La exministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez ha sido designada como nueva presidenta de la red de Paradores de Turismo.

Tras más de dos años al frente de la cartera de Transportes, desde julio de 2021 hasta el pasado noviembre, Sánchez presidirá la empresa pública que gestiona alrededor de cien hoteles situados en edificios emblemáticos a lo largo del país. En la presidencia de esta empresa reemplazará a Pedro Saura.

Saura será el nuevo presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. En ese puesto sustituirá a Juan Manuel Serrano, jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE antes de su nombramiento como presidente de Correos.

Raquel Sánchez sigue la estela de Miquel Iceta y Héctor Gómez como exministros reubicados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Iceta, exministro de Cultura y Deportes, fue designado embajador de España ante la Unesco, y Gómez, exministro de Industria, Comercio y Turismo, fue nombrado embajador de España ante la ONU en Nueva York.

Hay gente obligada a vivir en puro presente, soñando en ocasiones que la vida vuelva a ser lo que fue. En la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) son conscientes. Por ello un grupo de representantes del colectivo de toda España ha puesto rumbo a Gijón, ciudad asturiana que acoge la reunión informal ministerial de Vivienda y Desarrollo Urbano, presidida por la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en funciones, Raquel Sánchez, en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. ¿Su misión? “Denunciar públicamente la emergencia habitacional” que, a su juicio, “sufre” el país, aprovechando la visita de los ministros europeos del ramo. “Creemos que es pertinente que conozcan todas las carencias que tenemos en el territorio español sobre la vivienda”, asevera rotunda Lucía Delgado, una de las portavoces de la PAH.

En la retina tienen una ausencia: en el acuerdo de gobierno que rubricaron el pasado octubre PSOE y Sumar “no se habla de desahucios”, pese a que se recogen hasta 14 medidas en materia de vivienda, algunas ya anunciadas en la legislatura que se escurre. Y tienen un temor de cara al futuro. El Gobierno ha extendido hasta final de año la suspensión de los desahucios para reforzar el derecho a la vivienda y proteger a los hogares vulnerables, en el marco de la extensión de la vigencia del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. En concreto, el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aprobó en junio ampliar hasta el 31 de diciembre de 2023 la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables. Desde los movimientos sociales advierten de que la finalización de esa moratoria supondrá un punto de inflexión que provocará una oleada de salidas de familias sin recursos de sus casas, opongan o no resistencia.

Desde la PAH explican que en la actualidad, “se producen 174 desahucios al día, según los datos de lanzamientos en el segundo trimestre de 2023 ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, aunque mantienen que la información oficial no incluye a todas las personas expulsadas de sus hogares, sólo los casos que pasan por los juzgados, con lo que se quedan fuera de ese radar los “desahuciados invisibles” a causa de situaciones como “subidas de alquiler” o “acoso inmobiliario”, apunta un miembro de la plataforma. Aún así, 174 desahucios diarios es una cifra nada desdeñable, sobre todo, si se tiene en cuenta que se produce, “a pesar del escudo social que lleva en vigor desde 2020 y cuyo objetivo era, según el Gobierno, no dejar a nadie atrás”, enhebran.

Si nada cambia, “a partir del 31 de diciembre este escudo social decaerá” y provocará “una crisis social muy parecida a la que sufrimos durante la post-burbuja en 2009”, avisan. “Consideramos que puede producirse un tsunami de desahucios de familias que los tienen paralizados”, manifiesta Delgado. Preguntada sobre el número que estiman podría llegar a producirse, responde que no lo tienen cuantificado al detalle, pero añade: “Si en 2022 hubo más de 38.000 desahucios en el Estado, calculamos que mínimo serán el doble”, es decir, alrededor de 76.000.

En ese escenario, tildan de esencial que “el Gobierno que se está conformando en estas semanas deje de prorrogar estas medidas, lo que al final es una condena, y que la moratoria se convierta en una medida estructural”, resume la portavoz de la PAH. Han puesto empeño en desplazarse hasta Gijón para “exigir esta medida”, a su entender, “la más urgente” que debe tomar el nuevo Ejecutivo central, ya que “se debe legislar antes de que acabe el año”. 

“Muchas familias están haciendo un sobreesfuerzo para poder pagar su vivienda y necesitamos voluntad política para que en la nueva legislatura, en 2024, realmente se garantice el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía de España”, remarca Delgado. Ese recogido en el artículo 47 de la Constitución española.

Otras fuentes de la PAH lamentan la falta de reflejo de las propuestas que desde la órbita de los movimientos sociales se han hecho para “solucionar esta crisis” habitacional la ley por el derecho a la vivienda a la que se dio luz verde en mayo, la primera de la democracia. En ese sentido, se quejan de que siga sin abordarse la cuestión de fondo: entender que la vivienda es “un derecho básico” de los ciudadanos y no “un activo de mercado”. Reclaman políticas valientes que pongan freno real a “los fondos buitres sin escrúpulos”. Acabar con Goldman Sachs o Blackstone de caseros, como ha sucedido, “te puede complicar mucho la vida”, denuncian.  

La PAH critica que, pese a lo dicho, “no se ha ampliado el parque público de alquiler, las viviendas de la SAREB siguen en manos de fondos como Blackstone y Cerberus, y no hay ni rastro de que ningún plan para revertir la situación esté ejecutándose", ya que "en el territorio español seguimos con un parque de vivienda social del 1,5%, de los más bajos de toda la Unión Europea”. En opinión de los integrantes de esta entidad, el estado de esta problemática es "insostenible” porque “la vivienda asfixia a 3 millones de hogares” y “6 de cada 10 euros se destinan a la casa y a la comida, según el último informe de Cáritas Española y la Fundación Foessa”, deslizan. Unos números que vendrían a corroborar otros de la propia PAH en los que se asegura que “3 de cada 4 personas presentaron mala salud mental y la mitad presentaron depresión”. 

Piden acción para dejar atrás los desahucios de una vez y obligar a bancos y a fondos de inversión a facilitar alquileres sociales, dado que “acumulan vivienda vacía procedente de la burbuja inmobiliaria y han sido rescatados por toda la ciudadanía sin ninguna contraprestación”, proclaman.

Las viviendas habituales copan las ejecuciones hipotecarias

La PAH pone deberes al Gobierno que todavía está por definirse por miedo a una nueva explosión de dramas humanos, mientras las estadísticas oficiales confirman un panorama actual en cierta calma tras lo actuado. Las del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el segundo trimestre de 2023 es de 5.386, lo que supone un 4,2% más que el trimestre anterior, pero un 26,0% menos que en el mismo trimestre del año anterior. Entre las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria, 2.697 son habituales en propiedad, esto es, un 16% menos que en el mismo trimestre de 2022; y 563 no son la residencia cotidiana de los propietarios, un 19,8% menos.

Del trabajo de INE se desprende también que las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentran el 68,3% del total en el segundo trimestre del año y el 50,1% del global son viviendas habituales de personas físicas, las 2.697 mencionadas. El 7,7% está ligado a personas jurídicas y el 10,5% a otras moradas de personas físicas. En el primer caso son 417 ejecuciones, un 46,3% menos en tasa anual; y en el segundo son 563, un 19,8% menos. Por lo que respecta a las ejecuciones hipotecarias de locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos, cabe mencionarse que suponen el 24,1% del conjunto.

El Gobierno aprobará este martes una nueva medida en materia de vivienda que se suma al aluvión de iniciativas de las últimas semanas: una línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial para cubrir el 20% del aval de los jóvenes, con rentas inferiores a 37.800 euros, y las familias con hijos menores que quieran acceder a una vivienda en propiedad. La medida ha recibido una respuesta virulenta del socio minoritario del Gobierno: “Las propuestas del PSOE en vivienda son contrarias al interés general”, ha criticado Ione Belarra, ministra y secretaria general de Podemos. Esta propuesta se introdujo en Reino Unido en 2013 bajo el programa Help to Buy y el resultado, según una investigación académica, fue que contribuyó a que los precios de la vivienda aumentaran. 

La propuesta, ya aplicada o anunciada en nueve comunidades gobernadas por el PP y por el PSOE, fue propuesta por primera vez por Ana Patricia Botín, durante una entrevista en el diario El País, en mayo de 2020: “Una de las iniciativas en las que estamos trabajando con expertos y personas del sector inmobiliario y de construcción es, por ejemplo, un plan de colaboración público-privada, concretamente con el ICO, para ayudar a los jóvenes a comprar su primera vivienda. En ese programa, el comprador pagaría tan solo un 5% del valor de la casa y el banco le daría la hipoteca por el 95% con una garantía del ICO del 20%”, expresó la presidenta de Banco Santander. 

A raíz de eso, varias asociaciones de promotoras inmobiliarias han defendido abiertamente su apoyo a esta medida. Por ejemplo, la iniciativa aprobada en Andalucía surgió de una propuesta de la Federación Andaluza de Empresarios de Construcción, según una información publicada por Diario Sur. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia elaboró, por su parte, un informe en el que pedía aplicar y reforzar el aval en esta autonomía, a través de campañas informativas.

La reacción del PSOE, en varios casos, ha sido en el pasado de rechazo. En Murcia, el secretario general de las Juventudes Socialistas, Miguel Ortega, lo calificó de “auténtica estafa”: “La financiación del aval para la compra de vivienda no es una ayuda efectiva porque la gran mayoría de jóvenes de la Región no se pueden permitir comprar una vivienda", afirmó Ortega. En Andalucía, la diputada socialista autonómica Irene García lo calificó de “timo”: “¿Qué joven en Andalucía tiene 250.000 o 300.000 euros para poder acceder a una vivienda? ¿A quién beneficia esta medida, en qué joven se está pensando y con quién se ha hablado, con la minoría a la que va a beneficiar esta medida?”. Cuando Feijóo presentó la medida a nivel nacional hace dos semanas, el PSOE publicó un tuit, también crítico: “¡Para acceder a una vivienda es necesario capacidad adquisitiva, no avales!”

Los dirigentes de Podemos han criticado la medida duramente. Además de Belarra, Yolanda Díaz también ha valorado que la línea de avales va “en dirección opuesta” a la ley de vivienda: "Ya se ha aplicado y no ha resultado correcta para el problema de acceso a la vivienda que tienen las personas jóvenes en nuestro país", ha señalado la vicepresidenta segunda.

Otras personalidades de la izquierda también han sido críticas. “No aprendemos”, ha criticado Carlos Martín, director del gabinete económico de Comisiones Obreras. “Las subvenciones fiscales al ladrillo siempre se han absorbido y traducido en precios más altos de las viviendas. Ahí están los 42.000 millones gastados en deducciones para financiar hipotecas durante la burbuja inmobiliaria que solo sirvieron para hincharla aún más”, ha criticado el dirigente del sindicato.

“Lo que nos había parecido de la ley de vivienda es que el Gobierno había entendido que había que cambiar el objetivo de las políticas y pasar de subvencionar la compra de la vivienda a proporcionar vivienda de alquiler social”, explica a infoLibre la investigadora Mariona Segú, asociada al think tank Future Policy Lab, y coautora del informe Vivienda para vivir: de mercancía a derecho. “Por eso las medidas estrellas de la ley de vivienda es crear un parque público, que en España aún no hay y es la carencia destacada. Y esto que proponen ahora va en la misma línea de lo de antes. Parece que no hayamos entendido nada”, lamenta Segú.

El economista José Carlos Díez, que fue responsable económico del PSOE antes de la llegada de Pedro Sánchez, sí ve con buenos ojos la medida: “A mí me gusta principalmente porque llevamos 10 años con tipos de interés por los suelos. El euríbor ha pasado de estar en negativo al 4%: eso te sube la cuota de la hipoteca y el precio de la vivienda se tiene que ajustar para que las familias puedan entrar”, explica. 

Díez, ante las alertas de que esta política pueda contribuir a aumentar el precio de la vivienda, lo concibe como riesgo asumible: “Si el impacto es que estimula la demanda y vemos que se está formando una burbuja, seré el primero en defender que la quiten”, añade. El otro riesgo posible, que esta medida dé entrada al mercado inmobiliario con hipotecas 100% financiadas a personas que puedan verse en apuros el día de mañana, defiende: “Hay más medidas de control. El banco no te va a dar una hipoteca, aunque tengas el aval, si tu sueldo no cubre la cuota”, ha añadido. 

“Esto es para los jóvenes a los que sí les llega el sueldo para una hipoteca, pero no tengan ahorros, tengan que vivir en un alquiler, a los precios que están y no tengan un padre o una padre que le avale”, defiende el economista. “A veces los economistas somos como curas. Están bien los sermones, pero tienes que aceptar que si la gente quiere comprar una vivienda, no se puede prohibir. Yo estoy a favor de hacer paralelamente un parque público potente para alquiler asequible pero, ¿cuánto se tarda en hacer eso? ¿Qué hacemos con los jóvenes mientras?”, se pregunta Díez. 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este lunes que la línea de avales se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. Preguntada en varias ocasiones sobre si esta medida podría alentar la especulación, como critican los socios minoritarios del Gobierno, la ministra ha resaltado que es “una medida más”, dentro de un paquete más amplio. “Hay gente que opta por el alquiler, pero hay otras familias que quieren optar por la compra y no podemos demonizar la compra en este país”, ha defendido Raquel Sánchez.

 A falta de conocer los detalles, que se anunciarán este martes, hasta ahora la medida del Gobierno es muy similar a las aprobadas o anunciadas por nueve comunidades autónomas, cuatro de ellas socialistas. “Debe añadir algún criterio de riqueza, al menos”, añade la investigadora Mariona Segú. “Que el beneficiario no tenga algún bien inmueble y que no tengan otro tipo de riqueza. Si no, sí que me parecería una medida regresiva”, añade.

Aunque la primera región en anunciarlo fue la Comunidad de Madrid, la primera en llevarlo a la práctica fue Murcia. La autonomía, gobernada por el popular Fernando López Miras, aprobó en mayo de 2021 un aval del 20% del valor de tasación para que los menores de 35 años pudieran adquirir su primera vivienda. El límite máximo de renta equivale a unos 45.000 euros. Los beneficiarios podrán adquirir con este aval una vivienda tasada, como máximo, en 175.000 euros, sin incluir impuestos, ni gastos notariales o de registro. El balance económico de 2022 recoge 356 beneficiarios de esta medida.

La Comunidad de Madrid no lo llevó a término hasta verano de 2022. El programa es muy similar: jóvenes hasta los 35 años, sin límite de renta, avalados para que puedan recibir un aval que cubra entre el 80% y el 95% del valor de una vivienda tasada en, como máximo, 390.000 euros. Este medio no ha conseguido confirmar el número de beneficiarios en 2022, pero según anunció la Comunidad de Madrid en su primer anuncio, la idea inicial era llegar a unos 5.000 beneficiarios. 

Se sumó el Gobierno de Islas Baleares en diciembre, el primero gobernado por socialistas que dio el paso. La presidenta Armengol lo anunció en el Debate de Política General de Baleares, en octubre: un nuevo aval público de hasta el 20% de la hipoteca, sin límite de edad pero con límite de renta de 57.117 euros, que asciende a 64.257 en caso de dos o más personas y para viviendas por debajo de los 270.151 euros. 

Castilla y León también recogió el testigo: en marzo presentó el Plan TUYA, que, entre otras medidas, recoge un aval de hasta el 17,5% del valor de la vivienda para menores de 36 años. El precio de la vivienda deberá ser igual o inferior a 240.000 euros. 

La última en apuntarse ha sido Galicia, que el 28 de abril abrió el plazo para solicitar avales de hasta el 20% del inmueble para jóvenes menores de 36 años con ingresos anuales entre los 16.800 y los 46.200 euros, umbral que asciende a los 54.600 euros cuando se trata de una pareja. Los límites de cuantías de la vivienda son de 240.000 euros en las cinco grandes ciudades (A Coruña, Santiago, Vigo, Pontevedra y Ourense), de 180.000 euros en ciudades medianas, como Lugo o Ferrol y de 130.000 euros en el resto de municipios.  

Otras cuatro comunidades han anunciado la medida, aunque aún no la han puesto en marcha. Extremadura, la segunda gobernada por socialistas en adherirse, difundió en febrero su voluntad de avalar a los jóvenes el 15% del valor de la vivienda. “Queremos convertirnos en avalistas y garantes de la parte de la financiación que no pueden disponer las personas jóvenes”, dijo Leira Iglesias, la consejera competente en materia de Vivienda.

Paralelamente, Andalucía también anunció que aplicaría esta medida en febrero, aunque aún no la ha aprobado. Según lo anunciado, se tratará de un aval de hasta el 15% de la hipoteca para menores de 35 años. Se aplicará a viviendas de hasta 295.000 euros, aunque este límite puede aumentar hasta un 20% si estas tienen clasificación energética A o B. El anuncio no especifica si habrá límite de renta. 

Por último, en ese mismo mes, el Gobierno de La Rioja, liderado por la socialista Concha Andreu, aprobó una modificación de los presupuestos de la región para incluir esta línea de avales. En este caso, se destina a menores de 35 años y deja a disposición de un futuro reglamento especificar los detalles de la medida. “Se considera necesario que la Comunidad Autónoma de La Rioja (...) colabore en el momento de la obtención del préstamo”, recoge la exposición de motivos de la norma.

Tras el anuncio de Pedro Sánchez de este domingo, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado un aval complementario del 15%, por lo que sumado al del Gobierno se alcanzaría el 35%. Se trata, por tanto, de la cuarta región gobernada por socialistas que abraza esta medida, y la novena en total que la ha aprobado o ha mostrado su voluntad de hacerlo. Aún no está confirmado si las autonomías que ya conciben el aval lo mantendrán como iniciativa complementaria al que va a aprobar el Gobierno. 

“Ese tipo de políticas se aplicaron en Reino Unido”, explica la investigadora Mariona Segú. “Las consecuencias para empezar es que solo ayudan a gente que de todas formas ya pensaba comprar una vivienda. No da acceso a la vivienda en propiedad a gente que no se planteaba comprar. Esas personas siguen sin poder comprarlas. Por otro lado, puede tener un potencial inflacionista, que haga subir los precios de la vivienda para todo el mundo. Eso depende de cuántas personas son elegibles: cuantas más, más potencial inflacionista tiene”, explica la experta en políticas de vivienda. 

Como ha indicado el investigador Guillem Vidal, investigador también asociado a Future Policy Lab, esta medida se introdujo en Reino Unido en 2013. El nombre del programa fue Help to Buy [“Ayuda para comprar”, en inglés] y tenía como objetivo aumentar el acceso y la asequibilidad de las viviendas. Según una investigación compartida por Vidal, este estudio difundido en marzo de 2020 por un centro asociado a la universidad The London School of Economics and Political Science, concluyó que este programa ayudó a que los precios de la vivienda aumentaran. 

“El programa de Help to Buy en Londres, que fue el más generoso, condujo a precios de nueva construcción más altos, aunque no tuvo un efecto perceptible en el volumen de construcción. Podría decirse que ambos efectos son contrarios a los objetivos que pretende cumplir esta política, que son mejorar la asequibilidad y promover la nueva construcción”, explican los autores del informe. Estos consideran que no ayudó a las familias en apuros porque los precios de la vivienda aumentaron: “Solo los propietarios o los promotores se beneficiaron, no los nuevos compradores”, concluye la investigación.

Uno de los pocos consensos alcanzados por los partidos políticos ante el problema de la vivienda es que hay que aumentar la oferta. El debate está en cómo, ante las múltiples maneras de adquirir o construir inmuebles. El Ayuntamiento de Barcelona y la Comunidad Valenciana han activado un mecanismo, en 2018 y 2020 respectivamente, para aumentar las adquisiciones: arrogarse el derecho preferente para detectar cuando los fondos buitres mueven lotes de viviendas para parar el proceso y adquirirlas. “Hemos llegado a comprar viviendas por un euro”, explica a infoLibre Héctor Illueca, vicepresident de la Generalitat valenciana. 

Esta es una de las políticas públicas de vivienda que se recogen en el informe Vivienda para vivir: de mercancía a derecho, divulgado este jueves por el think tank Future Policy Lab. El documento incluye una miríada de propuestas para dejar de concebir la vivienda como un bien de mercado, obstaculizar la especulación, evitar los desahucios y conseguir a largo plazo un parque público de viviendas estatal que ayude a reducir los precios del alquiler.

La investigación ha sido presentada en un acto en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, junto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; al vicepresidente segundo y consejero de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca (Podem) y a la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín (Barcelona En Comú).  

El mencionado método para comprar viviendas asequibles consiste en que el ayuntamiento o la comunidad competente se arrogue la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto. Esta figura jurídica implica que si un fondo de inversión quiere vender un lote de viviendas y este paquete cumple determinados requisitos marcados por la Administración, primero está obligado a notificar y ofrecérsela a esta por el mismo precio (tanteo); en el caso de que no lo notifique, la Administración puede anular la venta (retracto). 

“Esto reconoce a la Administración la posibilidad de intervenir transacciones inmobiliarias para adquirir viviendas”, explica Héctor Illueca. “En la Comunidad Valenciana se puede intervenir en varios casos. Los tres más importantes yo diría que son: cuando se venden edificios completos de más de cuatro viviendas, cuando se tramiten lotes de más de 10 viviendas o cuando se trata de viviendas adquiridas como resultado de ejecuciones hipotecarias. En esos casos, los vendedores tienen que notificar la operación y la Generalitat puede decir: ‘Oye, a ese precio me las quedo yo”, explica el vicepresident de la Generalitat valenciana. 

La administración pionera en adquirir fincas de viviendas completas fue el Ayuntamiento de Barcelona, que modificó en 2018 el plan general metropolitano que desarrollaba una posibilidad que recoge la legislación catalana, pero que nunca se había puesto en marcha antes. Fuentes municipales afirman a infoLibre que incluso antes, desde 2016, se empezaron a comprar fincas completas de viviendas, aunque desde que se activó el tanteo y retracto se puede comprar “más y mejor”.

“En un año y medio desde que soy vicepresidente hemos adquirido más de 800 viviendas a través de este instrumento, por precios muy asequibles”, explica Héctor Illueca a este medio. El político, que proviene de Podem, cogió las riendas de la vicepresidencia segunda de la Generalitat valenciana tras la dimisión de Rubén Dalmau, que fue quién puso en marcha esta política de vivienda en 2020. Los últimos datos centralizados, de ese mismo año, señalan que la Comunidad Valenciana tenía un parque público de 10.020 viviendas. Según Illueca, en los últimos dos años se ha aumentado el parque público de vivienda en un 10% aproximadamente, lo que supone unas 1.300 nuevas, de las que 800 han sido adquiridas mediante el tanteo y retracto. 

En Barcelona se estima que el parque público de viviendas ha aumentado en 4.000 viviendas desde que entró la alcaldesa Ada Colau, en 2015. Fuentes municipales estiman que unas 1.500 provienen de adquisiciones, aunque estas fuentes no han puntualizado cuántas se han realizado mediante el tanteo y retracto. Eso sí, valoran que esta supone “la mayor parte”. La concejala Lucía Martín, en la presentación del informe en el Círculo de Bellas Artes, ha puntualizado que el Ayuntamiento ha comprado 51 fincas completas con un coste de 200 millones de euros: “Las hemos pagado a pulmón, con el presupuesto local”, ha añadido.

La Generalitat valenciana ha conseguido activar este derecho para frenar cesiones entre fondos buitres y quedarse con una vivienda por menos de lo que cuesta un café. Como informó el diario Levante, en enero de 2021 el Gobierno autonómico paró una venta de tres viviendas a un fondo buitre y se las quedó al precio ofertado. Dos costaron 1 euro; la tercera, 29 euros. Estaban ubicadas respectivamente en las localidades de Agost, Algorfa y Alicante y tenían un valor tasado de 42.500, 38.800 y 212.000 euros. 

“No es habitual encontrarlas por un euro, pero sí por debajo de los precios de mercado. No sabría decir una cifra exacta, pero es común encontrar viviendas por 30.000 o 40.000 euros”, explica el vicepresidente segundo valenciano. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona estima que, de media, las viviendas adquiridas mediante tanteo y retracto han sido entre un 20% y un 40% más baratas que el precio de mercado. 

“Son transacciones que antes eran opacas. Fondos de inversión que desean eliminar de sus balances determinados activos inmobiliarios. Ahora la ley nos permite aflorar, intervenir las transacciones y quedárnoslas. Es una herramienta decisiva que ha demostrado una eficacia abrumadora en el aumento del parque público de la Comunidad Valenciana”, explica Illueca.

“La cuestión del derecho de tanteo y retracto es una forma de empezar a cambiar la forma de concepción de la vivienda”, explica a infoLibre Irene Lebrusán, doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y coatura del informe de Future Policy Lab. “Los pequeños especuladores contribuyen al problema de la vivienda, pero la base del problema es mucho mayor. Estamos hablando de las viviendas que se venden en lotes. Son fondos de inversión que compran y venden. Este derecho de tanteo y retracto permite dificultar que la vivienda en España no se vea como un bien de inversión ni como una fuente de extracción de rentas”, añade la investigadora. 

“Ya se aplicaba en la Ley de Montes de 2003, pero no para ampliar el parque público", explica Lebrusán. "Si un propietario en un monte vendía un terreno, tenía que ofrecérselo primero a la comunidad autónoma”, añade. Posteriormente tuvo otros usos, que tampoco tenían como fin el aumento del parque público de viviendas. En 2015, Euskadi aprobó también este derecho autonómico, que solo aplican a la hora de evitar fraudes en la compraventa de viviendas protegidas. Fuentes del Ejecutivo vasco han explicado a infoLibre que la filosofía del tanteo y retracto en esta autonomía es muy diferente a la que se aplica en la Comunidad Valenciana o en Barcelona. 

En el territorio vasco, el aumento del parque público se hace mediante la construcción. Fuentes del Gobierno vasco aseguran que casi un tercio de las calificaciones provisionales de viviendas protegidas para alquiler en toda España es en este territorio. Según ha constatado infoLibre en los datos del Observatorio de Vivienda del Gobierno, con datos de 2020, Euskadi es la segunda autonomía que dispone proporcionalmente de más vivienda pública en alquiler, después de Extremadura: una por cada 89 habitantes, frente una media nacional de una por cada 255. En Andalucía también se contempló en 2018 el uso de tanteo y retracto, pero en este caso tampoco era para aumentar el parque público de viviendas sino, como informó infoLibre, como solución rápida para evitar los casos de desahucios tras la venta de inmuebles a grandes fondos. 

En la Comunidad Valenciana, la iniciativa no fue fácil. “Me consta que fue una negociación dura con los socios del Gobierno, especialmente la parte socialista”, explica Héctor Illueca, que aún no había asumido el mando de la vicepresidencia segunda de la Generalitat valenciana. “Y una batalla campal con la oposición”, añade. El Partido Popular recurrió la medida valenciana al Tribunal Constitucional, que en marzo de este año ha rechazado el curso del PP y ha avalado el decreto.

En el acto de presentación del informe de Future Policy Lab, que propone a las administraciones contemplar el mencionado derecho de tanteo y retracto, ha participado los titulares de Vivienda tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat Valenciana, dos impulsores de esta medida como manera sistemática, y no puntual, de ampliar el parque público de viviendas. En el mismo, Illueca ha puesto de relieve que hay otras administraciones que se están interesando con esta medida. Ante la consulta de infoLibre, el vicepresidente ha señalado a las autoridades regionales navarras y catalanas.

En el informe del think tank se recogen otras medidas, más allá de ampliar la oferta. Una de las principales medidas propuestas es el llamado Housing First [‘La vivienda, primero’, en inglés], un modelo promovido en varios países del Norte de Europa, especialmente Finlandia, para hacer frente al sinhogarismo. Implica situar la vivienda como una necesidad básica por delante de otras, como la búsqueda de trabajo o lidiar con los problemas de adicción. Esto implica, entre otras cuestiones, que no cabe pensar en el desahucio si no existe una alternativa habitacional. “Un ejemplo del éxito de este paradigma es Helsinki, que en menos de 10 años redujo el sinhogarismo en más de un 35%”, explica el informe. 

La regulación del precio del alquiler es otra de las claves. Una medida no sencilla es alcanzar un diseño que consiga la limitación de los precios sin que esto espante a los propietarios y reduzca la oferta de vivienda. Los investigadores valoran la propuesta de la Ley de Vivienda para limitar precios en mercados declarados como tensionados, pero ven un agujero en la norma: “Al quedar exentos del control los contratos de temporada –con duración inferior a 11 meses–, se abre para los propietarios una salida de escape para evitar la regulación del precio del alquiler”.

Otra propuesta es abordar las iniciativas público-comunitarias. “Este planteamiento considera la vivienda un bien de uso que los habitantes pueden disfrutar durante un periodo de tiempo indefinido o muy largo. Cuando implica la cesión de suelo público, las cooperativas suelen tener derecho a ese suelo durante 75 años prorrogables”, explica el documento. Este ejemplo, como contó infoLibre, ya es viable en algunos países nórdicos, como Suecia.

Por otro lado, recoge una serie de iniciativas fiscales, como que los Ayuntamientos puedan fijar un IBI en función del uso que se le dé a la vivienda. La Ley de Vivienda prevé un posible recargo a las viviendas que estén desocupadas, pero los autores del informe encuentran difícil que la entidad local pueda demostrar que una vivienda está vacía “de carácter permanente”. También proponen reducciones en las cuotas del IRPF por alquiler para inquilinos, para “equilibrar” el trato fiscal entre inquilinos y propietarios.

Los investigadores de Future Policy Lab defienden también tomar medidas para rehabilitar el parque de viviendas, que es otro problema al que se enfrenta el parque español: que sus construcciones van envejeciendo y suponen un lastre para lucha contra el despilfarro energético. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pretende reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable, para reducir las emisiones de CO2 y combatir la pobreza energética. La propuesta implica abordar 510.000 actuaciones de rehabilitación hasta 2026. 

Entre otras medidas, también se incluyen propuestas para impulsar la transparencia. Esto implicaría crear una Red Estatal de Observatorios de Viviendas para identificar problemas y divulgar datos sobre precios de alquiler y venta o de dotación de viviendas de protección oficial, entre otros. También, promover las organizaciones de inquilinos, en España prácticamente inexistentes hasta hace pocos años y que son pilares fundamentales del modelo de vivienda de otros países. En Suecia, que tiene 10 millones de habitantes, el principal sindicato de inquilinos tiene más de medio millón de afiliados. La propuesta de Future Policy Lab es incentivar y proteger estas organizaciones que hacen frente al poder de los grandes propietarios, ante la desigualdad existente entre las relaciones con los inquilinos.

La estación de Atocha ha cambiado este viernes de denominación y ha fijado a la "puerta de entrada" de Madrid el nombre de la escritora e hija predilecta de la capital Almudena Grandes, la "mejor embajadora" de la ciudad. Así la ha denominado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en el acto de presentación de la nueva estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, denominación que ya se recogía por el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 11 de noviembre de 2022 y que hoy se incluye con una placa en su Jardín Tropical, según recoge Europa Press.

Sánchez ha destacado la figura de la autora de El corazón helado como una de las "mejores retratistas" de Madrid y considera que añadir su nombre a la antigua Estación del Mediodía supone "que se está construyendo un país más sabio en el que caben todos". "Una ciudad que, como decía Almudena, es hermosa pero no lo sabe. Una ciudad que camina deprisa, que habla deprisa, que todo lo hace deprisa pero que hoy se detiene para abrirle sus brazos", ha destacado en su intervención la ministra.

Asimismo, Sánchez ha agradecido a Grandes que a través de sus novelas permitiera a España mirar "sin miedo" a su pasado, dando la oportunidad "mirando al frente de tener un futuro digno". Es por ello que ha asegurado que no se trata de un homenaje solo de Madrid, sino del conjunto de España. "Solo blindando la memoria de cuanto ocurrió podremos recuperar la autoestima colectiva y mejorar como sociedad. Esta es una de sus grandes lecciones", ha añadido la ministra de Transportes.

Ha recordado cómo Grandes apostó en sus obras por "conciliar pasado, presente y futuro", colocándose como una cronista de una España de posguerra y franquismo que luego consiguió llegar a al Transición y huir así de "la peor de sus pesadillas". "No hay sociedad que prospere cerrando los ojos al sufrimiento de quienes asfaltaron el camino con su sangres, sus huesos y con sus lágrimas", ha expuesto la titular de Transportes.

La candidata del PSOE a la Alcaldía y exministra de Turismo, Reyes Maroto, ha criticado la ausencia de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, en la presentación del cambio de nombre de la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Durante su asistencia al acto, la socialista ha defendido que ahora Grandes tiene "sin duda en Madrid su mejor legado" y ha lamentado que en la cita, donde debían estar todas las instituciones "presentes", falten el alcalde y la presidenta.

"Sin duda la lealtad institucional se demuestra en estos actos y la no presencia de nadie del Ayuntamiento ni nadie de la Comunidad pone de manifiesto una vez más la deslealtad hacia la persona de Almudena Grandes, hacia la familia, pero también hacia la institución que hoy convoca, el Gobierno de España", ha señalado a continuación. Para Maroto, el Ministerio de Transportes "sí está a la altura de lo que la sociedad madrileña necesita, que es un espacio para seguir recordando" a la escritora.

Durante la presentación de la nueva denominación, se ha loado el "amor" que profesaba la escritora por la ciudad. Un sentimiento que "contagia", aún, a sus lectores y les conecta con "ese hada madrina populachera y generosa", como la autora definió a la capital de España. "Gracias por tus novelas; gracias por tu compromiso; gracias por cambiar a mejor nuestra manera de ser y de pensar. Gracias por tanto, Almudena", ha concluido.

Fue en 2018, durante la lectura del pregón de las fiestas de San Isidro, donde Grandes, casada con el poeta y director del Instituto Cervantes Luis García Montero, dejó patente su amor y defensa de la ciudad de Madrid con la lectura de un claro homenaje a la ciudad que la vio nacer, crecer y convertirse en escritora. "Como un hada madrina populachera y generosa, Madrid hace a sus hijos dos regalos en el instante de su nacimiento. Uno es el agua, la incomparable delicia de beber directamente del grifo. El otro es el anonimato. Porque en esta villa plebeya, que se enorgullece de su condición tanto o más que otras de sus viejos y aristocráticos blasones, nadie es más que nadie", comenzaba Grandes desde el balcón de la Casa de la Villa, en la plaza homónima.

La autora, que emuló a Galdós con sus Episodios de una Guerra Interminable, describió a la capital como "un caos misteriosamente ordenado, la Villa que se ha fundado a sí misma a espaldas de Palacio, y que no es distinguida, ni falta que le hace" y lamentaba a continuación que "Madrid es una ciudad que se quiere poco, mucho menos de lo que debería". Destacó que "es una ciudad muy hermosa, una urbe inmensa, con grandes edificios, con amplias avenidas, con parques antiguos y muchísimos árboles, y sin embargo, se sigue escuchando a diario las célebres tonterías del secarral y del poblachón manchego".

"Todos los días alguien se burla del Manzanares porque no entiende nada. Que el verdadero río de Madrid es La Castellana. Que su virtud suprema es la velocidad. Que su patrimonio más valioso es su espíritu de resistente, la feroz determinación con la que se aferra a la vida hasta en los momentos peores, que los hemos tenido, y han sido muchos, y muy malos", explicó a los allí congregados. "Capital del dolor, capital de la gloria, esta es la ciudad que nunca se detiene, una superviviente capaz de renacer una y otra vez de sus propias cenizas", manifestó.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este sábado "ceses inminentes" tanto en Renfe como en Adif para "asumir las responsabilidades" del error en las dimensiones de los trenes de Cercanías en varias comunidades autónomas, especialmente en Cantabria y Asturias, recoge Europa Press.

En declaraciones a los medios durante una visita al Ayuntamiento de Castro Urdiales (Cantabria), Sánchez ha pedido disculpas a los ciudadanos cántabros y ha señalado que este viernes mantuvo una conversación con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para compartir "enfado y su indignación".

"En las próximas horas se van a producir esos ceses y por lo tanto daremos las explicaciones en ese momento", ha explicado Sánchez, quien ha encargado una auditoría interna tanto en Renfe como en Adif para "saber y conocer con todo detalle qué es lo que pasó".

Además, ha aseverado que se van a tomar "todas las acciones que sean necesarias" para poder acortar el retraso en la entrega de los trenes, recordando que no están fabricados, sino en fase de diseño. La ministra espera que el diseño de estos trenes esté listo para el verano y que se pueda iniciar su fabricación de manera inmediata, aunque no hay un tiempo mínimo de fabricación.

Sánchez también ha informado de la creación un grupo de trabajo para seguir este proceso y acortar los tiempos de demora, al que ha invitado a participar tanto al Gobierno de Cantabria como al de Asturias, comunidad afectada también por este problema.

El origen del problema se encuentra en los gálibos publicados en la declaración sobre la red de Adif, que Renfe usó para describir las características técnicas de los nuevos trenes en un contrato que publicó en 2019 para adquirir 31 trenes de ancho métrico, destinados a renovar la flota de la red de cercanías y media distancia, principalmente en el norte del país.

En junio de 2020, Renfe le adjudicó este contrato a CAF, fabricante de trenes y autobuses con sede en País Vasco, por 258 millones de euros. Cuando preparaba el proyecto, CAF se dio cuenta de que había un error en los gálibos y que las vías no soportarían los trenes encargados y se lo trasladó a su cliente, Renfe.

El contrato adjudicado en 2020 fijaba en 220 meses el plazo de ejecución del contrato, en torno a 18 años y cuatro meses. Como incluía el mantenimiento durante 15 años de algunas unidades, los tres años y cuatro meses restantes serían el plazo para la fabricación de los trenes, aunque normalmente se entregan de forma progresiva. Por ello, los primeros trenes tendrían que haber estado listos, como tarde, en octubre de 2024.

Aunque ninguna de las partes ha confirmado el plazo de tiempo que conllevará solventar este problema, se estima que la construcción de los trenes que todavía no se han podido fabricar se demora en torno a tres años, y todavía falta arreglar algunos trámites para que la solución pactada pueda llevarse a cabo.

Además de los trenes de Cercanías de Cantabria y Asturias, también están afectadas País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha modificado las condiciones de uso de los abonos gratuitos de Media Distancia convencional para evitar la incorrecta utilización de estos títulos, en especial los comportamientos de determinados usuarios que reservan plaza en los trenes con el abono y luego no viajan, según ha informado este lunes el Departamento que dirige Raquel Sánchez, según informa Europa Press.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes las nuevas condiciones de estos abonos, que entrarán en funcionamiento, en su mayoría, el próximo miércoles, 7 de diciembre.

Así, tras detectarse irregularidades, el Ministerio de Transportes ha modificado la operativa de venta y utilización de los títulos multiviaje gratuitos de Media Distancia, restringiendo la formalización de viajes y la adquisición de abonos y sancionando usos irregulares reiterados, entre otras actuaciones.

En concreto, Renfe incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a viajar en el tren. Aunque solo se retirará el abono de la línea en la que se haya detectado un uso irregular, el operador ferroviario no expedirá un nuevo abono asociado a ese titular para ningún origen-destino de media distancia en un plazo de 30 días desde la anulación.

La normativa actual establece que, en el caso de los servicios ferroviarios de Media Distancia convencional, los usuarios deben adquirir un abono distinto por cada trayecto origen/destino, que será válido para viajes ilimitados entre el origen y destino solicitado por el cliente, en ambos sentidos.

Antes de llegar a retirar el abono y la fianza, Renfe enviará dos avisos al titular cuando detecte que finalmente no ha viajado sin anular la reserva con la antelación requerida. La tercera vez que se incurra en uso indebido, se procederá a sancionar. Aun así, se establece un plazo transitorio de siete días en los que se informará al viajero del incumplimiento sin que esto suponga la aplicación de la medida.

En paralelo, las nuevas condiciones limitarán a cuatro viajes diarios de ida o vuelta el número máximo de trayectos que se permite formalizar por abono y se imposibilitará formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado.

El Gobierno quiere evitar así que que desvirtúe la efectividad de una medida que se hizo con ánimo de incentivar la demanda del transporte público y contribuir a reducir las emisiones de CO2.

Por su parte, en determinados trenes, con reserva de plaza y alta demanda, Renfe podrá establecer un cupo de plazas de pie, es decir, sin plaza reservada, que no superará el 10% de las plazas ofertadas con reserva de plaza, informando de dicha condición de viaje a los viajeros. En estos trenes de alta demanda no estará disponible la selección de asiento.

Asimismo, se lanzará un abono específico para menores de edad sin DNI y sólo se podrá sacar un título por DNI, NIE o pasaporte para cada origen-destino, evitando así usos indebidos de estos títulos.

Esta medida entrará en vigor el 1 de enero de 2023, coincidiendo con la activación de la prórroga de las bonificaciones al transporte público ferroviario.

El Ministerio destaca que los abonos gratuitos para el transporte ferroviario han tenido una gran acogida por parte de la población, que ya ha adquirido más 2,2 millones de títulos, de los que 1,6 millones son para viajar en Cercanías y Rodalies y 627.000 títulos son para Media Distancia convencional.

La Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte (conocida como Plataforma) ha vuelto a convocar un paro que empezará a partir de la medianoche del domingo al lunes. Esta organización minoritaria en el sector de los transportistas fue la que convocó el paro de marzo, que duró 19 días y que tuvo un impacto multimillonario en la actividad económica, especialmente en los sectores agroalimentario e industrial. La mayoría de organizaciones representativas de empresas y autónomos transportistas se han desmarcado, apuntando que la situación "ha cambiado" tras la aprobación de medidas en agosto por parte del Gobierno y que el paro es una medida “extrema”. Fuentes del sector pronostican a infoLibre que el seguimiento esta vez será “muy minoritario”.

Diferentes miembros del Gobierno han pedido prudencia este martes. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha sostenido que el paro “no se entiende” y ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad”. "La verdad es que no se entiende que se puedan estar dando este tipo de llamamientos en un sector que ha recibido un apoyo financiero extraordinario del conjunto de la sociedad española", ha apuntado Calviño, que ha cifrado en 1.400 millones de euros las ayudas al sector del transporte en carretera. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, también ha pedido “responsabilidad” al colectivo, con el fin de que eviten convocar nuevos paros y ha asegurado que el Gobierno "ha cumplido todos los acuerdos alcanzados con el sector del transporte".

El 29 de marzo, durante el paro del sector, el Gobierno aprobó el descuento de 20 céntimos en los carburantes, una medida que se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre. Está en el aire la posibilidad de que se siga prolongando en 2023. En agosto, el Gobierno aprobó un real decreto-ley que recogió una parte importante de las reivindicaciones de los transportistas, en especial en lo concerniente a trabajar en pérdidas. En la práctica se prohibió trabajar por debajo de los costes, así como que los transportistas tuvieran que desempeñar labores de carga y descarga, una reivindicación histórica del sector. Asimismo, se aprobaron ayudas directas valoradas en 450 millones de euros (se concedieron 500 euros por vehículos ligeros de mercancías y 1.250 por los pesados).

Fuentes gubernamentales han expresado a infoLibre que, pese a que en marzo se comprometieron a una proposición de ley con los transportistas, el Gobierno finalmente decidió hacerlo mediante Real Decreto-ley para acelerar el proceso. “Si hubiera sido una proposición de ley, aún seguiría en trámite”, apuntan estas fuentes.

El Comité Nacional del Transporte por Carretera es el organismo consultivo que reúne a las principales asociaciones del sector, en proporción a su tamaño, y que mantiene interlocución con el Gobierno. La asociación convocante del paro, Plataforma, no forma parte del Comité, en el que podría entrar en las próximas elecciones si reúnen los avales suficientes. El Comité ha emitido un comunicado que expresa que no apoya el paro, ya que consideran que “no soluciona los actuales problemas del transporte”. Este organismo destaca que el transportista hoy cuenta con herramientas que hace unos meses “ni pensaba disponer de ellas”, y pide tiempo para que el uso de estas se consoliden.

Los principales miembros de la sección de mercancías del mencionado Comité Nacional han expresado por separado su oposición a secundar el paro. La principal es la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que aglutina a 31.000 empresas, 129.000 vehículos y 215.000 trabajadores. Supone el 44,4% de la representación en el Comité Nacional. En un comunicado publicado el lunes, la confederación ha reconocido los avances logrados este año y ha pedido paciencia: “Sabemos que para obtener resultados y cambiar los hábitos que se habían normalizado hace falta tiempo”, ha defendido esta organización. 

La segunda organización de mayor tamaño es la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO), que supone el 15,2% de la representación en el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Esta asociación ha mostrado un “rechazo absoluto” a participar en el paro convocado. Rafael Aguilera, director general de esta patronal, ha afirmado en el programa de TVE Hablando claro que no es un buen momento: “Estamos en una época del año de máximo consumo, absolutamente estratégica es un absoluto error. Estamos en un momento diferente al paro de marzo. Ahora se han dado herramientas a los transportistas”, expresó.  

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), patronal que representa a las empresas de mayor tamaño de transporte internacional, que supone el 9,1% del comité nacional, también rechaza el paro. Mediante un comunicado, este organismo ha valorado los avances que se han conseguido para los transportistas y ha “exigido” al Gobierno que garantice los derechos fundamentales de los transportistas que no secunden el paro. “No hay motivos para convocar un paro. Los cambios legislativos van en la buena dirección”.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer), que supone el 7,1% del comité, celebran una asamblea este miércoles: “Nuestro posicionamiento lo tiene que tomar la asamblea, pero intuimos que el acuerdo será no secundar el paro”, adelanta el portavoz Juan José Gil a infoLibre. “En los últimos 12 meses se han conseguido más avances que en los últimos 12 años. Algunas de las medidas aprobadas son pioneras. No existe en ningún otro país de la Unión Europea una ley que prohiba la contratación por debajo de costes. Y la prohibición de que los transportistas hagan carga y descarga solo existe en Portugal y parcialmente”, destaca Gil. 

Plataforma, la organización convocante, no forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera, el organismo interlocutor con el Gobierno, dado que no consiguieron avales suficientes. Esta organización ha aprobado el paro tras un acuerdo del 86% de sus afiliados, aunque no especifican cuántas empresas, vehículos o trabajadores incluyen. infoLibre ha intentado contactar con esta organización, sin éxito.

Fuentes del sector de transportistas conocedoras de las votaciones han señalado a este periódico que se celebraron “una veintena” de asambleas en España, con una participación de "varias decenas" de personas en cada una de ellas, lo que daría una representación de centenares de autónomos y empresarios. Según el último informe anual del Observatorio del Transporte y la Logística en España, en datos de 2019, en España hay más de 103.000 empresas de transporte por carretera, por lo que se trata de una representación muy pequeña. 

El paro de marzo fue demoledor para una economía que estaba empezando a recibir el impacto de la invasión rusa de Ucrania, iniciada apenas unas semanas antes. Se extendió entre el 14 de marzo hasta el 2 de abril. Durante esos 19 días, se generalizó el caos en las gasolineras, supermercados, industrias, en los centros logísticos o en los puertos. En junio, ante las advertencias de Plataforma de repetir el paro, las organizaciones agrarias y empresariales que componen la cadena agroalimentaria alertaron de que si este se realizaba, el sector “no podría soportarlo”. 

El paro se saldó con 86 detenidos, por “perpetrar actos violentos”, 155 investigados por participar en hechos similares y otras 561 denuncias, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la “ley mordaza”. Según datos del Ministerio del Interior, 919 conductores fueron multados por infracciones de tráfico y se dio protección a 11.852 camiones. 

La organización CETM, la de mayor representación, lamentó las “pérdidas millonarias” que habían causado las actuaciones de los piquetes de los transportistas. Esta organización patronal estimó que cada rueda rajada supone unos 600 euros, por lo que sustituir todos los neumáticos de un camión podría suponerle a la empresa o autónomo afectado unos 7.000 euros. El coste de cambiar la luna está estimado en 500 euros, el toldo, unos 3.000 euros, y las mangueras de los frenos, 1.500 euros. 

"Se dedicaron a poner en riesgo a nuestros profesionales y a destrozar el medio de vida de muchas personas por el simple hecho de haber apostado por otra vía para solventar esta crisis", criticaron en aquel entonces fuentes de esta patronal de transportistas, que añadieron: "Muchos de estos actos se han cometido alegando que el sector está en ruina, sin tener en cuenta que de esta manera estaban provocando la ruina de los demás”.

Fuentes del sector de los transportistas arguyen que, en esa ocasión, el miedo a sufrir daños en el camión fue uno de los motivos que alentó a muchos autónomos a no salir de casa, y por tanto, en la práctica, secundar el paro. Otro motivo fue el elevado precio del combustible en marzo, ya que estaba empezando a dispararse tras el inicio de la invasión y el Gobierno aún no había tomado medidas, como el descuento de 20 céntimos. “El clima no se parece en nada al de marzo. La subida de los carburantes en tan pocos días no pudo ser absorbida por miles de transportistas, que les salía más caro estar circulando. Eso favoreció el paro”, explica Juan José Gil, portavoz de Fenadismer.  

Pese a que los carburantes siguen muy encarecidos, con las últimas herramientas que provee la legislación, pueden repercutir este aumento de costes en sus tarifas, lo que les permite no trabajar a pérdidas. En esta convocatoria de paro quedarse en casa sí implicará renunciar a ingresos. 

“El miedo siempre existe, pero creemos que será muy muy minoritaria, por lo tanto no tendrán capacidad de amedrentar al resto de transportistas”, apunta Juan José Gil, portavoz de Fenadismer. “Esperemos que las fuerzas de seguridad actúen desde el primer momento. En marzo consideramos que hubo dejación de funciones en este sentido. En cualquier caso, las circunstancias no son las mismas”, añade. En este sentido, fuentes del Ministerio de Transporte han apuntado a infoLibre que ya están en comunicación con el Ministerio del Interior para delimitar los puntos calientes desde el domingo, como plataformas de distribución (como Mercamadrid), puertos u otras infraestructuras comerciales clave.

Por otro lado, noviembre concentra una gran cantidad de campañas promocionales, lo que multiplica el transporte de mercancías. Este sábado se celebra el llamado “11 del 11” (conocido internacionalmente como el Single’s Day, o Día del Soltero), una jornada en la que la mayoría de las grandes empresas ofrecen importantes descuentos, por lo que es esperar que el lunes haya una gran actividad en el transporte de mercancías. En este sentido, fuentes del sector consideran este factor otro motivo por el que el paro tendrá un éxito seguimiento minoritario, incomparable al de marzo.

El inicio del periodo de cuatros meses durante los cuales el transporte en trenes de Cercanías y de Media Distancia será gratis para viajeros habituales ya ha disparado en un 50% el uso de la red de transporte habitual que se registraba en 2019, antes de la pandemia, según informa Europa Press.

Así lo ha informado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en declaraciones a la prensa desde la estación madrileña de Nuevos Ministerios, a la que ha acudido a primera hora de la mañana para supervisar la puesta en marcha de esta medida.

Para el caso de Madrid, donde además de la gratuidad de los Cercanías y la Media Distancia también existe un descuento del 50% en los abonos mensuales integrados y del 30% en los billetes de 10 viajes, cerca de 100.000 personas ya habían usado la red de transporte antes de las 10.00 horas.

Esta cifra supone un incremento del 50% respecto a la demanda registrada el mismo día de 2019, cuando todavía no había estallado la pandemia de coronavirus, por lo que la ministra ha defendido que esta medida no solo es positiva para ayudar al bolsillo de los trabajadores, sino también para recuperar la movilidad del transporte público.

Por todo ello, se ha mostrado "satisfecha" de cómo los usuarios están haciendo ya uso del abono gratuito desde el primer momento en el que se ha podido usar y ha recordado que se han desplegado más de 1.000 efectivos en las estaciones de toda España para ayudar a los viajeros que todavía tengan dudas de cómo sacar o usar estos nuevos abonos con fianza.

El personal operativo de Renfe y Adif le ha transmitido a la ministra que la jornada se está realizando sin incidencias, por lo que ha enviado un mensaje de agradecimiento a estos trabajadores públicos por aplicar un nuevo sistema que "no es fácil".

"Quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a esta medida histórica y sin precedentes. El Gobierno está tomando medidas útiles en un contexto complicado. No hay que caer en el derrotismo ni en la euforia, pero hay que confiar en un Gobierno que ayuda a las clases medias y trabajadoras", ha añadido.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aclarado que las mascarillas seguirán siendo obligatorias a bordo de los aviones, al igual que ocurre con el resto de transportes públicos como trenes, barcos o autobuses. En el acceso a los aeropuertos, estaciones o andenes, la mascarilla no será obligatoria, aunque sí recomendada.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, indicó este jueves en una declaración que llevó a la confusión que "en el caso del transporte aéreo, ante la evolución de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19, el real decreto ley elimina la obligatoriedad de las aplicación de las directrices vinculadas con la pandemia en los aeropuertos y se establece que sean recomendaciones". "Se elimina la obligatoriedad del uso de mascarilla, la toma de temperatura o el mantenimiento de la distancia en los controles", ha puntualizado durante su intervención en el Pleno extraordinario del Congreso refiriéndose en concreto a las instalaciones aeroportuarias.

Durante la defensa del decreto ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, la ministra indicó que "con esta modificación seguimos los pasos de los países de nuestro entorno, eliminando trabajas y potenciando la competitividad de los sectores del transporte y turismo".

Las palabras de la ministra llegan después de que en el mes de mayo la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) eliminaran la recomendación de llevar obligatoriamente mascarilla en aeropuertos y a bordo de aviones. Una medida que dejaban a elección de las aerolíneas y los distintos países. No obstante, estos organismos no abogaron por la eliminación completa de esta directriz, sino que la aconsejan para los viajeros vulnerables, a los que se les aconseja utilizar una FPP2, y en los vuelos que despegan o aterrizan en destinos donde su uso sigue vigente para el transporte público.

Fuentes del Ministerio de Transportes han precisado a Europa Press que las mascarillas seguirán siendo obligatorias a bordo de los aviones, pero no en los aeropuertos, tal y como indica la norma actual. La utilización obligatoria de la mascarilla se mantiene dentro del transporte. Así, deberán utilizarla todos los pasajeros y personal de los aviones, así como quienes viajen en tren y en autobús.

Deberá utilizarse, además, en los espacios cerrados de buques y embarcaciones en los que no sea posible mantener la distancia de 1,5 metros, salvo en el caso de los camarotes cuando en ellos se encuentren únicamente personas convivientes.

Hace unos días la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguraba respecto a la retirada de mascarillas en transporte público que "estamos en una etapa de final de pandemia, aunque con mucha prudencia". Darias subrayó que "si hay un cambio", su Ministerio estará "a lo que digan las personas expertas".

En este sentido, afirmó que la mascarilla "se seguirá usando en los entornos sanitarios y en las residencias, entre los trabajadores y las personas que visiten a familiares, así como en los transportes públicos" porque, aunque "estamos en una etapa de mucha luz", respecto la pandemia no hay que bajar la guardia. "Ya prácticamente hacemos vida normal y la mascarilla ha sido un elemento protector-barrera muy importante. Siempre hemos ido de la mano de los expertos y así va seguir siendo", ha afirmado la titular de Sanidad.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha manifestado este miércoles que el Gobierno "no tiene ningún problema" con la posibilidad de que el decreto de ahorro energético, que se vota mañana en el Pleno del Congreso, se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría introducir modificaciones al mismo vía enmiendas, pero ha dejado claro que prefiere su convalidación para no generar incertidumbre entre los ciudadanos.

"Lo deseable sería no someter a la ciudadanía a un escenario de incertidumbre y que mañana se pueda convalidar el decreto, pero evidentemente hay una tramitación parlamentaria que es posible y, por lo tanto, eso son los cauces y el PP, antes que decir que no, debería abrirse a esa posibilidad", ha subrayado la ministra, que ha recordado que las medidas de ahorro energético se seguirían aplicando con independencia de que puedan tramitarse como proyecto de ley.

Sánchez, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha asegurado que el Gobierno está trabajando "cada segundo y cada minuto" para lograr los apoyos políticos necesarios que permitan sacar adelante este decreto.

"No vamos a cejar en el empeño de convencer al conjunto de las fuerzas políticas, en especial al PP, que desde el primer día y casi sin mirarse el contenido de este Real Decreto-Ley dijo que no lo iba a apoyar, situándose fuera de las necesidades de este país", ha subrayado.

En este sentido, ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a explicar por qué su partido va a votar en contra de unas medidas que benefician al conjunto de los ciudadanos y que están acordadas con la Unión Europea.

"Si vota en contra de estas medidas, le recuerdo al PP que no vota en contra del Gobierno, sino en contra de los intereses de los españoles, que lo están pasando muy mal en un contexto en el que hoy se cumplen seis meses del inicio de la guerra en Ucrania", ha apuntado la ministra.

Sánchez ha apelado a la responsabilidad del PP para que respalde esta norma y le ha instado a demostrar "su sentido de Estado" y a "no poner excusas de mal pagador" para mantener su actitud "negacionista y obstruccionista" frente al Gobierno.

"El señor Feijóo, que se nos quiere presentar como un líder de Estado, no está la altura. España le viene grande. Le pido esa responsabilidad mínima y que no ponga excusas", ha añadido.

El Gobierno ha señalado que entre un 97% y un 98% de los vehículos pesados ya está trabajando "con normalidad" y que se está recuperando el conjunto de la actividad tras la incidencia provocada por el paro de transportistas, que todavía sigue convocado.

Así lo ha avanzado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde también ha apuntado que en los mercas también está entrando y saliendo producto, según informa Europa Press.

Por todo ello, Sánchez ha mostrado su confianza en que la situación siga normalizándose poco a poco y que la actividad se recupere al completo lo antes posible, al mismo tiempo que confía en que el paro sea desconvocado también pronto.

Tras el acuerdo de los transportistas con el Gobierno el pasado viernes, que supuso la aprobación de medidas valoradas en más de 1.000 millones de euros, durante el fin de semana la actividad se situó en torno al 97% respecto a los niveles normales, según fuentes de la patronal.

La plataforma convocante del paro, aunque se reunió el viernes con Raquel Sánchez, ha decidido mantener los paros hasta que el Gobierno "no garantice que no se puede trabajar perdiendo dinero".

No obstante, hace dos semanas ya se aprobó en el Congreso de los Diputados, con todos los partidos a favor excepto Vox, un decreto que obliga a los clientes de los transportistas a revisar el precio si, por ejemplo, la gasolina sube más de un 5%.

Los transportistas ya están retomando poco a poco su actividad en las carreteras toda vez que el Gobierno acordó el pasado viernes con los representantes del sector un conjunto de medidas valoradas en más de 1.000 millones de euros, a pesar de que el paro que comenzó hace dos semanas sigue actualmente convocado.

Según informan a Europa Press varias fuentes del sector, tanto empresariales como sindicales, este fin de semana la actividad se ha situado en torno al 97% respecto a los niveles normales y los puertos ya han vuelto a la normalidad, por ejemplo el de Algeciras, al que han vuelto ya 400 camiones que antes se encontraban inmovilizados.

Algunas organizaciones que se sumaron al paro ya están consultando entre sus asociados si quieren volver o no a trabajar. Es el caso de Astasa, una agrupación de autónomos de Salamanca, cuya votación solo ha contado con un 35% de participación porque "la gran mayoría", según representantes de la asociación, ya han vuelto a trabajar.

La plataforma convocante del paro, aunque se reunió el viernes con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha decidido mantener los paros hasta que "el Gobierno no garantice que no se puede trabajar perdiendo dinero". No obstante, hace dos semanas ya se aprobó en el Congreso, con todos los partidos a favor excepto Vox, un decreto que obliga a los clientes de los transportistas a revisar el precio si, por ejemplo, la gasolina sube más de un 5%.

En País Vasco, las empresas del Transporte de contenedores del Puerto de Bilbao han pedido a los autónomos que "vuelvan al trabajo", al considerar ya se ha dado respuesta a "todas sus exigencias", entre las que se incluyen 1.250 euros por camión, la prohibición de que hagan la carga y descarga, la devolución mensual del gasóleo profesional o un descuento de 20 céntimos por litro de carburante.

Aunque la impresión generalizada es que se está volviendo a la normalidad, las mismas fuentes admiten que todavía hay muchas organizaciones empresariales o de autónomos que siguen sumadas al paro patronal, así como que hay ciertos puntos geográficos con una mayor incidencia, como la Cornisa Cantábrica o Andalucía.

En concreto, algunas organizaciones denuncian que se siguen produciendo acciones violentas como pinchazos de ruedas, cuyo coste de reparación asciende a 7.000 euros, por lo que continúan solicitando al Gobierno que actúe para garantizar que los transportistas que quieran seguir trabajando puedan hacerlo.

En todo caso, fuentes del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) trasladan una reflexión sobre el impacto del paro: "Si el sector, que mueve el 95% de las mercancías del país, se hubiera parado al completo, no hubiese habido gasolina que echar a los coches, piensos para los animales o alimentos en los supermercados desde el primer día".

Por eso, apuntan a que su efecto en algunas actividades —como tirar leche o pescado o incluso sacrificar animales— ha sido "puntual", o que las tensiones producidas en los supermercados se deben más a haber acaparado alimentos por parte de algunos consumidores.

Además, el paro se ha producido en un momento en el que las cadenas de suministro ya estaban bastante afectadas, en primer lugar por el covid-19, y en segundo por la guerra de Ucrania, por lo que la paralización de la actividad de algunas industrias no se ha debido tanto a los transportistas sino a que las materias primas ni siquiera han llegado a España. Asimismo, el precio de la luz también ha obligado a muchas fábricas a paralizar la producción.

Pese a la normalización de la actividad en las carreteras y las numerosas medidas aprobadas por el Gobierno, el sector, y en esto coinciden todas las fuentes, está inmerso en un problema estructural, como la falta de trabajadores (relevo generacional), que el 51% de las empresas o autónomos solo tengan un vehículo (resta poder de negociación con sus clientes), el reto medioambiental o la falta de zonas seguras de descanso.

El portavoz de la plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, ha anunciado tras la reunión con la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez, que seguirán con "el paro nacional indefinido". La asociación de autónomos y empresas que convocó el paro nacional indefinido rechaza así el acuerdo, ya que consideran que no se le está dando respuesta a sus necesidades.

"No tenemos más remedio que seguir en la misma situación. Esperamos que en los próximos días se solucione. No podemos desconvocar el paro", ha explicado Hernández. "Para que el lunes pudiéramos activar la actividad, necesitamos medidas transitorias", ha asegurado al tiempo que ha apuntado que necesitan "ayudas a la altura de las circunstancias".

En concreto, ha lamentado que la ministra siga sin garantizar que no se pueda seguir trabajando a pérdidas, aunque ha celebrado el "trato amable" que, en su opinión, les ha dado Raquel Sánchez.

Por su parte, la ministra ha apelado a la responsabilidad de los transportistas para que retomen su actividad a partir del lunes, después de que la Plataforma en Defensa del Transporte haya anunciado que mantendrá el paro indefinido. "Este país no puede estar sometido a más incertidumbre y por lo tanto es necesario que retomen la actividad y que puedan salir a trabajar el próximo lunes", ha explicado la ministra en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press. No obstante, Sánchez ha pedido a los transportistas que, en caso de no retomar la actividad, sí dejen trabajar "a la mayoría de transportistas que quieren trabajar".

En cuanto a la reivindicación del despliegue de un decreto ley transitorio durante los próximos días mientras se trabaja en la redacción de un decreto ley definitivo que evite trabajar a pérdidas, la ministra ha indicado que no es posible hacerlo en los próximos días, ya que es un proceso que requiere de más tiempo.

"Lamentablemente eso no lo podemos hacer en unos días", ha indicado Sánchez, quien ha recordado que el plan acordado la pasada madrugada recoge la presentación de un proyecto de ley que asegura una rentabilidad mínima para los transportistas. Sánchez no ha ofrecido una fecha concreta para este texto, pero sí ha asegurado que el Gobierno se compromete a anunciarlo "lo antes posible".

Adicionalmente, la ministra ha recalcado que el acuerdo "está cerrado", en referencia a la posibilidad de añadir nuevas peticiones planteadas por la Plataforma en Defensa del Transporte. "El acuerdo está cerrado, las reivindicaciones que ellos planteaban desde el primer día están recogidas en el acuerdo que se ha cerrado", ha insistido la ministra.

El presidente de la Plataforma por la defensa del transporte de mercancías por carretera, Manuel Hernández, ha considerado que el acuerdo alcanzado con el Gobierno se traduce en "migajas y propinas" y ha advertido de que el paro continuará hasta que esta plataforma, convocante del mismo, sea recibida por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

"Con nosotros no ha hablado nadie, siguen sentándose con la gente equivocada, y siguen ofreciendo migajas y propinas para desconovocar un conflicto que para nada pasa por un descuento en el precio del gasóleo", ha señalado Hernández en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press. La reunión se mantuvo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano que representa a las asociaciones mayoritarias de transportistas.

Asimismo, ha indicado que el paro continurá mientras que no haya "soluciones reales" que den respuesta a sus problemas. "Tendrían que bajar más de 60 céntimos para que pueda ser suficiente. No se está tocando el tema del precio del transporte que es lo mas importante, poder cubrir costes de explotacion, pero esto a la patronal no le ientresa", ha señalado.

"Seguiremos hasta el final, si no se reúnen con nosotros es imposible llegar a un acuerdo. No se puede pagar por debajo de costes de explotacion a quien realiza el servicio. En esa mesa nos están excluyendo por lo que no hay ni acuerdo ni desconvocatoria, está en manos de la ministra llamarnos y hablar, mientras nos siga dando la espalda estaremos parados", ha advertido Hernández, quien no ha descartado "llegar a Madrid con camiones si la situación continúa así".

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los transportistas con el fin de revertir la subida "desproporcionada" de precios de los carburantes y ha anunciado un paquete con treinta medidas que supone un "esfuerzo" económico de más de 1.000 millones de euros, entre las que destacan un descuento de 20 céntimos por litro en combustible para el sector que incluye gasóleo, gasolina, gas y adBlue, de los cuales el Estado aportará 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos por litro, ha recogido Europa Press.

Así lo ha trasladado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, este viernes de madrugada en una rueda de prensa posterior a la reunión que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Transportes entre el Gobierno y los transportistas y que comenzó a las 11.30 horas del jueves. El acuerdo se ha alcanzado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano que representa a las asociaciones mayoritarias de transportistas. Sin embargo, la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, convocante del paro, ha descartado pocas horas después de conocerse el acuerdo cesar con las protestas. "Con nosotros no ha hablado nadie", ha dicho su presidente, Manuel Hernández, en una entrevista en RNE.

Esta medida, que estará vigente hasta el 30 de junio aunque será prorrogable "según evolucionen los mercados", ha explicado la ministra, sigue el ejemplo de los países del entorno, como Francia, Italia y Portugal, que aplicarán a partir del próximo 1 de abril descuentos de entre 15 céntimos y 30 céntimos de euro.

Asimismo, el Gobierno pondrá en marcha ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para empresas de transporte de mercancías y pasajeros en función del tipo de vehículo. En concreto, la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero que incluye taxi, VTC y ambulancias.

Por otro lado, se ampliará el plazo de vencimiento de créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años y se ampliará el periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO en seis meses. También se creará una nueva línea de crédito avalada por el ICO con 12 meses de carencia, ha detallado la ministra.

Entre otra de las medidas recogidas en el acuerdo con el Consejo Nacional de Transportes Terrestres, la ministra ha destacado que el Gobierno duplicará el presupuesto de las ayudas de abandono a la profesión de transportista pasando de 10 a 20 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

Raquel Sánchez también ha avanzado que el Ministerio trabajará en una propuesta para aplicar "cuanto antes" los principios recogidos en la ley de la cadena alimentaria en relación a los costes de producción, que será presentada al sector antes del 31 de julio.

Así, la ministra ha hecho un llamamiento al paro del transporte, convocado desde el pasado lunes, para "que se recupere la normalidad" y le ha reclamado además que "sea responsable" y no genere "más incertidumbre" a la sociedad pues las demandas "han sido atendidas".

“No queremos que nos subvencionen el gasóleo; nuestra principal reivindicación es que no se nos pueda contratar por debajo de costes”, resume a infoLibre un portavoz de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, convocante de los paros de camioneros que están poniendo en jaque a fábricas, explotaciones agrícolas y supermercados de todo el país. José, así dice llamarse el portavoz, explica a continuación que el precio disparado del combustible sólo ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero que el problema ese “estructural”. Y no van a desconvocar los paros hasta que les reciba la ministra, anuncie lo que anuncie el Gobierno el próximo viernes tras la reunión del Consejo Europeo.

Para la plataforma, los 500 millones de euros de bonificación que el Ejecutivo esgrimió este lunes como ayuda para que los transportistas hagan frente a la escalada de precios de los carburantes no son más que un “paripé” del que ha formado parte el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el único órgano que el Gobierno reconoce como representativo del sector. La plataforma no forma parte del CNTC ni quiere hacerlo. En él están sentadas patronales como la CETM –las grandes empresas–, Astic –transporte internacional– y Fenadismer, integrada por autónomos y pymes. Pero la plataforma no le reconoce autoridad alguna. “Son nuestros jefes, y no me va a solucionar el problema quien me lo ha creado”, argumenta José. Su problema, que le paguen por debajo de costes, “llevan ocultándolo durante años” los grandes “cargadores y operadores del transporte”, subraya, que son “comisionistas”.

El secretario general de Fenadismer, Juan José Gil, corrobora que, en efecto, los grandes transportistas “viven a costa de la rentabilidad de los autónomos” y que es una cuestión para solventar a medio plazo mediante la aprobación de una Ley de Cadena similar a la que el Congreso ratificó para los agricultores el pasado mes de diciembre, pese al no de PP y Vox. Para la plataforma, en cambio, es un problema inmediato. “Queremos una solución ya”, apremia José, “porque entre el 60% y el 65% del sector se encuentra en quiebra técnica. No tenemos para arrancar”.

Por su parte, un portavoz de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), niega que ésta represente únicamente a las grandes empresas del sector. “Reunimos a más de 40 asociaciones provinciales y también a autónomos, tenemos socios con sólo dos o tres camiones y otros con 200; lo que dicen no se ajusta a la realidad: trabajamos para defender a todos los tipos de empresas”. CETM, añade, también defiende la Ley de Cadena para evitar que se pague por debajo de costes.

CETM no se ha sumado a los paros, sino que quiere esperar a la reunión que el Gobierno ha convocado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera para el viernes, una vez concluida la cumbre europea, para conocer el detalle de las medidas anunciadas este lunes. “Claro que nos habría gustado conocer ya el desglose de los 500 millones, pero vamos a mantener el diálogo con el Gobierno”, indica el portavoz.

No obstante, las patronales se está viendo arrastradas por el éxito de una convocatoria que en principio se preveía minoritaria. En un comunicado, CETM dice “entender” que muchas empresas y autónomos “no tengan otra opción que la de parar”. Mientras que Fenadismer finalmente se ha sumado a los paros, después de una asamblea en la que la mayoría de sus socios decidió dejar el camión en la calle. “Por simpatía se han unido muchos y es entendible, en el momento de convulsión en que nos encontramos, es fácil prender la mecha”, razona Juan José Gil.

Desde enero de 2021, el gasóleo ha aumentado un 34% su precio en España. Según los informes mensuales que publica el Ministerio de Transición Ecológica, un litro de gasóleo costaba en febrero 147,1 céntimos. Con los cálculos de la plataforma que ha convocado los paros, los 500 millones de euros de bonificación no les subvencionarían más que dos céntimos el litro, cuando los camioneros están pagando ahora “de 45 a 50 céntimos más de lo que deberían”, apunta José. La ayuda comprometida por el Gobierno francés asciende a 15 céntimos el litro y a 30 la anunciada por el Ejecutivo portugués.

Las cuentas que hace Juan José Gil dan como resultado una ayuda de 1.282 euros por camión, si se dividen los 500 millones entre los 390.000 vehículos de transporte público que hay en España. Y tampoco resuelven el problema, asegura, cuando el sobrecoste que soportan los transportistas desde enero asciende a 2.000 euros. “La cuenta no nos sale, a no ser que sea otra la fórmula magistral que tenga el Gobierno”, advierte.

Para CETM, por su parte, las cifras no están tan claras, porque las ayudas serían sólo para unos meses –las francesas están pensadas para cuatro meses–, no para todo un año.

En lo que sí coinciden CETM y Fenadismer es en que bajar los impuestos, el IVA y el Especial de Hidrocarburos, no es la solución idónea. Para bajar el IVA hace falta la aprobación de la Unión Europea y para el Impuesto Especial Bruselas también impone un límite mínimo que no se puede sobrepasar. En cualquier caso, Fenadismer exige que se imponga un premio máximo al gasóleo, para que los 500 millones de subvención “no terminen absorbiéndolos las petroleras”.

CETM defiende los acuerdos “históricos” alcanzados con el Gobierno el pasado diciembre, cristalizados en un real decreto-ley del 1 de marzo y que, a su juicio, proporcionan a los transportistas “herramientas” para repercutir el precio del combustible. Se trata de la cláusula de revisión de la variación del precio del gasóleo, que es obligatoria y se actualizará semanalmente. Esa medida, no obstante, está diseñada para “situaciones normales de mercado”. “Ahora es imposible aplicarlas”, reconoce Juan José Gil. Habrá que esperar, apunta CEMT, a que se estabilicen los precios de los carburantes.

Mientras, desde la siderurgia hasta la construcción pasando por los supermercados, las grandes superficies y las cooperativas agroalimentarias han dado la señal de alarma: algunas empresas han tenido que cerrar y otras amenazan con hacerlo la próxima semana si continúan los paros de los transportistas, que ya suman 10 días. Las patronales del gran consumo exigen al Gobierno una “intervención urgente” en un conflicto que, dicen, “se ha convertido en un problema de Estado”. Y a los convocantes del paro les piden que “dejen de someter” a la sociedad a la “coacción”. La conservera Calvo, Azucarera Española y Cuétara son algunas de las empresas que ya han suspendido la fabricación. Danone, Heineken y Estrella Galicia han anunciado que deberán hacerlo la semana que viene si no se restablecen los suministros y la distribución.

La patronal Unesid advierte de que ninguna empresa siderúrgica opera con normalidad en estos momentos: o han reducido o han paralizado su producción, por falta de materias primas o porque no pueden servir pedidos a sus clientes. Lo mismo ocurre con los suministros de cemento, hormigón y cerámica para la construcción. En Galicia, algunas explotaciones lácteas han empezado a tirar la leche que no les recogen las industrias, aunque este martes se han abierto corredores seguros para permitir el tranporte desde las granjas. Un total de 25 municipios gallegos, gobernados por alcaldes de distintos partidos, pero todos ellos con elevada producción láctea, y cinco organizaciones agrarias han firmado una carta en la que instan a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a dialogar con los transportistas y establezca corredores seguros, ante el “riesgo claro de colapso” que corre “todo el sector primario gallego”.

La plataforma que ha convocado los paros se proclama “apolítica”, “ni de izquierdas ni de derechas”. “Sólo defendemos reivindicaciones de trabajo”, explica José a este periódico. Rechaza, por tanto, cualquier vínculo con la extrema derecha. Aunque sí admite que “partidos de todo signo” les han llamado y algunos “están apuntándose” y “haciéndose la foto”. “Pero nosotros no queremos entrar con nadie”, zanja.

Al secretario general de Fenadismer le preocupan las “intromisiones políticas” que se han producido en el conflicto. Por ejemplo, critica que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, haya pedido al Gobierno que reciba al responsable de la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías: “Cualquier intervención política en el sector es negativa”.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha señalado que el paro "minoritario" de transportistas que comenzó el pasado lunes responde a "un grupo de ultras que están intentando someter a este país a un chantaje y sustituyendo la palabra por palos, clavos y piedras", ha informado Europa Press. Así lo ha señalado la ministra justo después de reunirse con todos los representantes de todos los sectores del ámbito de su departamento, incluidos sindicatos, responsables del Ministerio y de empresas públicas dependientes, tras reunirse este miércoles también con las patronales mayoritarias de los transportistas.

Según la ministra, estos grupos están "en muchos casos apoyados por la ultraderecha" —entre los partidos políticos, Vox ha apoyado el paro— y estarían evitando que "la mayoría de los transportistas ejerzan su derecho a trabajar". "No podemos permitir que sometan a ese país a un pulso que no vamos a tolerar, estamos trabajando con el Ministerio de Interior y hemos movilizado más de 15.000 agentes para reprimir estas actuaciones violentas que no representan al sector. Somos sensibles pero no vamos a ceder a este chantaje, sabotaje y boicot", ha añadido.

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, que ha sostenido este jueves, a propósito del paro de una parte "minoritaria" del colectivo de transportistas, que en estos días se está viendo "una reacción que parece orientada por posicionamientos de la ultraderecha". Así lo ha manifestado la ministra en el transcurso de un encuentro con el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en la sede del partido en Sevilla, en la que se ha referido a la "acción minoritaria de transportistas" que "no están ejerciendo su derecho a la huelga, sino que están boicoteando al resto de trabajadores y al sector que en este momento tan complicado trabajan para garantizarnos los alimentos y productos de primera necesidad".

En este sentido, la cadena de suministros ya se ha visto afectada y toda la industria ha pedido a la Administración que actúe con urgencia para asegurar el abastecimiento, ya que los productos no están llegando a las fábricas y demás centros de producción. Pese a que el paro ha sido convocado por una organización con una representación pequeña y ninguna de las organizaciones mayoritarias lo han secundado, para las grandes patronales, a las que se ha sumado la propia CEOE, los piquetes están actuando "con violencia" para detener a los camioneros y son las propias empresas de transportes las que han decidido parar "por la seguridad de sus trabajadores".

Los asalariados no están llamados al paro puesto que no se trata de una huelga convocada por sus representantes (los sindicatos), pero muchos no pueden continuar con su trabajo por actuaciones como "pinchazos de ruedas", según denuncian las organizaciones empresariales. Sánchez también ha garantizado que la cadena de distribución "está garantizada" pese al paro. "Vamos a garantizar que se produce la correcta distribución, que no se corten las cadenas de aprovisionamiento", ha respondido la ministra en el Congreso de los Diputados y ha recalcado que están en "perfecta coordinación" con el Ministerio del Interior que "está actuando para evitar que se produzcan incidentes puntuales".

"Vamos a ser contundentes en la actuación pero también en la adopción de medidas", ha destacado la ministra, con las mismas palabras con las que se manifestó en la jornada previa el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha reclamado al Gobierno "coordinación y contundencia" frente a los piquetes que están actuando de manera "violenta e ilegal" con motivo de la huelga de transportes, ha informado Europa Press.

"Estas actuaciones descontroladas están generando graves desperfectos en distintos puntos de España, impidiendo el normal funcionamiento de la cadena alimentaria y generando problemas de abastecimiento, tanto de materias primas como de otros suministros auxiliares necesarios para la producción", han señalado desde la patronal alimentaria.

En concreto, según FIAB, la industria de alimentación y bebidas ha reportado numerosos incidentes y acciones violentas contra camiones, así como contra centros logísticos y de producción, que atentan contra la integridad y seguridad de los conductores y otros trabajadores.

Por ello, han reclamado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúen para garantizar el derecho al trabajo de aquellos que no secundan el paro y se garantice así el suministro de mercancías en todo el territorio.

"No podemos permitir que una minoría violenta esté secuestrando los derechos de una mayoría que quiere trabajar. Respetamos el derecho de huelga y manifestación, pero dentro de una democracia es imprescindible que se garantice la seguridad, la libre circulación de vehículos y que se defienda el derecho de todos aquellos que libremente quieren ir a trabajar, evitando las coacciones y la violencia que están causando graves consecuencias para toda la cadena alimentaria y, por extensión, para el consumidor", ha señalado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

La huelga de transportistas ha obligado a Azucarera a parar la actividad de su planta en Jerez de la Frontera (Cádiz), la única fábrica de azúcar que opera todo el año en España, según ha informado la propia compañía este jueves a través de un comunicado.

La fábrica ha detenido su producción este jueves ante la "imposibilidad" de seguir con la actividad normal por falta de materia prima. Ya en los últimos días la fábrica trabajaba a baja marcha para evitar un parón.

Según ha informado Azucarera, frente a las 1.600 toneladas que se refinan en un día normal, en la jornada de este jueves la compañía refinará las últimas 450 toneladas que quedan en las instalaciones.

"Este cierre supondrá un elevado coste para la compañía debido a la complejidad que supone la parada de una fábrica de este tipo", han advertido desde Azucarera.

Azucarera, junto con las autoridades locales y las fuerzas de seguridad, ha intentado por todos los medios garantizar tanto el abastecimiento de crudo a la fábrica como el servicio de azúcar a sus clientes, poniendo sobre la mesa todo tipo de soluciones para que los camiones pudiesen acceder a la fábrica, sin conseguirlo. "Este paro ya está afectando gravemente al suministro de azúcar a nuestros clientes", han lamentado.

Desde hace días no accede ningún camión a las instalaciones de Azucarera, cuando en un día de actividad normal llegan más de 80 camiones procedentes del puerto de La Cabezuela (Cádiz) con la materia prima.

En la fábrica azucarera de Jerez de la Frontera trabajan cerca de 200 personas en unas instalaciones donde además de molturar la remolacha procedente de los campos de Andalucía, se refina azúcar bruto de caña durante el resto del año, un azúcar que tiene como destino el suministro, principalmente, del mercado andaluz y de todo el arco Mediterráneo. Es, además, un importante centro logístico y de envasado de azúcar.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se reunirá este miércoles 16 de marzo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) para tratar de dar solución al encarecimiento de los carburantes, consecuencia del alza del precio del petróleo por la guerra en Ucrania, según informa Europa Press.

Raquel Sánchez ya se comprometió el pasado viernes a reunirse con los transportistas para valorar la posible priorización de algunas de las medidas que acordó con el sector el pasado mes de diciembre, cuando convocó un paro mayoritario en todo el país a las puertas de la Navidad.

Aunque el Gobierno ya estableció en ese momento la obligatoriedad de revisar automáticamente el precio que los clientes pagan a los transportistas, todavía hay contratos vinculados a otro tipo de revisiones, así como otras medidas que están en periodo transitorio.

Ahora que el precio de los carburantes se ha disparado a raíz de la guerra de Ucrania, el Gobierno abre la puerta a cambiar o priorizar algunas de esta medidas con el fin de paliar las consecuencias negativas que el encarecimiento del petróleo está causando a estas empresas.

Según han confirmado a Europa Press tanto fuentes de la patronal como del Ministerio, la reunión tendrá lugar mañana y asistirá la propia ministra, a diferencia de la que se celebró la semana pasada, a la que asistió el director general de Transporte Terrestre, Jaime Moreno.

Como ya ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo está trabajando en un plan nacional para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania, en el que el Ministerio de Transportes se encargará de todo lo relacionado con su negociado.

Estas negociaciones se producen al margen del paro minoritario convocado por una asociación empresarial que comenzó este lunes y al que no se ha unido ninguna de las patronales con mayor representación en el sector. El Gobierno ya ha hecho hincapié en varias ocasiones que el CNTC es el "órgano de participación del sector".

"Está constituido por representantes de las asociaciones profesionales del transporte y está concebido para ser el cauce de participación integrada del sector en aquellas actuaciones públicas que le afecten, como elaboración de normas o planes, y para proponer a la Administración la adopción de aquellas actuaciones que considere. La designación de los miembros del Comité Nacional se realiza democráticamente por las asociaciones", ha incidido el Ministerio.

Entre las medidas a valorar puestas en la mesa por las empresas está el aprobar una reducción temporal del IVA, la exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos y la devolución mensual del gasóleo profesional.

El Gobierno cambiará el nombre de la estación madrileña de Atocha por Atocha-Almudena Grandes como parte de un plan que prevé iniciar antes de que acabe el año para incluir el nombre de mujeres en las principales estaciones de trenes del país. Así lo ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante su participación en un encuentro informativo organizado por Europa Press, pocos meses después de que también se cambiase el nombre de Chamartín (Madrid) por el de Chamartín-Clara Campoamor.

"Se trata de visibilizar el compromiso del Gobierno con la igualdad de género. Asignaremos nombres de mujeres a las principales estaciones del país, en un gesto cargado de simbolismo para recordar el nombre de mujeres que en muchas ocasiones la historia ha invisibilizado", ha avanzado.

Al poco de conocerse la noticia, Luis García Montero ha reaccionado a través de Twitter. "Es una emoción que los trenes, como nuestros recuerdos, sepan cuál es su punto de partida y de llegada", ha escrito.

El homenaje a la escritora madrileña también se produce después de que el Ayuntamiento de la ciudad aprobara su nombramiento como Hija Predilecta, algo que se produjo con el apoyo de todos los grupos municipales excepto Vox, que votó en contra. Hacerlo fue uno de los acuerdos alcanzados entre el Grupo Mixto y el Gobierno municipal para apoyar los presupuestos de 2022, con independencia de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, declarara que Grandes "no merecía" ese reconocimiento, aunque añadiera que "al margen de esas cosas lamentables que escribió fue una persona que ha leído mucha gente, con premios literarios y vinculada a Madrid".

El Pleno del Ayuntamiento acordó que se le concediera una calle a la escritora y que se hiciera a lo largo de este 2022 un homenaje a su obra literaria. También se colocará una placa para recordar a la escritora en su domicilio de la calle Larra.