El 24 de agosto de 2002, la ilegalización de Batasuna estaba en todas las portadas nacionales, y el juez Garzón era el protagonista por su contundencia con lo que algunos medios llamaban "Batasuna-ETA". A la suspensión de actividades del partido abertzale y al cierre de sus sedes, le seguía la intervención de las herriko tabernas y los centros culturales vinculados a la formación. Toda una "ofensiva legal" apoyada en dos demandas penales, por parte del Gobierno y de la Fiscalía, que iba dirigida a terminar con el brazo político de ETA. Mientras tanto, la dictadura de Pinochet reconocía el daño ejercido contra un funcionario español de la ONU y compensaba económicamente a su familia 26 años después de su asesinato. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

Los titulares de ese sábado tenían tipografías dimensionadas y ocupaban lo alto de las cabeceras. "Ofensiva total contra Batasuna-ETA" (ABC), "Garzón interviene hasta las tabernas que tiene Batasuna" (La Vanguardia), "Batasuna pide a las bases que 'planten cara con contundencia' " (El País) o "El Estado estrecha el cerco mientras Batasuna incita a la violencia callejera" (El Mundo). Las noticias eran cascadas de información sobre los últimos incidentes con la izquierda abertzale, y el recorrido legal que el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía General del Estado tenían previsto para Batasuna. El primer paso era la suspensión de actividades, que Garzón avanzaba que se produciría al lunes siguiente, y a continuación el cierre de sus sedes "por su vinculación con la organización terrorista ETA" (El País). La "ofensiva legal", como la calificaba el periódico El Mundo −el medio que hizo un tratamiento más agresivo de la información−, estaba articulada en tres sentidos: el auto que Garzón firmaría ese lunes y sendas demandas penales del Gobierno −a través de la Abogacía General del Estado− y de la Fiscalía, que fueron presentadas al Tribunal Supremo con el resultado esperado. Unos meses más tarde, el 27 de marzo de 2003, Batasuna era ilegal en España por unanimidad del órgano judicial. Y otras formaciones políticas como Herri Batasuna o Euskal Herritarrok pasaban a considerarse órganos instrumentales de ETA.

Los periódicos también se hacían eco de los últimos sucesos de la izquierda abertzale y del entorno de Batasuna en País Vasco. La Fiscalía entendía que, en la milenaria manifestación que había tenido lugar unos días antes en Bilbao, las declaraciones de Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, constituían amenazas al Gobierno y al juez Garzón. "Las amenazas de Permach se unen a las que el miércoles profirió también en Bilbao Arnaldo Otegi, otro de los dirigentes de la formación. Otegi advirtió al Gobierno vasco que "no se le pase por la cabeza" utilizar la Ertzaintza para dar cumplimiento al auto de suspensión de actividades de Garzón", relataba el diario El País. Joseba Permach, coordinador de Batasuna, había definido al juez de la Audiencia Nacional como "un mercenario de la justicia" y había animado a toda la gente allí reunida a "plantar cara, salir a la calle y responder con contundencia". En la pancarta de cabecera de la manifestación, se leía: "Stop fascismo".

Las fotografías que utilizaron ABC y El Mundo para ilustrar la noticia eran especialmente significativas. En el caso del periódico monárquico, la imagen mostraba a dos jóvenes escalando la fachada del Ayuntamiento de Bilbao para retirar la bandera de España del consistorio, mientras desde el propio balcón unos agentes de seguridad observaban la hazaña con incredulidad. En el caso del diario dirigido por Pedro J. Ramírez, la fotografía recogía al diputado de Batasuna Josu Terneracon una esvástica a sus espaldas, en la manifestación de Bilbao. "El cerco de los tres poderes del Estado contra Batasuna se estrecha, mientras la formación abertzale sigue incitando a la violencia callejera", arrancaba la información, para precisar que el auto del magistrado Garzón iba a "poner bajo administración judicial todas las sedes de Batasuna o herriko tabernas y las asociaciones culturales vinculadas a la formación abertzale".

Batasuna dejó de existir a nivel legal el 27 de marzo de 2003, aunque no se disolvió hasta diez años después, en enero de 2013. El juez Garzón había levantado su auto en aplicación de la Ley de Partidos, aprobada expresamente para acabar con el brazo político de ETA, y en el marco del "sumario 35/02" contra las herriko tabernas. Batasuna interpuso recurso al Tribunal Constitucional, que confirmó la sentencia del Supremo por unanimidad en enero de 2004. La última bala para salir de la ilegalidad era apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que admitió el recurso a trámite en 2007 y lo desestimó en 2009. Así, se abrió una nueva etapa donde fueron ilegalizados partidos políticos considerados sucesores de Batasuna (Abertzale Sozialisten Batasuna, y D3M y Askatasuna fueron los casos más sonados) y otros relacionados con grupos terroristas (el PCE(r), por su vinculación con los GRAPO, según sentenció la Audiencia Nacional en 2006). El final de ETA era una incertidumbre.

Indemnización 26 años después

En un breve informativo arrinconado, El País y El Mundo recogían la decisión del Gobierno de Chile de "reparar" el daño de la familia de Carmelo Soria, el funcionario español de la ONU que fue torturado y asesinado en 1976 por agentes de la DINA, la policía secreta del dictador Augusto Pinochet. "La viuda y la hija del funcionario español de la ONU recibirán una reparación de dos millones de dólares", precisaba El País.

Sin embargo, no ha sido hasta fechas relativamente recientes cuando la Justicia se ha dirigido hacia siete de los agentes secretos que torturaron y mataron a Soria. Según el auto de procesamiento, los acusados le rompieron casi todas las costillas al diplomático y le forzaron a beber aguardiente de uva para acabar con su vida, si bien finalmente fue estrangulado. "Soria fue metido en el coche y tirado a un canal. En el bolsillo le metieron una nota para que pareciese que se había suicidado al enterarse de que su mujer le era infiel", contaba El País en una noticia de 2012.

La Audiencia Nacional pidió a la Justicia chilena la extradición a España de los asesinos de Carmelo Soria, pero el país andino se negó argumentando que ya había una investigación abierta en Chile por los acusados de violación de derechos humanos. Sin embargo, el tribunal español, tras analizar el contenido de la investigación, concluyó en 2015 que había una "falta de voluntad" para perseguir los hechos y administrar justicia en el país americano, y que España abriría su propia investigación.

El 23 de agosto de 2001, casi todos los periódicos españoles llevaban en portada las tres mismas noticias. Temas de cruda actualidad. Desde mediados de junio, a las redacciones estaban llegando los datos del procedimiento sumario del caso Gescartera, la gran trama de corrupción orquestada en 1992 con la participación del secretario de Estado de Hacienda y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por su parte, la Ertzaintza acababa de dar el golpe "más importante contra la estructura de ETA en Guipúzcoa desde los años ochenta", saldado con ocho detenciones y la incautación de 160 kilos de material explosivo, un coche bomba y teléfonos móviles manipulados para activar cargas explosivas de forma remota. Completaba la agenda informativa de ese día el plantón del embajador marroquí al Gobierno español, en el marco del conflicto diplomático con Marruecos por el control de la inmigración ilegal. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

El escándalo financiero de Gescartera se había gestado en tiempos socialistas y había estallado en tiempos conservadores. Nueve años de fraude a más de 4.000 clientes, que confiaron sus inversiones a la Sociedad Gestora de Carteras. Entre los afectados había mutualidades, fundaciones, ONG, congregaciones religiosas, empresas públicas... Y una suma de más de 20.000 millones de pesetas estafadas, unos 120 millones de euros. El procedimiento era sencillo: Gescartera simulaba operaciones de compra y venta de acciones con una documentación contable paralela que reflejaba operaciones que no existían. La sentencia describía así el funcionamiento de Gescartera: los condenados "colaboraron manteniendo una situación aparentemente normalizada, pero en realidad constituía una mera fachada, a cuya sombra se llevaba a efecto una premeditada, sistemática y persistente maniobra de apoderamiento de capitales y valores invertidos por los clientes". 

Las informaciones que poblaban los diarios españoles ese 23 de agosto hacían referencia a varios procesos del entramado: "La Agencia Tributaria investiga a los inversores de Gescartera en busca de dinero negro" (ABC), "Caso Gescartera: Montoro elogia a Giménez-Reyna" (La Vanguardia), "La policía investiga dos robos de documentos en las oficinas de Gescartera" (El País) o "El consejo de la CNMV presidido por Croissier desestimó en 1995 sancionar a Gescartera como propuso el inspector jefe" (El Mundo).

Cristóbal Montoro, en 2001 ministro de Hacienda, escudó a su Secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, quien tuvo que dimitir a los pocos días de la explosión del caso: su hermana, Pilar Giménez-Reyna, era la presidenta de Gescartera. Y completaba la cúpula del negocio Antonio Camacho, dueño y cerebro de la sociedad defraudadora. En la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la trama tenía a la funcionaria Pilar Valiente, que proporcionaba información privilegiada a Gescartera para la mejor ejecución del delito de apropiación indebida. El diario El Mundo contaba en un breve informativo cómo la CNMV había desestimado una sanción a la agencia de valores en 1995. Lo cierto es que cuatro años más tarde, en 1999, la institución controladora del mercado de valores sancionó a Gescartera con una multa de carácter grave por resistirse a una inspección. La sanción, que se elevaba a siete millones de pesetas, no se hizo pública y la sociedad continuó su actividad fraudulenta.

El 14 de junio de 2001, la acumulación de infracciones por opacidad empujó a la CNMV a intervenir Gescartera. La situación económico-financiera y el destino de los fondos de los clientes había sido desconocida para el ente público durante años, y el caso pasó a manos de la Audiencia Nacional. El juicio oral se celebró en septiembre de 2007 dando un saldo de 14 imputados. En marzo de 2008, la juez Teresa Palacios sentenciaba a 11 años de prisión a Antonio Camacho por apropiación indebida y falsedad documental, y a 3 años y 6 meses a Pilar Giménez-Reyna por los mismos cargos.

"En su feudo más inexpugnable, Guipúzcoa"

La Ertzaintza asestó un duro golpe a ETA el 22 de agosto con la desarticulación del comando Buruntza, presunto autor de los asesinatos de un concejal de UPN y un ertzaintza. Era noticia destacada en las portadas de todas las cabeceras nacionales. El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza (PP), describió la operación como la "más importante contra la estructura de ETA en Guipúzcoa desde los años ochenta" y reconoció el "trabajo tenaz" de la policía autonómica vasca. El juez Baltasar Garzón había firmado las órdenes de detención la misma madrugada de la operación policial por la inminencia de un ataque.

En 2001 la banda terrorista mató a 15 personas en 49 atentados al tiempo que sufrió 135 detenciones en sus filas. Los 8 detenidos de agosto tenían diferente tipo de vinculación con la banda: dos liberados de ETA (pistoleros a sueldo), dos legales (terroristas no fichados) y cuatro colaboradores en distintos grados. La policía autonómica del País Vasco incautó 160 kilos dinamita Titadine, un coche bomba, un variado arsenal de armas y un taller de electrónica con medio centenar de teléfonos móviles preparados para activar artefactos a distancia.

El "desplante" marroquí

"El embajador de Marruecos no asistió ayer a la reunión en el Ministerio de Exteriores y envió a su número dos para recibir las quejas del Gobierno por su política sobre inmigración", resumía Diario 16 sobre el último episodio en el conflicto migratorio. El mismo día murieron cuatro inmigrantes magrebíes "tras desembarcar de un pesquero junto a unas 50 personas más en la playa de Torregarcía, cercana al Cabo de Gata (Almería)", añadía El País sobre lo que calificaba de "oleada de inmigrantes".

Lo llamativo, diplomática y visualmente hablando, era la escena del Gobierno español esperando con 25 minutos de retraso a un embajador marroquí que finalmente fue sustituido por un funcionario de segundo nivel. Los periódicos españoles hacían un tratamiento favorable a España y desentendido con el problema migratorio: "Desplante de Marruecos ante la protesta de España por las pateras" (La Vanguardia), "El embajador marroquí planta a Exteriores en la reunión sobre la inmigración" (Diario 16) o "Marruecos se declara incapaz de controlar la avalancha de inmigrantes ilegales" (ABC).

"Estaban muertos y Putin lo sabía". Este era el dramático titular con el que abría Diario 16 el 22 de agosto del año 2000. En la foto, un montaje unía una foto del presidente ruso haciendo el saludo militar y una imagen del submarino nuclear Kursk. No era menos dramático el desenlace de la tragedia que había copado los medios internacionales en los últimos días: sus 118 tripulantes permanecían sumergidos bajo el agua desde que el 12 de agosto la nave sufriera una explosión mientras los militares realizaba unos ejercicios de lanzamientos de torpedos. La apertura de las compuertas del submarino, hundido a más de 100 metros de profundidad en el mar de Barents reveló, casi diez días después, que toda la tripulación había fallecido. Había otras noticias en portada aquel día, pero solo un medio, El Mundo, se hacía eco en la suya de una contundente prueba del calentamiento global. Este verano, infoLibre repasa la historia reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

Los ciudadanos rusos llevaban días pendientes de la suerte del submarino. Utilizado por primera vez hacía solo un año, el Kursk era una de las últimas incorporaciones a la flota norte rusa, que navega por el océano Ártico. En este caso, la nave realizaba ejercicios en el mar de Barents, que limita al sur con Rusia y al suroeste con Noruega. Tras dos días de ejercicios, en la mañana del 12 de agosto, el almirante Viacheslav Alekséyevich Popov, desde el crucero nuclear Pedro el Grande, envió la orden al Kursk de lanzar uno de los torpedos. La tripulación confirmó la recepción de la orden. Y eso fue lo último que volvió a saberse del submarino. Para cuando llegó la confirmación de la muerte de sus tripulantes, las familias de los soldados llevaban nueve días esperando noticias de ellos. El País contaba con dureza la llegada de los buzos a la nave: "Una cámara de televisión submarina mostró lo que parecían varios cuerpos humanos. El Kursk se mostraba a través de los monitores como una fosa común submarina de cuerpos aplastados, hechos pedazos, hinchados y, en muchos casos, irreconocibles".

El equipo de rescate no formaba parte de las filas rusas, sino de las noruegas. El Gobierno de Vladimir Putin llevaba días rechazando la ayuda extranjera: si el accidente tuvo lugar un sábado, no aceptó el ofrecimiento de británicos y noruegos hasta el miércoles, y estos equipos no pudieron llegar hasta el punto del hundimiento hasta ese fin de semana. Si los rusos habían intentado, sin éxito, acceder al submarino durante una semana, los buzos enviados por Oslo tardaron unas 40 horas en acceder al interior. La tozudez no fue lo único que se le echó en cara al Kremlin. Rusia tardó horas en acudir al rescate del submarino y dos días en admitir que se había perdido el contacto con él. De hecho, el día 13 Popov llegó a asegurar que la operación había sido todo un éxito.El Gobierno culpó del accidente primero a una colisión "con un objeto externo", y luego a una explosión, aunque esta era ya una hipótesis barajada desde hacía días por otras potencias extranjeras. "[El ministro de Defensa ruso Ígor] Serguéyev volvió a culpar a un submarino extranjero de la tragedia", decía El País en su crónica del día 22. Más tarde se descubriría que lo que tumbó al Kursk fue la explosión del torpedo durante su lanzamiento, que desencadenó otra serie de deflagraciones. 

Putin, que había sido elegido presidente tres meses antes, tuvo que enfrentarse a su primera crisis de Gobierno. Cuando se produjo la explosión, se encontraba de vacaciones en Sochi, donde permaneció durante casi una semana, aunque estaba claro para entonces que Rusia se enfrentaba probablemente a la muerte de decenas de marinos. "Según todos los indicios, Putin conoció desde el primer momento el alcance real de la tragedia", decía Diario 16 en su portada del día del rescate fallido. "La conmoción es inmensa, en Rusia y en todo el mundo, pero ya ha dado paso a la indignación y muy pronto habrán de plantearse las interrogantes, algunas muy siniestras, de esta tragedia", recogía El País en un editorial. "¿Por qué ocultó la Marina rusa el accidente durante horas que pudieron ser decisivas, y por qué lo hizo después el Gobierno de Moscú? ¿Por qué un presidente Putin tan dispuesto a fotografiarse en Chechenia en campaña electoral siguió sus vacaciones en el mar Negro mientras otros soldados de su país estaban sufriendo la peor pesadilla imaginable? Y sobre todo, ¿por qué tanta tardanza en admitir la ayuda extranjera?". Todavía hoy las familias de 55 marineros luchan por que el Estado reconozca su propia ineficiencia. 

Las huellas del cambio climático

Ese mismo 22 de agosto, El Mundo llevaba en portada un tema que no suele coparlas: el cambio climático. "El hallazgo de un lago en el Polo Norte confirma el calentamiento de la Tierra", titulaba el diario. La crónica, en la página 17 (con un editorial sobre el tema en la 3), narraba cómo dos científicos en viajes de placer se habían topado con un nuevo lago: una gran superficie de hielo de 1,5 kilómetros, se encontraba casi derretida. Era agua, apuntaban los investigadores y el artículo, que llevaba 50 millones de años congelada. Uno de los científicos, Malcolm McKenna, paleontólogo del Museo Americano de Historia Natural, había planeado el viaje turístico para "admirar los hielos perpetuos del Ártico". Lo recogía la crónica de Carlos Elías, que recogía la del New York Times: "Tuvieron que llegar más allá de los 90 grados de latitud para contemplarlos. 'No creo que jamás nadie haya alcanzado esta latitud navegando y no caminando sobre el hielo", le dijo McKenna a su esposa Priscilla"

No era, como apuntaba el artículo, la primera prueba de la existencia del cambio climático. Submarinos rusos y estadounidenses, decía, ya habían recogido la progresiva desaparición de extensas capas de hielo, y las organizaciones ecologistas llevaba más de una década denunciando los efectos del calentamiento global. Pero el lago, sostenía El Mundo, suponía un antes y un después: "El hallazgo ha conmocionado a la escéptica comunidad científica internacional que, a partir de ahora, tiene pruebas de que el cambio climático es algo más que una teoría y de que la Tierra se calienta a pasos agigantados".

La comunidad científica no era, en realidad, tan escéptica, aunque no existía el consenso que hay hoy en día sobre las causas y los efectos del cambio climático. El IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, se había fundado a instancias de la ONU y la Organización Meteorológica Mundial ya en 1988, el mismo año en que el climatólogo James Hansen intervenía en el Congreso de los Estados Unidos en la que sería una de las intervenciones públicas pioneras sobre el tema. En 2001 el IPCC lanzaba su tercer informe, que concluía, entre otras cosas que el progresivo aumento de las temperaturas en el último medio siglo era atribuible a la actividad humana. En 2007, esta misma institución disipaba en su cuarto informe cualquier duda sobre la existencia del cambio climático y su conexión con la acción del ser humano. 

El 21 de agosto de 1999, todos los diarios traían en primera página la inauguración del Campeonato Mundial de Atletismo, que tenía lugar en Sevilla y cuya apertura se realizó con no pocas anécdotas e incidentes. El príncipe de Asturias presidiendo el acto, un joven Joaquín Cortés deleitando al público con el mito de Hércules, dos Giraldillas falsas haciendo incursión y bailando durante casi 20 minutos con proclamas por el acercamiento de presos de ETA, descensos de activistas desde el graderío con cuerdas para repartir octavillas, un atleta británico dejándose llevar por los tópicos españoles... Ese mismo día, algunos diarios también recogían la intención del Partido Popular de subir las pensiones evocando el Pacto de Toledo y llegaban a las redacciones los primeros balances sobre el terremoto más mortífero de la historia de Turquía. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

Con efusiva solemnidad presentaba el periódico ABC la noticia de la apertura del Campeonato Mundial de Atletismo en Sevilla: "Más de dos mil deportistas de doscientos países inician hoy la lucha por las medallas, en un grandioso espectáculo de superación y esfuerzo". Ello acompañado por una dimensionada fotografía de la delegación española de la competición marchando con la bandera nacional en un pequeño mástil. El diario monárquico no olvidaba mencionar, al inicio del breve informativo y en letra gruesa y capital, que la ceremonia de apertura estuvo presidida por el príncipe de Asturias. Cada cabecera ponía el foco en una cuestión del evento. En su caso, La Vanguardia utilizaba una fotografía de la aplaudida actuación del bailaor Joaquín Cortés y arrancaba la crónica de portada destacando su "escenificación del mítico Hércules, el hilo conductor" y su "broche final a la ceremonia inaugural", para inmediatamente después informar sobre el incidente que hizo políticamente memorable el acto.

La mascota del Mundial de Atletismo de ese año fue la Giraldilla, una versión infantil de la veleta de la Giralda de Sevilla. Ocurrió que, a mitad del espectáculo, dos activistas subieron al escenario vestidos de Giraldilla y con carteles en inglés por la "repatriación de los presos vascos", en referencia a la política penitenciaria de dispersión de los presos de ETA. El diario El Mundo tituló: "Mascotas de Sevilla '99 exhiben ante medio mundo carteles proetarras" y, a pesar del dispositivo de seguridad del campeonato, consiguieron mezclarse y bailar con el resto de Giraldillas. En total, 20 minutos en antena en más de sesenta televisiones de todo el mundo. El País informaba sobre una audiencia de "más de 3.500 millones de telespectadores en todo el planeta". Pero la acción de protesta de los activistas vascos no terminó ahí: "Pocos minutos después, tres jóvenes se descolgaron, por medio de cuerdas, desde el segundo graderío, portando el mismo mensaje", relataba en su crónica El Mundo, que apuntaba que la acción "fue completada por un grupo de personas que, durante el desfile de la delegación española, repartió octavillas entre el público en favor de los presos vascos". Un cómputo de 11 detenidos, que fueron acusados por la policía de apología del terrorismo, resistencia a la autoridad y desórdenes públicos, si bien fueron puestos en libertad transcurridas 24 horas. En junio de 2000, la sentencia absolvió de "desórdenes públicos" a todos ellos excepto a dos, que recibieron condenas de seis meses y un año de prisión por "resistencia" y "atentado a la autoridad".

La otra gran portada del día sobre el Mundial de Sevilla la puso Diario 16, que resolvió la cita con el atletismo con una fotografía de Colin Jackson en la que el deportista británico "se abona al peor tópico cañí". La información parecía tener la doble intención de apoderar la atención de la portada y ridiculizar el estereotipo del español-torero cuyas prendas, para más sátira, iban patrocinadas por la marca deportiva Puma. "Sevilla inició su fiesta atlética", titulaba el periódico de la Transición, que por aquel entonces ya estaba en sus últimas debido a la quiebra, subasta pública y relanzamiento del diario.

La economía "permite" subir las pensiones

El otro tema de actualidad ese 21 de agosto eran las declaraciones del portavoz del PP, Luis de Grandes, que había aseverado que la mejora de la economía española "permite soportar una subida de las pensiones por encima del IPC previsto". El Partido Popular estaba en el Ejecutivo nacional y en marzo del siguiente año había elecciones generales. Para esta medida, las armas del PP eran el Pacto de Toledo, aprobado cuatro años atrás para garantizar un sistema público de pensiones, y una proposición no de ley "en la que se solicita la constitución de una comisión para que haga balance de la aplicación del llamado pacto de Toledo", explicabaLa Vanguardia.El PP contaba con el apoyo de Convergència i Unió y Coalición Canaria en su convocatoria "urgente" del Pacto para "discutir en su seno una posible subida de las pensiones" (El País). Y en el Congreso se daba la doble situación de que PSOE perseguía el apoyo de CiU, que no parecía del todo conforme con el acuerdo que mantenía con el PP y que observaba con recelo la subida de las pensiones no contributivas de la Junta de Andalucía de la mano del socialista Manuel Chaves.El terremoto más mortífero de TurquíaDesde el 17 de agosto, los mecanismos de ayuda humanitaria internacional trabajaban en Turquía para socorrer a las decenas de miles de víctimas del terremoto más trágico de su historia. La ONU ya estimaba la cifra de muertes: 40.000. Y de heridos: 30.000. El movimiento sísmico había tenido su epicentro en torno a la ciudad de İzmit, a 130 kilómetros de Estambul, y había registrado una magnitud de 7,4 grados en la escala de Richter.Durante los 37 segundos que duró el terremoto, la "placa tectónica de Anatolia se desplazó a lo largo de la falla que la separa de la placa eurasiática liberando una cantidad de energía similar a 132 bombas atómicas", explicaba La Vanguardia en el décimo aniversario de la tragedia. Miles de viviendas, edificios e industrias −el terremoto se produjo en la parte occidental de Turquía, la más industrializada− cayeron destruidas o resultaron fuertemente dañadas. Los periódicos españoles describieron el suceso como "tragedia", "la peor catástrofe" o "devastador terremoto". Cuatro seísmos sacudieron el corazón del antiguo Imperio Otomano después de 1999, si bien ninguno superó los seis grados en la escala de Richter ni tal número de pérdidas humanas y materiales. La Vanguardia.

El PaísManuel Chaves

terremoto más trágico de su historia

 La Vanguardia después de 1999

The Washington Post fue el primer diario que, el 21 de enero de 1998, expuso con sumo detalle la "aventura amorosa con el presidente", desencadenando ríos de tinta e investigaciones paralelas sobre la vida privada de Bill Clinton. Pronto aparecieron en la prensa, en recuerdo del histórico escándalo Watergate, definiciones como Monicagate,​ Lewinskygate o Sexgate. La Cámara de Representantes de Estados Unidos pidió explicaciones al presidente y las sesiones parlamentarias de 1998 se convirtieron en un juicio político que desembocó en un impeachmentimpeachment o proceso de destitución en diciembre de ese mismo año. Su relación extramarital transgredía todos los esquemas de la moral pública y cristiana de la sociedad estadounidense, a lo que además se sumaba la diferencia de edad entre el Clinton (49 años) y Lewinsky (22 años).

El juicio político se realizó el 17 de agosto con el modelo del gran jurado, donde un cuerpo judicial colegiado, con capacidad ilimitada de citar a declarar a cualquiera, investigó la "aventura" entre Clinton y Lewinsky. El fiscal Kenneth Starr remitió una carta a la Casa Blanca en la que pedía el testimonio presidencial, si bien Clinton dijo que su declaración sería "voluntaria". Según explicaba El Mundo, el fiscal Starr "prentende demostrar que el mandatario cometió perjurio al negar bajo juramento haber mantenido una relación adúltera con la becaria Monica Lewinsky, a quien habría pedido además que mintiera también". Esto habría ocurrido, según argumentaba el fiscal, durante el juicio en el que se investigaba el presunto acoso sexual del que Paula Jones, empleada del Estado de Arkansas, acusaba a Clinton, entonces gobernador. En el marco de este proceso, en sede judicial y bajo juramento, Clinton fue interrogado sobre si había mantenido "relaciones sexuales" con Lewinsky, cosa que en aquel momento negó.

En agosto, sin embargo, y por primera vez desde que se hiciera público el escándalo sexual, el presidente reconoció haber mantenido una "relación física impropia" con Lewinsky. Pero incluso ese día se disparó el debate amarillista: Clinton fue a declarar con una corbata que le había regalado la becaria dos años atrás y que, según publicaba el diario El Mundo, le dedicó con estas palabras: "Cuando no pueda hablar contigo y vistas la corbata, sabré que estoy cerca de tu corazón".

La caza del presidente en su relación con la becaria se volvió una especie de obsesión. Así lo recogía El Mundo ese 20 de agosto: "Bill Clinton no ha conseguido librarse del azote en que se ha convertido el fiscal especial Kenneth, cuyas pesquisas tienen al presidente contra las cuerdas tanto en el campo político como en el familiar. Hoy, Starr volverá a interrogar a Monica Lewinsky sobre sus relaciones con el presidente en un aparente intento de buscar contradicciones en el testimonio presidencial del lunes sobre lo que Clinton calificó de 'relación impropia' con la ex becaria". La investigación del fiscal independiente estaba azuzada por la existencia de un vestido de Lewinsky con restos de semen del presidente: "Anoche, la cadena de televisión CNN informaba que el fiscal ha emplazado a Clinton para que se someta a una prueba de ADN". El periódico El País repasaba en cuatro líneas los apoyos del presidente: "[...] solo parece contar con el abierto apoyo público de su mujer, Hillary, y del vicepresidente, Al Gore, que se juega su carrera política".

A partir de la sutil confesión de Bill Clinton ("relación física impropia"), Kenneth Starr imputó al presidente por perjurio y obstrucción de la justicia, y en diciembre de 1998 se produjo el juicio político por tales cargos. El Senado debatió durante 21 días sobre la culpabilidad de Bill Clinton y finalmente la votación condujo a la exoneración del presidente de todos los cargos. La defensa de Clinton consistió en argumentar que recibir sexo oral —la única práctica que admitió haber realizado con su entonces empleada— no entraba dentro de la definición técnica de "relaciones sexuales", tal y como se le había planteado en el juicio de Paula Jones, y que por lo tanto no había mentido durante el mismo. Dos meses después de que el Senado cerrara el caso, y ya en el ámbito judicial, fue multado con 90.000 dólares por desacato, en castigo por prestar "falso testimonio" durante el caso de Paula Jones. 

Monica Lewinsky había llegado a la Casa Blanca en 1995 como becaria, y ella y Bill Clinton tuvieron relaciones sexuales en nueve ocasiones entre noviembre de 1995 y marzo de 1997, según declaró la mujer en explicaciones a los congresistas. Pero la relación de Lewinsky con Clinton no solo había sido de carácter sexual: también había habido un intercambio afectivo. El error de la becaria había sido contarle su historia con el presidente a su amiga y compañera de trabajo Linda Tripp que, a partir de septiembre de 1997 y tras hablar con la escritora Lucciane Goldberg, comenzó a grabar todas las conversaciones con Lewinsky sobre su relación con Clinton. Linda Tripp acabó vendiendo las cintas al fiscal independiente Kenneth Starr, que ya venía investigando asuntos turbios del presidente, como la controversia Whitewater.

En marzo de 2015, cuando se cumplían 20 años de su entrada como becaria a la Casa Blanca, Monica Lewinsky dio una conferencia TED en Nueva York donde se consideró a sí misma la primera víctima de acoso en Internet. "A los 22 años, me enamoré de mi jefe. A los 24, aprendí las consecuencias devastadoras", resumió. "Me tildaron de zorra, puta, ramera, tonta. Perdí mi reputación, mi dignidad y casi pierdo mi vida. Me conocía mucha gente, pero en el fondo sólo me conocían de verdad unos pocos. Lo entiendo. Fue fácil olvidarse de 'esa mujer' [como la llamó Clinton], de que tenía alma". Y reflexionó: "Hace 17 años no había una definición de esto. Pero hoy lo llamamos acoso online".

Tan solo El País recogía en primera página la violencia desatada durante la madrugada de ese 17 de agosto en las calles de Gernika. En torno a veinte encapuchados destrozaron todo tipo de mobiliario urbano y, como objetivo principal de sus ataques, sendas sucursales bancarias de Caja Rural Vasca, Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) y Banco de Bilbao y de Vizcaya (BBV). Según el periódico nacional, la redada de destrozos se inició en la calle Juan Calzada y, en cuestión de minutos, alcanzó la plaza de Mercurio, donde estaba teniendo lugar una actuación circense. Era la semana de las fiestas municipales, y los transeúntes y clientes de bares que reprocharon su actitud a los violentos recibieron piedras y cócteles molotov. A una mujer le alcanzó una pedrada en la cabeza y a un hombre le ardió una pierna con una de las "bolas de fuego". Ambos tuvieron que ser trasladados de urgencia a un hospital de Barakaldo.

Lo cierto es que el relato publicado por El País dejaba sin respuesta la pregunta en torno a la autoría y la intencionalidad de los hechos. Nadie había reivindicado el vandalismo de esa noche, por lo que la noticia del día siguiente era un recopilatorio de testimonios. "Una vecina [...] apuntó que la acción fue premeditada: 'No fue algo espontáneo. Se notaba que ya tenían pensado qué iban a hacer'. El cajero de esa entidad quedó destrozado y la fachada del edificio calcinada", recogía el periódico. "Testigos presenciales mencionaron la palabra 'miedo' y una 'sensación de impotencia terrible' al describir lo sucedido. Lo que más les impresionó fue que les atacaran con fuego", precisaba.

El primer análisis político sobre los hechos lo haría −con firme seguridad− el alcalde de Gernika, Eduardo Vallejo (PNV), al día siguiente del episodio vandálico. Sobre las declaraciones del alcalde, El País explicaba que "los alborotadores que sembraron el terror" le hicieron volver la vista 20 años atrás, cuando un grupo de fascistas −"de extrema derecha, lo que antes se denominaba incontrolados"− llegó a la villa foral para intimidar a la población. "Era gente que no quería la democracia y los encapuchados de ahora tampoco la quieren", sentenciaba. Para a continuación animar a los ciudadanos a mantener la serenidad y combatir a los "fascistas de nuevo cuño".

Y esa actitud antifascista estuvo reflejada en el comunicado que los representantes municipales de PNV, PP y Eusko Alkartasuna (EA) −HB se opuso y el representante del PSE dijo encontrarse fuera del pueblo− suscribieron al día siguiente, resaltando la acción de los vecinos que, "arriesgando incluso en algunos casos su integridad física, impidieron que los agresores causaran el caos que pretendían". Sin embargo, al poco de los ataques, una llamada telefónica anónima al diario Egin advirtió de que los violentos no tolerarían en un futuro la intervención de "aspirantes a héroes", en alusión a a las vecinas y vecinos que opusieron resistencia y criticaron sus acciones.

El asesino de Josu Muguruza, muerto en accidente

Ese 17 de agosto, saltaba a las portadas de El Mundo y El País la muerte en accidente de tráfico de Ángel Duce, el expolicía de ultraderecha que había asesinado a Josu Muguruza, diputado de Herri Batasuna, el 20 de noviembre de 1989. El exagente fue condenado en 1993 a cien años de cárcel por la Audiencia Nacional, quien le consideró autor material del asesinato. Si bien Duce no había sido el único sospechoso: la policía también detuvo al histórico político e ideólogo fascista Ricardo Sáenz de Ynestrillas, quien finalmente fue absuelto por falta de pruebas.

Ángel Duce no pasó ni dos años entre rejas. En 1995 obtuvo sus primeros permisos carcelarios de seis días, entre otras cosas, gracias a una declaración escrita en la que acataba la constitución y rechazaba la violencia. Sin embargo, el expolicía vinculado a círculos fascistas y neonazis sufrió un trágico accidente de tráfico en uno de sus permisos. El diario El Mundo lo contaba así: "El accidente se produjo a las 22:45 horas del viernes, en la carretera de Móstoles de Alcorcón, al chocar su moto contra un bordillo y caer Duce al suelo. El coche al que acababa de adelantar arrolló el cuerpo del expolicía. Sus restos fueron incinerados ayer por la tarde".

Vacaciones vigiladas

La agenda informativa de verano genera portadas trufadas de temas variados. Ese domingo pocos periódicos compartían noticias en primera página. Pero había una fotografía que se repetía en El Mundo y El País: el presidente israelí sentado en la playa y rodeado de guardaespaldas armados. Los juegos literarios se escribían solos: "No son los rayos del sol el mayor problema de Benjamin Netanyahu cuando decide disfrutar de un día de playa. Como cualquier bronceador, el factor de protección del primer ministro se mide en números, pero en este caso de guardaespaldas", afinaba El Mundo, que titulaba: "Netanyahu, protección total". Más irónico resultaba El País, que anunciaba: "Plácido día de playa para Netanyahu". Israel acababa de lanzar "dos ataques aéreos contra bases de un grupo prosirio en el sur del Líbano" al tiempo que ejercía un "polémico bloqueo a los territorios autónomos palestinos".

Lady Di aparecía en un breve de El Mundo. "Diana, en la corte del faraón", indicaba el titular. "Al millonario Al Fayed [padre] le faltaba una princesa para su cuento de hadas", precisaba. Era 17 de agosto. Dos semanas después, Lady Di y Al Fayed [hijo] morirían juntos en un accidente de coche en el túnel del puente del Alma de París.

El grupo de 16 personas —una de ellas se fugó, según los medios, días más tarde— había llegado el 21 de julio a Madrid, en un vuelo procedente de Malabo (Guinea Ecuatorial) con pasaportes falsos de Nigeria, Sudáfrica y Camerún, procedentes de Liberia, según reclamaban, de donde habían salido huyendo de la guerra civil que se libraba allí desde 1989. Sin embargo, su solitud de asilo, realizada a su llegada según el Gobierno, había sido rechazada inmediatamente, por lo que se procedió a su deportación al país del que procedían. Pero se resistieron: trataron de impedir la salida del vuelo llamando la atención de los demás pasajeros de diversas formas —el Gobierno llegó a hablar de que el grupo de migrantes trató de "desnudarse, escupir, morder y vomitar incluso"—. Entonces, la seguridad de Iberia los redujo maniatándolos y amordazándolos con cinta adhesiva. Las 16 personas permanecieron en el área de no admitidos del aeropuerto desde entonces hasta su repatriación definitiva el 15 de agosto. 

Cuando se trató de reanudar la deportación, después del cuestionable primer intento, Guinea se negó en rotundo: "El ministro de Exteriores guineano, Miguel Oyono, informó ayer mismo al embajador español en Malabo, José María Otero, que su país 'no puede recibir personas de identidad dudosa", contaba Javier Casqueiro en El País, el diario que más abundantemente cubría el asunto, aunque también ocupaba espacio de portada en La Vanguardia. España trataba de demostrar, primero, que el grupo no provenía de Nigeria. "Varios intérpretes enviados por Interior", relataba El País, "les pusieron a prueba y no fueron capaces de localizarla en un mapa de África ni de cantar su himno. Al parecer, su acento tampoco es de ese país". Y defendía, segundo, que podían ser originarios de Nigeria, Estado que finalmente aceptó hacerse cargo de ellos, un mes después, y recibirlos en un vuelo Madrid-Lagos. 

Mientras continuaba el tira y afloja entre Malabo y Madrid, con negativas del primero y amenazas de represalias del segundo, los 16 indocumentados continuaban en Barajas. Pronto fueron 15. Una de las integrantes del grupo, Phile Gay Christo, huyó cuando era trasladada a un centro médico para determinar su edad. O esa fue la versión del Gobierno, que una de sus compañeras cuestionaba: "Tengo la sensación de que Phile no ha escapado", lanzaba Cecilia Hearghob. "Pedimos ir al baño", relataba, "y Phile me dijo: 'Salgamos de aquí ahora. Voy a gritar pidiendo ayuda'. Corrimos y cruzamos la calle, pero no empujamos a ningún policía. (...) La policía me pegó y me llevó al coche. Cuando el agente volvió, Phile, a la que también había pegado, no estaba con él. Pregunté dónde estaba, pero me mandaron callar. Ya no hemos sabido nada de ella".

El caso atrajo la atención del Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, que pidió que España autorizara la entrada de los 15 inmigrantes: "Considera", recogía El País, "que, una vez denegada la solicitud de asilo y al no ser posible su devolución inmediata por carecer de documentación adecuada o por dificultades. para repatriarlas, estas personas podrían entrar en España tras adoptarse las medidas cautelares oportunas e informar a la autoridad judicial". En los primeros diez días de agosto, 100 inmigrantes indocumentados habían sido detenidos en Andalucía. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Amnistía Internacional denunciaban la sedación forzosa de deportados y fallos en el proceso de petición de asilo. Miguel Ángel Rodríguez, secretario de Estado de Comunicación, aseguraba: "No se ha hecho nada especial que no se viniera haciendo antes: se ha hecho como se ha hecho siempre".

La riada que arrasó Las Nieves

Diario 16 llevaba en portada aquel día una imagen del entierro en homenaje a las víctimas del camping Las Nieves, con el titular: "Multitudinario funeral en Biescas". Unas tres mil personas acudieron al acto en reconocimiento de las 87 víctimas mortales y 187 heridos en la riada que arrasó el camping el 7 de agosto. Las Nieves se situaba en el cono de deyección del barranco de Arás, seco desde hacía décadas. Una tormenta de verano inusualmente fuerte —160 milímetros de agua por metro cuadrado en menos de una hora— llevó el agua de nuevo al barranco, arrastrando por el camino toneladas de roca y de barro. El camping quedó sepultado. Hubo supervivientes que aparecieron a kilómetros del campamento. El último cadáver, el de un niño, no apareció hasta un año después. 

¿Por qué ocurrió la tragedia? La justicia decretó en 2005 que los responsables eran el Gobierno aragonés y el Estado, que debían indemnizar a las familias por haber permitido la construcción del camping en un espacio que suponía un peligro para los acampados. Siempre quedará la duda de si aquello podría haberse evitado: cuando el dueño del camping, Luis Bardají —mirando al cielo en la foto de Diario 16— solicitó el permiso para abrirlo, un técnico advirtió de que había habido inundaciones previamente, y de que podía volver a haberlas. "El miedo a que la tragedia se repitiera aconsejó desalojar ayer a 700 campistas de una instalación en la Comunidad Valenciana", apuntaba el periódico. 

El 15 de agosto de 1995, el testigo protegido del caso Lasa y Zabala confesó la participación del ex guardia civil Enrique Dorado en el asesinato de los dos jóvenes etarras y reveló que los agentes del cuartel de Intxaurrondo formaban parte de una red de tráfico de mercancías. Mientras tanto, en instancias europeas, las negociaciones entre Bruselas y Marruecos se endurecían en la búsqueda de un acuerdo pesquero que resultara favorable para la recién nacida Unión Europea. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

El caso Lasa y Zabala fue el más mediático y uno de los primeros crímenes perpetrados por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en la que pasó a la historia como la "guerra sucia" del Estado español contra la banda terrorista ETA. Los agentes que formaron parte del terrorismo de Estado bajo las siglas de los GAL acumularon cerca de 40 atentados con 26 muertes en el País Vasco. Los jóvenes José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, ambos de 18 años de edad, fueron secuestrados el 15 de octubre de 1983 por miembros de los GAL en Bayona, de acuerdo con las órdenes del general Enrique Rodríguez Galindo y la connivencia del gobernador civil de Guipúzcoa y del teniente coronel Ángel Vaquero. Conducidos al palacio ministerial de La Cumbre, en San Sebastián, los jóvenes "fueron torturados por un equipo reducido de agentes" hasta dejarlos en deplorable estado físico, como confirmaría doce años después el experto forense Francisco Etxeberria. El general Galindo ordenó a los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo el asesinato y desaparición de los jóvenes, que se produjo en una fosa en Alicante, donde los agentes los enterraron cubiertos de cal viva.

Una de las piezas fundamentales del caso fue el testigo protegido Pedro Luis Miguéliz, alias Txofo, importante contrabandista de tabaco que tenía sobornados a varios agentes del barrio donostiarra de Intxaurrondo. El Mundo era el único periódico que ese 15 de agosto traía en portada el seguimiento del sumario del caso. El titular no daba lugar a segundas interpretaciones: "Un testigo [Txofo] declara que Dorado le dijo que participó en la muerte de Lasa y Zabala". Txofo aseguraba que el guardia civil Enrique Dorado había participado en el asesinato y desaparición de los jóvenes en octubre de 1983. La pieza de portada tenía dos párrafos más donde se ponía en situación al lector sobre quién era quién en el proceso, y sobre la estrecha relación de confianza entre Txofo y Dorado. Además, el testigo protegido contó al juez Carlos Bueren que los agentes del cuartel de Intxaurrondo eran partícipes de una red de contrabando de la que se lucraban. Por su parte, la Guardia Civil no tardó en publicar un comunicado en el que respaldaba al general Galindo y denunciaba "los 'bulos e injurias' contra él". 

Los restos mortales de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala habían sido descubiertos en enero de 1985, apenas un año y medio después del asesinato. Sin embargo, no fueron relacionados con los jóvenes desaparecidos hasta 1995, cuando uno de los máximos expertos en medicina forense, el doctor Francisco Etxeberria, confirmó las torturas e identificó los cuerpos. En abril de 2000, la Audiencia Nacional condenó por el crimen al exgeneral Galindo, al ex gobernador civil de Guipúzcoa, y a los exagentes Enrique Dorado y Felipe Bayo. Las condenas engrosaron un total de 365 años de cárcel, si bien solo cumplieron penas de entre uno y seis años de prisión.

El eterno acuerdo pesquero

Tan solo hacía cuatro días que se había iniciado la sexta ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Marruecos, en la búsqueda de un acuerdo pesquero común. Pero ya parecía que las conversaciones no iban a llegar a buen puerto. "La inflexibilidad de Marruecos es, a juicio de fuentes cercanas a la negociación, la causa del estancamiento", explicaba el diario El País en portada. El país norteafricano reafirmaba su "pretensión de reducir en un 50%, como media, las capturas de la flota europea (sobre todo la española) en sus caladeros", concretaba El Mundo, que titulaba: "Marruecos no cede y apuesta por dilatar las negociaciones pesqueras con la UE". El efecto inmediato para la flota española era la pérdida de un tercio de los puestos de trabajo entre las flotas andaluza y gallega, tal como advertía Comisiones Obreras, y "la indignación por las malas expectativas ante la firma de un acuerdo" tenía en vilo a miles de familias españolas que vivían del mar.

El País informaba de que "cada vez que la delegación marroquí flexibiliza su postura en alguna de las áreas de la negociación compensa esa apertura endureciendo en otros asuntos". El equipo negociador marroquí, por ejemplo, "estaría preparado para aceptar una reducción global del 50%, pero a cambio pide un incremento del canon de pesca [impuesto] del 50%". Desde la Interfederativa Andaluza de Cofradías de Pescadores, lo tenían claro: "Lo más factible en este momento sería que se ofreciera más dinero [a Marruecos]".

El conflicto por la repartición de las aguas para faenar sigue en pie a día de hoy, si bien con un tinte que ahora es −además de económico− político. El pasado 14 de julio, expiró el último acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea. Los negociadores políticos europeos no habían conseguido un pacto con Rabat, pues desde la capital marroquí se negaban a liberar de su soberanía las aguas del Sáhara Occidental. Para Marruecos, "una línea roja". El conflicto sigue en pie, aunque el pasado 20 de julio, apenas seis días después de la expiración, la Unión Europea selló un nuevo acuerdo que mantenía las cuotas de pesca para la flota española, pero que el ministro de Agricultura y Pesca español ha pedido tomar con "prudencia", al tiempo que ha reclamado "ayudas al sector mientras no se ratifique el pacto".

El 14 de agosto de 1994, las portadas de los periódicos traían temas variados, en estrecha relación con la época estival. Destacaba la detención de tres españoles con un alijo de plutonio en el aeropuerto de Múnich, posiblemente para la venta y fabricación de una bomba atómica, y el balance de Woodstock 1994, el festival conmemorativo de los 25 años del original de 1969, que renacía con el lema "dos días más de paz y música". Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

España saltaba a la plana internacional a mitad de agosto cuando la policía de Múnich informaba de la detención de "tres ciudadanos españoles [...] cuando intentaban introducir en Alemania 50 gramos de plutonio enriquecido, apto para la producción de armas nucleares" (Diario 16). Sobre la nacionalidad de los detenidos y la cantidad del material radioactivo, se especuló durante las primeras horas. Algunos semanarios y revistas alemanes como Der Spiegel o Focus diferían sobre esta información, que oscilaba entre "dos españoles y un colombiano"(así era) y "tres españoles", y 50 gramos y 500 gramos de plutonio 239, también conocido como plutonio enriquecido.

Lo cierto es que, más allá de lo pintoresco de los hechos, los detenidos "formarían parte de una red internacional de tráfico de material radioactivo que transportaría este desde Rusia a Alemania", explicaba el periódico Diario 16. Lo que ponía el foco en un asunto internacional de elevada importancia: el tráfico ilegal de materiales y armamentos de guerra rusos que, desde la desaparición de la Unión Soviética, no había dejado de crecer. Era la tercera vez en un mes que las autoridades alemanas interceptaban "un alijo de material radioactivo procedente de la desaparecida Unión Soviética". Se trataba de dar salida al ingente arsenal soviético acumulado durante la Guerra Fría.

Los españoles, que viajaban en un vuelo de Lufthansa, habían embarcado en Moscú y guardaban el plutonio en el equipaje. El diario El País informaba: "El material intervenido ha sido analizado por el Instituto Europeo para el Transuranio, que ha llegado a la conclusión de que el plutonio 239 podría haber sido utilizado para la fabricación de una bomba atómica". La noticia tuvo inmediatas reacciones políticas. El canciller alemán Helmut Kohl calificó los hechos como un "peligro muy serio que no afecta solo a Alemania", en referencia a la responsabilidad compartida con Rusia en la persecución de los delitos de tráfico de materiales radioactivos, por lo que anunció el envío de "un representante especial que pedirá explicaciones al presidente ruso, Boris Yeltsin", recogía El País en primera página.

En abril de 1995, una investigación del semanario Der Spiegel daba un nuevo giro a la historia. Según un "extenso y documentado reportaje de diez páginas", como lo describía El País, los servicios de espionaje alemanes montaron la operación de contrabando "para dar la impresión de que existe un mercado negro de material para fabricar bombas atómicas". La maniobra, "una de las acciones más aventuradas del espionaje alemán en sus 40 años de existencia" para la publicación, debía servir para favorecer al Gobierno en vísperas de las elecciones generales. 

Pese a que, según Der Piegel, los dos españoles y el colombiano detenidos "no tenían ni remota idea de lo que significaba el material nuclear", los tres fueron condenados por el juez. En julio de 1995, se declararon culpables de haber introducido ilegalmente el plutonio en el país, y fueron sentenciados a penas de entre cuatro años y diez meses, y tres años de prisión. "La sentencia decidida por el tribunal", publicaba ABC, "se sitúa por debajo de las peticiones de la fiscalía, entre otras razones por haberse confirmado en que hubo 'una clásica provocación policial de los hechos". 

Woodstock 1994, amor y muerte

Los periódicos que elevaron a portada la conmemoración del 25 aniversario del festival hippy por antonomasiahippy lo hicieron con diferentes enfoques y tratamientos. Woodstock 1994 acogió tanto a jóvenes aficionados como a nostálgicos veteranos de Woodstock 1969. Las primeras informaciones apuntaban una asistencia de "200.000 nostálgicos del 'hippismo' ", como titulaba La Vanguardia. Pero la multitudinaria asistencia sobrepasó de tal manera las previsiones de los organizadores y las medidas de seguridad que finalmente se estimó una cifra de unas 350.000 personas.

Durante los días 12, 13 y 14 de agosto, la granja de Bethel acogió a grandes figuras como Joe Cocker, Bob Dylan, Stills & Nash, Salt'n Pepa, Metallica o Aerosmith. Solo seis grupos de Woodstock 1994 habían participado en el festival original, entre ellos Joe Cocker. Sin embargo, gran parte de las crónicas que llegaron a los periódicos españoles ponían el foco en otra materia: las drogas. Así lo hacía Diario 16, que titulaba: "Woodstock'94 es ya un éxito total". Y subtitulaba: "El primer día de festival registró tres muertes por consumo de drogas". O El Mundo, que utilizaba el tríptico "Drogas, sexo y rock and roll", sustituyendo el "sexo" por "confusión", y agregaba en el antetítulo: "Tres muertos por sobredosis en Woodstock". Para remarcar en el breve texto: "Woodstock'94 comenzó a rodar bajo gruesos nubarrones: tres personas muertas por sobredosis durante el primer día de 'paz y amor' ".

Los enviados especiales al pueblo de Saugerties, donde está ubicada la granja de Bethel, a 160 kilómetros de Nueva York, coincidían en el relato de la vista aérea del festival: "una inmensa ciudad de tiendas de campaña" (La Vanguardia) o "miles de tiendas de campaña, repartidas como setas por toda la granja" (Diario 16). No obstante, la visión más personal fue la del cronista de El País, que puso el acento en el aspecto generacional: "Los viejos policías aman a los nuevos 'hippies' ". Para dar paso al siguiente relato: "[...] las relaciones entre los jóvenes y las fuerzas del orden han mejorado ostensiblemente. Policías del Estado de Nueva York cuidan amorosamente de los nuevos hippies que colapsan el tráfico con sus automóviles en dirección a Saugerties. Nadie llama pigs a los agentes. En parte porque su labor es de agradecer".

El 13 de agosto de 1993, las principales cabeceras de la prensa española traían en portada la multitudinaria manifestación por la liberación del empresario vasco Julio Iglesias Zamora, quien había sido secuestrado por ETA hacía seis semanas por negarse a pagar el "impuesto revolucionario". Junto al conflicto terrorista, la noticia destacada del día era el fin de la recesión económica iniciada en 1991, que el Banco de España había anunciado en su informe trimestral con agria ilusión: "No se vislumbra aún el inicio de la recuperación". Mientras tanto, dos mediadores internacionales trataban de poner fin a la Guerra de Bosnia en negociaciones con el genocida y presidente serbio Radovan Karadzic. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

Era la primera vez que las calles estaban repletas de lazos azules. El secuestro del ingeniero y empresario Julio Iglesias Zamora conmocionó a una parte importante de la población vasca y española. Sus compañeros y compañeras de trabajo empezaron a manifestarse cada jueves por su liberación en la capital donostiarra, e incorporaron el distintivo como forma de repulsa de la violencia etarra, lo que acabó convirtiendo el lazo azul en símbolo de la lucha contra el terrorismo de ETA en España.

El ingeniero de la empresa tecnológica Ikusi había sido secuestrado por la banda terrorista al negarse a pagar el llamado "impuesto revolucionario", el método de financiación basado en la extorsión que utilizaba la organización armada. Iglesias Zamora fue transportado a una nave industrial de Arrasate, la misma donde sería aprisionado José Antonio Ortega Lara tres años más tarde, e introducido en un zulo excavado en el suelo, bajo una máquina de tres toneladas. La manifestación del jueves 12 de agosto puso de relieve una crispación aún mayor, surgida "por la 'guerra de los lazos' y ante el temor de un incremento de la tensión entre los defensores de la liberación de Julio Iglesias Zamora y los radicales abertzales", explicaba Diario 16 en una columna en portada. El alcalde de San Sebastián, el socialista Odón Elorza, llamaba con preocupación a la serenidad e intentaba "quitar hierro a los incidentes". Sin embargo, por la capital de Guipúzcoa circulaban panfletos que incitaban a la violencia contra quienes portasen el lazo azul: "¡No te cortes, córtales! ¡Golpe a golpe!".

Los trabajadores de Ikusi caminaron en silencio desde el domicilio de Iglesias Zamora hasta la plaza de Guipúzcoa. Y leyeron, en euskera y en castellano, un manifiesto por la liberación de su compañero y por la paz: "Porque un pueblo que quiere vivir libre no puede consentir la tortura de vuestro chantaje". Las réplicas políticas no se hicieron esperar. El diario El País relataba que el presidente del PNV, Xavier Arzalluz, que "caminaba junto al resto de manifestantes, aseguró que actos de este tipo sirven, entre otras cosas, para demostrar al mundo radical vasco con quién está el pueblo". Arzalluz sentenciaba: "Esto les pone nerviosos, y muchos de ellos se están dando cuenta de que han perdido la batalla militar y que van a perder la batalla política". El periódico El Mundo aportaba otro enfoque del conflicto destacando la campaña propagandística iniciada por la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS), aglutinadora de ETA, que "ha editado carteles en los que incita a agredir a líderes políticos vascos en la celebración, mañana, de La Salve". En una línea política intermedia entre el PNV y la KAS, se manifestaba Herri Batasuna, que imprimió pasquines reclamando a la Iglesia el pago del rescate de Iglesias Zamora.

La familia del ingeniero vasco acabó pagando a la banda terrorista. Un rescate a plazos que permitió la liberación de Iglesias Zamora a los pocos meses, el 29 de octubre de ese año 1993, en el Alto de Arrate de San Sebastián. Cinco años más tarde, en abril de 1998, la Audiencia Nacional condenó a 14 años y 8 meses de prisión a José Luis Eróstegui Iraguren, Javier Ugarte, Jesús María Uribechevarría Bolinaga y José Miguel Gaztelu por el secuestro del empresario vasco, y les obligó a indemnizar a su víctima con 5 millones de pesetas. No obstante, la red de extorsión de ETA siguió cobrando a la familia Iglesias hasta que fue desarticulada por la Audiencia Nacional en 2006.

La recesión económica y el pacto social

La otra gran noticia nacional del 13 de agosto de 1993 fue el análisis económico que hizo el Banco de España (BE) en su informe trimestral. "La recesión ha tocado fondo", titulaba La Vanguardia casi a media página. Sin embargo, la realidad solo era esa, que la recesión −derivada en buena medida de la ingente inversión pública del Gobierno de Felipe González y de la Guerra del Golfo− había tocado fondo en España. "El informe reclama con urgencia un fuerte ajuste presupuestario para hacer frente a la situación", informaba el periódico catalán.

Diario 16 construía la noticia con varios cortes del informe: "La presión de los salarios sigue siendo excesiva [...]", "la inflación más persistente [...] demuestra una resistencia extraordinaria a la desaceleración", "no se vislumbra aún el inicio de la recuperación" o "las cifras sobre la previsible evolución del déficit público [...] hacen imprescindible la adopción de un programa de disciplina presupuestaria". Y calificaba de "inquietante" el informe y de "eufórica" la Bolsa al desmentir las "crecientes expectativas de que se vaya a producir una inmediata bajada de los tipos de interés". En esta línea, el diario El País hablaba de "algunos desequilibrios básicos, especialmente el descontrol del déficit público, pero también las altas tasas de inflación, la fuerte presión de los salarios o la debilidad del consumo y la demanda". Para concluir que el Banco Central "hace hincapié, una vez más, en la necesidad de algunas reformas estructurales".

El Gobierno ya tenía preparado un documento de reajuste, que envió ese mismo día a sindicatos y patronal, sobre las líneas generales de los Presupuestos del Estado de 1994. De manera conceptual, El País hablaba de "las negociaciones sobre el pacto social". Y a continuación, tanto este periódico como El Mundo, enfocaban la oposición de CCOO y UGT a ese pacto social, una medida que anticipaba un recorte de seis puntos del poder adquisitivo de los trabajadores.

Karadzic buscaba el genocidio

Hacía un año y medio que la república de Bosnia, dentro del conglomerado étnico y religioso de Yugoslavia, era el escenario de una guerra entre quienes querían independizarse de Yugoslavia (musulmanes bosnios o bosniacos, y croatas) y quienes querían unificarse con la vecina república de Serbia (minoría serbia de Bosnia). Al frente de los serbios de Bosnia estaba el político y psiquiatra Radovan Karadzic, que había emergido como líder político a golpe de nacionalismo en un territorio multiétnico. Estableció contacto con Slobodan Milosevic, presidente de la república de Serbia y, con su apoyo y el poderoso Ejército Nacional Yugoslavo a su mando, Radovan Karadzic empezó a tomar poblaciones enteras de bosnia.

A la altura de agosto de 1993, los serbios ya habían iniciado la limpieza étnica de las comunidades bosniaca y croata. Diario 16 publicaba a media portada una fotografía de tropas serbias en retirada y resumía la cruel voracidad del líder serbio en un subtítulo: "Karadzic amenaza con ataques nucleares en Europa si la Alianza Atlántica interviene en Bosnia". Las llamadas de auxilio de bosniacos y croatas a la ONU eran gritos desesperados. En aquellos días, los mediadores internacionales David Owen y Thorvald Stoltenberg trataban de frenar a Karadzic para que "se reanudasen las conversaciones de paz en la ciudad de Ginebra". El genocida serbio había adelantado sus tropas a los estratégicos montes Igman y Bjeslanica −que envuelven la ciudad de Sarajevo− y, si bien aseguraba haberlas retirado, algunos "mandos militares serbios sobre el terreno admitían que el repliegue no había concluido y que no se completaría hasta que la ONU declarase zona neutral las estratégicas alturas".

Los mediadores "no se creen la retirada serbia", apuntaba Diario 16. Y los serbios habían "convertido la retirada del Ejército del monte Igman en un peligroso juego de estrategia". Voces dentro de la ONU pedían la intervención militar de los cascos azules todavía sin éxito, y los bosniacos se preparaban para defenderse del ataque serbio. Tuvo que producirse la masacre de Srebrenica a manos del ejército serbio para que la comunidad internacional reaccionase. Milosevic se vio obligado a firmar la paz y la sangrienta guerra llegó a su final. Los perpetradores del genocidio pasaron las siguientes décadas en tribunales por condenas de lesa humanidad. Karadzic se camufló, haciéndose pasar por un sanador espiritual en una clínica de medicina alternativa en Belgrado, hasta que fue reconocido en 2008 y un tribunal le condenó en 2016 a 40 años de cárcel por genocidio y crímenes contra la humanidad.

El 10 de agosto de 1992, algo ponía de acuerdo a los principales periódicos de España. La clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona la noche anterior copaba todas las portadas, que exhibían similares tonos elogiosos. No solo había sido la primera (y única) vez que España acogía unos Juegos, sino que en ella el país había logrado su mejor marca: desde el 25 de julio, sus 430 atletas se habían hecho con 22 medallas, 13 de oro, 7 de plata y 2 de bronce. Pero la cita de la ciudad catalana fue, también, una gran maniobra económica y política. El Comité Olímpico Organizador de Barcelona tuvo un presupuesto del equivalente a unos 2.200 millones de euros para su organización, Barcelona sufrió una profunda remodelación y España entró —con ayuda también de la Exposición Universal de Sevilla— en el club de los modernos países de la Europa occidental.  

El acuerdo entre las cinco cabeceras analizadas resulta, por escaso, sorprendente. El más entusiasta era el titular de La Vanguardia: "Matrícula de honor", subrayaba el diario, editado en esa misma ciudad, citando las palabras del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, nacido también en la capital catalana. "Barcelona despide 'los mejores Juegos de la historia' con 22 medallas españolas", decía El País, a la zaga, citando de nuevo a Samaranch. "Barcelona, un diez", decía la sobria portada del ABC, que incluía a toda página, como de costumbre, una foto de la Familia Real, algo seria. El Mundo titulaba: "Euforia del Gobierno por el gran éxito de los Juegos Olímpicos de Barcelona", y acompañaba la información con otra foto de los reyes, esta vez acompañados de dos ministros socialistas, en pleno grito de celebración. Repetía imagen real Diario 16 que, más discreto, apuntaba: "Dos medallas de plata, cierre español".

Los Juegos se habían inaugurado con actuaciones como la de la soprano Sarah Brightman y el tenor José Carreras interpretando Amigos para siempre, la aparición del entonces príncipe Felipe como abanderado de la delegación española y el épico encendido del pebetero por el arquero Antonio Rebollo. Tenían que terminar también de forma espectacular. Y fue el turno de la rumba catalana. "La música rumbera de Peret, Los Manolos y Los Amaya", contaba El País, "sacó a bailar a los atletas de las 172 delegaciones que han participado en estos juegos. La rumba Barcelona es poderosa coronó una ceremonia que había adquirido todas las características de un entoldado de baile de fiesta mayor".

La prensa aprovechaba también para hacer un repaso de los logros españoles: con oros en deportes como atletismo (dos galardones), vela (cuatro) y yudo (dos) y platas en tenis (dos) o gimnasia rítmica, España se quedó a cuatro medallas de igualar todos los trofeos obtenidos en las Juegos anteriores. Con 112 medallas, la ganadora absoluta había sido, sin embargo, la Comunidad de Estados Independientes (conocida como CEI), la organización en la que se unió una docena de antiguas repúblicas soviéticas tras la caída de la URSS. Serían los últimos Juegos en los que competirían juntas. Tras ella, Estados Unidos, con 108 medallas; Alemania, con 82; China, con 54; y Cuba —que regresaba por primera vez tras los juegos de Moscú 1980—, con 31. 

Pero Barcelona 92 no podía librarse tampoco de la lectura política en lo que concernía a las relaciones Cataluña-España. El Mundo centraba en ello su crónica de portada, con un subtítulo que citaba al entonces ya exvicepresidente del Gobierno socialista, Alfonso Guerra: "Los espectadores han respondido a la mezquina batalla por la catalanización aplaudiendo a los atletas españoles". El periódico recogía la creencia del Ejecutivo de que el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, había tratado de "catalanizar" el evento para "utilizarlo como trampolín nacionalista". El Diario 16 llevaba en portada la idea contraria. Esta vez hablaba Ángel Colom, secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya: "Los Juegos Olímpicos han sido una tregua en el camino hacia la independencia". El dirigente nacionalista aprovechaba, sin embargo, para puntualizar que "Cataluña sigue pasando mucho de la Corona" pese a la participación de los reyes en las celebraciones. 

Todas las demás noticias quedaban eclipsadas por el cierre olímpico. O casi todas. Por las portadas pasaban también la extradición del etarra conocido como Antxon; la guerra de Bosnia; la escolta policial concedida al empresario Enrique Sarasola; o incluso la relación del ahora rey Felipe VI con Isabel Sartorius. La actualidad no daba tregua, ni siquiera en agosto, ni siquiera durante unos Juegos.

El 9 de agosto de 1991, las cabeceras más influyentes de España −a excepción de ABC− destacaban los resultados del informe del Banco de España para la economía del país. "Atonía, débil crecimiento, fase baja del ciclo económico". Eran algunos de los calificativos que incluía el documento oficial, y que pronosticaban un futuro inmediato gris e incierto para la población española. Acababa de finalizar la Guerra del Golfo y, si bien las tensiones petroleras todavía latían de fondo, el manto de la recesión tardó un par de años en cubrir España, pues el país andaba preparando la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Sería la última gran recesión antes del boom del ladrillo de los dos miles. Algunas portadas también recogían el sangriento asesinato en París de Shapur Bajtiar, el último primer ministro del sah de Irán, junto a su jefe de Gabinete. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

De un año para otro, el PIB de España se había encogido un 1,3%: del 3,8% en 1990 al 2,5% en 1991. A partir del 9 de agosto, los periódicos empezaron a incluir la evolución macroeconómica en sus agendas informativas. No era para menos: Carlos Solchaga, ministro de Economía socialista, había pronosticado que en 1991 el PIB escalaría un 3%. Con los datos recién publicados por el Banco de España (BE), empezaba a resultar cada vez más improbable alcanzar esa cifra. Era un dato semestral −la economía había crecido un 2,4% de enero a julio−, pero el cómputo total de 1991 no se alejó de aquello. Un 2,5%.

A los eufemismos que el Banco de España había utilizado para describir la situación económica del país ("Atonía, débil crecimiento, fase baja del ciclo económico", entre las más citadas por los medios) se sumaron los términos empleados por los propios periodistas. Los que más se repetían eran "enfriamiento económico" y "estancamiento". Lo cierto es que aquella frenada tenía unas causas-efectos. El desempleo se incrementó ocho puntos hasta rozar el 24% en 1994, las ventas y la inflación cayeron lentamente, los salarios pactados entre sindicatos y patronal aumentaron, y el Banco de España mantuvo los elevados tipos de interés nominales derivados de la Guerra del Golfo.

De fondo se estaba produciendo un hecho fácilmente visible: el sector público le ganaba terreno al sector privado. El diario El País lo constataba así: "Estos signos de leve recuperación en los últimos meses del primer semestre han sido más evidentes en el sector público que en el privado. El resultado ha sido la ya conocida expansión del déficit público durante el primer semestre, que alcanzó los 874.000 millones de pesetas frente a unas previsiones iniciales de 500.000 millones de pesetas para todo el año". Y Diario 16 explicaba lo que ya se temía el Banco de España: "[...] los malos resultados que se prevén para las empresas, debido a la bajada de las ventas y a los altos aumentos salariales pactados, no hacen augurar un aumento de la inversión y, por tanto, del empleo".

De 1990 a 1992 se dedicó un gran volumen de inversión pública a la preparación de España para grandes eventos (Exposición Universal de Sevilla o Juegos Olímpicos de Barcelona), proyectos (operador de satélites Hispasat) e infraestructuras (nuevo acceso ferroviario a Andalucía o extensión del AVE y la autovía Madrid-Sevilla). El "déficit público" que mencionaba El País en la información procedía de este cúmulo de inversiones ejecutado por el Gobierno de Felipe González, a lo que se sumaba la confección de la Seguridad Social. Las cuentas públicas empezaron a registrar altos niveles de deuda que, con la finalización de las obras, se tradujeron en un aumento del número de desempleados. Para amortiguar el golpe, en 1992, el Gobierno socialista devaluó un 11% la peseta. En mayo de 1993, lo hizo un 8% en lo que se conoció como el "Jueves negro", también en Reino Unido, Italia y Portugal.

Exiliado y asesinado

"La vigilancia policial no sirvió para nada. El cadáver de Shapur Bajtiar, último primer ministro del sha Reza Pahlevi, y el de su jefe de Gabinete fueron encontrados ayer, cosidos a puñaladas, en la residencia del político iraní, exiliado en Suresnes, en los alrededores de París". De esta manera tan precisa resumíaEl País en portada el asesinato de Bajtiar.

El político iraní se había exiliado a Francia en febrero de 1979, cuando el triunfo de la revolución islámica que derrocó a la Dinastía Pahlavi estaba sellado. Ya en 1980 Bajtiar fue objeto de un atentado sin éxito, y el propio ayatolá Jomeini le condenó a muerte si volvía a poner los pies en Irán. En las breves informaciones de portada de los periódicos españoles no se daban pistas ideológicas sobre Shapur Bajtiar, si bien el ex primer ministro iraní era ampliamente conocido por su convencimiento laico y socialdemócrata. Además, en el breve paréntesis de 38 días en que ejerció la presidencia del país, dejó clara su intención de modernizar las estructuras sociales y económicas de Irán. Su incompatibilidad con el régimen teocrático salido de la revolución era evidente.

En una de sus últimas entrevistas, Bajtiar había expresado su deseo de construir en su país "una monarquía constitucional en la que se respeten los derechos humanos", y declaraba que estaba preparando su vuelta a Irán. La Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, firme opositora de la república islámica originada en la revolución de 1979, culpó del atentado al presidente iraní Hachemí Rafsanyani, y señaló que la utilización del cuchillo "es la firma del terrorismo de Teherán".

El asesino de Bajtiar salió de prisión en mayo de 2010, tras pasar 18 años en la cárcel. "El último impedimento para su liberación fue levantado ayer con la firma por el ministro del Interior francés, Brice Hortefeux, de un decreto de expulsión del país, condición puesta por el tribunal de aplicación de penas para concederle la libertad condicional", relató La Vanguardia sobre la excarcelación del asesino del último primer ministro del sah de Irán.

El 8 de agosto de 1990, hacía tan solo unos días que había comenzado la Guerra del Golfo y Estados Unidos enviaba tropas a Arabia Saudí para afrontar el inminente ataque de Irak. George Bush no escatimó en unidades militares: aviones F-111, infantería paracaidista, buques de guerra, carros de combate, soldados... Y Sadam Husein declaró: "Sacaremos los ojos a quienes ataquen a la nación árabe". Mientras tanto, en España la soga apretaba cada vez más a Juan Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, por la revelación de nuevos datos en la investigación sobre narcotráfico de cocaína y lavado de dinero. Todo ello al tiempo que una masa de fuel de 10.000 toneladas se expandía en aguas del Estrecho por el choque de dos buques mercantes. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

Un jueves Sadam Husein invadía Kuwait en una operación relámpago y un miércoles George Bush ponía varios destacamentos rumbo a la frontera iraquí. Todas las portadas españolas informaban sobre la maniobra estadounidense y vaticinaban el inicio de una guerra, la conocida como Operación Tormenta del Desierto. El diario La Vanguardia, que hacía una semana que se estaba imprimiendo en color, traía un mapa regional de Oriente Medio con una infografía sobre la "concentración de fuerzas multinacionales en la zona del Golfo". En él se precisaba la ubicación de los buques soviéticos, franceses y británicos, el emplazamiento de los portaaviones estadounidenses, las bases aéreas norteamericanas en suelo turco, y la cremallera de misiles saudíes y tropas iraquíes en la frontera entre ambos países. Todo un "gran avispero bélico", señalaba el diario catalán.

A la misma hora que el presidente Bush anunciaba el envío y despliegue de tropas en Arabia Saudí, el presidente Husein afirmaba: "Moriremos antes que ser humillados y sacaremos los ojos a quienes ataquen a la nación árabe". Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca trataba de hacer calar el mensaje de "una amenaza inminente" para el reino de Arabia Saudí, "que suministra a Estados Unidos casi el 20% de sus importaciones petroleras", precisaba el cronista de El País. De esta forma, se asimilaba un ataque iraquí al reino saudí como "una amenaza contra la seguridad nacional" de Estados Unidos, informaba en rueda de prensa Dick Cheney, secretario de Estado nortemaericano, que de igual manera se lo transmitió a las autoridades saudíes.

La Guerra del Golfo fue rápida, no llegó a siete meses. Porque a la inmensa superioridad de la coalición occidental −más de 30 países y casi el doble de soldados y armamentos− se sumó el bloqueo comercial de Irak. Turquía y Arabia Saudí cortaron los oleoductos de exportación de petróleo iraquí y las arcas del país se congelaron. De hecho, si por algo se alargó varios meses, fue porque el Gobierno de Sadam Husein hizo rehenes a miles de turistas occidentales −entre ellos 39 americanos− para tener un escudo en las negociaciones.

Guerra y el blanqueo

Juan Guerra saltaba a varias portadas ese 8 de agosto. El hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, estaba envuelto en una red de narcotráfico y lavado de dinero. Le había delatado Ricardo Portabales, el "narcotraficante arrepentido", como le caracterizó La Vanguardia ese día y como empezaba a ser popularmente conocido. Portabales fue una pieza clave en el desarrollo de la Operación Nécora, el gran estoque al contrabando y al narcotráfico en España.

"Según las confesiones [...], la red de empresas de Juan Guerra fue utilizada a partir de 1986 por el 'clan de los Ochoa' −cartel colombiano del tráfico de cocaína− para blanquear dinero sucio. [...] Según se lee en el sumario, Portabales declara que Juan Guerra participó 'en dos o tres operaciones' ", explicaba el diario en un breve en portada. Y el periódico El País completaba la información: "Juan José Arenas Casas, socio principal de Juan Guerra, no pudo justificar ayer ante el juez el destino final de los miles de millones de pesetas que ingresaron las empresas de Guerra".

Juan Guerra facilitaba las actividades ilícitas de esas empresas desde un despacho oficial de la Delegación del Gobierno de Andalucía, contratado por el PSOE como asistente de su hermano Alfonso. Los hechos acabaron dinamitando la carrera política de este, que se vio abocado a dimitir en enero de 1991, y sobre ambos cayó la acusación de delito fiscal en 1995.

Fuel en el Estrecho

A la constelación de periódicos nacionales de España se había sumado el diario El Mundo unos meses antes, en octubre de 1989. Ese 8 de agosto llevaba en primera página la catástrofe medioambiental que se había producido en el Estrecho sobre las dos de la madrugada "como consecuencia de la intensa niebla". Dos buques mercantes, uno noruego que transportaba amoníaco y otro chipriota cargado de fuel, habían colisionado a 12 kilómetros de la costa de Tarifa. Las primeras informaciones hablaban de un vertido de entre 6.000 y 8.000 toneladas de fuel, pero a los pocos días se constató que eran más de 10.000 toneladas.

A la mancha kilométrica de fuel se desplazaron barcos de la Armada española y de la Marina mercante para tratar de controlar el vertido. El País explicó: "Las autoridades marítimas dijeron que la mancha de fuel es menos grave que una de petróleo y que están utilizando agentes químicos para disolverla".

El 7 de agosto de 1989, la información internacional primaba en las portadas de los principales periódicos españoles. La segunda crisis de los rehenes de Irán entraba en una fase de "recalentamiento" debido al endurecimiento de las exigencias de los grupos raptores proiraníes, el Gobierno argentino anunciaba la amnistía para 18 militares procesados por violaciones de los derechos humanos en los setenta y los cinco presidentes centroamericanos se reunían por primera vez para debatir el desmantelamiento de la contracontra, que entonces aglutinaba a unos 10.000 guerrilleros antisandinistas. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

La Vanguardia era el único diario nacional que destacaba en portada el último giro de tuerca en la crisis de los rehenes entre Irán, Líbano y Palestina, por un lado, e Israel, Estados Unidos y el resto de países occidentales, por otro. En el contexto de la Guerra Civil Libanesa, la Organización de la Justicia Revolucionaria (OJR), un grupo proiraní en territorio libanés, tenía como rehén al estadounidense Joseph Cicippio, y se encontraba envuelta en un proceso de negociaciones con Israel desde hacía meses. La última oferta del grupo integrista proiraní consistía en que "Israel libere al jeque Abdel Karinn Obeid y a 450 prisioneros −150 libaneses y 300 palestinos detenidos en la 'Intifada'− que los israelíes tienen detenidos en diversos campos y prisiones, así como que todos los palestinos expulsados de los territorios ocupados puedan volver a Gaza y Cisjordania". Sin embargo, la oferta fue inmediatamente rechazada por el portavoz gubernamental israelí.

En el conflicto había más actores implicados. La OJR era el canal de comunicación entre las demandas iraníes y las israelíes, pero la organización libanesa Amal Islámica, cercana a Irán por pertenecer a la misma y minoritaria rama del Islam −el chiismo−, no se andaba con medias tintas. "Hussein Musawi, el líder del grupo Amal Islámico, también cercano a Hezbollah [...]: 'Si interesa al Islam y a los oprimidos que matemos a un soldado israelí, lo haremos", informaba La Vanguardia. Musawi iba más allá: "Si ellos [la OJR] están dispuestos a negociar con Israel, nosotros no lo estamos. No negociaremos con Israel aunque los líderes de Hezbollah, yo entre ellos, sea capturado". La guerra seguiría hasta que Israel fuese destruido, aseguraba el líder del también conocido como Movimiento Amal, que aprovechó el foco mediático para felicitar a una organización terrorista amiga por la reciente ejecución del coronel estadounidense William Higgins. "Nadie nos puede amenazar con la muerte... Estamos preparados para morir", incitaba el cabecilla de las milicias.

Los rehenes occidentales de organizaciones armadas en Oriente Medio se contaban por decenas. Entre 1982 y 1992, fueron secuestrados en líbano 104 personas, en su mayoría estadounidenses y europeos occidentales, por el mismo comando de Hezbolá. El fundador de Amal Islámica solo garantizaba la vida de los secuestrados estadounidenses si el país norteamericano sacaba sus garras de la región y dejaba de prestar apoyo a Israel. Las presiones mediáticas y económicas −se acababa de producir el colapso de la URSS− precipitaron el final de la crisis de los rehenes. Y, tras cinco años de secuestro y una vez finalizada la Guerra del Golfo Pérsico, Joseph Cicippio fue liberado.

Indultos para los militares argentinos

El 7 de agosto, el periódico Diario 16 recogía una noticia clave para la historia de Argentina: el presidente Carlos Menem, del Partido Justicialista, anunciaba que 18 miembros del Ejército que habían cometido violaciones de los derechos humanos, colaborando con la dictadura cívico-militar, serían perdonados "antes de Navidad". "El mandatario peronista", decía el artículo, "declaró que el problema militar se solucionará bajo la forma de una amnistía, o indulto de la conmutación de la pena". Menem admitía que incluso el general Jorge Videla, ex presidente de facto a través de la junta militar, podría beneficiarse del perdón. En la dictadura argentina, 30.000 personas sufrieron desapariciones forzosas, como se ha llamado al secuestro, tortura y asesinato perpetrados por el Estado contra los disidentes.

Pero aquella medida no afectaría solo a ese pequeño grupo de mandos. El Gobierno justicialista amnistiaría, entre otoño de 1989 y finales de 1990, a 1.200 personas, incluidos miembros de la junta militar que regiría el país entre 1976 y 1983 y altos mandos que habían participado en intentos de golpe de Estado más allá de esa fecha, incluso bajo el Gobierno del propio Menem. A través de diez decretos de indulto, el presidente pretendía cerrar una "herida abierta no tan solo en el ámbito castrense sino también en el civil". El perdón de Menem se sumaba, de hecho, a dos leyes promulgadas anteriormente, la de Punto Final y Obediencia Debida: la primera establecía la prescripción de los delitos del terrorismo de Estado y la segunda exculpaba a los militares por debajo del grado de coronel, entendiendo que solo cumplieron órdenes.

En 1998, el Congreso argentino comenzó un proceso para derogar las conocidas como leyes de impunidadleyes de impunidad, que culminó con una declaración de nulidad por la Corte Suprema en 2005. Este mismo organismo sentenció en 2007 que los indultos concedidos a los condenados, procesados o acusados por delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales.

Cumbre para desmantelar la contra

Pero no era el único asunto sobre la actualidad de los países latinoamericanos que recogían las portadas. El País titulaba: "Los líderes de América Central debaten cómo desmantelar la contracontra". En portada, explicaba ya que los líderes de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala se encontraban reunidos en la localidad hondureña de Tela para abordar "la desmovilización de las fuerzas antisandinistas, unos 10.000 combatientes", como recogía la crónica del diario. La contra había establecido sus bases, desde el inicio, en territorios de Honduras y Costa Rica, limítrofes con Nicaragua.

Estos movimientos contrarrevolucionarios −de ahí el nombre− nacieron a principios de los ochenta, auspiciados por la inteligencia de Estados Unidos, para combatir al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el movimiento que había derrocado en 1979 la dictadura nicaragüense de los Somoza, haciendo caer a Anastasio Somoza Debayle. La crónica no ocultaba en absoluto la implicación estadounidense: "Hay un sexto participante, aunque ausente físicamente, en la conferencia. Se trata de Estados Unidos, cuya Administración ha lanzado en los últimos días claros mensajes (...) para que no acepten aún el desmantelamiento de la contra". De hecho, la Corte Internacional de Justicia (máximo órgano judicial de las Naciones Unidas) había condenado a Estados Unidos en 1986 a pagar una indemnización al Estado de Nicaragüa por apoyar a los grupos antisandinistas, decisión judicial que el país norteamericano se negó a acatar. 

Desde Tela, el periodista José Comas explicaba en El País al comienzo de la cumbre, que el Gobierno sandinista tenía cierta ventaja en su exigencia de desmovilización de la contra, una reclamación que aunaba incluso a la oposición nicaragüense. Daniel Ortega, entonces presidente del país, preparaba las elecciones generales de 1990, que darían el poder a la Unión Nacional Opositora y pondría fin a la Revolución sandinista. Ortega, presidente de nuevo desde 2007, se enfrenta hoy a movilizaciones masivas en las calles, a las que el dirigente ha respondido con una fuerte represión que se ha saldado ya con más de 350 muertos.

El Diario 16 del 6 de agosto de 1988 no se andaba con chiquitas. En portada, la cara de un perplejo Alfonso Guerra, entonces vicepresidente del Gobierno socialista. Bajo ella, un titular: "Carcajada general al decir Guerra que el PSOE es un partido obrero". Las risas, acompañadas de silbidos y abucheos según el diario, habían salido de las bancadas de la Universidad Complutense, a donde se había acercado el político para participar en sus cursos de verano. El tiro le salió por la culata: al día siguiente, parte de la prensa madrileña señalaba los reproches de los estudiantes y las palabras del dirigente. Junto a ellas, el escándalo del día: el futbolista José Ramón Alesanco, capitán del Barça, había sido detenido en Holanda acusado de un delito de violación. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

El País recogía también en portada el incidente en la Complutense, con el siguiente titular: "Guerra afirma que el mundo del PSOE es el de los obreros y campesinos". La crónica del acto, celebrado en la sede de la universidad en San Lorenzo del Escorial, estaba firmada por Anabel Díez: "El mundo del PSOE es el de los campesinos, trabajadores y obreros', dijo Guerra, que no pudo nombrar a más sectores sociales —parece que se disponía a decir 'profesores'— por las risas generalizadas que provocaron sus palabras en los alumnos del curso sobre la Constitución". Seis años después de tocar el Gobierno por primera vez, con dos elecciones generales a sus espaldas, el Partido Socialista experimentaba ya el desgaste del poder. Entre los comicios de 1982 y los de 1986, la formación de Felipe González, entonces en la presidencia, había perdido más de un millón de votos. Atrás quedaba el cambio de posición del PSOE, del no al sí, con respecto a la pertenencia a la OTAN en el referéndum de 1986; el estallido del escándalo de los GAL tras la investigación de Diario 16 iniciada en 1987; o la ruptura, ese mismo año, entre PSOE y el sindicato UGT por desavenencias en la política laboral que llevó a que el histórico sindicalista Nicolás Redondo abandonara su escaño en el Congreso. 

En páginas interiores de aquel 8 de agosto, El País recogía que la jornada había transcurrido con normalidad: el vicepresidente había acudido invitado por el también socialista Gregorio Peces Barba, uno de los padres de la Constitución, para cerrar el seminario sobre el décimo aniversario del texto. "Una vez que el vicepresidente del Gobierno terminó su disertación sobre la Constitución, que fue acogida con una fuerte ovación", contaba Díez, "se abrió el turno de preguntas para los estudiantes". Y ahí es donde estuvo el problema. Decía Diario 16: "Estas espontáneas reacciones [las risas y silbidos] a las palabras de Guerra se produjeron durante el coloquio que siguió a la conferencia, y estuvieron motivadas por la airada respuesta del vicepresidente a una pregunta que le incomodó visiblemente". Un alumno, "en tono muy respetuoso" según El País, reprochó al político que con el PSOE se estuviera dando "un retroceso en las libertades públicas y en la libertad de información" y que el Ejecutivo no permitía que el Parlamento hiciera "su labor de control". "Con cierto sentimiento, este estudiante requirió a Guerra que no renunciaran a la ejemplaridad. Un prolongado aplauso siguió a la intervención", escribía Díez. 

La respuesta de Guerra fue dura: "Usted no me ha hecho una pregunta, sino una prédica, y no sé desde qué ángulo habla, porque algunas de las cosas que ha dicho las leo en el ABCABC". El socialista pasó entonces a negar que el Gobierno pusiera cortapisas a la información —"aquí se sabe hasta el color de los calcetines de los políticos"— y se lanzó en defensa de su partido con la frase que originaría las carcajadas: "Puede haber media docena de socialistas conviviendo con esa llamadabeautiful people, que no tiene nada que ver con el socialismo. El mundo del PSOE es de campesinos, trabajadores, obreros...". Según la crónica de El País, y aunque estaba previsto que Guerra almorzara con los organizadores, Guerra abandonó la universidad de inmediato, en compañía de Peces Barba. 

El héroe del Barça, acusado de violación

Aquel día, los principales periódicos abrían con otra noticia que ocuparía las conversaciones de las siguientes semanas: José Ramón Alexanko (conocido como Alexanco o Alesanco), capitán del Barça, había sido detenido por la policía holandesa acusado de un delito de violación. El futbolista había sido denunciado por una joven de 20 años, trabajadora del hotel de la ciudad de Papendal en el que se alojaba el equipo. La noticia se hacía pública el viernes y llegaba a los quioscos el sábado, pero el deportista había sido arrestado el miércoles anterior. El mismo 8 de agosto, Alexanco era puesto en libertad con cargos. 

Las reacciones en el club fueron tibias. Al poco de su detención, el presidente del Barça, Josep Lluis Núñez, decía a El País: "No estoy preocupado porque creo que se trata de un error, pero quiero saber qué ha pasado realmente" y calificaba al futbolista de "gran deportista y de conducta intachable". Nicolas Casaus, vicepresidente primero del club, aseguró primero que "sería espantoso que José Ramón Alexanco volviera a vestir la camiseta azulgrana", y aclaraba que Alexanco "nunca negó ni a nosotros [por el club] ni a su esposa que hubiera tenido contactos sexuales con la empleada del hotel de Papendal". Pero matizó luego sus palabras alegando que la situación del jugador sería estudiada por el Consejo Directivo. Casaus señaló también a los periodistas que "las muchachas holandesas son diferentes de las españolas, son menos recatadas y pueden entrar en un vestuario mientras los jugadores se duchan".

El caso se alargaría en los tribunales. A principios de septiembre, la denunciante se quejaba, a través de sus abogados, del acoso de la prensa española, que según ella había tratado de averiguar su identidad a través de otros empleados del hotel. "La cliente pide a la prensa que no siga por ese camino, ya que la mención de su nombre, otros datos personales, e incluso su fotografía, le harían un daño inútil, tanto a ella como a sus familiares. La cliente desea que la Prensa suspenda sus inoportunas investigaciones actuales", rezaba su comunicado. Pese a las publicaciones en prensa que aseguraban que Alexanco no sería procesado "por falta de pruebas", en enero de 1989 la justicia holandesa anunció que el futbolista sería procesado. Sin embargo, en diciembre de 1990 el caso era sobreseído: los abogados de ambas partes habían llegado a un acuerdo, cuyas condiciones no se hicieron públicas, y la Fiscalía decidió no seguir adelante "en interés de la propia víctima".

Alexanco no fue expulsado en ningún momento del club, donde seguiría jugando hasta 1993 y donde seguiría trabajando después en labores técnicas y organizativas. En febrero de 2017 fue nombrado director deportivo del Valencia, puesto del que fue despedido en septiembre de ese mismo año. 

El 3 de agosto de 1987, las grandes cabeceras españolas —a excepción de ABC— informaban sobre la millonaria revuelta popular en Irán en respuesta a la masacre de más de 400 civiles en La Meca por autoridades saudíes. Todos los países de tradición islámica de la región —menos la Libia de Gadafi— se posicionaron del lado de Arabia Saudí, y el ayatolá Jomeini llamó a los fieles iraníes a la venganza. Mientras tanto, en España se celebraba la segunda victoria mundial de Jorge Martínez Aspar en 80 cc en el circuito inglés de Donnington. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

Entre 1980 y 1988 se libró una de las peores guerras de desgaste del siglo XX: la guerra entre Irán e Irak o, como la llamó el pueblo iraní, la Guerra Impuesta. Fue el presidente iraquí Sadam Husein quien, a los pocos meses de haber alcanzado la presidencia de Irak, impuso la guerra a Irán con el objetivo de revertir los Acuerdos de Argel y anexionar los estratégicos territorios fronterizos del sureste. Husein todavía no había invadido Kuwait (lo haría en agosto de 1990), por lo que gozaba del beneplácito y el apoyo logístico estadounidense. La guerra de trincheras y el uso de armas químicas fue la postal de un conflicto inútil, especialmente sangriento, que acabó con la vida de más de 1,5 millones de personas y dejó más de 7 millones de mutilados.

En el contexto final de la Guerra Impuesta, cuando tuvo lugar uno de los peores genocidios químicos de la historia, la Campaña Anfal de Sadam Husein contra el pueblo kurdo, en La Meca morían 402 personas. Entre ellas, 275 peregrinos iraníes. Ocurrió el viernes 31 de julio y, como informaría a las pocas horas la agencia de noticias iraní IRNA, miles de manifestantes iraníes estaban protestando en la ciudad santa en contra de la coalición internacional entre Estados Unidos, Arabia Saudí y el resto de países islámicos de la región. La policía saudí cargó contra la multitud con porras, gases lacrimógenos, mangueras de agua hirviendo y, finalmente y sin avisar, armas de fuego.

Según las estimaciones de las autoridades saudíes al día siguiente de la masacre, de los 402 fallecidos, 275 eran partidarios iraníes del ayatolá Jomeini, 85 eran agentes de la policía saudí y 42 eran peregrinos de otras nacionalidades. No obstante, Radio Teherán afirmaría que los enfrentamientos causaron 650 muertes y desapariciones entre los peregrinos iraníes, a las que se sumaban 700 hospitalizaciones. Dos días más tarde, el domingo 2 de agosto, más de un millón de iraníes se congregaban frente al parlamento de Irán y clamaban venganza. Acusaban a Arabia Saudí y a su patrocinador estadounidense de haber organizado la matanza de peregrinos iraníes de La Meca. El presidente del parlamento, Hachemi Rafsanjani, dijo a la multitud encolerizada lo que quería oír: "Los mártires inocentes de La Meca serán vengados".

La manifestación, que contó con la asistencia de todos los políticos gubernamentales de Irán, pedía la sangre de la Casa Saúd. El periódico Diario 16 reproducía numerosas de las sentencias condenatorias de Hachemi Rafsanjani: "Nosotros, como soldados de Dios e implantadores de los principios divinos, nos comprometemos a vengar a estos mártires, barriendo al régimen saudí de la zona", decía, mientras acusaba al Gobierno de Riad de ser uno de "los agentes criminales del imperialismo y de los infieles" y pedía a "todos los musulmanes del mundo" que vengaran "la carnicería". Entre los cientos de miles de personas, se quemaban fotos del rey de Arabia Saudí y se escuchaban gritos: "Muerte a América", "Mueran los saudíes" y "Venganza, venganza".

En su discurso, y entre el sentimiento general de luto enardecido, el presidente del parlamento iraní anunció una ofensiva militar contra Irak. El periódico La Vanguardia precisaba: "Las fuerzas aeronavales iraníes comenzarán mañana en aguas del Golfo unas maniobras a las que han puesto el nombre de 'Martirio', justo cuando está previsto que el 'Gas Prince' y su escolta norteamericana crucen el estrecho de Ormuz, rumbo al mar de Omán". El pueblo iraní se había levantado en numerosas ciudades del país y se habían asaltado las embajadas de Francia, Kuwait y Arabia Saudí. El fervor había adquirido tintes revolucionarios y la comunidad musulmana iraní exigía −y así lo anunció Rafsanjani− arrebatarle a Arabia Saudí el control de las ciudades santas de La Meca y Medina, "que pertenecen al Islam". La noticia de El País tomaba el pulso internacional: "El grupo libanés proiraní Hezbolá (...) ha hecho pública su voluntad de atacar los intereses norteamericanos en todo el mundo" mientras "numerosos jefes de Estado árabe se han solidarizado con el rey Fahd de Arabia Saudí, y Egipto ha pedido una reunión urgente de la Organización de la Conferencia Islámica".

Aspar, campeón del mundo de 80 cc por segunda vez

Aquel agosto de 1987 fue inaugurado por el motociclismo español, que se anotó una nueva victoria histórica de la mano de Jorge Martínez, más conocido como AsparAspar. El motorista valenciano de Derbi arrasó en el Gran Premio de Gran Bretaña cuando todavía restaban tres carreras para la conclusión del campeonato. Era su segundo premio mundial consecutivo y reconoció que le había resultado más fácil de conseguir que el primero, cuando tuvo que enfrentarse "incluso a Ángel Nieto". 

Todos los diarios generalistas −a excepción de ABC, que hacía un alegato de la monarquía− trajeron la noticia en portada e ilustraron la victoria mundial de Aspar con una fotografía del corredor descorchando una gran botella de champán con la mirada puesta en el cielo. La Vanguardia resumía: "Aspar tiene 102 puntos en la clasificación del campeonato y su principal perseguidor, el alemán Gerhard Waibel, suma 54 puntos. En el mejor de los casos, el piloto alemán solo podría añadir 45 puntos más a los que ya tiene, cifra insuficiente para alcanzar a Aspar".

Jorge Martínez Aspar (Alcira, 1962) sería dos veces más campeón del mundo con el fabricante de motocicletas Derbi en 1988: una más en 80 cc y otra en 125 cc. Entraba así en la lista de los campeones con doblete, en la que se encuentran el legendario piloto italiano Giacomo Agostini o el español Ángel Nieto. El inicio de su carrera fue fulgurante, pues pasó de correr por primera vez con una moto alquilada en 1979 a hacerse con el Campeonato de España en la categoría de 50 cc en 1981. En esta categoría, que se transformaría en la de 80 cc, mantendría el liderazgo en el torneo nacional hasta 1989, con la excepción de 1987, donde triunfó Manuel Champi Herreros. Aspar fue el último piloto en llevarse dos mundiales en el mismo año.

El 2 de agosto de 1986, los medios recogían la destitución del gobernador civil de Alicante por su implicación a título de cabecilla en la concesión de administraciones de loterías a miembros del PSOE y sus familiares. La trama de tráfico de influencias, que se extendía a seis comunidades autónomas, fue rápidamente detenida y la opinión pública encarnada en la prensa arremetió en bloque contra la corrupción política. A esa crispación se sumó un tenso fuego cruzado entre el Gobierno vasco y el Gobierno central, por el apoyo que este último estaba dando a Francia en su política de extradiciones de etarras a países americanos. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

Al gobernador civil de Alicante por el PSOE, Octavio Cabezas, le explotó una urdida red de tráfico de influencias basada en la concesión nepotista de las administraciones de loterías. El 14 de junio, el diario La verdad había sacado a flote los primeros casos en la provincia de Alicante y la investigación judicial tiró del hilo hasta descubrir que la trama se extendía a otras seis comunidades autónomas. Destacaban por su gravedad Murcia, Andalucía y Cataluña. Familiares, militantes y simpatizantes del Partido Socialista se habían beneficiado de su cercanía al partido en el Gobierno. Y, si bien el Consejo de Ministros practicó un cese fulminante a Cabezas, dos semanas más tarde de su destitución ya eran casi 500 los recursos ante el Ministerio de Economía y Hacienda contra el resultado de la adjudicación de loterías en toda España.

La prensa evaluó positivamente la mano dura del Ejecutivo de Felipe González, pero buscó responsabilidades. No podía ser, entendía, que el gobernador de Alicante hubiera actuado solo. En su editorial del 28 de julio de 1986, El País sentenciaba: "Ahí está el mal. Procede de la idea del Estado-propietario, y viene del fondo de los siglos. (...) La difusión de privilegios por las autonomías y los municipios no ha reducido la idea del poder central como dispensador de regalías, sino que la ha acrecentado y puede hacer recordar cuestiones de feudalismo y caciquismo". El diario nacional reflexionaba sobre el término concesión y su sinonimia con "privilegio, regalo, donativo o favor". Para terminar remachando: "La celeridad con que el partido socialista ha acudido a resolver tajantemente la pequeña cuestión de las loterías indica su temor al gran entredicho de su nepotismo. Sería inútil, y hasta burlesca, si se quedara sólo en eso y no mostrase una voluntad de llegar mucho más arriba en esta busca de la justicia".

En la noticia de Diario 16 sobre el cese de Cabezas, se informaba sobre el origen de la revelación: "Junto al senador José Joaquín Moya, [Octavio Cabezas] fue denunciado, dentro de su propio partido, como responsable directo de una denominada «operación Nécora» ([acrónimo de] Negocios Comarcales Rápidos), que incluía las concesiones de loterías". Al tiempo que el Partido Comunista y Alianza Popular pedían las dimisiones de todos los políticos socialistas salpicados por el escándalo, el propio Cabezas iniciaba su defensa pública. Y lo hizo en su despedida, acusando a los medios de haber informado "de forma totalmente excesiva y tergiversada", reconociendo que le habían "metido un gol" y convencido de sí mismo: "No tengo nada que reprocharme ni desde el punto de vista administrativo ni, desde luego, desde la ética de mi actuación personal y política".

El periódico ABC hizo un completo resumen de acontecimientos a doble página a los pocos días, el 10 de agosto. En él se recogía la respuesta socialista al escándalo de las loterías: "Se ha limitado a una simple declaración de Javier Solana diciendo que 'las concesiones todavía son provisionales'; la destitución de un gobernador; la imposición de silencio al Organismo Nacional de Loterías, y una orden de la Ejecutiva del PSOE". En la línea de lectura de El País, el diario monárquico criticaba: "Un solo cese ni es suficiente ni soluciona nada para la oposición". 

Expulsiones transatlánticas de etarras

Ese 2 de agosto se producía un tenso fuego cruzado entre el Gobierno central y el Gobierno vasco. El Ejecutivo de Felipe González se había posicionado a favor de las deportaciones transatlánticas que el Gobierno francés estaba haciendo con los etarras detenidos en suelo de su jurisdicción. Había ocurrido recientemente con el número uno de ETA, Domingo Iturbe Abasolo, Txomin, que fue enviado a Gabón, y en 1984 con el número dos de la banda, Eugenio Etxebeste Arizkuren,Antxon, que fue confinado en República Dominicana.Según publicaba Diario 16 en una escueta nota informativa, el por entonces lehendakari vasco, José Antonio Ardanza, aseguró que "el Gobierno central se está poniendo nervioso". Y, en declaraciones recogidas por El País, el presidente del Gobierno vasco acusó a Madrid de querer que todos sean "como corderitos a las órdenes del pastor". Ardanza respondía así a las palabras del delegado del Gobierno, que había calificado de "intolerable" la posición contestataria del Ejecutivo vasco a la decisión de Felipe González de apoyar a Francia en las expulsiones de etarras a suelo americano. Antxonconfinado en República Dominicana

Diario 16José Antonio ArdanzaEl Paísexpulsiones de etarras a suelo americano

El 1 de agosto de 1985, todas las portadas de los diarios españoles informaban sobre la reunión que acababan de tener los países miembros de la Conferencia de Helsinki y firmantes de la llamada Acta Final, un documento que en 1975 había servido para desescalar la Guerra Fría. Los periódicos ponían entonces especial atención al intercambio de opiniones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyos presidentes, Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov, protagonizarían la gran cumbre de Ginebra en noviembre. Mientras, en España daba comienzo la Operación Salida con más de 1,3 millones de desplazamientos desde los grandes centros urbanos hacia los lugares de veraneo, un tradicional éxodo español que no ha dejado de crecer. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

Helsinki suena en política internacional a seguridad y distensión. No es para menos. En la capital finlandesa se celebró en 1973 la primera sesión de una conferencia que perseguía la confección de un acuerdo de cooperación y seguridad entre 35 países, y que llegó a puerto en 1975 con el nombre de Acta Final, Declaración o Acuerdos de Helsinki. Nacía la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Diez años más tarde, ese 1 de agosto de 1985, la alianza resultante de la conferencia había logrado reducir las tensiones de la Guerra Fría y había comenzado a materializar el mapa geopolítico derivado de la II Guerra Mundial mediante la máxima de la inviolabilidad de las fronteras nacionales. Pero la reunión de los países de la Conferencia de Helsinki en ese décimo aniversario no tenía sustancia más allá de acercar a las dos superpotencias en el último tramo de una etapa histórica.

Todos los periódicos llevaban la noticia en portada, pero cada uno destacaba algo diferente. "Helsinki, diez años después: en Europa solo quedan dictaduras en el Este" (ABC) ,"Americanos y soviéticos negocian" (La Vanguardia), "España, único país occidental que no condenó a la U.R.S.S. en Helsinki" (Diario 16) o "Washington y Moscú acercan posiciones ante la 'cumbre' de Ginebra" (El País). De la misma forma, los análisis y enfoques eran diferentes de un medio a otro. La Vanguardia recogía la paradoja del encuentro de Helsinki: "La reunión tuvo lugar en la embajada norteamericana, y si el ambiente fue tan relajado y distendido como los rostros de los participantes, los augurios y perspectivas de un acuerdo no pueden ser mayores. [...] el discurso pronunciado por Shultz [secretario de Estado de EEUU] el pasado martes fue bastante agresivo, acusando a la URSS de violar sistemáticamente el acta de Helsinki". Diario 16 puso el foco en la aportación del ministro de Asuntos Exteriores español, Francisco Fernández Ordóñez (PSOE), al encuentro internacional: "El ministro español, que fue el último orador de la tarde, pronunció uno de los discursos más breves, apenas diez minutos, que han oído desde que el martes comenzaron los actos del aniversario del Acta Final de Helsinki".

La Guerra Fría anticipaba su final desde que Mijaíl Gorbachov llegara a la Secretaría General del Partido Comunista de la URSS en 1985 y emprendiera la Perestroika, el famoso programa de regeneración económica interna. Pero las superpotencias seguían armadas hasta los dientes y alguien tenía que poner la primera piedra del nuevo orden. La carrera de Ronald Reagan hacia la presidencia de Estados Unidos se había basado en el ataque verbal sistemático hacia el bloque soviético (el "imperio del mal"), con la promesa continuada de incrementar el gasto militar y responder con la fuerza ante cualquier ataque comunista (ideología que acabaría en "el montón de cenizas de la Historia"). Sin embargo, a partir de Helsinki las tensiones disminuyeron y la palabra más utilizada por la esfera diplomática de Washington y de Moscú fue "diálogo". La cumbre de Ginebra de 1985 fue un antes y un después. Ambos dirigentes no se conocían y, si bien no llegaron a acuerdos formales, sí trabajaron por acercar posiciones y rebajar tensiones políticas y militares.

El "éxodo masivo"

Los titulares que ese 1 de agosto llevaban a portada la Operación Salida tenían un aire de espectacularidad: "Se inició anoche el éxodo masivo de veraneantes hacia las costas españolas" (El País) u "Ocho millones de españoles en las carreteras" (Diario 16). Pese a la poderosa actualidad, hay cosas que no cambian, y los medios de comunicación se siguen llenando, a principios de agosto, de previsiones de tráfico y carreteras colapsadas. Pero las cifras no son las mismas: en 1985, la Dirección General de Tráfico preveía que 1,3 millones de vehículos abandonarían "los centros urbanos en dirección a los lugares de veraneo", como recogía la nota de El País. En este 2018, el organismo estima que se producirán 3,2 millones de desplazamientos.

Las carreteras están hoy más frecuentadas que hace 20 años. Aunque la diferencia en la recogida de datos haga difícil comparar cifras de desplazamientos y vehículos (un mismo vehículo puede realizar más de un desplazamiento), el parque automovilístico sí permite ver cómo ha cambiado la población de las carreteras españolas: si en 1985 había poco más de 300 vehículos por cada 1.000 habitantes, en 2017 fueron algo más de 500. Pese a este aumento, el número de víctimas mortales en carretera se ha reducido drásticamente desde entonces: si en 1985 perderían la vida 4.189 personas, en 2017 lo harían 1.200.

Las noticias publicadas también señalaban variaciones en las costumbres viajeras. "La salida masiva, según Tráfico", continuaba El País, "se producirá entre las cinco de la madrugada y las ocho de la mañana de hoy". Ahora, sin embargo, Tráfico señala, como tramos horarios más desfavorables, la tarde del 31 de julio entre las tres de la tarde y las diez de la noche, y la mañana del 1 de agosto entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde.

Había consenso en las portadas de los principales diarios el 31 de julio de 1984. Hacía tres días que se habían inaugurado los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y el medallero tenía un poderoso tirón informativo. Como siempre, las Olimpiadas no eran solo un asunto deportivo: 14 países del bloque oriental, incluidas la Unión Soviética y Alemania del Este, habían anunciado su boicot al evento en respuesta al bloqueo organizado por Estados Unidos y algunos de sus aliados cuatro años antes, en los Juegos Olímpicos de Moscú. El triunfo de España en baloncesto contra Canadá, primero de una serie que llegaría hasta la plata, compartía espacio en los medios con la detención en Francia de Eugenio Etxebeste, Antxon, número dos de ETA. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

Las principales cabeceras españolas traían el periplo español en los Juegos Olímpicos, donde España acababa de lograr su primera victoria. La selección de baloncesto había superado a Canadá por un punto (83-82) en "un encuentro dificilísimo", como apuntaba el diario ABC junto a una vertiginosa fotografía a portada completa. La victoria se desprendió de un partido donde el equipo español "desde el principio fue con ventaja en el marcador", detallaba Diario 16, pero tras la expulsión del legendario Fernando Martín, comenzó a complicarse el juego y Canadá acortó distancias.

"[España] no tuvo suficiente punch para deshacerse de su rival, que defendió muy fuerte, atacó discreto y nos avasalló en los rebotes (ofensivo y defensivo) sobre todo cuando fueron cayendo Romay, Martín y Jiménez", analizaba el cronista de El Mundo Deportivo sobre la primera parte del encuentro. Y remachaba: "La reanudación confirmó los augurios. No hubo director, a los pívots se los comieron las faltas por su inferioridad en los rebotes y los aleros no recibieron ni un solo bloqueo, pero allí estuvo Margall, que se alejó del aro hasta 8 metros y engatilló con certeza. Sus canastas fueron providenciales. [...] El equipo debe ir para arriba después de pasar esta prueba de responsabilidad que, junto con el rival, atenazó a nuestros internacionales. Ahora a pensar en Uruguay".

El España contra Canadá reunió en el Forum de Los Ángeles a 10.746 espectadores y fue el primer partido de la primera fase de los Juegos Olímpicos de 1984. La evolución del campeonato mundial de baloncesto resultó menos tortuosa para la selección española, que logró puntuaciones más holgadas y se clasificó para la final tras imponerse 74-61 a Yugoslavia. Sin embargo, Estados Unidos se convirtió en un muro inescindible con Michael Jordan a la cabeza y España cayó rendida 65-96.

El Mundo publicó una crónica por el 25 aniversario de aquel histórico enfrentamiento —en 2019 se cumplirá el 35 aniversario— donde "España ya había celebrado su plata por anticipado, dos días antes, cuando al derrotar en la semifinal a Yugoslavia se había ganado el derecho a jugar el último partido del campeonato, con la medalla asegurada y valorada prácticamente como si fuera la de oro". Y no se celebró con tal regocijo por ser la primera medalla de la historia del baloncesto en nuestro país, pues en el medallero español ya colgaban las platas del Eurobasket de 1935, 1973 y 1983, sino por tratarse de la primera final olímpica y por el esfuerzo continuado del equipo de Antonio Díaz-Miguel por llegar hasta ese punto en el campeonato. "Pero la plata de 1984 fue la que marcó el inicio de la historia moderna del baloncesto español y durante muchos años fue el mayor referente de varias generaciones de aficionados", reflexionaba el cronista de El Mundo.

El Forum de Inglewood, la que por entonces era la casa de los Lakers, junto con sus excelsas columnas exteriores, es ya una fuente de recuerdos para toda una generación de españoles que se enganchó al baloncesto gracias a la victoria en Los Ángeles 84.

Detención de Antxon, número dos de ETA militarAntxon

Ese 31 de julio de 1984 los periódicos se hacían eco de la captura en Francia de Eugenio Etxebeste, el veterano dirigente de ETA más conocido como Antxon. La detención se produjo en las proximidades de la localidad portuaria de Anglet, en el marco de una nueva estrategia de colaboración entre España y Francia en el conflicto vasco. El país galo ya había anunciado aquel mes de junio que su Gobierno no reconocería como refugiados a los miembros de ETA residentes en el país. No obstante, una vez capturado, el Gobierno francés le deportó a República Dominicana; una práctica habitual, pero que hasta entonces solo se había realizado con exmiembros de la banda o dirigentes históricos.

Diario 16 biografiaba al etarra en una escueta columna en portada: "Eugenio Echeveste es calificado como un 'duro' de la organización, y se le atribuyen fuertes enfrentamientos con el principal dirigente de ETA, Domingo Iturbe Abasolo, alias TxominTxomin, en las discusiones sobre la estrategia a seguir por ETA". Y destacaba el relieve de la detención de Antxon: "En concreto, según fuentes policiales españolas, Echeveste es partidario de los atentados en cadena e indiscriminados, mientras que Txomin ha defendido acciones con un carácter más selectivo".

Era el resultado de la histórica escisión interna de la banda en los años setenta: ETA militar (1958-2018) y ETA político-militar (1974-1986). Antxon y Txomin formaban parte de ETA militar, si bien el segundo era "más favorable al terrorismo selectivo, al que se le atribuye cierta capacidad de pacto a la hora de una hipotética salida negociada para ETAm", explicaba el diario El País, que añadía que Antxon, de 33 años y residente en Francia desde hacía 10, era "considerado por la policía española, dentro de la dirección de ETAm, el elemento que mantiene las tesis marxistas-leninistas más radicales y menos nacionalistas".

Eugenio Etxebeste sería trasladado más tarde a Argelia, donde tendrían lugar las llamadas conversaciones de Argel, una vía de negociación abierta entre el Gobierno socialista y la banda terrorista. Tras la muerte del número uno de ETA, Domingo Iturbe Txomin, en un accidente de tráfico, Eugenio Etxebeste Antxon se convertiría en el principal negociador durante las charlas, que se cerraron sin acuerdo. Lo seguiría siendo posteriormente, y pese a su deportación a República Dominicana, hasta mediados de los noventa. Antxon fue juzgado por pertenencia a banda armada –el único proceso abierto contra él en España– y sentenciado en 2001 a diez años de cárcel. Para entonces había cumplido ya cuatro de prisión preventiva y saldría en libertad en 2004.

El 30 de julio de 1983, moría Luis Buñuel en su exilio en México a la edad de 83 años y consciente del trágico final por su mal estado de salud. El cineasta español, icono internacional del surrealismo y de la denuncia política y social, no perdió el sentido del humor ni en su último suspiro. En la portada del periódico ABC, el escritor Mario Vargas Llosa inauguraba una serie sobre la matanza de Uchuraccay en la que murieron ocho periodistas peruanos. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

Una tipografía ancha, gruesa y mayúscula, más dimensionada que la propia cabecera de Diario 16, anunciaba ese 30 de julio el fallecimiento de Luis Buñuel Portolés. "Puedo establecer fácilmente mi diagnóstico: soy viejo. Esa es mi principal enfermedad. Solo me siento bien en mi casa, leal a mi rutina diaria", escribía de manera clara y sincera en Mi último suspiro, su libro de memorias, poco antes de llegar a su 83º y último cumpleaños. Para entonces la historia ya le había recompensado y Buñuel figuraba entre los mejores directores de cine de todos los tiempos.

El periódico acompañaba la necrológica con una fotografía del cineasta turolense riendo a la altura del titular: "Murió Buñuel". Como un guiño al absurdo y a la sinrazón con que él mismo entendía la vida y la cinematografía. Su médico personal apuntaba a una insuficiencia hepática, renal y cardiaca como causa clínica de la muerte. Resumía: "Víctima de la vejez". El resto de médicos que le atendieron en sus últimas horas contaron que "estuvo lúcido y de buen humor hasta el último momento, pese a sus numerosos males".

Nacido en 1900 en Calanda, un pueblo del Bajo Aragón, el maestro de la cinematografía fue testigo y víctima del siglo XX. Su muerte cayó como jarro de agua fría entre las mentes de la cultura de la época. El periódico El País recogía los testimonios de varias personas, amigas y admiradoras de Buñuel, tras conocer el desenlace de una vida dedicada y entregada a la gran pantalla. El actor y director mexicano Luis Alcoriza, uno de los grandes amigos de Buñuel, dijo que no era un genio "porque no se comportaba como tal" y precisó que "era un hombre tímido, asustadizo, lleno de bondades, desesperado, que siempre ha estado en contra de la violencia y lleno de pequeños defectos humanos". El internacionalmente conocido Fernando Rey, actor de gran número de películas de Buñuel, como las reverenciadas Viridiana o Tristana, sintió mucho el fallecimiento: "Tengo un dolor muy profundo. Llevo dos noches sin dormir, desde que supe que el desenlace estaba próximo. Solo se me ocurre que he perdido a un amigo al que quería con toda mi alma. Le quería mucho y no tengo nada más que decir".

Luis Buñuel había recibido en enero de ese año la Gran Cruz de Isabel la Católica de la mano del ministro socialista de Cultura Javier Solana. Ya entonces el ministro advirtió −y recordaba− que "a pesar de que se daba cuenta de que no podía llevar una actividad como en sus mejores tiempos, Buñuel conservaba una inteligencia constantemente lúcida que se traducía en una gracia y en una frescura intelectual poco usuales".

El alcalde de su Calanda natal transmitió el dolor y la congoja de un pueblo que quería al cineasta, y habló del "gran amor que Luis Buñuel tenía por el pueblo y que le hacía ir todos los años por Semana Santa a Calanda a la fiesta de los tambores, aunque en los últimos cuatro años sólo podía oír el sonido de los tambores por teléfono". México fue su segunda patria, a la que llegó exiliado en 1945 y de la que se nacionalizó en 1949. La célebre Pilar Miró, directora general de Cinematografía en aquellos años, consideraba imperdonable el hecho de que a Buñuel, que "le hubiera gustado vivir aquí y se sentía español, como se ve en todas sus películas", se le hubiera impedido estar su país y hubiera querido morir en México "porque se encontraba más sereno, tranquilo y acompañado".

Puede que el turolense no fuera feliz, aquejado por la brutalidad de un siglo de guerras y exilios, pero −como apuntara recientemente Jan Martínez− cambió la felicidad "por la carcajada irreverente". "Era un hombre desolado y rugiente que se nutría de la devastación de su experiencia para crear arte".

Vargas Llosa desentraña la matanza de Uchuraccay

El periódico ABC presentaba a portada completa una fotografía de Mario Vargas Llosa y, en un pequeño bloque de texto, informaba sobre la próxima publicación de una serie de artículos del periodista peruano, basados en el informe Vargas. Si el documento llevaba su apellido es porque el presidente Fernando Belaúnde Terry (de Acción Popular) le había encargado meses atrás la presidencia de la comisión que investigaría una matanza ocurrida en la comunidad altoandina de Uchuraccay. La gravedad de la información justificaba aquel despliegue autopromocional. Se trataba del asesinato, supuestamente por error, de ocho periodistas de distintos diarios nacionales de Perú a manos de los comuneros de la zona.

El 26 de enero de 1983, los periodistas seguían la pista de una masacre de la organización terrorista Sendero Luminoso y fueron presuntamente confundidos con terroristas por los campesinos de la comuna. En los artículos de la serie en ABC, Vargas Llosa contaba, a través de técnicas narrativas, la llegada de los periodistas a la región y la posterior matanza. En esta primera entrega se centraba en Amador García, reportero gráfico del periódico Oiga. La guerra contra Sendero Luminoso, librada entre principios de los ochenta y principios de los noventa, dejó alrededor de 70.000 muertos.

El informe Vargas aseguraba que, en el asesinato de los ocho periodistas, no estuvieron vinculadas de ninguna manera las fuerzas armadas. Sin embargo, a día de hoy, los familiares de las víctimas siguen reclamando que se esclarezcan y depuren las responsabilidades de los militares en el suceso, a quienes acusan de haber entrenado a los campesinos y ordenado la acción. Distintos gremios de periodistas peruanos presentaron en 2004 una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se reabrieran las investigaciones: la demanda fue aceptada en 2010 y aún no se ha hecho pública ninguna resolución.