No es ninguna novedad que, en las últimas décadas, las ciudades españolas han experimentado notables transformaciones. Durante la segunda mitad del siglo XX, el paisaje de las ciudades podía leerse a través del papel central que jugaba la industria en la economía: fábricas, migraciones internas y barrios obreros levantados a toda prisa y de escasa calidad arquitectónica para absorber a la población trabajadora que llegaba en busca de trabajo. 

El declive industrial, la terciarización de la economía y el giro neoliberal de las políticas públicas –cada vez más orientadas a facilitar el crecimiento y expansión del mercado– dieron forma a un nuevo tipo de ciudad. En una economía cada vez más globalizada y competitiva, las ciudades se convierten en protagonistas y principales atractores de fuentes externas de financiación, inversión, empresas, empleo y talento. Esa competencia se libra también en el terreno simbólico. Las ciudades buscan poner su nombre en el mapa y construir una marca propia con la que posicionarse. El repertorio es conocido: congresos y ferias, festivales, grandes piezas arquitectónicas, candidaturas y eventos deportivos, operaciones de regeneración urbana que reescriben la imagen del lugar… Por mencionar algunos ejemplos, Barcelona convirtió los Juegos Olímpicos de 1992 en un hito fundacional de su proyección internacional; Valencia apostó por la Ciudad de las Artes y las Ciencias como icono; Madrid se posicionó como territorio de empresas especializadas en el mercado latinoamericano. Con el tiempo y bajo el miedo a quedarse atrás, el resto de ciudades han tratado de imitar el modelo adaptándolo a sus características y ventajas competitivas, en muchos casos a través del turismo.

Es en esta intersección entre (1) atracción de empleos y trabajadores cualificados de la nueva economía global, (2) transformación del tejido urbano y (3) inversiones inmobiliarias donde se producen los procesos de gentrificación. Esta palabra es uno de esos conceptos que ha trascendido el ámbito académico y se ha popularizado desde hace unos años. Una palabra que ha servido para que muchas personas le pongan nombre a lo que está ocurriendo en sus barrios. La gentrificación es ese proceso de transformación de barrios tradicionalmente populares mediante dinámicas de revalorización residencial, comercial y simbólica que conllevan el desplazamiento –directo o indirecto– de sus habitantes originales por grupos con mayor capacidad adquisitiva. Es decir, bajo unas ciertas condiciones, el barrio se encarece y se produce una sustitución de la población residente por una más rica o de mayor estatus.

Los centros de las ciudades a finales del siglo XX eran en muchos casos espacios degradados, con un parque de viviendas envejecido y un largo ciclo de infrainversión donde históricamente había residido la clase trabajadora. En la nueva economía global se produce una revalorización de estos espacios por su centralidad, accesibilidad, patrimonio cultural y margen de revalorización. Los centros se vuelven deseables y tanto las inversiones inmobiliarias como las políticas públicas de mejora del espacio se concentran en ellos. A menudo, las aclamadas políticas de regeneración urbana –que prometen acabar con el abandono, la degradación y la falta de inversión– activan una cadena de efectos difíciles de controlar. La reurbanización de calles, las peatonalizaciones, la rehabilitación de edificios o la inauguración de equipamientos culturales son per se mejoras del espacio deseables. El problema es que, en un sistema donde la vivienda es entendida como un bien de inversión, la regeneración de un barrio eleva su deseabilidad, activando el interés de inversores y nuevos vecinos, conduciendo a una escalada de precios de la vivienda.  

Modelo cruel de gentrificación

Los efectos de este proceso son conocidos: muchos vecinos se ven forzados a marcharse, incapaces de hacer frente a los nuevos precios; los que logran quedarse, lo hacen en una situación precarizada teniendo que destinar la mayor parte de sus ingresos a la vivienda y viendo cómo los vecinos, comercios y redes de su barrio se transforman. La estampa final es cruel. Los vecinos que lucharon y exigieron mejoras en sus barrios, son privados de su disfrute. Este modelo de gentrificación lo hemos visto, desde finales de los 90 hasta el estallido de la crisis de 2008, mayormente en los centros de las ciudades: Malasaña en Madrid, Ciutat Vella en Barcelona, Russafa o el Carme en Valencia, la Alameda en Sevilla o el Albaicín en Granada. 

La crisis de 2008 supuso para buena parte de la población pérdida de empleos, bajadas salariales y mayor inestabilidad laboral. En términos de vivienda, se produjo una oleada de desahucios sin precedentes, la mala situación económica dificultó el acceso a la propiedad y la emancipación de los jóvenes se retrasó notablemente. En este contexto, el alquiler pasó a ser una opción cada vez más habitual –y a veces la única posible– para buena parte de la población. Al mismo tiempo, en algunas ciudades como Madrid se produjeron ventas de grandes bolsas de vivienda pública a grandes tenedores bajo el pretexto de reducción del déficit público. En 2013, entraron en vigor una serie de reformas sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos que disminuyeron la duración mínima de los contratos de alquiler, permitiendo mayor rotación de inquilinos y eventuales subidas de los precios. La crisis y la respuesta de los gobiernos a todo esto allanaron el camino para la proliferación de Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), cuya actividad se centraba en el mercado del alquiler. 

Así, los mercados entran de lleno en el negocio de la vivienda aprovechando los bajos precios tras la crisis y diversificando los usos con un objetivo claro: elevar la rentabilidad. Esa lógica empuja a abandonar, o al menos a devaluar, el alquiler residencial de larga duración –más estable pero menos optimizable– y a priorizar fórmulas más flexibles: vivienda turística, alquiler de temporada para población transitoria, alquiler por habitaciones, colivings y otros formatos que permiten reajustar (al alza) precios con más frecuencia. Esta situación ha marcado varios hechos clave en el avance de los procesos de gentrificación. Primero, si antes era la población de clase media-alta local la que desplazaba a la clase trabajadora, hoy la competencia por la vivienda incorpora nuevas demandas ligadas a la hipermovilidad: turistas, estudiantes, profesionales internacionales en estancias cortas o trabajadores desplazados. En segundo lugar, la flexibilización de usos de la vivienda convierte el reemplazo social en un proceso más rápido, porque reduce el tiempo de permanencia que anclaba a los residentes al barrio: contratos más breves y rotación más alta hacen que la sustitución se produzca de forma acelerada. Tercero, en un contexto de escasez de vivienda y concentración de la población en las ciudades, ya no son estrictamente necesarias la intervención urbana y mejoras de las viviendas para su revalorización. Es decir, basta un cambio de uso de la vivienda, orientarla a otro tipo de inquilino o simplemente esperar a que la espiral especulativa te permita subir los precios.

Todo ello ha hecho que la gentrificación dé el salto a ciudades de menor tamaño. Ya no es un fenómeno circunscrito a grandes metrópolis como Madrid, Barcelona o Valencia: en mayor o menor medida, muchas capitales de provincia empiezan a experimentar dinámicas similares de encarecimiento de la vivienda y sustitución social. En cada ciudad las transformaciones adoptan formas diferentes en función de las ventajas que puedan movilizar y las demandas que puedan cubrir: empresas y empleos especializados de alta cualificación, turismo de sol y playa, turismo histórico y patrimonial, condiciones de clima y entorno que hacen atractiva la vida para trabajadores en remoto, la presencia de universidades, etc. 

Por otro lado, además de extenderse a ciudades de menor tamaño, la gentrificación también se ha desplazado dentro de las grandes urbes hacia nuevos barrios. Espacios que un día fueron las primeras periferias –barrios populares, fuera del radar para inversores inmobiliarios– de la ciudad hoy comienzan a sufrir sus consecuencias. Lo que comenzó en los centros se ha convertido en una dinámica de conjunto, alimentada por un efecto dominó: cuando un área se encarece y sus vecinos son expulsados, éstos se reubican en otros barrios, muchas veces contiguos, pudiendo desplazar a los residentes de estos últimos. Se produce así un desplazamiento en cadena que en ocasiones excede los límites municipales, afectando al resto del área metropolitana. 

El presente de las ciudades plantea varios retos. El primero es generacional y afecta de lleno a la emancipación: los jóvenes se independizan cada vez más tarde y, en muchos casos, acceder a una vivienda –sobre todo en propiedad– resulta inviable sin apoyo familiar, cuando ese apoyo existe. Además, ya no es solamente un problema de los jóvenes más precarios, que son quienes más lo sufren, también de los hijos de las clases medias que ven inviable independizarse en los barrios donde han crecido. Ese desajuste rompe la continuidad residencial, los entornos de socialización, retrasa proyectos de vida y amplifica ese efecto dominó incrementando la presión sobre otros barrios. 

El otro reto es material. El encarecimiento de la vivienda y su concentración en cada vez menos manos funciona como una transferencia de renta de hogares trabajadores a hogares de propietarios o empresas, reduciendo la capacidad de ahorro y el poder adquisitivo de la población. Cuando el mercado te expulsa y relega a las periferias aparecen los costes en forma de tiempo. Las trabajadoras que sostienen la ciudad siguen trabajando en ella, pero pasan a vivir más lejos, acumulando horas de transporte que erosionan la vida cotidiana. 

La tercera consecuencia es menos visible, pero afecta al fondo democrático de nuestra sociedad: la pérdida de mezcla social. Una ciudad donde rentas, edades y orígenes se segregan por barrios produce experiencias urbanas cada vez más separadas. Cuando el día a día transcurre únicamente entre iguales –en la escuela, en el comercio, en el espacio público– ignoras otras realidades y eso repercute en los valores que construyes. La mezcla social no es un ideal abstracto: es una condición práctica para frenar la segregación y limitar la reproducción de desigualdades en las ciudades.

La situación es límite y obliga a formular preguntas de fondo: ¿para quién queremos las ciudades? ¿Cuál queremos que sea la función de la vivienda? Hasta ahora las medidas que se han tomado en nuestro país en esta materia han sido tímidas e ineficaces: un control de precios muy limitado –más centrado en contener subidas que en reducir precios ya disparados–, con fisuras que la propiedad ha aprovechado y políticas que han transferido dinero público a los propietarios y les han otorgado bonificaciones fiscales. De esta forma, el acceso a la vivienda sigue funcionando como un foco de desigualdad que continúa ampliando la brecha social. Las consecuencias sociales de apuntalar este modelo de ciudad y de vivienda ya son graves, pero pueden intensificarse en el futuro. Cuando la ciudad no se piensa para el que la vive y la construye día a día, se corre el riesgo de convertirla en un escaparate para turistas, en una experiencia de consumo para población transitoria y en un espacio inhabitable para las capas más vulnerables. 

Frente a esta situación, resulta imprescindible promover políticas que garanticen el derecho a la ciudad, hoy reservado a los grupos más privilegiados y a las élites económicas. Para construir una sociedad urbana más saludable necesitamos transformar la concepción de la vivienda como un bien de mercado a la vivienda como un derecho básico y universal. Ello pasa por detener la especulación, garantizar el uso residencial de la vivienda y evitar la expulsión de los y las vecinas de nuestros barrios. 

*Carlos Sanz Pérez es investigador predoctoral en el Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Dos capitales españolas, Barcelona y Bilbao, alcanzan la “excelencia” en inversión de Servicios Sociales, y otras dos, Badajoz y Toledo, se quedan en “pobres” en este ámbito, según el último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El estudio, publicado este martes, analiza, por undécimo año consecutivo, los presupuestos que los 404 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a la partida de Servicios Sociales y Promoción Social, según datos correspondientes al Presupuesto liquidado 2024 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos.

“Los datos vuelen a reflejar claramente la enorme desigualdad de la inversión en servicios sociales —también entre capitales de provincia— reforzando la teoría de que el código postal es determinante en la inversión y en los derechos sociales que reciben los ciudadanos, en contraposición a los principios de universalidad y equidad que debieran operar sistemáticamente en el Sistema Público”, señala la asociación en una nota de prensa.

Para ser considerados "excelentes" en este ámbito, Barcelona, Bilbao y otras 27 ciudades de al menos 20.000 habitantes presupuestaron más de 200 euros por habitante ese año, mientras que Badajoz, Toledo y otros 45 municipios consignaron menos de 63,89 euros (que es el 60% de la mediana de gasto del conjunto de esos ayuntamientos, que se situó en 106,48 euros por habitante).

Por comunidades autónomas, las que agrupan municipios con menor gasto por habitante son Madrid (58,11 euros), Extremadura (64,89 euros) Cantabria (69,57 euros) y Murcia (81,70 euros). En contraposición, los municipios vascos llegan a los 164 euros y Andalucía a los 163 euros por habitante.

Además, se han tenido en cuenta otros criterios, entre ellos que el Gasto en Servicios Sociales y Promoción Social por habitante no se haya reducido respecto a la liquidación de 2023 y que represente al menos un 10% del Presupuesto Total No Financiero liquidado en 2024.

Para el conjunto de esas 404 localidades, la inversión total en Servicios Sociales superó los 4.261 millones de euros, un 6,2% más que en 2023, y la mediana de gasto aumentó un 4,36% hasta los 106,48 euros por habitante mencionados.

De los 27 municipios que llegan a la “excelencia” en inversión de Servicios Sociales, 18 son andaluces. Según el informe debido fundamentalmente a la incidencia económica que tiene en sus cuentas públicas el Servicio de Ayuda a Domicilio derivado del Sistema de la dependencia y que en esta comunidad autónoma se presta en cooperación con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de ciudades mayores precisamente de 20.000 habitantes.

Estos municipios son, por este orden: Isla Cristina, Alcalá la Real, San Roque, Baza, Morón de la Frontera, Ayamonte, Montilla, La Rinconada, Puente Genil, Palma del Río, Moguer, Linares, Antequera, Martos, La Línea de la Concepción, Almuñecar, Lucena y Jerez de la Frontera.

También figuran los catalanes Barcelona y El Prat de Llobregat; los vascos Zarautz, Basauri y Bilbao; los valencianos La Vall d'Uixó, Quart de Poblet y Catarroja; y el balear Maó.

Por territorios, son 11 las comunidades autónomas cuyos municipios de más de 20.000 habitantes no alcanzan la mediana de gasto de 106,48 euros por persona, con Madrid en el último lugar (58,11 euros), por detrás de Extremadura (64,89 euros) y Cantabria (69,57 euros).

Tampoco llegan los de Murcia (81,70 euros), Baleares (87,01 euros) y Castilla-La Mancha (89,79 euros) y se quedan muy cerca, aunque también por debajo, los de Navarra (101,02 euros), Galicia (102,28 euros), Comunidad Valenciana (104,07 euros), Canarias (106,05 euros) y Asturias (106,25 euros).

En cabeza por comunidades están el conjunto de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de País Vasco (164,03 euros por persona) y Andalucía (163,09 euros), por delante de los de Aragón (140,05 euros), La Rioja (122,70 euros), Castilla y León (118,61 euros) y Cataluña (116,38 euros).

Han pasado once años desde que Anne Hidalgo fuera elegida alcaldesa de París. Algunos de sus detractores le achacarán que su intento de transformar la ciudad se quedó solo en el eslogan de la “ciudad de los quince minutos”.

Pero lo cierto es que once años bien empleados dan para mucho, y han cambiado la forma en que los parisinos disfrutan su ciudad y la manera en que el resto del mundo vemos las nuestras. París ha reducido drásticamente el tráfico motorizado, ha ganado miles de metros cuadrados para disfrute de los vecinos y ha recuperado algo tan esencial como la vida en común de muchos barrios. Está lejos de ser una ciudad perfecta, pero nadie duda de que el cambio ha sido a mejor.

Transformaciones como la de París las hemos visto antes en Copenhague, Ámsterdam, o aquí en España en Pontevedra o Vitoria, pero la gran mayoría de ciudades europeas sigue esperando su turno.

En el Día Mundial del Urbanismo, viene bien recordar que durante las últimas décadas el urbanismo ha sido colonizado por gestores económicos que, calculadora en mano, solo han visto en las ciudades un espacio para hacer negocio, olvidando a quienes vivimos en ellas. Es hora de cambiar el foco y reconocer que el urbanismo bien planteado es una de las disciplinas con mayor capacidad de transformación social que existe.

Decidir si se invierte en transporte público o se regala espacio al coche, si se rehabilitan viviendas o si se dejan crecer las ciudades sin orden, es también decidir el tipo de sociedad que queremos ser.

Un urbanismo justo amplía libertades y reduce desigualdades. Un urbanismo sostenible mejora nuestra calidad de vida y reduce enfermedades. Un urbanismo realmente social devuelve bienestar y autonomía a la ciudadanía. Los que vivimos en entornos urbanos ocupamos menos del 4% de la superficie terrestre, pero generamos entre el 60% y el 70% de las emisiones globales de CO2. La transición ecológica no será posible sin transformar nuestros espacios urbanos.

La salud del planeta se resquebraja. Cada calle sin árboles, cada vivienda mal aislada o cada desplazamiento innecesario en coche contribuye al empeoramiento de un cambio climático que cada año nos advierte que va de mal en peor. No solo con la subida de temperaturas, también con inundaciones, sequías e incendios cada vez más extremos, frecuentes e imprevisibles.

Pero también sufre la salud de quienes habitamos las ciudades. Cada ruido excesivo, cada partícula de contaminación respirada de más o cada noche sin dormir por falta de oscuridad empeora nuestra calidad de vida, nos genera problemas sociales, y nos hace gastar innecesariamente. Si a ello sumamos que la escasez de vivienda asequible está cercenando el futuro de miles de ciudadanos en toda Europa, el cóctel resulta explosivo.

Ya sea por la salud del planeta o por la nuestra propia, o sea por garantizar un techo a quienes no lo pueden pagar o por mejorar las viviendas de quienes sí lo tienen, es el momento de actuar.

La Unión Europea tiene en sus manos la capacidad de acelerar ese cambio. En menos de un mes conoceremos la nueva Agenda para las Ciudades, que deberá poner el punto de partida para iniciar la senda del cambio en nuestras polis europeas. Una Agenda para las Ciudades que necesitará del apoyo financiero suficiente de fondos europeos de la Política de Cohesión, una de las palancas más poderosas para transformar nuestras ciudades y reducir las desigualdades territoriales.

Es hora de orientar los fondos estructurales a mejorar nuestro bienestar urbano. Justo como acabamos de hacer en el Parlamento Europeo, aprobando por amplia mayoría el informe que promoví para que los fondos puedan redirigirse hacia la creación de un parque público de vivienda asequible. Construir ciudades sostenibles no solo significa reducir emisiones, también significa garantizar que todo el mundo tenga un lugar digno donde vivir, mejorar la calidad de vida urbana y reducir desigualdades. Porque la escasez de vivienda asequible es hoy uno de los principales factores de exclusión y desigualdad urbanos.

Porque no somos individuos atrapados en una jungla de cristal, sino una sociedad que aspira a vivir en espacios amables, saludables y habitables, donde la ciudad vuelva a ser un lugar de encuentro y no de aislamiento. Es el momento de recuperar nuestro “derecho a la ciudad” que nos proponía Lefebvre allá por los años 60.

Construir una sociedad es una tarea de generaciones, adaptar nuestras ciudades para que esas sociedades puedan desarrollar un proyecto que deje al lado los individualismos, pero nos permita desarrollarnos plenamente como personas, es una tarea de décadas. Las transformaciones urbanas no se hacen en un año, ni en una legislatura, ni en dos, pero sus frutos se ven desde el principio y el resultado llega, está demostrado. Pongámonos en camino.

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Marcos Ros Sempere es eurodiputado por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.​

Se ha ido Diane Keaton y hemos repasado sus fotos, sus frases, las secuencias que nos abocaron a amarla irremediablemente… A mí me parece que siempre estuvo en mi vida y no me entra en la cabeza que ya no esté. También se va Sena, la perra a la que mi perra siguió con devoción desde el primer día cuando, recién adoptada, caminaba por un nuevo escenario. 

Betty tan nerviosa, tan desubicada, obligada a pisar un suelo que desconocía y Sena tan madura, tan serena. A ratos, jugando con ella y a ratos a lo suyo, quieta, como una estatua, pendiente del movimiento de una paloma. 

A Betty se le va su lideresa, su referente, su influencer con hocico. A mi pequeña se le va una gran amiga, su jefaza, la belleza con patas –cuatro– y una mirada que en el cine habría sido un imán.

Lo de Diane es un The end, lo de Sena solo un cambio, pero un cambio de los trascendentes. Se jubila su… ¿padre? ¿dueño? ¿cuidador? ¿compañero de piso? Se jubila ese hombre al que Betty –que todavía quiere más a los de nuestra especie que a los de la suya– iba a saludar cada mañana y cada tarde con una intensidad superlativa. Se va ese amigo del barrio al que, día a día, buscaba en su portal y si se había ido de vacaciones, lloraba. Betty es radical en sus pasiones.   

La pareja de humanos a la que en casa aprendimos a tener cariño por mediación de nuestras perras –único tráfico de influencias contrario al delito– se va para escribir un capítulo de vida en el pueblo y claro, les deseamos lo mejor. Pero a quienes nos quedamos sin su presencia en las calles que compartíamos, su marcha nos arranca una hoja de ese libro de familia que vas completando con gente corriente… 

¿Que por qué les cuento esto? Porque escribo sobre aquello que para mí es importante. Porque el puzle de la vida necesita de cada pieza y sin las pequeñas, no se completa el dibujo. Y de algunas de esas partes del todo que han ido enjaretando mi día a día en los últimos tiempos, he dado cuenta aquí. Lo he hecho sin la brillantez de Serrat al escribir sobre aquellas pequeñas cosas, claro, pero puede que con una intención parecida, la de subrayar lo esencial. 

Esta columna nació con la pretensión de hacer un primer plano de la gente corriente, o sea, una foto de la mayoría, porque ustedes y yo, la gente corriente, representamos en el mundo lo que el agua en la Tierra, tres cuartas partes del total. Qué menos que ocupar un hueco, aunque sea discreto, en el océano informativo.

Hoy les dejo una foto más, una de tantas y todo mi cariño. Diane se ha ido, Sena se va y yo también, por un tiempo, al menos… 

Entre ustedes y yo, ha sido un placer escribirles. Gracias.

Los niveles de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera se dispararon en 2024 y alcanzaron un nuevo récord, lo que augura que el planeta seguirá experimentando un aumento de las temperaturas a largo plazo, indica un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), según recoge EFE.

El año pasado se experimentó también el mayor incremento de las tasas de emisiones de CO2 (3,5 ppm), frente a un ritmo de aumento anual de 0,8 ppm en 2011 que fue acelerándose hasta crecer un 2,4 ppm en 2020.

Como resultado, el nivel promedio anual de CO2 medido en la atmósfera a través de una red de estaciones de monitoreo fue de 423,9 ppm el año pasado, frente a 377,1 ppm veinte años antes.

El aumento de 2024 fue así el mayor que se ha observado desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957, según se desprende del Boletín de Gases de Efecto Invernadero que ha publicado este miércoles la OMM.

Las razones principales de esta tendencia son las emisiones de CO2 provenientes de las actividades humanas, así como de los incendios forestales.

También ha sido una causa la menor capacidad de los ecosistemas terrestres y del océano para absorber el carbono.

Aproximadamente la mitad del dióxido de carbono que se emite permanece en la atmósfera y el resto es absorbido por los ecosistemas terrestres y los océanos de la Tierra, pero a medida que aumenta la temperatura global los océanos absorben menos.

La razón es que a temperaturas más altas la solubilidad del mar baja.

Del lado de los depósitos terrestres, las sequías persistentes afectan su capacidad de absorción, que también se reduce durante los años del fenómeno de El Niño, como fue 2024.

Se espera que estos nuevos datos sean considerados por los responsables políticos cuando se reúnan en Brasil con ocasión de la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU el próximo mes.

“El calor atrapado por el CO₂ y otros gases de efecto invernadero está provocando fenómenos meteorológicos más extremos, así que reducir las emisiones es esencial no solo para nuestro clima, sino también para nuestra seguridad económica y el bienestar de las comunidades”, sostuvo la subsecretaria General de la OMM, Ko Barrett, con ocasión de la publicación del boletín.

Las concentraciones de metano y óxido nitroso, el segundo y tercer gas más importantes de efecto invernadero de larga duración relacionados con actividades humanas, respectivamente, también alcanzaron niveles récord.

El metano representa aproximadamente el 16% del efecto de calentamiento sobre nuestro clima y tiene una vida útil de aproximadamente nueve años. 

El 40% es emitido a la atmósfera por fuentes naturales (por ejemplo, humedales) y alrededor del 60% proviene de actividades humana (ganadería, agricultura explotación de combustibles fósiles, vertederos y quema de biomasa).

 En tercer lugar como gas de efecto invernadero de larga duración está el óxido nitroso, proveniente tanto de fuentes naturales como de actividades humanas (quema de biomasa, uso de fertilizantes y procesos industriales).

Las lluvias torrenciales han vuelto a golpear el litoral mediterráneo. En solo unas horas, se han registrado hasta 246 l/m² en Amposta y 356,8 l/m² en Gandía. En Cullera, las precipitaciones alcanzaron “cifras históricas”, provocando desprendimientos y cortes de carreteras.

Estos episodios de intensas precipitaciones propios del principio del final del verano y principios del otoño no son nuevos. Sin embargo, su frecuencia e intensidad han aumentado en las últimas décadas debido al cambio climático. A pesar de ello, las lluvias no deberían considerarse el problema principal.

El verdadero desafío radica en cómo se ha construido y gestionado el territorio en estas zonas, que lo hace vulnerable a los efectos de las precipitaciones.

El riesgo cero no existe. No obstante, sí es posible reducir significativamente las consecuencias si se adoptan medidas adecuadas.

Algunos daños son inevitables, especialmente cuando la lluvia supera cualquier capacidad de absorción o evacuación estimada. Muchos otros son recurrentes, pero evitables, ya que se deben a la construcción en zonas inundables, la falta de mantenimiento de infraestructuras o la urbanización sin drenaje adecuado. En estos casos, existen estrategias eficaces para reducir los daños provocados por las lluvias intensas.

Una de las medidas más relevantes es el fomento de la infraestructura verde. Elementos como parques inundables, jardines de lluvia o cubiertas vegetales permiten absorber el agua y disminuir la escorrentía. Estas soluciones también mejoran la calidad ambiental y social de los espacios públicos.

La renaturalización de espacios urbanos favorece la infiltración del agua en el suelo. En ciudades como Alcoy, se están restaurando barrancos como corredores ecológicos. Estas intervenciones conectan espacios naturales y reducen el riesgo de inundación, además de aportar valor paisajístico y ecológico.

La planificación territorial resulta clave. Evitar nuevas construcciones en zonas de riesgo es esencial para prevenir desperfectos y peligros para la población.

Asimismo, revisar los planes urbanísticos existentes e incorporar criterios de resiliencia (por ejemplo, prohibir nuevas construcciones en zonas inundables o exigir superficies permeables en nuevos desarrollos) permite anticiparse a futuros episodios extremos. Esta planificación debe ir acompañada de una gestión adecuada del drenaje urbano.

Los sistemas de drenaje sostenible ofrecen una alternativa eficaz a los modelos convencionales. En lugar de canalizar el agua rápidamente hacia el alcantarillado, estos sistemas la retienen, filtran y liberan de forma controlada. Se trata de soluciones que imitan el ciclo natural del agua, como zanjas de infiltración, pavimentos permeables o depósitos de retención temporales.

Estos sistemas no vienen a sustituir a las redes convencionales de drenaje, sino que debe favorecerse la integración de ambas soluciones y enfatizar su mantenimiento. Muchos colectores presentan obstrucciones o no están adaptados a la nueva intensidad de las lluvias, lo que limita su eficacia. Los sistemas de drenaje sostenible, por su parte, ofrecen una mayor capacidad de adaptación y pueden integrarse fácilmente en entornos urbanos.

Por último, la educación y la gobernanza son factores determinantes. La coordinación entre administraciones y la participación ciudadana fortalecen la capacidad de respuesta. Las alertas tempranas permiten actuar con rapidez y evitar consecuencias graves.

El modelo de “ciudad esponja” ha dejado de ser experimental para convertirse en una estrategia urbana global frente al cambio climático. Estas ciudades no luchan contra el agua, sino que la integran en su diseño. Mediante soluciones basadas en la naturaleza, absorben, almacenan y reutilizan el agua de lluvia, reduciendo el riesgo de inundaciones y mejorando la calidad de vida urbana.

China ha liderado esta transformación. Ciudades como Shenzhen, Wuhan y Shanghai han incorporado humedales, superficies permeables y jardines de lluvia en su planificación. El objetivo nacional es que el 80 % de las áreas urbanas capten el 70 % del agua de lluvia para 2030.

En Europa, Alemania destaca por la magnitud de sus iniciativas. La instalación de cubiertas y fachadas verdes se ha promovido por los municipios. En 2019, dos tercios de las ciudades exigían cubiertas verdes en sus planes de desarrollo. Como resultado, en quince urbes con más de 500 000 habitantes, el 10 % de las cubiertas se clasifica como verdes (equivalente a alrededor de 0,8 m² por habitante).

En África, Beira (Mozambique) inició su transición tras el ciclón Idai en 2019. Se han incorporado sistemas de drenaje sostenible, vegetación urbana y restauración de humedales. El objetivo es aumentar la resiliencia frente a futuros eventos extremos.

Jakarta, en Asia, enfrenta un doble desafío: inundaciones y hundimiento del terreno por extracción de aguas subterráneas. La ciudad ha comenzado a rediseñar su infraestructura. Se prioriza la expansión de espacios verdes, el drenaje vertical y los pozos de infiltración.

Estos ejemplos muestran que no existe una única fórmula. Cada ciudad adapta las soluciones a su contexto climático, social y económico. Lo que comparten es una visión común: convivir con el agua en lugar de combatirla.

Incluso con todas estas medidas, algunos daños seguirán produciéndose. Por ello, además de prevenir, conviene prepararse para responder. Esto implica contar con planes de emergencia, sistemas de alerta eficaces y una ciudadanía informada.

La resiliencia no consiste solo en soluciones técnicas. También es un asunto social, institucional y cultural.

Aprender a convivir con las lluvias no implica resignación. Necesitamos dejar de ver el agua como una amenaza y empezar a verla como un recurso y trabajar para transformar las ciudades para que sean más seguras, verdes y habitables.

Daniel Jato Espino es investigador senior y profesor en Ingeniería y Gestión Ambiental en la Universidad Internacional de Valencia. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

“Tengo miedo a que me pase algo y como esta perra mía no ladra, me encuentren días después rodeada de gusanos”. Ella te suelta las cosas así, sin filtros, con su cáustico sentido del humor, pero esto que dice es sentido y asentido por otra mujer de la tertulia que también vive sola.

La tercera, mucho más joven que ellas, les riñe: “¡¿Pero qué burra eres, cómo no vamos a saber de vosotras?!” Yo apoyo la reprimenda: “sois tontísimas… eso no va a pasar” pero, en el fondo, ambas entendemos su temor. 

La dureza de ‘la soledad no elegida’ entra a menudo en la conversación pública, pero de esa otra, la que acompaña a tantas personas por elección de vida y un día deriva de independencia a miedo, se habla menos. 

La deformación profesional me empuja a proponer ideas en las tormentas grupales, así que sugiero “el guasap del todo ok”: 

“Un simple mensaje diario para que sepamos que estáis bien, solo eso. Nada de dibujos de ositos con corazones, ni memes, ni recetas de cocina, ni hostias. Este cuarteto de guasap será un ‘Mayday de vecinas’ y en vez de grito, se activa con el silencio. Si alguna no responde, ponemos en marcha el protocolo”.

Llevo unos días dándole vueltas al silencio que pide ayuda, los bloques de pisos están llenos de este oxímoron. El grito alerta, impulsa, activa. Todavía no he logrado quitarme de la cabeza aquel que me despertó en plena madrugada, un alarido desgarrador de una mujer a la que estaban atacando que me hizo vomitar una vez la víctima fue socorrida. En cambio, al silencio no le prestamos atención y puede engañarnos tanto como esas sonrisas que ocultan un dolor agudo, a veces más profundo que el que se expresa con el llanto.

Hace tres semanas abrimos el cuarteto “Fatal, gracias” y en nuestros estatutos están prohibidos los rollos y las turras. Nuestra garita virtual está abierta, únicamente, para un “todo ok”, un “SOS”, o un silencio ensordecedor que haga saltar las alarmas. Cada mañana entran cuatro “buenos días” que significan “estoy a salvo”

No somos familia, ni vecinas de toda la vida, no somos amigas íntimas ni pensamos igual, pero compartimos barrio y, encuentro a encuentro, ha brotado un afecto que provoca que nos preocupemos las unas por las otras.

Esta es una historia pequeña, como todas las que protagoniza la gente corriente y, sin embargo, déjenme que les diga que yo encuentro profundidad en su simpleza. La maravillosa sensación de que alguien, de carne y hueso, te echará de menos si una mañana dejas de sonar. La certeza de que tu vida forma parte de otras vidas, aunque sea en diminuta proporción. Son sentimientos que le dan cierto sentido a lo que pintamos en el mundo y estos no puede generarlos la IA, al menos, de momento.

Mi abuelo materno pisó San Sebastián un solo día, justo al terminar la guerra, con el Ejército. Nunca he estado en una ciudad más bonita que esa, nos decía. La recordó toda su vida y nunca dejó de querer regresar. No lo consiguió. O no se lo conseguimos. Mi madre heredó esa nostalgia grabada de su padre y, muchos años después, cuando caminamos juntas por sus calles de lluvia y norte, por esa belleza tan perfecta de enclave recogido y agua cantábrica, a veces, nos acordamos de él. Lo que le hubiera gustado estar aquí, nos decimos. También juraba que iría a Nueva York antes de morirse, que eso tenía que verlo él, ya saben, la civilización, lo que sea que quiera decir eso hoy, los rascacielos y las avenidas para alguien nacido en un pueblo pequeño de Extremadura y emigrado a las periferias de Madrid. Pero tampoco se pudo. 

Mi abuelo paterno nunca montó en avión. Mi abuela tampoco. No recuerdo que hayan tenido vacaciones, que ellos hayan hecho una maleta y hayan cerrado la puerta de su casa y se hayan marchado a cualquier parte elegida. Vacaciones, ese descanso “sobrevalorado” por quienes tienen, tenemos, el privilegio de poder darle o quitarle valor. Pero, una vez, cuando él era un crío, cogió una bicicleta y se fue del llano de Toledo hasta Valencia para conocer el mar. Proeza o leyenda, qué importa ahora. Pues este abuelo mío nos cantaba tangos en el salón de su casa. A capela, a veces, fumando. Y lo hacía muy bien. Y así supe yo, a través de la música, que, de todos los lugares de la Tierra, al que había que volver, con la frente marchita o como fuera, era a Buenos Aires. 

Me acuerdo de él, de ellos, mientras caminamos por Corrientes abajo, cruzamos la enormidad de la avenida 9 de julio y llegamos hasta la Plaza de Mayo. Detrás, la Casa Rosada, con su energúmeno habitante hoy. Mi primera vez en la ciudad. Viajeros de este siglo veintiuno. Nómadas del placer de transgredir las distancias. El mundo en nuestra mano. Y, paso a paso, barrio a barrio, la ciudad evocada, querida, deseada y mil veces cantada, se desdibuja, se pierde en mi memoria para rellenar ese mapa imaginario con la ciudad real. Así tiene que ser. Y se acaba, día tras día, y me despido del Buenos Aires al que le parpadean las luces a lo lejos, el de las películas que vimos, el de la historia que me atraviesa y me tensiona, el Buenos Aires aún vacío de los que desaparecieron de sus calles, el de los escritores y escritoras que narraron la gran ciudad del sur, tantos relatos salvajes, luces y sombras. 

Una vida: tocar solo tus confines o atravesar las fronteras. Un sello más en el pasaporte como nuevo capital personal. ¿Nos ha hecho mejores personas atravesar los océanos? Por supuesto que no. Puedes sobrevolar todos los suburbios sin llegar a saber nunca cómo se pagan aquí los recibos, si esa familia entera va a dormir en la esquina toda la noche, cuántos trabajos se necesitan en una ciudad como esta para sobrevivir. Tanto han cambiado las posibilidades en dos generaciones y la misma sensación de lejanía.

Debe ser el aire del Río de la Plata, de este invierno en mitad de mi verano, la intensidad de las conversaciones mantenidas o quizá que hoy cumplo cuarenta y cuatro años lejos de mi casa y me parece bien, cómo ha pasado todo este tiempo, porque solo deseo conservar una parte pequeña e intacta de aquel mundo que distinguía entre lo bueno y lo malo de forma más radical, las ciudades imaginadas por ellos, porque ahora quién sabe desde dónde te apuntan, salvar una parte de aquella memoria positiva, íntima, nuestra, todos los lugares donde quisieron ir los tuyos y no lo consiguieron, aquellas calles que ellos pensaron para ti y que tú pisas ahora. Cuántas cosas daría por haberlos traído conmigo a tiempo y decirles, sentados en un café de Palermo, frente a frente, que aquí yo podría vivir. 

Llevo en Madrid desde el año 1971; dos años antes, la verja se cerró. Como es posible que deduzcan, la razón del traslado no fue otra que el cierre de la misma, tras dos años del paro consiguiente que sufrimos en casa. Mi padre trabajaba en Gibraltar.

Gran parte de mi familia quedaba en La Línea de la Concepción, otra en el resto del Campo de Gibraltar. Y podemos decir que ¡fuimos afortunadas! Porque las consecuencias devastadoras de aquel cierre y la degradación de aquella esplendorosa ciudad y del resto de la zona, nos afectaron como a todas, pero se gestionaron para que no fueran excesivamente traumáticas.

La situación de La Línea de la Concepción y del Campo de Gibraltar ha sido retransmitida cada cierto tiempo, estigmatizándola y dando una malísima imagen que, aunque obedece a parte de la realidad, no es toda la realidad. Ni toda su gente se dedica a las actividades ilícitas que trasladan las “informaciones periódicas”. Se puede vivir y se disfruta de la vida, cómo en otros lugares. Con grandes problemas, que requieren de voluntad política, que, desde el cierre de la verja, apenas ha existido. Siempre se ha dejado de lado. Y las gentes han seguido cruzando la verja “anacrónica” para trabajar, en una Europa sin fronteras.

Nos dicen que desaparece la verja, la circulación de personas y mercancías será libre (salvo control aeroportuario y portuario), el aeropuerto es de uso común y que existe acuerdo fiscal que impondrá las cargas económicas obligatorias sobre diferentes manifestaciones de la capacidad económica de personas y empresas. Cuestión que supone un riesgo importante, pero debemos esperar para conocer y no prejuzgar su inexistencia. Nada tiene que ver con la soberanía de Gibraltar. Se trata de mejorar la vida de todas las gentes de la zona y de situar en el siglo XXI a La Línea de la Concepción, a todo el Campo de Gibraltar y a Gibraltar.

Ahora falta que se traduzca en instrumento jurídico y que los parlamentos lo aprueben para que se haga realidad una aspiración de quienes sufren demasiado tiempo una situación injusta y devastadora.

Yo, ya tenía decidido mi vuelta a La Línea, mi pueblo.

Gracias, ministro José Manuel Albares por su trabajo.

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Ana María Aguilar Manjón es socia de infoLibre.

Desde el pasado 5 de enero, acceder al centro de Nueva York en coche cuesta 9 dólares, la mitad si se entra en moto y hasta 21,60 dólares si se conduce un camión. La ciudad con la medalla de plata a peor tráfico del mundo (después de Estambul) ha introducido en 2025 el llamado peaje urbano, una tasa que se cobra automáticamente a los vehículos que entran en la ciudad. Esta medida ya funciona en otras urbes del mundo como Londres, Milán o Estocolmo, y es una opción factible para reducir el tráfico y la contaminación en las grandes ciudades españolas de cara a 2030.

De hecho, la ley de Movilidad Sostenible —que debería haber aprobado en 2024 y se espera para el próximo trimestre— incluye por primera vez que los ayuntamientos puedan implementar estos peajes en áreas de la ciudad, aunque en este momento no parece que ningún alcalde esté interesado en implantar esta iniciativa por la mala acogida que tendría entre los vecinos. En 2019, Ada Colau, entonces alcaldesa de Barcelona, planteó introducir estas tarifas en su municipio, y diversas asociaciones vecinales siguieron reclamándolo años después, aunque finalmente no salieron adelante.

El peaje urbano es una de las medidas para restringir el tráfico de forma directa más efectivas, aunque los expertos señalan que la ciudad debe contar con un buen servicio de transporte público para que no dañe a la clase trabajadora. Consiste en cobrar a los vehículos que entran en una zona de la ciudad donde hay demasiada congestión o contaminación, aunque puede modularse para penalizar un tipo de vehículos y promocionar otros, como las zonas de bajas emisiones.

El objetivo principal es reducir el ruido y la contaminación del aire, que en las grandes urbes se ha convertido en un grave problema de salud pública. En España, todas las grandes ciudades superan las concentraciones de tóxicos en el aire recomendados por la Organización Mundial de la Salud, y en 2030 entran en vigor unos nuevos estándares obligatorios en la Unión Europea que ahora no se cumplen. Hace tres semanas, Ecologistas en Acción publicó un estudio de la calidad atmosférica en 15 ciudades medianas y grandes en 2024, y en todas ellas se superaron las nuevas concentraciones máximas de dióxido de nitrógeno (NO2) de la UE.

"Una vez que hayamos implantado las Zonas de Bajas Emisiones —faltan decenas de ciudades por cumplir con esta obligación— tocará introducir nuevas medidas para cumplir en 2030", señala Juan Bárcena, especialista en Calidad del Aire de Ecologistas en Acción. "Tendremos que hablar de reducir las plazas de parking, y por qué no, de peajes urbanos, medidas que desincentiven el uso del vehículo privado", sostiene el experto. Las zonas de bajas emisiones son complementarias con los sistemas de peajes porque se pueden dibujar dos almendras en la ciudad: un área amplia donde puede entrar cualquiera pagando el peaje, y una menor donde solo se puede acceder con un vehículo eléctrico.

Pero para poner en marcha el peaje en la ciudad, Bárcena explica que es imprescindible garantizar que el transporte público llega desde la periferia al centro de la ciudad de manera rápida y sin atascos mediante la implantación masiva de carriles exclusivos para autobuses. "La gente tiene que llegar antes en transporte público que en privado, eso es inapelable. Proponer un peaje urbano sin dar una alternativa rápida generaría una oposición total", añade Bárcena.

En Nueva York, el peaje urbano se ha implantado en la calle 60, y todos los coches que quieran acceder al centro y el sur de Manhattan —por debajo de Central Park— pagan 9 dólares (8,62 euros) a cambio de poder circular durante todo el día por la ciudad. La tarifa aumentará a 12 dólares en 2028 y a 15 dólares en 2030. Los taxis abonan una tarifa superreducida de 0,75 dólares al día, y Uber y equivalentes tienen un recargo de 1,50 dólares. 

Según la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA), en las primeras dos semanas de implementación calculan entre un 5% y un 10% menos de tráfico, se ha incremento de la velocidad media de los vehículos y detectan una mayor rapidez para atravesar puntos clave de la ciudad por carretera. El ayuntamiento de Nueva York espera recaudar por ahora 500 millones de dólares al año con estos peajes, dinero que van a reinvertir en comprar vagones de metro, autobuses eléctricos y reformar estaciones.

La tarifa de estos peajes depende del criterio de cada ayuntamiento. Los partidarios de implantarlo en Barcelona, agrupados en la plataforma Barcelona’22, propusieron una tasa de 4 euros al día para entrar en la ciudad condal. En Londres —donde se implantó por primera vez en 2003— el peaje se divide en dos partes: un área que abarca toda la ciudad donde se cobra 12,50 libras (14,90 euros) por entrar con un coche Euro 4 (anterior a 2006); y otra zona mucho más pequeña que se reduce al centro urbano, donde todos los vehículos pagan 15 libras por acceder, salvo los eléctricos.

En Estocolmo la tarifa es bastante menor y funciona por horas, con un máximo de peaje diario de 12 euros. La capital de Suecia fue ejemplo para muchas otras ciudades occidentales que lo implantaron después, porque tras seis meses de funcionamiento, el peaje fue sometido a un referéndum popular y lo ganó, demostrando que una medida aparentemente impopular logró ganarse a los vecinos.

Juan Bárcena explica que Madrid sería una buena candidata para implantar un peaje urbano porque buena parte del tráfico diario es de gente que vive fuera de la ciudad y entra con su coche para trabajar. "El 47% de los coches de la ciudad de Madrid provienen del área metropolitana o de otras comunidades autónomas. Es un tráfico que fácilmente se puede trasladar al autobús o al tren, pero para eso hay que mejorar la infraestructura. Por ejemplo, poniendo en todas las entradas a la ciudad un carril exclusivo para buses para que esta opción sea más atractiva que coger el coche. Se hizo en los años 90 con la A-6, pero seguimos esperando que se haga en el resto de accesos", opina.

Otro experto en el tráfico de Madrid, Sebastián de la Rica, presidente de la Asociación de Ingenieros de Tráfico, explica sin embargo que los peajes urbanos no son una buena idea. "Los sistemas que consisten en que quien pague puede entrar, aunque contamine, favorecen a las rentas altas. Yo no soy partidario porque reducen el tráfico, pero solo de la clase media y baja", contrasta el experto, que fue Ingeniero Jefe de Circulación en el Ayuntamiento de Madrid durante 42 años. En todo caso, si se implantan, él prefiere una tarifa por tiempo (como la de Estocolmo) en vez de por día, puesto que no tiene el mismo impacto en la contaminación y el tráfico entrar en la ciudad para hacer un recado que para repartir paquetes.

En algún momento del año pasado leí que en el Estado español solo el 12,5%  de los desplazamientos al trabajo o al centro de estudios se producen en transporte público. Si bien es cierto que hay un 17,1% afortunado que va andando, el resto, nada menos que un 61.3%, utiliza su propio coche. Lógicamente, esto va por lugares, ya que no todos los sitios cuentan con un servicio de transportes eficiente. O de transportes a secas. Madrid, Barcelona y Bizkaia encabezan la lista de ciudades en las que la gente más se mueve en metro, autobús o tren.

Vivir en la periferia de una gran urbe pero trabajar en su almendra deja pocas opciones. Ya no solo se trata de ahorrar emisiones de CO2, que ya bastantes tenemos, o dinero en gasolina, que ya bastante poco nos queda, sino también de no poner a prueba nuestra paciencia, la que se pierde en los atascos enormes que te saltas si coges el tren o el suburbano.

Cuando lo haces de manera habitual, acabas por sumarte, involuntariamente, a una especie de coreografía en la que participan cientos o miles o cientos de miles de personas que habitan en los extrarradios y que repiten sus pasos, con ligeras alteraciones, casi a diario. Por eso, no siempre vemos lo que tenemos delante, ni tampoco lo escuchamos. Nos dejamos llevar por esa sinfonía rara en la que suenan los pitos que anuncian el cierre de puertas o los de los tornos al pasar el bono y se entremezclan con un montón de toses, estornudos y conversaciones face to face o telefónicas. 

Pero si te detienes a observar, tiene un punto curioso, como de espectáculo urbano en el que caben el sueño, las legañas o maquillarse a pulso en espejos mini y que luego se quede la raya del ojo como si te la hubieras hecho en mitad de un terremoto de 8 grados en la escala Richter. Y en el que huele a los periódicos gratuitos, a gel y a cruce de colonias y desodorantes por las mañanas y a su abandono cruel por las tardes. Especialmente, en verano. En el que esta nueva especie de homínidos a la que pertenecemos levanta los hombros, agacha el cuello y entierra su rostro en una pantalla para charlar a través de audios que luego reproduce a doble velocidad o para ver vídeos de perros o de gatos que dan vía libre a tu ternura cautiva o para, a renglón seguido, reventar las teclas del teléfono respondiendo con ira a mensajes de gente a la que no conoces y que opina diferente en redes sociales. Segundos después, y sin despeinarte, puedes (puedo) escribir emails formales y hacer llamadas de curro con el fin de aprovechar los tiempos muertos, aunque haya tramos en los que la voz suene como la de un robot debido a que la cobertura va y viene. Como el Guadiana.

Por cierto, río no, en todo caso oasis es encontrar a personas que mantienen la bella costumbre de leer libros en papel, de esos en los que todavía se hace el gesto de pasar páginas provocando una especie de crujido tenue que acaba por volverse inaudible puesto que en cada parada suben más pasajeros. Hacerse un hueco es puro Tetris. No obstante, a pesar de la falta de espacio y hasta de aire, hay quien tiene ganas de cháchara. Aun no prestando atención a la conversación, ya sabes, por las ojeras que tú también llevas puestas, que las exigencias son altas y los sueldos bajos. Y, al lado, los estudiantes que barren el suelo con sus mochilas y sostienen los apuntes con los dedos agarrotados y los nervios tensionándoles la cara cruzan los dedos con el objetivo de ahuyentar escenarios futuros probables.  

“Fucking mileuristas”, pensarán algunos de los que comparten vagón, como si por decirlo fueran a dejar de serlo, pudieran librarse de sus desplazamientos en Renfe o jubilarse a los 30. Ja, ja, ja.

Y, mientras tanto, en invierno, los abrigos hacen frufru al rozarse. Los roces deliberados con algo que no sea el abrigo granjean hostias en toa la cara o, cuanto menos, sus buenos gritos. Lo más parecido a la paz es poder quedarse mirando por esas ventanas con cristal ahumado y dejar atrás los edificios vacíos, las carreteras abarrotadas y las estaciones llenas porque el tren anterior se ha estropeado. Otra vez. O responder a la sonrisa del bebé que está sentando enfrente. ¿Acaso eso que dura tan poco es el nirvana? Pues ni tiempo te da a averiguarlo, ya que enseguida vuelven el trasiego, la mezcla de acentos, colores y dolores de espalda puesto que hay mudanzas, vidas o mercancías que se llevan a cuestas. En esta época, además, son viajeros habituales los repartidores que sujetan la bici con una mano y con la otra el envío de turno. En sus ojos se localizan, sin necesidad de GPS, las ganas de acabar con todo y volver a casa.

No sé si casa pero sí hogar le encantaría tener a la persona que pide, bueno, para él y para su familia, porque se quedó sin trabajo, y a ver qué hace ahora a esta edad. Y cuando aún estás buscando unos euros en el fondo del bolsillo, llega el “hola, buenos días, un poquito de música para amenizar su viaje”. Qué bonita voz. A la chica se le olvida la letra y pide perdón, como si nos debiera algo y no nosotros a ella, que le ha puesto belleza a este trayecto.

Pi, pi, pi. Tu estación y quién sabe, quizá también, alguna identificación por perfil racial.

Al fin sales con la sensación de haber pasado ahí días y es tan temprano y tan invierno que ni el sol ha aparecido.  

Hoy en día, se puede afirmar que la educación atraviesa los muros de la escuela y se extiende a toda la ciudad, impregnando sus barrios, espacios públicos e instituciones. Pero se puede constatar objetivamente que en las ciudades persisten aún numerosos fenómenos y factores deseducadores y también en la nuestra. 

Por eso, si somos conscientes de estos desafíos y retos a los que nos enfrentamos, toda la sociedad se debe comprometer con convicción y voluntad a contrarrestar estos fenómenos regresivos, proponiendo un modelo político de ciudad que sitúa a las personas en el centro de nuestras prioridades y que, partiendo de la educación, da coherencia, dinamismo y sentido a nuestra acción, como herramienta de transformación social, de cohesión y de respeto mutuo. 

Las ciudades educadoras trabajan y deben trabajar para que la educación sea eje transversal de todas las políticas locales, tomando conciencia y reforzando el potencial educador de las actuaciones y programas de salud, ambiente, urbanismo, movilidad, cultura, deporte… 

Hay que trabajar, por tanto, para democratizar el acceso a todos los bienes de la ciudad, para que cada uno de sus espacios sea fuente de educación, y para que toda persona pueda vivir, disfrutar y emanciparse, aprovechando al máximo las oportunidades que la ciudad ofrece para alcanzar sus expectativas con una actitud cívica y democrática. Una ciudad respetuosa con el medio ambiente y que dialoga con las ciudades y áreas rurales que le rodean. 

Hay que apostar por una democracia participativa sumando las propuestas y el esfuerzo  de la sociedad civil por construir juntos ciudades mejores, que no dejen a nadie al margen. Para lograr este objetivo ambicioso, los ayuntamientos con todas sus delegaciones deben  comprometerse con la educación ciudadana y con el establecimiento de los mecanismos necesarios para elaborar, implementar y evaluar las políticas públicas contando con la  participación de una ciudadanía activa, dotada de espíritu crítico, comprometida y  corresponsable. 

Este es un camino que comparten las ciudades educadoras, ciudades muy diversas de todos los continentes y que cuenta con más de 30 años de recorrido desde la proclamación de la Carta de Ciudades Educadoras y ve que cada día se cuenta con el respaldo de más personas, asociaciones, empresas, instituciones, etc., trabajando con entusiasmo por una educación integral, renovada y emancipadora.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

Hay carteles de las luces de Navidad de Vigo en Nueva York y a mí me parece bien. Si tantos en Soria o en Xixón caminan con sudaderas de NYU sin saber ni dónde queda, ojalá algunos neoyorquinos se animen a buscar en internet qué se les puede haber perdido en Vigo. Los provincianos podemos comprender bien por qué hacerse con el título de algo es tan importante para un lugar. Como dicen los políticos cuando lo consiguen o lo prometen: que te pongan en el mapa. Figurar. Ofrecer un motivo claro para que los visitantes lleguen. La gente necesita señales: y ahora saben que ir a Vigo a ver las luces de Navidad es un plan.

Quienes viven en ciudades donde lo que no falta es precisamente gente, pongamos que digo Madrid, aseguran que ir al centro en estos días de luces y compras delata a los advenedizos. “Si eres de Madrid sabes que no se va al centro en Navidad”, sentencian, y a mí me parece una frase tan triste. Qué pena vivir en una ciudad tan vibrante como Madrid y no poder disfrutar de lo que la hace Madrid. Yo algunos días quiero vivir en Madrid, algunos días me digo que a mí todavía me queda Madrid, por estrenar, algunos días agradezco no haber vivido todavía en Madrid para sentir el latido de esa carta bajo la manga. Cuando aterrizaba en Barajas por Navidad y quedaba en Sol para ir a tapear por La Latina rodando la maleta antes de mi tren, me parecía —lo escribí tantas veces — que había más vida en esa plaza que en algunos países enteros.

La calle es importantísima. La calle es la última compañía. En provincias ocurre que las familias jóvenes (sic) están renunciando a vivir a pie, a tener todo a diez minutos, a lo que hace a una capital de provincia una capital de provincia por la promesa del piso nuevo o la casa nueva en las afueras. Los fenómenos sociales llegan más tarde pero tampoco nos perdonan. Y en esas casas nuevas hay piscina comunitaria y nevera gigantesca, pero no hay derecho a la calle. No hay, tampoco, vecinos de otras edades, vecinos que no tengan niños, alguien distinto, alguien, por ejemplo, que no pueda, sepa o quiera conducir. Es el estilo de vida cochista, segregado e individualista que hace de grandísima parte de Estados Unidos un lugar descorazonador.

En mi ciudad las luces son tranquilas. Blanco y dorado, motivos clásicos, sin estridencias. El Ayuntamiento ha pedido hacer calle entre todos: poner algo en balcones y ventanas. Cada año por estas fechas juego con mi hijo a encontrar elementos navideños —señales— por la ciudad, punto para el primero que vea algo nuevo. El otro día, mientras él entrenaba baloncesto, estuve dando vueltas por unas calles de barrio en busca de un zapatero. Calles tirando a oscuras y a metáfora: calles que seguían siendo calle por las luces de los pequeños comercios que resisten y por las modestas luces de balcón. Observo con agradecimiento todos los Papás Noel trepadores, los tres reyes magos en escalera, las luces esféricas de colorines, las luces en todas sus versiones e intentos. Las agradezco especialmente porque ya soy lo suficientemente mayor como para saber que a veces las luces no se ponen por sino a pesar de. Pienso en las historias detrás de las manos que las han colocado, en la vida que transcurre en el salón de su reflejo. Las miro con respeto mientras oriento estratégicamente la plaquita solar de las nuestras, luz cálida y tres posibilidades de movimiento, para hacer nuestra parte de la calle.

Pinchos, barrotes, bolas de hormigón, bancos individuales, curvos o con relieves… El diseño urbanístico incorpora cada vez más elementos para controlar el uso y la distribución de calles, plazas y mobiliario público. Por detrás de un aparente ímpetu de modernización, los colectivos sociales denuncian el borrado y desplazamiento sistemático de las personas sin hogar de la vida pública. En otras palabras, que la pobreza sea cada vez menos visible en el corazón de las grandes ciudades.

"Cuando estás en la calle, te sientes tan invisible, tan poca cosa, que llega un momento que no esperas nada de los demás", recuerda Guillermo, un madrileño de apenas 25 años que tuvo que pasar casi un año viviendo en la calle. "No hablas con nadie. Vives aislado del mundo", continua. "Y cada vez que te echan, no hacen más que reforzar esa sensación de abandono absoluto".

En este punto insiste Rafa Maellas, director de comunicación de la Asociación Realidades, que lleva años asistiendo a personas sin hogar en la capital. "Este tipo de medidas tienen un peso psicológico importante en las personas que viven en la calle, que se suma al ya de por sí costoso proceso mental del sinhogarismo. Se les niega incluso la posibilidad de descansar, de estar, casi de existir, profundizando su sensación de desarraigo y marginalidad".

El pasado lunes 7 de octubre daban comienzo los trabajos de remodelación de la céntrica Plaza Nueva de Sevilla. En los bocetos presentados por el ayuntamiento, los bancos adoptarán una nueva fisionomía, con la instalación de respaldos de hierro forjado y reposabrazos centrales. “Para que se utilicen para sentarse y no para tumbarse”, aclaraban fuentes municipales a El Correo de Andalucía.

El nuevo diseño se propone a todas luces evitar el descanso y la pernoctación de personas sin hogar, las “estancias indeseadas” a las que se refería durante la presentación el gerente de urbanismo, Fernando Vázquez. “Pretendemos revitalizar el espacio y convertirlo en el escaparate ideal de la ciudad. El objetivo es cuidar el paisaje urbano tras años abandonado”, completaba el alcalde hispalense del PP, José Luis Sanz. Un escaparate "ensuciado" por la imagen del sinhogarismo.

No solo pasa en Sevilla. Alicante, Huesca, Zaragoza, Tenerife... Los ejemplos de mobiliario hostil se encuentran repartidos por ciudades de toda la geografía española. Barcelona es una de las más afectadas. Tanto es así, que el año pasado, la Fundació Arrels elaboró un mapa con hasta 334 elementos arquitectónicos hostiles distribuidos por la capital autonómica.

Los ayuntamientos tampoco son los únicos implicados. Locales, comercios y vecinos se suman habitualmente a estas prácticas. "Rejas en los portales, pinchos en escaparates y poyetes, bolardos a lo largo de las fachadas...", enumera Lucía Fernández, estudiante de trabajo social que colabora como voluntaria en Cáritas.

Basta con un paseo por el corazón de Madrid para darse cuenta de que la arquitectura hostil está cada vez más presente en las ciudades. Salimos del metro en la céntrica plaza de Callao, que parece, más bien, un enorme paso de cebra de cemento, generado por el cruce de calles. ¿Su uso? La colocación de stands comerciales. Al fondo, junto a la calzada, dos bloques de granito a modo de bolardos, ¡ah!, y también para sentarse. Por lo demás, un par de bancos individuales, en una plaza por la que pasan al año unas 113 millones de personas.

Seguimos por la calle Preciados en dirección a Sol. A un lado y otro de la calle se suceden las tiendas. Bershka, Zara, Primor, Stradivarius... Todas con sus correspondientes pinchos y barrotes protegiendo el ansiado asiento de sus escaparates. Ahora sí, llegamos al famoso kilómetro 0, símbolo madrileño por excelencia: la Puerta del Sol. Nos recibe otra explanada de cemento. Ni árboles –ni sombra–, ni fuentes, ni bancos convencionales. Tan solo los mismos bloques de piedra, esta vez adornados con incómodos relieves que obligan al asiento individual.

Bajando por la calle Mayor, tras una breve parada en la plaza del mismo nombre, una tercera "plaza dura" devorada por las terrazas, llegamos a nuestro destino final: la plaza de Tirso de Molina. Bancos individuales, taburetillos de piedra, bordillos de piedra con relieves... La salvan una fuente y algunos árboles.

Por el camino, las marquesinas de la EMT, herencia de la exalcaldesa Ana Botella, que dio el visto bueno a un nuevo modelo de bancos con una sobresaliente pieza rectangular en el centro. Desde el consistorio, en su momento, justificaron el diseño como un asidero para facilitar el apoyo de las personas mayores, lo que no evitó el estallido de todo un debate político, social y urbanístico. Hasta hoy.

¿Conclusión de nuestro recorrido? El centro de Madrid está pensado para las compras, las cañas y las visitas turísticas, no para el disfrute y aprovechamiento de sus zonas comunes. Mucho menos por aquellos sin el suficiente nivel económico como para sumarse a la vorágine de consumo y negocio. Madrid no es para sus vecinos.

"Las políticas de urbanismo hostil son el golpe definitivo para las personas que viven en la calle. Son el culmen de la aporofobia y la deshumanización", denuncia Maellas. Los colectivos sociales se muestran tajantes: se trata de un caso de persecución y violencia estructural. "El espacio público es de todos, para todos. Las medidas que buscan limitar el uso del mobiliario urbano de las personas sin hogar refuerzan su estigmatización y criminalización. Les arrebatan derechos básicos", añade Fernández.

El desplazamiento forzoso de sus lugares habituales desvincula a las personas sin hogar de los equipos de apoyo social de la zona. "La clave del sinhogarismo es la pérdida de una red social y de apoyos. Tener aunque sea a un vecino pendiente puede marcar la diferencia. Aporta un pequeño sentido de pertenencia y de relación con el entorno. Desplazarlos les hace perder sus vínculos y les obliga a volver a empezar una y otra vez", explica Maellas.

Y lo que es aún más importante, no ofrece soluciones reales al sinhogarismo, invisibilizando una problemática social que afecta cada vez a más personas. "¿No quieres que haya personas sin hogar en tu distrito? Me parece bien. Soluciona el problema dándoles un hogar. Que se les trate como personas y se les dé la oportunidad y el apoyo para demostrar sus capacidades, que las tienen", sostiene.

Las personas sin hogar son las víctimas más evidentes de un urbanismo cada vez más deshumanizado. Pero no son las únicas. Ancianos, niños o personas con movilidad reducida resultan también especialmente perjudicados. "Afecta a la calidad de vida de todos los vecinos", señala Maellas. "Las ciudades se están convirtiendo en espacios cada día más áridos para el desarrollo de la vida pública y vecinal".

El sinhogarismo es, de por sí, el caso extremo de una situación más generalizada. La actual crisis de vivienda dificulta enormemente el acceso de los ciudadanos menos pudientes a un hogar digno y estable, expulsándolos a un extrarradio cada vez más lejano o condenándolos a condiciones de vivienda precarias. "La amenaza del sinhogarismo no es tan ajena como parece", incide Guillermo.

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida, el año pasado, un 16,6% de las personas ocupadas, es decir, con empleo, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Cifra que sube hasta casi el 60% en el caso de los desempleados. "No somos conscientes de esto. Es nuestra lucha, del colectivo y del tercer sector", declara Maellas. "No somos mendigos ni criminales, somos personas con los mismos derechos y dignidad que el resto", concluye Guillermo.

Los habitantes de las grandes ciudades estamos hartos de ver cómo se transforman nuestros barrios y cómo los centros históricos se van convirtiendo en centros comerciales para el turista, ofreciendo por lo general un ocio barato y de calidad dudosa y, a la vez, inaccesible para los ciudadanos de clase media. Silenciosamente las viviendas vecinas, los bajos y los locales comerciales se van convirtiendo en pisos de alquiler vacacional, y en lugares cada vez más lejanos al centro comienzan a oírse maletas de cabina sobre las aceras.  

Este crecimiento que parece no terminar nunca chirría entre la ciudadanía, y que cada vez sea mejor valorada en el exterior la calidad de vida de la que se disfruta se siente como que están revelando nuestros secretos, que llevaban décadas muy bien guardados. Primero fueron las costas españolas, algo a lo que la zona supo adaptarse y satisfacer la demanda con creces a costa de expulsar a los vecinos de sus barrios, y ocupar sus plazas para llenarlas de bares y terrazas con espectáculo y lavanderías fantasma en edificios aparentemente abandonados. Poco a poco, el turismo se fue adentrando en la meseta y ya no venían sólo por sol y playa, sino también por la gastronomía, la cultura y la variedad de paisajes que se ofrecen.

A pesar de todo esto, a nosotros también nos gusta viajar e, inevitablemente, convertirnos en turistas, aunque tratamos de disimularlo y parecerlo lo menos posible; para ello, buscamos conocer los lugares más “auténticos” que frecuentan los oriundos, convirtiéndonos propiamente en los agentes “turistificadores” que nos agota ver en nuestras ciudades. Procuramos encontrar alojamientos y restaurantes baratos de calidad máxima que se adapten a nuestras economías precarias; un buen destino es uno en el que, por un buen precio, hemos conseguido una calidad de vida más alta a la que tenemos en nuestro lugar de origen. 

La industria turística apenas genera beneficios a nivel regional como lo hace para los propietarios, y pensar que, como turistas, estamos apoyando a la economía regional es erróneo en muchos casos. El turismo no es sólo un motor de desarrollo, sino que genera desigualdades y precariedad, articulándose como una forma de imperialismo moderno. Países como México han doblado la cantidad de turistas desde 1995; sin embargo, su posición en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha bajado dieciséis puntos desde 1995 hasta 2018. Costa Rica, un destino caribeño más exclusivo, ha multiplicado su turismo casi por cuatro desde entonces, mientras que su posición en el ranking ha bajado siete puntos.

La situación de República Dominicana, en cambio, parece más optimista, ya que solo pierde una posición en la clasificación, a pesar de multiplicar su turismo por tres. Pese a todas las mejoras en las infraestructuras de estos países, los ciudadanos no tienen nada que agradecer al turista, ya que se mantienen en puestos de trabajo precarios sin generar verdadero crecimiento para el país. Del mismo modo, visitar países cuyas situaciones políticas son más complejas, como sistemas dictatoriales, es indirectamente una forma de apoyar a estos regímenes, como es el caso de Birmania o Arabia Saudí.

España, como país receptor, cada vez sufre más el impacto del turismo de masas -residuos, agotamiento de recursos, destrucción medioambiental-, sin olvidar a los turistas de larga duración -conocidos como “nómadas digitales”, un término con menos carga negativa para realidades más cómodas-, que, gracias a su alto poder adquisitivo, buscan en España una buena calidad de vida a precio razonable.

Entonces, sabiendo todo esto, y como ciudadanos comprometidos que buscan llevar a cabo un consumo turístico ético, y no ser los mismos “guiris” que invaden nuestras ciudades, ¿qué podemos hacer? Existen modalidades de turismo responsable, de menor impacto y no tan dañinas con el medio ambiente, pero la mayoría de estas propuestas suelen ser accesibles para las clases más altas, que disfrutan de más días de vacaciones y suficiente dinero en el bolsillo, y que, además, ya se han cansado de visitar capitales europeas en un fin de semana relámpago en modo yincana. Las nuevas formas de practicar un turismo ético suelen ir de la mano de la sostenibilidad; no obstante, la ética para con la ciudadanía está aún en un segundo plano.

Un modelo interesante es el de Bután, que, ubicado en la cordillera del Himalaya, apuesta por un turismo que algunos denominan “de élite”. Su política es denominada de “alto valor, bajo volumen”, y tiene por objetivo mantener un flujo bajo de visitantes y para reducir la huella de carbono. Para proteger su entorno y costumbres, los precios de este reino budista no están al alcance de cualquiera: un día de alojamiento, con todo incluido, cuesta unos 200 euros.

Las pocas alternativas responsables parece que solo son posibles para las economías más pudientes, y la pregunta es si sería posible generar un modelo turístico que sea ético y, a la vez, se adapte a las economías de las clases medias y bajas que viajamos en aerolíneas de bajo coste, y buscamos alojamientos baratos o, incluso, albergues con habitaciones compartidas. Este tipo de turismo, aunque es mucho más asequible, es el menos responsable con el entorno y, especialmente, con sus habitantes, ¿pero acaso existe una alternativa mejor para nosotros? Desde luego, los que conformamos el pueblo llano y no podemos viajar a destinos caros, no tenemos la culpa de que los fondos buitre gentrifiquen nuestros barrios, y que los vuelos a capitales europeas sean más baratos que un tren dentro de nuestro propio país.

Es muy necesario insistir en el debate de un turismo sostenible para los países receptores. Las pocas regulaciones que se plantean van en torno al control de los pisos turísticos y su relocalización, pero el desafío está en crear un modelo de mercado en el que sean bienvenidas las economías precarias y que, a la par, sea respetuoso con los habitantes locales. Hay que encontrar un punto de convivencia, donde la disparidad de clases no sea tan abismal como hasta ahora. 

Existen tres actores en la balanza: visitantes, residentes y propietarios; pero, hasta el momento, los únicos que han cedido sin dar su consentimiento son los ciudadanos que han sido invadidos por las masas de turistas. Es momento de buscar soluciones para proteger a los vecinos. Limitar el flujo de entradas es inevitable, así como recuperar los espacios que han sido invadidos por los visitantes. Por otro lado, el turista ha de estar siempre bien informado para que su actividad no sea invasiva, mientras que las administraciones locales han de proteger sus patrimonios y fomentar el pequeño comercio para que sus destinos mantengan un marchamo único y especial.

El Informe Transición hacia un Turismo Sostenible, de la Fundación Alternativas, concluye con una firme propuesta hacia el turismo de proximidad, una alternativa más respetuosa no solo con el medio ambiente, sino también como una democratización del ocio que reduce el flujo de visitantes en los lugares masificados, y aporta actividad en los lugares con menos movimiento, haciendo hincapié en no caer en lecturas xenófobas y excluyentes.

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Mina Polacek es antropóloga y analista de la Fundación Alternativas.

Más de la mitad de la población global reside en ciudades, una cifra que se prevé alcance el 70 % en 2050, según los datos de Naciones Unidas. Estos enclaves, que a priori representan un espacio seguro y habitable, esconden en su diseño profundas desigualdades y problemáticas que afectan directamente a la calidad de vida de sus residentes, especialmente a la de los más vulnerables. "Tenemos la sensación de que, hoy en día, algunas ciudades se están volviendo progresivamente más hostiles”, asegura José Manuel Caballol, director general de Hogar Sí. “Elementos arquitectónicos que antes eran poco frecuentes, o una excepción, cada vez son más habituales en ciudades y pueblos”. La arquitectura funciona a veces como “una herramienta que pretende impedir el establecimiento de personas en espacios públicos a través de la instalación de elementos arquitectónicos hostiles”, añade. Bancos divididos, objetos punzantes en suelos lisos o elementos de todo tipo que impiden la pernocta son ejemplos comunes, que impiden “estar en la calle y generar comunidad para la ciudadanía”.

Sara Ortiz, de Col·lectiu Punt 6, destaca que “la manera en la que se han diseñado los espacios también reproduce desigualdades de género y otras desigualdades y opresiones estructurales”. Vivimos en espacios pensados desde una visión androcéntrica, vinculada a un hombre blanco de clase media, con trabajo a tiempo completo y que cuenta con todas sus capacidades físicas, sociales y cognitivas. Esta perspectiva ha invisibilizado a la mayoría de la población, según Ortiz, para quien el urbanismo, lejos de ser neutral, responde a un modelo de sociedad patriarcal y capitalista, donde cada metro cuadrado “se explota para el beneficio de unos pocos, aprovechándose de la explotación de muchas”.

El diseño actual de nuestras ciudades contribuye a exponer especialmente a aquellas personas que viven en situación de sinhogarismo a una situación de extrema inseguridad, “siendo una respuesta que lejos de resolver el problema, lo agrava", recuerda Caballo. "La calle no es un lugar seguro, y las personas que se ven obligadas a vivir en ella conviven con esa inseguridad de manera permanente".

Según el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023, las áreas urbanas abarcan solo el 3% de la superficie terrestre, al tiempo que representan entre el 60% y el 80% del consumo energético, así como el 75 % de las emisiones de carbono. Además, debido a la concentración de población y a la ubicación de muchas ciudades, son más susceptibles a los impactos del cambio climático y a los desastres naturales.

De esta manera, la hostilidad no solo impacta a aquellos que se ven obligados a utilizar la calle como refugio. Según señala Jesús Martín, vocal del Área de Naturaleza de Ecologistas en Acción, "el modelo urbano predominante intensifica la desconexión de las personas con la naturaleza, generando una deriva social que desvincula a la especie de su hábitat original". Por eso la eliminación de áreas verdes en entornos urbanos representa uno de los grandes desafíos. Martín advierte de que "esta acción va directamente en contra de los procesos de renaturalización urbana, los cuales deberían estar en el centro de la agenda de las administraciones públicas, sobre todo en un contexto de emergencia global debido a la crisis ecológica".

El aumento de las temperaturas, exacerbado por la falta de espacios naturales, contribuye a un entorno urbano aún menos habitable. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en 2023 fueron frecuentes los episodios de altas temperaturas, observándose hasta cuatro olas de calor en la Península iIbérica y Baleares y tres en Canarias. El año 2023 fue, además, extremadamente cálido y seco, tal y como se desprende del informe realizado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El ejemplo más evidente en materia de políticas urbanísticas sostenibles y respetuosas con el medioambiente en España es Vitoria, la ciudad con más superficie verde per cápita, con 42 metros cuadrados por habitante. "El anillo verde o el parque de Salburua son ya referencia internacional en materia de renaturalización urbana", explica Martín. Sin embargo, esta no es la realidad generalizada en el resto del territorio ni a nivel internacional.

"Las áreas naturalizadas proporcionan refugios climáticos, amortiguan los efectos de olas de calor y minimizan inundaciones, contribuyendo a crear condiciones ambientales adecuadas en los espacios urbanos, mejorando la calidad del aire, el confort térmico y reduciendo el ruido", asegura Martín. Además, “son espacios de convivencia, lugares de encuentro e historia de nuestras vidas de gran importancia en nuestro desarrollo. Son los escenarios de nuestro crecimiento y cotidianidad”. 

De acuerdo con datos de Naciones Unidas, en 2022 solo la mitad de la población urbana mundial tenía acceso al transporte público. Aquí la planificación de la movilidad también juega un papel crucial. Según Ortiz, se "excluye a la mayoría de las personas que se mueven en la ciudad", poniendo “lo productivo, el capital y el consumo en el centro”. Además, recuerda que esta problemática afecta especialmente las mujeres, que “tienden a tener una movilidad más sostenible, utilizando más el transporte público”.

Detrás de toda esta problemática se encuentra un interés claro: dar prioridad a las actividades productivas que se desarrollan en el ámbito urbano. En lugar de esto Ortiz propone poner la vida cotidiana en el foco de la planificación, incluyendo todas las tareas de cuidados a nivel familiar, comunitario y personal –que generalmente recaen sobre las mujeres– y “convertirlas en responsabilidades  públicas y comunitarias”.

Sin embargo, según Ortiz, este enfoque aún “no existe en un país como el nuestro". A pesar de tener legislaciones normativas a nivel autonómico, estatal y europeo, asegura que estas no cumplen completamente las necesidades y deseos de los más vulnerables en la planificación urbana. Para ella, muchos en el ámbito de la planificación, tanto político como técnico, “no incorporan esta mirada ni valoran la diversidad de personas en nuestro territorio”.

De cara a abordar estos problemas, Ortiz sugiere la formación para “desaprender conceptos que reproducen las estructuras patriarcales y capitalistas” y destaca la necesidad de proyectos que incorporen una perspectiva feminista e intersecciones de manera intencional. Aunque existen modelos exitosos en lo relativo a urbanismo responsable y feminista, como la ciudad de Viena –que se ha convertido en uno de los grandes ejemplos de diseño urbanístico con perspectiva de género–, la implementación a menudo se enfrenta a desafíos políticos que derivan en la invisibilización de estos esfuerzos.

La lupa del Tribunal de Cuentas deja al descubierto la ausencia de control en los grandes ayuntamientos sobre el uso del dinero público por parte de los partidos políticos. Sólo en 2022, según un informe del organismo publicado con carácter previo al parón navideño, la mayoría de consistorios de las capitales de provincia no exigieron a los diferentes grupos municipales una rendición de cuentas ni llevaron a cabo actuaciones de vigilancia alrededor de la asignación que perciben anualmente de los presupuestos locales para financiar exclusivamente su funcionamiento ordinario. En total, casi seis millones de euros sobre los que no hubo fiscalización de ningún tipo. Una falta de control que la institución cree necesario corregir.

La financiación pública de los grupos políticos locales, que no forman parte de la estructura de los partidos sino que se incardinan en la de la propia entidad municipal, procede de las dotaciones económicas que les asignan las propias corporaciones. La misma se determina en base a un componente fijo, que es idéntico para todos los grupos, y otro variable, que depende del número de miembros de cada uno de ellos. En Madrid, por ejemplo, se asigna anualmente a cada uno 36.545 euros. Y otros 6.122 euros por cada concejal que lo integre. Sólo en el medio centenar de capitales de provincia, los ayuntamientos dedicaron en 2022 a esta dotación económica 12,92 millones de euros, una cifra similar a la registrada en años anteriores.

No son asignaciones que puedan administrarse de forma libre y discrecional, sino que es un dinero que se otorga para sufragar los gastos de funcionamiento del grupo municipal. El ejemplo más claro sería la compra de material de oficina o informático. Ahora bien, la normativa estatal –Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local– no especifica qué tipos de desembolsos guardarían relación con ese desempeño, algo que sí han ido perfilando por su cuenta algunos ayuntamientos. No obstante, sí que establece dos prohibiciones: los fondos no pueden destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación ni a la adquisición de bienes que puedan constituir "activos fijos de carácter patrimonial".

El problema es que la mayoría de los grandes ayuntamientos no controlan el uso que las formaciones políticas hacen de esos fondos públicos. Así se desprende del último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre estas dotaciones económicas. El documento, hecho público a finales de diciembre y que analiza las actuaciones en esta materia por parte de los ayuntamientos de municipios capitales de provincia, refleja que veintisiete de los principales consistorios de nuestro país "no exigieron" en 2022 a los grupos municipales "rendición de sus cuentas" ni tampoco "llevaron a cabo actuaciones de control por parte de la intervención". En total, 5,82 millones de euros que se escaparon de cualquier tipo de fiscalización.

El organismo fiscalizador pone nombre a todos esos consistorios: A Coruña, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Bilbao, Cáceres, Cádiz, Castelló de la Plana, Ciudad Real, San Sebastián, Granada, Huelva, Jaén, Lleida, Logroño, Lugo, Ourense, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Vitoria y Zamora. Y advierte: "Dicha ausencia de rendición y control implica un riesgo de que las dotaciones asignadas a los grupos, como fondos destinados a financiar su funcionamiento, puedan no haberse aplicado de manera efectiva a esta finalidad. El riesgo se incrementa en el caso de aquellos grupos que no forman parte de la nueva corporación surgida tras las elecciones locales de 2023, al no exigírseles la justificación de las dotaciones asignadas".

La inmensa mayoría de estos consistorios –23 de ellos– no sacaron la lupa porque, sencillamente, no estaban forzados legalmente a hacerlo. La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local sólo obliga en su artículo 73 a los grupos a entregar la contabilidad específica de esta dotación cuando así lo acuerde el Pleno del ayuntamiento, regla que se repite en muchas de las normativas internas de estas entidades locales. No obstante, recuerda el organismo fiscalizador, hay otras cuatro ciudades en cuyos reglamentos municipales sí que se prevén actuaciones de control sobre este tipo de cuentas que, sin embargo, "no se llevaron a cabo en el ejercicio fiscalizado". Es el caso de Ávila, Logroño, Ourense y Teruel, que incumplieron su propia regulación.

En otros 22 ayuntamientos de capitales de provincia, por el contrario, sí que se llevó a cabo una fiscalización, y eso que en algunos de ellos su normativa interna ni siquiera tiene previsto expresamente el control financiero de estas dotaciones económicas. Ahora bien, el Tribunal de Cuentas considera que solo en tres de estos consistorios –Guadalajara, Huesca y Pamplona– la vigilancia fue "fuerte", mientras que en 14 fue "moderada" y en 5 "débil". Dentro de este último nivel se encuentran Barcelona y Madrid. La primera es, seguida por Málaga, la capital de provincia que más repartió en 2022 entre los grupos municipales: 2,47 millones de euros. Una cifra que se quedó en 567.764 euros en el caso de la ciudad que gobierna José Luis Martínez-Almeida.

Con todos estos elementos sobre la mesa, el organismo fiscalizador recomienda a los ayuntamientos que, en aras de una "adecuada y efectiva rendición de cuentas", prevean en su normativa interna que los grupos "rindan sistemáticamente sus cuentas al Pleno municipal, sin necesidad de que este lo pida" y que las mismas se sometan "al control financiero por parte de la intervención, sin limitaciones a su ejercicio". También, que se establezca "la exigencia" de que los mismos estén "al corriente de pago de sus obligaciones por reintegro de dotaciones no aplicadas o no adecuadamente justificadas" antes de abonarles la asignación que les corresponda para aquellos gastos vinculados a su funcionamiento.

El informe también aborda las aportaciones de los grupos a los partidos políticos. En este sentido, recomienda a aquellos ayuntamientos cuya normativa interna permita ese desvío de fondos "que establezcan limitaciones en la cuantía de las mismas" y "exijan su justificación" mediante "los correspondientes convenios que disciplinen las relaciones de colaboración entre los grupos y las formaciones políticas" y los "justificantes acreditativos de los gastos incurridos con cargo a dichas aportaciones". En la actualidad, solo la normativa interna de nueve ayuntamientos –Barcelona, Córdoba, Cuenca, Huelva, Málaga, Palencia, Pamplona, Pontevedra y Salamanca– permite expresamente estas aportaciones a los partidos, algo que en Almería o Valladolid, sin embargo, está prohibido.

Pero las recomendaciones del Tribunal de Cuentas van más allá del nivel municipal. Así, el organismo fiscalizador pide al Gobierno central que ejerza su "iniciativa legislativa" para que en la normativa básica sobre el régimen local se establezca un mayor "nivel de detalle" sobre las dotaciones económicas a los grupos políticos. Por ejemplo, en relación con los "gastos considerados admisibles" –incluyendo, por supuesto, lo relativo a las aportaciones a los partidos–, la "contabilidad específica de las dotaciones", las "obligaciones formales de gestión económica-financiera de los grupos" o "los procedimientos de rendición de cuentas y de control".

¿Cómo nos movemos en nuestras ciudades? ¿Cómo podemos transitar hacia una movilidad eléctrica y sostenible? ¿Qué necesitamos para ello? ¿Qué papel juegan las administraciones? Las preguntas que surgen cuando hablamos de construir la nueva movilidad urbana pueden llegar a ser infinitas. Y las respuestas también. Aun así, infoLibre trata de responder lo mejor posible a la cuestión. Lo hace en una nueva edición de sus Foros infoLibre, que tiene lugar este viernes a las 10.00 horas de la mañana en Taller de Ideas, sede audiovisual de infoLibre. El acto está organizado junto con Acciona.

El adelanto electoral del pasado 23 de julio metió en el cajón la Ley de Movilidad Sostenible que pretendía frenar la contaminación del transporte para cumplir con la Agenda 2030 de descarbonización, así como reducir los vehículos contaminantes y poner en marcha un conjunto de medidas destinadas a potenciar la movilidad eléctrica y compartida.

Por su parte, la introducción de Zonas de Bajas Emisiones por parte de los municipios de más de 50.000 habitantes con problemas de contaminación ya están cambiando las ciudades. Y la forma de moverse de sus vecinos. Sin embargo, eso provoca que haya que idear, por ejemplo, nuevas infraestructuras de recarga de baterías para vehículos eléctricos. ¿Estamos avanzando?

El debate, que puede verse en directo en nuestro canal de YouTube y en www.infoLibre.es, está moderado por la subdirectora del periódico, Marta Jaenes, y cuenta con la presencia de Juan José Conde, gerente de Desarrollo de Negocio de B2B en Acciona; Jaime Moreno, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana; May López, directora de Desarrollo de la Plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible; y María Romera, directora de Regulación y Asuntos Públicos de AEDIVE [Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica] y directora de AEMENER [Asociación Española de Mujeres de la Energía].

La contaminación del aire aumentó en 2022 en España por el aumento de la movilidad, una vez finalizadas las restricciones por el COVID19, la sequía y el calor, de modo que el 100% de los españoles y el 92% del territorio respiró aire con nivel insalubre de contaminación, según concluye el Informe estatal de calidad del aire presentado este martes por Ecologistas en Acción, al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, Barcelona volvió a incumplir el límite legal de dióxido de nitrógeno y otras 30 zonas rebasaron los objetivos de las partículas y el ozono. De acuerdo con los nuevos límites propuestos por la Unión Europea, el 80% de la población respiró aire contaminado, según el informe para el que la ONG ha analizado los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el país, entre ellas, las de los principales puertos y aeropuertos.

Así, el documento concluye que la calidad del aire empeoró en 2022 respecto a los dos años precedentes y señala que se registró un aumento significativo de los niveles de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y más matizado de dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico, aunque sin alcanzar estos dos contaminantes las concentraciones habituales en años anteriores a la pandemia.

De acuerdo con los valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualizados en 2021, y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, el aire contaminado afectó en 2022 a toda la población española y a 463.000 kilómetros cuadrados, que representan el 92% del territorio.

Sin embargo, si se toman los estándares de la normativa europea, que son más laxos que las recomendaciones de la OMS, 7,6 millones de personas respiraron aire contaminado, dos millones de habitantes más que en 2021.

Además, la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación alcanzó 95.000 km2, una quinta parte del territorio, la cifra más baja de la última década.

Sin embargo, si se tiene en cuenta los nuevos estándares legales que ha propuesto la Unión Europea para 2030, cuatro de cada cinco españoles respiró en 2022 un aire que incumple. La aprobación de estos nuevos niveles está en curso y expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos años para alinearse con la futura legislación.

La ONG recuerda que 2022 fue muy seco y el más cálido en España desde al menos 1961 y estuvo marcado por la estabilidad atmosférica que activó los episodios de contaminación por partículas, en su mayor parte procedentes del norte de África.

El calor extremo del verano contribuyó al aumento del ozono, en especial durante las olas de calor de junio, julio y agosto y confirma que el cambio climático es un factor determinante en el agravamiento de los episodios de la mala calidad del aire.

Sin embargo, la recuperación de la movilidad motorizada y de la actividad económica previas a la pandemia fueron el "factor esencial para explicar el repunte" de la contaminación atmosférica. Aunque las fuentes renovables redujeron su aportación a la demanda de energía eléctrica, por la intensa sequía, en 2022 permanecieron cerradas la mayor parte de las centrales térmicas de carbón, las más contaminantes.

Por zonas, el informe señala que la principal fuente de contaminación fueron las áreas urbanas, donde se concentra el tráfico motorizado y en determinadas áreas de fábricas y en el entorno de las grandes centrales termoeléctricas son estas fuentes industriales las que condicionan de manera decisiva la calidad del aire. Asimismo, señala que el transporte aéreo y marítimo tiene gran repercusión en la calidad del aire del entorno de aeropuertos y puertos.

Por contaminantes, las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la práctica totalidad de la población española. Las partículas PM10 presentaron en Canarias la peor situación de la última década. Pese al desplome general del NO2 en un 20 por ciento respecto al nivel medio entre 2012 y 2019, Barcelona volvió a superar el límite legal anual y Madrid lo igualó.

Durante la presentación, Ecologistas en Acción ha recordado que el Tribunal Europeo de Justicia ha condenado al Reino de España por el "incumplimiento reiterado y sistemático" del límite anual de NO2 en ambas ciudades.

El ozono sigue siendo el contaminante que presenta una mayor extensión y afección a la población, y el más estrechamente ligado al cambio climático. Durante 2022, sus niveles repuntaron respecto a los dos años de la pandemia como consecuencia de las tres intensas y prolongadas olas de calor del verano, el más cálido desde al menos 1961, aunque sin alcanzar en general las concentraciones habituales en los años anteriores.

Para la ONG la contaminación del aire debería abordarse como un "problema sanitario de primer orden", ya que cada año mueren de forma prematura 25.000 personas, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente y, de ellas, 10.000 en episodios de alta contaminación, según el Instituto de Salud Carlos III.

En cuanto a los costes sanitarios y laborales por este motivo, el Banco Mundial calcula que la factura asciende a 50.000 millones de dólares anuales, un 3,5 % del PIB español, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

Por otro lado, el informe de Ecologistas asegura que la información que se ofrece a los ciudadanos no es "ni adecuada, ni ajustada a la gravedad del problema" y lamenta que aunque los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente, diez comunidades autónomas siguen incumpliendo su obligación de elaborarlos para rebajar el ozono.

Precisamente, a instancias de Ecologistas en Acción, los tribunales de justicia han condenado la inactividad de los gobiernos de Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra.

Para la ONG la "única forma de mejorar" la calidad del aire es reduciendo el tráfico a motor, potenciar la movilidad peatonal, ciclista y el transporte público limpio; promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de combustibles fósiles, penalizar el diésel, reducir el uso del avión, acelerar el área de control de las emisiones del transporte marítimo del Mar Mediterráneo, y una moratoria de las nuevas macrogranjas ganaderas.

Finalmente, pide a los recién elegidos alcaldes que cumplan la Ley de Cambio climático y establezcan zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes y prioricen la salud de su vecinos por encima de los cálculos electorales.

Jorge Dioni (Benavente, Zamora, 1974) es ya un experto en analizar cómo el neoliberalismo rasga poco a poco el bienestar de las ciudades. Primero analizó el fenómeno de los PAU en La España de las piscinas (2021) y ahora se adentra en las consecuencias del turismo, la privatización de lo público y la especulación inmobiliaria en El malestar en las ciudades (Arpa Editores, 2023). Aunque se reconoce pesimista, explica que se reconcilia con la ciudad cuando ve a los vecinos de su barrio en Alcorcón (Madrid) disfrutar del parque y las bibliotecas. Pero señala también que esos espacios públicos se han degradado por la ambición de los alcaldes de crecer a toda costa. 

La tesis de este periodista y escritor se resume con un dato. Madrid no ha dejado de crecer, con nuevos cines, centros comerciales o la construcción de barrios enteros, pero sigue teniendo la misma población que en los años 70. O que los centros urbanos de las nueve capitales andaluzas tienen menos habitantes hoy que en 2012. "La gente no se lo cree cuando se lo dices porque los bares están llenos, pero las ciudades han perdido población", afirma Dioni en una conversación con infoLibre. Según argumenta, las políticas neoliberales han puesto en venta los servicios básicos que antes daban calidad de vida a las capitales y la vivienda es ahora un bien de lujo, por lo que la gente joven y la vida cultural es expulsada de las urbes.

"El neoliberalismo traslada a la ciudad la idea de la competición, de que la vida es una selva, relata el escritor. "Es un fenómeno como el de la fila de los parques de atracciones: la idea de esperar tu turno terminó cuando a alguien se le ocurrió que podías pagar más por moverte a una cola rápida. Y eso ocurre ahora en la ciudad, la civilización se convierte en un producto, y si vas convirtiendo la educación, la sanidad y la vivienda en un producto, terminas dividiendo a la sociedad por su nivel de renta", remata. 

¿Es posible revertir esta tendencia? Difícil, según Dioni, porque las ciudades compiten entre sí para atraer a inversores y engordar su cifra de habitantes. "Cambiar una ciudad es muy complicado y lo que tienen que hacer es unirse y plantear una alternativa. Sin embargo, lo que hacen es competir entre ellas y cuando la administración compite, el sector privado se hace más fuerte. Las empresas marcan las condiciones y eligen dónde se construyen las infraestructuras y encima reciben ayudas públicas para hacerlo. La Administración les cede el lápiz de dibujar en lugar de poner orden y decir: hasta que no haya infraestructuras no se levantan pisos". 

La idea original de Dioni era separar su segundo libro de la ciudad y escribir sobre cómo las personas reflexionan sobre sus acciones, sobre cómo se engañan a sí mismas y sobre cómo se justifican ante los demás, pero la idea mutó poco a poco y terminó escribiendo de nuevo sobre el tráfico, la vivienda, el turismo y los bares. "Me interesaba contar cómo la gente cuenta su vida. Puede parecer frívolo, pero me atraen mucho los reality shows en los que la gente invita a sus amigos a cenar a casa o uno le es infiel a su pareja en una isla, y acto seguido se sientan frente a la cámara para explicar al espectador por qué ha hecho lo que ha hecho. Cómo se justifican, como si todas las acciones de la vida tuvieran que tener sentido", subraya el autor. 

Sin embargo, durante la fase de documentación para el libro se interesó por un centro comercial que acababan de inaugurar junto a su casa y le fascinó la idea construir un complejo con una piscina con olas para hacer surf, unos cines con sofás y una pista de monopatín en una ciudad dormitorio de Madrid. Ese caso era especialmente extravagante, pero siguió estudiando cómo era posible que incluso en ciudades pequeñas hubiese una obsesión por levantar megaparques comerciales. "Me interesa cómo un centro comercial cambia una ciudad, son polos que atraen a la gente y desplazan el comercio", apunta. Estudió, por ejemplo, el caso de Lleida, donde los vecinos esperan su primer centro comercial y la batalla por su construcción llegó a romper el pacto de Gobierno. "Imagino que tienen claro que las calles de tiendas que ahora están llenas a las seis de la tarde se vaciarán cuando abran el nuevo complejo", añade.

Ese caso demuestra cómo una decisión del pleno de un ayuntamiento decide el rumbo de una ciudad mucho más allá de lo que dura la legislatura y El malestar de las ciudades está repleto de ejemplos como este. Dioni explica cómo Barcelona introdujo en España el concepto del turismo de ciudad cuando en 1992 se revistió para los Juegos Olímpicos con hoteles, restaurantes, museos y un casino, y enseñó al resto de capitales de interior que un lavado de cara les permitiría atraer millones de europeos para hacer caja de manera sencilla. 

Lo que sucedió después y que llega hasta hoy, según él, es la llegada de una masa turística que ha deteriorado las ciudades y ha desplazado a la población por la conversión de la vivienda en hoteles, hostales y Airbnb. Ese proceso también ha expulsado al comercio local y a los bares de toda la vida en favor de las cadenas de comida rápida o los restaurantes de moda y han empobrecido a los vecinos. El libro se hace eco de un reportaje de la periodista Analía Plaza en el que entrevista a un promotor inmobiliario dedicado a reconvertir locales que ve el futuro de la ciudad como un lugar donde solo haya servicios, como bares, talleres o peluquerías. "Cabe plantearse que muchos de estos servicios puedan uberizarse y prestarse a domicilio, como en el siglo XIX", añade Dioni.

Aunque la tónica general es de suspenso, el escritor habla de Pamplona como un caso de éxito y de ejemplo para el resto. Durante la semana de San Fermín atrae decenas de miles de turistas de España y medio mundo, y los concentra alrededor de la calle Estafeta. Aun así, los bares de la zona no han sido absorbidos por especuladores inmobiliarios para reformarlos en un producto turístico. "Su filosofía es: mejor vivir de la Volkswagen que del turismo", opina el escritor. "Al final, lo más importante es no dejarse atrapar por la facilidad del turismo, porque es adictivo. La industria siempre es más compleja y construir un tejido productivo lleva mucho tiempo, mientras que organizar un festival o montar unos premios para que venga gente es fácil y rápido", valora.

Pamplona o Bilbao, que también pone de ejemplo, sirven a Jorge Dioni para profundizar en su visión de la política local. Estas dos ciudades no han tomado una vía rupturista al apostar por la industria, al contrario, han protegido su economía tradicional y han terminado siendo la excepción. "Los dos principales partidos de estas regiones, el PNV y el PSOE, son dos partidos conservadores. Puede sonar provocativo, pero lo que hacen en realidad es promover un sistema basado en la estabilidad social", afirma el periodista. De hecho, insiste en la relación entre el progresismo y esa idea de la protección, y recuerda que los movimientos sociales que luchan contra la gentrificación siempre emplean palabras como "defendamos", "salvemos", "protejamos". 

El libro se ha publicado a apenas dos semanas de las elecciones municipales, pero en contra lo que podría parecer, el autor no está especialmente emocionado con la cita porque cree que en la campaña no se está hablando de problemas locales, sino de ruido político. Eso sí, avisa a los partidos que lo han apostado todo a esta cita poniendo la vista en las elecciones generales: "Las ciudades marcaban históricamente el paso. Cuando Felipe González gana en el 82, antes lo había hecho en las ciudades, lo mismo que Aznar en el 96. Antes de llegar al Gobierno, Podemos ganó antes en Barcelona, Madrid, Valencia… pero eso se ha acabado, las ciudades ya no anticipan. Y si alguien confía en las municipales para anticipar resultados, se va a equivocar".