El popular cómico catalán Dani Mateo, aunque estudió Periodismo en la universidad, ha dedicado toda su carrera profesional al humor. Ahora, con los 40 ya cumplidos, es uno de los cómicos más conocidos del país. Su trabajo en El Intermedio y en Zapeando le ha dado una enorme popularidad. Fuera de los platós es siempre un hombre simpático y accesible. Él se define básicamente como "un tipo bastante miedoso, hipocondríaco y de todo", que gracias al humor consigue reírse de la vida.

PREGUNTA: ¿Recuerdas el primer momento en el que te diste cuenta de que eras gracioso?

RESPUESTA: Yo me di cuenta de que era gracioso cuando vi que se reían conmigo, y eso lo vi en el colegio. Yo era un chaval que tampoco es que fuera muy popular, la verdad. Era así, gordito, y más bien de los que está un poquito aislado. No era nunca el que marcaba más goles en los partidos porque para eso tendría que haberme metido a jugar en el partido y yo estaba como en un rincón, con un cómic de Mortadelo.

P: La imagen no parece muy divertida…

R: Lo que ocurría es que entonces, cuando íbamos de campamentos, yo solo, sin avisar a nadie, me iba preparando un show con los sketches que había visto de Martes y 13 o de Cruz y Raya. Entonces, liaba a un compañero y ensayábamos los sketches. Y luego, la última noche, por sorpresa, le decíamos a la profesora: "¿Podemos hacer unos sketches?". Así que salíamos, lo hacíamos ahí delante de toda la clase y se mondaban de risa. Y ahí dije: "¡Hostia, esto es muy divertido, y además me permite existir!". Así que hasta entonces yo era un ser marginal por ahí, flotando… Era como Patrick Swayze en Ghost, ¿no? Para que me vieran tenía que tirar una taza.

P: ¿Y tus inicios ya profesionales?

R: Cuando empecé a ver que realmente podía dedicarme a esto, fue al cabo de un tiempo de empezar a hacer monólogos. Mi primera impresión cuando empecé no fue que me podía dedicar a ello. Era malo de cojones. Era una cosa… Les metía unos rollos… Quiero decir que de chiste a chiste había una brasa que no te puedes ni imaginar. Claro, te van ayudando, te van puliendo… En Paramount Comedy teníamos muy buenos profesoresParamount Comedy. Estaban Ricardo Castella y Juan Diego Martín, que eran los que se encargaban de coger el texto, corregirlo y ayudarte. Había muy buen ambiente, te fijabas en los demás. Allí, en Paramount Comedy, fue donde aprendí a ser cómico.

P: ¿Qué tal es la relación de un cómico famoso con sus fans?

R: Recuerdo una vez que estaba llorando, hablando por teléfono en la calle. Entonces, vino una persona a pedirme una foto. Yo la miré con lágrimas en los ojos. Y el cabrón, me dijo: "No, no, tranquilo, que espero". ¡Que espero! No pensó: "¡Hoy no toca!. ¡No!". Podía haber dicho: "Tranquilo, que espero a que se te pase el disgusto y luego nos hacemos la foto". Que ahí dices: ¡Pero tú eres un grande de España!

P: Eso es lo que se llama un tío perseverante…

R: Y luego hay otra muy buena, que es una vez que disimulé y no quería hacerme una foto, porque iba con prisa. Entonces, cogí el teléfono y empecé a fingir que hablaba: "Sí, sí… No, eso lo tenemos que arreglar, cuéntame… Ya, ya, es un problema...". Entonces le hago el gesto de que no puedo atenderle. Y él me dice por gestos que me espera sin problema… Y ¡se espera también! Y ahí tuve que inventar toda una conversación por teléfono para no quedar mal: "Sí, esta tarde nos vemos… A las siete está bien, sí, nos vemos…" ¡Con el teléfono apagado! Que me digo: "¿Qué estoy haciendo con mi vida?". Al final, me tuve que hacer la foto y no le dije nada, pero debería haberle felicitado: "Me has hecho pasar uno de los peores momentos de mi vida, felicidades". En las dos ocasiones, me ganaron.

P; ¿Dónde has encontrado el público más sorprendente?

R: Una vez, cuando fui a Cuba, estaba allí en la piscina del hotel. Habíamos estado bebiendo piña colada y de todo, nos habíamos venido arriba. Y me voy a la barra a pagar y me dice: "Tranquilo amigo, que ya está pagado. ¡Usted es aquí un ídolo!". Y digo: "¿Yo soy un ídolo en Cuba? No recuerdo haber sido revolucionario en ningún momento de mi vida".

P: ¿Te habían confundido con alguien famoso?

R: Resulta que me contaron que allí en Cuba se pasan los programas de El Club de la Comedia con un pendrive de mano en mano. Así que todos los cómicos de El Club de la Comedia allí somos diosesEl Club de la Comedia. De hecho, fui a ver a un amigo cómico que actuaba en el teatro Carlos Marx y se pusieron 3.000 personas en pie a aplaudirme y decían desde el escenario: "¡Tenemos aquí a un cómico español!". Pero lo más importante es que no pagué las bebidas.

P; ¿Ese es el público más apasionado con el que te has encontrado?

R: Cosas locas me han pasado un montón. Me acuerdo una vez que tenía tos y, con los nervios, antes de la actuación, me bebí un bote de Bisolvon entero. ¡No probéis eso, eh! ¡Eso lo persigue la DEA! Me pillé tal globazo que acabamos todos, todo el teatro, cantando. "¡Bisolvon, Bisolvon!". Bueno, cosas patéticas en general.

P: ¿Qué significa la comedia para ti?

R: A mí el humor me parece la única salida digna de este mundo, de esta vida. Porque es una gran broma. Lo que nos hacen es una broma bastante pesada. Dejarte aquí, sacarte del útero y dejarte en este mundo donde hay animales que te comen, coches que te atropellan, enfermedades que te matan, donde no estás seguro en ningún momento del día. En cualquier momento, ahora mismo, te puede dar un apechusque, como dicen en Albacete, y la roscas, que eso me gusta mucho. Esa conciencia de la mortalidad genera una ansiedad que el humor la quita. Y yo creo que la función del humor es ser un bálsamo para el miedo. Cuando hay humor, no hay miedo, te lo quita. Entonces, yo que he sido un tipo bastante miedoso, hipocondríaco y de todo, gracias al humor consigo reírme de la vida, y eso me salva, sin duda.

P: ¿Llevas el humor a todos los espacios de tu vida?

R: El humor es como el tenis. Se tiene que jugar en la cancha. Porque si lo intentas jugar en la carretera, te atropellan. Si juegas a tenis en la vía del tren, pues te pasa por encima el AVE. El humor hay que jugarlo en la cancha. Fuera de la cancha lo puedes jugar. Te puedes arriesgar. Imagina que te para la guardia civil con el coche y le haces el chistecito de turno:

- ¿Papeles?

- No tengo.

- ¿Seguro?

- Seguro que no tengo.

Le haces eso a un guardia civil, si tienes huevos. ¿Te puede salir bien? Sí. Pero, ¿cuántas probabilidades hay de que te salga bien? Poquitas. Así que es mejor dejar el tenis para la cancha de tenis.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid en el que solicita el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones abiertas contra el cómico Daniel Mateo Patau, conocido como Dani Mateo, investigado por sonarse la nariz con la bandera de España en un gag de un programa de la Sexta.

En concreto, está investigado a raíz de la denuncia interpuesta por la organización sindical Alternativa Sindical de Policía tras la aparición del presentador de televisión en un programa emitido en "horario de máxima audiencia" en el que mientras leía el prospecto de un medicamento antigripal, estornudaba y se sonaba la nariz con la bandera de España, han informado desde Fiscalía.

La Fiscalía sostiene que el acto que se reprocha a Mateo, "que no fue acompañado de conducta violenta alguna ni de otras expresiones o gestos vejatorios o insultantes ni de otros comentarios de exaltación, justificación o promoción del desprecio" puede enmarcarse en el ámbito de la puesta en escena "desafiante" o "crítica" de las que se utilizan "cada vez más" para llamar la atención en los medios de comunicación, pero en ningún caso va más allá de un recurso a una "cierta dosis" de provocación "permitida para la transmisión de un mensaje crítico desde la perspectiva de la libertad de expresión".

En su escrito remitido al juez el representante del Ministerio Público precisa que no ha quedado debidamente acreditada la concurrencia de elementos subjetivos o dolosos que exige el tipo penal de ultraje ni los requisitos que lleven a estimar la comisión de un delito de incitación al odio.

Así, la Fiscalía concluye que "ni por el contexto, ni por el contenido, ni por las circunstancias, ni por los fines perseguidos, se descubre en el hecho ejecutado un propósito ofensivo o de menosprecio a la bandera que permita sostener que nos encontramos ante un delito de ultraje".

Enmarcarse en el humor satírico

Es más, explica que resulta necesario contextualizar la acción que "necesariamente" debe enmarcarse en lo que es un sketch "protagonizado por un humorista, dentro de un programa de televisión de humor satírico en torno a noticias de actualidad".

La Fiscalía también recuerda que para imputar un delito "con características similares" a los de la injuria la ley exige un dolo característico consistente en un "propósito inequívoco" de menospreciar y ultrajar la bandera "que en el presente caso no se da".

Y ello "aun a pesar de reconocer y destacar que la conducta desplegada por el investigado produjo una justificada perplejidad e indignación en gran parte de la sociedad".

En cualquier caso, como insiste la Fiscalía, este tipo de acciones sólo pueden "admitirse bajo el prisma de libertad de expresión", según recoge la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que "vale no solamente para las informaciones o ideas acogidas favorablemente o que se consideren inofensivas o resulten indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan , importunan o generan conmoción y preocupación, tales son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática".

"La crítica malsonante, la manifestación políticamente incorrecta, los gestos o actos desabridos, de mal gusto o de impactante exageración no quedan expulsados del campo legítimo de la libertad de expresión", añade.

Por los mismos argumentos la Fiscalía se concluye que tampoco hubo incitación al odio puesto que el investigado, "con su conducta en la que se excluye el ánimo subjetivo agresivo", no incitó a la comisión de delitos ni a la violencia puesto que con sus manifestaciones "hilarantes" no perseguía la violencia ni la venganza ni siquiera "puntualmente".

La Fiscalía de Madrid archivó en junio las denuncias que las formaciones gallegas BNG y Esquerda Unida habían planteado en octubre de 2017 contra la Fundación Franco (FNFF) por delito de odio. Acumuladas en las mismas diligencias de investigación, las denuncias se sustentaban en el comunicado donde la fundación anunció que utilizaría las visitas al Pazo de Meirás para "mostrar al gran público la grandeza de la figura de Franco". Y en las declaraciones con las que dos de sus portavoces justificaron el golpe de 1936, negaron que el generalísimo hubiese ordenado fusilamientos y se reiteraron en que la fundación persigue defender al dictador.

Fuentes del ministerio público han confirmado a infoLibre que el entonces jefe de la Fiscalía de Madrid, José Javier Polo, firmó el 7 de junio el decreto de archivo. Lo hizo, según los interlocutores de este periódico, tras haber remitido las denuncias al grupo especializado en ciberodio. La Fiscalía recabó de La Sexta la entrevista realizada en agosto de 2017 al portavoz de la fundación, Jaime Alonso, y las declaraciones efectuadas a la misma cadena un mes más tarde por el presidente de la FNFF, Gonzalo Fernández de la Mora, durante un debate con la portavoz del BNG, Ana Pontón. Y concluyó que no hubo delito.

La constatación de que las denuncias fueron archivadas se produce una semana después de que un juez imputase al cómico Dani Mateo por delito de odio y por ultraje a los símbolos nacionales tras un sketch humorístico en el que se sonaba –o fingía hacerlo– en una bandera de España. Tras el archivo de las diligencias de investigación sobre la Fundación Franco, y en ello convinieron los interlocutores de este periódico en la Fiscalía madrileña, el BNG y Esquerda Unida tienen la opción de interponer denuncia o querella directamente en los juzgados.

"Naturalmente, nuestra idea es elogiarlo"

Además del comunicado sobre las grandes ventajas que para la Fundación Nacional Francisco Franco implicaba gestionar el Pazo de Meirás, fueron dos las declaraciones públicas que actuaron como detonante de sendas denuncias. El 3 de agosto de 2017, el portavoz de la Fundación Franco, Jaime Alonso, dijo en La Sexta lo siguiente sobre Franco: "Que fusilara gente no es cierto. No fusiló gente ni mandó fusilar. Él, de las penas de muerte, conmutaba o no conmutaba. Era un sistema infinitamente más justo que el que tenían los franceses tras la Segunda Guerra Mundial". A continuación, añadió que la Ley de Memoria Histórica "está distorsionando la realidad". [pincha aquí para ver la entrevista]. 

Un mes más tarde, el presidente de la FNFF justificó en la misma cadena y durante un debate con la portavoz del BNG, Ana Pontón, el golpe de 1936 que desencadenó la Guerra Civil y abrió paso a la dictadura franquista. Según Gonzalo Fernández de la Mora, la afirmación de Pontón sobre el carácter ilegítimo de una toma del poder por la fuerza de las armas "carece de toda base". El máximo responsable de la fundación abundó luego en sus tesis: "En Europa es perfectamente legal la apología del fascismo, en Italia", dijo. Y prosigió así: "El Supremo italiano decretó que era perfectamente legal la defensa elogiosa de la figura de Mussolini y del fascismo en general (...).  En España es perfectamente legal la defensa elogiosa de Francisco Franco y, naturalmente, nuestra idea es hacerlo". [pincha aquí para ver y oír ese fragmento] 

Interpuesta el 9 de octubre de 2017 por su coordinadora, Eva Solla, la denuncia de Esquerda Unida ante la Fiscalía de Santiago subrayaba que el artículo 510 del Código Penal castiga por delito de odio a quienes "públicamente nieguen o enaltezcan delitos de genocidio o de lesa humanidad" y a quienes "lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito". El escrito del BNG, presentado unos días antes en la Fiscalía General del Estado, iba en la misma dirección. Ambos textos acabaron en la Fiscalía de Madrid porque es allí donde la Fundación Franco tiene su sede y donde sus responsables lanzaron las opiniones objeto de denuncia. 

El 18 de julio de este año, Esquerda Unida amplió su denuncia original, que para entonces ya había sido archivada aunque ese dato no había trascendido en aquel momento. Fuentes del ministerio público han confirmado que el fiscal encargado de examinar la ampliación de la denuncia también ha propuesto el archivo. Pero añaden que la decisión compete en última instancia a la nueva fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, que todavía no ha decidido al respecto.

Negar o trivializar

En su apartado 1.c, el artículo 510 del Código Penal español castiga con hasta cuatro años de cárcel a quienes "públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo (...)".

La redacción de ese párrafo, que es el que invoca Esquerda Unida en su denuncia, se ajusta a lo que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de Naciones Unidas define como crímenes de lesa humanidad. Según esa norma, vigente a escala internacional desde el 1 de julio de 2002, adquiere ese rango "cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".

La lista de delitos enumerados a renglón seguido incluye el asesinato, la "encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional" y la "persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género (...) u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".

Los tribunales españoles no han considerado aplicable al franquismo lo preceptuado en relación a los crímenes de lesa humanidad. De hecho, han denegado en distintas ocasiones auxilio a la jueza Romualda Servini, que en Argentina investiga –presuntos– crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre 1936 y 1977. El último eslabón en esa cadena quedó fechado hace solo un mes, cuando la Audiencia Nacional rechazó enviar a la jueza Servini un informe sobre los antecedentes del poeta y dramaturgo Federico García Lorca. 

Cuarenta y un años después de que, por vez primera, el Tribunal Supremo de EEUU sentenciara en 1969 que quemar una bandera constituye un acto protegido por la libertad de expresión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) llegó en 2010 a ese mismo punto, aunque la bandera que había ardido aquí era rusa. De paso, también una foto de Vladímir Putin acabó pulverizada por las llamas.

Hoy, noviembre de 2018, un juez ha aceptado imputar por delito de odio y ultraje a la bandera al cómico Dani Mateo. Y no por quemar una enseña sino por sonarse –o fingirlo– la nariz en ella durante un programa televisivo de humor. La brecha entre la jurisprudencia europea sobre el delito de odio y los ultrajes a los símbolos patrios y la línea seguida en España cobra así nuevo protagonismo: porque el Tribunal de Estrasburgo lleva años avalando actuaciones que el Código Penal español, pendiente de reforma en esa materia, permite aún tipificar como delito de odio o ultraje. El anuncio efectuado este lunes por la fiscal general del Estado, María José Segarra, de que la Fiscalía limitará las acusaciones por delito de odio –castigado con cárcel– irrumpe en el debate en un momento que distintos juristas califican en privado como de "clara involución".

Dictada el 2 de febrero de 2010 tras el recurso de un partido al que las autoridades de Moldavia prohibieron en 2004 organizar una manifestación porque en una protesta anterior ya habían terminado en llamas la bandera rusa y la efigie gráfica de Putin, aquella sentencia del TEDH [puedes leerla en inglés pinchando aquí] se convirtió en uno de los pilares de la doctrina de la Corte de Estrasburgo sobre libertad de expresión. Libertad legítima, dice la sentencia, incluso en su faceta más controvertida: la que se plasma en muestras que pueden "ofender, conmocionar o perturbar". 

De hecho, el caso moldavo aparece varias veces citado en la resolución  por la que el TEDH condenó en marzo de este año a España a indemnizar con más de 12.000 euros a cada uno de los dos individuos previamente condenados por quemar en 2007 fotos del rey durante una protesta en Girona.

En 2015, el Tribunal Constitucional había denegado el amparo a los dos autores de la quema de imágenes de Juan Carlos de Borbón y su esposa. Y lo hizo justamente invocando la doctrina del Tribunal de Estrasburgo. El TEDH, dijo entonces el Constitucional, considera obligado “sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia”.

Pero la sentencia de marzo sobre las fotos evidenció dónde sitúa la corte europea el límite infranqueable que separa la libertad de expresión de la incitación al odio. Y esgrimió de nuevo argumentos muy similares a los del caso de Moldavia reseñado al comienzo: "La inclusión en el discurso de odio [que es lo que adujo el Gobierno español] de un acto que, como el que se reprocha en este caso a los demandantes, es la manifestación simbólica del rechazo y de la crítica política de una institución y la exclusión que se deriva del ámbito de protección garantizado por la libertad de expresión conllevaría una interpretación demasiado amplia de la excepción admitida por la jurisprudencia del TEDH –lo que probablemente perjudicaría al pluralismo, a la tolerancia y al espíritu de apertura sin los cuales no existe ninguna sociedad democrática".

El discurso del odio, razonó el tribunal, es un término "que se entiende que abarca todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia". Quemar fotos del jefe del Estado, como quemar una bandera, no pertenece a esa categoría, sostiene Estrasburgo.

Ahora, ocho meses después de la sentencia de las fotos de Juan Carlos de Borbón y con el humorista Dani Mateo imputado por ultraje a la bandera y delito de odio tras el sketch en que se sonó la nariz en una enseña nacional, el constitucionalista Miguel Presno se hace una pregunta en su blog: "Si es libertad de expresión, como ha dicho el TEDH, quemar la bandera de un Estado o la foto del rey de España para exteriorizar aversión o discrepancias políticas, ¿cómo no va a ser libertad de expresión llevar a cabo esas conductas con una mera intencionalidad satírica u humorística? ¿Es libertad de expresión quemar una bandera nacional y no lo es sonarse con ella, o aparentar sonarse, los mocos?".

Dudas de constitucionalidad

Profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, Presno declara abiertamente las "muchas" dudas legales que le suscita el artículo 543 del Código Penal, que castiga con multa de siete a 12 meses “las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad”. "Sería interesante –dice en una conversación telefónica con infoLibre– que algún juez planteara una cuestión de constitucionalidad". Además, y por definición, argumenta el jurista, "los símbolos no tienen honor, el honor lo tienen las personas".

Presno no recuerda "ningún precedente" similar al de Dani Mateo. Todo lo más, y por analogía, el de la pitada al Himno en 2015 durante la Final de la Copa del Rey, con el Camp Nou como escenario y el actual monarca como destinatario del desaire. O del ultraje. O de la ofensa. O como se quiera llamar a una actuación que levantó una enorme polvareda mediática igual que casi todo lo que conecta fútbol y política y que, esta vez, desinfló a efectos penales no el Tribunal de Estrasburgo sino la propia Audiencia Nacional. 

El pinchazo penal a la condena de la pitada llegó también esta primavera. Y la aguja fue la sentencia con que, el pasado 4 de mayo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió al promotor de la protesta sonora. En diciembre de 2017, un juez de la misma Audiencia Nacional le había impuesto una multa de 7.500 euros por injurias a la Corona y ultraje a España.

"La libertad de expresión –se lee en esta sentencia– vale no sólo para la difusión de ideas y opiniones acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellos que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte de la población". La ponente que de esa forma recogió y plasmó lo que ya es una vieja doctrina  –la misma frase, con alguna variante, figura en distintas sentencias españolas y europeas– fue Ángela Murillo.

Y Murillo no se cuenta precisamente entre aquellos jueces a los que, con o sin matices, analistas y portavoces conservadores acusan de arropar a independentistas o antisistemas. Porque la ponente de la sentencia que confirmó la pitada al himno como una actuación amparada por la libertad de expresión es la misma magistrada a la que la Corte europea asestó una verdadera bofetada hace tres semanas al concluir que el contenido y el tono de sus diálogos con Arnaldo Otegi durante el caso Bateragune confirman que el dirigente vasco no tuvo un juicio justo. Fue en esa vista, que perseguía dirimir si Otegi había utilizado la organización Bateragune como pantalla y marca blanca para reconstruir Batasuna, donde Murillo le emplazó a explicitar si condenaba rotundamente la violencia. Cuando el acusado respondió que no pensaba contestar, Murillo replicó de inmediato: “Ya sabía yo que no me iba a contestar esa pregunta”. Su vehemencia le costó a la postre una condena de Estrasburgo a España por parcialidad.

En la sentencia sobre la pitada, Murillo y los otros dos magistrados de la sala pusieron el acento en una frontera que casos como el de Dani Mateo envuelven en una niebla no se sabe si más jurídica que política o viceversa: la que separa lo social o moralmente reprochable de lo susceptible de ser calificado como delito. Lo que Santiago Espot, el promotor de la pitada hizo, dice la sentencia, fueron "actos profundamente reprobables, merecedores de los calificativos más abyectos". "Pero –añade el texto sin solución de continuidad– carecen de encaje en las previsiones típicas contenidas en nuestro Código Penal". 

El cómico y presentador Dani Mateo dijo este lunes por la noche que "no entiende" que hace yendo a declarar por un gag, por una ficción, y aclaró que él "no es un tipo que se suela ir aliviando los resfriados con las banderas de ningún país".

Durante su espacio diario en el programa El Intermedio de laSexta, El Gran Wyoming le preguntó a Dani Mateo por su comparecencia el lunes por la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla, y éste respondió que efectivamente había acudido tras una denuncia por el famoso sketch de la bandera sketch y que "está dispuesto a acudir las veces que hagan falta, como es lógico y como buen ciudadano" que es, a lo que añadió: "Aunque no entiendo muy bien que hago allí".

El cómico explicó que se trataba de un gag de humor, tras el cual había un guión, una interpretación y un maquillaje, es decir, era "una ficción".  A continuación, Dani Mateo dijo que "si la ficción es materia judicial" entonces pronto veríamos en los juzgados a los actores de series como Fariña o La casa de papel acusados de narcotráfico y robo, respectivamente. Así aclaraba que ni los actores son los personajes que interpretan en las series ni él "es un tipo que se suela ir aliviando los resfriados con las banderas de ningún país".

"En otras palabras (al tiempo que se ponía una nariz de payaso), señoras y señores, todo lo que hacemos en El Intermedio es una broma" concluyó con un tono cómico. 

La organización Alternativa Sindical de Policía interpuso una denuncia contra Dani Mateo por la supuesta comisión de un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España o sus Comunidades efectuado con publicidad, correspondiente al artículo 543 del Código Penal (C.P.) y un delito de odio, correspondiente al artículo 510 del C.P durante el 'gag' en el que se sonaba la nariz con la bandera española. 

El cómico y presentador Dani Mateo ha manifestado este lunes a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla que le preocupa que se lleve a "un payaso" ante la Justicia por hacer su trabajo, ya que cree que ello puede afectar a la imagen de su país y de su bandera.

Así lo ha manifestado antes de comparecer ante el juez de Instrucción número 47 de Madrid por sonarse la nariz con la bandera como parte de un sketch de humor enmarcado dentro del programa de La Sexta El Intermedio.

El humorista se ha negado después a declarar. Mateo apenas ha estado cinco minutos ante el juez.

A su salida del juzgado, un reducido grupo de personas de ideología ultraderechista ha increpado al cómico al grito de"malnacido"y "desgraciado" mientras atendía a la prensa.

"Como veis, no es momento de hablar. Es momento de callar y escuchar lo que diga la Justicia", se ha limitado a decir con semblante serio y visiblemente afectado.

La declaración se produce después de que el juez haya admitido la denuncia que la organización Alternativa Sindical de Policía presentó ante el Juzgado de Guardia contra el humorista.

El portavoz sindical, Raúl Cuesta, ha subrayado que están para defender "los derechos y las libertades" de los ciudadanos, ya que como Policía Nacional tiene la obligación de perseguir todo tipo de delitos.

El presentador ha subrayado que este 'gag' se encuadra en 'el terreno de las opiniones', si bien ha destacado que ahora se entre "en el terreno de la Justicia". " Creo que lo más inteligente es callar y esperar a que la Justicia se pronuncie", ha dicho.

Se le cita a declarar como investigado por la supuesta comisión de un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España o sus Comunidades efectuado con publicidad, correspondiente al artículo 543 del Código Penal (C. P.) y un delito de odio, correspondiente al artículo 510 del C. P.

La denuncia de este sindicato policial hablaba de "ofensa a España, sus símbolos y por ende a toda la sociedad democrática" con motivo del chiste televisivo en el programa El intermedio de La Sexta.

Tras la polémica creada, el programa que dirige El Gran Wyoming pidió disculpas durante una de sus emisiones. "No hubo intencionalidad política ni ningún posicionamiento editorial detrás, era simplemente humor", señaló Wyoming.

Wyoming subrayó que si "la broma no ha funcionado" al generar "crispación social en vez de provocar risa" es evidente que se trata de un "gag fallido".

Adolfo Carretero, el juez que ha admitido la denuncia del sindicato policial Asipol contra Dani Mateo tras el sketch emitido por La Sexta en que se sonaba la nariz en una bandera de España, protagonizó en 2012 uno de los episodios de cerco a la libertad de información más relevantes de los últimos años. Titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid y de conocida ideología conservadora, Carretero mantuvo imputada entre abril de 2012 y el mismo mes de 2013 a la periodista de la Cadena SER que difundió el vídeo del espionaje al expresidente madrileño Ignacio González en Colombia. 

Este sábado, fuentes cercanas al magistrado han recalcado que Carretero imputó a la periodista Pilar Velasco "porque no le quedó más remedio" después de que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial le obligase a ello al acceder a la petición de los abogados de Ignacio González. Carretero tomó declaración como imputada a la periodista, algo a lo que se había negado en dos ocasiones previas, en abril de 2012. El 22 de abril de 2013 la misma sección de la Audiencia madrileña ordenó archivar la imputación de revelación de secretos que pesaba sobre la informadora. A González le faltaban esta vez cuatro años menos un día para pisar la cárcel como preso preventivo por un caso de corrupción cuyo estallido nadie presagiaba entonces.

La secuencia de los hechos pivota sobre cuatro fechas esenciales. El 10 de febrero de 2012, la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid dictó un auto en el que estimaba el recurso de Ignacio González. La Audiencia adujo lo siguiente: que la hipótesis de la defensa del político era que la periodista "sabía" que las imágenes del vídeo habían sido "obtenidas ilícitamente"y que tales hechos podrían constituir un delito de revelación de secretos y que, por tanto, era "preciso tomar declaración en calidad de imputada a la periodista (...), tal y como se solicita, para así preservar su derecho constitucional de defensa". [Puedes consultar el auto pinchando aquí]. 

La segunda fecha en esta cronología es la del 20 de abril de ese mismo año: Velasco declaró como imputada ante Carretero, defendió su derecho al secreto profesional para no revelar su fuente y subrayó el interés público de la noticia. El 10 de septiembre de ese mismo año, el juez Carretero denegó la petición de los abogados de la periodista para que la imputación fuese sobreseída. Y no fue hasta el 22 de abril de 2013 cuando la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid dictó un auto por el que decretó el sobreseimiento libre –es decir, definitivo– para la informadora. 

Este periódico no ha podido averiguar por qué Carretero denegó en septiembre de 2012 la solicitud de sobreseimiento una vez había prestado declaración Velasco. Su rechazo hizo que la periodista permaneciera imputada un año. 

El juez ante el que ahora declarará Mateo en calidad de investigado abrió en enero de 2009 la investigación sobre el espionaje a González durante el viaje que el año anterior había efectuado a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Fue allí donde se grabó el vídeo cuya difusión le costó la imputación a la periodista de la SER Pilar Velasco. Las imágenes mostraban al político madrileño entrando en un inmueble con bolsas blancas de plástico en la mano y saliendo luego sin ellas.

Un hermano del magistrado, Agustín Carretero, igualmente juez de carrera, ocupaba entonces y como gerente de la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid un alto cargo en el Gobierno de Ignacio González. Luego, fue nombrado director general de Calidad en octubre de 2013.

El interrogatorio del juez

El auto de la Audiencia que en abril de 2013 exoneró a Velasco vio la luz acompañado de un voto particular firmado por uno de los miembros de la sala. Su autor, Juan José López Ortega, no discrepaba de la desimputación. Todo lo contrario: lo emitió porque entendía que la Audiencia debería haber reflejado el riesgo que para la libertad de información supuso aquel caso y el suplicio judicial infligido a la periodista. "El interrogatorio a que se le sometió tras ser imputada –narra el voto particular– no parece haber tenido por objeto, únicamente, aclarar cuáles fueron sus responsabilidades en la edición de la noticia, sino que directa y reiteradamente se le preguntó por sus fuentes informativas".

Cómo llegó el vídeo a su poder –prosigue el relato del voto– "fue la pregunta que le hizo dos veces el juez de instrucción y le repitió otras cuatro el letrado de la Comunidad de Madrid". Y ello, pese a que el comienzo de la declaración el abogado de la reportera había dejado constancia de que la amparaba el derecho al secreto profesional.

Carretero archivó las diligencias del espionaje en mayo de 2017, un mes después de que Ignacio González hubiese ingresado en prisión por los –presuntos– graves delitos de corrupción destapados en la Operación Lezo.

Ahora, y apenas ocho meses después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sentenciase que quemar fotos del rey no es un delito sino un acto protegido por la libertad de expresión, el mismo Adolfo Carretero que imputó a la periodista de la SER interrogará el próximo lunes a Dani Mateo como investigado por la supuesta comisión de un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España o sus Comunidades efectuado con publicidad y tipificado en el artículo 543 del Código Penal, y así como de un delito de odio, correspondiente al artículo 510 del Código. El delito de ultraje lleva aparejada penas de multa. El de odio puede implicar una condena de hasta cuatro años de prisión.

La imputación de Pilar Velasco no fue el primer pasaje conflictivo en la vida profesional de Carretero. En 2008, le habían colocado en el centro del huracán las escuchas al grupo del que en esa época ya era conocido como el sheriff de Coslada:sheriffde Coslada Ginés Jiménez, jefe de la Policía Local del municipio madrileño en ese momento y que terminó absuelto por la Audiencia madrileña esta primavera. En febrero de 2009, el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) concluyó que Adolfo Carretero, que había ejercido como juez en Coslada, no favoreció el archivo de denuncias interpuestas contra agentes bajo el mando de Ginés Jiménez.

Este viernes, infoLibre intentó sin éxito contactar con los portavoces de Alternativa Sindical de la Policía (Asipol). El sindicato denunció a Dani Mateo pero no consta que haya emprendido ninguna actuación contra el también humorista Toni Soler, que, como muestra de solidaridad tras la avalancha de ataques recibidos por su colega de La Sexta, desplegó en TV3 la versión catalana del gag. Lo hizo sonándose los mocos en una senyera. El delito de ultraje no distingue entre símbolos estatales y autonómicos.

El juez de Instrucción número 47 de Madrid ha admitido la denuncia que la organización Alternativa Sindical de Policía presentó ante el Juzgado de Guardia contra el cómico Dani Mateo por el gag en un programa de laSexta en el que se sonaba la nariz con la bandera española, han informado fuentes jurídicas recogidas por Europa Press.

Se le cita a declarar el próximo lunes 26 de noviembre como investigado por la supuesta comisión de un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España o sus Comunidades efectuado con publicidad, correspondiente al artículo 543 del Código Penal (C.P.) y un delito de odio, correspondiente al artículo 510 del C.P.

La denuncia de este sindicato policial hablaba de "ofensa a España, sus símbolos y por ende a toda la sociedad democrática" con motivo del chiste televisivo en el programa El intermedio de laSexta. Tras las críticas, el programa pidió perdón.