Ángel Víctor Torres: "No sé si Ayuso es capaz de entender la suerte que tiene por nacer en democracia"

Ángel Víctor Torres se ha convertido en una de las piezas clave del Gobierno de coalición. Por sus manos pasan algunos de los temas principales del Ejecutivo en este arranque de año: desde la coordinación de los actos de España en libertad, para conmemorar el periodo que ha vivido el país desde la muerte de Franco en 1975, hasta la compleja negociación para buscar una distribución de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla.

Y Torres (Arucas, 1966) es asimismo una de las principales dianas de la oposición. El PP lo ha llamado a declarar por segunda vez el próximo martes a la comisión de investigación en el Senado por el caso Koldo. “Tengo la conciencia tranquila, duermo perfectamente bien”, señala al hilo durante la entrevista. El titular de Política Territorial y Memoria Democrática recalca que el Gobierno tiene la intención de presentar los presupuestos para el año que viene y se muestra confiado en que el PSOE volverá a ganar las elecciones en Canarias en 2027. Con él como candidato.

El nuevo año político arrancó con el primer acto de la conmemoración de los 50 años de España en libertad, muy criticado por la oposición. ¿Por qué es necesario?

Fundamentalmente porque el 20 de noviembre de 1975, con la muerte de Francisco Franco, se inició el fin de la dictadura, de cuatro décadas de totalitarismo y de una involución de derechos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, de los colectivos sociales y de la propia democracia. Hay un debate sobre por qué se pone la fecha de 1975.

¿Por?

Si hubiera muerto en 1980, no hubiéramos tenido ni elecciones democráticas en 1977 ni Constitución en 1978. La fecha esencial para que se dieran esos hechos fue la muerte del dictador. Reivindicamos que ese es el principio del fin y del comienzo de una transición a una etapa de libertad. 

¿No se plantearon algún otro hito democrático? ¿Fue morir Franco y que hubiera libertad?

No fue exactamente así. Era imposible porque había tentáculos de la dictadura. También podemos celebrar las elecciones de 1977 y la Constitución de 1978. Lo que es evidente es que el embrión para conseguir estos cincuenta años de libertad fue la muerte del dictador. 

En el Congreso se escuchan cada vez más a menudo reivindicaciones e incluso defensas del franquismo. Desde el Gobierno se advierte de que la democracia puede estar en riesgo. ¿Es una exageración?

En absoluto. Hemos escuchado en el Congreso a un representante público elegido por sufragio universal decir que con Franco se vivía mejor, lo que es absolutamente falso. Este país entró en un retroceso respecto a otros países europeos después de la II Guerra Mundial porque se mantuvo el fascismo frente a otras naciones donde caminaron hacia la democracia y la libertad y se avanzó en la economía, la sanidad y la educación. Vivimos durante cuatro décadas en una etapa de aislamiento internacional y en un sistema dictatorial, en el que se impuso un modelo ideológico donde, por ejemplo, las mujeres perdieron derechos respecto a 1936, como el de la potestad de los hijos. No había divorcio ni se podía encontrar la felicidad si amabas a una persona de tu mismo sexo porque era delito. Incluso se enviaba a campos de trabajos forzados a los homosexuales como en Tefía (Fuerteventura). No elegíamos a nuestros representantes públicos y se imponían desde el poder autocrático y la dictadura. 

Es absolutamente falso el relato de con que Franco se vivía mejo

¿Eso lo saben los jóvenes? No. Lo que pretendemos con estos actos es que la gente libremente compare y sepa lo que se ha conseguido en cincuenta años de libertad frente a cuarenta años de dictadura y que piense qué quiere para el futuro. Defender el sistema democrático con uñas y dientes o aceptar postulados falsos como que se vivía mejor y se avanzaba con Franco. Cualquier demócrata no puede querer a un dictador en cualquier lugar. Sin embargo, hay partidos democráticos ultraderechistas que salen de las urnas que reivindican la figura de Franco y que la intentan resucitar. Eso es un drama.

Se ha comentado mucho la ausencia del rey Felipe VI en el primer acto de España en libertad. ¿Tiene la monarquía cuentas pendientes con la memoria democrática?

Los actos de las personas están sometidos al escrutinio de la ciudadanía. Es evidente que en 1975 con la muerte de Franco se pretendía mantener un sistema autocrático y autoritario. A la sazón ya había sido designado el rey Juan Carlos. Hay un papel fundamental de la Casa Real en entender que había que caminar hacia una monarquía constitucional. Eso fue clave junto a actores fundamentales en esos años. También hay que recordar, sin embargo, que la derecha no votó en bloque la Constitución. Muchos herederos del franquismo se opusieron a la Carta Magna. Por suerte, la Casa Real entendió el momento histórico y la voluntad de la mayoría de los españoles que se mostró en muchas manifestaciones. Se hizo lo que se tenía que hacer: abrir este país a la luz y a la libertad.

El Consejo de Ministros rechazó este martes las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid y sigue adelante con el proceso para declarar la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol como lugar de memoria. ¿Cuándo se instalará esa placa? ¿Qué le parece que Díaz Ayuso ya haya avanzado que irá al Tribunal Constitucional?

Lo último me parece una pena. Va a haber muchos lugares en España y fuera que van a ser declarados este año como sitios de memoria. Lo único que hace la ley de memoria es establecer para el conocimiento de todos que en ese lugar se defendió la libertad o que se perdió incluso la vida por ello. Hubo torturas y muertes absolutamente injustas. No sé si la presidenta de Madrid, que nació en la democracia, no es capaz de entender que ha tenido una suerte que no tuvieron nuestros padres y abuelos. Vamos a seguir adelante con que la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, sea lugar de memoria. Hemos rechazado el recurso autonómico y vamos a tender la mano a la presidenta y al PP. 

Han criticado que en memoria el PP tiene una posición subalterna respecto a Vox. Pero hay ejemplos, como el de Ayuso, o el del Gobierno de Extremadura, que está tramitando la norma que derogará la actual ley de memoria democrática a pesar de que la ultraderecha está ya fuera del Ejecutivo. ¿El partido de Abascal sigue condicionando o es el propio Partido Popular el que quiere eso?

Vox marca la toma de decisiones de distintos representantes del PP. Otros con mayoría absoluta imponen una cuestión ideologizada absolutamente errónea, como pasa con la Comunidad de Madrid. Pero luego hay otros como Juanma Moreno que dicen que les parece que hay que festejar lógicamente la muerte del dictador y el camino a la democracia. Ocurre que hay comunidades que tienen que sacar sus presupuestos y entran en contradicciones tremendas.

La presidenta extremeña, María Guardiola, dijo que en ningún caso iba a incluir a Vox en su Gobierno y lo hizo. Luego el partido de Abascal salió de los gobiernos porque se aprobó distribuir apenas a 400 menores inmigrantes negros. Digo negros porque si fueran blancos no habría problemas, como vimos con los niños que llegaron por la invasión de Ucrania. Ahora, por su minoría y sin ningún tipo de lógica, son capaces de caminar a una ley que va contra la memoria democrática y los derechos humanos. Se equivocan gravemente en no caminar en cuestiones de solidaridad y de carácter humanitario y también contra la ley de memoria democrática. Les marca el pulso la ultraderecha.

Al PP le marca el pulso la ultraderecha

Habla del tema de los menores no acompañados, ¿cómo está la negociación con el Gobierno de Canarias? ¿Hay algún tipo de acuerdo para conseguir esa solución en principio temporal para la distribución?

El Gobierno sigue con la voluntad de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería porque sería una solución definitiva, no para un año y 4.500 menores. Lamentablemente, tengo que decir que ha sido el PP el que se ha borrado de la negociación. Al final, ha bloqueado una situación incluso en los territorios donde gobierna. Ha dejado en muy mal lugar a los presidentes de Ceuta y de Melilla y al vicepresidente de Canarias. Ni siquiera el PP quiso que en la Conferencia de Presidentes se llevara el texto firmado por Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo. Ahora estamos trabajando sobre una modificación puntual con el Gobierno de Canarias y hay que buscar la fórmula jurídica: decreto ley o proposición de ley. Esto no es una cuestión política porque en el texto se pide que la tutela de esos menores en territorios frontera pase a las comunidades. Si la Abogacía y el Consejo de Estado dicen que esto cabe por decreto ley, lo haríamos así. Pero antes de eso hay que hacer un trabajo previo: los apoyos.

¿Cómo cambiaría la situación?

Es un acuerdo único para distribuir a cuatro mil menores de Canarias y quinientos de Ceuta y Melilla. Se haría en el plazo de tiempo más corto posible con toda la seguridad del menor, que tiene que ser escuchado y expresar su voluntad. Se trata de una sola actuación y, por supuesto, tendrá la financiación que sea precisa, que vendría del Estado de manera excepcional. Es algo puntual, no se toca ningún artículo de la Ley de Extranjería. Pero cuando tengamos el texto y sepamos la fórmula, tiene que ser votado sí o sí en el Congreso.

El Gobierno sigue con la intención de cambiar la Ley de Extranjería

Si descarta al PP, la única fórmula pasaría por Junts, un partido que ha tenido posturas duras en este tema. ¿Confía en que los poscovergentes terminen apoyando el texto?

Confío porque así lo ha trasladado el presidente de Canarias, que ha hablado con Míriam Nogueras para este acuerdo puntual porque para la reforma del artículo 35 no hay acuerdo con Junts. Estamos encantados de poder avanzar en ese camino. El paso trascendental será conseguir el apoyo para el cambio de la Ley de Extranjería. Ahí también hablaremos de nuevo con el PP.

¿Por qué cree que el PP, que estaba cerca del acuerdo, se ha bajado políticamente?

Recuerdo que cuando empezamos las negociaciones, ante la posibilidad de que fuera un decreto ley, Díaz Ayuso dijo que lo llevaría al Constitucional. A eso se suma que Vox marca los gobiernos del PP cuando no tienen mayoría absoluta. Han vencido los presidentes que necesitan a la ultraderecha frente a los que gobiernan en Ceuta, Melilla y Canarias, que han tenido un peso menor para defenderse y elevar la voz para que saliera adelante esta cuestión de justicia. La ley nació principalmente para los menores nacidos en esos territorios, no para los migrantes que vinieran en pateras. Por eso hay que modificarla. No es justo que por ser una competencia autonómica se queden en ese territorio al que llegan. No es un concepto de país, porque llegan a España y a la UE. No condenemos a esos niños a estar hacinados, lo lógico es que haya una distribución justa en todo el territorio. No hemos conseguido que el PP lo vea. Sí lo han visto el Gobierno de España y once grupos políticos como ERC o EH Bildu. Votaron “no” los diputados del PP por el rechazo de los presidentes autonómicos.

Estoy absolutamente tranquilo, no ha aparecido ninguna prueba ni aparecerá

El PP lo ha citado el próximo martes en el Senado en la comisión de investigación sobre el caso Koldo. Los populares argumentan que usted mintió en su anterior intervención en ese órgano. ¿Lo hizo?

En absoluto, volverá a quedar demostrado el próximo martes. El PP hace un uso evidente de las comisiones de investigación. La naturaleza de estos órganos es intentar conocer qué ocurrió y la verdad. Los populares han bloqueado con otras fuerzas la comisión en el Congreso para que no fueran los presidentes autonómicos de su color. Es un gesto de absoluta de hipocresía: rechazan que vaya Díaz Ayuso para dar respuesta a lo que ocurrió con los fallecidos en las residencias, Moreno Bonilla para explicar por qué tres gerentes de su Gobierno están investigados por compra de material sanitario o Alberto Núñez Feijóo por denuncias al respecto. Pero con su mayoría absoluta en el Senado hacen que tengamos que ir otros más de una vez. A María Jesús Montero, a Óscar Puente y a mí nos hicieron ir en la semana previa del congreso federal. Y ahora en la misma semana que tengo el congreso regional. Quieren un uso político claro y partidario de una comisión que tiene que velar por la verdad.

Dejaré bien claro que no he mentido. Si quieren buscar a quienes sí han mentido, lo tienen mucho más fácil. Que miren al jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid y a su presidenta, que afirmó que Hacienda le debía fondos a un ciudadano que es su pareja y sobre el que hemos conocido que su abogado pidió un acuerdo a la Fiscalía por supuestos delitos cometidos. 

Como se ha publicado, ¿usted medió y aligeró el pago de un contrato a la trama de Aldama por 11,8 millones de euros a través de Koldo y del entonces consejero de Sanidad?

Es tan claro que está en el expediente. Ese material se envió a Canarias y había un contrato que especificaba que había que pagar el 50% cuando se hacía la petición y el restante cuando se entregaba. Llegó en mayo y se terminó abonando unos meses después. El contrato se tiene que cumplir por las dos partes y es lo que está en el expediente. Basta con mirar para verlo.

El PP lo señala en el caso Koldo llamándolo a la comisión y hablan de su cercanía con la trama. ¿Está tranquilo? ¿Cree que la justicia lo llamará en algún momento?

Absolutamente tranquilo. Espero que la justicia llame a quienes han hecho acusaciones gravísimas sobre mí, como que he perdido mordidas o que me he beneficiado de pisos y señoritas. Esto va contra la imagen de las personas, el honor y el ámbito más estrecho e íntimo. Sin ninguna prueba. A ver si en el Senado el martes el PP es capaz de demostrar las acusaciones en sede judicial del señor Aldama. Hasta ahora no ha aparecido ninguna prueba ni aparecerá nunca porque se basan en la infamia y en la difamación. Buscan desprestigiar en una campaña claramente política. 

¿Le afecta personalmente? ¿Le ha hecho replantearse sus responsabilidades?

Empecé en política en el año 1999, en la oposición. He sido casi todo: concejal, alcalde, diputado en las Cortes, parlamentario en Canarias, presidente de un cabildo y de la comunidad. No puedo darle nada más que gracias a la política y a mi formación. He sufrido en varias ocasiones campañas que quedaron absolutamente en nada. Eso no significa que esté acostumbrado. Recuerdo que en febrero de 2023 saltó el caso Medidor y decían que yo estaba al corriente de todo. Era absolutamente falso, había una voluntad política de hacer daño ante la cercanía de las elecciones. Hubo denuncias que tuvieron poco recorrido. Estoy sufriendo una situación semejante. Tengo la conciencia tranquila, duermo perfectamente. 

Habla de campañas políticas y de utilización de las instituciones. Hablemos del caso del fiscal general del Estado, ¿cree que hay una campaña contra él y una utilización de las instituciones como la Justicia? ¿Qué le parece la instrucción por parte del magistrado Hurtado en el Tribunal Supremo?

Hay preguntas que generan preguntas. ¿Cómo es posible que alguien como Miguel Ángel Rodríguez haya mentido en una declaración como testigo y no pase absolutamente nada? ¿Cómo es posible que la verdad, es decir, que se había lanzado un bulo, haga que alguien esté investigado cuando se debe perseguir a quien ha cometido un delito y ha mentido? Los instrumentos del Estado deben estar al servicio de la legalidad vigente y para perseguir al supuesto defraudador y al supuesto delincuente. Es lo que tiene que hacer el Estado de Derecho. Creo en la Justicia y, como dijo el presidente del Gobierno, que la mayoría en el ámbito judicial actúan defendiendo su código deontológico. Pero la ciudadanía está preocupada porque hay cuestiones que no entiende. ¿Qué se tiene que hacer ante una mentira? ¿Aceptarla? También es un derecho constitucional ser informado desde la verdad. Hay que perseguir a quien lanza un bulo de esta envergadura y que fue portada en periódicos. Eso parece que no tiene espacio en los medios de comunicación.

¿Cómo es posible que Miguel Ángel Rodríguez mienta en una declaración y no pase absolutamente nada?

¿Hay una judicialización de la política? ¿Dentro del sistema judicial se está librando una batalla política?

Defendemos absolutamente la separación de poderes, pero conozco casos, alguno por ejemplo en Canarias, de jueces que actuaron al margen de la ley y están en la cárcel. Eso es también la justicia. Estamos ante una situación que incluso históricamente se va a analizar. Hay un debate social porque hay testigos que han afirmado que les llegó el correo antes que al fiscal y no se ha tenido en cuenta en el auto. 

Ha sido uno de los ministros que ha estado más en el terreno en Valencia por la dana. ¿Qué le pareció la ovación que le dedicó el PP a Carlos Mazón el pasado fin de semana? ¿Está ya en una operación rehabilitación?

Es una decisión del propio president. Cuando solicitó la comparecencia en las Cortes, tendría que haber dicho que se equivocó, que su obligación era haber estado en el Cecopi desde el principio, que era el máximo responsable, que daba la cara y que en el momento oportuno deben ser otros los que tienen que llevar las riendas. No lo hizo. Las manifestaciones que ha habido en Valencia evidencian lo que siente el pueblo. ¿Una ovación interna de una organización política? Quienes lo hayan hecho son responsables de esos aplausos. Pero ahí está la sucesión de los acontecimientos. Yo he sido presidente de una comunidad autónoma y he tenido un volcán y situaciones muy complicadas. Por ejemplo, en La Palma hicimos que las personas con problemas de movilidad salieran de sus casas antes de la erupción. Se activaron mecanismos previamente. Nunca dejé de ejercer mi responsabilidad máxima. Eso no lo hizo Mazón el día que ocurrió la dana.

¿Debería dimitir?

Debería haber hecho un ejercicio propio en el momento oportuno. Se equivocó gravemente y no tuvo donde tenía que estar.

Mazón ha hecho una mezquina comparación entre las ayudas en Gaza y en Valencia

¿Qué le ha parecido que Mazón haya comparado las ayudas a Gaza y a Valencia afirmando que la Comunitat va a recibir “cero euros” de ayudas directas del Ejecutivo central?

Es simple y llanamente mentira. Y eso hace más mezquina la comparación. Estamos hablando de más 16.000 millones en medidas extraordinarias para las zonas afectadas y de más de 1.500 millones de euros en ayudas que ya han sido abonados. Es lamentable que se use el dolor de los valencianos y valencianas y el dolor de Gaza, con más de 45.000 personas muertas por la crueldad de esta guerra. Lo que ha hecho Mazón va en la línea del mensaje en las redes sociales que lanzó el viernes el PP. Es despreciable y demuestra una baja catadura moral. Escasa humanidad. Ese mensaje va a resonar siempre en sus conciencias. Después vendrán con aquello de que les faltó piel. No se lo va a creer nadie. Cada vez están más deshumanizados y son presos de la ultraderecha.

Antes hablaba del congreso del PSOE de Canarias, que se celebrará del 24 al 26 de enero. Volverá a ser elegido como secretario general. ¿Repetirá como candidato en las elecciones autonómicas de 2027? ¿Es compatible que haya hasta cinco ministros en el Gobierno que sean líderes territoriales?

Respecto al congreso, mi agradecimiento a los compañeros que me han animado a volver a presentarme y a la militancia que me ha apoyado durante estos años. Es un cónclave de un partido que ganó las elecciones en Canarias y que, según todas las encuestas, volvería a ganar los comicios. Es un partido fuerte con un gran poder municipal. Llegado el momento, si los afiliados lo consideran y tengo fuerzas para ir de candidato, lo haría. Estoy a disposición de mi organización. Me he presentado dos veces a la Presidencia de Canarias y he ganado las dos, pero al final las mayorías parlamentarios han dado otro gobierno. Vamos a trabajar para ganar. Hicimos una buena gestión con el Pacto de las Flores, dejamos a Canarias con mejores números en igualdad, lucha contra la pobreza, empleo, dependencia y escolarización de cero a tres años. Estoy convencido de que volveremos a ganar.

¿Se puede ser ministro a tiempo completo y ser secretario general del PSOE de Canarias?

Es un debate recurrente. Siempre respondo que son los equipos los que hacen que las cosas caminen. Tengo un gran equipo, tanto en el grupo parlamentario como en el partido. Estamos coordinados. Y esto no es nuevo. Las organizaciones están por encima de las personas. Hay momentos en los que la responsabilidad te llama y debes responder a ella. Son los militantes los que deciden quienes son los secretarios de las federaciones. Un ministro es un militante y está en igualdad de condiciones para ser candidato. Estoy muy orgulloso de mis compañeros en el Consejo de Ministros y estoy convencido de que lo harán magníficamente como secretarios generales y se convertirán en presidentes autonómicos.

¿Qué le parece el anuncio de Carles Puigdemont de paralizar las negociaciones sectoriales con el PSOE? ¿Confía en reconducir la situación?

Junts plantea un punto y aparte. No es un punto final. Así que nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta para mejorar el empleo, la economía y la justicia social. Y esa hoja de ruta tiene como base el diálogo para superar las diferencias. También con Junts, con quien se han ido cumpliendo los compromisos. Recuerdo que el ministerio que dirijo es el que se encarga de las relaciones con las comunidades autónomas y si hemos bajado un 70% la conflictividad bajo la presidencia de Sánchez en comparación con la de Rajoy, es porque damos prioridad al diálogo. Al entendimiento y la negociación. Así va a seguir siendo. Las situaciones siempre se pueden reconducir si hay diálogo.

Después de que la Mesa se haya dado tiempo para estudiar la proposición no de ley de Junts que pide a Pedro Sánchez someterse a una moción de confianza, ¿confía en que habrá presupuestos generales?

Después de lo acontecido, el Gobierno sigue adelante con su propuesta de presupuestos. Todos los ministerios ya hemos trasladado las nuestras y el Ministerio de Hacienda sabe las partidas que queremos aumentar y definir para las cuentas de 2025. Y el departamento está hablando con todos los grupos políticos. Hay algunos que ya están dando su apoyo y vamos a seguir para conseguir esos presupuestos, que son muy importantes para el Gobierno de España, pero también para todos los Ejecutivos autonómicos y locales. Recuerdo que el PP no votó en contra del techo de gasto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y luego sí en el Congreso porque Junts retiró el apoyo. Fue una decisión del PP absolutamente partidaria. Puso por delante hacer caer al Gobierno que defender más recursos para las autonomías que gobierna. Una cosa muy esperpéntica para el interés general.

La propia presentación del techo de gasto está en duda si no hay esos apoyos. ¿El Gobierno sólo lo remitirá a las Cortes si tiene la expectativa de poder aprobar las cuentas? ¿O lo enviará y que cada uno se retrate?

Será una decisión del Consejo de Ministros previa propuesta de Hacienda. La voluntad es presentarlos, pero será el Ministerio el que decida ante la perspectiva de esos apoyos.