El Consejo de Transparencia de Aragón tarda año y medio en resolver una reclamación sobre fallecidos en residencias

El presidente de Aragón, Javier Lambán.

Un retraso inaudito y único en toda España, que convierte en la práctica un derecho ciudadano en papel mojado. Ese es el resultado de la situación en la que se encuentra el Consejo de Transparencia de Aragón, que está resolviendo ahora las reclamaciones presentadas en el verano de 2020.

Es lo que ha ocurrido con una reclamación que infoLibre registró el 17 de julio de 2020, después de que el Gobierno de Aragón se negase a facilitar a este periódico el número de fallecidos en las residencias de la comunidad durante los meses de marzo y abril de aquel año desglosados por centros. La ley establece un periodo de tres meses para resolver. Pero la decisión del Consejo de Transparencia no se aprobó hasta el 28 de febrero de 2022, más de año y medio después de que se presentase la reclamación y dieciséis meses después de que finalizase el plazo máximo establecido en la norma para resolver.

Con estos tiempos, lo de menos es casi el contenido de la resolución. La Ley de Transparencia establece unos plazos reducidos para contestar las solicitudes de información que presenten los ciudadanos para evitar precisamente que una respuesta extemporánea deje sin sentido el derecho ciudadano.

Por si fuera poco el retraso, el Consejo de Transparencia detecta un vicio formal en la resolución dictada en su día por el Ejecutivo autonómico, que se saltó el trámite de audiencia. Así que le ordena que lo haga “de forma inmediata”, antes de decidir si atiende o no la reclamación de infoLibre.

La responsabilidad de la situación en la que se encuentra el Consejo de Transparencia es del Gobierno de Aragón, que preside el socialista Javier Lambán. La ley autonómica que regula este derecho no deja lugar a dudas cuando establece en su artículo 37 que dicho órgano “actuará con independencia orgánica y funcional”, pero atribuye al Gobierno regional la obligación de poner “a disposición del Consejo los medios y recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones”. Dicho órgano se constituyó en mayo de 2016 y casi seis años después continúa sin una estructura de personal propia.

La situación empeora además día a día porque se está incrementado de forma significativa el número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos. Los datos publicados por el propio Consejo de Transparencia son elocuentes: en 2020 recibió 62 reclamaciones, en 2021 fueron 77 y en lo que va de año van 212.

Falta de Transparencia

El origen de la reclamación de infoLibre se encuentra en la solicitud de información que este periódico planteó a los dieciséis Gobiernos autonómicos y las tres diputados forales vascas con competencias en materia de residencias. En mayo de 2020, este periódico pidió conocer una serie de datos sobre la hecatombe que se estaba produciendo en las residencias en la primera ola de la pandemia, entre ellos el número de fallecidos desglosado por residencias. En la decena de casos en que el Gobierno respectivo no facilitó la información solicitada, infoLibre presentó una reclamación ante el órgano de Transparencia competente.

Eso es lo que ocurrió en Aragón. La solicitud fue registrada el 4 de mayo de 2020 y el Departamento de Sanidad respondió el 25 de junio, con una orden en la que se indicaba que “el número de residentes fallecidos a 30 de abril de 2020 fue de 589”, sumando a las personas con covid confirmado y aquellas con síntomas compatibles. Pero ni facilitaba los datos desglosados por residencias, ni motivaba su decisión. Simplemente, por la vía de hecho, el Departamento que dirige Sira Ripollés mantenía oculta esa información.

infoLibre presentó su reclamación ante el Consejo de Transparencia el 17 de julio de 2020 y, cuatro días después, este órgano solicitó al Departamento de Sanidad que “informara acerca de los fundamentos de la decisión adoptada y realizara las alegaciones oportunas”. El Gobierno autonómico respondió el 31 de agosto y argumentó que no había facilitado la información porque “dichos datos no se encuentran trasladados a ninguna base de datos con referencia singularizada para cada residencia”, de forma que “dicha tarea de singularización exigiría una acción previa de reelaboración, recogida como causa de inadmisión de la solicitud” tanto en la ley estatal como autonómica sobre Transparencia.

El argumento es ciertamente asombroso: si el Gobierno de Aragón conoce que el número de fallecidos fue de 589, es evidente que solo puede llegar a esa suma total por la vía de contabilizar cada uno de los sumandos, que son en este caso el número de fallecidos en cada centro. Y es de suponer que ese ejercicio no lo habrá hecho un funcionario calculadora en mano y anotando el dato de cada centro en un papel.

En todo caso, el Consejo de Transparencia recrimina al Gobierno de Lambán por no haber incluido ese argumento en su respuesta a infoLibre, tal y como era su obligación legal puesto que las resoluciones de las Administraciones deben ser motivadas: “Debe señalarse que esta supuesta causa de inadmisión ha sido invocada por el Departamento en el informe emitido a raíz de la reclamación y no en la resolución de acceso parcial, por lo que este argumento no ha sido trasladado al reclamante”. Ello, según la doctrina del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estatal, ya sería motivo suficiente para no entrar a analizar la concurrencia o no de la causa de inadmisión.

No obstante, el Consejo de Transparencia se toma la molestia de recordarle al Ejecutivo aragonés cuál es “la correcta aplicación de esta causa de inadmisión”, es decir, del concepto de “reelaboración”. En síntesis: que no cabe alegar dicha causa para mantener ocultos unos datos de los que ha de disponer la Administración “para el ejercicio adecuado de sus competencias”. Y, además, recuerda que el Departamento de Sanidad “no ha acreditado la concurrencia de alguno de los supuestos de tarea compleja de elaboración que se recogen en la doctrina”.

El Consejo no lo especifica, pero parece claro que elaborar una hoja de cálculo con tres o cuatro columnas y un centenar de filas no se considera en este momento en España una “tarea compleja” para ninguna Administración.

A continuación, el Consejo de Transparencia da un segundo tirón de orejas al Gobierno de Lambán. Antes de resolver sobre la solicitud de información de infoLibre, el Ejecutivo tenía que haber dado un trámite de audiencia a las residencias por si querían realizar alguna alegación, en caso de que considerasen que la publicidad de los datos podía afectar a sus derechos o intereses. Un trámite esencial que también fue omitido por el Ejecutivo autonómico.

Por ello, el Consejo ordena retrotraer el procedimiento al momento de realizar dicho trámite de audiencia y, a la vista del tiempo transcurrido desde que infoLibre presentó la reclamación, indica que se haga “de forma inmediata”. Una vez concluido, el Gobierno aragonés deberá decidir si facilita o no los datos solicitados por este periódico en mayo de 2020.

En definitiva, el Ejecutivo regional sólo tenía que hacer dos cosas una vez recibida la solicitud inicial de este periódico: abrir un trámite de audiencia y dictar una resolución motivada. No hizo ninguna de las dos, tal y como se explica en la resolución del Consejo de Transparencia.

Al detectar ese vicio formal, el Consejo de Transparencia no entra en el fondo del asunto: si infoLibre tiene derecho a recibir la información solicitada. Pero deja entrever que su postura es favorable a la publicidad de los datos. No solo, como hemos visto, cuando le recuerda al Gobierno cómo debe aplicar el concepto de “reelaboración” de los datos. Además, destaca en su resolución que deberá “adoptar la decisión que corresponda, ponderando adecuadamente el interés público en la divulgación de la información, la amplitud del derecho de acceso a la información pública reconocido en la legislación de transparencia y el carácter estricto cuando no restrictivo con el que deben ser interpretados sus límites”.

LA VERSIÓN DEL GOBIERNO

Este periódico planteó una serie de preguntas al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, que dirige María Victoria Broto, para conocer su versión sobre el retraso que acumula el Consejo de Transparencia a la hora de resolver las reclamaciones.

En cuanto a la falta de medios para que el Consejo de Transparencia cumpla su misión, el Departamento de Broto considera que desde que fue creado en 2016, “ha puesto a su disposición los medios y recursos materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. Prueba de ello es la tramitación administrativa en plazo de todas las reclamaciones y solicitudes de informe presentadas, o la existencia de una sede electrónica alojada en el Portal de Transparencia, con actualización permanente. En ambos casos las tareas se realizan por el personal del Servicio de Transparencia”.

Es decir, en su opinión, la prueba de que ha aportado al Consejo los medios suficientes es que las reclamaciones se “tramitan” en plazo, aunque luego se tarde año y medio en resolverlas. Como es obvio, el derecho ciudadano se atiende con la resolución del asunto, no con el inicio de su tramitación. Y la situación aragonesa se explica perfectamente con el siguiente dato: la docena de reclamaciones presentadas inicialmente por infoLibre ante los respectivos órganos de Transparencia fueron resueltas todas hace más de un año. La única excepción es Aragón.

En cuanto al retraso en las resoluciones, Ciudadanía y Derechos Sociales sostiene que se ha debido “a varias circunstancias”, pero “todas ellas ajenas” a ese Departamento. En primer lugar, la “actividad resolutiva se paralizó en 2019 casi nueve meses debido al retraso en la designación de los nuevos representantes de las Cortes de Aragón” en el órgano de Transparencia. En segundo lugar, recién restablecida la actividad del Consejo, “la situación derivada del estado de alarma en marzo de 2020 ocasionó que hasta el mes de junio de 2020 no pudieran retomarse nuevamente las reuniones del órgano colegiado”. 

Además, el Departamento de Ciudadanía destaca que “el retraso no existe en cuanto a la emisión de Informes”, la otra función que tiene encomendada el Consejo junto a la resolución de las reclamaciones de los ciudadadanos. Desde su creación, ha dictado nueve informes a solicitud de las Administraciones aragonesas.

Por último, el Departamento explica que el Consejo tendrá pronto un asesor técnico. El procedimiento se inició en mayo de 2021, pero “la creación de nuevos puestos de trabajo en una Administración sometida a muchas tensiones presupuestarias, máxime en tiempos de pandemia, no es un proceso rápido”. Justo la semana pasada se autorizó su creación y ahora está pendiente de que salga publicada en el Boletín Oficial de Aragón para proceder a “su cobertura inmediata”.

Sin datos en cuatro comunidades

El Gobierno socialista de Aragón es uno de los cuatro que aún no ha facilitado a infoLibre los datos del número de fallecidos en residencias en marzo y abril de 2020 desglosados por centros. Los otros tres son Asturias (PSOE), Castilla y León (PP) y Galicia (PP). En los tres casos, este periódico ha acudido a los tribunales para conseguir la información.

El procedimiento judicial más avanzado es el de Asturias. La Sala de lo Contecioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia se reunió el pasado 1 de marzo para la votación y fallo del recurso presentado por infoLibre. La sentencia aún no ha sido comunicada a las partes. El Gobierno asturiano, que preside Adrián Barbón, hizo públicos los datos de fallecidos por residencias desde el 9 de abril de 2020 en adelante, pero se negó a ofrecer esa misma información del periodo del 1 de marzo al 8 de abril.

En Castilla y León, las partes ya han presentado sus conclusiones y el procedimiento está pendiente de que la Sala del TSJ señale fecha para la votación y fallo. El Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco aportó los datos desglosados de los centros públicos, pero se negó a facilitar esa misma información en el caso de las residencias privadas. En una primera resolución alegó que hacer pública esa información podía perjudicar “los intereses comerciales” de aquellas residencias donde se hubieran producido más fallecimientos, y en una segunda añadió que se habían solicitado “datos personales” que de acuerdo con la ley no se pueden hacer públicos.

En Galicia, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo se opuso inicialmente a hacer públicos los datos. La reclamación de este periódico fue atendida por la Valedora do Pobo y entonces el Gobierno gallego resolvió conceder el acceso a la información, pero esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por DomusVi, que se opone a que se conozcan los datos. DomusVi es el principal grupo geriátrico de España y en sus centros se produjo una auténtica hecatombe, con 2.100 fallecimientos entre marzo y diciembre de 2020. En este caso, infoLibre se personó en la causa como codemandado. El procedimiento está pendiente de que el TSXG decida sobre la prueba solicitada.

En Aragón, el Gobierno de Lambán debe abrir ahora el trámite de audiencia y decidir después si facilita o no la información. Si no lo hace, infoLibre piensa acudir a los tribunales, al igual que hizo en Asturias y Castilla y León. Si lo hace, podría ocurrir como en Galicia, que sea alguna empresa de residencias quien recurra al TSJ para intentar que los datos sigan ocultos. No obstante, hay que señalar que lo ocurrido en Galicia ha sido algo poco usual: en las otras 12 comunidades autónomas y tres diputaciones forales que ya han aportado la información, ninguna empresa presentó un recurso judicial para impedirlo.

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