El antiguo fiscal de México Jesús Murillo Karam (2012-2015) ha sido procesado este miércoles de tres delitos, entre ellos el de desaparición forzada y tortura, por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, secuestrados y asesinados en 2014.

Murillo Karam también ha sido procesado por el delito de obstrucción de la justicia durante la audiencia que se ha celebrado en la cárcel de Ciudad de México en la que se encuentra desde que fue detenido el pasado 20 de agosto.

Durante su turno de palabra, Murillo Karam ha asegurado que su llamada "verdad histórica" no ha podido ser refutada, en relación a la versión que ofreció en mayo de 2015 con la que afirmaba que los estudiantes fueron secuestrados, torturados y asesinados por una banda narcotraficante conocida como Guerreros Unidos.

"Se pudieron cometer fallas, pudo hacerse mejor, puedo aceptar algunos errores, pudo haber fallas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar", ha insistido Murillo Karam en relación a la versión oficial, según ha contado el diario mexicano El Universal.

La llamada "verdad histórica" nunca fue creída por los familiares de las víctimas, que la consideraron como una forma de acallar las protestas que se sucedieron por un caso, que volvió a evidenciar la ya epidémica impunidad de los grupos armados y su connivencia con las instituciones y los cuerpos de seguridad.

La versión oficial tampoco fue creída por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un comité de juristas y médicos que durante casi dos años llevaron a cabo su propia investigación sobre el caso, considerado como crimen de Estado en un último informe, que desencadenó el arrestó de Murillo Karam.

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México ha anunciado de que en un recuento rápido de los votos de la consulta popular de este domingo el pueblo mexicano ha decidido iniciar el "proceso de esclarecimiento" de una serie de decisiones políticas tomadas por los presidentes del país desde 1988 a 2018, que según el Gobierno fueron cometidas como parte de un supuesto delito de corrupción, según informa Europa Press.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha anunciado que de acuerdo al escrutinio rápido estima que entre el 89,36 y el 96,28 por ciento de los participantes en la consulta se han inclinado por el "sí" a juzgar a los exmandatarios.

No obstante, Córdova ha señalado que la participación ciudadana ha sido baja, con entre el 7,07 y el 7,14 por ciento, cuando se pedía un mínimo del 40 por ciento, informa el medio mexicano Milenio.Milenio

Según el recuento rápido, entre el 1,38 y el 1,58 por ciento de los ciudadanos han votado por no iniciar el proceso propuesto, mientras entre el 2,19 y el 2,21 por ciento de los votos han sido nulos.

La consulta, que fue planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afecta a los exmandatarios Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Vicente Fox y Felipe Calderón, del Partido Acción nacional (PAN, centroderecha); y Enrique Peña Nieto, que recuperó la presidencia para el PRI.

El procedimiento no está exento de problemas. La pregunta a la que se han enfrentado los votantes no ha sido demasiado nítida porque no ha detallado el llamado "proceso de esclarecimiento".

Además, no se esperaba que votase el electorado suficiente para que el resultado cuente, una cuestión que se confirmaría si en el recuento oficial el INE declara la participación estimada, por el momento, del 7%.

La consulta popular ha pretendido abordar las incontables críticas de la población mexicana contra la gestión de sus gobiernos.

De hecho, más de dos millones de personas firmaron una petición el año pasado a favor de investigar a los expresidentes, entre ellas víctimas del fallido rescate bancario de FOBAPROA de 1995, de la represión policial de manifestantes en 2006 en San Salvador Atenco, de la guerra militarizada contra las drogas y de la desaparición en 2014 de un grupo de estudiantes de la Escuela Rural de Maestros de Ayotzinapa.

Cristina Bautista creció trabajando en los campos de maíz de un pueblo polvoriento en lo alto de las montañas del estado mexicano de Guerrero. La mayor parte de su vida ha sobrevivido con la venta de lo que ha podido ir sacando: pan, pozole, abalorios hechos con hojas de palma.

Se considera afortunada por que sucasa es de hormigón y no de chapa o de tablones de madera, una proeza que resultó posible tras una temporada trabajando en Connecticut.

No es rica, poderosa, ni famosa. Incluso en México, es una de las más pobres entre los pobres. Sin embargo, su propio gobierno puede haber gastado cientos de miles de dólares en someterla a una de las formas de vigilancia más intensivas del mundo, considerando un objetivo su teléfono móvil hasta el punto de hackearlo con un potente software espía israelí.hackearlosoftware

¿Qué tenía de amenazante Bautista?

El mero hecho de ser una víctima. Ella y varias docenas de padres desconsolados han pasado años exigiendo saber qué pasó con sus hijos, 43 estudiantes de una escuela rural de magisterio que fueron secuestrados en 2014 tras un sangriento encuentro con la Policía en Iguala, una ciudad del suroeste de México.

El hijo de Bautista, Benjamín, de 19 años, es uno de estos desaparecidos, un término con connotaciones de muerte. Y es que, dado el espeluznante historial de ejecuciones extrajudiciales en México, los “desaparecidos” casi siempre aparecen muertos, tras meses o años de agonía para sus familias.

Para los mexicanos, el caso se convirtió en símbolo de la violencia que convulsiona al país desde mediados de la década de 2000 y que puso de manifiesto la incapacidad del gobierno para controlarla.

En una revelación que fue un escándalo en 2017, salió a la luz que el Estado mexicano utilizó Pegasus, un sofisticado software de espionaje vendido por la empresa israelí de ciberinteligencia NSO Group, para vigilar a los investigadores internacionales al frente del caso.

Ahora se ha sabido que la campaña de vigilancia pudo haber sido más sistemática de lo que se creía.

Las pruebas obtenidas por The Pegasus Project, una investigación colaborativa sobre NSO Group y las personas supuestamente en el punto de mira de su software espía Pegasus, llevan a pensar que la vigilancia se extendió a las familias, pobres y desesperadas, de los estudiantes, así como a sus abogados y al menos a un funcionario local que investigaba las desapariciones.

Todos los teléfonos de estas personas aparecían en una lista formada por más de 50.000 números considerados presuntos objetivos por clientes de NSO Group, entre 2016 y 2020. Los periodistas detrás de esta investigación han podido identificar a los propietarios de cientos de esos números. El Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional realizó análisis forenses en decenas de teléfonos. El informe incluía esos análisis, así como por entrevistas, documentos y otros materiales. El hecho de que un número figurase en la lista no significa necesariamente que se viese comprometido. En el repertorio pueden aparecer números de teléfono que no se lograron pinchar o incluso que ni siquiera se intentó pinchar. NSO Group ha negado las acusaciones en una serie de declaraciones (en inglés, aquí).

Carlos Martín Beristain, que forma parte del grupo de investigadores, califica de “extremadamente perversas” las revelaciones sobre la supuesta vigilancia de las familias.

“En lugar de investigar a los responsables o a los funcionarios implicados en los hechos, se pretendía criminalizar a las víctimas”, señala a OCCRP.

Ya se sabía que Pegasus se utilizó en México, país donde 25 personas vieron infectados sus dispositivos con el programa espía, entre ellas periodistas que cubrían la violencia de los cárteles, la viuda de un reportero asesinado y defensores de la salud pública que defendían la aplicación de un impuesto a los refrescos. Sin embargo, esos objetivos se descubrieron después de tener conocimiento de mensajes de texto sospechosos y pidieran ayuda.

La diferencia de los datos de The Pegasus Project es que revelan la existencia de una extensa lista de números de teléfono que, todo apunta, fueron utilizados por los clientes de NSO para su vigilancia, lo que permite comprender mejor sus intereses. Los datos contienen más de 15.000 números mexicanos, muchos de los cuales coinciden con personas que ya se sabe, gracias a los análisis forenses, que fueron objetivos.

Además de aparecer los padres de Ayotzinapa, los datos filtrados revelan teléfonos de un sindicato de maestros, periodistas y activistas de derechos humanos de todo México, y el círculo íntimo de Andrés Manuel López Obrador, el político progresista que acabaría ganando las elecciones nacionales de 2018.

Incluso un periodista de The New York Times se convirtió en objetivo poco antes de publicar un importante artículo sobre cómo el software de NSO se usó para espiar a los investigadores y a un grupo de derechos humanos que trabajaban en el caso Ayotzinapasoftwarecaso Ayotzinapa.

NSO Group insiste en que sólo vende su software a los gobiernos para que lo utilicen en actividades legítimas y de los servicios de inteligencia. El gobierno mexicano ha dado garantías similares. El entonces presidente Enrique Peña Nieto admitió en una rueda de prensa en 2017 que su administración había comprado Pegasus, pero solo para combatir el crimen organizado y “mantener la seguridad nacional”.

“Este gobierno rechaza categóricamente cualquier tipo de intervención en la vida privada de cualquier ciudadano", replicó entonces Peña Nieto.

Pese a los reiterados intentos efectuados, no ha sido posible obtener la versión de Peña Nieto. Miguel Ángel Osorio Chong, su secretario de Gobernación, respondió a los periodistas de The Pegasus Project que la Secretaría “nunca, nunca autorizó ni tuvo conocimiento o información de que el Cisen [la agencia de inteligencia de México en ese momento] tuviera o adquiriera el kit de hackeo Pegasus y nunca autorizó nada que tuviera que ver con los pinchazos”.

López Obrador, el actual presidente, asegura que su Gobierno no utilizó Pegasus, y señaló su intención de investigar si alguna agencia mexicana aún mantiene contratos activos del software espía. “Si el contrato existe, debe cancelarse”, añadió, calificando de “vergonzoso” que su círculo más cercano pudiera haber sido blanco de ataques.

Para los padres de Ayotzinapa, saber que pudieron haber sido espiados por su propio gobierno no les ha sorprendido. La mayoría sintió durante años que estaban siendo vigilados.

“¡Sííí, nos vigilaban!”, responde Bautista contundente. “Donde quiera que fuésemos, una patrulla nos seguía”.

Melitón Ortega, cuyo sobrino Mauricio fue secuestrado, también estaba en la lista de objetivos. Al conocer la noticia señala que Pegasus era sólo “la última herramienta represiva del Estado”.

“Siempre he sospechado que las autoridades podían estar vigilándome”, declaró a The Guardian.

En respuesta a las revelaciones hechas esta semana por The Pegasus Project, NSO Group reiteró que los datos utilizados por los periodistas fueron malinterpretados y que la empresa no permite que sus clientes hagan un mal uso de su softwaresoftware.

La empresa emitió el miércoles un comunicado desde Tel Aviv en el que se podía leer: “¡Basta ya!... NSO no responderá más a los medios de comunicación sobre este asunto y no seguirá el juego a una campaña vil y difamatoria”. La empresa reiteraba además que los números que figuraban en la lista no eran necesariamente objetivos de Pegasus, y añadía que “investigaría a fondo” cualquier prueba de que su tecnología habían sido mal utilizada.

“NSO continuará con su misión de salvar vidas, ayudando a los gobiernos de todo el mundo a prevenir ataques terroristas, a desarticular redes de pedofilia, sexo y tráfico de drogas, a localizar a niños desaparecidos y secuestrados, a localizar a supervivientes atrapados bajo edificios derrumbados y a proteger el espacio aéreo contra la penetración perturbadora de peligrosos drones”, añaden.

“No sintieron la más mínima piedad”

Todo parece crecer de forma salvaje en el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico mexicano donde los cactus conviven con los bosques y las pequeñas granjas familiares, donde el maíz y los frijoles son los cultivos básicos.

A pesar de su exuberante paisaje, es una de las zonas más pobres de México, muy dependiente del cultivo de la flor de amapola. No hay muchas alternativas de futuro para los chicos de Guerrero. Pueden emigrar al norte, unirse a los narcos locales, controlados por una banda conocida como los Guerreros Unidos, o, si son estudiosos y cívicos, solicitar plaza en la mejor escuela de la zona.

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, casi universalmente conocida como Ayotzinapa, se fundó en la década de 1920 en plena Revolución Mexicana, como parte de un movimiento nacional para formar a jóvenes campesinos para que enseñaran en sus propias comunidades. Con los años, la escuela también se ha hecho conocida por una tradición de activismo político de izquierdas entre sus estudiantes.

Como la escuela casi no recibe financiación del gobierno, los estudiantes tienen otra tradición de larga data: requisar los autobuses locales para conducir ellos mismos a las tareas de observación en el aula o a las protestas.

Esta práctica se toleraba a regañadientes y las empresas de autobuses a veces daban instrucciones a los conductores para que no se resistieran si un grupo de estudiantes subía a bordo y tomaba el control. El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de primer y segundo año se dispuso a hacer precisamente eso. Aturdidos tras una agotadora semana de orientación, los líderes del “Comité de lucha” de la escuela les mandaron preparar autobuses y que solicitaran donaciones para llevarlos a Ciudad de México a una manifestación prevista.

Pero las cosas no tardaron en volverse extrañas. Después de que la Policía Federal les cerrara el paso en la carretera cerca de la ciudad de Chilipancingo, cambiaron de rumbo y se dirigieron a Iguala. Entonces, la Policía y hombres armados abrieron fuego contra los autobuses. Lo que siguió fue un ataque coordinado y aún inexplicable contra los estudiantes desarmados, en múltiples lugares, y que duró horas.

Seis personas murieron a tiros y otras 40 resultaron heridas. Uno de los estudiantes fue encontrado más tarde con el cuerpo mutilado y la cara arrancada. Los supervivientes denunciaron que sus gritos de auxilio, o sus súplicas para que se les permitiera ayudar a sus compañeros, como se llamaban entre sí, caídos fueron respondidos con más disparos.

“Gritamos a la Policía que estábamos desarmados, que no teníamos nada con lo que hacerles daño”, recordó Edgar Yair, un estudiante de primer año de 18 años. “Gritamos para que dejaran de dispararnos, porque si te asomabas un poco, te disparaban. No tenían la más mínima piedad”.

En medio del caos, se llevaron a 43 estudiantes en coches patrulla, a la comisaría, según supusieron entonces sus amigos. Nunca se les volvió a ver.

Al día siguiente, sus padres se movilizaron.

“Los padres comenzamos a unirnos”, rememora Cristina Bautista. “Algunos vinieron de Oaxaca, otros de Tlaxcala, otros de Morelos”.

Entraron en tropel en la escuela –Bautista recuerda que se reconocieron inmediatamente entre la multitud, porque todos lloraban– y la tomaron como cuartel general, durmiendo en colchones en el suelo de las aulas mientras esperaban noticias de sus hijos.

No pasó mucho tiempo antes de que su persistencia y su autoridad moral se convirtieran en un problema para el gobierno federal, que intentaba gestionar la situación.

¿Verdad histórica o mentira histórica?

Poco después, el gobierno de Guerrero anunció saber quién estaba detrás de los asesinatos: el alcalde de Iguala y su esposa, supuestamente indignados porque el comportamiento desordenado de los estudiantes estaba interfiriendo en un acto político y ordenaron que los entregaran al cártel de la droga Guerreros Unidos.

Pronto se puso de manifiesto que esta historia no se sostenía, mientras se acumulaban las pruebas de la connivencia a nivel federal. Los estudiantes que sobrevivieron al ataque informaron de que habían visto a policías federales y estatales en el lugar de los hechos, que no habrían respondido ante el alcalde.

Las autoridades anunciaron entonces que habían encontrado los cuerpos de los estudiantes perdidos en varias fosas alrededor de Iguala. Pero cuando se analizaron los restos, ninguno resultó pertenecer a los estudiantes; en su lugar, eran de al menos 28 personas no relacionadas. Al final, se encontraron tantas fosas comunes sin relación alguna en la zona que algunas familias locales formaron un nuevo grupo, “Los otros desaparecidos de Iguala”, para reclamar su recuperación e identificación. Sus esfuerzos han llevado a la exhumación de más de 160 cuerpos, según Human Rights Watch.

Esta serie de injusticias y errores causó indignación entre los mexicanos. “Sólo unos días después de los ataques... [parecía] claro que el gobierno haría todo lo posible para que fuera imposible encontrar a los 43 estudiantes e imposible también saber lo que ocurrió esa noche”, escribió Gibler. Las familias de los 43 encabezaron una marcha de 15.000 personas en Ciudad de México, portando imágenes de sus seres queridos.

En enero de 2015, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, cerró oficialmente el caso en una conferencia de prensa que pronto se tornó infame. Anunció que, en lo que respectaba al gobierno mexicano, se había determinado la “verdad histórica” y no había nada más que decir sobre el asunto: los 43 estudiantes habían sido retenidos por la Policía y entregados a una banda de narcotraficantes, que supuestamente los ejecutó e incineró sus restos.

Era una buena historia. El único problema era que no había muchas pruebas para ello. Un equipo internacional de investigadores creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos halló pruebas que confirmaban los relatos de los estudiantes de que la Policía Federal había estado en el lugar de los disparos, y que el Ejército había estado vigilando a los estudiantes toda la noche desde un centro de mando en Iguala. Pero se les impidió entrevistar a los militares o visitar sus cuarteles, a pesar de las múltiples peticiones.

Citizen Lab, un centro de investigación de la Universidad de Toronto, descubrió más tarde que, mientras estos investigadores estaban en Guerrero, no mucho después de que criticaran públicamente al gobierno por interferir en su investigación, se produjeron dos intentos de infectar sus teléfonos con el programa espía Pegasus de NSO Group.

Beristain, el miembro del grupo, asegura que, mientras permanecían en Guerrero, sintieron que estaban siendo vigilados. Cuando más tarde se enteraron de que el gobierno mexicano recurrió a Pegasus declaró que “se parecía mucho a las cosas que habían sufrido”.

“Tuvimos muchos problemas con los teléfonos que utilizábamos... había gente sospechosa cuando nos reuníamos, recibíamos mensajes extraños, especialmente sms con enlaces”.

En una ocasión, señaló, tres miembros del grupo recibieron mensajes de texto raros cuando estaban agotados tras realizar una tarea especialmente espeluznante: exhumar al estudiante que había sido torturado.

“Salimos de la exhumación y recibí un mensaje que decía –no lo sé exactamente, porque el teléfono se rompió–, pero venía a decir algo así como: ‘Te estamos esperando para organizar el funeral’. Es decir, no era un mensaje general, era un mensaje pensado para que, obviamente, pinchara en el enlace”. Asegura que no lo hizo.

Cuando finalmente se publicó el informe de los investigadores, en abril de 2016, se refutó la narrativa de la “verdad histórica” del gobierno, diciendo que no había pruebas de que se hubieran quemado cuerpos en el vertedero; de hecho, parecía científicamente imposible generar suficiente calor allí. Aunque se encontraron los restos de 19 personas en el vertedero, los analistas no pudieron encontrar pruebas que los relacionaran con los estudiantes desaparecidos.

Esto provocó una protesta. También confirmó las sospechas de los padres de los 43, que llevaban años insistiendo en que los relatos contradictorios e incompletos ofrecidos por las autoridades apuntaban a un encubrimiento.

“¿Qué sentido tendría encubrir a... la Policía de Iguala?”, se pregunta un abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en una entrevista con el OCCRP. “No es muy lógico. En el caso de Ayotzinapa están involucrados funcionarios de alto nivel que querían borrar pruebas, que querían encubrir a los altos mandos y por eso se hizo una investigación muy desordenada”.

Tras este caos, según los nuevos datos de The Pegasus Project, los números de teléfono de al menos cuatro miembros de la familia de Ayotzinapa fueron elegidos para ser pinchados con Pegasus: Bautista, Ortega, Felipe de la Cruz, padre de un estudiante superviviente, y David Cabañas, hermano de un estudiante desaparecido.

También lo fue Rosales, junto con su colega Abel Barrera, un conocido antropólogo que dirige un centro de derechos humanos que presta asistencia jurídica a familias indígenas pobres.

Aunque los datos de The Pegasus Project no permiten que los reporteros determinen con exactitud quién puso a las familias de Ayotzinapa en la lista y por qué, no hay muchas posibilidades. Al parecer, sólo tres organismos gubernamentales en México tienen acceso a la herramienta: el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, que firmó el contrato de 32 millones de dólares para la adquisición de Pegasus por parte del gobierno mexicano en 2014.

El titular de la oficina en ese momento era Jesús Murillo Karam –que luego sería el procurador general que cerró la investigación sobre los estudiantes desaparecidos–. Al habla con él, ha declinado dar su versión de los hechos.

“Una gran lucha”

Padres y abogados se habían quejado durante años de que se sentían acosados por el gobierno de Peña Nieto. El presidente no ocultó su disgusto por sus ruidosas protestas sobre cómo gestionó el caso el Ejecutivo. En un momento dado, sugirió que estaban respaldados por fuerzas que buscaban desestabilizar el país y “atacar el proyecto nacional que hemos estado construyendo”.

“Fue muy difícil para nosotros", dijo Bautista, que recuerda un constante zumbido de helicópteros sobre su casa durante esos años.

Las familias recorrieron universidades y grupos de derechos humanos en México y otros países latinoamericanos para reunirse con activistas y expertos. Incluso testificaron en una audiencia en Perú y otra en Washington. Rosales y de la Cruz se unieron a un programa llamado Caravana 43 que les permitió viajar mucho para hablar con grupos comunitarios sobre su experiencia.

“Estábamos en esta lucha exigiendo que se continuara la investigación, que se continuara la búsqueda, y obviamente el gobierno tenía la posición: ‘Ya investigamos, se ha dicho la verdad, y lo que ustedes están haciendo es negar la verdad’”, explica Rosales.

En abril de 2016, las conversaciones telefónicas privadas entre él y su esposa saltaron a las portadas de los principales periódicos y revistas de México. Les cogieron, en un momento de frustración, hablando con desdén de las familias indígenas a las que ayudaba. “Malditos indios de mierda”, los llamó. Un ejército de bots de Twitter surgió para denunciarlo, todos usando el hashtag #fuckinglousyindians.

Todavía no está claro cómo se filtraron las conversaciones. Los datos de The Pegasus Project muestran que el nombre de Rosales fue incluido en la lista de presuntos objetivos en 2017, pero no hay datos anteriores a 2016, lo que hace difícil saber si pudo haber sido espiado antes.

Las familias afirman que el sucesor de Peña Nieto en la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, ha sido más receptivo. Tres días después de su toma de posesión, creó la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, y desde entonces se han producido varias detenciones y otros avances en el caso.

Sin embargo, Cristina Bautista no está satisfecha. Los restos de su hijo nunca se han encontrado. Todavía habla de “Benja” en tiempo presente: “Mi hijo es muy cariñoso y respetuoso”, dijo a los periodistas con voz temblorosa. “Lo estamos buscando”.

Sabe que casi con toda probabilidad está muerto, pero no puede descansar, ni hablar en pasado, hasta que lo sepa con certeza. Aun así, le reconforta el hecho de que ella y los demás padres de Ayotzinapa se negaron a aceptar que sus hijos pudieran simplemente desaparecer.

“Ellos construyeron su mentira histórica, fue fácil para ellos porque somos campesinos. Era fácil para ellos hacer ‘desaparecer a nuestros hijos’, porque somos campesinos, ¿qué vamos a hacer?”, añade Bautista. “Pero se equivocaron con nosotros”.

Traducción: Mariola Moreno

Aquí puedes leer el texto original en inglés

El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, ha presentado este sábado los avances de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014 y ha señalado al anterior Gobierno, liderado por el presidente, Enrique Peña Nieto, por mentir y encubrir y realizar diligencias falsas. "Los jóvenes desaparecidos quedaron en medio de un choque de intereses del narcotráfico. Fue una coincidencia letal, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos que tenían presencia en ese lugar", ha afirmado Gertz, según recoge Europa Press.

En particular se ha referido al "encubrimiento generalizado" de lo ocurrido por parte de las autoridades locales y federales a pesar de que tenían conocimiento de lo ocurrido a través del sistema de comunicación C4. "También pudo registrar las detenciones ilegales, sus traslados a las oficinas públicas, a los centros de justicia y a otros lugares, donde comenzó la tortura, para que después estos jóvenes fueran entregados al grupo delincuencial", ha añadido. Las investigaciones revelan en concreto que hay cámaras que dejaron de funcionar en momentos clave y radios que fueron apagadas, lo cual implica responsabilidades que, aseguró, no van a quedar impunes.

Además, Gertz en los mismos días en los que desaparecieron los normalistas cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por distintos grupos delictivos sin que se pusiera en marcha investigación alguna.

El informe de los avances de la investigación ha sido presentado coincidiendo con el sexto aniversario de lo ocurrido y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha destacado que supone que la "verdad histórica" defendida hasta ahora por Peña Nieto "se ha colapsado" de manera total.

En concreto, Encinas ha subrayado que en ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos tras ser detenidos y por ello se han realizado 30 acciones de búsqueda, incluidas búsquedas de vida, aún sin resultados. "No generaremos falsas expectativas ni queremos construir otra verdad histórica, sino encontrar la verdad por dolorosa que ésta sea. No nos vamos a cansar", ha subrayado Encinas. "No habrá impunidad, no se protegerá a nadie y se castigará a los culpables sean quienes sean", ha remachado.

También ha comparecido un portavoz de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien ha indicado que existen indicios de simulación y de ocultamiento de información en la investigación de la administración anterior.

Gómez ha destacado que se han emitido 70 órdenes de detención, entre policías, miembros del Ejército y de organizaciones criminales, así como diversos funcionarios, como el antiguo jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien se encuentra prófugo y podría estar en Israel.

Las familias ven avances "lentos"

En la presentación del informe han estado presentes varios familiares de los normalistas desaparecidos, como María Martínez Ceferino, madre del normalista Miguel Ángel Hernández Martínez. Martínez ha pedido al presidente, Andrés Manuel López Obrador que "sigan caminando juntos", pero que "aprieten algo más", debido a que seis años después aún no tienen nada, por lo que seguirán exigiendo justicia.

"Póngase un día en nuestro lugar. No se le deseo a nadie. Esto es lo que duele más", ha afirmado Martínez en representación de las familias de los 43 jóvenes. Además, ha subrayado que no piden nada material, sino su derecho y que no es "posible que los delincuentes sean más poderosos" que el Gobierno. "¿Cuándo le van a llegar a los militares? Cada día que pasa nos desespera, salimos y regresamos a casa con las manos vacías, tenemos esperanza en usted", ha planteado.

Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, estado de Guerrero, desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.

La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos ahora refutados por una nueva investigación.

Una nube roja se eleva sobre el pueblo de San Salvador Atenco, visible desde las colinas circundantes. Se extiende por la carretera departamental, en dirección a las montañas, hacia el yacimiento piramidal de Teotihuacán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Cada día, los subcontratistas del nuevo proyecto del aeropuerto internacional extraen toneladas de tezontletezontle, una roca volcánica, de estas formaciones geológicas. La población local está agotada. El polvo rojo les entra en la boca, en los pulmones. Día tras día, el paisaje está siendo destruido.

Allí, en Atenco, a unos 15 kilómetros al noreste de la capital, debería haberse construido el nuevo aeropuerto internacional de México (NAIM). En una zona pantanosa, en los terrenos que ocupaba antaño el lago de Texcoco, que abarca los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. Sin embargo, la inminente cancelación del proyecto llega demasiado tarde.

Los sitios pertenecientes al complejo de Teotihuacán, cuya construcción se remonta al siglo III d.C., ya han sido destruidos. Otros edificios también están en peligro, todos ellos datan de períodos que se remontan al primer milenio. Docenas de especies de aves, algunas endémicas, tampoco se han salvado.

La decisión de paralizar el proyecto, resultado de una votación sin precedentes, la tomó Andrés Manuel López Obrador (AMLO), investido presidente de México este sábado 1 de diciembre. “No estoy aquí para hacer de extra ni para decorar las paredes, estoy aquí porque el pueblo mexicano me ha encomendado una misión. Y el pueblo quiere acabar con la corrupción y la impunidad”. El mensaje es claro. Y a las compañías involucradas en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México (NAIM) se les ha pedido que lo llevaran a cabo.

Poco más de un millón de ciudadanos votaron en una de las 1.073 oficinas abiertas para la ocasión, un número más que modesto en un país de más de 124 millones de habitantes. Aproximadamente el 70% dijo no al aeropuerto. A pesar de la baja participación, el resultado contradice a los sondeos dados a conocer antes de la consulta, que daba la ventaja a los partidarios del aeropuerto.

Morena, el partido-movimiento de López Obrador, recurrió a un tercero, la Fundación Rosenblueth, para organizar esta consulta nacional alegal, que se celebró los días 26, 27 y 28 de octubre. A los votantes se les ofreció pronunciarse sobre la siguiente opción: NAIM o un proyecto alternativo que optimizara varias infraestructuras aeroportuarias existentes. Esto a pesar de que la cancelación del proyecto NAIM estaba entre las promesas del candidato presidencial AMLO, durante una campaña que lo llevó al poder con el 53% de los votos emitidos.

El recién elegido presidente de México, a todas luces, buscaba dar un golpe de efecto para hacer llegar el mensaje de la “cuarta transformación de la vida pública” del país, a la que alude como continuación de la independencia de 1810, de las reformas de Benito Juárez en el siglo XIX y de la revolución de 1910-1917. ¿Qué mejor, entonces, que hacer añicos 132 contratos públicos adjudicados sin licitación por un valor total de 7.000 millones de euros?

Por lo tanto, el proyecto NAIM no seguirá adelante una vez la Administración presidencial saliente de Enrique Peña Nieto (EPN) sea historia. El saturado tráfico aéreo de la capital mexicana se repartirá entre el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto internacional de Toluca (infrautilizado, al oeste de la capital) y una base de la Fuerza Aérea, Santa Lucía, al norte de la megalópolis, que albergará dos pistas para aterrizajes civiles. “Ya no habrá ningún interés personal o particular, por poderoso que sea, que se beneficie de la indulgencia de las autoridades públicas”, dijo el nuevo exponente de la izquierda latinoamericana, en un vídeo divulgado en las redes sociales (bajo estas líneas).

Sin embargo, siguen existiendo dudas sobre las razones reales que han llevado a AMLO a llamar a los mexicanos a las urnas, menos de tres meses después de los últimos comicios. Desde el inicio de su campaña, el candidato presidencial calificó el proyecto de “construcción faraónica y no funcional”, además de criticar su coste total: más de 13.000 millones de euros, de los cuales 7.000 millones de euros corrían a cargo del contribuyente. Con esta consulta, se materializó una de las promesas clave del candidato elegido. Incluso antes de la ceremonia de investidura de este sábado.

La legitimidad democrática del candidato electo de izquierda era sin duda lo suficientemente fuerte como para decidir por sí mismo las medidas que debían tomarse para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. En definitiva, el objetivo era sumar puntos en un equilibrio de poder a largo plazo, en vísperas de un mandato temido por algunos en el mundo de los negocios.

AMLO pretende reafirmar la soberanía del Estado: “Puede que algunos no lo hayan entendido todavía: deben estar informados, deben darse cuenta de que ahora es otro México”.

Sin duda, está pensando en Citibanamex Bank, filial del gigante financiero estadounidense Citigroup. La entidad bancaria más grande del país lamentó el “error de octubre” de AMLO, aludiendo a una “crisis económica inminente”, “la mayor desde la crisis del peso mexicano de 1994 [que provocó que la economía mexicana perdiera el 7% del PIB en 1994-1995]”.

Gustavo de Hoyos, presidente del primer sindicato patronal del país, Coparmex, también apoyó esta campaña para dramatizar la renuncia al NAIM, llegando incluso a cuestionar la integridad moral de López Obrador. El futuro mandatario, según el portavoz de los líderes empresariales, “mintió, robó y traicionó” al mundo empresarial por el mero hecho de cumplir sus promesas.

Tras la decisión, las sirenas alarmistas de lo que AMLO llama “poder económico” se apoyaron en la caída relativa del peso mexicano frente al dólar estadounidense y en los reveses de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que perdió el 4% de su capitalización al día siguiente de la votación del 28 de octubre.

La voz de Coparmex ha tenido mucho eco en los medios de comunicación, habida cuenta de que las empresas integrantes representan el 30% del PIB de México. Pero las pequeñas y medianas empresas, al final, se vieron afectadas principalmente por la caída del tipo de cambio de la moneda nacional, que de desplomó hasta los 21,5 pesos por dólar en lo peor de la crisis. Este último se recuperó gradualmente a partir de entonces, estabilizándose en 20 pesos mexicanos por dólar. La capitalización total de la BMV se recuperó en un 3,4% al 1 de noviembre.

La quinta infraestructura más cara del mundo

“La cancelación del proyecto no asustó a los mercados en sentido amplio”, dice Hernán Gómez Bruera, sociólogo de la Universidad de Sussex. “Lo que realmente ha generado es un grito de dolor de los representantes de una alianza de complicidades históricamente perversas entre el poder económico y el político. Una alianza que el pueblo mexicano ha decidido romper pero que se niega a morir”, agrega, al tiempo que lamenta que los tribunales no estudien los contratos de adjudicación directa antes de que se pague ninguna indemnización a sus beneficiarios.

Los actuales adjudicatarios del NAIM serán invitados a participar en la ampliación del aeródromo militar de Santa Lucía, mediante licitación. Dos de ellos, Carlos Slim y Carlos Hank Rhon, asesorarán periódicamente al futuro secretario de Economía, Alfonso Romo, como parte de una nueva estructura consultiva prevista por el futuro gobierno.

AMLO dice que ya ha completado las negociaciones con el sector privado sobre la compensación por la conclusión de los contratos, a dos tercios de los cuales se les puso punto y final sin licitación previa con el gobierno de Peña Nieto. El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, se ha comprometido a garantizar el reembolso íntegro del importe de los contratos en curso, así como de los gastos de las empresas. ¿La cantidad estimada? Entre 4.000 y 6.000 millones de euros. El abismo financiero es inevitable pero, según Espriú, “podría haber tomado proporciones aún mayores”.

Los perdedores han sido, en última instancia, un club de grandes empresas constructoras, que recibieron el 90% del dinero distribuido por la empresa con participación estatal llamada Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM). Más de 6.000 millones de euros comprometidos con seis gigantes nacionales de la construcción –GIA+A, Prodemex, Grupo Hermes, Carso Infraestructura, Peninsular e ICA–, pero también con dos mastodontes españoles, Acciona Infraestructuras y FCC. Todos ellos lograron contratos públicos millonarios o incluso multimillonarios con la administración de Peña Nieto.

Y, en la mayoría de los casos, sin licitación. Así lo reveló una investigación de la revista Proceso: un grupo de unos diez empresarios –entre ellos los multimillonarios Carlos Slim (Carso) y Carlos Hank Rhon (Grupo Hermes)– recibió casi la mitad de los contratos públicos adjudicados durante los primeros cinco años de Peña Nieto, por un importe total de 56.000 millones de euros.

En esta suma se incluye el tren expreso México-Toluca, una línea operada en parte por La Penínsular, así como el proyecto de tren de alta velocidad México-Querétaro, paralizado después de que Aristegui Noticias revelara la existencia de una “casa blanca” por valor de ocho millones de euros ofrecida a la esposa de Peña Nieto por uno de los principales proveedores.

Dichas personas también han sido elegidas adjudicatarias del proyecto NAIM. Hipólito Gerard Rivero es también cuñado del influyente expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), todavía considerado el líder no oficial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder en la Administración saliente.

Según Hernán Gómez Bruera, NAIM era “un proyecto típico de final de mandato, un arreglo típico del capitalismo de compadreo mexicano, que beneficia a un puñado de empresarios cuidadosamente seleccionados, muy hábiles para disfrazar su interés particular como interés general”.

NAIM iba a ser el quinto proyecto de infraestructura más caro del mundo. Su presupuesto ha pasado de 8.000 millones de euros a 13.000 millones de euros, con un coste adicional del 69% transferido a las finanzas públicas. ¿La capacidad prevista? 120 millones de pasajeros al año (en un país con una población inferior a 130 millones).

En comparación, el aeropuerto de Dubai, el más caro de todos los tiempos, cuesta 32.000 millones de dólares para un tráfico de 160 millones de pasajeros al año. En 2018, el proyecto NAIM, que abarca 4.430 hectáreas, incluyendo siete hectáreas destinadas al edificio solamente, absorbió el 40% del presupuesto de transporte y comunicaciones del Gobierno mexicano.

El proyecto no habría finalizado hasta 2024 como muy pronto, es decir, al término del mandato de seis años de AMLO. Expertos, como el geólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) Rafael Huizar Álvarez, explican además que “los cimientos de la estructura habrían requerido un mantenimiento permanente” porque “el lecho del lago sobre el que descansa la capital azteca no está hecho para soportar una construcción tan pesada”.

María Fernanda Campa Uranga, también geóloga, temía que la urbanización del sitio del lago de Texcoco pusiera a prueba los balances hídricos en el área de la Ciudad de México. “La capital, construida sobre un vasto sistema de lagos que incluía a Texcoco, se viene abajo por su propio peso. La ciudad se hunde 30 centímetros al año”. En la presentación del mapa de las “fracturas geológicas” de la ciudad tras el terremoto de 2017, los geofísicos de la Unam también notaron la aceleración de este fenómeno de hundimiento después del desastre.

Según el mismo académico, “NAIM habría empeorado las cosas. Cuando llueve, la lluvia fluye en dirección al valle. Y el riesgo de inundación es alto”. E incluso si se creara un sistema de evacuación de agua, Luis Zambrano González, del Instituto de Ecología de la Unam, dice que había “la posibilidad de que las áreas alrededor del NAIM se inundaran, especialmente en el este, en las ciudades de Texcoco o Ecatepec”. Esta última, en los suburbios de la Ciudad de México, tiene una población de más de un millón de habitantes.

De acuerdo con la legislación mexicana y el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, que México ha ratificado, los pueblos indígenas –como se autodenominan los habitantes del pueblo de San Salvador Atenco– deben ser consultados por separado y por adelantado cuando un proyecto importante les afecta. Sin embargo, AMLO ha indicado su intención de volver a recurrir al referendo nacional para la ejecución de unos diez proyectos de infraestructura de su administración.

Este sistema se aplicará en particular al Tren Maya en las regiones del sur del país, en el corazón de la selva tropical protegida de Lacandona. No oculta que esta infraestructura ferroviaria de 1.500 kilómetros es el legado que desea dejar para la posteridad, como le hubiera gustado pasar a la historia a Peña Nieto con el aeropuerto NAIM. Varias comunidades mayas ya han anunciado que no aceptarán ninguna intervención en su territorio sin antes ser consultadas como poblaciones indígenas. De nuevo, se prevé una consulta ciudadana, esta vez sobre el Tren Maya, para los días 24 y 25 de noviembre en México. _________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha anunciado este viernes que ofrecerá a los integrantes de la caravana de refugiados centroamericanos que se encuentran en México identificación, empleo y educación temporales siempre y cuando acepten registrarse ante las autoridades migratorias. El mandatario ha anunciado esta medida en el marco de una iniciativa llamada Estás es tu casa, que da acceso a programas de empleo temporal, además de atención médica y escuelas para los menores de edad. "El plan", según el presidente, se aplicará en los estados de Chiapas y Oaxaca para aquellos que hayan solicitado su ingreso o refugio con el Instituto Nacional de Migración (INAMI).

"México quiere proteger y apoyar a los migrantes. Para hacerlo, es necesario que regularicen su estancia en el país y cumplan con nuestras leyes", ha asegurado el mandatario. "México es un país que ofrece oportunidades a quienes vivimos aquí. Recibir a quienes vienen de fuera nos enriquece", ha añadido en una declaración recogida por Europa Press.

El pasado 13 de octubre unas 1.300 personas partieron de la ciudad hondureña de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos. Lograron superar Guatemala, aunque no sin dificultades porque varios migrantes, incluido uno de sus líderes, fueron detenidos, y el pasado viernes llegaban a la frontera con México sumando ya más de 7.000 personas.

En la linde entre Guatemala y México se toparon con una valla metálica y un cordón policial, medidas de seguridad que normalmente no suelen estar. De acuerdo con el Gobierno mexicano y ACNUR, más de 7.000 personas cruzaron de forma ordenada, mientras que entre 2.000 y 3.000 se lanzaron a las aguas del río Suchiate, frontera natural.

Una vez en Ciudad Hidalgo, la localidad mexicana más cercana a la frontera con Guatemala, la mayoría optó por permanecer a la intemperie por miedo a ser interceptados por las autoridades en los albergues habilitados para esta llegada masiva y ser deportados. Tras unos días de parón, los migrantes han reanudado en las últimas horas su camino y ahora se dirigen desde Huixtla hacia Escuintla, en Chiapas. Argelia Ramírez, una de los portavoces de la caravana, ha asegurado a Reuters que ya son 11.500. "La gente de México nos ha dado mucho más de lo que esperábamos", ha valorado.

Un segundo grupo de unos 2.500 migrantes, la mayoría hondureños, partió el martes de Guatemala para unirse a sus compatriotas en México camino a Estados Unidos y en El Salvador se ha convocado por Facebook una tercera caravana que saldrá este domingo, según informa el diario mexicano El Universal.

La caravana de refugiados, que partió hace una semana de la ciudad hondureña de San Pedro Sula con el objetivo de llegar a Estados Unidos, arribó el viernes a la frontera de Guatemala con México habiendo engrosado sus filas, a pesar de las amenazas lanzadas por la Administración de Donald TrumpDonald Trump.

Las autoridades mexicanas habían colocado una valla de metal y un cordón policial en el puente internacional sobre el río Suchiate, que normalmente carece de estas medidas de seguridad. Los refugiados trataron de seguir su camino saltando o derribando la malla metálica, lanzándose al agua y forcejeando con los agentes. El Ministerio de Exteriores de México ha detallado en un comunicado que 640 personas han podido ser registradas de forma "ordenada y segura" en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), que ha dado prioridad a "grupos familiares", en particular con niños, adolescentes, mujeres, embarazadas y ancianos.

"Estos migrantes expresaron su interés de solicitar refugio y han sido trasladados a una instalación mexicana destinada para atenderlos por el INM en Tapachula, Chiapas", con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha indicado. Además, ha denunciado que cerca de 900 personas intentaron "ingresar por cruces no formales que ponen en riesgo su vida, como el río Suchiate". "Las autoridades mexicanas han procedido y procederán a rescatarlos y serán sujetos del procedimiento administrativo que instruye la legislación mexicana y, en su caso, repatriados", ha afirmado.

De los que han conseguido entrar en México, el Ministerio de Exteriores ha señalado que "unas 500 personas que manifestaron voluntariamente su interés por regresar a sus lugares de origen en Honduras fueron apoyadas". "Otro grupo de alrededor de mil migrantes está realizando en territorio guatemalteco trámites para su repatriación", ha añadido.

Futuro incierto

Finalmente, México ha ejercido de barrera para una caravana de refugiados que llama la atención sobre la situación de pobreza y violencia extrema que se vive en el Triángulo Norte −El Salvador, Guatemala y Honduras− y sobre los peligros a los que se enfrentan las personas migrantes.

"Esto ya no es una caravana. Esto es un éxodo", ha dicho a Reuters Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, varado en la orilla mexicana del Suchiate mientras una hilera de jóvenes trata de cruzarlo con una balsa. Adriana Consuelo, una hondureña de 40 años, ya ha conseguido atravesar las aguas del Suchiate pagando 25 pesos mexicanos (euros) por una plaza en una barca hecha de neumáticos. "Nadie revisó mis documentos", ha indicado desde suelo mexicano.

En cambio, Hilda Rosa, una madre hondureña que ha cruzado la región con sus cuatro hijos adolescentes, se ha quedado a las puertas. "Lo intentaré de nuevo", ha asegurado. "No hay trabajo, hay violencia", ha dicho resumiendo así las razones que les empujaron a abandonar su hogar en Tegucigalpa.

El factor Trump

La coordinadora de Agenda del Migrante, Eunice Rendón, ha comentado que, si bien es cierto que "cada vez que hay una caravana se envía a la policía a la frontera sur", "nunca hemos visto nada tan dramático". "Todo esto tiene que ver con Trump", ha aseverado. El magnate neoyorquino amenazó a Honduras y Guatemala con cortar la ayuda norteamericana si no paraban el avance de sus ciudadanos hacia Estados Unidos. A medida que la caravana se aproximaba a México, retomó la ofensiva y amenazó con cerrar la frontera.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, se trasladó el viernes a Ciudad de México para trasladar a su homólogo, Luis Videgaray, la posición estadounidense. "Queremos que se les ponga freno en México antes de que lleguen hasta Estados Unidos", de dijo. Tras las escenas en el Suchiate, el propio Trump dio las gracias a las autoridades mexicanas por sus esfuerzos para detener la caravana de refugiados. "En estos momentos, doy las gracias a México. Espero que sigan [así]", celebró.

Los refugiados de la caravana que partió hace una semana de la ciudad hondureña de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos están llegando este fin de semana a la frontera de Guatemala con México, donde han seguido avanzando, incluso río a través del río Suchiate, a pesar del despliegue policial en la línea limítrofe, según informa Europa Press. Un primer grupo de cien migrantes, la mayoría hondureños, ha podido cruzar y solicitar asilo en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Hidalgo, en Chiapas. La caravana está compuesta por varios miles de personas, que se han ido sumando durante el camino, y Save the Children destaca que un cuarto son niños. Como ya había advertido el Gobierno mexicano, el alto número de refugiados ha desbordado a las autoridades.

En el puente que cruza el río Suchiate, frontera natural, algunos han forzado la valla a empujones hasta que han logrado abrir un hueco por el que colarse. Sin embargo, rápidamente se han encontrado con agentes antimotines mexicanos que les han cortado el paso.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, viajará este sábado a Guatemala para reunirse con el presidente del país, Jimmy Morales, y analizar la estrategia para que los refugiados hondureños vuelvan a su país, según ha informado el Gobierno de Guatemala. "El presidente Jimmy Morales y su homólogo Juan Orlando Hernández [...] implementarán la estrategia y logística de retorno de los migrantes hondureños", ha publicado el Gobierno de Guatemala a través de su cuenta en la red social Twitter.

Minutos antes, el mandatario hondureño ha asegurado que había solicitado una autorización al Gobierno de Guatemala para enviar a miembros de Protección Civil a ayudar a los refugiados hondureños de la caravana a volver a su país. "Justo terminé llamada con Jimmy Morales para solicitar el ingreso de personal de Protección Civil de Honduras a efecto de auxiliar a nuestros compatriotas que están en Guatemala", ha afirmado el mandatario a través de su cuenta en Twitter, refiriéndose al presidente de Guatemala.

Uno de cada cuatro son niños, blanco de mafias

Alrededor del 25 por ciento de los integrantes de la Caravana Migrante que se encuentra ya en la frontera de México son niños, ha alertado la ONG Save the Children, reclamando mecanismos de protección para preservar su integridad ante la difícil situación en la que se encuentran. "La desinformación y la falta de claridad ha llevado a la desesperación a mucha gente", ha subrayado el director de programa de Save the Children México, Jorge Vidal. "Muchos niños no han comido ni han tomado agua y requieren valoraciones médicas", ha explicado Vidal, precisando que la ONG tiene previsto visitar "los albergues instalados para verificar las condiciones en las que los niños serán recibidos".

En este sentido, la ONG ha explicado que la información que ha conseguido reunir se estima que el 25 por ciento de los integrantes de la caravana son niñas, niños y adolescentes, por lo que "es necesario poner en marcha planes que busquen su protección especial e integral, en particular, frente a los enfrentamientos que han sucedido y puedan suceder a lo largo de los próximos días". Asimismo, Save the Children ha mostrado su preocupación por el estado de salud y nutricional de quienes han recorrido la ruta desde Honduras y ha advertido de que los menores pueden estar expuestos a peligros como las redes de trata, en particular aquellos que viajan no acompañados, para quienes ha solicitado medidas especiales de protección.

La ONG ha sostenido que los niños y sus familias tienen derecho a la movilidad, así como a solicitar asilo y refugio, con el fin de garantizar su protección y bienestar. En este sentido, ha reclamado al Gobierno de México que vele en todo momento por "el interés superior del niño" y que se asegure de que "bajo ninguna circunstancia" los menores son separados de sus familias.

Peña Nieto llama a una "migración segura, ordenada y regular"

México ha anunciado este jueves que solicitará la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para atender a la caravana de refugiados que desde el pasado fin se semana marcha desde Honduras hacia Estados Unidos. "La solicitud de apoyo a ACNUR será presentada formalmente hoy por parte del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, durante el encuentro que sostendrá con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Nueva York", han dicho los ministerios de Exteriores e Interior en un comunicado conjunto.

El objetivo es que las autoridades mexicanas, en coordinación con las autoridades de los países de origen de los refugiados −Honduras, Guatemala y El Salvador− y con la ayuda de la ONU den "una solución de carácter humanitario, apegada al marco legal". "Asimismo, esta medida busca garantizar la seguridad e integridad de los migrantes, particularmente la de los menores de edad, los adultos mayores y las mujeres, y evitar que las personas sean engañadas por organizaciones criminales internacionales dedicadas al tráfico de personas que ponen en peligro sus vidas", han añadido los ministerios.

En concreto, México busca que ACNUR ayude a las autoridades locales con el procesamiento de las solicitudes de asilo y apoyando a los solicitantes durante su estancia en suelo mexicano hasta que se resuelvan dichas peticiones. El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha aprovechado para reiterar que "toda persona que desee ingresar a territorio nacional debe hacerlo cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Migración", en cuyo caso "podrá moverse con plena libertad en el mismo por el tiempo de vigencia de la visa".

Además, ha incidido en que "toda persona que ingrese a territorio nacional y desee solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o ser beneficiario de medidas de protección complementaria deberá hacerlo individualmente, de conformidad con la legislación vigente y el Derecho Internacional". "México reitera su compromiso con los esfuerzos a favor de una migración segura, ordenada y regular, y con los Derechos Humanos de migrantes" y "expresa su convicción de que el diálogo y la cooperación internacionales entre los países de origen, tránsito y destino son indispensables para afrontar los retos que implica el fenómeno migratorio", ha concluido.

EEUU amenaza con retirar la ayuda humanitaria

Los refugiados ya han cruzado la frontera hacia Guatemala, donde la caravana ha sufrido un duro revés porque las autoridades han detenido a uno de sus líderes, el activista y ex diputado hondureño Bartolo Fuentes, por violar las normas migratorias. Pese a ello, la columna ha seguido creciendo y unas 2.000 personas marchan hacia Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Honduras y Guatemala con cortar la ayuda norteamericana por no detener la caravana y en las últimas horas ha aumentando el tono advirtiendo a México, próxima parada de los migrantes, de que podría cerrar la frontera para impedir que crucen.

El presidente electo de México, el candidato conservador Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este sábado que su salario como jefe de Estado será de 108.000 pesos al mes, equivalentes a unos 5.000 euros, en un intento de dar ejemplo de austeridad al país.

López Obrador presentó hoy su ambicioso Plan de Austeridad Republicana, que busca acabar con la corrupción y los privilegios para favorecer programas sociales a través de 50 puntos. | EFE

El mandatario ha señalado que el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cobra más de 270.000 pesos mensuales, más el doble de lo que obtendrá él. "Y yo voy a recibir 108.000 pesos mensuales, el 40% de lo que recibe actualmente el presidente Peña. Yo decido ganar menos de la mitad, cumpliendo con mi compromiso", ha explicado.

La decisión por parte de López Obrador forma parte de un plan para ahorrar fondos presupuestarios anunciado ya durante su campaña electoral. El programa implica una reducción en los salarios de los funcionarios y el fin de la mayoría de sus privilegios.

De acuerdo con López Obrador jurará el cargo el próximo 1 de diciembre.

“A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno”, escribía el periodista Javier Valdez, el 25 de marzo de 2017 en su cuenta de Twitter, dos días después de la ejecución, de 8 disparos con balas 9 mm, de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, en Chihuaha. Como si sus palabras hubieran sido escuchadas, Javier Valdez, corresponsal de La Jornada y de la agencia AFP durante 10 años, autor de varios libros sobre el narcotráfico, sucumbía a las balas en Sinaloa, el 15 de mayo de 2017. Desde enero de 2017, 18 periodistas han sido asesinados en México y hay otro informador desaparecido. El pasado 15 de mayo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Valdez, Juan Carlos Huerta Martínez, de Panorama sin reserva, era asesinado a balazos en Tabasco. El viernes 25 de mayo, Alicia Díaz González, periodista en El Financiero, era asesinada en su casa de Nuevo León. El martes 29 de mayo, Héctor González Antonio, corresponsal del diario Excélsior, era hallado muerto y apaleado en la calle, en Estrella de Ciudad Victoria, en Tamaulipas.

Desde el año 2000, 118 periodistas han sido asesinados en México. Pero los ataques han aumentado en los tres últimos años, arrojando un balance de 34 muertos, 12 de ellos en 2017, según la ONG Artículo 19, que contabilizó el año pasado 507 agresiones (de ellos, 83 ataques físicos o materiales). Estas cifras suponen un aumento del 23% en 2017. Para Reporteros sin Fronteras, México se sitúa por detrás de Siria, convirtiéndose en “el país en paz [...] más peligroso del mundo” para los periodistas. A ello se añade la impunidad de los agresores. “El Gobierno no ha destinado los medios necesarios, ni mostrado voluntad política”, señalaban en diciembre relatores de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la ONU tras una misión en México. “La impunidad de que gozan estos delitos es la norma en caso de asesinato y de desaparición de periodistas”.

La Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión (Feadle), creada en 2006, pese a haber registrado 1.003 denuncias por agresiones, sigue siendo una institución “vacía”, según la CIDH. Según cifras gubernamentales, el 99,6% de los crímenes siguen sin resolverse en estos momentos. Resulta rarísimo que uno de los asesinos de Miroslava Breach fuese detenido en diciembre, mientras que el comando que ejecutó a Javier Valdez, cayó en abril. Sin embargo, personas del entorno de los periodistas temen en público que los promotores los asesinatos se encuentren a salvo. Ante la próxima celebración de elecciones presidenciales y legislativas, el próximo 1 de julio, los tres candidatos en liza han evitado, hasta la fecha, una cuestión que preocupa y moviliza a los profesionales de la información y a las ONG en México.

El 23 de marzo de 2017, a las 7 de la mañana, Miroslava Breach estacionaba su vehículo a las puertas de su casa; esperaba a su hijo, a quien debía llevar a la escuela. Un asesino se colocaba entonces delante de su vehículo y le disparaba dos balazos en la cabeza, antes de situarse al lado del conductor y vaciar el cargador en ella. En el lugar del crimen, la policía recogía un mensaje donde se podía leer: “Así acabarán todos los que tienen la lengua larga”. También amenazaba al gobernador de Chihuahua y firma El 80. “El 80”, alias El Larry o El Wa, es miembro de un grupo criminal, Los Salazar, vinculado al cartel de Sinaloa. Prácticamente un año antes, la periodista había publicado una investigación en la que abordaba las maniobras de los Salazar para imponer a Juanito, sobrino del líder del clan, como candidato único a las municipales de Chínipas (por el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Institucional, PRI).

  Un mecanismo de protección insuficiente

“Lengua larga, quería decir revelar el juego de los partidos y el hecho de que, una vez más, hombres y mujeres vinculadas al narcotráfico fueran a optar a la alcaldía de localidades clave en la ruta de la droga a Estados Unidos”, explica el periodista Ignacio Rodríguez Reyna, director del site de investigación Quinto Elemento Lab. “Miroslava lo hizo en 13 párrafos. Y la mataron por ello”.

El Larry, uno de los autores del asesinato, pero también responsable amenazas contra el gobernador, fue detenido en diciembre, tras haber sido identificado, así como al autor de los disparos, tras el visionado de las cámaras de videovigilancia que filmaron su vehículo en las inmediaciones del domicilio de la periodista. La investigación también demostró que responsables del PAN –Partido de Acción Nacional– y el alcalde de Chínipas habían enviado, para disculparse, a los Salazar grabaciones de sus contactos con la periodista de Chihuahua, colega de Miroslava Breach, Patricia M., quien huyó primero de la ciudad y después del país.

Un servicio federal de protección de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas –el Mecanismo de Protección– se ocupa desde 2012 de las llamadas de socorro, aplicando medidas de seguridad que van hasta el “alejamiento” en la capital o incluso en el extranjero. En el programa se han inscrito más de 349 profesionales, 130 en 2017. Al menos 15 viven como refugiados en México. “El mecanismo carece de medios y no dispone todavía de servicios descentralizados en todos los Estados”, opina Jan-Albert Hootsen, responsable de la delegación del Comité para la Protección de los Periodistas en México, quien propone un botón del pánico, cámaras de vigilancia, rondas y eventualmente escolta. “Pero la mayoría de los periodistas prefieren no tener escoltar porque llama la atención”. Miroslava Breach fue asesinada poco después de la activación de la alerta.

“Parece que no existe salvación, pero eso también hay que decirlo”. El desplazamiento, por no hablar de exilio, es una salida temida por considerarla la muerte profesional de estos periodistas, instalados en provincias con sus familias. “El periodista evacuado pierde sus ingresos, hay que acoger a su familia: hay necesidades psicosociales que el mecanismo de protección no asume”, añade el corresponsal del CPJ.

El asesinato de Javier Valdez tuvo el efecto de una bomba en la comunidad de los periodistas mexicanos. Valdez, residente en Sinaloa, la ciudad de El Chapo, era un periodista de peso, autor de siete libros, todos ellos dedicados al crimen organizado en México: Mala Yerba, en 2010; Con una granada en la boca, en 2014; y, el último, Narco periodismo, aparecido en 2016… Además de ser corresponsal de La Jornada y de freelance para la AFP, había fundado el semanario Ríodoce. El 15 de mayo de 2017, iba conduciendo cuando un coche le adelantó, obligándole a frenar. Valdez, arrastrado del coche, resultó herido por los tiros de un primer asaltante, cae para ser después alcanzado por las balas de un segundo tirador. En total, recibió 12 balas. Los asesinos se esfumaron. Uno de ellos, en el coche del periodista, abandonado a un kilómetro del lugar de los hechos. “Javier trabajaba con pasión, pero en tensión permanente, con el miedo de caminar sobre una línea invisible que podría cambiar de lugar sin preaviso”, dice Ignacio Rodríguez Reyna. “Sabía que se jugaba la vida. Y lo asumía”. Y efectivamente, así lo decía el periodista: “No quiero morir, no lo busco, aunque asumo que puede suceder, no sólo porque soy periodista y publico, sino porque vivo en Culiacán, en Sinaloa, como en cualquier otro rincón del país. Parece que no existe salvación, pero eso también hay que contarlo”.

Dos meses antes, Valdez publicaba en Ríodoce una entrevista a un rival de los Chapitos, los hijos de El Chapo Guzmán, el que fuera hombre de confianza de su padre, Dámaso López Núñez, alias El Licenciado. Los Chapitos le enviaron un mensajero a Valdez pidiéndole que no publicase el artículo y después le propusieron comprarle la edición. Pero ante su negativa, los narcos persiguieron a las camionetas de entrega y adquirieron todos los ejemplares impresos de Ríodoce, en todos los puntos de venta. “Corría el 19 febrero. No hubo violencia, sino intimidación, sí”, explica el director de Ríodoce Ismael Bojórquez. A partir de ese momento sentimos inseguridad, sobre todo por Javier. Pensamos que debía dejar temporalmente la ciudad. Él mismo habló al respecto con organismos internacionales, que le propusieron sacarlo un tiempo del país, pero la idea de dejar a su familia le costaba demasiado”.

Los periodistas de Ríodoce tienen la sensación de que las cosas se han “calmado” con la captura de El Licenciado, el 2 de mayo. Ismael Bojórquez habló incluso con Javier Valdez, la misma mañana de su asesinato. “Nos equivocamos, como nos equivocamos haciéndole la entrevista de Dámaso, porque nos metimos en una guerra mediática que no era la nuestra”, dice el director de Ríodoce. El pasado 24 de abril, en vísperas del aniversario del asesinato, los asesinos de Valdez, identificados con imágenes de videovigilancia, fueron finalmente capturados. Y pertenecen al clan de El Licenciado. Heriberto N, alias El Koala, uno de los pistoleros, recibió como pago por el asesinato un arma gravada con el emblema del clan.

Pero si es peligroso para los periodistas cubrir el crimen organizado como hacía Valdez, seguir la vida diaria de su ciudad puede serlo otro tanto. “No sabemos adónde vamos”, explicaba un periodista a la CIDH. La cobertura de la violencia o de la actividad ilícita de un cartel no es la único que nos trae problemas. A veces, un suceso, como la violación de una mujer o el incendio de una estación de servicio ha provocado represalias de los traficantes de droga”.

Los más expuestos son los periodistas freelance, como el hondureño Edwin Rivera Paz, abatido en Acayucán (Veracruz) en julio de 2017, o representantes de los pequeños medios de comunicación y blogueros independientes, que “no tienen apoyos institucionales”, subraya Jan-Albert Hootsen. En 2017, el primer asesinado, Cecilio Pineda Brito, había publicado tres horas antes en Facebook un vídeo en el que acusaba a un grupo de autodefensa que bloqueaba una carretera federal. Al rechazar pagar el impuesto exigido por la banda de los Tequileros (10.000 pesos, 400 euros por familia), los bloqueadores de San Miguel Totolapan denunciaban protecciones y las facilidades concedidas a los sicarios y a su familia por la policía del Estado. Al volante de su coche, Pineda resumió la situación que encontró en el camino de regreso. Después le daba a publicar. Esa misma noche, asesinos motorizados lo ejecutaban con tres balas de 9 mm en la estación de lavado de coches.

El pasado 5 de febrero, otra periodista freelance, la bloguera Pamela Montenegro, era asesinada por dos hombres armados cuando cenaba con su marido en un restaurante de Acapulco. Recibió 15 balazos, en la cabeza, los brazos y el tórax. En su canal de YouTube, Sillon TV, interpretaba un personaje, La Nana Pelucas, y difundía entrevistas o secuencias que alternaban críticas de la vida local y consejos humorísticos a las amas de casa. “Sus programas nunca han hablado de ejecuciones, de muertos ni de grupos criminales”, subrayó el periodista Miguel Angel Mata. “Sus críticas iban dirigidas a los políticos cínicos corruptos”. Su último vídeo era un ataque al alcalde de la ciudad y al organismo municipal de turismo que gestionaba el puerto de Acapulco. “La única cosa que hemos hecho es trabajar y el único al que hemos criticado claramente y abiertamente es a Evodio Velázquez [alcalde de la ciudad]”, explicaba el marido de la bloguera, que habla de las amenazas recibidas por su mujer después de su emisión. La fiscala general del Estado asegura que existen sospechas de contactos entre el alcalde y la célula que asesinó a la bloguera.

“Ahora hay zonas sin cobertura periodística. Zonas de silencio”. Las autoridades locales a menudo son los primeros adversarios de los periodistas amenazados. Cándido Ríos, periodista en el Diario de Acayucan, ha denunciado los ataques, el acoso y una agresión física, de la que considera promotor al alcalde de Hueyapán. Ríos es el vivo ejemplo del fracaso del programa federal de protección. Amenazado de muerte durante tres años, fue abatido cuando hablaba con conocidos en una estación de servicio, el 22 de agosto de 2017. Las dos personas que hablaban con él también fueron asesinadas. El domicilio del periodista estaba rodeado de una verja coronada de alambra de espino y vigilada por media docena de cámaras de seguridad. “Las disposiciones tomadas por el servicio federal fueron eficaces en su momento, pero en el domicilio. Mi padre no trabajaba en casa. Su oficio era estar fuera de casa, andando por las calles y buscando temas sobre los que escribir”, dice la hija de Ríos.

  Instituciones “podridas por dentro“”

En un vídeo grabado en un campo y publicado diez días antes de su muerte en Facebook, Cándido Ríos había explicado la situación en que se encontraba: “La de haber perdido el eco al levantar la voz”. “No empleamos armas. En cualquier caso, nuestras armas no disparan balas. Nuestras armas disparan verdades. Por naturaleza, soy periodista”. Reconoce errores, en los puntos, las comas, la ortografía, pero no en los hechos. Lo que le hace hablar es la “soberanía de su pueblo en peligro”. Denuncia la corrupción política, las desapariciones, el que “manda matar, hace desaparecer sin nunca ser molestado”, que utiliza a periodistas comprados. Muestra sus bolsillos y su monedero, vacíos. “Voy feliz por la calle, la gente me quiere, me aprecia, camino con la cabeza alta”. Denuncia varios políticos y después apaga la cámara.

“Las instituciones del Estado están podridas por dentro”, explica Ignacio Rodríguez Reyna. “El crimen organizado ha sustituido al Estado. El control territorial le permite hacer lo que quiere. En algunas zonas, cada vez mayores, los alcaldes, los responsables de seguridad, los agentes de la Policía Judicial, los jueces, los jefes de trabajos, los coordinadores de la Policía Municipal les pertenecen. Los miembros del crimen organizado se han convertido en el Estado. Compran y extorsionan por todo: por el número de niños que se puede llevar a la escuela –un precio diferente entre primaria y secundaria–, por el número de kilos de carne o de limones que se puede vender, por el número de metros de fachada que dispone tu casa a la calle, etc.”.

El informe conjunto de la CIDH y de la ONU apunta también a la “profunda crisis de seguridad” que atraviesa el país, que afecta gravemente a los derechos humanos y a la “descomposición del Estado de derecho y del Gobierno a nivel local y en todo el país”. Los medios de comunicación están en la primera línea. Las alternativas ofrecidas a los periodistas se resumen en dos palabras: “Plata o plomo”. “Ahora hay zonas sin cobertura periodística”, resume resume Jan-Albert Hootsen. “Son zonas de silencio. Los periodistas tienen miedo y ya no pueden hacer su trabajo. Se censura a los medios de comunicación. Hay una lista de reglas larga, muy estrictas e infringirlas se paga con la vida. No hay ninguna protección frente a ello”.

En un testimonio anónimo recabado en 2014 –pero que aparece en el último informe de Artículo 19–, una periodista exiliada en el extranjero con su familia contaba sus condiciones de trabajo en Tamaulipas, un Estado dominado por el cartel de los Zetas. “Las cosas funcionan así: los Zetas te llaman por teléfono: tienen tus números, el del móvil, el de la oficina y el de casa”. Este clan integrado por paramilitares se comporta con el redactor jefe y transmite informaciones que se deben publicar, precisando dónde publicarlas (en portada o en páginas interiores). “Envían sus comunicados a través de un subjefe de prensa. Pueden enviarte también la orden de no publicar algo. Los Zetas aseguran una vigilancia precisa de todo lo que se publica en la presa y quién firma qué artículo. Comprueban si lo que te han ordenado ha sido publicado o no”. Sólo muestran interés por la página de sucesos. “Se ocupan de la agenda, desde los bautismos y las primeras comuniones de sus hijos, que deben aparecer en el periódico como si fuesen informaciones importantes, a las protestas callejeras, cuando les conviene”. Pagan pequeñas sumas en señal de agradecimiento. Pero cuando los Zetas detectan que un periodista no ha cumplido una orden, las represalias pueden ir hasta el rapto o el secuestro. “Someten a palizas a los periodistas, a golpazos, con maderas bastante grandes, con clavos. Los golpean hasta que se desvanecen”, añade la periodista. “Los Zetas no piden nada. Debes publicar lo que te ordenan: la vida de tu familia está en juego”.

Las cosas se complican aún más “cuando otro grupo criminal llega y exige que obedezcas sus órdenes”. “Los primeros jefes te reclaman y los segundos, también. La única alternativa es huir y esconderse”.

En 2006, les Zetas lanzaban una granada en las oficinas del diario El Mañana, de Tamaulipas, cuyo director había sido asesinado dos años antes. El primer periodista asesinado en 2018, Domínguez Rodríguez, de Noreste Digital y Horizonte de Matamoros, murió apuñalado a los 77 años, el 19 de enero, en Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas… de 21 puñaladas. “Carlos denunciaba regularmente en sus artículos los raptos y el aumento de la violencia del crimen organizado en su ciudad. La víspera de su asesinato, acababa de publicar un editorial muy comprometido titulado “La violencia hace temblar el suelo mexicano en periodo electoral”, resume RSF. También acababa de reprocharle a una política local “que pagase con los periodistas que denuncian sus enormes errores”.

En México, es precisamente en Tamaulipas donde hay mayor número de periodistas desaparecidos, es decir 6 de los 24 que se buscan en el país desde 2003. “México es el país donde hay un mayor número de periodistas desaparecidos del mundo”, resume el director de Artículo 19. El último periodista raptado y desaparecido, Agustín Silva, de 22 años, acababa de cubrir una operación antidroga, el 16 de enero. Un mensajero le había pedido que declarase a favor de los detenidos, pero se negó a hacerlo. Tres días después, desaparecía después de haberse entrevistado con una fuente y tras anunciar su vuelta a casa. Su coche fue hallado abandonado no muy lejos del lugar, en Asunción Ixtaltepec (Oaxaca), en la frontera con Veracruz. Su familia no ha vuelto a tener noticias de él.

    Traducción: Mariola Moreno

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