El candidato ultraderechista José Antonio Kast evitó este miércoles aclarar si indultaría al exmilitar chileno Miguel Krassnoff en caso de que gane la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 14 de diciembre. Krassnoff fue uno de los jefes de la policía política de Augusto Pinochet durante la dictadura y que fue condenado a más de 1.000 años de prisión.

Kast evitó dar una respuesta concreta sobre si, a cambio de información sobre los detenidos desaparecidos cuyo paradero aún se desconoce décadas después, eximiría de la cárcel al exoficial del Ejército, condenado en múltiples sentencias por casos de homicidio calificado, secuestro, desaparición forzada, torturas, violación y asociación ilícita, entre otros.

"Hoy hay en trámite una norma que está en debate en el parlamento y es por un tema humanitario. No creo en la delación compensada, creo en la justicia y eso es tratar con respeto a las personas con enfermedad terminal o que no tienen consciencia, se acabó", señaló el ultraderechista.

La candidata de la izquierda y el progresismo chileno, Jeannete Jara, respondió que no indultaría al exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) "porque está condenado judicialmente" y enfatizó que no realizará indultos de ningún tipo durante su mandato.

"Los criminales de lesa humanidad como Krassnoff no se merecen misericordia, se merecen justicia", recalcó Jara, agregando que los delitos en contra de los derechos humanos son el "límite" para aplicar beneficios a condenados mayores de 70 años con enfermedades terminales.

Krassnoff cumple su pena en la prisión de Punta Peuco, destinada a ser desde 1995 una prisión especial y privilegiada para los criminales de lesa humanidad de la dictadura (1973-1990), que hace justo un mes se convirtió en una cárcel común tras un decreto del presidente del país, el progresista Gabriel Boric.

La DINA fue el brazo encargado de los asesinatos políticos, torturas y represión general durante los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet, operando hasta 1978 para luego ser reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI).

En particular, Krassnoff fue uno de los oficiales a cargo de la unidad conocida como 'Brigada Lautaro', un escuadrón que dedicó a la persecución, tortura, desaparición y asesinato de militantes de izquierda y partidarios de la Unidad Popular (1970-1973), específicamente contra miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Precisamente, el exmilitar fue condenado junto con otros exagentes por el homicidio de Miguel Enríquez, líder del MIR.

Krassnoff acumula más de 80 sentencias por delitos de lesa humanidad. La última se le añadió el pasado noviembre: una condena de 20 años por la sustracción de dos menores de edad y el secuestro calificado de 15 prisioneros políticos durante la dictadura. También participó en el asalto a la casa del presidente Salvador Allende en el golpe de Estado de 1973.

La dictadura dejó un saldo de casi 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. De ellas solo se han encontrado 307.

En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien sin embargo murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes. 

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile la noche del lunes aprobó y despachó para ser ley el proyecto de ley que busca reconocer con una categoría jurídica propia a los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y por primera vez creará un registro de personas ausentes por desaparición forzada.

"A 52 años del golpe de Estado, recién hoy vamos a tener un registro oficial de las 1.469 personas que fueron víctimas de la desaparición forzada”, señaló a la prensa el ministro de Justicia chileno, Jaime Gajardo, tras la votación.

El proyecto, aprobado por 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, crea la calificación jurídica de “ausente por desaparición forzada” e implica, según la iniciativa, “el reconocimiento por parte del Estado de Chile de que la persona fue víctima de alguna forma de privación de libertad por obra de agentes del Estado" desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1990.

En la práctica, este reconocimiento "simbólico", como lo calificaron los parlamentarios de la coalición gubernamental, que votaron a favor, implica que las familias de las personas detenidas y hechas desaparecer no deban declarar la presunta muerte de sus seres queridos. 

El catastro será administrado por el Registro Civil e incorporará a las personas listadas en los informes específicos de las tres comisiones de verdad sobre violaciones a los derechos humanos que empujó el país a su regreso a la democracia y también en sentencias judiciales de procesos penales regulados por la ley de declaración de ausencia por desaparición forzada.

La dictadura de Chile duró 17 años y causó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. De ellas, 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada y 1.092 aún siguen en paradero desconocido. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.

La futura ley va en línea con el inédito Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos implementado por el Gobierno del progresista Gabriel Boric, en noviembre de 2023, en el que por primera vez el Estado se hace cargo de la búsqueda de estas personas e instaura medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión de este tipo de crímenes.

Nuestra guía para mostrar la impunidad de Pinochet es la obra de Philippe Sands Calle Londres 38, que narra de forma muy completa y detallada todo lo sucedido a raíz de la detención de Pinochet el 16 de octubre de 1998. 

“Cuatro policías se reunieron frente a la habitación 801,en la octava planta de una clínica médica situada en una calle del centro de Londres. Había una intérprete presente y eran las últimas horas de la tarde del viernes… La intérprete le informó a Pinochet en español que estaba detenido y le leyó sus derechos. Ha sido usted acusado de asesinato ,le dijo, por un juez español que desea extraditarle a Madrid para ser juzgado por un genocidio que usted perpetró en Chile, por torturar a personas y hacerlas desaparecer”, relata Sands. 

La orden de detención de Pinochet emitida por el juez Garzón no habría sido posible sin el trabajo paciente y constante de muchos años de Joan Garcés, que fue asesor de Allende y al que el presidente hizo salir de la Moneda al comenzar el bombardeo del palacio presidencial. “Alguien debe contar lo que ha sucedido aquí, y solo usted puede hacerlo”, le dijo el presidente. Garcés no olvidaría aquella orden. 

El relato de Philippe Sands se titula Calle Londres 38, una calle de Santiago de Chile. En el número 38 tenía su sede el Partido Socialista que fue convertido por la dictadura en centro de detención, tortura y asesinatos y por el que pasaron algunas de las personas mencionadas en la obra de nuestro autor. 

En este comentario se va a dar un salto importante en la obra para situarnos al final de la estancia de Pinochet en Londres, no sin recomendar la lectura completa de la misma.  

El gobierno británico pagó a Pinochet 980.000 libras para cubrir los gastos de su estancia en Londres. El Comité de Apelación de la Cámara de los Lores decidió que había que resarcir a Pinochet con fondos públicos por las vistas tenidas ante los tribunales ingleses “ dadas las circunstancias excepcionales del caso”, según narra Sands. Hubo una demanda después de que se fuera, por costas judiciales, aunque causara indignación, manifestó el abogado inglés de Pinochet. Una burla más a la justicia, un dictador asesino indemnizado por un gobierno democrático presidido por Tony Blair. 

La placa que conmemoraba la derrota de la Armada Invencible española en 1588  fue un regalo de Margaret Thatcher. “Una prenda de mi estimación por la gran injusticia que cometieron deteniéndole" le escribió la mandataria británica. Uno de los abogados chilenos del dictador dijo: “ Perfecto, los españoles se lo merecían”. Sin comentarios 

El trato no escrito entre el gobierno chileno y el británico para la salida  indemne de Pinochet hacia Chile fue fraguándose mediante contactos secretos entre ambos gobiernos cuando la presencia del dictador en Londres supuso un problema para los dos. El español dejó hacer. 

Los británicos exigieron dos cuestiones que se revelaron demasiado formales. La declaración de la enfermedad de Pinochet, en el sentido de que no estaba capacitado para afrontar un juicio, y la promesa del gobierno chileno sobre la pérdida de inmunidad del dictador y que este pudiera ser juzgado en Chile a su vuelta. 

La primera cuestión fue muy fácil. El gobierno y el ejército chileno elaboraron unas instrucciones sobre cómo debían comportarse y contestar a los médicos. Encontrar médicos que firmaran un informe positivo para el dictador no debió ser demasiado difícil, aunque ninguno de los médicos que le habían tratado en los quinientos días que Pinochet permaneció en Londres lo hubiera firmado. 

Para convencer a los británicos de que se estaba dispuesto a juzgar a Pinochet, los emisarios chilenos mostraron a los británicos una fotocopia de un documento firmado por el dictador aprobando la actuación de la Caravana de la Muerte, una expedición comandada por el general Arellano que recorrió el norte de Chile cometiendo asesinatos y torturas. Tal documento no ha vuelto a aparecer ni en Inglaterra ni en Chile. 

La salida de Pinochet de Londres se produjo de forma clandestina. No se dio a conocer el itinerario, ni el aeropuerto de salida y la caravana que le condujo cambió de ruta varias veces. 

“El avión llegó a Santiago el 3 de marzo del año 2000, poco antes de las once de la mañana hora local. Una banda militar tocó Erika una marcha alemana de 1938 que gustaba mucho a la Wehrmacht y a las SS y luego Lili Marlene, la canción preferida de Pinochet. Con el bastón entre las piernas, le subieron a un ascensor y lentamente le bajaron al suelo. Sacaron la silla de ruedas a la pista y se detuvieron. Pinochet se levantó con ayuda, dio unos pasos al frente, abrazó al general Izurieta, su sucesor en la jefatura del ejército, y se dirigió a la terminal saludando y sonriendo. La banda tocaba, los seguidores el vitoreaban y Pinochet sonreía encantado”, cuenta Sands. 

Una vez más el dictador se burlaba de los gobiernos, de sus opositores y del mundo. Aunque hay que decir que quienes facilitaron su salida algo así podrían haber imaginado. En cierto sentido fueron cómplices de la burla.  

Cuando Pinochet regresa de Londres, el juez Juan Guzmán lleva más de dos años investigando el papel del dictador en el asesinato y desaparición de los chilenos. La detención en Londres dio un gran impulso a la investigación, dijo luego el juez Guzmán. “ Cuando regresó a Santiago, el tabú se había roto. Pinochet había dejado de ser intocable.”  

Tres días después de la llegada desde Londres, Guzmán pedía a la Corte de Apelaciones de Santiago que declarase que Pinochet carecía de inmunidad por el delito de secuestro permanente, detención y desaparición de 19 personas. Tres meses después la Corte resuelve por estrecha mayoría que Pinochet no gozaba de inmunidad en el caso de la Caravana de la Muerte.   

Aunque Pinochet recurrió la sentencia, la Corte Suprema confirmó el 8 de agosto de 2000 que no gozaba de inmunidad en virtud de la legislación chilena. 

Para pasar de investigar a acusar, el juez tenía que interrogar a Pinochet sobre los delitos que se le imputaban. El interrogatorio se fijó para el 2 de enero de 2001, pero el dictador no compareció. Finalmente, el interrogatorio se produjo el 24 de enero del mismo año. Después del interrogatorio, Guzmán pasó a un despacho vecino para redactar la declaración, desde el que pudo ver cómo Pinochet se levantaba, iba un poco encorvado, pero caminaba con rapidez y facilidad. Creyendo que no le veían, parecía bastante animado. “Qué mal le han aconsejado”, pensó el juez. “Qué imprudente. Después de lo que se ha dicho de su mala salud , yo veía que era mentira”. 

El 29 de enero de 2000, el juez dictó un nuevo auto de procesamiento y ordenó el arresto domiciliario del dictador, pero cinco meses más tarde y pese a la opinión contraria de algunos médicos chilenos, la Corte de Apelaciones suspendió el juicio de Pinochet, porque su salud era demasiado frágil, según argumentó dicha Corte. Por su parte, la Corte Suprema tardó un año en confirmar la suspensión. 

En 2002, el juez Guzmán estaba seguro de que no había nada que hacer. Pinochet se había librado. Lo mismo pensó el dictador que dimitió de su cargo de senador, según la narración de Philippe Sands en su libro. 

“La vida no es lo que parece y Pinochet y sus asesores no se fijaron bien en las consecuencias que la detención en Londres tuvo en otros lugares. Uno de estos lugares fue Washington D.C.” comenta Sands. 

En 2003 un subcomité del senado de Estados Unidos auditó el banco Riggs en el que Manuel Contreras, antiguo director de la represiva Dina, tenía cuentas relacionadas con el asesinato de Orlando Letelier. Un año después, el Subcomité descubrió que Pinochet tenía más de 26 millones de dólares en 125 cuentas que se habían abierto en diferentes bancos estadounidenses para evita controles. 

En junio de 2005, la Corte de Apelaciones de Santiago falló que Pinochet no gozaba de inmunidad por los delitos financieros cometidos en Chile, que le imputaba la investigación sobre el caso Riggs. Un mes después, los tribunales dictaminaron que tampoco gozaba de inmunidad en el caso del Proyecto Colombo, en el que se le acusaba de dos asesinatos durante el golpe de estado. Siguieron más acusaciones: por asesinatos, torturas y detenciones en Villa Grimaldi; por el asesinato de Eugenio Berrios, el químico que trabajaba con gas sarín en Via Naranja y por el asesinato de dos guardaespaldas del presidente Allende. 

El 25 de noviembre de 2006, Pinochet emitió un comunicado en tono conciliador pero expresando su apoyo a “todos aquellos compañeros de armas que eran encarcelados, perseguidos y represaliados por los crímenes cometidos”. 

“Dos semanas después, el 10 de diciembre, sufrió un infarto. Acusado de múltiples delitos, despojado de toda inmunidad, declarado apto para ser juzgado y sometido a arresto domiciliario, fue trasladado al hospital donde falleció”, resume Sands en Calle Londres 38. 

Los dictadores actuales, Putin, Netanyahu, Trump, entre otros, cometen y cometerán múltiples delitos. Hagamos lo posible para que la muerte no les salve de ser juzgados y denunciemos a los que harán todo lo posible para que nunca sean juzgados, como  los aprendices de dictadores que nos rodean.  

Agradecer a personas como Philippe Sands, Joan Garcés, jueces y fiscales de todo el mundo, sus esfuerzos para que los crímenes de los dictadores no queden impunes.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.  

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha comparado al ultraderechista Javier Milei con dictadores como Francisco Franco, Augusto Pinochet, o Jorge Rafael Videla. "Tiene ese pensamiento. Así lo ha expresado", ha dicho en referencia del vencedor de las pasadas elecciones en Argentina.

"Es como si, este, estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet, o para ser más preciso, de Videla. Tiene ese pensamiento. Así lo ha expresado y somos respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya con esa política", ha dicho este martes en su rueda de prensa matutina.

"Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va ayudar, pero el pueblo es soberano aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados", ha dicho.

López Obrador ha vuelto a criticar la presión mediática que ejercen el poder económico y político no solo en México. "Impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados, pero allá está peor, es muchísima la manipulación, para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol", ha valorado, informa 'El Universal'.

"Respeto la decisión del pueblo", ha subrayado López Obrador, quien no ha podido dejar de remarcar también que no puede estar de acuerdo con los gobiernos conservadores, clasistas, o racistas. "No estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha, la única doctrina", ha dicho.

A su vez, se ha mostrado tranquilo ante la posibilidad de que los electores puedan cambiar el signo político del país en las próximas elecciones de 2024. "Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer, el pueblo de México está muy consciente, es de los más politizados del mundo", ha confiado.

"Sabe muy bien que los gobiernos de derecha sólo favorecen a las minorías, son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de derecha empleados de las oligarquías, se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones, no le tienen ni amor ni respeto al pueblo, eso ya aquí se sabe", ha enfatizado.

No obstante, el mandatario mexicano ha descartado que el triunfo de Milei vaya a significar la ruptura de relaciones con Argentina. "Un país, una nación, no es solo su Gobierno", ha explicado para hablar de los "lazos de amistad y de solidaridad en momentos muy difíciles" que ambos Estados han mantenido.

El triunfo de Milei el pasado domingo se ha recibido con cierta frialdad entre sus vecinos regionales, con mayoría de gobiernos progresistas, a los que el propio ultraderechista argentino ha estado dedicando ofensas a lo largo de los últimos tiempos, incluido en campaña electoral.

Así, después de que López Obrador animara en 2022 a los colombianos a votar por el cambio que a su juicio representaba el presidente Gustavo Petro, Milei le calificó de "patético, lamentable y repugnante".

"La gente tiene mucho miedo de hablar, porque significaría ir contra la principal empresa de la región". Bajo el vasto desierto chileno de Atacama se esconde un agua preciosa y la fuente de las frustraciones de Ramón Balcázar. Aquí abunda el agua rica en sales de litio y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) controla gran parte de ella. Desde hace décadas, el principal dueño de esta empresa es Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet.

Su mina de litio del Salar de Atacama es una de las principales fuentes mundiales de este mineral esencial para las baterías. También acumula acusaciones de cometer infracciones medioambientales y se enfrenta a la oposición de comunidades locales. El pasado mes de septiembre, como parte de la adhesión de SQM a una iniciativa de minería responsable, se publicó una auditoría supuestamente independiente del yacimiento.

En las dos últimas décadas se han creado una serie de normas voluntarias que promueven "las mejores prácticas" mineras. Principalmente en respuesta a catástrofes de gran repercusión y a la denuncia del impacto destructivo de la minería. Estos programas están concebidos para ayudar a sanear el sector, pero sus detractores sostienen que ofrecen un barniz de sostenibilidad.

El consorcio periodístico Investigate Europe ha analizado el funcionamiento de estas auditoras mineras. Es un trabajo que forma parte de la amplia investigación sobre las materias primas críticas, que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

El sistema considerado más riguroso es IRMA, siglas en inglés de Initiative for Responsible Mining Assurance (Iniciativa para la Garantía de la Minería Responsable), desarrollado por compradores finales de las materias primas como Microsoft y Tiffany junto con diversas ONG. Su Estándar para la Minería Responsable, utilizado para auditar SQM, evalúa el desempeño social y medioambiental de una mina. Se lanzó en 2018 para dar cabida por igual a opiniones de comunidades, sindicatos, activistas e industria. Entre sus 60 miembros también hay fabricantes de automóviles, como BMW y Volkswagen, que necesitan cada vez más litio y materiales extraídos para los vehículos eléctricos.

La auditoría de SQM recibió una alta puntuación (75/100). Pero Balcázar, coordinador del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (Opsal), una cooperativa regional, cree que no se consultó adecuadamente a la población local afectada. Los auditores sólo entrevistaron a ocho personas de cuatro comunidades indígenas durante una visita in situ. Según el informe, "por falta de tiempo, no se consultó a todas las comunidades fuera del área de influencia directa".

"SQM es una de las empresas más dañinas de Chile, están destruyendo el Salar de Atacama y ahora utilizan la certificación IRMA para hacer greenwashing a escala internacional", denuncia Balcázar.

No son acusaciones lanzadas a la ligera. En febrero de este año se inició un juicio por financiación ilegal de políticos chilenos, que recibieron presuntamente pagos irregulares de SQM. Por su parte, el Primer Tribunal Ambienta de Chile confirmó a Investigate Europe que mantiene abierta una investigación a la empresa minera. SQM fue acusada en 2016 de seis infracciones y la compañía presentó un plan de cumplimiento para poner fin a los daños medioambientales. En 2022, las comunidades indígenas pidieron que se mantengan las sanciones a SQM y se exijan nuevas medidas de protección del salar.

En la auditoría patrocinada por IRMA también se indica que son necesarias algunas mejoras, entre ellas en materia de seguridad y de gestión de residuos. Sin embargo, Opsal teme una futura escasez de agua en Atacama y la pérdida de ecosistemas y vida salvaje en torno al salar.

A preguntas de Investigate Europe, SQM afirma que su litio tiene "una de las huellas medioambientales más bajas" del mundo y que aspira a producir litio neutro en carbono para 2030. La empresa destaca que aporta "entre 10 y 15 millones de dólares anuales a las comunidades indígenas vecinas" y asegura que sigue sólidos procesos de diligencia debida. "Estamos orgullosos del continuo diálogo abierto con nuestros vecinos. SQM tiene acuerdos integrales con cuatro de las cinco comunidades de nuestra área de influencia", presume la compañía minera.

Ramón Balcázar ve las cosas de forma muy diferente. Destaca que las aportaciones económicas de SQM no resuelven los impactos negativos a largo plazo de la mina: "Inyectar grandes cantidades de dinero a las comunidades, municipios y universidades no resuelve la falta de sostenibilidad ambiental de la minería del litio o del cobre en el Salar de Atacama. Los ecosistemas se dañan perpetuamente".

Por su parte, IRMA admite que la auditoría podría haber estado "más profundamente informada", con una mayor retroalimentación por parte de los pueblos indígenas y de la sociedad civil. La directora ejecutiva, Aimee Boulager, reconoce que la gente "sigue siendo escéptica con razón", ya que IRMA es nueva y hasta ahora sólo se han realizado cuatro auditorías.

La auditora de la mina de SQM es una empresa británica llamada ERM CVS, controlada por la estadounidense KKR, uno de los principales fondos de private equity (capital privado) del mundo. La auditora forma parte de ERM International Group, que tiene en su cartera de clientes a varias compañías mineras. La española Corporación Financiera Alba, holding financiero de Banca March, es accionista minoritario del grupo ERM (tiene el 6,91% del capital). Entre otras inversiones, Corporación Financiera Alba posee también una participación en Acerinox, compañía dedicada a la fabricación de acero inoxidable dependiente de materias primas. Tomás Armengol es miembro del consejo de administración de Acerinox y también esconsejero no ejecutivo del grupo ERM, en ambos casos en representación de Corporación Financiera Alba. Esta compañía no respondió a las preguntas sobre posibles conflictos de interés planteadas por Investigate Europe.

Un portavoz de ERM CVS rechaza cualquier irregularidad con el argumento de que el negocio de auditoría es una entidad separada e independiente del grupo en general: "ERM CVS está acreditada según la norma ISO 17021, que es la norma internacional que especifica los requisitos para que los organismos de certificación garanticen su independencia y que el trabajo de certificación de sistemas de gestión se lleva a cabo de forma competente, coherente e imparcial".

Sin embargo, como ocurre con todos los fondos de private equity, se desconoce quién puso el dinero utilizado por KKR para comprar una participación mayoritaria en el grupo ERM. Es decir, no se sabe quiénes son los verdaderos accionistas mayoritarios de ERM, puesto que KKR gestiona el dinero de otros. A la pregunta de cómo puede garantizar que no existe un conflicto de intereses si ni siquiera sabe quiénes son los verdaderos propietarios, ERM responde lo siguiente: "ERM no tiene acceso a ninguna información sobre los fondos de KKR y KKR no tiene acceso a ninguna información de clientes individuales de ERM".

La compañía auditora también destaca que durante su trabajo de campo logró contactar con varias personas de las comunidades locales y que intentó más entrevistas con otras partes interesadas, pero no recibió ninguna respuesta más.

ERM CVS es una de las dos empresas auditoras aprobadas por IRMA. Las auditorías las pagan directamente las empresas mineras, lo que crea una relación comercial con los auditores y aviva los temores de conflicto de intereses. Human Rights Watch, miembro de la dirección de IRMA, admitió en mayo que "IRMA aún necesita mejoras significativas para salvaguardar la independencia de sus auditorías y abordar los conflictos de intereses reales o percibidos entre las compañías de auditoría y las empresas mineras. IRMA también debe trabajar para presionar más eficazmente a las empresas mineras para que corrijan y remedien los daños detectados durante las auditorías".

Incluso la propia IRMA reconoce las deficiencias actuales. "Vemos claramente riesgos en los posibles conflictos de intereses de los auditores", sostiene Boulager en declaraciones a Investigate Europe. En su opinión, este sistema aún está en la fase de generar confianza, pero al mismo tiempo destaca que el enfoque basado en la participación de múltiples partes interesadas y el hecho de que los informes se hagan públicos, diferencian positivamente a IRMA de otras iniciativas. "IRMA no sólo está trabajando para abordar el conflicto de intereses, sino también para impulsar un cambio fundamental en la forma de auditar, con la participación de miembros de la comunidad y trabajadores que pueden sentirse seguros para ofrecer todos sus puntos de vista", afirma Boulager.

La multinacional minera Anglo American es otro miembro de IRMA. A pesar de formar parte de varios programas voluntarios, la compañía afronta protestas por la ampliación de una mina de cobre en Chile y fue acusada en 2021 de fallar a las comunidades en una explotación de mineral de hierro en Brasil. Esta mina también está siendo auditada por ERM CVS.

Fue en otra mina brasileña de hierro donde la industria auditora se convirtió en el centro de atención en 2019. Una presa en la mina de Brumadinho se derrumbó y desencadenó un deslizamiento de tierra que mató a cientos de personas. Solo unas semanas antes de la tragedia, una inspección de un organismo de certificación consideró que la presa era "estable".

Otros proyectos también se han visto envueltos en polémicas. Cecilia Mattea, de la ONG con sede en Bruselas Transporte y Medio Ambiente, que también forma parte de IRMA, asegura que este sistema es el más fiable en una "jungla" de ofertas. Pero advierte: "Sigue estando demasiado vinculada a los documentos internos facilitados por las propias empresas. En general, los sistemas de certificación no pueden sustituir a las leyes medioambientales y sociales de un Estado".

El Consejo Internacional de Minería y Metales y otros grupos fueron criticados en septiembre por sus planes de lanzar un nuevo programa de auditoría dirigido por la industria. Una carta de 35 ONG afirmaba que la propuesta "afianzaría el control de la industria minera" sobre las normas. "El resultado final será una norma que carece de la transparencia y el rigor necesarios para proporcionar información creíble", denunciaba la carta. "Esto perjudicaría la credibilidad de las empresas implicadas y podría considerarse greenwashing".

Aun así, en la negociación del Reglamento de Materias Primas Críticas, que entrará en vigor en la UE el próximo año y que busca reactivar la minería, la Comisión Europea defiende apoyarse en normas voluntarias. Si una empresa minera obtiene una puntuación positiva, eso podría ayudarle a obtener la consideración de proyecto minero estratégico. Las certificaciones servirán para acelerar la concesión de nuevas licencias en Europa para minas de litio, cobre y tierras raras.

Los grupos ecologistas sostienen que estos sistemas de auditoría no deben considerarse un "puerto seguro" para las empresas. "Esperamos que la versión final del reglamento otorgue menos valor a las certificaciones, que pueden añadir información sobre un proyecto minero, pero no actuar como etiqueta de sostenibilidad", alerta Cecilia Mattea.

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Con información de Manuel Rico.

En esos días septembrinos hay fechas casi universales como el 16 de septiembre, cuando el asesinato de Víctor Jara, símbolo de los miles de detenidos, concentrados, torturados, asesinados y desaparecidos y desparecidas –da fe de ellos y ellas, y del trabajo de la Vicaría de la Solidaridad, la serie Los archivos del Cardenal, con banda sonora de Los Bunkers–. Desde 1946 hasta el golpe de Estado del criminal y ladrón Augusto Pinochet –no se pierdan la película El Conde de Pablo Larraín– las elecciones presidenciales chilenas se celebraban los días 4 de septiembre del año correspondiente. Así ocurrió, hace 53 años, cuando la elección del presidente Salvador Allende, que a la tercera venció. 

Pero, sin duda, la fecha más recordada, también la más dolorosa, aquella que es universal –como el valor de la democracia, Berlinguer dixit– es el 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Estado por militares facinerosos y la CIA a las órdenes de Richard Nixon y Henry Kissinger, cuando aquella mañana –tarde por estas latitudes– el Palacio de la Moneda fue bombardeado y el Presidente Salvador Allende antes de morir habló por Radio Magallanes al pueblo de Chile, a los trabajadores, a la mujer chilena, a los profesionales, a la juventud aquel 11 de septiembre de 1973: «tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición». 

Y tenía razón el doctor Allende Gossens. Con su ejemplo democrático hoy sabemos que era verdad … «que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor». Con su testimonio ético, aquel miércoles de octubre de 1988 se cumplió su certeza cuando el pueblo castigó a la Junta Militar golpista una década y media después, cuando la alegría vino aquel 5 de octubre, cuando por más de 12 puntos porcentuales (55,99% vs 44,01%) la mayoría del pueblo chileno le dijo no a Pinochet, a su dictadura y a su ilegítima institucionalidad, cimentada dos meses después del golpe con la destrucción física del censo electoral de las elecciones presidenciales de 1970 y las parlamentarias de marzo de 1973.

Para quienes tuvimos el honor de ser observadores internacionales, aquellos días de octubre de 1988, las 24 horas desde las 8 de la mañana del 5 de octubre hasta el amanecer del día después estarán grabadas siempre en nuestros corazones, como también la espontánea celebración de la victoria del «No» en la Alameda del Libertador Bernardo O'Higgins junto a chilenos y chilenas de toda condición y edad. Aún hoy nuestros ojos recuerdan las cumbres nevadas de los Andes, el discurrir del río Mapocho, el paseo frente al Palacio de la Moneda, las colas en el Estadio Nacional para votar según el género, la visita al cementerio para depositar flores en la tumba –sin nombre— de Salvador Allende, el desborde intergeneracional en aquella concentración masiva para recibir a las  columnas de la Marcha por la alegría el sábado 1 de octubre en la Panamericana Sur, la emoción cuando aparece Víctor Manuel y canta Mujer de calama, el respeto contenido escuchando a la hija del Presidente Allende leer el saludo de su madre, Hortensia Bussi: "Chile ha despertado. Ésta no es la victoria de un partido o coalición. Es la victoria del pueblo"… 

Tampoco olvidamos momentos de temor. Aquellas horas cuando los apagones en la capital chilena el sábado después de la concentración y la víspera del plebiscito, mientras se rumoreaba que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez había dinamitado unas torres de electricidad, y luego se supo que todo era obra paramilitar de la dictadura para crear un clima de caos y miedo. También intranquilizaban los esporádicos sonidos de petardos o disparos en aquella noche expectante del recuento, mientras los engominados «voceros» de la dictadura no acababan de dar los resultados y la zozobra surgía en aquellas horas de corrillos y conversaciones en tono bajo donde se barruntaba la posibilidad de un autogolpe de estado para dar por finiquitado el plebiscito. Ahora sabemos por los documentos desclasificados de la DIA (Agencia de Inteligencia de la Defensa) y la CIA (Agencia Central de Inteligencia) de Estados Unidos –liberados entre 1999 y 2000, y a partir de los cuales el investigador Peter Kornbluh escribió Pinochet: Los Archivos Secretos–, que aquellos pensamientos no estaban desencaminados. Algo cambió en el ambiente cuando el jefe de la Fuerza Aérea (FACh), general Fernando Matthei, apareció en TV y declaró: «parece que realmente ganó el No, al menos para mí, lo tengo bastante claro ya». La alegría, los vítores, los aplausos, también las lágrimas por los ausentes, explotó en el hotel Santiago Plaza donde el Comando por el No había instalado su cuartel de campaña para el recuento.  De los abrazos y los besos nos fuimos a dar un paseo por La Moneda aquella noche, ya madrugada, del miércoles 5 de octubre, antes de regresar a nuestro hotel.

En el aparcamiento del Santiago Plaza nos cruzamos y saludamos al exsenador comunista desde 1965 Volodia Teitelboim, recién regresado del exilio, y que un año después sería elegido secretario general del PCCh. Previos contactos telefónicos de confirmación, días después –o unos días antes, cosas de un tiempo semiclandestino—, pudimos concertar una reunión con Camilo Contreras, el secretario general de las Juventudes Comunistas de Chile (JCCh) que, si hacemos caso a Wikipedia, debía de ser Lautaro Carmona, actual presidente del Partido fundado por Luis Emilio Recabarren. Tras no pocos retrasos finalmente llegamos a una casa de una población donde nos esperaba un grupo de la dirección de la Jota –incluida la seguridad militante de la dirigencia– y el propio Carmona. Nos abrió la puerta una vieja compañera de la Jota, con la que uno de nosotros, Alfonso, se había encontrado en la fiesta de la Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI) en Bolonia siete años antes –la serie La sangre del camaleón basada en el hecho real de la doble vida de Mariano Jara Leopold simboliza, no sólo, pero muy especialmente, la arriesgada vida de los militantes comunistas que combatieron la dictadura pinochetista desde la clandestinidad–. Mantuvimos una larga conversación sobre la situación del país, la campaña, las expectativas y los escenarios con aquella pregunta tan nuestra en los setenta  que en Chile se hacían aquel 5 de octubre, después de Pinochet qué. Otro de nosotros, Jesús, con su credencial de prensa oficial, expedida por la División Nacional de Comunicación Social (DINACOS) del gobierno de la dictadura, pudo acceder al Edificio Diego Portales, el centro de cómputos del Ministerio del Interior, donde se informaba a los corresponsables extranjeros, y allí se encontró con el periodista José Luis Gutiérrez, mientras ambos se comunicaban por teléfono con Madrid, él con la redacción de Diario 16 y Jesús con la de Mundo Obrero.

Aquellos días «cuando pisamos las calles, nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada», hicimos miles de fotos, recorrimos sedes de partidos, periódicos y emisoras de radio, nos reunimos con organizaciones juveniles y estudiantiles, con la Comisión Chilena de los Derechos Humanos, creamos una red de contactos que perduraría y daría como resultado una colaboración activa entre el Consejo de la Juventud de España y la plataforma chilena de organizaciones juveniles que se creó años después. 

Por la noche, cada día, nos apostábamos frente al televisor del City Hotel en la calle Compañía 1063, donde nos alojábamos, a ver los informativos y la franja del no, los spots del Comando del No. Uno de los días vimos aquel minuto y medio televisivo de Ricardo Lagos, que en realidad se había producido en una entrevista en abril de 1988, pero que nosotros vivimos como si fuera en tiempo real, cuando señalando con el dedo a la cámara, e imaginariamente al dictador, Lagos dijo: 

«Usted, general Pinochet, no ha sido claro con el país [...] Le voy a recordar que el día del plebiscito de 1980 dijo que usted no sería candidato para 1989 [...] Y ahora, le promete al país otros ocho años con tortura, con asesinato, con violación de los derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder. Chileno alguno nunca ha estado así... Raquel (Correa), usted me va a excusar, pero hablo por 15 años de silencio. Y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada, civilizadamente, a través del triunfo del No»

Aplaudimos a rabiar, saltamos de los sillones y nos convencimos de que el No triunfaría días después, el miércoles 5 de octubre. También vimos a un lastimoso Pinochet en la noche del sábado 1 de octubre en una fabricada entrevista «pedir perdón» ante unos serviles y humillantes periodistas del Sí.

La diferencia entre  el clima  positivo, esperanzador, humano, alegre, sensible, casi pop de la campaña de la oposición a la dictadura y el discurso rancio, triste, cansino, manipulador, amenazador, viejo, de aire noir del dictador y sus secuaces visto por televisión nos confirmaba lo que por la mañana y la tarde veíamos en los diferentes encuentros, ya fuera en la universidad o en las poblaciones, ya fuera con los representantes del instrumental Partido por la Democracia (PPD) o del Partido Comunista de Chile (PCCh). Había un abismo entre el arco iris del No y las gafas negras del dictador.

A pesar de las diferencias tácticas entre el Comando del No y la recién creada plataforma de la Izquierda Unida, que incluía al marginado y acribillado Partido Comunista de Chile, gradualmente, día a día, observamos cómo la marea popular unía a unos y a otros, a viejos militantes y a jóvenes combatientes detrás de una única bandera, el no a la dictadura, el sí a la democracia por recuperar. Era una marea unitaria que propugnaba «un Chile para todos» como  se cantaba en Chile, la alegría ya viene.

Para quienes éramos adolescentes en la transición española, asistir al plebiscito de 1988 fue reparador. Cuando nosotros nos iniciábamos en la política y la democracia era recuperada en nuestro país, todo el cono sur, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay conoció un genocidio, el mismo que décadas antes había vivido España. A este lado transatlántico, ya con la democracia consolidada, vivíamos con intensa fraternidad la combativa lucha juvenil latinoamericana contra sus dictaduras. Nosotros tuvimos la fortuna de ser observadores internacionales en el plebiscito, entre 400 españoles, como Adolfo Suárez y Nicolas Sartorius, junto a alcaldes, senadores, eurodiputados del CDS, PSOE y PCE-IU. Hubo dos personas que no pudieron acudir al plebiscito, como era su intención, por el veto de la dictadura, nuestro Joan Manuel Serrat y el argentino premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel.

No todo fue política, observar y acompañar la movilización del pueblo chileno por el No. También hubo tiempo para comprar y comer pescado en el mercado de Santiago, pasear por esa urbe llana entre las faldas de los Andes y la cordillera de la Costa, olfatear ese característico olor a gasóleo –que esperamos se haya reducido en plena emergencia climática–, o tomar unos tragos por Bellavista a los pies del Cerro de San Cristóbal y acudir a alguna sala de fiesta… Pero lo que pasó en Santiago se queda en Santiago.

La alegría llegó aquel 5 de octubre, pero aún tuvieron que pasar años para desmontar el entramado institucional forjado a fuego y tortura por los milicos. La otra cara de la dictadura, el experimento neoliberal de los Chicago boys, aún duró más tiempo que el gobierno militar, produciendo estragos sociales como la privatización de las pensiones que condena a la miseria a los mayores jubilados, o como la desigualdad tallada en los colegios públicos dirigidos a «la domesticación» y los colegios privados dirigidos a preparar a los futuros «domadores». El estallido social de octubre de 2019 a marzo de 2020, y antes las luchas estudiantiles, fue el basta ya chileno que abrió la alameda para el nuevo gobierno con el Presidente Boric a la cabeza junto a Camila Vallejo en la portavocía, antiguos dirigentes estudiantiles, forjados en aquellas luchas y que nacieron precisamente en 1988, o un par de años antes o después de aquel 5 de octubre del No a la dictadura.

Con ellos y ellas, con la nueva generación chilena democrática, el Chile que soñó Salvador Allende está hoy más cerca de ser una realidad, y con la misma serena convicción del expresidente al ganar las presidenciales el 4 de septiembre de 1970, en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), sus palabras hoy marcan el método y los objetivos del actual gobierno de Chile: «Les digo que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Esta noche, cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión, más cariño, para hacer cada vez más grande a Chile, y cada vez más justa la vida en nuestra patria».

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Jesús Montero fue secretario general de la Unión de Juventudes Comunistas de España (1984-1989). Alfonso Puncel fue vicepresidente del Consejo de la Juventud de España (1988-1991) en representación de la UJCE.

Ambos son suscriptores de infoLibre, y junto a Ignacio Santos, presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Consejo de la Juventud de España en 1988, viajaron a Chile del 28 de septiembre al 7 de octubre para participar como observadores en el plebiscito de 1988 convocado por Pinochet para perpetuarse en el poder y cuyo rechazo provocó su dimisión como presidente de Gobierno, aunque seguiría unos años como senador, y un año después la elección presidencial del candidato de la Concertación, Patricio Aylwin, después de 16 años de dictadura militar.

Cada año, en vísperas del 11 de septiembre, parte de los chilenos recuerdan la efeméride con concentraciones, homenajes y minutos de silencio en memoria de quienes perdieron la vida o sufrieron a consecuencia del golpe de Estado de Augusto Pinochet, que impuso una dictadura militar entre 1973 y 1990.

Este año, los rituales comenzaron mucho antes debido a la importancia simbólica e histórica del cincuenta aniversario del golpe que derrocó al presidente Salvador Allende, truncó las esperanzas de la izquierda y cambió el destino del país.

En el marco de las conmemoraciones oficiales, el gobierno de Gabriel Boric convocó a los partidos políticos a firmar un compromiso con la democracia en un acto titulado "Por la democracia, hoy y siempre". Sin embargo, en la oposición, el bloque de partidos de derecha, Chile Vamos, y el ultraderechista Partido Republicano rechazaron la oferta.

Este rechazo se inscribe en una serie de discursos negacionistas, victimistas y revisionistas que han florecido en los medios de comunicación, en el Congreso Nacional y de forma general en el debate público. "Guiados por la preocupación por el futuro y el bienestar del país, haremos todo lo posible para que todos trabajemos juntos en la promoción y protección de la democracia y el respeto irrestricto de los derechos humanos", dijo Gabriel Boric.

La ex presidenta socialista Michelle Bachelet, que se reunió con Boric el lunes 4 de septiembre en el Palacio de la Moneda de Santiago, afirmó que "sería incomprensible que alguien rechazara un acuerdo que busca unirnos y no dividirnos" y expresó su preocupación por el "ambiente político tóxico" y una posible reacción violenta.  

El pasado mes de junio, Jorge Alessandri, diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), justificó en la radio el derrocamiento de Salvador Allende: "Me hubiera gustado que hubiera sido un gobierno autoritario muy corto, que hubiera restablecido rápidamente la democracia, pero creo que íbamos por un camino muy peligroso para el país". Luego, Luis Silva, miembro del Partido Republicano en la Segunda Asamblea Constituyente, dijo que sentía "admiración" por Pinochet.

"Cincuenta años después del golpe de Estado, es preocupante ver este negacionismo y que todavía se intente justificar o validar un golpe de Estado, una dictadura que violó los derechos humanos, que masacró a gran parte de nuestro pueblo, que lo persiguió políticamente, que torturó y causó heridas que perduran hasta el día de hoy", declaró la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo.

Según un estudio de la consultora Cerc-Mori titulado "Chile a la sombra de Pinochet", el 36% de los encuestados cree que los militares hicieron bien en tomar el poder en 1973. En la calle, la extrema derecha ha convocado concentraciones para "celebrar" esa fatídica fecha, una negación del balance de la Junta establecido por las distintas "comisiones de la verdad y la reconciliación" creadas tras la dictadura, ya sea el informe Valech o el informe Rettig. Estos trabajos cifran en 40.175 el número total de víctimas, entre muertos, desaparecidos, torturados y detenidos.

Para la socióloga Carmen Pinto Luna, de la Universidad de La Plata, Chile se encuentra en un "período caliente de su historia", ya que la revuelta social de 2019 y luego el intento de reemplazar la Constitución heredada de Pinochet han caldeado los ánimos. "Ya pasamos por la misma situación cuando Pinochet fue encarcelado en Londres [en octubre de 1998]. Hubo un resurgimiento. También hay que recordar que en aquella ocasión, por primera vez, al menos en televisión, se le llamó 'dictador', cuando antes se le llamaba presidente militar o simplemente presidente. Y hablábamos de gobierno militar, no de dictadura. Hasta 1998 no empezamos a utilizar esas palabras y definiciones. Hoy es lo mismo, porque no hay que olvidar que el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 estableció una memoria fundacional, una memoria instituida por los militares", explica.

La socióloga es miembro del directorio de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, donde se encarga, de forma voluntaria, de la difusión del centro de documentación y los archivos. Las oficinas están llenas de expedientes y cajas con revistas, documentos, relatos y pruebas de los horrores de diecisiete años de régimen militar. El problema, en su opinión, es que existe un desfase entre lo que ocurrió, la percepción actual del golpe y la forma de afrontarlo en el futuro. "No podremos construir el futuro si no encontramos una forma de resolver esto.” 

Para Jorge Lagos, miembro del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, el proceso constituyente ha reforzado la polarización de la sociedad. "Cuando hablamos de cambiar la Constitución, estamos hablando de la Constitución de Pinochet. Esto ha hecho que resurja la discusión", afirma.

Una de sus colegas, Marcia Tijero, cree que el rechazo a la nueva Constitución el 4 de septiembre de 2022 por el 62% de los votos ha dado una sensación de poder a los grupos de extrema derecha. "En definitiva, hay terreno abonado para un discurso mucho más reivindicativo a favor de un golpe de Estado, con la presencia mayoritaria de los republicanos en la actual Asamblea Constituyente", sostiene. Con 33 escaños, el Partido Republicano tiene poder de veto sobre todas las decisiones que tome la nueva Asamblea Constituyente. 

Además, el proceso de justicia transicional, que comprende varias etapas (búsqueda de la verdad sobre los hechos y responsabilidades del pasado, justicia, reparación, indemnización a las víctimas, compromiso de no repetición, memoria), ha sido imperfecto. Según Marcia Tijero, ninguna de ellas se ha respetado plenamente.

El fracaso es atribuible al Estado chileno, que no ha sido capaz de llevar a cabo un proceso social de conocimiento de la verdad, lo que ha impedido que las heridas cicatricen y que los culpables rindan cuentas. "El resultado de todos estos factores es que los grupos golpistas han gozado de una sensación de impunidad durante cincuenta años. Ahora ellos mismos se atreven a reivindicarlo, y nos encontramos con un Estado que no hace nada para frenarlo y con ciudadanos que, aunque no vivieron el golpe o no tienen antecedentes familiares vinculados a él, pueden creer lo que se dice", afirma.

Este sentimiento de impunidad se ha visto reforzado por el destino reservado a los descendientes de Pinochet, que han podido beneficiarse de la fortuna acumulada por el dictador durante sus diecisiete años en el poder. En febrero se conoció el testamento de su viuda, Lucía Hiriart, que falleció en 2021, en el marco de un litigio iniciado por un organismo público que reclama a los herederos de Pinochet unos 17 millones de dólares.

Un tribunal ha establecido que la familia Pinochet Hiriart había malversado fondos reservados durante la dictadura. Además, el dictador abrió una serie de cuentas bancarias secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos para ingresar los frutos de su malversación, como reveló el Washington Post en 2004. Augusto Pinochet murió en 2006 sin haber sido nunca condenado por crímenes contra la humanidad o enriquecimiento ilícito.

Durante cuarenta y siete años, el abogado Nelson Caucoto ha luchado por la justicia para las víctimas de la dictadura. "El negacionismo tiene sus raíces en la desinformación. Es algo evidente y nadie me va a convencer de lo contrario. Ahora bien, deberíamos haber aplicado una de las recomendaciones del informe Rettig: incluir los derechos humanos en la educación chilena, pero todavía hay universidades y colegios que no los enseñan", subraya, señalando el rol de los medios de comunicación y sus deficiencias en esta materia.

También señala la impunidad que ha reinado durante treinta años. El cambio no empezó hasta principios de los años 2000, con la creación de una fiscalía dedicada exclusivamente a investigar los crímenes de la dictadura. Caucoto profesa cierto optimismo, a pesar de que el INDH afirma que apenas el 10% de los casos de violaciones de los derechos humanos han llegado a juicio: "Estoy impresionado por esos jueces, pero también por el poder judicial chileno, que han hecho posible este avance. Hoy tenemos cerca de 1.600 causas abiertas en los tribunales. No estoy seguro de que eso exista en otros países cincuenta años después".

Uno de los casos más emblemáticos fue el del cantante Víctor Jara, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el régimen de Pinochet y de la búsqueda de la verdad y la justicia. A finales de agosto, dos semanas antes de las conmemoraciones, el Tribunal Supremo confirmó la condena de siete militares por su secuestro y asesinato. El abogado está encantado con esa decisión. “Vamos por el buen camino", afirma, "porque también hay que reconocer la valentía de los jueces que han logrado hacer avanzar esta causa y de los magistrados que se han atrevido a condenar.”                                                          

Incluso con retraso, la justicia está aquí. Una señal, dice, que contribuirá a reforzar la cultura de los derechos humanos y a acabar con el negacionismo.

Traducción de Miguel López

La portavoz de Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha anunciado este martes que desde el Gobierno ha sido aprobado el acuerdo por el que se dispone la retirada de la Gran Cruz del Mérito Militar a Augusto Pinochet Ugarte otorgada en el año 1975.

"Con esta retirada de la Gran Cruz del Mérito Militar, que fue concedida en su día por el régimen franquista, nuestro país avanza en esa coherencia con los compromisos democráticos, con los derechos y las libertades", ha destacado la portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Pinochet recibió la condecoración en el año 1975, cuando España se encontraba todavía bajo la dictadura de Francisco Franco y el propio presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya anunciaba el pasado lunes a través de su cuenta de X (antiguamente conocida como Twitter) que el Consejo de Ministros iba a proceder a su retirada.

"Hace 50 años, la democracia chilena fue víctima de un ataque brutal que estremeció al mundo. Hoy, 11 de septiembre, es la hora de reparar una injusticia histórica. El Consejo de Ministros retirará mañana la Gran Cruz al Mérito Militar al dictador Pinochet concedida en 1975", expresaba el presidente a través de la red social.

De esta manera, España sigue los pasos del Gobierno de Argentina, cuyo presidente, Alberto Fernández, comunicó que había ordenado la retirada de la Orden de Mérito y la Orden del Libertador San Martín otorgadas al dictador chileno Augusto Pinochet, quien gobernó el país andino tras un golpe de Estado del que esta semana se cumplen cinco décadas.

En 1973 la dictadura de Franco agonizaba, el salazarismo se consumía en Portugal con costosas guerras coloniales y Grecia vivía desde abril de 1967 el régimen de los Coroneles, un brutal período de persecución política, encarcelamientos y terror. 

Las de España y Portugal eran las dos únicas dictaduras en Europa que, nacidas durante la era del fascismo, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, fueron apoyadas por las democracias occidentales durante la Guerra Fría. Se perpetuaron desde finales de los años treinta como dictaduras represivas, criminales y torturadoras que incumplían las normas más elementales del llamado “derecho internacional”.

La revolución de abril de 1974 en Portugal; la caída, tres meses después, de la dictadura de los Coroneles en Grecia y la proximidad de la muerte de Franco obligaron a cambiar la retórica y la estrategia internacional de los países democráticos que habían apoyado durante décadas las políticas autoritarias en el Sur de Europa. Portugal y España –y en menor medida Grecia– habían constituido una anomalía fundamental, muy útil en la lucha y alianza contra el comunismo, aunque muy alejada de la supuesta superioridad política occidental.

Casi al mismo tiempo, sin embargo, tres golpes militares en el Cono Sur –27 de junio de 1973 en Uruguay; 11 de septiembre del mismo año en Chile; y 24 de marzo de 1976 en Argentina– inauguraron un período de terrorismo de Estado puro y duro, respaldado por la administración de Estados Unidos y con protagonismo destacado de la CIA, sin precedentes en la historia de intervencionismo militar tan persistente en América Latina. 

El golpe de Pinochet del 11 de septiembre de 1973 inició una dictadura de diecisiete años. Las Fuerzas Armadas se apropiaron del Estado y en una acción planificada de exterminio sembraron el país de asesinatos masivos, con decenas de miles de detenciones clandestinas. El proyecto socialista de Salvador Allende quedó arrasado. Además de todos los dirigentes del gobierno de Unidad Popular y de las organizaciones de izquierda, entre los asesinados y desaparecidos había obreros, estudiantes, intelectuales, profesionales, personas conocidas por su militancia política y social, pero también familiares, gente señalada por otros o mencionada en las largas sesiones de tortura en improvisados campos de concentración.

A esa dictadura, como a otras muchas, más o menos sangrientas, no le faltaron apoyos. Algunos de ellos naturales y previstos, como el del poder económico y financiero o el de la jerarquía de la Iglesia católica, que, salvo excepciones, como pasaría también en Argentina, bendijo la represión, la santificó y obtuvo a cambio importantes beneficios corporativos. Pero esos episodios de brutalización y barbarismo no hubieran sido posibles sin la adhesión y conformidad de amplios sectores de la población. Se instaló el miedo, silencio, complicidad y también una convicción de que el orden de la dictadura era preferible al “caos” y violencia anterior.

Pinochet aprendió muchas cosas de Franco. El dictador chileno, como antes había hecho el español, intentó imponer una visión histórica que legitimara la necesidad del golpe de Estado y lo presentara como salvador de la nación. Durante el largo período de su omnímodo poder, Pinochet festejó el 11 de septiembre en Chile como un mito fundacional de “salvación nacional” frente a la revolución marxista, al igual que Franco hizo con el 18 de julio. Esa versión oficial, establecida a partir del control de la educación, de la censura y de la persecución a quien se oponía públicamente, generó políticas de desinformación y de manipulación de la historia, muy difíciles de combatir durante la posterior transición a la democracia.

Después de miles de asesinatos y de la violación masiva de los derechos humanos, Pinochet gozó de amplios apoyos entre sus ciudadanos. Sobrevivió dieciséis años a su gobierno autoritario y su arresto en Londres, en octubre de 1998, abrió en Chile una profunda discusión sobre el pasado, en la que afloraron con toda su crudeza las historias y memorias enfrentadas de militares y de familiares de los desaparecidos y víctimas de la represión.

Decía el embajador estadounidense en Chile, en un cable confidencial enviado a Washington a comienzos de 2007, poco después de la muerte de Pinochet, que los chilenos miraban con menos rencor al pasado, a su dictadura, que los españoles a la de Franco. El comentario, aunque superficial y bastante inexacto, puede servir para introducir algunas observaciones sobre la forma en que son recordadas.

El legado de los crímenes de las dos dictaduras se abordó de forma muy diferente en los dos países. En España, tras la Ley de Amnistía aprobada el 15 de octubre de 1977, el Estado renunciaba a abrir en el futuro cualquier investigación judicial o a exigir responsabilidades contra “los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Bajo el recuerdo traumático de la guerra, interpretada como una especie de locura colectiva, con crímenes reprobables en los dos bandos, y el del miedo impuesto por la dictadura, nadie habló entonces de crear comisiones de la verdad que investigaran los miles de asesinatos y la sistemática violación de los derechos humanos practicada hasta el final por Franco y sus fuerzas armadas. 

En Chile, por el contrario, y pese a que la democracia –bajo la vigilancia y el corsé impuesto por el tirano todavía vivo– no pudo derogar la amnistía que se habían concedido los propios militares con la Ley de 1978, el primer presidente democrático, Patricio Aylwin, decidió establecer una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. No se podía llegar a la reconciliación nacional, pensó Aylwin, sin antes conocer y reconocer a los desaparecidos y víctimas de la violencia de las fuerzas armadas. Formada, bajo la presidencia del prestigioso jurista Raúl Rettig, por expertos en derechos humanos, pero también por partidarios de la dictadura como el historiador Gonzalo Vial Correa, la Comisión entregó su informe, de 1.350 páginas, el 8 de febrero de 1991, menos de un año después del encargo oficial.

El informe Rettig, interpretado por los militares chilenos como un ataque a su honor y dignidad, fue un hito en el proceso de reconstrucción de la democracia y de la memoria colectiva. En España, durante la transición y en la larga década posterior de Gobiernos socialistas, no hubo políticas de reparación, jurídica y moral, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. No sólo no se exigieron responsabilidades a los supuestos verdugos, tal y como marcaba la Ley de Amnistía, sino que tampoco se hizo nada por honrar a las víctimas y encontrar sus restos.

Existen numerosas pruebas incontrovertibles frente a aquellas políticas de exterminio. Y los cincuenta años del inicio de la dictadura de Pinochet nos lo vuelven a recordar. Y nos advierten de nuevo que, frente al olvido e indiferencia hacia los terrores organizados, solo caben políticas públicas de memoria basadas en archivos, museos y educación. Enseñar esa historia reciente y transmitir a los más jóvenes valores de tolerancia y libertad.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Se cumplen este lunes cincuenta años del golpe mediante el que una Junta Militar encabezada por el general Augusto Pinochet acabó con la democracia chilena e instauró una dictadura cruel que causó miles de muertos, desaparecidos, torturados y exiliados. El presidente Salvador Allende, cercado por carros de combate en el palacio presidencial de La Moneda, bombardeado además por cazas de la Fuerza Aérea, prefirió quitarse la vida antes que caer en manos de los facciosos.

Allende y Pinochet han representado –y en buena medida siguen representando– dos polos opuestos como referentes políticos, tanto en Chile como más allá de sus fronteras: el civil portador de los más altos valores republicanos frente al militar tosco y brutal.

Desde aquel 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet ejerció el poder sin restricción alguna, y lo hizo hasta que la inesperada victoria del NO en el plebiscito de 1988 amputó su mandato de forma sorprendente.

Pese a ello, durante los años en que, tras verse obligado a abandonar la presidencia de Chile, continuó como Comandante en Jefe del Ejército, se mantuvo amenazante hasta que, fatalmente para él, viajó a Inglaterra en 1998. Allí murió (políticamente, se entiende), tras pasar más de quinientos días retenido por la policía británica a la espera de la resolución de sus tribulaciones judiciales para evitar ser extraditado a España.

Hoy, frente al Palacio de La Moneda en la capital chilena, una estatua afable de Salvador Allende preside la amplia y hermosa explanada. Jamás habrá sitio en ella para Augusto Pinochet Ugarte. Ya no quedan ni sus huesos, convertidos en cenizas por sus familiares para prevenir una hipotética profanación de la tumba.

Los treinta y tres años que mediaron entre la muerte de Salvador Allende y la suya estuvieron marcados para Pinochet por el dramático final del líder socialista y su conversión en mito internacional de la ejemplaridad republicana. Mientras que Allende fue entronizado como un mártir de la democracia y un referente para los progresistas del mundo, Augusto Pinochet hubo de soportar el indeleble estigma de haber sido el máximo responsable de la muerte del prócer y de haber instaurado una dictadura larga y sangrienta en Chile.

Tras su muerte, sobre Allende se propagó una especie de leyenda dorada, mientras que el propio Pinochet se labró una imagen siempre negativa que el general reforzó tras sus gafas de pasta negra y su gesto permanentemente adusto. Es cierto que el dictador gozó de gran predicamento entre los suyos durante el tiempo que duró su vida política, por lo menos hasta 1998, pero después de la retención londinense se airearon trapos sucios económicos −suyos y de su familia− que perjudicaron extraordinariamente su figura.

La llamada leyenda dorada que entronizó al fallecido presidente Allende se extendió con rapidez y fortuna y pervivió en el tiempo. La tremenda e irresistible personalización del régimen militar convirtió en indiscutibles una serie de antinomias entre ambos personajes. La primera de ellas es la idiosincrasia de cada uno de ellos; uno, un general con marcado y severo perfil militar; el otro, un personaje político de naturaleza civil e ilustrada. Sobre esta base tomaron cuerpo sus rasgos más definitorios: la cobardía de un militar taimado y traidor, frente al valor y la coherencia de un presidente sin doblez.

No solo sus formas de acceder al poder fueron opuestas −golpe de Estado frente a elección democrática−, además también lo son las formas de ejercerlo: Pinochet lo hizo de manera dictatorial y sin piedad para con sus enemigos, mientras que Allende intentó desarrollar su ideal revolucionario a través de la democracia según era concebida en aquellos años desde la izquierda política. No en balde sus discursos representan dos polos opuestos de la comunicación: es la brillante oratoria del demócrata frente a la austeridad castrense del dictador; el discurso del tribuno culto e ilustrado frente a la arenga autoritaria y la limitación verbal.

Medio siglo después del ominoso golpe militar, Pinochet está universalmente condenado como responsable de una dictadura que violó los derechos humanos de forma dantesca, cuantitativa y cualitativamente.

En cuanto al doctor Allende, sigue encarnando una serie de virtudes entre las que figura la coherencia en el compromiso con sus partidarios, llegando hasta la asunción del martirio en defensa de sus principios. Puede aducirse que es una lectura biográfica incompleta y que omite los errores que se le pueden atribuir en la dirección de un proceso que tuvo demasiada confrontación interna en la coalición de gobierno, la Unidad Popular. Además, se debe añadir que Allende se propuso, pese a la entidad y la fuerza de sus enemigos y en plena Guerra Fría, que Chile sería como Cuba. Los soviéticos nunca pensaron en apoyarlo, y desde Washington hicieron de todo para evitar que fraguara lo que consideraban un inaceptable eje La Habana-Santiago.

No obstante, aun con esas valoraciones críticas, no cambiará la visión mayoritariamente positiva del hombre que, en su empeño por hacer de Chile un país más libre y justo, fue capaz de inmolarse en el Palacio de la Moneda en aquel lejano 11 de septiembre del año mil novecientos setenta y tres.

Aquel día se impuso el general, por la fuerza de las armas. Hoy, cincuenta años después, no cabe duda de quién es el ganador: Allende venció a Pinochet.

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Joan del Alcàzar es catedrático de Historia Contemporánea en la Universitat de València.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ha confirmado que dos de los siete militares condenados por el asesinato del cantautor Víctor Jara durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet, en 1973, se encuentran fugados, informa Europa Press.

La emisora chilena Radio BioBio ha confirmado que los oficiales del Ejército retirados Raúl Jofré González y Nelson Haase Mazzei han huido tras publicarse la condena.

El pasado lunes se conoció la sentencia de la Segunda Sala de la Corte Suprema chilena que condenó a 25 años de cárcel a los militares por secuestro calificado y homicidio calificado de Jara, uno de las principales figuras musicales de la época y cercano a las ideas de izquierda del presidente Salvador Allende, derrocado por Pinochet.

Al día siguiente de la lectura del veredicto, la Fiscalía Oriente confirmó el suicidio de Hernán Chacón Soto, uno de los siete condenados. Agentes de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI se presentaron en su domicilio para trasladarlo a la cárcel de Punta Peuco para que comenzara a cumplir la pena. Entonces, Chacón les dijo que iría a su habitación a buscar algunas pertenencias, pero tomó un arma y se disparó.

La sentencia descarta errores en el dictamen previo de la Corte de Apelaciones de Santiago por lo que condenó a Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto a penas de 15 años y un día de presidio en calidad de autores de los homicidios y a 10 años y un día de presidio como autores de los secuestros calificados de Víctor Lidio Jara Martínez y del director de prisiones en el momento de los hechos, Littré Abraham Quiroga Carvajal.

El entonces oficial Rolando Melo Silva ha sido condenado a cinco años y un día y tres años y un día de presidio como encubridor de los homicidios y los secuestros.

Tres días después de torturarlo, de romperle las manos a culetazos y obligarle a tocar la guitarra, de burlarse de su imposibilidad y de gritarle: "¡Cantante marxista, comunista, conchadetumadre, cantor de mierda, canta cabrón!!". A continuación se divirtieron jugando con él a la “ruleta rusa”; tras varios intentos, un disparo acabó con la tortura y el sufrimiento. No conformes con ello, decidieron rematarlo con 43 tiros, ignorando que la música no se puede matar. Así murió físicamente Víctor Jara el 16 de septiembre de 1973. Su cadáver fue lanzado a un terreno baldío cercano a la línea férrea, en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano. Víctor Jara, autor de canciones como El derecho de vivir en paz,  Te recuerdo Amanda, Plegaria de un labrador, Vientos del pueblo… tenía 40 años cuando acabaron con su vida. Estaba casado con Joan Turner y era padre de dos niñas: Amanda y Manuela.   

Su segunda muerte ha durado más. Ha durado medio siglo. Cincuenta años de acribillar su memoria por unos militares y “jueces” que hicieron carrera durante el tiempo que duró la dictadura fascista y vivieron cómodamente durante la “democracia tutelada” por una Constitución redactada por el dictador sanguinario. Esa misma vergonzosa Constitución que los gobiernos “socialistas” de Bachelet y Lago no fueron capaces de derogar y gobernaron bajo su infame paraguas manchado de la sangre de Víctor Jara y de las 3.227 víctimas como él. Esa misma Constitución que el actual Presidente Gabriel Boric tampoco ha podido cambiar.

"Lo golpeaban, lo golpeaban. Una y otra vez. En el cuerpo, en la cabeza, descargando con furia las patadas. Casi le estalla un ojo. Nunca olvidaré el ruido de esa bota en las costillas. Víctor sonreía. Él siempre sonreía, tenía un rostro sonriente, y eso descomponía más a sus torturadores. De repente, el oficial desenfundó la pistola. Pensé que lo iba a matar, pero siguió golpeándolo con el cañón del arma. Le rompió la cabeza, y el rostro de Víctor quedó cubierto por la sangre que bajaba desde su frente" (testimonio de uno de los testigos durante el juicio).

Medio siglo después, tiempo en el que cual han pasado muchas cosas, como la vergonzosa concesión del premio Nobel de la Paz a uno de los artífices del golpe militar, Henry Kissinger, la Corte Suprema de Chile (muy diligente para otros menesteres) se ha desperezado y ha condenado en firme a siete exmilitares del ejército como autores del secuestro y asesinato del cantautor del pueblo. Más de 45 años después de que, en 1978, su viuda presentara la primera querella en el “juzgado del crimen” de Santiago de Chile. Ahí, la querella durmió durante 20 años, hasta que se reactivó en 1998 tras la detención de Pinochet en Londres por orden del juez Baltazar Garzón. Y, 25 años después, el Supremo ha dictado sentencia para vergüenza de los gobiernos de turno, la justicia chilena y del propio pueblo por el que luchó este cantautor irrepetible.

“Yo pregunto a los presentes

Si no se han puesto a pensar

Que esta tierra es de nosotros

Y no del que tenga más

Yo pregunto si en la tierra

Nunca habrá pensado usted

Que si las manos son nuestras

Es nuestro lo que nos den

A desalambrar A desalambrar

Que la tierra es nuestra

Y tuya y de aquel

De Pedro y María

De Juan y Jose”…

(Víctor Jara: A desalambrar)

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha presentado este miércoles el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia para las víctimas de desaparición forzada de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), coincidiendo con los días previos a la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado, según informa Europa Press.

Los objetivos del plan son esclarecer las circunstancias de la desaparición de las víctimas y su paradero, garantizar el acceso a la información y participación de los familiares y la sociedad, e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen.

Boric ha realizado el lanzamiento oficial del programa durante la efeméride del Día de los Detenidos Desaparecidos en un acto desde La Moneda, al que no han acudido los líderes de los partidos de la oposición.

"Es tiempo de subsanar las ausencias y me permito también lamentar esas ausencias que nos duelen tanto, pero también las ausencias en esta ceremonia, porque acá fueron invitados los presidentes de todos los partidos políticos", ha criticado Boric. Posteriormente, el presidente de Unión Democrática Independiente, Javier Macaya, ha negado haber sido invitado al evento.

El mandatario ha asegurado que se trata de "un tema de democracia" y de Estado: "Asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso es conocer toda la verdad", ha agregado.

No obstante, ha reconocido que el "Estado ha fallado en dar respuesta a las familias y a la sociedad entera, en entregar las respuestas que el país necesita". "Los desaparecidos nos faltan a todos", ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha destacado las aportaciones de la sociedad civil, en especial el de las organizaciones de familiares de víctimas, como elemento necesario para lograr la medida.

En este sentido, Cordero ha indicado que durante mucho tiempo los familiares fueron quienes se encargaron de las búsquedas, pero "el Estado es el que cometió esos crímenes, es el Estado el que tiene que hacerse cargo".

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha destacado este sábado el vínculo histórico de su país con España, labrado durante las últimas décadas a través del intercambio cultural con los exiliados de la Guerra Civil y, sobre todo, por la defensa conjunta de ambos países a favor de los valores democráticos durante los "tiempos oscuros" de las dictaduras de Francisco Franco y Augusto Pinochet, informa Europa Press.

En un discurso en la Casa de América y entre referencias a la poesía de Miguel Hernández, Boric también ha alertado del auge de los extremismos, independientemente de su ideología, y propuesto una solución a base de empatía y "más democracia". "El lazo que nos une", ha declarado Boric, "se relaciona con la experiencia de nuestras dictaduras, de nuestras luchas para recuperar la democracia", a través de "esfuerzos laboriosos, firmes y con tropiezos para construir un régimen de libertades y mayor igualdad".

En un breve repaso histórico que comenzó con la Guerra Civil, Boric defendió que ambos pueblos "comparten la vivencia de haber experimentado regímenes autocráticos y brutales con diferentes contextos" y destacó, con todo, que Chile "tuvo una fortuna derivada de una tragedia, que fue recibir la corriente enriquecedora y vital del exilio español en décadas cruciales para nuestro desarrollo productivo, artístico e intelectual".

"Nuestra patria, Chile, jamás olvidará la lección de solidaridad y amor a través del Atlántico y que nos acompañará siempre", antes de recordar al poeta alicantino "'tal vez porque he sentido su corazón cercano, cerca de mí, casi rozando el mío'".

Al hablar sobre las dictaduras, Boric llamó a la necesidad de recordar el pasado como referente de la actualidad. "Cinco décadas después sigue teniendo sentido recordar estos hechos, porque están muy presentes, porque son una herida abierta, porque estamos buscando a nuestros desaparecidos, pero porque defender la democracia como la defendió (Salvador) Allende hasta el último día de su vida hoy en día es tremendamente importante", indicó.

Con todo, el presidente chileno ha querido destacar que la aparición de los regímenes totalitarios no depende de una ideología antes de poner como ejemplo el de Nicaragua, cuyo líder, el antiguo sandinista Daniel Ortega, es ahora objeto de críticas internacionales por su desdén hacia los Derechos Humanos.

"Hay veces, como nos recuerda Nicaragua, en donde vestir como 'rojinegro'", indicó en referencia a los colores del sandinismo, "no significa nada: los valores y principios que nos deben mover es el respeto irrestricto a los derechos humanos siempre y en todo lugar". "Ninguna diferencia", prosiguió Boric, "justifica la violación a los Derechos Humanos y la conciencia de que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, no con menos", ha zanjado el presidente chileno.

Desde ahí, Boric se dirigió a quienes "proponen como solución a los problemas del presente limitar las libertades, arrebatar los derechos del otro, censurar, negar, los derechos de mujeres de migrantes, trabajadores, negar lo que no les gusta"; una amenaza "cada vez más presente en Europea y América Latina, independientemente del color del que venga".

Frente a ello, el presidente chileno llamó a aprender la lección de las dictaduras: "La persecución y la injusticia tienen una contracara, una respuesta más fuerte que perdura: ni la tiranía ni la traición podrán oponerse pero no prevalecer, porque para la libertad, como escribió Miguel Hernández, sangramos, luchamos, pervivimos", ha indicado.

Por último, Boric ha defendido un modelo de Gobierno basado en el diálogo constante con la gente para fomentar la empatía entre los conciudadanos. "Quienes estamos en política tenemos un mandato: debernos al pueblo del que formamos parte. No hablamos por él, hablamos con él, hablamos por él. No somos intérpretes de una voluntad mística", ha declarado.

"Algo tan simple como el cariño, mirarnos a los ojos y querernos un poco más. Hablar de esa Humanidad conjunta. La lección de la fraternidad humana que se hace gigante frente al sufrimiento de los postergados", ha añadido.

El cantautor Joan Manuel Serrat y el juez Baltasar Garzón han recibido este sábado en Madrid la medalla conmemorativa de los 50 años del golpe de Estado chileno de manos del presidente del país sudamericano. La entrega de estos reconocimientos por la "defensa de los derechos humanos" ejercida por ambas personalidades se ha producido en este evento.

Al entregar la medalla a Garzón, el mandatario chileno le ha agradecido su función con la orden de arresto que decretó en 1998 contra el dictador Augusto Pinochet, que supuso su detención en Londres. "No hemos encontrado todavía toda la justicia, pero lo que hizo usted dio al pueblo de Chile esperanza", ha dicho Boric.

Asimismo, el presidente chileno ha agradecido a Serrat su "lucha y defensa de los derechos humanos" y ha destacado de él su "voz y ejemplo que han cruzado muchas generaciones". Antes de la entrega de medallas, ambos han protagonizado, además, una conversación sobre el poder del arte para "cambiar el mundo para mejor".

El acto celebrado ha contado también con la participación de la escritora nicaragüense Gioconda Belli, el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, el dúo chileno-español Emilia y Pablo, el cantautor Ismael Serrano y el director general de Casa de América, Enrique Ojeda, además de la actriz y cantante chilena Francisca Gavilán, quien ha ejercido de maestra de ceremonias.

La campaña y victoria electoral de Gabriel Boric ha sido crucial en muchos sentidos: en términos geopolíticos, resulta importante como victoria ante la ultraderecha que da un impulso moral a la izquierda lationamericana; en términos estratégicos, ofrece nuevas maneras de construir coaliciones y organizarse a diferentes movimientos políticos; en términos simbólicos, representa el primer triunfo de un partido a la izquierda del Partido Socialista de Chile, el primero desde el fin de la violenta dictadura de Pinochet.

No obstante, los eventos de las últimas semanas resultan relevantes para el debate público de nuestro país por otro motivo: han demostrado que una buena parte de la intelligentsia liberal de nuestro país se siente más cómoda con un candidato ultraderechista que con un líder estudiantil de izquierdas.

Probablemente, el primer nombre que viene a la mente al leer el título del artículo es el de Mario Vargas Llosa. Para comprender las posiciones de cualquier intelectual, uno ha de analizar su trayectoria, en su caso marcada por la clásica “fe del converso” —la de alguien que pasó de firmar manifiestos en defensa de milicias izquierdistas o la revolución cubana a ser seducido por la figura de Margaret Thatcher durante su paso por el Reino Unido—. Pese a ello, resulta difícil comprender cómo alguien capaz de escribir y describir en La Fiesta del Chivo los horrores de las torturas y desapariciones de las dictaduras derechistas (en este caso, del régimen de Trujillo) pueda hoy defender a un candidato no solo vinculado familiarmente al régimen de Pinochet, sino que también reivindica su figura, rechaza describirle como un dictador y defiende indultar a torturadores. Este apoyo a candidatos como Kast en Chile o Keiko Fujimori en Perú ha comenzado a pasarle factura fuera de nuestro país: por ejemplo, en Francia, diferentes medios de comunicación han reabierto el debate en torno a la idoneidad de Vargas Llosa como miembro de la Academia Francesa debido a sus vínculos con gobernantes responsables de asesinatos y violaciones de los derechos humanos.

Así, en una pieza sobre Vargas Llosa, The Economist argumentaba que en un contexto en el que “muchos latinoamericanos que se autodenominan liberales son en realidad conservadores o libertarios”, su figura representaba un importante faro para hacer atractivo ese liberalismo político. El tiempo ha terminado por demostrar que Vargas Llosa no era, al menos en ese sentido, excepcional: tan solo otro conservador.

Por otra parte, resulta interesante examinar el segundo grupo: el de los “economistas liberales”. Estos economistas cercanos al anarcocapitalismo, sobrerrepresentados en los medios de comunicación españoles en relación con su relevancia académica, cerraron filas en torno a la figura de Kast. Es el caso de dos de sus popes: Daniel Lacalle y Juan Ramón Rallo. El primero, guía del programa económico del Partido Popular de Pablo Casado, lamentó la victoria de Boric argumentando que el problema no era “el cocinero [sino] la receta”, refiriéndose al socialismo. En la misma línea, Rallo afirmaba en una columna en La Razón que:

“Los chilenos que hayan acudido a votar este domingo ya habrán decidido a estas alturas si dan su respaldo a un proyecto económico que puede revigorizar el crecimiento del país respetando la libertad económica de sus ciudadanos o si, en cambio, han ratificado un proyecto estatalizador que abocará a Chile a un progresivo proceso de esclerotización social y económica”.

El apoyo por parte de supuestos anarcocapitalistas, presuntamente preocupados con la intromisión del Estado en la libertad individual, a un candidato ultrarreligioso que ha apoyado sistemáticamente la prohibición del aborto y el refuerzo del control migratorio, y que ha impulsado una campaña basada en la ley y en el orden, demuestra una vez más la noción de libertad que tienen estos economistas. Quizás una no tan alejada de la del propio Pinochet.

El apoyo de estos intelectuales liberales al ultraderechista Kast pone de relieve dos realidades: en primer lugar, una quizá más evidente, que es el hecho de que muchos intelectuales reaccionarios o anarcocapitalistas disfrazan su agenda bajo el velo de un liberalismo nominal. Esto, por supuesto, no resulta nuevo (particularmente en nuestro país). En segundo lugar, quizás más preocupante, está la docilidad presente entre los “verdaderos” intelectuales liberales españoles. Así como la izquierda en ocasiones se excede en su crítica interna, observamos el fenómeno contrario entre liberales que, por cobardía o por dejadez intelectual, no alzan la voz o la pluma para cargar contra compañeros que entre un demócrata y un ultraderechista, deciden optar por el segundo. Un verdadero liberal no callaría ante esta situación.

Amigos liberales: la pelota está en vuestro tejado.

Sea cual sea su mensaje, José Antonio Kast tiene la particularidad de permanecer siempre tranquilo y sonriente ante la cámara. En los platós de televisión, el candidato de la extrema derecha chilena, fundador del Partido Republicano, cuenta con la misma tranquilidad anécdotas personales y los proyectos extremistas que le gustaría poner en marcha si fuera elegido presidente: construir fosos para impedir el paso de los migrantes por la frontera o reservar ciertas prestaciones sociales a las mujeres casadas...

En 2017, este abogado de 55 años y exmilitante de la Unión Democrática Independiente se presentó por primera vez a las elecciones presidenciales, pero solo obtuvo el 7,93% de los votos. En las elecciones del pasado domingo 21 de noviembre, Kast lideraba, con un escrutinio del 99,9%, lideraba los resultados con un 27,91% de los votos, seguido del izquierdista de Apruebo Dignidad Gabriel Boric (25,83%). Ambos pasarán a la segunda vuelta.

Kast se presentaba a las elecciones con un programa de regresión social y nostalgia de la dictadura, queriendo militarizar la región de la Araucanía (Wallmapu, según los indígenas mapuches) o retroceder en los derechos reproductivos de las mujeres... Niega los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos durante los 17 años del régimen militar, llegando a afirmar que durante ese periodo “no se encerraba a los opositores políticos”.

Durante el último debate televisado de la campaña, instó a su rival, Gabriel Boric a “hacer público su historial médico”, lo que va en contra de la confidencialidad prevista por la ley. José Antonio Kast intentó poner en duda la personalidad de Boric, que hace unos años estuvo internado en una clínica psiquiátrica para tratar el trastorno obsesivocompulsivo (TOC), aunque esto es de dominio público. Cualquier cosa le vale a este demagogo.

Fuera de las fronteras chilenas, está cortejando al presidente brasileño Jair Bolsonaro y a los líderes de extrema derecha Vox. En vísperas de las elecciones, multiplicó las provocaciones: se entrevistó con el carabinero que dejó ciega a una joven, Fabiola Campillai. Se dirigía al trabajo durante las protestas de 2019 cuando fue alcanzada en la cara por un bote de gas lacrimógeno, convirtiéndose en un símbolo de la violencia policial.

Su ascenso en las encuestas durante el último mes suscitaba la preocupación por el aumento de las corrientes neofascistas en el país. Ricardo Camargo, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, no ve ninguna contradicción con el surgimiento del movimiento social –que culminó con la aprobación de una Constituyente para sustituir la Constitución heredada de Pinochet–. Kast juega con la inestabilidad actual.

“El 18 de octubre [2019, inicio de los disturbios] hizo temblar las normas de convivencia, de orden público y de orden social que se habían establecido muy sólidamente en Chile a lo largo de las décadas anteriores. Esta revuelta social expresa, en mi opinión, un conjunto de reivindicaciones bastante heterogéneas. No hay una demanda única”, dice Camargo.

“No olvidemos que varios fenómenos han socavado la credibilidad, no sólo de las instituciones políticas, sino de todas las instituciones”, continúa, refiriéndose a los múltiples escándalos de corrupción de los últimos diez años.

José Antonio Kast estuvo al frente del mantenimiento de la actual Constitución en el bando del Rechazo durante el referéndum. Durante los meses de protesta, justo antes de la pandemia de Covid-19, su movimiento convocó manifestaciones en las que se destacaron las figuras del fascismo y de Pinochet y que también estuvieron marcadas por las agresiones físicas.

Para Ricardo Camargo, su popularidad está ligada al fenómeno de la profunda inseguridad que existe en una sociedad chilena marcada por el neoliberalismo. “Desde la sanidad hasta la educación, todo es de pago. En Europa, la educación y la sanidad pública están garantizadas, pero aquí no. Cuando el país entra en crisis de un modo u otro, la demanda de un orden que pase por una vía más segura es evidente. Esto explica su aparición por razones coyunturales, consigue conectar en parte con esta demanda de orden y seguridad”.

Desde que se convirtió en diputado, Kast es conocido por sus polémicas declaraciones y su retórica misógina, hostil a los derechos de reproducción y sexuales. “Mi gobierno, una de las primeras cosas que hará será abolir la ley del aborto”, dijo.

Para la coordinadora feminista 8M, la aparición de esta extrema derecha no es sólo coyuntural. “Estamos en alerta desde la victoria de Bolsonaro en diciembre de 2018. Fue entonces cuando nos pronunciamos por primera vez. En aquel momento, dijimos que estábamos en un punto de inflexión histórico, en un momento de deslizamiento hacia esos derechos neofascistas que permiten las políticas neoliberales”, señala Karina Nohales, activista de la coordinadora.

El colectivo en el que participa fue uno de los principales actores del movimiento que organizó las mayores manifestaciones feministas de la historia de Chile y defendió la agenda de derechos de las mujeres que Kast, si finalmente resulta elegido, quiere frenar. “Entendemos que son las políticas neoliberales las que han abierto el camino a estas expresiones de ultraderecha, porque a través de la precariedad están instalando la competencia dentro de la clase trabajadora”, explica Nohales.

Según María Angélica Cruz, de la Universidad de Valparaíso cuyas investigaciones se centran en las memorias sociales del pasado reciente, el movimiento feminista ha sacudido al país. Las acciones de estudiantes de secundaria y universitarios, así como el movimiento internacional “Ni una menos” o #MeToo, han provocado reacciones de grupos de derecha.

“Les conmocionó el hecho de que las mujeres se echaran a las calles en masa, mostrando sus pechos, encaramadas a un famoso monumento chileno. Una parte de la sociedad, especialmente los católicos ultraconservadores, consideró que los cambios eran demasiado repentinos y se sintió amenazada. Luego hubo una movilización social con violencia política de varios tipos, la pandemia... Kast se moviliza jugando con esta emoción política”.

Ricardo Camargo cree que los potenciales votantes de Kast no se identifican necesariamente con una derecha fascista. “Al menos no en un porcentaje significativo. Los votantes de Kast lo ven como un candidato antisistema. Es la lógica clásica del populismo, en este caso de la derecha, pero sobre todo de un candidato que pone el acento en el orden”. Según el profesor de Derecho, tras la agitación social y las grandes movilizaciones, hubo un periodo de creciente malestar público, que acabó por sacudir la vida cotidiana de muchas personas. “También llegó la pandemia, que afectó profundamente a la gente en términos económicos y de salud y es ahí donde Kast trata de sacar tajada”.

 Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Este viernes, 22 de enero de 2021, recibí con profundo pesar la noticia triste del fallecimiento de Juan Guzmán Tapia, a sus 81 años. Siempre sentí un profundo respeto y admiración por el juez chileno del caso Pinochet que, con coraje y determinación, enfrentando todo tipo de amenazas y ataques personales, tuvo la entereza de investigar de manera objetiva, constante y tranquila las innumerables querellas que se fueron acumulando en contra del dictador, una avalancha que se inició con la primera que interpusieron a principios de 1998 Gladys Marín y un grupo de abogados encabezados por Eduardo Contreras, de quienes muchos se burlaron por cometer el atrevimiento o la ingenuidad de buscar justicia en su propio país.

Durante mucho tiempo, sólo había oído la voz de Juan Guzmán a través del hilo telefónico, sin hablar con él directamente, sino por medio de su amigo chileno radicado en España, el catedrático de Derecho Penal Hernán Hormazábal, pues la Corte Suprema chilena le tenía prohibido cualquier contacto conmigo. Recuerdo que fue en el año 2003, en la Comisión de la Memoria de la ciudad de La Plata, Argentina, cuando por fin pude conocerlo. Nos acompañaba el fiscal argentino, amigo y hermano entrañable, también fallecido, Hugo Omar Cañón. Nos dimos un abrazo fraterno que dijo mucho más que cualquier palabra que pudiéramos expresar.

Posteriormente, cuando de su mano me otorgaron en 2006 el doctorado honoris causa por la Facultad de Derecho de la Universidad Central en Santiago de Chile, estrechamos más los lazos que habíamos para ese entonces trenzado, en cursos de verano y eventos de Derechos Humanos en Latinoamérica, Estados Unidos, Francia y España. Para mí fue un honor y una experiencia vital fundamental estar con él en Villa Grimaldi y otros lugares de memoria con las víctimas de Pinochet, o defender los derechos del pueblo mapuche o las causas nobles de Jurisdicción Universal. En enero de 2020 fue la última vez que pude escucharle en Santiago, aunque no fue posible vernos porque su salud estaba ya deteriorada.

El juez Guzmán inició en solitario, antes de la detención de Pinochet en Londres por mi orden, una larga travesía a lo largo de toda la geografía chilena, buscando pruebas, tomando testimonios, pero, sobre todo, buscando a los desaparecidos. Con razón fue apodado Juan Sin MiedoJuan Sin Miedo, apelativo que se ganó a raíz de las numerosas presiones y ataques que tuvo que soportar, pese a las cuales siguió haciendo su trabajo con una determinación inquebrantable. Sin pretenderlo, se convirtió en el gran referente ético chileno en esta historia de confrontación de la Justicia frente a la impunidad de los crímenes más atroces.

Chile ha perdido a uno de sus hijos más ilustres, un ser humano íntegro, un jurista de prestigio, juez valiente y decidido, cuya humildad no hace más que engrandecerlo. Mi solidaridad fraterna es para su familia en estos momentos de dolor. Juan Guzmán Tapia ha partido, su ejemplo queda con nosotros y, a todos los que formen parte de la justicia, les obliga a seguir su camino.

Baltasar Garzón es jurista y presidente de Fibgar.

El juez chileno Juan Guzmán Tapia, reconocido internacionalmente por ser el primer magistrado en procesar al exdictador Augusto Pinochet por sus crímenes contra los Derechos Humanos, ha fallecido este viernes a los 81 años, según ha confirmado su familia y recoge Europa Press. Guzmán fue designado en 1998 juez titular para investigar varias denuncias contra Pinochet Pinochet -entonces senador designado y vitalicio- por homicidio en el contexto del caso Caravana de la Muerte, ocurrido tras el golpe de Estado del 11 de diciembre de septiembre de 1973.

La Caravana de la Muerte es el nombre que recibió una comitiva del Ejército chileno que recorrió el país durante ese año por orden de Pinochet. Su misión era "agilizar y revisar" los procesos de personas detenidas tras el golpe militar y la operación se saldó con el asesinato y la desaparición forzada de 97 presos políticos.

Pinochet fue arrestado en una clínica de Londres, Reino Unido, en virtud de una orden de captura emitida por el juez español Baltasar Garzón, que buscaba juzgarle por los asesinatos de varios ciudadanos españoles ocurridos durante la dictadura, lo que dio comienzo a un proceso judicial que terminaría tras la muerte del exdictador en 2006.

Entre 1999 y 2004, Guzmán encabezó numerosas exhumaciones de restos de detenidos desaparecidos, a raíz de los que creó la figura del secuestro permanente, según ha recordado Radio Cooperativa.

En el año 2000, Guzmán logró que se retirara a Pinochet su condición de aforado gracias a 19 delitos de secuestro permanente por el caso de la Caravana de la Muerte. A estos se sumaron otros 57 casos de homicidio, por lo que fue procesado.

Aunque sin fuero, el proceso se sobreseyó por la demencia senil de Pinochet en 2002. Revocado el sobreseimiento en 2004, el procesamiento se dejó sin efecto en 2005. Ese mismo año, Pinochet fue nuevamente procesado por el juez Guzmán, esta vez por la Operación Colombo, un operativo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena montado en 1975 destinado a encubrir la desaparción forzada de 119 opositores.

El 11 de noviembre de 1973 el militar Augusto Pinochet tomaba el poder en Chile tras un golpe de Estado al entonces presidente legítimo, Salvador Allende. Desde la casa presidencial, el Palacio de la Moneda, Allende pronunciaba su último discurso a través de la radio antes de quitarse la vida en medio de un bombardeado de aviones y tanques. Un final sangriento a décadas de democracia que daría paso a una dictadura criminal que duraría 13 años. Al golpe militar le sucedieron años de represión, miedo, silencio, detenidos desaparecidos, torturas y la impunidad de un régimen que transformó Chile en la casa de unos pocos privilegiados y en el patio trasero de los más desfavorecidos. Durante la dictadura se redactó la Constitución, vigente a día de hoy pese a sus numerosas modificaciones y que es la que, según las multitudinarias protestas desencadenadas hace un año en el país, ha fomentado desde su redacción las desigualdades sociales.

Este domingo, el pueblo chileno aprobó, con un 78,28% de los votos a favor y un 21,72% en contra, la redacción de una nueva constitución a través de una Convención Constituyente. El plebiscito tuvo un 50,88% de participación, considerada una cifra muy alta en comparación con las últimas elecciones: 45% en 2012 y al 36% en 2016. ¿Qué es lo que ha desencadenado este terremoto político en el país austral?

Todo empezó por un simple billete de metro. En octubre de 2019 el Gobierno de Sebastián Piñera anunciaba la subida del precio del boletoboleto (ticket) de 30 pesos chilenos, lo que derivó en unas inesperadas protestas contra la gestión del Gobierno lideradas precisamente por los más jóvenes. Empezaron siendo asaltos a los andenes de metro para acceder al subterráneo sin pagar, pero fueron transformándose con el paso de los días en protestas sociales masivas.

Chile es el cuarto país latinoamericano en el ranking del índice del Producto Interior Brutoranking  y, además, la primera potencia de la región en el PIB per cápita, el indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Además, según el Banco Mundial, la República chilena ha conseguido reducir sus niveles de pobreza por debajo del 10%.

Pero como explica el economista Pablo Ferrera en un análisis sobre la economía del país, “el índice de Gini presenta un 45% de desigualdad en la distribución de la riqueza”. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe “estimó que el 1% de la población más rica de Chile es dueña del 22% de los ingresos y riquezas nacionales”, explica en  Atalaya. El problema de la República de Chile no es cuánto produce, si no cómo se distribuye.

La Constitución que ahora se pretende cambiar es la base de otras leyes orgánicas que se aprobaron posteriormente, como la de educación, que perpetúa un sistema privado de calidad, pero inalcanzable para la mayoría de la población, y uno público de difícil acceso y con muchas deficiencias. También el Código de Aguas, por ejemplo, deja su explotación en manos de la gestión privada. Las concesiones del agua potable son un monopolio  que deriva en que una sola empresa dicta los precios de un bien esencial.

La subida del precio del metro era, en este escenario, otra medida más en la montaña de desigualdad sobre la que se ha construido Chile desde la dictadura. En una sociedad en la que los ciudadanos pueden endeudarse tanto para comprar una casa como para comprar una barra de pan, la subida del precio del transporte público suponía seguir cavando en un hoyo de pobreza del que nadie tenía ya la esperanza de salir. Al menos, hasta que empezaron las protestas.

Cambios

Lo que el pueblo chileno ha reclamado con un cambio cosntitucional es “un marco legal de seguridad social que asegure ciertos niveles de vida”, explica el abogado especialista en temas constitucionales Ignacio Ried. Y acceso a los sistemas de salud, educación y pensiones, que son privados. Además del reconocimiento de los pueblos indígenas, paridad de género, un régimen político menos presidencialista o un verdadero Estado social de Derecho.

“El gran problema es que el Estado chileno requiere una modernización importante que ningún político ha propuesto seriamente”, explica el abogado. Los sistemas privados funcionan correctamente, pero solo son accesibles para un bajo porcentaje de la población, en un estado en el que el sueldo mínimo son 320.500 pesos chilenos brutos (349 euros). Con lemas como No son 30 pesos, son 30 años o No son 30 pesos, son 30 años oChile despertó los ciudadanos llevan un año saliendo a la calle para reivindicar un marco jurídico más equitativo, que permita reforzar los sistemas públicos de pensiones, educación y sanidad y así alcanzar una sociedad más justa.

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo justificaba la baja participación ciudadana de las elecciones chilenas en las siguientes causas: diseño político-institucional; debilitamiento del sistema de representación; creciente erosión en la percepción de la ciudadanía acerca de la eficacia de sus acciones frente al sistema político y las autoridades; transformaciones sociales y económicas que en los últimos 30 años han cambiado radicalmente a la sociedad chilena, afectando su relación con la participación política; cambios sustantivos en el mundo juvenil; y falta de una política sistemática de educación. Este domingo, la participación ha superado el 50%, una cifra alta si se compara con las citas electorales. 

El próximo 11 de abril se escogerán a los 155 constituyentes encargados de la redacción de la nueva carta magna, labor para la que cuentan con un año de plazo. El texto será nuevamente validado por los ciudadanos en 2022.

“Hemos pasado por muchísimo y esta votación es un paso más. Tenemos que seguir en la calle. Aunque la verdad no nos fiamos de la convención constitucional. Creemos que tiene varias trampas, entre ellas el quórum, la elección de los candidatos, paridad, pueblos indígenas etcétera.”, dice Luis Fernández, un joven chileno que ha estado al frente de las reivindicaciones desde que empezaron hace un año.

El 11 de septiembre de 1973 se produjo el golpe de Estado en Chile contra el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Después de décadas de ocurrido, se han examinado miles de ángulos políticos, sociales y económicos relativos a la caída del gobierno, así como la emergencia y desarrollo de una oposición conformada por la Democracia Cristiana, de Eduardo Frei, en alianzas y pactos con la tradicional derecha chilena.

Uno de los tantos asuntos lacerantes, hostiles y crueles establecido a raíz del golpe militar de Augusto Pinochet ha sido la información, divulgación y puesta en común en foros internacionales de la violación de los Derechos Humanos que se hicieron rutina y cosa común a lo largo de su régimen castrense (1973-1990). En largas listas de detenidos, torturados y desaparecidos, se incluyen no solo chilenos (desde estudiantes hasta sindicalistas o mujeres universitarias) sino también extranjeros, que observaban con interés público la "vía chilena al socialismo". Entre ellos, como víctimas, podemos mencionar al asesinado sacerdote catalán Joan Alsina, y al desaparecido religioso de Xátiva llamado Antonio Llidó, entre varios otros ciudadanos extranjeros en ese momento del putsch en el país.

Un caso que resultó llamativo, y que se hizo notorio en el concierto internacional, fue el de Charles Horman, llevado al cine gracias a Costa-Gavras con su filme Missing (1982). Se trata de un joven periodista norteamericano cuyo itinerario personal, instalación en Chile y circunstancias biográficas respecto a su inicial desaparición (que se confirma posteriormente como asesinato de las FF.AA. en septiembre de 1973) son examinadas a lo largo de mi texto Chile. La herencia de un testimonio. Pasado histórico y memoria narrativa, (Ediciones Arcos.Madrid.2013).

Es un material que intenta pasar revista de forma crítica a las vicisitudes vividas por Horman a raíz de su detención, interrogatorios y muerte en Santiago de Chile, causando a la larga polémicas y serios conflictos diplomáticos entre la Casa Blanca y La Moneda. Sobre todo por las contradicciones, mentiras y manipulaciones que establecen en un primer momento ambos gobiernos con el fin de ocultar la muerte del ciudadano estadounidense (también es asesinado con él Frank Teruggi) por parte de estamentos militares chilenos. Pero junto a este asesinato de Horman, se produce una cierta concordancia fúnebre respecto a nuestra historia pues también muere (en 1974) el general Augusto Lutz, que es según testimonios históricos el causante de la muerte de Charles Horman.

En el prólogo de mi texto se dice que en septiembre de 1973 el general de brigada Augusto Lutz era el Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejercito de Chile que, como es sabido, desempeñó un papel de importancia en la organización de la represión que se desató en el país por el golpe de Estado. Augusto Lutz fue relevado de su cargo a finales de 1973, y se le ofreció el puesto nada desdeñable de Secretario de la Junta Militar. Es probable que, en los meses siguientes, Lutz incubara un cierto desacuerdo con los métodos de Pinochet y con el rumbo que estaba tomando el régimen militar chileno. Es difícil decidir el alcance de dicho desacuerdo, pero es el que ha permitido poner en duda la versión oficial de su muerte (en Punta Arenas, noviembre de 1974) sobre la cual -según su familia- podría ceñirse la sombra de la policía política del régimen de Pinochet llamada DINA. En ciertos círculos y sitios web, la responsabilidad de su muerte se vincula con la CIA.

Aunque resulte imposible demostrar, la hipótesis de la CIA no resulta arbitraria, ya que el nombre de Lutz ganó una cierta notoriedad internacional a raíz de su implicación en la desaparición y asesinato de Charles Horman, periodista norteamericano residente en Chile, como hemos dejado dicho. La película de Costa-Gavras dio una extraordinaria visibilidad al caso situando a Lutz como uno de sus mayores responsables.

La investigación que había servido de base para el filme (pero con antecedentes documentales en el estudio de Thomas Hauser. The execution of Charles Horman, de 1978) demostraba dos cosas de mayor importancia: que en la muerte de Horman habían estado implicados los servicios de inteligencia norteamericanos y la Embajada de USA en Santiago, y que la razón fundamental de su asesinato era que Horman había descubierto la implicación directa del Gobierno de Estados Unidos en la planificación, organización y ejecución del putschputsch del 11 de septiembre de 1973.

Con todo, las iniciativas de familiares de Lutz, después de décadas de acaecido el deceso del general, buscan de diversos modos obtener luz y claridad acerca del exacto contexto de la muerte del uniformado. Incluso han solicitado exhumar su cuerpo y analizar fuentes corporales para confirmar cuál fue su real deceso. Además se ha pretendido modificar su estricta figura golpista (sin decir nada respecto de Horman o su viuda) con una novela de una de sus hijas titulada Años de viento sucio.

Frente a ello, han quedado datos evidentes de su completa implicación en la construcción del nuevo régimen erigido por Pinochet; antes de tal proceso ya existe una dinámica conspiradora en Augusto Lutz. El movimiento ultraderechista Patria y Libertad jugó un papel destacado en el derrocamiento de Salvador Allende. El secretario general de dicho movimiento, constituido por auténticos cuadros de futuros agentes de la DINA, afirma que entre Patria y Libertad y el general Lutz se mantienen relaciones "fluidas" antes del golpe.

Finalmente, para claridad y paz de los Horman, las informaciones oficiales del Poder Judicial de Chile concluyen por considerar la evidente implicación de Augusto Lutz en los hechos que ocasionan las muertes de Ch. Horman y F. Teruggi. El 29 de noviembre de 2011 (37 años y un día después del deceso de Lutz) el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Zepeda, al dictar procesamiento por homicidios de ambos estadounidenses, estima decisiva la función operativa del general Lutz en el desenlace de los asesinatos.

Después de 47 años del suicidio de Allende y del inicio del régimen de la Doctrina de la Seguridad Nacional, encauzada por las FF.AA.de Chile en ese momento, todavía es posible entrelazar biografías, tragedias y crímenes en la inagotable historia de la sociedad chilena.

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Mario Boero Vargas es teólogo y escritor, autor de libros como La herencia de un testimonio: Pasado histórico y memoria narrativa. El caso del general Lutz (Arcos.Madrid.2O13) o Recuerdos pendientes. Teología, sociedad y fe en la memoria chilena. (Arcos. Madrid.2008).