La multinacional DomusVi ha fracasado en su intento de mantener en secreto el número de fallecimientos y de contagios por covid producidos en las residencias privadas de Galicia durante la primera ola de la pandemia. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictaminó este lunes que el periodista de infoLibre que solicitó esa información al considerarla de interés público tiene derecho a acceder a la misma.

Hasta seis empresas diferentes del grupo DomusVi presentaron un recurso contencioso contra la resolución de la Consellería de Política Social de la Xunta que concedía acceso a los datos. Hay que señalar que la decisión inicial del Gobierno gallego, que entonces presidía Alberto Núñez Feijóo, también fue la de mantener en secreto la información. La Xunta ofreció los datos desglosados sólo de las residencias públicas, pero ocultó la misma información de los centros privados. infoLibre recurrió a la Valedora do Pobo, que en una contundente resolución destacó el interés público de los datos solicitados por el periodista y acordó que el Gobierno gallego debía hacerlos públicos.

La Xunta acató la resolución de la Valedora do Pobo y fue entonces cuando las seis empresas de DomusVi que gestionan residencias en Galicia presentaron el recurso ante el Tribunal Superior. La multinacional alegaba que la publicación de la información produciría "un demérito en la estima pública de las empresas titulares de los centros" y afectaría a sus "intereses económicos y comerciales", además de suponer una "vulneración de datos personales" de los residentes. Un argumento que utilizó a pesar de que infoLibre en todo momento solicitó únicamente la cifra global por centro y datos completamente anonimizados.

El TSXG establece que el derecho de acceso a la información pública debe prevalecer también en el ámbito del sector privado de las residencias de mayores, de forma que se puedan proporcionar a la ciudadanía "elementos que puedan conformar una libre opinión pública, presupuesto ineludible para la buena salud democrática de cualquier país".

En la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Luis Villares, los magistrados rechazan que el acceso a la información solicitada vulnere el derecho a la protección de datos personales de los usuarios de las residencias, ya que “los datos solicitados están completamente disociados de cualquier información, por lo que no es posible identificar a ninguna persona solo con estos datos numéricos”.

En cuanto a la presunta afectación al honor y a la imagen de las propias empresas, la Sala considera que "la difusión pública de datos reales y estadísticos sobre la incidencia de la pandemia en cada uno de los centros no puede atentar contra el honor de una empresa".

El TSXG también destaca que la misma información que infoLibre solicita de las residencias privadas ya fue hecha publica en relación con los centros públicos, “por lo que la información estadística desagregada no hace más que completar el mapa territorial y situacional que pretende la normativa en base a la cual se ha producido la recogida de datos”.

Por ello, el Tribunal Superior concluye que no publicar los datos “dejaría a las entidades privadas en una injustificada situación de opacidad, lo que también podría dar lugar a especulaciones sobre las razones para no hacerlo”. La Sala concluye en la sentencia que el interés público “prevalece sobre la limitación por razones privadas del interés económico propuesto por las empresas”.

El TSXG condena a las empresas del grupo DomusVi a pagar las costas del pleito. La Xunta fue la demandada y Manuel Rico, director de investigación de infoLibre y abogado, se personó como codemandado en el procedimiento y ejerció su propia defensa.

En la primavera de 2020 DomusVi gestionaba 140 geriátricos, que contaban con 18.700 plazas. Es el grupo líder del sector en España, por delante de Orpea y Ballesol. Durante la primera ola fallecieron en sus centros más de 1.800 ancianos, de acuerdo con los datos conseguidos por infoLibre. En la segunda ola, la cifra de muertes hasta finales de diciembre de aquel año se acercó a los 300. En total, perdieron la vida más de 2.100 residentes en centros de DomusVi en 2020.

A principios de mayo de 2020, infoLibre presentó la misma solicitud de acceso a información pública en las 16 comunidades autónomas y las tres diputaciones forales vascas que tienen las competencias en materia de residencias. Entre otros datos, pedía conocer el número de fallecimientos y de contagios por covid que se habían producido en las residencias, durante los meses de marzo y abril, desglosados por centros.

Solo media docena de Gobiernos autonómicos ofrecieron los datos directamente. En todos los demás casos, infoLibre presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia estatal o autonómico correspondiente. Todas las resoluciones de estos órganos fueron favorables al derecho de acceso a información pública y, finalmente, doce comunidades autónomas y las tres diputaciones forales facilitaron los datos.

En tres casos, la solicitud de información pública terminó en los Tribunales Superiores de Justicia. En Galicia fue DomusVi quien intentó frenar la publicación de los datos, algo que el TSXG acaba de rechazar. En Asturias y en Castilla y León fue infoLibre quien acudió a los tribunales contra resoluciones de los respectivos Gobiernos autonómicos.

En Asturias, el Gobierno de Adrián Barbón (PSOE) se negó a facilitar la información correspondiente al periodo entre el 1 de marzo y el 8 de abril de 2020 (del 9 de abril en adelante publicó los datos en una web). El TSJ de Asturias rechazó el recurso, con el argumento de que facilitar la información solicitada exigía al Principado "reelaborar" los datos. infoLibre ha acudido en casación ante el Tribunal Supremo, que aún no ha decidido si admite o no el recurso.

En Castilla y León, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) se negó a entregar la información solicitada, con argumentos casi idénticos a los que ahora acaba de rechazar el TSXG: que su difusión vulneraría la protección de datos personales de los residentes y afectaría negativamente a los intereses económicos y comerciales de las empresas. El pleito está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia autonómico fije fecha para la votación y fallo.

La otra comunidad que no ha facilitado aún los datos es Aragón, donde la solicitud de acceso a la información aún está en fase administrativa. El Consejo de Transparencia tardó año y medio en resolver la reclamación de infoLibre contra la negativa del Gobierno de Javier Lambán (PSOE) a facilitar los datos. En marzo de 2022, dicho órgano ordenó al Ejecutivo autonómico que diese trámite de audiencia a las residencias antes de resolver sobre la solicitud. Si el Gobierno aragonés se empeña en mantener los datos en secreto, infoLibre acudirá a los tribunales al igual que hizo en las otras comunidades autónomas.

DomusVi y Josefina Fernández Miguélez no eran nombres demasiado conocidos en España antes de la pandemia. Pero desde marzo de 2020 han estado en el ojo del huracán. DomusVi, principal grupo de residencias en España, porque en sus centros fallecieron más de 2.100 mayores durante el año pasado. Y Josefina Fernández, su consejera delegada, por la nula empatía demostrada y que tuvo su momento culminante en una comparecencia en el Parlamento gallego en la que afirmó literalmente: “No nos avergüenza ganar dinero cuidando a los que más lo necesitan”. Cuando pronunció esas palabras, en noviembre de 2020, ya habían fallecido dos mil personas en las residencias de DomusVi. Este jueves, 16 de septiembre, DomusVi decidió destituir a Josefina Fernández como consejera delegada y nombrar en su lugar a José María Pena, un ingeniero procedente de Prosegur y sin experiencia previa en el sector geriátrico.

DomusVi, único grupo con residencias en las 17 comunidades autónomas, comunicó el relevo a través de un comunicado en el que informa de que Josefina Fernández será la nueva "presidenta institucional" de la empresa en España: "Representará a DomusVi en todas las instituciones nacionales y autonómicas, al tiempo que aportará todo su conocimiento a las asociaciones del sector, en un momento clave para la transformación de la compañía. Asimismo, Josefina también compartirá su dilatada experiencia y conocimientos con el nuevo consejero delegado, a quien asesorará y acompañará en este nuevo proyecto". En otras palabras, pasa de tener todo el poder ejecutivo a ser una figura representativa en actos y reuniones. Chefi, como la conoce casi todo el mundo, se declaró satisfecha con el cambio. “Una vez llevada la compañía hasta alcanzar su liderazgo en el sector del cuidado de las personas mayores, ahora estoy encantada de asumir esta nueva posición estratégica con el fin de continuar trabajando en la visibilidad y la representación institucional de DomusVi en España, convencida de que es lo mejor para la compañía", aseguró, según el comunicado de la empresa.

En la primavera de 2020 DomusVi gestionaba 140 geriátricos, que contaban con 18.700 plazas. Durante la primera ola fallecieron en sus centros más de 1.800 ancianos, de acuerdo con los datos conseguidos por infoLibre a través de los portales de transparencia de los gobiernos autonómicos. En la segunda ola, la cifra de muertes a finales de diciembre alcanzó los 300. En total, perdieron la vida más de 2.100 residentes en centros de DomusVi. ¡Un 11,2% del total!

Los geriátricos de DomusVi registraron cifras trágicas de fallecidos en media España. Solo en los meses de marzo y abril, los más duros de la primera ola, murieron 63 personas en DomusVi Alcoi, 60 en el centro madrileño de Mirasierra, 54 en DomusVi Ca n'Amell en Premià de Mar (Barcelona), 46 en DomusViAlcalá y 43 en DomusVi Espartales –ambos en la localidad madrileña de Alcalá de Henares–, 40 en DomusVi Leganés...

Accionista de DomusVi

Como desveló infoLibre, Josefina Fernández no solo era la consejera delegada del grupo en España, sino que además era una de las accionistas minoritarias de la matriz en Francia de DomusVi, el tercer principal grupo europeo del sector geriátrico. De acuerdo con la información que consta en el Registro Mercantil de Nanterre (Francia), esas acciones las tenía de forma indirecta a través de una sociedad francesa denominada Mancare I SAS y experimentaron una importante revalorización en los últimos años. En concreto, Chefi las adquirió a finales de 2017 por 2,70 millones de euros y en la primavera de 2021 fueron valoradas en 11,38 millones. Un incremento del 316% en poco más de tres años.

En un comunicado de apenas diez líneas que colgó en su web el pasado 1 de julio, DomusVi anunciaba un plan estratégico hasta el año 2025 que incluye la “renovación” de la alianza con sus accionistas “históricos”. El texto se limita a señalar que el fundador del grupo Yves Journel “incrementa significativamente su participación”, que en el capital permanece el fondo ICG –que controlaba hasta ahora el 55% de las acciones– y que entra como nuevo inversor otro fondo, Mérieux Equity Partners. En el texto no se aportan cifras de inversión y tampoco se aclara cómo queda el nuevo reparto de capital. Ese mismo día, en declaraciones al periódico Les Echos, el presidente de DomusVi a nivel global, Sylvain Rabuel, aseguró que el grupo había logrado captar “varios cientos de millones de euros”. 

En julio de 2020, este periódico desveló cuál era entonces la estructura societaria de DomusVi y cómo utilizaba dos sociedades en Luxemburgo para reducir al mínimo el pago de impuestos.

De la complejidad de la estructura da cuenta el siguiente hecho: entre la empresa que gestiona una de las 140 residencias en España y la sociedad última situada en el paraíso fiscal de la isla de Jersey se interponen más de una veintena de firmas, en España, Francia y Luxemburgo.

 Las residencias de mayores, pese a la catástrofe que vivieron durante la pandemia en España y otros países europeos, siguen atrayendo a los fondos de capital privado y a los grandes inversores en busca de negocio. El último ejemplo lo protagoniza DomusVi, grupo claramente hegemónico en España y tercero más grande del sector en Europa, que acaba de cerrar una ampliación de capital por importe de 333 millones de euros.

La operación conlleva una “simplificación de la estructura accionarial”, según los documentos mercantiles de DomusVi consultados por infoLibre, que incluye la desaparición de las tres sociedades francesas donde tenían aparcadas sus acciones de DomusVi los principales directivos de la compañía, entre ellos la consejera delegada del grupo en España, Josefina Fernández Miguélez. Esas tres compañías –denominadas Mancare I SAS, Mancare II SAS y Mancare III SAS– serán  absorbidas por la matriz del grupo en Francia.

Las cifras que figuran en el proyecto de reordenación societaria de DomusVi son indicativas del enorme negocio que son para algunos las residencias de mayores. Los directivos agrupados en Mancare I SAS cuentan con acciones de DomusVi que les costaron 20.511.933 euros y ahora han sido valoradas en 85.493.002 euros. Ello supone un incremento del 316% en poco más de tres años, ya que la casi totalidad de las acciones fueron adquiridas por Mancare I SAS a finales de 2017 y la valoración actual se realizó en la primavera de este año.

De acuerdo con la información que consta en el Registro Mercantil de Nanterre (Francia), Josefina Fernández Miguélez es la principal dueña de Mancare I SAS, con un 13,32% del capital. Las acciones de DomusVi le costaron 2,70 millones de euros y ahora han sido valoradas en 11,38 millones. 

infoLibre se puso en contacto con DomusVi para preguntar si las únicas acciones de la compañía que tiene Fernández Miguélez son las que controla a través de Mancare I SAS –o si también ha invertido a través de las otras dos sociedades de los directivos–, pero su portavoz declinó contestar. Tampoco quiso confirmar las cifras sobre la valoración inicial y actual de sus acciones.

DomusVi se ha convertido desde el estallido de la pandemia en uno de los símbolos de lo que funciona mal en el sector geriátrico español. Por dos razones al menos. Primero, por la enorme mortalidad registrada en sus residencias. En la primavera de 2020, DomusVi gestionaba 140 centros, que contaban con 18.700 plazas. Durante la primera ola fallecieron en sus geriátricos más de 1.800 ancianos, de acuerdo con los datos oficiales conseguidos por infoLibre. En la segunda ola murieron otros 300 mayores hasta final de año. En total, en 2020 perdieron la vida más de 2.100 personas en residencias de DomusVi, una cifra claramente por encima en términos proporcionales al de plazas gestionadas en el conjunto de España.

La segunda razón fueron las polémicas declaraciones realizadas por Josefina Fernández Miguélez, a quien todo el mundo conoce como Chefi. La sede de DomusVi en España está en Vigo y a Chefi la citaron en una comisión sobre la pandemia en el Parlamento gallego. “No nos avergüenza ganar dinero cuidando a los que más lo necesitan”, aseguró desafiante aquel 13 de noviembre de 2020, fecha en la que ya habían fallecido más de 2.000 personas en sus centros. Durante toda su intervención mostró una gran preocupación por los "costes" que supondría introducir determinadas mejoras en el sector residencial –por ejemplo que los mayores pudieran vivir en habitaciones individuales y no dobles como ahora– y hasta se permitió aleccionar a los diputados: "Sé perfectamente que cuando se deja andar la imaginación, en vez de avanzar sobre estudios muy serios de los servicios, de su organización y de su coste, y en vez de programar residencias reales se programan paraísos terrenales. Se recurre fácilmente a la idea de estatalizar el servicio, de crear consorcios de empresas públicas a costa de los presupuestos del Estado y se deja de hablar de costes para hablar sólo de derechos".

Hay que destacar, por otra parte, que la mayoría de ese dinero que ganan grupos como DomusVi procede en España de las arcas públicas. De los 140 geriátricos que explotaba el año pasado, apenas 15 contaban solo con plazas privadas, mientras que 35 eran de gestión indirecta –centros de titularidad pública que están privatizados– y 90 tenían algún tipo de concierto con la Administración.

Documento de Mancare I SAS donde consta que Josefina Fernández Miguélez es dueña del 13,32% de su capital.

La nueva estructura accionarial

En un comunicado de apenas diez líneas que colgó en su web el pasado 1 de julio, DomusVi anunciaba un plan estratégico hasta el año 2025 que incluye la “renovación” de la alianza con sus accionistas “históricos”. El texto se limita a señalar que el fundador del grupo Yves Journel “incrementa significativamente su participación”, que en el capital permanece el fondo ICG –que controlaba hasta ahora el 55% de las acciones– y que entra como nuevo inversor otro fondo, Mérieux Equity Partners. En el texto no se aportan cifras de inversión y tampoco se aclara cómo queda el nuevo reparto de capital. Ese mismo día, en declaraciones al periódico Les Echos, el presidente de DomusVi a nivel global, Sylvain Rabuel, aseguró que el grupo había logrado captar “varios cientos de millones de euros”.

Algo más de concreción aporta el nuevo fondo que entra en el accionariado, Mérieux Equity Partners, que cifró su inversión en 135 millones. O incluso alguna entidad asesora en la operación, que indicó que el dinero total captado ascendía a 333 millones. En todo caso, dada la escasa transparencia de DomusVi, resulta de momento imposible saber cómo queda exactamente el nuevo reparto de capital.

En julio de 2020, infoLibre desveló cuál era entonces la estructura societaria de DomusVi y cómo utilizaba dos sociedades en Luxemburgo para reducir al mínimo el pago de impuestos.

De la complejidad de la estructura da cuenta el siguiente hecho: entre la empresa que gestiona una de las 140 residencia en España y la sociedad última situada en el paraíso fiscal de la isla de Jersey se interponen más de una veintena de firmas, en España, Francia y Luxemburgo. La matriz en España se llama Geriavi SLU, y tiene su sede en Vigo, mientras que la matriz operativa del grupo se encuentra en Francia y se denomina Kervita SAS.

En Kervita SAS es donde confluyen los tres grupos de accionistas que tenía hasta ahora DomusVi: el fondo de capital privado ICG –dueño del 55%–, la compañía francesa Société d'Investissements DVH (SIDVH), y los principales ejecutivos del grupo de residencias.

SIDVH es un vehículo de inversión controlado por Sagesse Retraite Santé (SRS), firma creada por el fundador del grupo DomusVi Yves Journel, pero en cuyo capital tenían hasta ahora la mayoría el banco público BPI France y el fondo soberano del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, Mubadala Investment Company.

En cuanto a las tres sociedades de los directivos, los documentos mercantiles relacionados con la reorganización del grupo muestran que en la actualidad disponen en total del 5,94% de las acciones de DomusVi: Mancare I SAS es dueña del 3,05%, Mancare II SAS posee el 0,48% y Mancare III dispone del 2,41%.

Estas tres compañías serán absorbidas de forma inmediata por Kervita SAS, de forma que Chefi y el resto de directivos pasarán a ser accionistas directos de esta sociedad. Pero eso es solo el primer paso porque, tal y como consta en el proyecto de absorción, está previsto que a su vez Kervita SAS aporte sus acciones de DomusVi a “una entidad de nueva creación”.

La portavoz de DomusVi en España tampoco respondió a las preguntas de este periódico sobre la nueva estructura accionarial, al alegar que “se trata de una operación liderada desde Francia”, pero sí destacó la importancia que la ampliación de capital tenía para el futuro del grupo: “Evidencia el reconocimiento de las competencias y la profesionalidad del equipo humano de DomusVi. Con esta operación, los accionistas históricos reafirman su plena confianza en DomusVi, en su gestión y en sus 40.000 empleados. Además, estos fondos permiten al grupo contar con los medios necesarios para acelerar su desarrollo y transformación a través de la implementación de nuestro plan estratégico Domus2025”.

En las residencias de DomusVi fallecieron el año pasado más de 2.100 mayores tras desatarse la pandemia de coronavirus. Una hecatombe humanitaria que, paradójicamente, sirvió a la principal multinacional del sector en España para hacer caja. Y es que se multiplicaron los ingresos que obtuvo por su vía de negocio más desconocida: las comisiones que cobra a las funerarias por cada familia de un mayor fallecido que les contrata un servicio gracias a su intermediación.

El contrato más relevante es el que DomusVi tiene firmado con Mémora, que es a su vez la principal compañía de servicios funerarios de España. DomusVi viene actuando como comisionista por su labor comercial en favor de Mémora al menos desde octubre de 2015, cuando entró en vigor un “acuerdo de colaboración y prestación de servicios” entre ambas compañías, al que ha tenido acceso infoLibre y que se reproduce al final de esta información.

En dicho contrato se establecía que DomusVi –entonces llamada Geriatros– recibiría una “aportación colaboracional” en contraprestación “a la comunicación realizada a los familiares” de los residentes fallecidos y “previo aviso” a Mémora informando sobre la defunción, siempre que terminasen “contratando algún servicio” con la funeraria. Esa “aportación colaboracional” variaba dependiendo de la localidad del geriátrico y de si los familiares contrataban a Mémora de forma directa o a través de una aseguradora, llegando a alcanzar los 700 euros por difunto.

En 2018 se firmó un nuevo acuerdo entre ambas compañías, que es el que está en vigor a día de hoy, que enmascara el pago de la comisión como una contraprestación que Mémora abona a cambio de “la cesión del uso del espacio” en las residencias de DomusVi "para atender a las familias en el asesoramiento y la contratación del servicio".

DomusVi gestionaba el año pasado 139 centros de mayores, que tenían en total cerca de 18.500 plazas. Es el único grupo residencial que cuenta con presencia en todas las comunidades autónomas, aunque de forma muy desigual: la mayor implantación la tiene en Galicia (30 geriátricos), Madrid (17), Comunitat Valenciana (15) y Andalucía (14), mientras que en Canarias, Extremadura, La Rioja, Murcia y Navarra sólo gestiona un centro. Su tamaño dobla ampliamente a los siguientes grupos más importantes –Orpea, Ballesol y Vitalia Home–, ninguno de los cuales superaba las 8.000 plazas en 2020.

Durante la primera ola de la pandemia, en la primavera de 2020, fallecieron 1.800 ancianos en las residencias de DomusVi. En términos proporcionales fue la segunda compañía con mayor impacto por el covid, sólo superada por Amavir entre los grandes grupos. Es decir, el porcentaje de decesos en sus geriátricos fue más alto que el porcentaje de plazas gestionadas. En otoño murieron otros 300 residentes en centros de DomusVi.

Mémora, por su parte, es el principal grupo de servicios funerarios en España. Gestiona tanatorios, crematorios o cementerios en 21 provincias y en el resto tiene acuerdos de colaboración con cerca de 80 empresas, integradas en la red Memoranet.

Ambas compañías están controladas por fondos de inversión extranjeros. En el caso de DomusVi, el accionista principal es Intermediate Capital Group (ICG). Como desveló este periódico, ICG ha creado una trama societaria de más de 20 compañías en cuatro países montada para mover el dinero desde cualquiera de las residencias de España hasta la sociedad dominante del grupo en la isla de Jersey, un territorio fiscalmente opaco. Mémora es desde 2017 propiedad del Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), un fondo que administra las pensiones de los maestros de dicho estado canadiense.

El acuerdo de colaboración entre ambas empresas

Durante la primera ola de la pandemia, infoLibre recibió cientos de correos de familiares de residentes denunciando lo que estaba pasando en los geriátricos: desde la prohibición de trasladar a los hospitales a los ancianos que caían enfermos, como ocurrió sobre todo en Madrid y Cataluña, hasta la falta de información absoluta sobre el estado en que se encontraban los mayores. Algunos de esos mensajes contenían también quejas sobre el sospechoso interés mostrado por directoras de centros de DomusVi para que familiares de fallecidos contratasen los servicios de Mémora.

No era un interés altruista. DomusVi lleva al menos desde 2015 cobrando como comisionista por enviarle clientes al grupo funerario. El 1 de octubre de aquel año entró en vigor el “acuerdo de colaboración y prestación de servicios” entre ambas compañías. DomusVi se llamaba entonces Geriatros –cambiaría de nombre tras adquirir Sarquavitae en 2017– y el contrato lo firmó su consejera delegada, Josefina Fernández Miguélez. Mémora pertenecía en aquel momento a otro fondo de inversión, 3i, que controlaba el capital de la empresa a través de una sociedad en Luxemburgo (Memora 2 Sàrl) y rubricó el acuerdo el director territorial, Pedro Herranz.

El contenido del contrato era muy simple: Geriatros se comprometía a comunicar a los familiares de los residentes de sus centros los datos de Mémora y, en contraprestación, se embolsaba una “aportación colaboracional” siempre que terminasen contratando al grupo funerario.

La cláusula tercera, denominada sin eufemismos “precio, plazo y forma de pago”, establecía dos tipos de tarifas: una cuando la familia contratase “los servicios de Mémora a través de una compañía aseguradora” y otra cuando lo hiciese “directamente”. Esta segunda era lógicamente más alta porque los ingresos eran mucho mayores para la funeraria. Un segundo factor influía en el precio: el lugar donde estuviese localizada la residencia. La cifra resultante oscilaba entre 250 y 700 euros en el caso de contratación directa, y entre 100 y 430 cuando se realizaba a través de una aseguradora. Los centros que cobraban mayor comisión eran los situados en Madrid, donde no bajaba de 670 euros en caso de acuerdo directo con el familiar.

Además de establecer la “no exclusividad” del acuerdo, en el contrato se dedicaban dos cláusulas a temas de protección de datos. Una de ellas designaba a Mémora como “encargado de tratamiento” de datos de carácter personal pertenecientes al “fichero propiedad de Geriatros”.

El acuerdo tenía inicialmente una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, pero se fue renovando mediante anexos hasta 2018, cuando se firmó un nuevo acuerdo. El principal cambio es el esfuerzo por camuflar el objeto real del negocio. Si en el primer contrato se planteaba el pago de la comisión como una contraprestación a cambio de que DomusVi comunicase a la familia del fallecido “los datos de la empresa Mémora”, en el ahora vigente la cantidad se abona por la “cesión del espacio” en las residencias para que el personal de Mémora pueda atender a las familias “en el asesoramiento y la contratación del servicio”. Si tenemos en cuenta el precio que cobra DomusVi, el espacio cedido y el tiempo de cesión, sale un importe por metro cuadrado y día ciertamente astronómico, totalmente fuera del mercado de alquiler. Las cifras son propias del negocio que realmente se está realizando: el abono de una comisión por la tarea de promoción comercial que DomusVi realiza para Mémora.

La razón por la que se buscó enmascarar el pago de la comisión es la preocupación que generaba en ambas empresas que pudiera trascender el contenido del contrato. "El pago de una comisión seguro que no es ilegal, pero tampoco parece una práctica muy ética, sobre todo cuando se le oculta a los familiares. El daño reputacional si se conocía el contenido del acuerdo parecía garantizado", admiten fuentes conocedoras de la negociación llevada a cabo por los directivos de DomusVi y Mémora. En ese afán por ocultar su actuación se llegaron a plantear la utilización de las respectivas fundaciones que tienen ambas compañías, para canalizar a través de ellas los pagos, aunque la idea quedó finalmente aparcada.   

Las versiones oficiales

Este periódico trasladó a las dos empresas una serie de preguntas sobre la relación comercial que mantienen y sobre la posibilidad de que estuviesen incumpliendo la legislación sobre protección de datos.

La portavoz de DomusVi explicó el contenido del acuerdo en los siguientes términos: “DomusVi no cede datos de sus residentes ni familiares a Memora. Únicamente pone en contacto a ambas partes, previo consentimiento de los familiares a quienes se les ofrece un servicio externo de asesoramiento. Así, la familia y Memora se reúnen en las salas habilitadas para ello en las residencias y Memora les presenta una propuesta que las familias aceptan o rechazan voluntariamente. A partir de ese momento, si la familia decide contratar sus servicios, firman un contrato con Memora. DomusVi no toma parte en ese proceso”. Además, destaco el hecho de que el acuerdo no tenga carácter de exclusividad, “para garantizar la libertad de elección de los familiares”.

Mémora, por su parte, indicó que "la existencia de estos convenios de colaboración entre el sector residencial y el sector de servicios funerarios es de obligado cumplimiento por ley en varias comunidades autónomas a fin de velar por el correcto exitus letalis de los residentes. De esta manera, se busca cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias del centro, preservar el aislamiento del cuerpo del resto de residentes y los propios empleados, y garantizar una adecuada conservación del cadáver inmediatamente tras el fallecimiento en las instalaciones del tanatorio equipadas para este fin".

La portavoz de Mémora explicó que "el acuerdo del año 2015 fue una extensión del convenio de colaboración previamente existente entre ambos grupos, añadiendo una tarea de promoción comercial de Geriatros a Mémora”. En cuanto al contrato vigente, de 2018, consideró relevante “destacar que una de las cláusulas recoge expresamente que se debe respetar el derecho a la libertad de elección de la familia a la hora de escoger los servicios funerarios. Y también que no existe exclusividad”.

Respecto a la cuestión de la no exclusividad, es cierto que tanto DomusVi como Mémora tienen firmados otros contratos con otras compañías, aunque el acuerdo entre ellas es sin duda el más relevante al ser los grupos líderes en sus respectivos sectores. En todo caso, que este tipo de acuerdos estén más o menos extendidos, no significa tampoco que todas las empresas de residencias exijan o acepten el cobro de comisiones por enviar clientes a las funerarias.

Por último, el grupo funerario indicó que "las cláusulas sobre protección de datos incluidas en el contrato son estándar, pero Mémora jamás accede a los datos de los familiares. No estamos ante un escenario de “cesión de datos” porque la información del difunto no está protegida y el objetivo del tratamiento es la recogida del difunto para el traslado a una instalación sanitario-mortuoria. Mémora no realiza ningún acto funerario sin contar con el consentimiento expreso y por escrito de la familia".

Abogados expertos en la normativa sobre protección de datos, a quienes infoLibre pidió que analizaran el contrato de 2015, sostienen en cambio que se está “vistiendo de forma completamente indebida una cesión de datos no consentida como si fuera un encargo de tratamiento”. La clave de esa presunta irregularidad estaría en dos cláusulas: la segunda, que obliga a Geriatros a realizar un “previo aviso” a Mémora “comunicando la defunción” del residente, y la undécima, donde se define “un encargo de tratamiento de datos de Geriatros a Mémora”. Por definición, esto último equivale a admitir que “Geriatros permite a Mémora el acceso a datos personales”. Sin embargo, añaden los expertos, la figura del “encargo de tratamiento” no puede utilizarse para la prestación de servicios propios de un tercero (en este caso de Mémora), ya que en este supuesto lo que se produce en realidad es una “cesión de datos”. La diferencia es que el encargo de tratamiento no requiere el consentimiento previo de los usuarios (los familiares de los fallecidos) y la cesión de datos sí lo exige. Un consentimiento previo que en ningún caso se recababa.

Las dos empresas se negaron a contestar a las preguntas planteadas por este periódico sobre los términos económicos de su relación comercial. Entre las cuestiones que rechazan desvelar está la cantidad facturada por DomusVi en comisiones durante los años 2019 y 2020. Ese dato mostraría con claridad en qué medida se aprovechó el grupo de residencias de la hecatombe sufrida en sus residencias y que se saldó con 2.100 mayores fallecidos tras desatarse la pandemia.