La llamada a la negociación de pactos de Estado es una constante de los últimos años, especialmente sobre aquellas materias de especial relevancia para las dos fuerzas que tradicionalmente han dominado la política española durante 40 años. La excusa siempre es la misma: asuntos que se quieren sacar del debate ideológico porque PP y PSOE, PSOE y PP, sostienen que deben permanecer al margen del cambio de orientación del Gobierno.

En las últimas elecciones el PSOE propuso a través de su programa electoral hasta ocho pactos de esta naturaleza, además de una profundización en el ya existente contra la violencia de género. Los socialistas reclaman acuerdos de Estado en materia de educación, de ciencia, de financiación autonómica y local, de cultura, de infraestruturas o de industria. Y también contra la corrupción y por la igualdad y contra el machismo.

El PP no va a la zaga. El líder conservador, Pablo Casado, planteó al presidente Sánchez otros ocho, además de la renovación del de violencia de género y del conocido como Pacto de Toledo en relación con el sistema público de pensiones. El principal partido de la oposición coincide con el Gobierno en la necesidad de pactar en educación y en infraestructuras y reclama, además, acuerdos para frenar el independentismo catalán, para reformar la ley electoral y evitar que se repita el bloqueo del año pasado, para luchar contra la despoblación de las áreas rurales, para fijar la política exterior y de defensa de España y para ordenar el reparto del agua entre comunidades.

Ahora la emergencia sanitaria del covid-19 ha brindado al Gobierno de Sánchez una oportunidad perfecta para enarbolar la bandera de los Pactos de la Moncloa que en 1977 suscribió el Gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez con todos los partidos, incluido el PCE de Santiago Carrillo. Aquel acuerdo contribuyó a superar la grave crisis económica de la época dando soporte a un conjunto de medidas estructurales que, a la postre, facilitaron en los siguientes años la consolidación del nuevo régimen democrático.

Sánchez invoca ahora aquel espíritu de “concertación” para intentar atraer a la oposición, especialmente al PP y a Ciudadanos, a un acuerdo de “reconstrucción” que no se limite sólo a lo económico sino que decida “qué país vamos a diseñar en derechos, libertades y servicios públicos”. Pero Casado se resiste.

Sólo siete acuerdos de Estado

Lo cierto es que los pactos de Estado con participación de la izquierda y la derecha han sido muy escasos en los cuarenta años de democracia. Contando los de la Moncloa de 1977 sólo ha habido siete, de los cuales dos son ampliaciones de acuerdos ya vigentes: el Pacto Autonómico de 1981 —reeditado en 1992—, el Pacto de Toledo de 1995, el Pacto Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el pacto contra la Violencia de Género de 2016.

La mayoría de ellos se cerraron con el centroderecha en el gobierno y la izquierda en la oposición. Sólo en dos ocasiones el PP llegó a firmar pactos de Estado con el PSOE en el Gobierno: el segundo Pacto Autonómico de 1992, con Felipe González en la Presidencia, y el Pacto de Toledo, firmado en 1995 también con González en La Moncloa.

Entre todos ellos, y al margen de los de la Moncloa de 1977, fruto de unas circunstancias irrepetibles en las que estaba en juego la supervivencia del proyecto democrático, describen los únicos asuntos que PP y PSOE consideran por encima del debate ideológico y sobre los que han conseguido ponerse de acuerdo.

En primer lugar, el desarrollo autonómico. El pacto de 1981 lo firmaron el presidente Leopoldo Calvo Sotelo, en plena agonía de UCD,  y el entonces líder del PSOE, Felipe González, apenas unos meses después del fallido intento de golpe de Estado del 23F. El objetivo: armonizar el proceso autonómico y fijar el mapa actual. En 1992, ya con González en la Moncloa y José María Aznar al frente del PP, llegó el segundo pacto en esta materia, destinado a generalizar las competencias sanitarias y educativas que hasta ese momento estaban reservadas a los comunidades históricas —aquellas cuya vocación de autogobierno ya existía en la II República—.

El segundo asunto sobre el que PSOE y PP sí se han puesto de acuerdo en estas cuatro décadas es el terrorismo. Primero para hacer frente a ETA con una premisa: sacar esta cuestión del debate para fortalecer la posición del Gobierno. Lo propuso el entonces líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y se firmó en diciembre de 2000 con Aznar en la Presidencia y a pesar de la oposición inicial del entonces ministro Mariano Rajoy. En los años de gobierno de Zapatero, el PP se opuso sin embargo duramente, incluso con manifestaciones en las calles, al proceso de diálogo con ETA que derivó finalmente en la renuncia definitiva a la violencia por parte de la banda terroristaq. 

El pacto revivió en 2015 para amparar la batalla contra el terrorismo yihadista y lo firmaron el presidente Mariano Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a pesar de que los socialistas entonces se oponían a una de las medidas incluidas en él: la creación de la prisión permanente revisable, el eufemismo con el que en España se denomina la pena de cadena perpetua.

Los otros dos asuntos que fueron capaces de suscitar pactos de Estado entre el PP y el PSOE son las pensiones y la violencia de género. El primero de ellos, conocido como Pacto de Toledo, nació en 1995, en las postrimerías de Felipe González como presidente y con Aznar a punto de llegar a la Moncloa. El pacto de Toledo, que hoy se invoca con frecuencia para reclamar una reforma viable del sistema público de pensiones, descapitalizado por los efectos de la crisis de 2008 y una década de recortes, buscaba sentar las bases de las reformas que se consideraban imprescindibles para garantizar el modelo español de seguridad social.

El segundo de estos pactos, el de violencia de género, hizo posible que en noviembre de 2015, durante el mandato de Mariano Rajoy como presidente y con el PSOE gobernando por una gestora —Sánchez había dimitido bajo la presión de la vieja guardia del partido apenas unos días antes—, España se dotase de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, con el paso del tiempo, se ha convertido en la piedra angular de la lucha contra los asesinatos machistas en España. Y que tanto PSOE como PP querían reforzar antes de que el coronavirus pusiese patas arriba la legislatura.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este jueves que espera que 2018 sea el año en el que los grupos parlamentarios consensúen las bases de un texto articulado para un nuevo estatus jurídico-político para Euskadi, ya que es un año "sin elecciones" y los partidos políticos pueden "hablar con libertad sin sentir unas elecciones a sus espaldas".

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Urkullu ha indicado que "debemos defender el autogobierno reconocido, porque también puede estar en entredicho", y que, de cara al futuro, "nadie debería renunciar a sus principios u objetivos", aunque ha matizado que, "si el objetivo es la cohesión de la sociedad", los distintos grupos parlamentarios deben buscar "acuerdos para construir una sociedad".

Derecho a decidir

Asimismo, ha asegurado que no teme el debate sobre el derecho a decidir, "si es pactado y consensuado"derecho a decidir, y ha recordado que en 1990 el Parlamento vasco ya aprobó una resolución sobre el derecho a decidir".

Además, el lehendakari ha señalado que 2018 también debería ser el año en el que "desaparecieran las siglas de ETA", aunque ha destacado que, "por encima de las palabras", debe quedar claro que "una época de 50 años ha terminado y no se va a repetir".

El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, ha apostado este miércoles por el reconocimiento jurídico-político de "las realidades nacionales vasca o catalana" y por la soberanía compartida y ha propuesto habilitar "cauces legales" para que las comunidades que lo deseen puedan consultar a la ciudadanía "sobre su futuro".

En un encuentro en Madrid con embajadores de unos 25 países de la Unión Europea recogido por Europa Press, Urkullu ha señalado la necesidad de "asumir el evidente desencuentro territorial y la crisis del modelo de Estado" e "iniciar una nueva etapa asentada en un diálogo con auténtica voluntad de acuerdo".

Tras afirmar que existen "voluntades sociales mayoritarias diferenciadas en Cataluña, Euskadi y España", el presidente vasco ha emplazado a "habilitar cauces legales para que las comunidades políticas que quieran consultar a la ciudadanía sobre su futuro puedan hacerlo".

En este sentido, ha defendido que "el ideal de autogobierno se encuentra en la concordia y la convivencia entre identidades diferentes sobre la base del respeto y reconocimiento mutuo". En esta línea, ha citado el acuerdo alcanzado en materia de Concierto Económico y Cupo, la "clave de bóveda del autogobierno vasco".

Competencias, suficiencia financiera y bilateralidad

El lehendakari ha explicado que en Euskadi se está planteando la reflexión sobre un nuevo estatus de autogobierno que "reconozca la singularidad de la nación vasca, asuma el elemento legitimador de los derechos históricos y extienda la experiencia de concertación fiscal y financiera a la relación política, incluyendo un sistema efectivo de garantías para el cumplimiento de lo pactado".

"Este objetivo se puede alcanzar con un acuerdo que asuma el concepto de cosoberanía o soberanía compartida, y se fundamente en competencias (poder hacer), suficiencia financiera (recursos para hacer) y bilateralidad (no interferir y compromiso de pactar)", ha señalado.

Tras apuntar que este pacto "debe suponer el reconocimiento y la asunción de la plurinacionalidad del Estado", ha considerado que "es necesario avanzar en el reconocimiento jurídico-político y también social y cultural de las realidades nacionales vasca o catalana". Asimismo, cree necesario también "adecuar este reconocimiento en el marco de una Europa que base su unión en el respeto de los diversos pueblos y culturas que la integran".

Iñigo Urkullu ha abogado por "habilitar cauces legales para que las comunidades políticas que, mediante decisión expresa y clara de sus instituciones parlamentarias de autogobierno, quieran consultar a la ciudadanía sobre su futuro, puedan hacerlo". "Éste es el sentido de una propuesta de Directiva de claridad en el seno de la Unión Europea", ha manifestado.

Recuperar los valores fundacionales de la UE

Según ha informado Lehendakaritza, el encuentro entre Urkullu y los embajadores se ha desarrollado este mediodía en Madrid, en la residencia del embajador italiano, y también ha contado con la participación de la secretaria general de Acción Exterior, Marian Elorza, y el director de Asuntos Europeos, Mikel Anton.

Se trata de la cuarta reunión que ha mantenido el presidente vasco con el cuerpo diplomático europeo, tras la mantenida en enero de 2013 en Madrid, la celebrada en junio de 2014 también en la capital del Estado, y la que transcurrió en el Palacio Miramar de San Sebastián en 2016.

El encuentro ha servido para que Urkullu "compartiera el modelo de desarrollo social y económico de Euskadi, así como para debatir sobre la actualidad política. Además del tema del autogobierno, se han tratado cuestiones como el modelo vasco de "desarrollo humano", la "cultura del acuerdo", el crecimiento sostenible, el empleo, la competitividad de la economía y la convivencia, según ha precisado el Gobierno vasco.

El Ejecutivo autonómico está ultimando el documento que recoge la visión vasca sobre el futuro de la UE en el marco del proceso abierto por su presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. En este campo, el lehendakari ha defendido, ante el cuerpo diplomático, la necesidad de que la Unión Europea "recupere sus valores fundacionales".

A su juicio, "para conseguir una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, es hora de articular, desde un enfoque de responsabilidad compartida, la participación efectiva en la gobernanza europea de los gobiernos con competencias legislativas que representan a realidades nacionales sin Estado". "Éste es el horizonte de nuestro proyecto", ha asegurado.

Por otro lado, el lehendakari ha indicado ante los diplomáticos que "los países más competitivos son los que disponen de mayor nivel de desarrollo e igualdad social". En este sentido, ha explicado que el modelo social de Euskadi "prima garantizar el desarrollo humano y la cohesión", de manera que se destinan dos tercios del presupuesto operativo a las políticas sociales.

Asimismo, ha destacado que, con el objetivo de ganar competitividad, se ha previsto una dotación de 8.800 millones de euros hasta 2020 en actuaciones en el marco del Plan 4I: Inversión, Innovación, Internacionalización e Industria. De esta manera, se pretende lograr que el peso de la industria alcance el 25% del PIB y crear "más y mejor empleo".

Plan de convivencia y derechos humanos

Urkullu ha explicado los 15 "objetivos de país" establecidos en su programa de gobierno, entre los que destacan reducir el paro por debajo del 10%, lograr que 20.000 jóvenes tengan "una primera experiencia laboral", conseguir 100 proyectos estratégicos de innovación, situar a Euskadi entre los cuatro primeros países europeos en igualdad de género, reducir un 20% la tasa de pobreza, o reducir un 20% la emisión de gases de efecto invernadero.

Finalmente, el lehendakari ha trasladado también al cuerpo diplomático europeo que el Gobierno vasco cuenta con un Plan de Convivencia y Derechos Humanos. Entre sus prioridades, ha citado el reconocimiento del daño injusto causado, las políticas públicas de verdad, justicia y reparación en solidaridad con todas las víctimas, la desaparición unilateral de ETA, una nueva política penitenciaria y de reinserción y la respuesta a "los nuevos retos emergentes ligados a la convivencia".

El pasado 13 de diciembre, la Mesa y Portavoces de la citada comisión, que de momento sólo integran el PP, el PSOE, Ciudadanos y el Grupo Mixto, fijó por unanimidad su plan de trabajo para los próximos seis meses y puso ya nombre a los comparecientes que desfilarán este enero, después de que la Mesa del Congreso les habilitase para trabajar ese mes, inhábil a efectos parlamentarios.

El órgano que preside el socialista José Enrique Serrano tiene previsto escuchar este mes los testimonios de una veintena de personas, comenzando con los principales artífices de la Carta Magna de 1978, que comparecerán en sesión matutina y vespertina.

Herrero de Miñón apuesta por reformar el Senado

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución, ha apostado por mejorar el estado autonómico diseñado en la Carta Magna pero evitando el federalismo, un concepto que a su juicio es polémico e indeterminado y que sería además costoso. En su exposición ha asegurado que el título VIII de la Constitución, que regula la organización territorial, ha sido superado por la realidad de las comunidades y ha propuesto modificaciones.

Herrero ha inaugurado las comparecencias en la comisión territorial abierta en el Congreso para estudiar el funcionamiento del Estado autonómico. En su exposición, ha empezado por dejar claro que sólo se debe reformar la Constitución si se le encuentran defectos, si se tiene claro qué se debe cambiar y existe un consenso amplio para ello.

A su juicio, existe otro camino, la llamada "mutación constitucional", la aprobación de leyes pactadas por los grandes partidos con las que se interpreta la Carta Magna y se pueden aclarar asuntos imprecisos que requieren una definición. "Por acuerdo de los partidos, que se plasman en normas y prácticas, se pueden hacer importantes mutaciones constitucionales", ha dicho.

Miguel Herrero ha explicado que el título VIII de la Constitución, el que regula la organización territorial autonómica, ha sido superado por la realidad de las comunidades y necesita reformas. Eso sí, ha advertido de que los cambios deben partir de "asumir que puede y debe haber asimetría" entre comunidades, porque es "consustancial" al país, sin que eso signifique desigualdad en los servicios que reciben los ciudadanos.

Ha apostado así por perfeccionar el sistema, pero el sistema autonómico, no uno federal, una vía que ha negado y descartado: el federalismo es un concepto muy polémico, que suscita apoyos incondicionales o rechazos; es además indeterminado, porque tiene muchas variantes y no se tiene claro cuál se adaptaría a España, y a su juicio resultaría más costoso que el sistema de comunidades: todas ellas tenderían a reproducir aún más las estructuras del Estado, con el consiguiente gasto.

Pérez-Llorca critica la regulación de la Educación

El jurista José Pedro Pérez-Llorca, uno de los redactores de la Constitución Española de 1978, ha asegurado que la regulación de la enseñanza es el "gran error" y el "pecado original" de la Carta Magna, porque quedaron lagunas que se deberían completar aunque ha admitido que no se dan las condiciones.

El jurista ha repasado los defectos de diseño autonómico que a su juicio tiene el texto y cuyos efectos se han visto con el paso de los años, como esa regulación de la educación y también de las lenguas, tanto las autonómicas como el castellano.

En concreto, ha afirmado que el problema del Estado autonómico es "rehacer un proyecto común" y ha dicho que ha llegado el momento de pensar en "el autogobierno de España". Para ello, y ante la "amenaza" del independentismo, ha reclamado a los legisladores medidas de integración, como aplicar los artículos de la Constitución que la favorecen y que "nunca" se aplican. Por ejemplo, ha dicho, las diferencias entre estatutos de autonomía no podrán implicar privilegios económicos o sociales.

Roca ve margen para cambios territoriales sin tocar la Constitución

Miquel Roca, el ponente de los nacionalistas catalanes en la redacción de la Constitución de 1978, ha asegurado este miércoles en el Congreso que la Carta Magna ofrece "mucho margen" para acordar cambios "trascendentales" en el modelo territorial del país sin necesidad de reformarla, pero dentro de sus límites: "La Constitución tiene que respetarse en su integridad, no hay vías al margen de ella", ha remarcado.

El abogado ha comparecido en la comisión territorial del Congreso que analiza el desarrollo del Estado autonómico, en una sesión en la que también lo han hecho otros dos padres vivos de la Constitución. Los tres han coincidido en esta misma idea de que cabe avanzar en el Estado autonómico sin cambiar la letra de la Carta Magna.

El exportavoz de CiU ha dicho que es "evidente" que el modelo territorial puede ser mejorado, pero no se necesita para ello reformar la Constitución sino asuntos importantes como la financiación autonómica y la función del Senado, así como cambiar "pequeñas cosas" que pueden tener grandes efectos. El problema del modelo, ha sentenciado, no es competencial, de quién hace qué, sino que tiene otros componentes. "Podríamos operar en el terreno de los gestos, los acentos, la proximidad, de los reconocimientos y de las sensibilidades", ha dicho.

Con respecto al Senado, ha señalado que quizá fue la principal "equivocación" de la Constitución del 78, por falta de experiencia y por cierta "prisa" en terminar los trabajos, ha admitido. Ha apostado por una cámara en la que se encuentren las comunidades autónomas, discutan y tomen decisiones.

El jurista ha defendido la existencia de singularidades y que estas sean respetadas en la Constitución, porque a su juicio es algo consustancial a la democracia. Ha añadido que esto no es defender privilegios, sino precisamente perseguir la igualdad mediante el respeto a las diferencias. "Singularidad e igualdad son las dos caras de la moneda democrática", ha dicho, para insistir en la importancia de los gestos.

Roca ha dicho también que quiere creer que es posible el pacto y el acuerdo para resolver el problema catalán, aunque siempre dentro de los márgenes de la Constitución porque fuera de ella, ha recalcado, el único camino que cabe es intentar reformarla.

El presidente de la nueva Comisión para la evaluación y modernización del Estado Autonómico, el socialista José Enrique Serrano, se ha estrenado en el cargo invitando a incorporarse a este órgano a los partidos que han decidido quedarse al margen —Unidos Podemos, el PNV y los independentistas de ERC y el PDeCAT—, a la vez que ha hecho un llamamiento a trabajar para lograr acuerdos pero sin pagar "peajes indebidos a nadie".

Nada más ser elegido junto al resto de los miembros de la Mesa, el que fuera jefe de Gabinete de los presidentes socialistas Felipe Gonzáles y José Luis Rodríguez Zapatero, ha dirigido sus primeras palabras al resto de miembros de la comisión y ha convocado una primera reunión para empezar a organizar su tarea la próxima semana, el jueves 23 de noviembre.

Serrano ha hecho hincapié en que esta comisión, creada a instancias del PSOE, ha generado una "importante expectación social y política", lo que, a su juicio, no es "raro", porque su misión es debatir sobre cómo mejorar el Estado autonómico en un momento "en el que ha sido gravemente cuestionado por los poderes públicos de Cataluña".

Tras avisar a los comisionados de que muchos ciudadanos estarán pendientes de sus quehaceres porque esperan que sean capaces de dar respuestas a muchas de sus aspiraciones, Serrano ha marcado las líneas en las que, desde su punto de vista, se debe basar el trabajo de la nueva comisión.

Primero diagnóstico, luego propuestas

Así, ha destacado que su primera tarea será evaluar el funcionamiento y la regulación del Estado autonómico y habrá que hacerlo poniendo en valor sus "indudables éxitos", pero también identificando las "disfunciones" de las que adolece.

Una vez hecho el diagnóstico, la segunda fase de los trabajos consistirá en plantear propuestas para modernizar el sistema y, en el caso de que se llegue a acuerdos para ello, en exigir cambios "en la forma de gobernar, en los procedimientos de adopción de decisiones y en las leyes que regular el Estado autonómico, incluyendo, y con la atención excepcional que requieren, cambios en la propia Constitución.

En este punto, ha dejado claro que esos acuerdos se deben buscar sin pagar "peajes indebidos a nadie". "Tenemos la gran tarea y la gran responsabilidad de alcanzar un resultado que contribuya a proyectar hacia el futuro el éxito que encarna nuestra Constitución para la convivencia pacífica y ordenada", ha dicho.

Según su presidente, la comisión también tiene la responsabilidad de "reafirmar con los hechos" que el Congreso es un "espacio de diálogo abierto", por lo que ha mostrado su deseo de que al final todos los grupos participen en este foro.

En este contexto, ha pedido a todos que sean capaces de, pese a sus diferencias, demostrar que son capaces de "identificar los intereses generales" y de dar respuestas reales a los problemas de convivencia. "Debemos transmitir a todos los ciudadanos, especialmente a los de Cataluña, que la Constitución nos acoge a todos y nos contempla como seres libres e iguales", ha rematado.

Seis meses para hacer propuestas

La nueva Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico tendrá seis meses para hacer propuestas para la reforma del modelo territorial de España, como prólogo para una posterior reforma global de la Constitución de 1978.

La sesión constitutiva ha servido para elegir a la mesa de la nueva comisión, que estará compuesta por diputados del PP y del PSOE, ya que Ciudadanos renunció a ocupar escaños en la mesa presidencial y ni siquiera ha apoyado el reparto acordado por los dos grupos mayoritarios.

Y a los recelos de Ciudadanos, que en su día votó en contra de esta comisión y que teme que sólo sirva para frustrar la prometida reforma constitucional, se suma el boicot de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Esquerra (ERC), el PNV y el PDeCAT, que directamente se han negado a inscribir diputados por discrepancias en torno a la crisius con Cataluña.

De momento, cuatro grupos

Así las cosas, la nueva comisión se ha constituido con sólo 27 de los 37 miembros que tienen las demás: 14 del PP, con José Antonio Bermúdxez de Castro y Juan José Matarí como portavoz titular y adjunto; nueve del PSOE, encabezados por la número dos del partido, Adriana Lastra, y el exlehendakari Patxi López; tres de Ciudadanos, con Nacho Prendes como portavoz; y uno de UPN, Iñigo Alli, en representación del Grupo Mixto.

El PP y el PSOE se han repartido los cinco puestos de la Mesa de la Comisión, con mayoría para el Grupo Popular. Junto a Serrano se ha elegido como vicepresidentas a las diputadas del PP Alicia Sánchez Camacho y Susana López Ares, y como secretarios estarán el conservador Jaime de Olano y la socialista Sofía Hernanz.

El PSOE ha propuesto como temas de debate el balance del modelo autonómico, la ordenación de las competencias, el nombre de las Comunidades Autónomas, el análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, la financiación autonómica y la autonomía local.

También quiere que los primeros comparecientes en desfilar por la mencionada comisión sean los tres "padres" vivos de la Constitución de 1978: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD) y Miquel Roca (Convergència). Una cita que los socialistas esperan que se produzca este mismo mes o a principios de diciembre.

De entrada, los "padres" de la Constitución

El PSOE quiere que los tres "padres" de la Constitución hagan un diagnóstico del desarrollo del Estado autonómico en estos 40 años de democracia y pongan encima de la mesa posibles mejoras, habida cuenta de que la comisión territorial dará paso después a una subcomisión encargada de la reforma global de la Carta Magna para adaptarla al siglo XXI.

Esta Comisión, cuyos trabajos se prolongarán durante seis meses, es la gran apuesta de los socialistas para intentar desbloquear la crisis en Cataluña. Finalizados sus trabajos, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha acordado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abrir una subcomisión en la Comisión Constitucional para empezar a preparar una reforma constitucional.

El conflicto catalán apenas ha influido en las preferencias de los ciudadanos sobre el modelo de organización territorial. Así lo refleja el barómetro de octubre [consultar, aquí] publicado este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que muestra un apoyo mayoritario al Estado de las autonomías. La mayoría de los ciudadanos sigue siendo partidaria de dejar las cosas como están. Esta es la preferencia del 39,2% de los encuestados y, de hecho, esta opción ha experimentado un ligero aumento de 0,9 puntos respecto al mismo sondeo de hace dos años (del 38,3% al citado 39,2%). 

Por otro lado, los partidarios de un Gobierno central sin autonomías se han reducido de manera leve. Si en octubre de 2015 –justo después de las últimas elecciones catalanas a las que las fuerzas soberanistas intentaron dar un aire plebiscitario– un 18,5% de los encuestados apostaba por esa opción, ahora lo hace un 17,5%, apenas un punto menos. Sí ha aumentado, aunque también de forma poco significativa, el porcentaje de ciudadanos que abogan por un modelo en el que las comunidades tengan menor autonomía que ahora. Lo hace en 0,8 puntos porcentuales, desde el 9,9% de hace dos años hasta el 10,7% actual.

En contraposición, un 13,4% responde que prefiere un Estado en el que las autonomías tengan más capacidad de autogobierno que en la actualidad. Este porcentaje sí se ha reducido en tres puntos respecto a hace dos años, cuando estaba en el 16,4%. En conclusión, la opción de mantener el actual marco o incluso con unas comunidades con más autonomía suma un 52,6%, frente al 28,2% de las alternativas más centralistas. Además, un 10,2% de los encuestados apuesta por la opción de un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de ser independientes.

El debate sobre la modificación de la organización del Estado empezó a intensificarse en 2012, cuando el entonces president de la Generalitat, Artur Mas, planteó la necesidad de que Cataluña tuviera estructuras de Estado y puso sobre la mesa la posibilidad de convocar un referéndum de autodeterminación. No obstante, el llamado procés soberanista ha llegado a su momento álgido en los últimos meses con la culminación de esa estrategia independentista. 

El citado estudio del CIS se realizó entre los días 2 y 11 de octubre, de modo que no recoge el efecto de los últimos acontecimientos políticos. Es decir, la proclamación de independencia del Parlament de Cataluña y la tramitación y aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y tampoco el encarcelamiento de ocho miembros destituidos del Govern y de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así como la huida a Bélgica de Puigdemont y cuatro cosellers cesados.

Variables sociodemográficas

De acuerdo con los datos del CIS, las fórmulas recentralizadoras extremas tienen más apoyos entre sectores rurales, de mayor edad y menos formación. De hecho, la opción de un Estado sin autonomías sólo tiene un respaldo superior al 20% (la media está en el 17,5%) entre los mayores de 65 años, las personas que viven en municipios de hasta 2.000 habitantes, los que no tienen estudios o sólo han completado la educación primaria, así como los agricultores, los trabajadores del sector servicios, los obreros cualificados y los jubilados.

Por ejemplo, entre las personas de mayor edad, casi una de cada cuatro (24,2%) querría un Estado con un único Gobierno central sin comunidades autónomas. Entre los que tienen entre 18 y 24 años esta opción sólo la respalda el 9,7% y entre los que tienen entre 25 y 34 años, el 10,6%. También más del 25% de las personas sin estudios o los trabajadores del campo consideran que sería mejor liquidar el actual modelo autonómico. 

En contraposición, la opción de una organización menos centralista en la que se aumenten las competencias regionales también cuenta con mayor respaldo entre los sectores más dinámicos de la sociedad: los jóvenes de entre 18 y 24 años, las personas que han completado estudios de secundaria, los cuadros medios y las clases altas. Por ejemplo, entre los profesionales y técnicos por cuenta ajena uno de cada cinco defiende esta opción. 

Estas mismas clases altas también son las que admiten en mayor grado que se reconozca la posibilidad de independencia de las comunidades autónomas. Respalda esta opción de 17,4% de los encuestados de esta clase social, por el 10,2% del total. La posición proclive al derecho de autodeterminación también tiene predicamento entre las personas de entre 25 y 34 años, los habitantes de grandes ciudades y los que tienen estudios superiores. 

Por otro lado, la mayoría de los consultados (53,7%) declara sentirse tan español como de su comunidad autónoma; el 16,1%, únicamente español, y el 6,2%, solo de su comunidad. Tampoco estos porcentajes han variado de forma considerable en los últimos dos años. 

Unos setenta intelectuales, académicos, artistas, juristas, periodistas y activistas de las ocho provincias andaluzas han firmado la iniciativa Andalucía por el diálogo con la que piden diálogo para un referéndum con garantías en Cataluña, a la par que demandan protagonismo andaluz en un nuevo pacto territorial.

Así, han rubricado el manifiesto, recogido por Europa Press, escritores como Caballero Bonald, Ángeles Mora o Luis García Montero; músicos como Kiko Veneno; o personas del ámbito académico como Joaquín Urías, Javier Pérez Royo o José Antonio Pérez Tapias.

Del mismo modo, del ámbito jurídico participan, entre otros, Baltasar Garzón y el exdefensor del pueblo andaluz José Chamizo; además de actores como Antonio de la Torre, Juan Diego o Mercedes Hoyos, y directores como Salvador Távora, Benito Zambrano o Alberto Rodríguez.

También han firmado la iniciativa pintores como Vázquez de Sola o Rogelio López Cuenca; los youtubers May R. Ayamonte y Tigrillo; así como las hermanas de Manuel José García CaparrósManuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado en la masiva manifestación del 4 de diciembre de la que este año se cumplen cuarenta años.

El manifiesto pide desde Andalucía "fraternidad, diálogo y mediación" en el conflicto catalán. Una tierra protagonista hace cuarenta años, cuyas manifestaciones masivas el 4 de diciembre "hicieron a todo el país mirar a Andalucía" y obligaron "a los constituyentes a arbitrar un mecanismo para que Andalucía pudiera decidir el estatus de su autogobierno".

El escrito recuerda que los andaluces "fueron los únicos en demandar el referéndum del 28 de febrero de 1980 y en superar las duras cláusulas del artículo 151 de la Constitución", "esfuerzo que costó la vida del joven sindicalista Manuel José García Caparrós a manos de la policía del franquismo, en un contexto en el que la extrema derecha y el fascismo campaban a sus anchas".

De esta manera, cuarenta años después, los firmantes del manifiesto consideran que "sigue vigente una deuda con el pueblo andaluz, con su memoria, con su presente y con su futuro".

Rechazan una salida "represiva y recentralizadora"

Así, los firmantes ponen el foco en Cataluña, "la expresión más cruda de una realidad subyacente, la crisis del modelo territorial y la necesidad de abrir un proceso constituyente o nuevo pacto constitucional". Desde Andalucía, quieren hacer un llamamiento "al diálogo y a la resolución democrática del conflicto" y entienden "que deben dar un paso atrás las voces que pretenden conducir una crisis constituyente hacia una salida represiva y recentralizadora".

Por otra parte, aseguran que "es un error pensar que lo que tenemos delante es un choque de trenes que observamos desde un andén y que las consecuencias de una mala resolución de la crisis nos caerán encima como una pesada losa". E insisten en que "una merma del autogobierno y la entrada en lógicas recentralizadoras, los giros autoritarios, la aplicación de medidas coercitivas policiales, penales y judiciales, la tolerancia con la abierta y reciente expresión del fascismo en las calles, son efectos que desde Andalucía no queremos asumir".

En el mismo sentido, rechazan que "se utilice a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una batalla que debió ser política y democrática" y que andaluces estén "sometidos a las órdenes irresponsables de mandos políticos contra el ejercicio de libertades civiles básicas en Cataluña". Tampoco quieren que se repitan las imágenes del 1 de octubre "mientras los responsables tienen una calculadora de votos en la mano".

Cuatro peticiones clave

En este sentido, el manifiesto apuesta por cuatro puntos clave. En primer lugar por la resolución de la crisis catalana "por la vía del diálogo y, si fuera necesario, por la vía de la mediación, para acordar un referéndum con todas las garantías democráticas".

En segundo lugar, ante la apertura de un proceso constituyente, piden que se dé "sin precipitaciones y sin miedos, donde podamos debatir y decidir sobre el modelo de Estado, sobre sus instituciones, sobre nuevos marcos de autogobierno que Andalucía necesita, sobre la garantía de los derechos sociales recogidos en el texto del 78 y sobre el nuevo marco de derechos sociales, de género, ambientales, culturales, étnicos y de capacidades diversas que queremos legar a las siguientes".

En tercer lugar afirman que harán cuanto esté en su mano "para evitar que esta crisis se resuelva por una vía recentralizadora, represiva y autoritaria alentadora de posiciones reaccionarias que no dejan de crecer en el marco".

En cuarto y último lugar, reivindican "el lugar que la historia de Andalucía merece por la vía del reconocimiento del 4 de diciembre y la memoria, justicia y reparación de las víctimas de nuestras libertades, empezando por Manuel José García Caparrós".

Finalmente, dicen albergar la esperanza de que esta crisis "se pueda cerrar con un diálogo abierto, democrático y participativo que nos conduzca a una resolución de la crisis territorial en clave de defensa de nuestro autogobierno y avances en la descentralización en unos momentos en los que los centros de decisión cada vez están más alejados de la célula básica de representación popular que son los ayuntamientos".

Además, recalcan desde Andalucía la necesidad de "protagonizar también este debate, hacer un balance riguroso de 40 años de nuestra irrupción como pueblo con aspiraciones políticas y proyectar una nueva Andalucía de la que nuestros hijos no tengan que marcharse para ganarse el pan".

Con todo, reconocen el 4 de diciembre como día del pueblo andaluz "para conectar a la sociedad andaluza con sus aspiraciones históricas, aspiraciones más vigentes que nunca, ya que para ejercer la ciudadanía es necesario ejercitar la memoria colectiva".

Para ello, proponen hacerlo "sin abandonar las tareas y compromisos adquiridos por parte de los poderes públicos con el pueblo andaluz plasmados en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y de la mano de la familia de Manuel José García Caparrós, que lleva 40 años exigiendo el fin de la impunidad de su asesinato".

El celo del Congreso de los Diputados y de los partidos políticos por hacer que las leyes se ajusten a lo dispuesto en la Constitución, especialmente en materia de referéndums, como intentan hacer ahora el Gobierno y los jueces en el caso de Cataluña, no siempre ha sido igual.

Hace ahora 37 años, en plena Transición democrática, la Cámara baja no tuvo ningún inconveniente en tramitar, debatir y aprobar dos leyes que contradicen la Constitución española con el único objetivo de garantizar que Andalucía tuviese acceso a la autonomía en igualdad de condiciones con las llamadas comunidades históricas (Cataluña, Euskadi y Galicia).

Para entender lo ocurrido hay que remontarse en el tiempo. El texto constitucional aprobado en 1978 establecía dos maneras de acceder a la autonomía. Un vía lenta, con menos requisitos pero también con un nivel inferior de competencias y estatus político, que se podía tramitar aplicando el artículo 143, y una vía rápida, a través del artículo 151, que garantizaba a quien la eligiese la categoría administrativa que la Carta Magna reservaba a las comunidades históricas, aquellas a las que la dictadura franquista había privado del Estatuto de Autonomía conquistado en los años de la II República.

La vía del 151 prometía acceso a la primera división autonómica, pero elevaba los requisitos con el objetivo de impedir que se multiplicasen las reivindicaciones de autogobierno fuera de Galicia, Euskadi y Cataluña. Uno de ellos era que la autonomía debía aprobarse en todas las provincias de la comunidad aspirante por "mayoría absoluta de los electores" (no de los votantes), para que no hubiese dudas sobre el apoyo de los ciudadanos a la iniciativa.

Andalucía, deseosa de situarse al mismo nivel que las comunidades históricas, se la jugó al 151. Y perdió. En el referéndum del 28 de febrero de 1980, todas las provincias andaluzas cumplieron el requisito fijado por la Constitución (mayoría absoluta de censo). Todas menos una: en Almería sólo apoyaron el "sí" el 42,07% del total de electores (119.550 votos), casi ocho puntos por debajo de lo necesario. La única conclusión legal posible era aceptar que Andalucía no podía acceder a la autonomía por la vía del 151 (a menos que dejase fuera a Almería), usar la vía del 143 o esperar al menos cinco años antes de intentarlo de nuevo por el 151.

¿Qué hacer? La frustración política de los andaluces y la necesidad de los partidos políticos de la época, bien entrenados en la mano izquierda y en el pacto para sacar adelante la arquitectura política de la joven democracia española, forzó la solución: dos leyes orgánicas ideadas, tramitadas y aprobadas para, contradiciendo abiertamente la Constitución, sacar adelante la autonomía andaluza. Y así se hizo. Al frente del Gobierno estaba Adolfo Suárez. El líder de la oposición era el socialista andaluz Felipe González.

El 12 de noviembre de 1980, apenas ocho meses después del traumático referéndum que constitucionalmente dejaba a Andalucía fuera de las comunidades autónomas de primer nivel, todos los partidos votaron a favorvotaron a favor de un cambio en la legislación que no sólo sustituía la voluntad de los electores de Almería por la de la mayoría de sus diputados y senadoresdiputados y senadores sino que establecía que este cambio tendría efectos retroactivos. Es decir: que el referéndum celebrado 258 días antes era de aplicación, aunque hubiese incumplido la previsión constitucional.

Toda la maniobra política se apoyaba en una interpretación libre del texto constitucional: donde la Carta Magna decía (y sigue diciendo) que sólo era posible acceder a la autonomía por el artículo 151 si la iniciativa era “ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia”, los partidos decidieron que, en realidad, lo que la Constitución quería decir es que “se entenderá ratificada [la iniciativa] siempre y cuando los votos afirmativos hayan alcanzado la mayoría absoluta del censo de electores en el conjunto del ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno”. Es decir: donde la Carta Magna exige la voluntad de todas y cada una de las provincias, la ley se conforma con la voluntad del conjunto del territorio que quiere constituirse en comunidad autónoma, en este caso Andalucía.

El acuerdo entre todos los partidos y el clima político de la época, marcado por la necesidad de satisfacer las aspiraciones políticas andaluzas, consumaron lo imposible: la aprobación de dos leyes orgánicas contrarias a la Constitución. Un “esfuerzo interpretativo” que buscaba “evitar” que una aplicación “literalista pudiera provocar el resultado de la frustración de la voluntad autonómica andaluza”, en palabras del exministro centrista Manuel Clavero, entonces diputado del grupo mixto, que fue el encargado de defender la reforma.

Todos los grupos se felicitaron y apoyaron la decisión. Y los socialistas, por boca de su portavoz, Manuel Gracia, celebraron incluso que la votación hubiese “dado carta de naturaleza legal al hecho político fundamental que es el desbloqueo del proceso autonómico andaluz”.

Eran otros tiempos. Entonces era posible alcanzar acuerdos políticos para otorgar a las Cortes un poder de decisión en la definición del Estado autonómico aunque eso supusiese pasar por encima de la Carta Magna.