La empresaria Carmen Pano se ha reafirmado este jueves en el Tribunal Supremo de que hizo dos entregas de un total de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz a petición del comisionista Víctor de Aldama. "Yo llevé el dinero a la sede, no sé para quién era ni a qué correspondía", ha dicho.

Pano, investigada en la Audiencia Nacional en el caso de Hidrocarburos, ha testificado en la tercera jornada del juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19.

Como ya hiciera en sus declaraciones en instrucción, Pano ha confirmado las entregas: "Yo a Ferraz he ido dos veces a entregar 45.000 y 45.000 de parte del señor Aldama".

Según ha dicho, la primera vez fue en taxi y la segunda acompañada de Álvaro Gallego, que esta mañana ha ratificado que así fue. A su llegada a la recepción, dijo quién era y le respondieron que subiera a la segunda planta. "Me estaban esperando nada más salir del ascensor, un señor", ha explicado Pano. Ella lo entregó de inmediato y se fue.

En ambas ocasiones, había pasado previamente por la oficina de Aldama en la calle Alfonso XIII de Madrid, para darle dinero de Claudio Rivas, socio del comisionista e investigados ambos por un fraude millonario en el sector de hidrocarburos.

Pano ha explicado que Rivas le hacía transferencias de dinero y que luego ella sacaba el efectivo y se lo entregaba a Aldama, y aunque ha dicho desconocer la finalidad de esas entregas porque ella "cumplía órdenes" del primero, ha supuesto que, "evidentemente", era por las gestiones de Aldama para conseguir la licencia de operadora en hidrocarburos para Villafuel, propiedad de Rivas.

Unos 600.000 euros, ha calculado, y ha dicho que ella "lo llevaba a Alfonso XIII en efectivo" para entregárselo a Aldama.

Dos veces que fue a entregar dinero a Aldama, 45.000 euros cada ocasión, el comisionista le pidió que lo llevara a Ferraz, aunque Pano desconoce la finalidad. "Yo llevé el dinero a la sede, no se para quién era ni a que correspondía", ha dicho.

Pano ha explicado que en la primera entrega, ella sacó el dinero del banco antes de entregárselo a Aldama, y en la segunda se lo llevó Lolo, un trabajador de Rivas, pero cuando ella se lo entregó a Aldama, este le llamó más tarde "enfadado" porque faltaban 10.000 euros, por lo que se fue al banco a sacarlo directamente en caja para llevarle al empresario la cantidad que le faltaba.

Hizo las dos entregas de dinero en Ferraz como un favor a Aldama porque él no podía ir, si bien en la segunda ocasión le advirtió: "Es la última vez que hago este tipo de favores".

Por otra parte, Pano ha asegurado que la casa que adquirió la empresa de su hija en La Alcaidesa (Cádiz) por orden de Claudio Rivas era un regalo de este último al exministro por sus gestiones para conseguir la licencia de Villafuel, un inmueble que se le ofreció al ministro como alquiler con derecho a compra.

Ella en un principio pensó que la compra obedecía a "una inversión", pero después se dio cuenta de que "era para el señor Ábalos". "Aldama dice que el tema de la operadora se va a conseguir y que el ministro quería una casa", ha subrayado la testigo.

Entre esas presuntas gestiones del exministro estaría la reunión en Industria con Juan Ignacio Bidart, el jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto, presuntamente para abordar la licencia de hidrocarburos.

Pano ha dicho que desconoce quién gestionó la reunión, pero allí les estaba esperando Koldo García, que estuvo presente en el encuentro del que "Rivas salió bastante satisfecho", y ha indicado que Bidart les manifestó que pasasen la documentación al asesor y después él "se lo haría llegar".

Sin embargo, "cuando Ábalos cesa y viendo que no se estaba cumpliendo lo que se había dicho con la obtención de la operadora, Rivas decide que, como solo ha pagado tres mensualidades, hay que echarle", por lo que "ordena hacer esa orden de desahucio", es decir, "en teoría el desahucio es porque no pagaba, pero a eso se añadió que no se estaba consiguiendo el tema de la operadora".

El tribunal también ha escuchado a la hija de Carmen Pano, Leonor, administradora de la empresa que alquiló a Ábalos el chalé de Cádiz.

En su declaración, ha afirmado que tanto ella como Claudio Rivas entendían que conseguir la licencia para Villafuel dependía de la continuidad en el Gobierno de Ábalos, a quien Aldama llamaba "el padrino".

Ha dicho que ella nunca tuvo contacto con ministro o asesor, pero que Claudio Rivas -que era quien realmente mandaba en su empresa- le dijo que comprase el citado chalé en Cádiz "para invertir" y ella "no preguntaba", y también ha resaltado la relación "estrecha" que Aldama, que fue su pareja, decía que tenía con Ábalos.

Preguntada por las conversaciones con su pareja que obran en el sumario, ha lamentado el tono "soez" de algunas, aunque ha reconocido que cuando dijo que en el Consejo de Ministros "se ha enfrentado el putero al guapo", se refería a Ábalos contra Pedro Sánchez, según le dijo Aldama.

Y también ha ratificado que Aldama le dijo que Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia, entregó a este empresario y a Koldo García 500.000 euros en su casa.

Seis horas dan para mucho. Sobre todo, cuando se trata de un juicio mediático. Y el primer asalto en el Tribunal Supremo del llamado caso Mascarillas, centrado en la compraventa de material sanitario por parte de organismos dependientes del Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión, da buena cuenta de ello. La sesión ha servido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para alejarse todo lo posible de la trama que se está enjuiciando. Y al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García para reforzar una defensa que, sin embargo, se ha visto resquebrajada por momentos por el flanco de Jéssica Rodríguez, examante del que fuera hombre fuerte del PSOE.

El juicio arrancó con algunos minutos de retraso. En la agenda, alrededor de una decena de testigos previstos. Pero la sesión no se inició con ninguno de ellos. Comenzó con los testimonios de Armengol y Torres. Hasta el último momento se intentó que ambos tuvieran que sentarse frente a magistrados, Ministerio Público y abogados. Sin embargo, el tribunal permitió que ambos compareciesen por escrito. Ha sido la lectura de esas testificales la que han marcado el inicio de una vista oral que se prolongará durante todo el mes de abril. Y la que ha provocado la primera protesta de las defensas, que se han quejado por no haber podido interrogarles.

El interés de ambos testimonios radicaba en la entrada de la trama en los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, cuando Armengol y Torres eran presidentes autonómicos. Ambos se han esforzado por marcar distancias con los tres acusados –Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama– y con Soluciones de Gestión. "Nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna", ha dicho Armengol. Del mismo modo, han insistido en que ni dieron orden ni presionaron para adjudicar contratos a la compañía de la trama. Sí ha reconocido Torres que se interesó por uno de eso expedientes tras un mensaje del exasesor de Ábalos avisando de unos "incumplimientos contractuales". Eso sí, cuando el mismo ya estaba adjudicado y como hizo con otros expedientes.

Una vez completado el trámite de la lectura de los escritos, comenzaron a desfilar por el Salón de Plenos del Tribunal Supremo los diferentes testigos. Dos de estas declaraciones sirvieron a exministro y exasesor para reforzar sus defensas. Víctor Ábalos, hijo del primero, rechazó tajantemente en diferentes ocasiones haber actuado como una suerte de testaferro de su padre. Y Joseba García, hermano del segundo, ha negado que acudiera a República Dominicana a recoger dinero en efectivo de la trama, tal y como sostienen los investigadores en sus informes. El primero de ellos no está siendo investigado en ningún procedimiento. El segundo, sin embargo, sí que se encuentra bajo la lupa de la Audiencia Nacional en la parte del caso Mascarillas que no ha estudiado el Alto Tribunal.

"Yo no soy custodio del dinero de nadie. Todo lo que he dado a mi padre es de mis ingresos", ha aseverado Ábalos. En relación con las transferencias de dinero que hizo a su padre, en concreto los 23.379,10 euros que la Guardia Civil ha acreditado en el periodo comprendido entre 2022 y 2024, ha explicado que 20.000 euros son un préstamo que le hizo. "Con un contrato elevado a público, nada opaco", ha afirmado. Del mismo modo, ha negado en diferentes ocasiones haber tenido un teléfono encriptado o haber hablado en clave con alguno de los acusados. Y cuando le han preguntado por el uso de la palabra "café" en algún mensaje recibido de Koldo García, se ha limitado a decir que era una petición del exasesor para que le trajera café de Colombia, donde el hijo de Ábalos desarrollaba trayectoria profesional.

Joseba García, por su parte, se ha esforzado en justificar sus viajes a República Dominicana, los ingresos recibidos en su cuenta y el efectivo que localizaron en los registros de su casa. Y lo ha hecho con la ayuda de la abogada de su hermano –que también es la suya en la Audiencia Nacional–, que es la única a la que ha respondido ampliamente. García se ha negado, por su condición de investigado en otro procedimiento, a responder a las preguntas del resto de partes. "No le voy a contestar por consejo de mi letrada, lo siento", ha repetido una y otra vez. Una negativa a declarar que minutos antes protagonizó otro de los investigados en la Audiencia Nacional: Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama.

Algunas partes intentaron, una y otra vez, tirarle de la lengua. Sobre todo el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. "No voy a contribuir a este espectáculo", se ha terminado resignando el abogado del PP, que dirige la acción popular. En el largo interrogatorio dirigido por la letrada Leticia de la Hoz, el hermano del exasesor ha explicado que viajó a República Dominicana en dos ocasiones por amor y por negocios, pero nunca para recoger dinero de la trama. También ha rebatido al fiscal en relación a los "224.000 euros sin justificar" en sus cuentas señalando que ningún ingreso recibido tiene que ver con Aldama o con los contratos bajo la lupa. Y ha asegurado que la mayor parte del dinero en efectivo que se encontraron en su domicilio era, en realidad, del club de motos al que pertenece.

García también habló de Jéssica Rodríguez, quien ha protagonizado la primera tarde del juicio. Ha sido con la examante de Ábalos con quien el tribunal ha retomado esta primera sesión tras el parón para comer. Durante más de dos largas horas se le ha preguntado, fundamentalmente, por su relación con Ábalos, por el pago del alquiler del lujoso apartamento en el que estuvo viviendo en el centro de Madrid –que, según la investigación, habría abonado principalmente Aldama a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano– o por su contratación en las empresas públicas Ineco o Tragsatec.

Sobre el piso, ha señalado que no sabía quien lo estaba abonando, aunque tampoco le importaba demasiado. "Nunca he sido una persona que vaya a hacer ese tipo de preguntas porque no hay necesidad de hacerlas", ha señalado. Durante su declaración, Escolano ha confirmado que él se hizo cargo de este gasto a petición de Aldama, su "socio, amigo y hermano". Y que dejó de abonar cuando se le indicó. "Si se me decía que no pagara ese piso, pues yo encantado", aseveró el empresario, quien ha resaltado el carácter "inconformista" de Rodríguez.

Durante su declaración ha confirmado que, incluso cuando la relación entre ambos había acabado, el exministro le hacía algunos regalos. Ha hablado de un móvil. También del pago de la matrícula de la universidad. O de una transferencia de 600 euros: "Mi gato se rompió la pierna, era un gasto muy elevado y él quería ayudarme". Y, del mismo modo, ha sentenciado que Ábalos nunca pagaba. "Yo al señor Ábalos no le he visto pagar nunca”, ha afirmado. Y ha ejemplificado: "Si quería un paquete de tabaco era el señor Koldo quien hacía esa compra".

Sobre su contratación en Ineco y Tragsatec, donde cobró 43.978 euros entre 2019 y 2021, ha confirmado que nunca llegó a trabajar. "Cobraba y estaba a la espera de que Joseba o Koldo me dijeran lo que tenía que hacer", ha resaltado. Algo que, ha deslizado, el exministro sabía: "El señor José Luis Ábalos estaba al tanto de todo". Cuando acabó su contrato en la primera empresa, actualizó su contrato para dar el salto a la segunda, una etapa de la que, dijo, no recuerda prácticamente nada. "Si cambiaba de empresa era porque el señor Ábalos así lo habría gestionado". Un paso de trabajadores de Ineco a Tragsatec que, ha explicado luego el que fuera máximo responsable legal de Tragsa, no era "habitual".

Contrataciones sobre las que también han declarado responsables de ambas empresas. Araceli Arigita, responsable de personal de Ineco, ha dicho que el fichaje de Rodríguez no siguió el procedimiento habitual. Y la responsable del proyecto al que se incorporó luego en Tragsatec ha relatado las presiones sufridas para que dejara "en paz" a la expareja de Ábalos, a la que no paraba de perseguir para que fichara en el trabajo, algo que no hacía.

El Domingo de Resurrección no será la última estación del viacrucis. Este año, se convertirá en la primera. Al menos, para PP y PSOE. Ambas formaciones se enfrentarán tras el parón de la Semana Santa a dos de los casos de corrupción política que más les han impactado. Por un lado, el caso Mascarillas. Por otro, la operación Kitchen. Juicios que sentarán en el banquillo de los acusados a exministros conservadores y socialistas. Y que discurrirán en paralelo durante todo el mes de abril. Uno, en el Tribunal Supremo. Otro, en la Audiencia Nacional.

La primera causa se centra en los contratos de mascarillas que organismos dependientes del Ministerio de Transportes, entonces controlado por José Luis Ábalos, adjudicaron en lo peor de la pandemia a Soluciones de Gestión, firma cuyos intereses "promovía" el empresario Víctor de Aldama. Es el punto de partida de una trama corrupta que podría haberse extendido también a la adjudicación de obra pública –extremo que aún está siendo investigado–. Y el origen de todos los quebraderos de cabeza del PSOE y, por extensión, del Gobierno. Al fin y al cabo, el caso ya ha salpicado a los dos últimos secretarios de Organización socialistas: Ábalos y Santos Cerdán.

El instructor da por acreditado que Ábalos, su asesor Koldo García y Aldama "convinieron" que, aprovechando el cargo del exdirigente socialista en el Gobierno, "podrían favorecer" a cambio de "beneficio económico" la contratación de empresas "cuyos intereses captaría y promovería" el empresario, quien al mismo tiempo tendría "acceso preferente" a la Administración. Como pago, la Fiscalía Anticorrupción recoge entregas periódicas de dinero en efectivo al asesor, la compra de un chalet para "uso y disfrute" del exministro o el abono de la renta de un piso que disfrutaba una expareja de Ábalos, que también habría sido contratada, al igual que otra mujer de su "círculo personal", en una empresa pública.

Un centenar de personas se sentarán frente al tribunal durante trece largas sesiones. Juicio al que los tres acusados llegan en posiciones muy distintas. Ábalos y Koldo están en prisión. Aldama, en libertad. Para los primeros, Anticorrupción pide 24 y 19 años de cárcel, respectivamente, por organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, frente a los siete años que solicita para el empresario. Una diferencia de trato que responde, fundamentalmente, a la colaboración de Aldama durante la instrucción, que básicamente ha consistido en reconocer hechos y en confirmar y contextualizar los que ya tenían los investigadores.

La vista oral del caso Mascarillas sería, sin duda, una buena baza en la batalla política para el principal partido de la oposición, quien ejerce, al igual que Vox, la acusación popular. Si no fuera porque la misma se solapará durante todo el mes de abril con otra que afecta de lleno al PP: Kitchen. Este juicio, que se centra en la supuesta operación parapolicial para hacerse con información comprometedora para la formación conservadora que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas en plena investigación de Gürtel, arrancará un día antes que el de Ábalos en la Audiencia Nacional. Y en él estarán presentes como acusación popular tanto PSOE como Podemos.

Once personas ocuparán, en este caso, el banquillo de los acusados. Entre ellas, las que conformaron durante la primera legislatura de Mariano Rajoy la cúpula del Ministerio del Interior: el exministro Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. Y un nutrido grupo de comisarios e inspectores estrechamente vinculados con las cloacas –José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, Sergio Ríos, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Diez Sevillano y José Luis Olivera–. La Fiscalía Anticorrupción pide para Fernández Díaz, Martínez y Pino 15 años de prisión.

El escrito de acusación describe el funcionamiento de la trama desde la primera mitad de 2013. Fue entonces cuando "desde la cúpula" de un Ministerio del Interior se "ideó" una "ilícita operación policial de inteligencia" dirigida a obtener "tanto información como pruebas materiales" en poder de Bárcenes que pudieran resultar "incriminatorias" para el PP, todo a fin de evitar que las mismas fueran aportadas formalmente al procedimiento judicial que se seguía en la Audiencia Nacional.

Para llevar a cabo dicha operación parapolicial, se contactó con Ríos, quien como chófer de Bárcenas tenía un "gran conocimiento" de los "movimientos y actividades" de la familia y "hacía gestiones privadas propias" para la misma. Al mismo tiempo, desde el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, que lideraba Pino, se acordó "llevar a cabo estrictas vigilancias" sobre el extesorero y su esposa. En dichas vigilancias, recoge Anticorrupción, llegaron a participar ocho inspectores jefes de grupo, dos subinspectores, ocho oficiales de Policía y 52 agentes del cuerpo. Unas labores que se financiaron con cargo a los fondos reservados de Interior. Así, Anticorrupción calcula que se sacaron de la caja de fondos reservados al menos 57.939,43 euros para recompensar a Ríos.

En ambos juicios prestarán declaración como testigos miembros y exmiembros del Gobierno. En el caso Mascarillas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quienes en el pasado estuvieron al frente de los Ejecutivos balear y canario –dos territorios en los que penetró la trama– testificarán por escrito. Y en Kitchen, declararán el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido o la extitular de Defensa María Dolores de Cospedal. Todos ellos, el 23 de abril.

La ex secretaria general del PP llegó a estar investigada, junto a su marido, en la causa. Pero el instructor de la misma, Manuel García Castellón, terminó archivando en julio de 2021 las actuaciones contra ellos. Para el magistrado, achacarles una participación intelectual en la trama era "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamente en indicio alguno". "El hecho de que Cospedal se reuniese con Villarejo (una, cuatro o varias ocasiones) no presupone la existencia de infracción penal alguna", apuntaba, al tiempo que desdeñaba los audios publicados por moncloa.com sobre un encuentro entre ambos en el despacho de la primera en Génova.

Tanto las acusaciones como Anticorrupción intentaron que el archivo fuera revocado y que Cospedal volviera a ser investigada. Sobre todo, tras la publicación de unos audios en el diario El País en los que se la escuchaba decir a Villarejo que había que parar lo de la "libretita" de Bárcenas. García-Castellón lo rechazó, alegando que no podían sustentarse las acusaciones "sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia". Para entonces, esos audios llevaban ya tres meses en el juzgado, adonde fueron remitidos vía oficio en junio de 2022 por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

En febrero de 2023, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión del instructor de no reabrir el caso. Y nadie se acordó de esos audios hasta el 27 de octubre de ese mismo año, cuando la Unidad de Asuntos Internos remitió un nuevo informe a García-Castellón en el que aludía a la "posible vinculación" de dichas grabaciones con la Kitchen, un documento que, sin embargo, quedó guardado en un cajón. De la existencia del mismo, que no ha sido suficiente para reabrir la investigación, se enteró de casualidad la acusación popular del PSOE, que denunció que el mismo no había sido puesto a disposición de las partes. Tanto el oficio de junio de 2022 como el informe de octubre de 2023 formarán parte del juicio en la Audiencia Nacional.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta en un nuevo informe a una participación directa de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en el contrato de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo.

La UCO ha remitido un nuevo informe al juez del caso Koldo, al que ha tenido acceso EFE, que analiza los dispositivos que le fueron intervenidos a Pardo de Vera, entre otros, en los registros que se decretaron en relación a la investigación de presuntos amaños en la adjudicación de obra pública, así como los de otros investigados.

A la luz de lo investigado, la UCO deduce que su implicación en los contratos de compra de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión para Adif y Puertos del Estado fue mayor de la que expuso en su testimonio de ese 21 de febrero de 2024, en el que, recuerda la Guardia Civil, como testigo estaba obligada a decir la verdad.

Los investigadores han constatado que Pardo de Vera intercambió mensajes con el exasesor de Ábalos, Koldo García, "con carácter previo" a la adjudicación del contrato y detectó además comunicaciones entre ambos relativas a la entrega de determinadas cantidades de mascarillas.

Hasta este momento, la implicación de Pardo de Vera se circunscribía a su condición de presidenta de Adif cuando su Consejo de Administración adjudicó el contrato por 12,5 millones de euros.

En cambio, los investigadores consideran ahora que Koldo intervino en la selección de la empresa a la que representaba Víctor de Aldama e hizo efectiva la contratación a través de Pardo de Vera, en una dinámica que "guarda coherencia" con la expuesta en informes sobre los amaños en obra pública.

Pese a ello, en su declaración en sede policial, Pardo de Vera declaró que no conocía al adjudicatario del contrato de mascarillas y, preguntada sobre si Koldo García intercedió, dijo que no lo sabía pero que en ese tema y otros muchos el asesor era "muy insistente" y contactó con ella en "numerosas ocasiones", según destaca la UCO.

La UCO desvela además como la expresidenta de ADIF propuso al exministro José Luis Ábalos que hablara con una abogada de su confianza una hora después de testificar ante la Guardia Civil por los contratos de mascarillas, un día después de la detención de Koldo García el 21 de febrero de 2024.

Ábalos reaccionó con sorpresa y le preguntó si la recomendación de esa letrada -la abogada del Estado Rosa María Seoane, que fue Secretaria General de Adif- era para él, y tras contestarle ella afirmativamente, el exministro respondió: "No estoy en la investigación que se sepa".

El informe de la UCO señala además que el examen de los dispositivos electrónicos incautados a Pardo de Vera puso de manifiesto que "parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado", lo que ha llevado a los investigadores a analizar información presente en terminales asociados a otros investigados.

Los investigadores apuntan además al papel jugado por ex director general de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda, también investigado, y que según la UCO habría seguido instrucciones del Ministerio de Transportes e intercambiado mensajes con el titular de Soluciones de Gestión Íñigo Rotaeche, un contacto que le fue facilitado a Koldo García por Pardo de Vera.

Según la UCO, Pardo de Vera se valió de Miranda "para la gestión de material sanitario". Ambos intercambiaron mensajes un mes después de la detención de Koldo García, a raíz de informaciones periodísticas sobre un contrato, cuando Pardo de Vera preguntó a este alto cargo cómo había podido firmar ella un contrato menor.

"Debe ser el contacto que te pasaron cuando estábamos buscando suministro de geles y guantes en plena pandemia", le dice éste, que también le da explicaciones tras declarar ante el juez.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han conseguido consensuar en la Comisión de Salud Pública un plan común de medidas para mitigar el impacto de la gripe y otros virus respiratorios, que recupera el uso de mascarilla en centros sanitarios, entre otras.

"Aprobamos con todas las comunidades autónomas un protocolo común frente a la gripe, covid y otras infecciones respiratorias. El teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas. Dijimos que era necesario y posible. Y lo hemos logrado", ha avanzado la ministra de Sanidad, Mónica García, en sus redes sociales.

El acuerdo llega después de que la Comunidad de Madrid presentara este martes un documento propio de recomendaciones que han sido debatidas por el resto de directores generales de Salud Pública en su reunión de hoy, tras lo cual deberán elaborar el texto definitivo del protocolo con base en el acuerdo alcanzado.

El plan contra la gripe y otros virus respiratorios recomienda ponerse mascarilla siempre que se tengan síntomas, y también cuando se acuda a centros sanitarios y sociosanitarios en momentos de alta transmisión, y en estos casos además se aconseja optar por el teletrabajo si se está enfermo o autoaislarse.

El documento marco para el control de las infecciones respiratorias agudas aprobado por la Comisión de Salud Pública este miércoles mantiene finalmente el uso de cubrebocas como una recomendación, con una propuesta gradual de intensificación de uso a medida que avance la epidemia, pero sin que llegue a ser obligatoria.

Según el texto definitivo consensuado con las últimas aportaciones de varios directores generales de Salud Pública, el ámbito de aplicación del plan será definido por cada comunidad; las autonomías también estimarán cada uno de los cuatro escenarios de riesgo planteados en función de su situación epidemiológica, estableciendo para ello los umbrales epidémicos según su serie histórica.

Después, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, revisarán de manera periódica la evolución de los indicadores para valorar, mantener o modificar la definición de los escenarios.

A cada uno de los escenarios le corresponde una batería de medidas, que se aconsejan aplicar de forma escalonada e incremental, de forma que en cada nivel se cumplan las del anterior y se enumeren las medidas adicionales a implementar en cada momento.

- En esta etapa se llevará a cabo la preparación para afrontar la epidemia; se difundirán recomendaciones de vacunación, se evaluarán las coberturas vacunales de la temporada previa y se identificarán grupos no vacunados.

- Se elaborará además material informativo que recoja las principales medidas recomendadas de vacunación, medidas higiénicas, mascarillas, ventilación e interacciones sociales dirigidas a la población general y a colectivos específicos como empresas, escuelas o centros sanitarios.

- En residencias, se seguirán en todos los escenarios las pautas de la 'Guía de actuación para la prevención y el control de brotes de infecciones respiratorias agudas en centros residenciales de personas vulnerables', de 2023, que reforzó la protección en estos entornos.

Entre otras medidas, establece que los trabajadores con síntomas lleven mascarilla de forma continuada o que las personas que los tengan eviten las visitas.

- Facilitar el acceso a la vacuna para garantizar una elevada cobertura en un corto periodo de tiempo.

- Las personas con síntomas deberán usar mascarilla quirúrgica y adoptar medidas higiénicas, especialmente si entran en contacto con personas vulnerables.

- En el ámbito sanitario, los profesionales, pacientes y acompañantes deberán llevarla en unidades con pacientes con riesgo elevado de enfermedad grave.

- Personas con síntomas: uso de mascarilla, higiene respiratoria y lavado de manos frecuente.

-Se recomendará el autoaislamiento y se valorará la posibilidad de teletrabajo si las condiciones del domicilio y el estado de salud del enfermo lo permiten.

- Mascarillas para todo el que entre en contacto con personas con alto riesgo de enfermedad grave.

- Limpieza frecuente de superficies que puedan estar contaminadas (tiradores de puertas, barandillas, botones de ascensores, etc.).

- Ventilación frecuente de espacios cerrados de uso común.

- Las personas vulnerables deberán evitar acudir a lugares concurridos y deberán usar mascarilla en sus interacciones sociales.

- En el ámbito sanitario, pacientes, acompañantes y trabajadores de centros sanitarios que entren en contacto con otros pacientes en salas de espera, pasillos, ascensores y otros lugares de tránsito que faciliten la transmisión del virus deben ponerse mascarilla.

- Reforzar coordinación entre territorios.

- Valorar adopción de medidas adicionales y excepcionales.

Los cuatro escenarios de riesgo vienen definidos en virtud de una serie de indicadores, extraídos de varias fuentes de información, entre ellas, el Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias agudas en España (SiVIRA; los datos de capacidad asistencial y registros de ocupación hospitalaria, el registro de procesos de incapacidades temporales (IT) y el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo).

Se considerará además el impacto en las capacidades asistenciales (especialmente la ocupación de camas hospitalarias y de UCI, y el número de consultas infecciones en urgencias) y de salud pública, las características y vulnerabilidad de la población susceptible expuesta y la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control. 

Los registros practicados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la operación contra la presunta trama de corrupción en la Diputación de Almería, investigada en el caso Mascarillas, se han saldado con la incautación de un arsenal irregular, dinero en efectivo con notas manuscritas, dispositivos de última generación y obras de arte ocultas en garajes, según informa EFE.

Según recoge un atestado, al que ha tenido acceso EFE, uno de los hallazgos más relevantes en materia de seguridad se produjo en el domicilio de Fernando Giménez, exvicepresidente segundo de la institución y mano derecha del expresidente. Durante el registro de su vivienda de la capital almeriense, los agentes localizaron una "caja de cartón con pistola detonadora".

El informe policial señala que este dispositivo ha sido intervenido al tratarse de un "arma presumiblemente prohibida", motivo por el cual se ha dado parte a la autoridad administrativa competente para su valoración y la adopción de las medidas sancionadoras correspondientes.

El armamento también apareció en el corazón de la trama empresarial. En el registro de las oficinas de la sociedad GESA Andalucía 2004 S.L., en la localidad de Fines (Almería) y vinculada al exalcalde de este municipio, Rodrigo Sánchez, y su hijo, la UCO halló "cinco escopetas" en la zona del almacén.

Al no encontrarse la documentación reglamentaria que amparase su tenencia en ese lugar, la Guardia Civil ha instruido un "atestado aparte por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas" contra los responsables de la mercantil, vinculada a la familia del exregidor de Fines.

En el domicilio particular del expresidente de la Diputación Javier Aureliano García, los agentes intervinieron una obra de arte de alto valor. El acta de registro detalla el hallazgo en el "sótano garaje" de la vivienda de una "escultura de pequeño tamaño dentro de una caja de madera".

La pieza, titulada La mujer del Almanzora, cuenta con un "certificado del pintor y escultor Antonio López", según especifica el inventario de la UCO, que ha puesto la obra bajo custodia judicial como parte de las evidencias sobre el patrimonio del investigado.

El dinero en efectivo fue otra constante en los registros. El hallazgo más significativo tuvo lugar en la despensa del domicilio de la hermana del presidente, en Balanegra (Almería). Dentro de una caja fuerte, la UCO intervino 7.620 euros junto a un papel con una anotación manuscrita en tinta roja: "Este dinero es de Javier Aureliano".

Asimismo, en las oficinas de la empresa investigada en Fines, los investigadores localizaron "tres sobres con anotación 10.000", un indicio que la UCO vincula con la presunta mecánica de pagos en metálico de la organización.

El nivel de vida de los implicados ha quedado patente en el material tecnológico incautado. La UCO ha intervenido numerosos terminales móviles de la marca Apple de última generación. Tanto el presidente como un empresario investigado poseían un iPhone 16 Pro, mientras que al vicepresidente se le intervino un modelo iPhone 16 Pro Max.

Llama la atención el caso del jefe de sección de la Diputación detenido en la operación, en cuyo domicilio se hallaron dos teléfonos -un iPhone 15 Pro y un iPhone 14- que se encontraban "sin estrenar", según consta en el acta policial.

Javier Aureliano García ha presentado este viernes su dimisión como presidente de la Diputación de Almería y ha renunciado a su acta como concejal en el ayuntamiento de la capital tras quedar este jueves en libertad provisional después de declarar en sede judicial por su detención en una segunda fase del caso Mascarillas.

Según un comunicado remitido por la institución provincial, se trata de "una decisión voluntaria con la que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019 y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial".

La Diputación ha precisado que García ha registrado formalmente su renuncia con el objetivo de “centrarse en su defensa y en demostrar su inocencia”, después de que el juez instructor lo dejase en libertad provisional con retirada de pasaporte y comparecencias quincenales por los presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública que se investigan en esta segunda fase.

Según la nota, el ya expresidente toma esta decisión “desde el convencimiento de su inocencia” y en la creencia de que este paso “facilitará la vuelta a la normalidad de la actividad institucional”, así como el desarrollo de los proyectos iniciados en los últimos años.

La institución provincial destaca que García deja “un legado de proyectos transformadores” que habrían impulsado ámbitos como la lucha contra la despoblación, el turismo, la cultura, la agroalimentación o la creación de marcas provinciales orientadas a la proyección del talento almeriense.

El comunicado no menciona su situación judicial, que continúa bajo investigación en un procedimiento en el que la Guardia Civil ha practicado cerca de una veintena de imputaciones entre detenidos e investigados.

La Diputación ha informado también de que Fernando Giménez, vicepresidente segundo hasta su detención el martes, ha presentado igualmente su renuncia como diputado provincial. Giménez, que también quedó este jueves en libertad provisional con las mismas medidas cautelares, abandona “las responsabilidades al frente de áreas claves en los últimos años”, según la nota institucional.

Ambos ceses se producen menos de 24 horas después de que los cinco detenidos -García, Giménez, el alcalde de Fines (Almería), el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas- comparecieran ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, respondiendo únicamente a sus defensas.

La investigación, en la que la UCO ha practicado diez registros y ha reactivado la imputación del exvicepresidente tercero Óscar Liria, permanece parcialmente bajo secreto y suma ya en torno a 17 investigados, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tras estas renuncias, la Diputación deberá activar el procedimiento interno para la elección de un nuevo presidente, previsiblemente en los próximos días, conforme a la normativa provincial.

Existe un comparador de seguros de decesos. Los ciudadanos esperamos el comparador de mangantes para saber quién se lo ha llevado más crudo a costa de la vida de los ciudadanos. ¿Que exagero? O sea, ¿usted no recuerda cómo unos y otros, a cuenta de nuestra salud con riesgo de muerte, se fueron con los bolsillos llenos gracias al negocio de las mascarillas? Mientras la alta tensión que sufríamos, ellos, bien embozados con máscara bien ceñida, ocultaban la jeta, tanto la física como la ética. Esta última, suponiendo que la tuvieran.

Cuando el jinete pálido, el covid, recorría el mundo encerrando a los ciudadanos a cal y canto, unos seres circulaban campantes aprovechando el pavor que producía aquel jinete. Solo nos protegía una mascarilla evolucionada a sanitaria o quirúrgica, cuya misión, cubriendo la boca y la nariz, era protegernos de inhalar los patógenos de la muerte, y de exhalarlos hacia nuestros congéneres.

Perspicaces canallas descubrieron el negocio del centimillo, que algún banquero defendía, para importantes volúmenes de operaciones; si escasas, no valía la pena. Aquellos “perlas” vislumbraron la gran oportunidad de la 'operación mascarilla', dada la demanda y la falta de las mismas. Si a ello unimos la urgencia de los gobiernos de turno para proteger como fuera a la ciudadanía, el gran negocio estaba servido. Además, la situación se asociaba a uno de los fundamentos del Estado de bienestar: la salud. 

Pasta fácil, negocio, para los que medran en el entorno del poder. Carroñeros que cogieron al vuelo esa oportunidad de la que habla el mercado: demanda y oferta. ¿Les importaba la salud y la vida? El mercado no se apiada; los delincuentes, menos. Es sabido que la oportunidad, en muchos casos, va de la mano de la canalla; los negociantes van escasos de vergüenza y con ansia de enriquecimiento.

Las máscaras, en el caso de los delincuentes, han servido para ocultar su identidad; para tapar la boca en una especie de ley del silencio de los diligentes apandadores; y en algún caso, para cubrir los ojos y las entendederas de los jefes de esos delincuentes. Los ciudadanos se preguntan si se justifica el “no lo sabía”; lo vi tarde. ¿Deberían irse también?

Los golfos, en letargo, están en todos los ámbitos del poder; tienen carné de cualquier partido e ideología; se instalan en cargos, chiringuitos y huecos desde los que medrar esperando su oportunidad. Nosotros, incautos, nos sorprendemos al ver cómo la justicia saca de su madriguera a algunos personajes, para luego frustrarnos por el exceso de expectativas depositadas en ellos.

No debemos pensar que es nuestro fracaso, sino el de ellos. Delincuentes dedicados a la política que ponen en juego la democracia. ¿Cuántos quedan?

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

 El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado la puesta en libertad provisional del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), detenido este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) en una segunda fase del "caso mascarillas" por presuntas mordidas vinculadas a contratos públicos que adjudicaba la institución provincial durante la pandemia.

Según han indicado fuentes judiciales a EFE, el juez Eduardo Martínez Gamero únicamente ha impuesto al dirigente popular la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, además se le ha retirado el pasaporte y se le prohíbe abandonar el territorio nacional, tal y como había solicitado el fiscal.

El magistrado ha adoptado la misma decisión e impuesto las mismas medidas a los otros cuatro detenidos el martes: el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez (PP), el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial.

La causa suma al menos una decena de supuestos implicados, entre detenidos e investigados. Entre estos últimos figuran una hermana y un hermano de Javier A. García, así como el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, quien volvió a ser investigado tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase de la operación.

Según ha precisado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los cinco detenidos por supuestas irregularidades cometidas en contratos públicos de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines han contestado únicamente a las preguntas formuladas por sus letrados y la única acusación que solicitó su ingreso en prisión ha sido la que representa al PSOE, el abogado Javier Salvador.

Tanto la Fiscalía como sus defensas solicitaron la puesta en libertad, que fue finalmente acordada por el Juez de Adscripción Territorial (JAT) que asume por el momento la instrucción, Eduardo Martínez Gamero. El alto tribunal andaluz ha apuntado que la causa se está investigando por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.

El TSJA ha precisado que en la causa, además, hay aproximadamente 17 investigados, la mayoría de los cuales han quedado en libertad por decisión de los investigadores de la Guardia Civil, aunque tendrán que comparecer en el juzgado cuando sean citados.

El auto que facultó a la UCO para practicar las detenciones que considerase necesarias señala que “en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”. La investigación judicial recoge indicios de que los investigados “hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber ser destinatarios, entre otros”.

Parte de estas contrataciones se habría tramitado en la propia Diputación y “algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines”, según el mismo auto.

El juez instructor subraya que algunos de los ahora detenidos no habrían intervenido directamente en la adjudicación de los contratos presuntamente irregulares, pero sí “en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales”.

El instructor ha ordenado además medidas de aseguramiento patrimonial respecto de los investigados, que afectan a cuentas en entidades bancarias y cajas de ahorro, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles. Entre estas medidas se incluye la prohibición de ceder o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor, con el fin de evitar la descapitalización de los presuntos responsables antes de que se determinen las eventuales responsabilidades penales y civiles.

Los detenidos en la segunda fase del denominado caso Mascarillas han pasado a disposición del juez instructor, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ampliara este miércoles a una decena el número total de personas implicadas entre detenidos e investigados por las presuntas 'mordidas' vinculadas a contratos públicos de la Diputación de Almería, recoge EFE.

Según informaron a EFE fuentes de la investigación, entre los nuevos investigados figuran una hermana y un hermano del hasta ahora presidente de la Diputación provincial, Javier Aureliano García (PP), detenido el martes, así como el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, quien volvió a ser investigado tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase de la operación.

Junto a García, permanecen detenidos el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez (PP); el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP); el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial. Las mismas fuentes señalaron que no se descarta que el número de investigados continúe aumentando en los próximos días, aunque no se prevé un incremento de personas detenidas.

Durante la mañana de este miércoles la UCO llevó a cabo un nuevo registro en las dependencias del Ayuntamiento de Fines, después de que el martes los agentes ya hubieran entrado en el despacho del alcalde. Este registro formó parte del operativo que el martes incluyó diez entradas simultáneas en viviendas, oficinas públicas y sedes de sociedades presuntamente vinculadas a las actividades investigadas.

La UCO confirmó a EFE que en uno de esos registros se halló documentación que relacionaría a Óscar Liria con una de las empresas implicadas, motivo por el que el juez instructor ordenó investigarlo nuevamente. Los registros se prolongaron durante más de diez horas y estuvieron dirigidos, entre otros mandos, por el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO.

El auto que autorizó las detenciones y registros sostiene que en este caso existen “sospechas fundadas” de presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Según la resolución judicial, los investigados podrían haber “colaborado o facilitado” la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones.

Parte de esas adjudicaciones se habrían tramitado en la Diputación de Almería, aunque el auto señala que algunas podrían haberse producido en el Ayuntamiento de Fines, lo que explicaría el carácter central que está adquiriendo el municipio en esta segunda fase de la investigación.

El juzgado ha autorizado también a la UCO a volcar, visionar y copiar comunicaciones privadas, incluidos documentos electrónicos y mensajes intervenidos en dispositivos de los investigados, y ha reclamado documentación adicional a la Diputación, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles sospechosas para reconstruir el circuito de adjudicaciones y pagos.

Además, el juez instructor ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial, que afectan a cuentas bancarias, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles vinculados a los investigados.

Los cinco detenidos quedaron a disposición judicial para la celebración de las comparecencias previstas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado este miércoles la incorporación de un nuevo investigado en la operación desarrollada ayer por orden del Juzgado de Instrucción 1 de Almería en el marco del caso Mascarillas, informa EFE.

Según han concretado a EFE fuentes de la UCO, con esta incorporación, cinco personas han sido detenidas y tres figuran como investigadas. En este caso, no se ha precisado la identidad del nuevo investigado.

La nueva cifra se conoce después de que este martes se produjesen las detenciones del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, del vicepresidente Fernando Giménez y del alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP, así como registros en diez inmuebles, incluidos el Palacio Provincial y dependencias de Infraestructura Urbana.

Los registros se prolongaron a lo largo de más de diez horas y contaron con la dirección, entre otros, del teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas.

También fueron detenidos un técnico de Obras Públicas, el hijo del alcalde de Fines y dos empresarios.

Según el auto que autorizó los registros, la investigación mantiene sospechas fundadas de delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales, y analiza si los implicados facilitaron adjudicaciones irregulares desde la Diputación y el Ayuntamiento de Fines a empresas a cambio de comisiones.

Los detenidos serán puestos previsiblemente a disposición judicial este jueves, mientras la Diputación mantiene la colaboración con las diligencias y el PP andaluz ha aplicado la suspensión cautelar de militancia a los cargos afectados.

El Grupo Socialista en la Diputación de Almería ha solicitado este miércoles la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para que el gobierno del PP informe sobre la situación creada tras la detención del presidente de la institución, Javier Aureliano García, y del vicepresidente Fernando Giménez, en la nueva fase del caso Mascarillas.

La diputada Noemí Cruz ha señalado a los medios que la iniciativa se ha registrado “esta misma mañana” y ha lamentado que, más de 24 horas después de la operación policial, no se ha facilitado ninguna información oficial.

“Han pasado ya 24 horas, más de 24 horas, y aún en este momento no tenemos ninguna información. Lo que queda de los miembros del Gobierno del Partido Popular y la Diputación Provincial no han hecho ninguna comunicación, no han trasladado ninguna información, no solo al resto de la corporación provincial, sino tampoco a la ciudadanía de Almería”, ha declarado.

Ha explicado que el pleno debe aclarar “cuáles son los expedientes que están en cuestión, cuál es la información, la documentación que se le ha requerido a esta institución, cuál es el alcance de la causa que se está investigando y cuáles son las cuestiones que están implicadas”.

También ha señalado que existen dudas esenciales “que nadie conoce a día de hoy, en este momento”, como si el presidente y el vicepresidente “siguen siendo diputados, siguen siendo miembros de la corporación provincial” y que “no sabemos si han dimitido ya, tampoco si lo van a hacer. Por tanto, queremos que esto en el día de hoy sea aclarado con la máxima urgencia”.

Cruz ha afirmado que “Moreno Bonilla solo tiene dos opciones: una es que dimitan los miembros que están detenidos y, si no lo hacen, desde luego Moreno Bonilla estará siendo un encubridor de esta causa, un encubridor más de esta causa”.

Ha recordado que el caso “viene de largo” y que desde 2021 han denunciado la situación que se ha producido en la Diputación Provincial.

La Guardia Civil subraya en un informe que Koldo García consiguió que el entonces presidente de Canarias y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, se encargara directamente de reclamar pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama por contratos de material sanitario en plena pandemia, según ha informado EFE.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla las gestiones de Koldo -que era asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos- para que el Gobierno canario contratase con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y, más tarde, para que abonase 7,8 millones de euros impagados.

El informe, remitido al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso EFE, deja constancia del intercambio de mensajes entre Koldo y Ángel Víctor Torres en el verano de 2020 y una cita en un restaurante el 15 de julio.

La UCO recuerda que hay indicios en la causa de que De Aldama pagaba 10.000 euros mensuales al entonces asesor de Ábalos y subraya la influencia que ejerció en administraciones como el Gobierno de Canarias, hasta el punto de implicar a su presidente para conseguir que pagasen el dinero pendiente.

En el informe figuran mensajes de WhatsApp en los que el entonces presidente de Canarias le dijo a Koldo García que estaba "encima de tu pago", o pedía información sobre el monto que se debía y a qué empresa.

"Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire", le llega a decir Torres a Koldo, un día antes de cenar en Madrid con el asesor y el entonces ministro José Luis Ábalos, un encuentro en el que según la UCO también habría acudido Aldama.

La Guardia Civil ha constatado además que el asesor de Ábalos habló con el entonces viceconsejero de Presidencia de Canarias, Antonio Olivera, sobre el pedido de mascarillas, antes de que se adjudicase y una vez adjudicado, de pormenores sobre los envíos o el pago.

"Te juro que te lo agradeceré en carne. Y te querré mucho. Y te pondré puentes. Y carreteras", le dijo Koldo a Olivera el 4 de mayo de 2020 al reclamar un problema. "Que no se preocupe que se lo resolvemos", contestó el viceconsejero.

Según la UCO, la dinámica era la siguiente: uno de los titulares de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, trasladaba a Aldama los problemas con el contrato de mascarillas y el comisionista contactaba con Koldo, quien a su vez reclamaba los pagos al viceconsejero canario hasta que finalmente escribió al entonces presidente, ahora ministro.

En el informe aparecen las quejas de los empresarios sobre la administración canaria: "Víctor, insistiendo en Canarias, no atienden el teléfono. ¿Podéis tirarles un coco?, lamenta Rotaeche. "Vaya tela de tíos", reprocha el comisionista, en otra ocasión.

La Guardia Civil ha detectado cómo los técnicos y funcionarios expresaron reticencias sobre el pedido de mascarillas. Destacan sobre todo las reservas de una funcionaria que señaló que se había dado el visto bueno sin ver la ficha, se preguntó si había dinero para la operación y apuntó a que habían comprado mascarillas más baratas.

Cuando la responsable de recursos económicos del Servicio Canario de la Salud aludió al origen de la petición, esta trabajadora señaló: "a mí me da igual de donde venga, yo soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos".

En otra ocasión otro trabajador preguntó por qué se salían "del circuito" con este pedido de mascarillas, pues el resto pasaba por la funcionaria antes mencionada.

Finalmente, algunas de las mascarillas recibidas no cumplieron con los estándares para uso sanitario, por lo que tuvieron que retirar el material y hablaron de rehacer las facturas.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, liderado por Ángel Víctor Torres, destacan a infoLibre que en el informe de la UCO no se hace mención a "ni mujeres explotadas sexualmente, ni pisos, ni mordidas, ni comisiones, ni encuentros con narcotraficantes".

Tras el procesamiento de Ábalos, su exasesor y Aldama este lunes, estas fuentes recuerdan que no existe "ninguna mención sobre Canarias ni sobre el ministro Torres". "El juez no ha considerado creíble ninguna de las falsas denuncias de Aldama", añaden.

"Después de más de un año, donde se han analizado por parte de la Guardia Civil las distintas conversaciones del ministro Torres desde el año 2020, la conclusión es que no hay nada delictivo en las mismas", declaran.

En cuanto a los contratos para la adquisición de mascarillas, estas fuentes afirman que "queda acreditado que se actuó correctamente tal y como han avalado la intervención de la Comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas".

"¿Se puede permitir en un estado de derecho que se intente, sin la más mínima prueba y con absoluta vileza, destrozar la imagen de una persona y a su familia?", se preguntan desde el ministerio.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto sentar en el banquillo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama por la parte de la investigación centrada en contratos irregulares de mascarillas, según informa EFE.

El instructor ha dictado este lunes (día en el que en el Supremo arranca el juicio al fiscal general del Estado por supuesta revelación de secretos) un auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. 

A lo largo de 47 páginas el juez expone los indicios de delito contra los tres investigados por la rama principal del conocido como caso Koldo, que se desgajó a su vez en una pieza separada donde los tres están también imputados, junto al exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán, por el presunto reparto de comisiones en adjudicaciones de obra pública.

En la causa principal, que el juez propone juzgar, el elemento central es la compra de mascarillas por parte de dos empresas dependientes del Ministerio de Transportes (Puertos del Estado y Adif) a una empresa de la que Aldama era comisionista, mientras que en una pieza separada, en la que está imputado Santos Cerdán, se investigan posibles mordidas en obra pública.

El juez apunta a un "concierto de voluntades entre los investigados", quienes, "aprovechando el cargo" de Ábalos en el Gobierno, "convinieron" que podrían favorecer la contratación pública de ciertas empresas introducidas por Aldama "a cambio del correspondiente beneficio económico" para los tres.

El juez ve en la unión de José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y Víctor de Aldama una organización criminal, con papeles repartidos y planteada para cometer delitos conforme se presentaran oportunidades.

El objetivo no era cometer un delito concreto, sino "la futura comisión de delitos, inicialmente indefinidos en sus concretas particularidades, conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando", señala el juez, que por eso propone juzgarles por un delito de organización criminal.

Para ello, cada uno asumiría un "papel diverso": Ábalos desplegaría su influencia "cuando fuere preciso", aprovechándose de los oficios de Koldo García y Víctor de Aldama estaría encargado de localizar empresas o particulares interesados que buscasen un trato preferente, a cambio de comisiones de las que haría partícipes al exministro y a su asesor.

Además, la organización tenía, según el magistrado, "una innegable vocación de permanencia en el tiempo" puesto que operó durante varios años y proyectó su actuación delictiva en distintas esferas.

Por sus actuaciones, el juez apunta que Ábalos y Koldo García son presuntamente autores de delitos de cohecho pasivo, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, mientras que Aldama sería responsable de un posible delito de cohecho activo, e inductor en el caso del tráfico de influencias. A todos ellos les atribuye pertenencia a organización criminal.

El magistrado considera que la investigación judicial ha corroborado las declaraciones incriminatorias que hizo el comisionista Víctor de Aldama "en cada uno de sus aspectos esenciales".

Destaca, sobre todo, los análisis patrimoniales que llevaron a comprobar que tanto el exministro como su asesor aumentaron "sensiblemente los ingresos que se hacían en metálico en sus cuentas", y el exsecretario de Organización del PSOE dejó de sacar dinero del banco.

Además, había una "muy estrecha y extraordinariamente inusual" conexión entre los patrimonios de ambos, pues Koldo García se hacía cargo de gastos que pertenecían al exministro, sin que después le fuesen reintegrados por este por vía bancaria, pues si lo hizo con efectivo, al no haber sacado del banco, el dinero procedería de una "fuente irregular de ingresos".

Junto a este análisis patrimonial, el juez detalla las diferentes testificales o documentos que corroboran otros extremos declarados por Aldama, como el piso que pagaba a la expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, o la contratación de esta en dos empresas públicas.

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que apoya que el juez Ismael Moreno investigue a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en el caso Koldo, en relación con la contratación en dos empresas públicas de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, según informa EFE.

El magistrado que investiga a Ábalos en el Tribunal Supremo consideró que podría haber "indicios bastantes" de delito en la actuación de la también exsecretaria de Estado de Transportes y decidió enviar la documentación correspondiente a la Audiencia Nacional, al ser el órgano competente para investigarla, en su caso.

Antes de decidir al respecto, el juez Ismael Moreno solicitó el criterio de la Fiscalía, que ya ha enviado un informe en el que apoya la imputación, según ha adelantado el diario El Mundo y han confirmado a EFE fuentes jurídicas. De acuerdo con las fuentes consultadas, el fiscal considera que Pardo de Vera pudo haber incurrido en presuntos delitos de malversación o tráfico de influencias.

Ahora, el juez Moreno, que fue el primero que comenzó a investigar el caso Koldo, en torno a una presunta trama de comisiones en contratos de mascarillas, debe decidir si cita a Pardo de Vera como investigada.

El magistrado del Supremo, que además de a Ábalos investiga a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, remitió a la Audiencia Nacional los documentos elaborados por las empresas Ineco y Tragsatec en relación con dos contratos, así como parte del informe de la Guardia Civil y la declaración que prestó como testigo Jéssica Rodríguez.

Según el magistrado, existen "indicios bastantes" para considerar que Pardo de Vera "habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente por Ábalos", quien habría contado "con la relevante participación" del exasesor ministerial Koldo García.

Y, añade, "sin que aquélla durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna", pese a que sendas empresas remitieron dos informes en los que certificaban que Jéssica Rodríguez sí trabajó. Para el juez, en cambio, resultan "particularmente reveladoras" las comunicaciones mantenidas entre Pardo de Vera y Koldo García en este sentido que obtuvo la UCO.

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, se ha ratificado este lunes en la versión que dio el pasado 27 de febrero en el Tribunal Supremo en un escrito dirigido a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, adjunto al justificante médico que ha presentado para no acudir a la comisión, ha informado EFE.

"Pierdan cuidado, yo no cambio de opinión", señala en el texto facilitado a los medios, en el que señala también que no tiene "dos versiones" sobre lo que ya le preguntaron en el Supremo.

"Lo que dije aquel día es rigurosamente cierto y en ello me ratifico íntegramente, tanto en este escrito como si hubiera acudido a esa Comisión", afirma.

Rodríguez no ha comparecido este lunes ante la comisión del caso Koldo en el Senado, que investiga supuestas irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia por Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos, alegando motivos médicos.

Estaba citada en la Cámara Alta a las 11:00 horas para someterse al interrogatorio de los senadores en relación con los beneficios que presuntamente obtuvo de la trama, como una vivienda gratuita o empleos en dos empresas públicas.

Sobre estas cuestiones, la expareja de Ábalos declaró en el Supremo que no sabía quién pagaba el piso en el que residió en Madrid y que Ábalos no medió para que la contratasen en dos empresas gestionadas por Transportes (Ineco y Tragsatec), de las que cobró sin ir a trabajar. 

El empresario Alberto Luceño ha recurrido la sentencia que le condenó en el caso mascarillas a 3 años y 8 meses de cárcel y a una multa millonaria al entender que se vulneraron sus derechos, tanto al registrar su casa como al valorar las pruebas sobre un presunto fraude a Hacienda, según informa EFE.

La defensa sostiene que él no engañó adrede al fisco y que en todo caso incurrió en "error en la forma de tributar".

Este recurso se suma al de la Fiscalía, que por contra pide que se le condene también por estafar al Ayuntamiento de Madrid, delito del que fue absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid.

La defensa de Luceño ha recurrido la sentencia del pasado 17 de marzo que le condenó por un delito contra la Hacienda Pública a la pena de tres años de prisión y al pago de una multa de 3,5 millones de euros, así como a indemnizar a la Agencia Tributaria con la cantidad de 1,3 millones, además de a ocho meses prisión y multa de 12.000 euros por falsedad en documento oficial.

La Audiencia madrileña absolvió a Luceño del delito de estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario, con la que él y Luis Medina cobraron 6 millones de euros en comisiones, y por el que la Fiscalía le pedía la mayor pena (7 años de cárcel).

Al empresario aristócrata Luis Medina la Audiencia le exoneró totalmente de los delitos de estafa y de falsedad en documento mercantil. 

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la sentencia ha sido recurrida recientemente por la Fiscalía y por la defensa de Luceño. 

En el recurso del empresario, al que ha tenido acceso EFE, se solicita al Tribunal Superior de Justicia (TSJM) que se anule la sentencia condenatoria y se le absuelva.

Alega su defensa que los hechos declarados probados son "producto de un error en la apreciación de la prueba practicada" que vulneran sus derechos fundamentales. 

Sobre el delito de fraude a Hacienda, sostiene que el empresario no engañó ni simuló que tenía una empresa -Takamaka- para pagar menos impuestos.

Defiende que cuando Luceño cobró las comisiones por los contratos que había firmado con el Ayuntamiento de Madrid -en marzo de 2020- ya tenía "una sociedad en formación" que "era idónea y suficiente para prestar sus servicios de mediación y contaba para ello con los medios necesarios, materiales y humanos necesarios, en contra de la tesis de en contra de la tesis de la Inspección acogida por la Sala".

"La intención de Alberto Luceño no fue nunca ocultar la operación o no declararla", ya que en ningún momento ocultó su control sobre Takamaka ni a Hacienda ni al Registro Mercantil, dice el recurso.

Sí reconoce que "pudo existir un error en la forma de tributar por los ingresos derivados de la mediación en la compraventa de material sanitario", sin dolo o engaño. 

El recurso incide en la petición que hizo la defensa al inicio del juicio -no atendida por los magistrados- de que debía declararse nulo el auto de entrada y registro en la casa y en la vivienda de Luceño (de septiembre de 2022, tras dos años de investigación), así como todo lo allí incautado.

Asegura que se vulneraron los derechos fundamentales del empresario al tratarse de una medida "desproporcionada" en una investigación "prospectiva", sin la motivación legal adecuada.

También expone que hubo extralimitación en la incautación de efectos y documentos que no estaban autorizados, destacando expresamente la intervención de un bloc con el nombre de un despacho de abogados, lo que quebranta su derecho a la defensa.

Una obra de terror si consideramos que habla de un estado totalitario, tipo Ayuso, donde "la guerra es la paz, la ignorancia es la fuerza, la libertad es la esclavitud" con posibilidad, eso sí, de poder tomar cañas, aunque el sistema busque la aniquilación del yo y la destrucción de la capacidad para reconocer el mundo real.

Orwell hablaba de luchas de poder e ignorancia en aquel Estado, Oceanía, en el que se desarrolla la trama de 1984.

Qué imaginación distópica tan irreal en aquel presente y tan real en este futuro que nos describe esa forma de controlarnos todos y cada uno de nuestros movimientos, con esa ventana pequeña, cargada de sombras, que nos acompaña las 24 horas, que informa de nuestra ubicación exacta en cada momento y que nos deroga nuestros derechos constitucionales al servir como prueba de cargo en cualquier tribunal denominado de justicia. 

Quién le iba a decir a Orwell que su sistema de espionaje distópico sería en el futuro tan real y a la vez tan sobrepasado a esa imaginación que recoge y almacena datos continuamente sobre nuestra ubicación, nuestro estado psicológico, nuestro perfil humano, nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, nuestros datos económicos, de salud, etcétera. Que puede, como decía, invertir la carga de la prueba y cancelar nuestros derechos constitucionales al vernos obligados a facilitar esos datos en nuestra contra antes, incluso, de haber indicios sólidos para la imputación. Unos derechos, tan cacareados ahora, como el famoso de presunción de inocencia.

Quién le iba a decir a Orwell que la realidad española superaría su ficción con la imputación del Fiscal General del Estado (FGE) por presunta revelación de secretos al que pretenden condenar con su propia prueba y para ello (para inicialmente imputarlo por revelación de secretos) el tribunal, presuntamente, revela información sensible haciendo públicos secretos de Estado. Hasta dónde llega la influencia del partido de la oposición con su P.ermanente P.aradoja en el mundo judicial. ¿Dónde están las asociaciones de jueces y fiscales (que salieron en tromba contra la opinión de la vicepresidenta del Gobierno) reclamando la presunción de inocencia del Sr. García Ortiz? ¿Acaso el Sr. Alves dispone del derecho constitucional y el FGE no?

Y dónde estaban y están esas asociaciones ante los ataques al Tribunal Constitucional desde las filas de la derecha reaccionaria y golpista, desde el mundo de la judicatura y desde el propio TC.

Quién lo podía pensar, no sólo en 1949 sino hace 13 años cuando el juez Garzón fue expulsado de la judicatura de forma "injusta, arbitraria, parcial" por el Supremo por intervenir, con todas las garantías, conversaciones de los delincuentes para evitar el blanqueo de capitales y que después ese mismo tribunal imputaría sin pruebas al FGE, para presuntamente allanar, requisar, indagar e intervenir su terminal telefónico (lleno de secretos de Estado) buscando esa prueba de cargo. 

Un fin que justifica los medios. Un fin que hace público, con la presunta filtración, los secretos de Estado en manos de la ultraderecha, que nos pone en peligro a todos. 

Cómo imaginarse en esta sociedad regida por, entre otros, el Estado de Derecho, que al no encontrar los indicios buscados se involucrarían, más aún, en esos secretos de Estado y se harían partícipes a empresas internacionales como WhatsApp y Google, a las que se les solicita los mensajes borrados por motivos de seguridad por el Fiscal General. Todo ello para crear sombras y no permitir ver la realidad de que el entorno familiar de la líder de esa españa (con minúscula) dentro de España se forró con las mascarillas y encima no declaró los beneficios al fisco de forma burda, presuntamente, claro.

Qué estarán diciendo de nosotros los verdaderos estados democráticos de nuestro entorno. Qué dirán aquellos no afectados por la estupidez de la que habla con su teoría, Dietrich Bonhoeffer, cuando ven que en este país, además del rey, hay como mínimo 5.400 jueces y magistrados que podrían actuar como políticos con toga con total impunidad. Luego nos preguntamos por la desafección de los ciudadanos que, cada vez más, creemos que estamos en esa dictadura perfecta con apariencia de democracia tipo Huxley.

Todo esto nos lleva a constatar, además, que no sólo no podemos apostatar de la Iglesia católica, sino que tampoco podemos hacerlo de Facebook o de WhatsApp a pesar del derecho de supresión o cancelación de las leyes de protección de datos.

Quién le iba a decir a Orwell que la sociedad presentada en su novela sería superada por la realidad en un país lleno de telepantallas (cámaras de vigilancia) tecnológicamente avanzadas que nos miden la velocidad a la que circulamos, con radares de tierra y aéreos, gestionados por militares adscritos a una unidad recaudatoria que no rinde cuentas de lo recaudado y que no emplea esos recursos económicos en solventar los puntos negros donde más accidentes de tráfico existen. Una unidad de recaudación nacional que consigue romper uno de los principios que regían los procedimientos penales, el de intervención mínima.

Un mundo totalmente contradictorio con interpretaciones más que torticeras al que nos tienen sometidos unos anticonstitucionalistas ávidos de poder. Qué imaginación tenía en 1932 Huxley cuando escribió su obra Un Mundo feliz...

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Joaquín Navas Cabezas es socio de infoLibre.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina del delito de estafa por el que se pedía la mayor condena para ellos en el caso mascarillas, y condena al primero a tres años y ocho meses de cárcel y a una multa millonaria por fraude a Hacienda y falsedad en documento oficial, según informa EFE.

La audiencia madrileña ha dado a conocer este miércoles la sentencia tras el juicio por un supuesto engaño al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario al inicio de la pandemia, mediante tres contratos con los que ambos cobraron una comisión total de 6 millones. Los dos acusados han acudido junto a sus letrados a recoger la sentencia y no han hecho declaraciones a los numerosos medios que han acudido a la sede judicial.

La Fiscalía pedía un total de 15 años de cárcel para Luceño por delito continuado de estafa agravada (7 años de cárcel), delito continuado de falsedad en documentos mercantil (2 años de cárcel), delito continuado de falsedad en documento oficial (2 años), y delito agravado contra Hacienda (4 años). Para Medina solicitaba 7 años de cárcel por el primero y 2 por el segundo.

Ahora la Sala les absuelve a ambos del delito de estafa al no quedar probado que ocultaran al Consistorio que iban a cobrar una comisión, algo que además no estaban obligados legalmente a hacer, y del delito de falsedad en documento mercantil. Así Medina queda absuelto íntegramente.

Los magistrados condenan a Luceño por un delito contra la Hacienda Pública a la pena de tres años y ocho meses de prisión y al pago de una multa de 3,5 millones de euros, así como a indemnizar a la Agencia Tributaria con la cantidad de 1.351.386 euros. Y a ocho meses prisión y multa de 12.000 euros por falsedad en documento oficial.

El tribunal considera probado que el empresario no declaró el IRPF de los beneficios obtenidos en las operaciones de compraventa de material sanitario entre marzo y abril de 2020, sino que se acogió a los tipos impositivos más favorables del impuesto de sociedades a través de la sociedad Takamaka Invest, que creó en mayo 2020 y a la que atribuyó simuladamente estos rendimientos, todo ello con el objetivo de lograr un ahorro fiscal ilícito. Con todo ello, Luceño defraudó un total de 1,3 millones de euros a la Hacienda Pública, los mismos que ahora se le exigen en la indemnización a la Agencia Tributaria.

Asimismo, los magistrados ven probado que Luceño manipuló dos documentos para poder circular libremente durante el periodo que duró el confinamiento, así como un documento de identificación como agente del CNI que la Policía Nacional halló durante el registro en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y que Luceño justificó como parte de un disfraz en sede judicial.

Sobre el delito de estafa que se les atribuía ambos, que sumaba la mayor parte de la condena que pedía la Fiscalía, los magistrados afirman que no ha quedado acreditado que los dos empresarios le dijeran a Elena Collado, la responsable de compras del Consistorio en aquel momento, que no iban a cobrar ningún tipo de comisión, que les pagó la empresa malasia Leno. "Lo que si se considera probado es que los acusados ocultaron el cobro de las comisiones. También que Leno contrató por un precio que incluía el coste de adquisición, su propio margen comercial y aun el de los acusados, por lo que, en buena lógica, de no haber existido comisión o de haber sido ésta menor, el precio también hubiera sido más reducido", detalla la sentencia.

"Si bien los acusados no informaron de que cobrarían comisión, sí que informaron del precio de adquisición de las mascarillas y del precio de venta final, con su evidente diferencia", añade. Los jueces concluyen que los acusados no estaban legalmente obligados como intermediarios a desvelar al comprador los márgenes comerciales incluidos en el precio final, y va más allá al afirmar que ésto "no ocurrió con ninguno de los intermediarios en otras operaciones realizadas (...) , que no consta que informaran si cobraban o no comisión".

"En conclusión, no existe para la Sala un engaño penalmente relevante por parte de los acusados, en tanto que no ocultaron algo que estuvieran obligados a poner de manifiesto a la compradora, a través de la señora Collado", concluyen.

El Tribunal asume que Elena Collado pudo incurrir en un error en relación con el cobro por parte de los acusados de una comisión, pero ese error no fue determinante al firmar el contrato, puesto que hubo un acuerdo sobre el precio que se pagó. "La compra se decidió por parte de la entidad Empresa Municipal de Servicios Funerarios en consideración a dos condiciones básicas en el contrato de compraventa, básicamente sobre la cosa vendida y el precio, condiciones que conocía y pudo negociar o simplemente no aceptar”.

La Sala absuelve a Medina y Luceño del delito de falsedad en documento mercantil porque se trata de documentos privados.

La defensa del empresario Alberto Luceño ya ha anunciado que recurrirá la sentencia. “Aceptamos la sentencia, a pesar de que el Ayuntamiento nos haya llamado ‘golfos’ y que la señora Collado haya faltado a la verdad en su declaración. El Ayuntamiento nunca se sintió estafado ni engañado, lo dice la propia sentencia. Pero la recurriremos porque no compartimos su contenido”, han señalado las fuentes.

Luis Ramón Medina Abascal, aristócrata, empresario y "socialité" español es un personaje conocido en los ambientes del Partido Popular de Madrid, como para todos, por ser hijo de Naty Abascal y del antiguo Duque de Feria, pero, sin embargo, ahora nadie recuerda que, al principio de la pandemia, fuera de los primeros en “ofrecer su ayuda” al Consistorio.

Tirando de agenda y encanto, a través de una amiga, llegó a Carlos Martínez-Almeida, el “primo”, abogado de profesión y más conocido como “el primo guapo de Almeida” entre el personal de confianza del PP del alcalde.

Ante el ofrecimiento de “ayudar” del conocido hijo de Nati Abascal, el “primo” preguntó a su amiga, la coordinadora y mano derecha del alcalde, “Matilde”, Matilde García Duarte.  

Ante la premura de la situación, y lógicamente ante la llamada de un amigo y el ofrecimiento tan necesario en ese momento, “Matilde” dio el correo para recibir “ofrecimientos” al Ayuntamiento a Medina, pero sin decir “una palabra” a su jefe y primo del susodicho.

Así, Medina, el día 18 de marzo, ya tenía el correo de ofrecimientos al ayuntamiento, una hora después de que ese correo se informara internamente a todos los departamentos que era el correo donde aglutinar todas las peticiones, aunque se difundiera públicamente en una nota del ayuntamiento el 21, y a través de Twitter el día 22. Ser los “primeros” fundamental; una vez dentro, todo es más fácil.

Ya tenía el contacto y estaba dentro de donde quería estar. Un primer correo, mal dirigido a “Maite”, no “Matilde”, aunque por “instrucciones de Carlos” como carta de presentación y su teléfono, sin respuesta inmediata justifican una segunda llamada a Carlos Almeida, que a su vez lo comenta de nuevo con su amiga que “acaba” hablando con “Medina.”

Matilde habla con Medina, y Medina manda un segundo correo. Matilde, que habla con un “desconocido” que no sabe que es el ilustre Sr. Medina, Marqués de Villalba, no le llama la atención, comprueba que el ofrecimiento no es desinteresado, pero sí le confirma que se ha recibido su segundo correo, y se desentiende del asunto.

Pero claro, los dos correos, con la mención de “Carlos” y “Matilde” enviados por el desconocido señor “Luis Medina Abascal”, como carta de presentación, que generan cercanía, “pasan desapercibidos” sin que nadie pregunte quiénes son los mencionados, pero acaban en la persona que tramita las contrataciones de material sanitario, Elena Collado. 

Elena, sin saber por dónde viene, ni del “duque” ni “del primo”, y sin comentar algo tan natural como que en estos momentos de tanta incertidumbre estos habían hablado con Matilde, ella misma, por sí sola, decide llamar al teléfono que aparece en el mail de “Medina”.

Primer objetivo conseguido, ahora toca ofrecer la “zanahoria” para dar el “palo”.

Elena, que está como todos en esos momentos iniciales confinada en casa, oye al otro lado del teléfono una voz amable y educada, que quiere “ayudar”, y ahora sí que reconoce al “duque”. No es un empresario cualquiera, es alguien que tiene cara. Así es más fácil que este dé el pase a su “lugarteniente”. “Alberto, te paso el teléfono de Elena”; "habla con Elena y lo que necesites", le dice Medina a Luceño.

La necesidad, la urgencia, ser “los primeros”, “conseguirlo antes que el Gobierno”, hacen que todo fluya, nada de lo que ofrece interesa, entonces Elena envía a Medina “las necesidades del ayuntamiento”.

Medina y Luceño se ponen en marcha, buscan lo que necesita el Ayuntamiento, y que no tienen. Vía curso urgente, en 48 horas, de expertos sanitarios, y ahora sí, concretan mascarillas, test y guantes.

Hecho el contacto, y echado el anzuelo, se coloca la “zanahoria” para el “palo”, tanto monta MEDINA como LUCEÑO, se ponen el traje de samaritanos, deseosos de “ayudar” a la “ciudadanía” y al “ayuntamiento”, solícitos informan de que “renuncian a sus comisiones” y “van a donar 238.000 mascarillas”. Y así se convierten en los principales proveedores del “grueso” de las necesidades del Ayuntamiento en la pandemia.

Nuevo objetivo conseguido, Elena entregada a la causa, propone “medallas” para su benefactores, y agiliza todo lo que puede los procedimientos, cartas del Alcalde a China, pagos anticipados, pagar el transporte, angustiada por no perder los materiales. Como le dicen, el anzuelo hasta dentro, hasta el pez gordo, dice Medina a Luceño, “me ha llamado el Alcalde, para darnos las gracias, que ya hablaremos “. “Cojonudo”, dice Alberto, “pero y los test...”.

A partir de aquí ningún obstáculo puede arruinar lo que ha sido una operación “exitosa”, porque sí, las mascarillas llegaron más tarde de lo previsto, después de problemas de transportes, y resultó que desde prevención ponen objeciones a su calidad como material sanitario. Pero para que comprobar la calidad haciendo análisis de calidad, “Alberto, dame todos los certificados”. Todos son buenos: “nuestras mascarillas son las mejores”, “las usa hasta el Gobierno chino”, o eso dice Luceño.

Y mientras, llegan las transferencias “pa’ la saca”. Corre, vamos a por los test y los guantes, que los tengo fresquitos y baratitos. ¡Anda! Si resulta que los guantes no son los “largos”. “¿No nos habrán estafado?”, dice Elena cuando ve los mismos guantes en una foto de supermercado muchísimo más baratos. Mientras casi le da un soponcio llama al “duque” para que ponga orden, que Luceño no contesta. No, no todo está en orden. En menos de 4 horas, más rápidos que pedir una pizza en pandemia, devuelven 4 millones (aún quedaban por pagar los test). Nos quedamos con los cortos, “que, aunque no son los que pedimos, también hacen falta”. Todo sigue en orden.

Pero Elena ya empieza a pensar que sus principales colaboradores no son perfectos, y más aún cuando los test que llegan, en gran parte, no sirven. Otra ronda de llamadas al duque y a Luceño, pero “los chinos” ya no quieren devolver dinero (ni Luceño, claro), ni quieren recibir los test defectuosos (ya no queda nada por cobrar). Lo arreglamos con el envío de unos reactivos, que casi llegan cuando la pandemia era un recuerdo.

Se nos acabó el amor, como decía la canción, y no recordamos al “duque” ni su “intendente”. Ellos no recuerdan que renunciaran a sus comisiones, “no tenían por qué decir nada”, y “donaron” lo que nunca fue suyo, que es como hacía “Robin Hood”, pero eso sí, comprando rólex y coches de lujo con los beneficios.

Ese fue el problema: salió que todo era para rólex y coches de lujo, y nada para Hacienda. “Les gusta más donar a su manera”, pero saltó la liebre y, mientras el Ayuntamiento no se enteraba del tema y “creía” que todo había sido maravilloso en su relación con Medina y Luceño, estos acaban investigados y denunciados por la Fiscalía.

Y ahora aquí estamos, con un Ayuntamiento haciendo equilibrios, entre pérdidas de memoria, situaciones inexplicables, sintiéndose “estafados”, pero a la vez satisfechos de lo recibido, soplando y sorbiendo, para tratar de recuperar un dinero estafado a los madrileños.

He aquí la fábula del “duque y su intendente”, “la zanahoria y el palo”, “la medalla” y “un chino”, que no es chino, sino malayo (si existe), llamado “San chin choon”. Comenzaron como “Santos” y nos la colaron como los timadores de toda la vida con los cubiletes en la Plaza de Atocha. Se ha depurado la técnica, en vez de cubiletes hago unas llamadas, muevo bolita, pongo encima de la mesa una renuncia a comisiones y una donación, que por arte de birlibirloque desaparecen, lo de toda la vida, y el estafado, avergonzado, prefiere casi comérsela de la vergüenza.

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Alberto Cachinero, abogado del grupo municipal socialista del Consistorio y el PSOE en el juicio del 'caso Mascarillas’ contra los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado prorrogar la investigación del conocido como caso Koldo debido al "numeroso" material incautado a los imputados y a los informes policiales pendientes, que podrían determinar "nuevas imputaciones". El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 atiende en un auto, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso EFE, la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda prorrogar la causa al menos seis meses más, hasta septiembre.

Lo hace a la vista del estado actual de la investigación, en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está examinando el material incautado en los registros -documentación, efectos y metálico, evidencias digitales -teléfonos, ordenadores, y dispositivos de almacenamiento- para la elaboración de los "oportunos informes".

El avance de la instrucción, explica el juez, "irá determinando la práctica de nuevas diligencias e incluso de nuevas imputaciones", razón por la que considera "procedente" prorrogar la causa, cuyo plazo vencía el 8 de marzo.

El juez Moreno comenzó a investigar en la Audiencia Nacional este caso, centrado en la adjudicación de contratos públicos de mascarillas en plena pandemia y en el presunto cobro de comisiones. Al ver indicios de delito contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, aforado por ser diputado, envió una parte de la causa al Tribunal Supremo, que investiga por estos hechos al político, a su exasesor Koldo García y al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

El Supremo acordó también investigar a estos dos últimos respecto a los hechos relacionados de forma "directa e inescindible" con el exministro, mientras que la Audiencia Nacional sigue investigándolos sobre hechos que no tengan relación, como delitos contra Hacienda o de blanqueo.