feijóo quiera abrir el debate ya que, a su juicio, implica perder la "batalla cultural" con la izquierda.

En el entorno de Feijóo asumen que entre sus propias filas hay divergencia de opinión pero tienen claro que no se quieren alejar demasiado de la patronal, donde trabajan algunos de sus excompañeros de filas como Jose Luis Ayllon, actual director del Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes de la confederación, un puesto creado con su llegada. Anteriormente fue director del Gabinete del Presidente del Gobierno con Mariano Rajoy y entre 2011 y 2018 secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en Presidencia.

En el equipo directivo de la CEOE Ayllón coincide con Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la entidad, secretario de Estado de Economía entre 2014 y 2016, con Rajoy en La Moncloa. También para la patronal trabaja, como presidenta de la Fundación CEOE, la exdiputada del PP Fátima Báñez (2000-2019), ministra de Trabajo durante el ajuste postcrisis (2011-2018).

La conciliación es palabra que está, a menudo, más presente en el discurso de los políticos que en las políticas públicas que se impulsan desde el Congreso. Y ahora el Partido Popular la quiere convertir en ley para disputarle la agenda social al Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo ha anunciado este lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante el comité ejecutivo nacional de su partido, que reúne a los principales cargos y los barones autonómicos. Una ley que Feijóo presentará a patronal y a los sindicatos y que registrará en el Congreso en los próximos días.

A falta de tener más detalles de la norma, Feijóo avanzó que su partido quiere eliminar la obligatoriedad fijada por ley en los permisos de paternidad y maternidad las primeras seis semanas después del parto. Actualmente ambos progenitores deben hacer uso de ese tiempo de forma obligatoria e ininterrumpida tras el nacimiento del bebé. "El PP no va a meterse en cómo se reparten los permisos las madres y de los padres. Tendrán libertad para utilizarlos durante el primer año del bebé", resumió, insistiendo en el mensaje de "libertad" que predica la derecha.

Un cambio que únicamente podría afectar al permiso del padre, que en lugar de cogerlo las seis primeras semanas podría podría utilizarlo más adelante. La madre, sin embargo, sí está obligada por normativa europea a cogerlo esa primera quincena. Fuentes del PP señalan que la iniciativa responde a una demanda planteada por algunos colectivos porque los padres "pierden" un mes y medio al compartir esa seis primeras semanas de crianza e insisten en que podría disfrutarlas más adelante para alargar el periodo de crianza antes de reincorporarse al trabajo.

Feijóo insistió este lunes en que "este país debe de poner alfombra roja a quien tenga la valentía de traer una persona al mundo" y aseguró que no es admisible "que la conciliación recaiga en las abuelas o en los abuelos", pero lo cierto es que, según los datos, son las madres las que tienden a renunciar a su trabajo en mayor medida que sus compañeros, esencialmente para hacerse cargo del cuidado familiar. La evolución de las excedencias ha ido avanzando en favor de la equidad, pero esta se mantiene todavía como una utopía según los datos.

Igualar los permisos parentales y hacerlos intransferibles fue una de las principales banderas de la anterior legislatura y herencia del anterior Gobierno del PSOE. Un paso para terminar con el sesgo de género ligado a la conciliación y con las muchas brechas que se expresan en los principales indicadores del mercado laboral. En el año 2019 el Ejecutivo de Sánchez aprobó por decreto un incremento progresivo del permiso de paternidad: ese año el permiso de los varones fue de ocho semanas, en 2020 de doce semanas y en el año 2021 se alcanzaron las 16. Se trata de las mismas semanas a las que tiene derecho la madre.

El año que se aprobó la ampliación de permisos el PP, entonces liderado por Pablo Casado, llevó al Tribunal Constitucional el real decreto-ley del Gobierno de coalición del PSOE y de Unidos Podemos al considerar que la fórmula escogida, por la vía de urgencia, respondía a un motivo electoralista. El tribunal de garantías tumbó el recurso por siete votos a cuatro. Ahora, Feijóo defiende la ampliación de los permisos hasta las 20 semanas, una medida comprometida ya en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar y que los de Yolanda Díaz querían incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2024, que finalmente no vieron la luz.

Pese a su predisposición a ampliar estos permisos, Feijóo sigue recurriendo a las viejas recetas de la derecha en el aspecto económico. Su vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, anunció la pasada semana que la ley de conciliación estará acompañada de incentivos fiscales destinados a las empresas que contraten a mujeres que se reincorporen al mercado laboral después de una excedencia por cuidado de hijos o familiares y una exención de dos años en las cuotas de autónomos para las mujeres que regresen a su actividad.

Otro de los puntos de esa futura ley es la gratuidad de las escuelas infantiles. "La educación infantil va a ser gratuita en España antes o después, es posible", aseguró también Feijóo este lunes. La formación conservadora quiere que esta política sea "marca" de su partido y de hecho ya ha empezado a trabajar en ello en algunas comunidades autónomas. Una medida que, en realidad, pasa por financiar la educación infantil, en su mayoría privada, con recursos públicos.  Los expertos creen que beneficiaría a los niños y niñas que acceden a esta etapa educativa: el 60% de los de familias de clase alta y el 30% de las de clase baja.

La amnistía ha sido la punta de lanza del Partido Popular desde que arrancó la legislatura hace ya un año. El rechazo al olvido jurídico por parte de la formación de Feijóo ha sido frontal, con recursos de inconstitucionalidad por parte de las autonomías del PP, manifestaciones en las calles, una oposición feroz en las Cortes —hasta el punto de retrasar su aprobación en el Senado— y también en Europa. Ahora, sin embargo, el PP ya da por amortizado el daño que le ha podido hacer al Gobierno y, a la espera del Constitucional, busca dar la batalla desde otros frentes.

El líder del PP es consciente de que no cuenta con una alternativa numérica a Sánchez —hace un año se quedó a cuatro escaños de ser investido— pero sí considera que puede contar con apoyos puntuales de formaciones como el PNV o Junts. Los primeros ya han garantizado la continuidad del socialista al frente de la Moncloa, pero no tienen problema en apoyar propuestas que presenten los de Feijóo, como ya ocurrió recientemente con la de Edmundo González.

El caso de Junts es más complejo, ya que sus dirigentes son impredecibles. No está instalado en el no a todo, pero las posibilidades de rechazo se multiplican cuando se cruza la variable nacional, es decir, cuando la política sobre la que se debe decidir puede ser interpretada como una invasión de las competencias autonómicas. Génova busca una alianza ideológica —fuentes de la formación creen que es más razonable que voten iniciativas del PP en materia de vivienda que, por ejemplo, de Sumar— y por ese motivo recurre a las recetas de la derecha de siempre para convencerlos, aunque no haya una negociación de por medio.

La relación con la formación de Carles Puigdemont es compleja. Durante la campaña gallega trascendió que el líder del PP estuvo dispuesto a estudiar durante 24 horas concederle la amnistía a Junts y sopesó la posibilidad de un indulto condicionado a Puigdemont, lo que encendió los ánimos en el partido, especialmente en el PP catalán, que rechaza cualquier pacto con Junts. En este último año se han sucedido las declaraciones contradictorias sobre el tipo de relación que deben mantener con los miembros de la antigua Convergència.

El plan de Feijóo es que ambos partidos, junto con Vox, le ayuden a tumbar algunos proyectos del Gobierno y, aunque en el PP admiten que está lejos de suceder, no descarta que le den su apoyo para realizar una moción de censura contra Sánchez en algún momento de la legislatura. El líder del PP se da tiempo.

Recuerdo la primera vez que fui consciente de que en mi casa no había todo el dinero que hacía falta. Cuando era pequeña los libros de texto no estaban becados en casi ningún lugar. Mi madre era autónoma. Agosto nunca era un buen mes, y menos aún septiembre. Aquel año no tuve libros de texto nuevos al comenzar el curso. Mi madre me pidió que hablara con alguna compañera de clase para hacer fotocopias y así poder ahorrar algo de dinero. Hubo otras. En mi casa, el colegio se escogió porque tenía comedor y jornada partida. Lo que facilitaba mucho la vida a quien nos tuviera que cuidar ese día a mi hermano y a mí. No solo a mi madre, sino la mayoría de las veces a mis tías, a mis abuelas o a las señoras que cuidaban a su vez de mis abuelas cuando lo fueron necesitando y a sus hijas, que no eran capaces tampoco de cuidar de ellas porque no les daba la vida (de esta vuelta al cole ya ni hablamos).

Aunque ni siquiera he hecho la comunión, el colegio que reunía esas condiciones cerca de dónde vivíamos fue uno católico y concertado, un colegio de monjas en el que había que llevar uniforme. El uniforme consistía en un pichi gris con camisa azul clara que debía acompañarse con ropa de abrigo y calzado azul marino. Como sucede con el resto de la ropa, ésta dice mucho de las decisiones que te puedes permitir. Qué poco uniformizan los uniformes. Recuerdo con terror el momento de comprar el uniforme y comprobar un verano más que no me servía el del curso anterior. A mi madre echando compulsivamente crema azul en los zapatos y blanca en las zapatillas de deporte. Alguien de mi familia regalándonos mágicamente en nuestros cumpleaños (qué suerte, caían al inicio del curso) los complementos necesarios para la vuelta al cole: mochila, estuche, calculadora y compás. Llegué a pedir con entusiasmo sincero material de papelería para clase a los Reyes Magos. Me parecía que ser rico tenía que ser poder tener corticoles de El Corte Inglés.

Nada de esto lo cuento por pena, sino con todo el orgullo de venir de la familia y la clase de la que vengo. El mismo orgullo con el que ahora escucho a mis amigas que son madres los suplicios que pasan en la dichosa vuelta al cole. Por ellas, por mi madre, mis tías, mis abuelas y todas las mujeres que están y han estado hoy con el agua al cuello con este asunto (fueran o no sus hijos los que empezasen esta semana el colegio) escribo sobre este asunto.

Vamos a ser claras. La vuelta al cole en España depende del dinero que tengas en el banco. Esto sucede porque sigue sin haber políticas efectivas de conciliación. Considero un error grave que los políticos y tertulianos centren sus esfuerzos estos días en dilucidar si el sistema educativo responde o no a las necesidades de las familias. Esa no es la pregunta de hoy. El sistema educativo está diseñado para responder al derecho constitucional a la educación, y ahí tenemos mucho que mejorar en España. Cuesta pensar que la educación que hemos recibido y recibirán todos los ciudadanos y ciudadanas de este país garantiza el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales cuando algo tan básico como que España es un Estado aconfesional o que la educación sexual debe ser obligatoria, siguen siendo poco más que horizontes deseables. Es fuerte que en España siga generando menos conflicto aprender que la virgen María se quedó embarazada de una paloma que follar sin consentimiento está mal.

Claro que es preocupante que la educación que reciben niños, niñas y niñes sea accesible. Sabemos que depende del código postal, del color del gobierno de turno, de sus capacidades e incluso de su país de origen, género e identidad sexual. Son preocupantes las condiciones laborales del profesorado o la ausencia de educación pública, gratuita y universal desde los 0 años. Pero esto no es lo que dificulta la vuelta al cole. Y lamentablemente, estos también son asuntos que influirán en la educación que perciban los más jóvenes.

Lo que dificulta el regreso de la actividad lectiva es el vía crucis que va a suponer para muchas familias en términos de conciliación y corresponsabilidad. Quiero defender en este artículo que éste no es solo un debate sobre modelo educativo, sino y sobre todo sobre políticas de conciliación. Este es un debate sobre género y clase social. Y sobre esto algunas ideas clave:

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Ángela Rodríguez es exsecretaria de Estado de Igualdad.

Por primera vez España no ha llegado a los 300.000 nacimientos en los once primeros meses de un año, 2023. Este tipo de datos siempre causan gran alboroto. Preocupa muchísimo que los niños no nazcan, pero lo que ocurre con ellos cuando sí lo hacen poco importa, es un asunto privado. Las llamadas ayudas a la natalidad se delatan por el nombre. Se busca una mejora estadística, manitas para el futuro del sistema, que los niños nazcan; después, ahí te apañes, buena suerte, es cosa tuya. Desde mis 36 años, un hijo, autónoma, me produce entre ternura e ira que alguien crea de verdad que una decisión tan inmensa y permanente se puede tomar en función de un cheque regalo de mil o dos mil euros. 

La ayuda estatal de 100 euros al mes por hijo a cargo se apaga con las velas del tercer cumpleaños y, para una gran parte de las familias, no hay nada más. En España se tienen hijos no por, sino a pesar, a pesar de todo. Con alquileres que se acercan o superan ya incluso el salario mínimo, jornadas de entrar y salir de noche del trabajo, y abuelos que viven lejos o que no han visto aún la hora de jubilarse, ¿quién puede realmente tener hijos? Quién puede, quiero decir, tener hijos y cuidarlos.

Hace poco muchos llamaron exagerada a una chica de 26 años que escribió una carta a la directora en El País diciendo que, a su edad, es “consciente” de que “nunca” será madre, que va “tarde”. La interpretaron literalmente. Yo entiendo que la chica ya sabe que, en teoría, le quedan bastantes años para serlo. Ella habla de tener algún día las condiciones para todo lo que viene después: para cuidarlos durante al menos 18 años. La parte que se olvidan las instituciones.

Ahora que soy madre, repaso toda la gente con hijos que conocí trabajando en redacciones y oficinas, y me pregunto cómo lo hacían. Las respuestas acaban por tener poco misterio: había una mujer, la madre o una cuidadora remunerada, que se encargaba de todo lo que ocurre con un niño después del colegio, que es muchísimo. El 44,1% de los hombres españoles considera que la igualdad ha llegado tan lejos que ahora se les discrimina a ellos, dice el CIS. A todo ese 44,1% lo metería dos tardes por semana en la humedad del edificio de una piscina climatizada atestada de niños y padres quitándose y poniéndose las capas del invierno y duchando a los pequeños unos encima de otros, mientras se empapan de agua y tienen urgencia por huir. Digo que los metería porque si hay un sitio donde no ha llegado lejos la igualdad es a las clases de natación infantil. Solo he visto a uno y es uno que aprovecha para entrenar.

Este viernes, en una cafetería, crucé varias veces la mirada con una madre que la tenía llena de profundidad triste. Estaba sola con su bebé, como están tantas madres a media mañana en tantas casas y cafeterías y parques del mundo. Pensé en hablarle, pero qué le iba a decir. Hay algo aún más difícil que estar sola mucho tiempo con un niño recién nacido: estar en dos lugares y en dos personas al mismo tiempo, que es lo que haces desde que te incorporas a trabajar de nuevo. Este sistema se sostenía sobre el encierro no cotizado de las mujeres mientras los hombres trabajaban fuera 40 horas a la semana. Ahora hombres y mujeres trabajan fuera 40 horas a la semana y el trabajo propio de aquel encierro sigue siendo el mismo y alguien lo tiene que hacer. Y no, la igualdad no ha llegado tan lejos tampoco en eso. Aborden esta imposibilidad matemática de manera seria y estructural y guárdense sus cheques regalo carentes de progresividad para alguna feria.

Han terminado las clases y, quizá, algunos abuelos quedarán libres para disfrutar de la jubilación ahora que comienzan las vacaciones de los niños y no habrá que llevarlos al colegio, ni recogerlos a la salida, ni prepararles la merienda, ni llevarlos a las actividades extraescolares, ni nada de nada. Libertad. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, seguirán cuidando a los nietos, ahora sí a tiempo completo, hasta que los padres puedan disfrutar del descanso anual al que tienen derecho en su trabajo. Estos abuelos, que se ocupan de los niños desde que nacen y durante la edad escolar, se han convertido en “abuelos guardería”. Los “abuelos guardería” se ven obligados a renunciar a los planes que habían previsto para la jubilación.

Porque una persona, de sesenta o sesenta y cinco años, tiene proyectos para esa etapa de la vida. Hay quién anhela profundizar en sus conocimientos de filosofía o mitología o literatura o física o matemáticas, tal vez desee mejorar la técnica para tocar el instrumento musical que le apasiona desde la adolescencia o perfeccionar el idioma que casi, casi, domina o retomar la pintura o cualquier otra disciplina artística. Quizá su pasión sea cultivar un huerto o dedicarse por entero a la jardinería. Es muy frecuente haber heredado, o comprado, una casita en el pueblo de procedencia con la idea de pasar largas temporadas en él, cuando llegara el momento. Hace algunos años los pueblos se poblaban de jubilados desde la Semana Santa hasta el Pilar o la fiesta de Todos los Santos.  Ahora los “abuelos guardería” están atrapados y no se pueden desplazar, salvo, tal vez, los meses de julio o agosto; y su ausencia contribuye también al problema de la España vaciada. 

Es una realidad que los padres y madres no pueden negarles casi nada a los hijos, y los hijos (todos hemos sido hijos o hijas) tenemos la idea de que nuestros padres son incombustibles; siempre han estado ahí; y ahora también, ¿por qué no? Y así bajo el manto del amor paterno filial, que les impide rebelarse, un ejército de hombres y mujeres de sesenta años en adelante están siendo víctimas de abuso, sin duda inconsciente, por parte de sus propios hijos.

El fenómeno de los “abuelos guardería” es el síntoma de un mal mayor: es la respuesta social al escaso apoyo a la natalidad, pone de manifiesto las dificultades de las parejas para conciliar trabajo con familia y muestra la falta de ayudas e infraestructuras, que faciliten la crianza hasta los tres años en que comienza la Educación Infantil y después durante toda la Enseñanza Primaria.

En todos los países desarrollados hay crisis demográfica por el envejecimiento de la población y se intenta estimular la natalidad con medidas económicas y permisos laborales. Según Forbes España (datos de mayo de 2021) en Europa el país con mejores prestaciones es Lituania. Las madres tienen 18 semanas de baja, pagada en su totalidad, y los padres 4 semanas. Luego pueden obtener 156 semanas más para compartir, y tienen derecho a percibir el 100 % del sueldo durante las primeras 52 semanas (hasta que el niño cumpla un año) o el 70 % las primeas 104 semanas (hasta que el niño tiene 2 años). Las semanas siguientes no están remuneradas. Después de Lituania se sitúan Serbia y los países nórdicos. Finlandia, por ejemplo, posibilita que cada progenitor disponga de seis meses y medio de baja remunerada, “pensión completa”, durante un año y cuatro semanas. 

En España la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad de hombres y mujeres, promulgada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, señala en el art. 3 que el principio de igualdad supone la ausencia de discriminación por razón de sexo y especialmente de la que se deriva de la maternidad. Más adelante, el Real Decreto Ley 6/2019 configura la ampliación progresiva del permiso de paternidad para equipararlo con el de maternidad. Así, en el Real Decreto 3/2021, se iguala por primera vez el permiso por nacimiento de hijo para ambos progenitores que podrán disfrutar de una prestación de 16 semanas cada uno. En esta paridad del 100 % hay que destacar un aspecto de la máxima importancia, que se deriva de este permiso al otro progenitor, sobre todo si es varón, porque implica que sus centros de trabajo tienen la obligación de conceder esos permisos a los que la empresa no está acostumbrada. Por otro lado, considero que la paridad es discriminatoria para la madre (como si parir fuera dar un paseo por el parque). La madre necesita cuatro semanas más, como mínimo, (dos antes del parto y, al menos, otras dos, después del parto), que el otro progenitor.

En cualquier caso, pasados los permisos aparecen los problemas, las carencias. ¿Qué hacer con el niño?  Apenas hay guarderías públicas, la mayoría son privadas y no cubren las necesidades Tampoco suele haber guarderías en los centros de trabajo, que faciliten el cuidado de los hijos de sus trabajadores, (estos rendirían muchísimo más y estarían más contentos por la tranquilidad de saber que sus hijos están cerca y bien atendidos). Otra medida sería reservar el puesto de trabajo, o uno similar, al padre o a la madre, hasta que el niño tenga tres años, incluso pagar un subsidio a las familias más desfavorecidas y, desde luego, habría que prohibir los horarios abusivos que sufren multitud de jóvenes en sus trabajos. 

La situación, a veces, es muy precaria; y es por ello que los padres y las madres con menor poder adquisitivo no tienen otra opción, si quieren tener hijos, que “tirar” de los abuelos. Sin embargo, también las familias de clase media y media-alta los utilizan a para el cuidado de los hijos, que es más barato y más cómodo.

El 15 de junio ha sido el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez y no he leído nada sobre este tema.

Pero sí he oído decir a menudo:

-Yo no me jubilé para esto.

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Nieves Sevilla Nohales es maestra y escritora.

Decidida a cambiar el paso tras las agónicas negociaciones entre los partidos para crear la candidatura de Sumar y consciente del clima de pesimismo que se ha instalado en buena parte de la izquierda, la vicepresidenta Yolanda Díaz va desgranando las propuestas de su nuevo proyecto. "Las elecciones de este año van sobre vuestras vidas y la respuesta os decimos que es Sumar”, ha asegurado este miércoles en el acto de presentación de los cabezas de lista al Congreso. Sobre los candidatos, ha dicho "no les unen los carnets ni las siglas" sino "un compromiso de largo aliento con su país y desde ahí vamos a mejorar la vida de España".

Una de las ideas que Díaz siempre repite y que este miércoles también ha sido el hilo conductor de su intervención es que las próximas elecciones generales van de "tener una vida mejor". "Estas elecciones van de ti, de que tengamos una vida mejor, de que podamos vivir mejor, de que puedas estar con los tuyos, del coste de la vida, de que podamos realizar la compra con dignidad, de que podamos pagar la hipoteca, de que podamos pagar el alquiler, del cambio ecológico".

Vivir mejor, vivir más tranquilos, vivir felices. En definitiva, que la política sirva para facilitar la vida de la ciudadanía. Es el mensaje que la vicepresidenta potencia y al que liga sus propuestas, muchas de las cuales están relacionadas con el mundo laboral, un filón que trata de aprovechar con el aval de gestión que le confiere liderar la cartera del ministerio de Trabajo. Aunque formalmente Sumar no ha presentado su programa, Díaz y su equipo han ido revelando las propuestas clave de la coalición para los comicios del 23J.

Díaz planteó el martes establecer el fin de la jornada laboral a las 18 horas con el objetivo de que los trabajadores dispongan de más tiempo diario para poder conciliar con sus familias. Todo ello sin perder capacidad adquisitiva, incluso ganándola. "Queremos tiempo para nuestras vidas, queremos reducir la jornada laboral, trabajar menos y hacerlo con calidad de vida. Y sobre todo queremos que la jornada laboral se termine a las seis de la tarde de tal manera que a partir de ahí podamos disfrutar de la vida", señaló la vicepresidenta.

Una propuesta que va en la línea de la jornada laboral de 32 horas semanales —o de cuatro días— que ya han introducido en el debate público formaciones como Más Madrid y Compromís, ambas integradas en la coalición de Díaz. En las conclusiones de los grupos de trabajo de Sumar se abogaba por una reducción "en general" de la jornada laboral, justificada en la necesidad de adaptar el trabajo a las tareas de cuidado y favorecer la conciliación de la vida personal y familiar. Los sindicatos en España, con los que Díaz mantiene una buena relación, apoyan la tendencia. 

La vicepresidenta segunda también apuesta por una "profundización democrática del país". Eso significa "entrar en instituciones que son muy elitista" como es el ámbito de la empresa o de la justicia. En el caso de las empresas, Sumar lo define como la "gran asignatura pendiente" de España: la democratización del trabajo. Para Díaz eso significa que "los trabajadores formen parte de los procesos de toma de decisión sobre qué se produce, cómo se produce y quién lo produce". Un "socialismo participativo" en el que los trabajadores tengan derecho de voto en sus empresas, incluso en las pequeñas, para que el accionista no acumule todo el poder.

En España, hubo un intento de llevar la cogestión a través de la negociación colectiva, en las empresas del INI (las empresas públicas, el antecedente de la SEPI), que duró muy poco tiempo. En la actualidad, en el País Vasco es un debate bastante avanzado. En septiembre de 2018, el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno autonómico a promover un nuevo modelo de empresa “inclusivo-participativo".

Díaz también ha señalado en varias ocasiones que la administración está desfasada. Por ese motivo no es de extrañar que uno de sus grupos de trabajo vaya en la misma línea. "Es necesario apostar por una Administración de calidad, sin laberintos burocráticos, en la que la transparencia sea la principal vacuna anticorrupción", exponen. "No puede ser un búnker aislado del exterior, sino una herramienta de la ciudadanía para resolver sus problemas y hacerse escuchar, y para ello es necesario hablar el mismo idioma y evaluar las medidas que adopta y pone en marcha".

La candidata de Sumar considera que la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), es un buen ejemplo de esta falta de eficiencia administrativa. El Gobierno lo planteó como la vacuna más eficaz contra la pobreza, pero ha pasado a ser el virus de la desesperación y el sufrimiento de sus solicitantes.  La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado deficiencias en la ejecución de un sistema que sigue sin llegar a toda la población que tendría objetivamente derecho a recibirlo: hasta el 58% que puede solicitarlo no lo hace y apenas alcanza a un 35% los beneficiados efectivos.

El pasado domingo Díaz propuso crear un bono de emergencia para que las familias puedan costear la subida de las hipotecas a tipo variable y paliar así la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Un bono que, según sus cálculos, tendría un coste de 1.000 millones de euros y sería aplicable a hipotecas de hasta 250.000 euros y con una antigüedad de hasta 10 años. "Hemos planteado un bono de emergencia de 1000 € que pagará la banca a través del impuesto extraordinario", ha explicado este miércoles el referente económico de Sumar, Carlos Martín.

Las personas hipotecadas a tipo variable, que sufren el ascenso del euríbor en cada renovación semestral o anual de la cuota, son los principales damnificados. La evolución del euríbor depende de las subidas de los tipos de interés. Esto depende a su vez de las altas tasas de inflación, que a su vez dependen de los precios energéticos y alimentarios, que siguen disparados por varias razones, fundamentalmente por la invasión rusa de Ucrania.

Otra de las banderas de Sumar es el ecologismo, una temática a la que se le quiere dar especial importancia en esta campaña. La propuesta en materia energética de Sumar pasa por aumentar la "ambición" de la ley de cambio climático ya en vigor, por reformar la ley del sector eléctrico "que incluya la recuperación de utilidad pública, el pago por uso, normas de estabilidad en el funcionamiento del mercado mayorista" y otros objetivos. Sumar también quiere abrir el debate sobre la necesidad de "establecer para cada tipo de unidad familiar un mínimo vital energético que tenga un coste reducido o, incluso, nulo si su estado es de vulnerabilidad".

El pasado año será recordado por el precio disparatado de la factura energética y el impacto que sufrieron millones de hogares vulnerables. Pero 2022 terminó con precios de la luz completamente irrisorios, con horas donde la electricidad es prácticamente gratuita. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Inclusión, Seguridad y Migraciones, José Luis Escrivá, han anunciado que, si el PSOE gana las elecciones generales del 23 de julio, extenderán de 16 a 20 semanas el permiso de paternidad, tanto para la madre como para el padre, a través del trabajo a tiempo parcial, según informa Europa Press.

"La propuesta que vamos a llevar en el programa electoral y que pondremos en marcha la próxima legislatura es pasar de 16 semanas de permiso de paternidad y maternidad a las 20 semanas, haciendo que de la semana 17 a la 20 sea con trabajo a tiempo parcial", ha indicado Pedro Sánchez, este miércoles, durante una conversación con Escrivá con la que el PSOE arranca un ciclo de sesiones sobre temáticas específicas para informar a la ciudadanía sobre lo que han hecho en esta legislatura y sobre sus propuestas de cara a las próximas elecciones.

El ministro de Inclusión ha precisado que este incremento de cuatro semanas en el permiso para el cuidado de los hijos tras el nacimiento será "tanto para la mujer como para el hombre" y el objetivo es contribuir a la conciliación y la corresponsabilidad.

Según ha añadido Escrivá, quieren extender esta medida porque han visto que el incremento hasta las 16 semanas ha tenido un efecto "extraordinariamente positivo no solo para las madres y los padres" sino también para "los bebés" que "se crían mucho mejor cuando pasan más tiempo con los padres".

¿Qué es mejor: ir al colegio sólo por la mañana o en un horario partido en el que el alumnado esté allí también por la tarde? No hay una norma, y tampoco hay estudios concluyentes que recomienden una u otra jornada por motivos estrictamente pedagógicos, pero es que además las opiniones son diversas. Todo depende ya no sólo de las comunidades autónomas, sino de los centros. Este martes, no obstante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) intentó unificar las posturas: lo mejor es lo segundo.

Así lo recoge en su informe Propuestas para un Plan de Acción para reducir el Abandono Escolar Temprano en España, un documento en el que el organismo explicó que la jornada partida podría responder de manera más eficaz a las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos. En este sentido, instó a España a seguir el ejemplo de países como Dinamarca y Portugal, que "han adaptado sistemas flexibles de jornada completa para ampliar el tiempo de aprendizaje".

"España podría valorar la posibilidad de adoptar un enfoque similar por las ventajas que podría aportar, en particular para los alumnos desfavorecidos. Una transición factible exigiría invertir en subvenciones para la alimentación y las infraestructuras escolares y remunerar adecuadamente al personal de los centros", añade la OCDE. Nuestro país, critica, tiene ahora muchos centros "que funcionan con un horario intensivo centrado en las mañanas, lo que obliga a los padres a pagar por las clases extraescolares". Este, el factor económico, es precisamente la arista fundamental en el debate. Afecta a todo lo demás, incluyendo a la conciliación.

Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el comedor y las actividades extraescolares suman unos 1.060 y 600 euros al año respectivamente entre quienes los contratan, que son en su mayoría familias con pequeños y pequeñas en Infantil y en Primaria. Pero claro, sólo lo hacen las que pueden, lo que provoca una enorme desigualdad.

Esa es una de las conclusiones a las que llegó el informe Jornada escolar continua: cómo la pandemia está acelerando un modelo social y educativo regresivo, un estudio publicado en mayo de 2022 y elaborado por el director de Educación en EsadeEcPol, Lucas Gortázar, la profesora de la facultad de Educación de la UAM, Marta Ferrero, y el analista en EsadeEcpol, Ángel Martínez.

"Se ha comprobado que en aquellas comunidades en las que los centros comenzaron antes a adoptar la jornada continua se ha reducido la oferta de comedores y clases extraescolares dentro del centro, lo que promueve la segregación escolar, que afecta a la población más vulnerable", explica Ferrero. "Hay familias que sin comedores no pueden garantizar una comida de calidad y caliente al día o que sin clases extraescolares dentro del centro no pueden permitírselas fuera", lamenta.

Por eso hay quienes inciden mucho en la necesidad de que estos servicios se ofrezcan en las escuelas de forma gratuita, de manera que el debate se aleje de la jornada escolar. "Una cosa es el horario lectivo de un centro y otra cosa es el horario de apertura del mismo", señala el responsable de enseñanza pública no universitaria de CCOO, Héctor Adsuar. "Hay que distinguir entre el horario de la escuela y el de la plantilla. Desde UGT hemos considerado siempre que los centros escolares deben ser un lugar de referencia en los barrios y estar al servicio de la comunidad. Y este asunto, a nuestro juicio, no pone en cuestión la distribución de la jornada escolar", añade la responsable de Enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca. Desde el sindicato de profesores Anpe también ponen el foco en esta gratuidad necesaria.

El caso de Rubén es un ejemplo en este sentido. La escuela de Aluche (Madrid) en la que estudian sus dos hijos, uno Primero y otro Cuarto de Primaria, planteó hace dos años el paso a un horario lectivo intensivo. La consulta, recuerda, estuvo muy dividida, pero al final ganó el cambio. "Yo les pregunté a ellos y los dos me respondieron lo mismo. Y que no se nos ocurra ahora devolverles a una jornada partida", bromea. A pesar de esto, cuenta, la hora de salida que tienen es la misma que antes, puesto que ambos se quedan al comedor y a las clases extraescolares que ofrece el centro.

Precisamente en la ciudad de Madrid, la líder de Más Madrid, Rita Maestre, se comprometió antes de las elecciones del 28 de mayo a que si llegaba a la Alcaldía habría actividades extraescolares y comedores gratuitos en las escuelas. "Sabemos que la jornada lectiva muchas veces no es suficiente para cubrir las necesidades de conciliación de las familias, por lo que muchas familias recurren a las actividades extraescolares. Esto supone una media de 90 euros al mes por hijo y que muchas veces haya actividades de primera y de segunda", dijo. 

Por ahora, la alternativa a la ausencia de estos servicios gratuitos es o bien la jornada partida o bien la reducción de jornada para poder conciliar, algo que afecta fundamentalmente a las mujeres, que son quienes concentran el 66,4% del impacto en estas tareas, según el estudio de Ferrero. "Cuando la escuela es a tiempo parcial, el empleo de las familias se resiente, pues sus jornadas laborales nunca pueden superar las 25 o 28 horas semanales", señala el informe.

"Tener hijos en centros con jornada continua deriva muchas veces en que las mujeres tienen que reducir su jornada laboral para poder ir a recoger a sus hijos e hijas a tiempo. Y esto, al final, sólo aumenta las desigualdades de género en todos los términos", dice Ferrero.

Paloma, madre de un niño de cinco años, defiende la jornada partida precisamente por esto. "Yo me pongo a trabajar a las 7, que es cuando empieza a computar mi jornada. Llevo al niño al colegio y vuelvo a ponerme a trabajar hasta las 16. Con el horario que tiene el colegio, con jornada partida, puedo cumplir mi jornada y luego acompañarle en las extraescolares o en el parque", explica. Si no fuera así, tendría que dejarle con alguien, porque no se puede permitir reducir la jornada o pagar actividades fuera del horario lectivo. "La escuela tiene que adecuarse a la vida familiar", dice.

El pasado mes de septiembre, el portavoz del PSOE en Madrid, Juan Lobato, propuso abrir las escuelas doce horas al día, desde las 7.00 horas de la mañana, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio. La medida, según cálculos de su formación, tendría un coste de unos 35 millones de euros al año y supondría contratar a unos 3.000 monitores para trabajar durante 11 meses y en torno a 20 días lectivos cada mes. En enero, insistió en la misma idea. Su objetivo, dijo entonces, era "hacer más fácil la vida familiar".

Sin embargo, la iniciativa no fue especialmente bien recibida por asociaciones como el Club de Malasmadres, que indicó a infoLibre en su día que "la conciliación no se puede abordar así". "Los cuidados no van a desaparecer porque los colegios abran hasta las 19 horas", criticó Laura Baena, presidenta de la organización.

En cualquier caso, todas las fuentes consultadas reclaman que se realicen estudios para certificar, ya con datos, qué tipo de jornada es mejor, sobre todo para los alumnos. También desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), cuya vicepresidenta, Leticia Cardenal, incide en que el debate es necesario. "Desde la organización llevamos años reclamando que tenemos que llevar, desde la tranquilidad, un debate sosegado sobre la jornada, contando con expertos en todas las áreas relacionadas con este asunto", dice.

Ferrero coincide con ella, y dice de hecho sentirse sorprendida porque se tomen decisiones sin tener datos concluyentes. "Hay muy pocos datos. Algunos estudios apuntan a que la jornada partida beneficia a los vulnerables, luchando contra la repetición, que al final en muchas ocasiones acaba en el abandono escolar temprano. Merece la pena reabrir este diálogo y ensancharlo. Ahora mismo hay muy pocos datos, pero los que hay también podrían ayudar a tomar decisiones con más información", concluye.

Por ahora, según los datos recopilados por Maldita.es, más del 80% de las escuelas públicas de Infantil y Primaria tienen jornada continua, frente a poco más del 23% de los centros privados o concertados.

La mujer es la que se ocupa del cuidado de los hijos e hijas en el 72% de las parejas españolas, según la segunda oleada del Estudio de Conciliación 2023, realizado por Edenred, con motivo del Día de la Madre, que se celebra el próximo domingo 7 de mayo, ha recogido Europa Press.

Del estudio, basado en una encuesta a más de 1.860 progenitores en activo, se desprende que, en caso de necesidad de cuidado de los hijos durante la jornada laboral la solución más habitual es que tanto el padre como la madre se encarguen por igual (40%). No obstante, en el 26% de los casos es la madre la que lleva al niño al médico o le atiende en un día sin colegio, frente al 10% en el caso de los padres.

Además, el informe pone de relieve el papel de los abuelos y las abuelas ya que en el 20% de los casos se recurre a ellos para solventar esta situación excepcional.

Por otro lado, el documento revela que el 73% de las madres tiene dificultades para conciliar, una cifra superior a la de los padres, que alcanza el 64%. También es superior el porcentaje de madres que tiene miedo a no atender todas las necesidades de sus hijos (63%) que el de los padres (56%).

"Pese a que la sociedad ha avanzado en materia de igualdad, aún sigue habiendo diferencias entre hombres y mujeres, especialmente en lo que respecta al cuidado de los hijos. De este modo, las organizaciones deben trabajar para facilitar la conciliación en ambos sexos, especialmente apostando por la flexibilidad laboral y por la inclusión de beneficios sociales y políticas de retribución flexible", ha destacado el CEO de Edenred España, Stanislas De Bourgues.

Precisamente, las demandas de los padres y madres trabajadoras para poder mejorar la conciliación se centran principalmente en "más tiempo" y "flexibilidad temporal y espacial". En este sentido, las opciones más valoradas son: jornada intensiva, ayudas para la guardería, más días de vacaciones y mayor flexibilidad horaria.

El estudio también analiza la situación laboral después de la maternidad y revela que, después de dar a luz, el 50% de las mujeres españolas mantiene la misma situación laboral que antes de la maternidad. Si bien, el 25% de las mismas ha reducido su jornada y el 22% ha modificado horarios o ha pedido una jornada intensiva. Las madres que han reducido su jornada lo han hecho, fundamentalmente, para poder atender a su hijo personalmente (57%).

Preguntadas por lo que más echan en falta del período previo a la maternidad, las mujeres destacan dos conceptos: tener más tiempo para ellas y su pareja (32%) y descansar más (31%), seguidos de disfrutar de más tiempo de ocio, entre lo que se incluyen viajes, conciertos y espectáculos (28%).

Además, el estudio señala que el 62% de las madres ha faltado más al trabajo debido a las consultas médicas y a las citas escolares; y el 93% considera que la baja por maternidad de cuatro meses es insuficiente y reclaman una ampliación de más semanas.

Dos de cada tres empresas, en concreto el 65%, ha detectado un aumento del riesgo de padecer el síndrome del "trabajador quemado" en el último año, y casi el mismo porcentaje, un 60%, también observa un incremento entre los trabajadores de lo que se conoce como "renuncia silenciosa": ceñirse estrictamente a las funciones del puesto y no tomarse el trabajo demasiado en serio, ha informado Europa Press.

Así lo revela el II Observatorio Adecco sobre bienestar emocional y factores psicosociales, en el que se señala que un tercio de las empresas aprecia que el fenómeno de la "renuncia silenciosa" está afectando más a los trabajadores jóvenes que a los seniors.

En cuanto a las posibles causas de la "renuncia silenciosa", casi el 60% de las empresas encuestadas piensa que tiene que ver con la falta de consecución de las expectativas de los trabajadores (condiciones de trabajo, salario, etc.). Asimismo, más de la mitad no la ven muy relacionada con la crisis de salud mental postpandémica, mientras que el 32% considera que sí que lo estaría en algún grado.

Seis de cada diez empresas afirman que más de la mitad de sus trabajos tienen un alto componente emocional, pues se trata de ocupaciones en la que hay que tratar con personal fundamentalmente.

Un 12% de ellas reconoce que más de la mitad de sus empleados se han visto afectados por trastornos psicológicos como ansiedad, depresión y estrés postraumático, dos puntos por encima de lo observado en el estudio anterior, realizado en 2021.

En cuanto a los generadores de estrés, el 59% de las empresas cree que éstos se han visto más afectados por la crisis económica y otros factores externos que por las propias condiciones laborales y dos de cada tres los vincula a la carga mental por las tareas a desarrollar.

Casi el 80% de las empresas encuestadas por Adecco asegura que las cuestiones de salud psicológica deberían tener mayor tratamiento en los convenios colectivos. Asimismo, el 92% cree que los poderes públicos deberían dar mayor soporte a empresas y trabajadores en la gestión de la salud mental.

Sobre la digitalización y la flexibilidad en el trabajo, el 43% de las empresas encuestadas aboga por una normativa que busque un equilibrio entre flexibilidad, control del tiempo de trabajo y desconexión/reconexión para un teletrabajo sostenible. Además, el 62% cree que el "tecnoestrés" o la "tecnofatiga" son ya factores de riesgo con impacto en su empresa.

El 57% de las mujeres españolas ha sufrido una pérdida salarial al convertirse en madre tras verse obligada a reducir la jornada, coger una excedencia o dejar el empleo, según revela la encuesta El coste de la conciliación, realizada por la Asociación Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres, y recogida por Europa Press.

"Esto no se puede permitir. Una mujer en España no puede cobrar menos por ser madre, no tendría que reducirse la jornada, cogerse una excedencia o abandonar su empleo como yo tuve que hacer", ha subrayado la presidenta de la Asociación Yo No Renuncio, Laura Baena.

Para Baena, la maternidad sigue siendo "el gran techo de cristal de la mujer" y ha animado a todas a "romper los silencios en casa y en la empresa" para "empezar a luchar por sus derechos".

La encuesta, que fue realizada entre el 8 y el 13 de febrero, y contestada por 51.627 mujeres, y que se ha presentado este martes en el Espacio Fundación Telefónica, revela que las mujeres madres sufren "un triple coste: laboral, emocional y personal".

Según revela el informe, el 64% de las mujeres españolas ha sufrido un coste laboral por ser madre, al margen de si ella cobraba más o menos que su pareja; y en aquellos hogares en los que ambos aportan la misma cantidad de dinero, el porcentaje de mujeres que ha sufrido un coste laboral es superior al 50%.

Además, el estudio muestra que 4 de cada 10 mujeres se ha sentido minusvalorada en su empleo o en su entorno social tras ser madre; el 64% declara llegar cansada todos los días a su trabajo y el 65% tiene menos de una hora libre al día.

Tal y como ha señalado la responsable de Investigación Social de la Asociación Yo No Renuncio, Maite Egoscozabal, las mujeres siguen asumiendo la gestión y organización del trabajo reproductivo.

En concreto, ha desgranado algunos datos del informe como que en el 71% de los casos son las mujeres las que están pendientes de los deberes de sus hijos e hijas frente al 3% de padres.

En el caso de niños y niñas con necesidades especiales, la diferencia es mayor, ya que en el 93% de los casos es la madre la que se encarga de gestionar las terapias.

Además, de los datos se desprende que las fiestas de cumpleaños (79%), la atención a los emails y grupos de Whatsapp del colegio (83%) y la planificación de las comidas y cenas (69%) continúan siendo responsabilidades que asumen las madres.

Así, la encuesta revela que "la corresponsabilidad en los hogares no existe" ya que el reparto de tareas continúa siendo "desigual". Si bien, el estudio también revela que al 49% de las madres les cuesta delegar y sienten que ellas tienen que estar más presentes en los hogares y en las tareas doméstico-familiares.

Esta falta de conciliación y de corresponsabilidad tiene un "coste personal" para las madres españolas: el 65% tiene menos de una hora libre al día y el 20% ni siquiera una hora; el 64% declara llegar cansada al trabajo todos los días; y el 66% indica que no ha pedido ayuda psicológica pese a sentirse desbordada y triste.

"La falta de conciliación en España tiene un alto coste para las mujeres. La conciliación le sale gratis a las administraciones públicas pero no le sale nada gratis a las mujeres", ha asegurado la presidenta de la Asociación Yo No Renuncio, Laura Baena.

A la ausencia de medidas de conciliación en España, se ha unido estos dos últimos años la pandemia del covid-19 que, según Baena, ha dejado claro que "la conciliación no existe". "La pandemia ha golpeado muy fuerte a las mujeres, hemos costeado con nuestro sueldo y nuestra salud mental la falta de medidas de conciliación", ha apostillado.

Por ello, Baena ha apostado por "revisar el modelo social" para buscar otras opciones que hagan sostenible la relación entre trabajo y vida, y por alcanzar un Pacto de Estado a favor de la conciliación.

Baena presentará el informe a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la reunión que mantendrán este martes a las 16:30 horas en la sede del Ministerio. La presidenta de la asociación Yo No Renuncio pedirá a la ministra que el Ejecutivo impulse medidas para acabar con esta situación.

Para Baena, desde el Gobierno se han dado algunos "pequeños pasos" como las 16 semanas de permiso de maternidad y paternidad, pero los considera "insuficientes". Tampoco se soluciona el problema, según apunta, ni con el Plan Corresponsables ni con el permiso de 7 días cuando tu hijo se pone enfermo, tal y como prevé la Ley de Diversidad Familiar. Por ello, reclama un "cambio transversal", un "compromiso político".

"Pedimos un Pacto de Estado a favor de la conciliación, fruto del consenso de los principales partidos, los sindicatos, las empresas y las familias", ha destacado Baena. Yo No Renuncio apuesta por crear una subcomisión sobre Conciliación en el Congreso de los Diputados, que impulse la aprobación de este pacto de estado.

Tras la presentación de los datos del informe, ha tenido lugar un debate en el han participado la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal; la directora global de Sostenibilidad en Telefónica, Elena Valderrábano; la arquitecta en Hexágono Blanco, emprendedora y malamadre, Diana Maján; y Laura Baena.

Entre otros temas, en el debate se ha puesto sobre la mesa que el teletrabajo no es en sí mismo una medida de conciliación pero que, acompañado de otras medidas y de un plan de igualdad, sí puede ser el camino. También se ha advertido de las "trampas" de algunas medidas de conciliación como la reducción de jornada, pues muchas mujeres "hacen el mismo trabajo en menos tiempo o se llevan trabajo a casa" y se ha subrayado la importancia de "poner en valor el trabajo reproductivo" y de trabajar en el "cambio de roles".

Aconsejo vivamente la lectura de La bajamar (Literatura Random House, 2022), la nueva novela de Aroa Moreno Durán. Y no sólo por su madurez literaria, su equilibrio complejo en la estructura y su precisión de estilo a la hora de definir a los personajes, sino porque madurez, complejidad y personajes nos llevan a mirar por dentro las historias que componen nuestra historia, el argumento social de nuestras vidas. Una intimidad es el lugar en el que se encarna un tiempo, una educación sentimental y una ideología.

Por pudor intelectual y militante, suelo detenerme a la hora de entrar en las polémicas que afectan al feminismo. Me limito a repetir mi apoyo a todas las políticas que defienden la igualdad y a mostrar mi orgullo patriótico por los avances en la democratización de nuestra vida cotidiana que han conseguido para España los movimientos feministas. El feminismo es también cosa de hombres. Pero soy prudente a la hora de entrar en algunos debates que tienen que ver, feminismo por medio, con las ofertas del mercado, las vanidades personales o los patrones ideológicos.

Uno de los asuntos que más me han inquietado se relaciona con el canto a la maternidad como ideal de vida que repiten otra vez algunos discursos. La paternidad o la maternidad, desde luego, son muy respetables como deseos y decisiones personales, faltaría más. Confieso, por ejemplo, que lo que ahora da sentido a mi vida son mis hijos. Pero conviene mucho preguntarse por el poder y sus estrategias cuando las decisiones personales se subliman y se elaboran como guías de vida. Para un profesor de literatura que ha explicado durante años a Moratín, Galdós, Pemán, Ana María Matute o Martín Gaite, es muy inquietante que se confunda otra vez la realización personal de una mujer con la condición sentimental de un ángel del hogar.

El mismo miedo que dan los que confunden la libertad con la ley del más fuerte, provocan los que defienden las glorias de la maternidad y la vida retirada en nombre del feminismo.

Por eso me ha gustado tanto la novela de Aroa. La historia de tres mujeres sitúa la maternidad en tres momentos de la sociedad española muy conflictivos: la guerra civil con su posguerra bélica, la transición con el terrorismo de ETA y la sociedad de consumo que da publicidad al bienestar para cubrir muchos malestares privados. Una conversación, un monólogo y una narración en tercera persona, el tú, el yo y el nosotros, hacen que las palabras vayan de la intimidad a la historia, facilitando así que las herencias y los retos del presente formen un tejido generacional de vidas.

Supongo que el personaje más difícil de asumir a primera vista es el de Adirane, mujer joven que está dispuesta a que su hija se críe con su padre y sin ella. Por distintos motivos, en las vidas de la abuela y la madre estuvo ausente la figura del padre, algo que la tradición social y literaria asume con más facilidad que el alejamiento voluntario de una madre. No se trata sólo de una peculiaridad individual, porque el malestar de Adirane se mezcla con las tensiones de Adriana, una mujer nacida en los años 50 que tuvo que unir en el final de la dictadura y en la democracia su derecho a la libertad y a su trabajo con los cuidados de una hija. También está ahí la abuela Ruth, una niña de la guerra, a la que su madre subió en un barco rumbo a Bélgica para salvarla de unos bombardeos exterminadores.

Por La bajamar flota un secreto que tiene que ver con la maternidad. Ser madre no es un destino angélico, ni una realización sublime de la condición femenina, sino una responsabilidad compleja en la que se mezclan los sacrificios, los miedos, las renuncias, las asfixias y las determinaciones sociales. Por todo eso cobran mucho valor los cuidados. Por todo eso resulta a veces tan difícil conciliar el trabajo y las responsabilidades familiares. Por todo eso merece la pena seguir luchando por una historia que asegure la igualdad entre hombres y mujeres a la hora del trabajo y de los cuidados.  

La Asociación Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres, ha relanzado la campaña que inició en 2020 a favor de medidas de apoyo a las familias durante la pandemia, como son las bajas para madres o padres de menores contagiados o en cuarentena preventiva por covid-19, y esta semana ha superado las 250.000 firmas de apoyo, según informa Europa Press.

Bajo el lema Esto no es conciliar, la asociación decidió recoger firmas a través de Change.org —una iniciativa que aún está activa— con la que acabaron llevando a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sus reclamaciones en este sentido.

"No podíamos ni imaginarnos que dos años después esta petición seguiría siendo de máxima actualidad, de máxima necesidad para las familias, ni que el Gobierno continuaría desoyendo nuestras peticiones", ha lamentado la presidenta de la entidad y del Club de Malasmadres, Laura Baena.

Desde 2020 "Yo No Renuncio" mantiene viva en redes sociales la campaña "Los niños y las niñas no se cuidan solos", con varias peticiones al Ejecutivo. Además de la baja antes mencionada, también reclaman el teletrabajo obligatorio en los casos en los que es posible.

Baena ha explicado que quieren "seguir sumando firmas para llevarlas al Gobierno" y que este "vea que la falta de conciliación es un problema de Estado". "Ya lo era antes de la pandemia, pero el covid ha venido a rematar la situación: no es posible tener hijos e hijas en España, no hay ningún tipo de ayuda", ha señalado Baena.

En este sentido, ha denunciado que "España está a la cola" en esta materia, ya que es uno de los pocos países que "no contempla ni bajas ni ayudas económicas".

La asociación ha recordado el estudio que realizó durante la pandemia, presentado en febrero de 2021, sobre las consecuencias que había tenido el covid en el plano laboral para las mujeres. Este trabajo, ha apuntado la entidad, "constató que una de cada cuatro mujeres ha renunciado a todo o parte de su trabajo para afrontar los cuidados de sus familiares, ya sea cogiendo excedencias, días de vacaciones o directamente dejando el trabajo".

Además, la encuesta revela que a un 37% de mujeres madres se les ha denegado la opción de teletrabajar a pesar de realizar tareas compatibles con el trabajo a distancia.

"Desde que comenzó el confinamiento vimos en nuestra comunidad que las madres estaban absolutamente desbordadas y sin apoyo", ha denunciado Baena. "En el plazo de un año, lo que detectamos es que el coste de la pandemia lo están sufragando las madres, que están renunciando a su jornada completa, o cogiendo días y excedencias sin sueldo o incluso vacaciones, todo con tal de no dejar a los niños y niñas solos", ha añadido.