Hurtado acelera en el caso contra el fiscal general mientras el fraude del novio de Ayuso sigue estancado

Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su salida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Las diligencias previas 928/2024 y la causa especial 20557/2024 tienen un nexo común: la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero el papel que desempeña en uno y otro es bien diferente. En el primero, Alberto González Amador está siendo investigado por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Y en el segundo, ejerce la acusación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de un correo en el que su abogado reconoce la comisión de dos delitos fiscales y busca un pacto con la Fiscalía. Un caso que avanza con rapidez en el Tribunal Supremo mientras el principal, el del fraude, continúa estancado.

La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid interpuso el pasado marzo una denuncia contra González Amador por dos delitos fiscales y otro de falsedad en documento mercantil. El fiscal, en su escrito, sostenía que Maxwell Cremona, administrada por el empresario, se dedujo "indebidamente" gastos "en virtud de facturas" que no se correspondían con "servicios realmente prestados". Comportamiento "fraudulento" con el que las arcas públicas dejaron de ingresar 350.951 euros en 2020 y 2021.

La firma que se encuentra bajo la lupa judicial experimentó un importante "incremento del volumen de negocios" durante aquellos años de pandemia. Si en 2018 y 2019 su facturación se situó en los 644.000 euros, en los dos años posteriores rondó los 3,7 millones de euros. De ellos, 1,973 millones procedieron, según explicó la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Hacienda, de un contrato por "intermediar" para la española FCS Select Products en la compraventa de material sanitario, como guantes o mascarillas.

El empresario ha buscado desde el primer momento un acuerdo que le evite la cárcel. Y prueba de ello es el correo que el 2 de febrero, antes de que se presentara la denuncia, su defensa envió a una dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid: "Estudiado el asunto [...] es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora".

Tres intentos de declaración frustrados

Ya han pasado diez meses desde que el Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid abriese una investigación contra la pareja de Isabel Diaz Ayuso. Y el caso, por el momento, se encuentra estancado. Los tres intentos por tomar declaración a González Amador como investigado fracasaron. El primero, por la imposibilidad de oír a otros acusados. El segundo, por la admisión de un recurso de PSOE y Más Madrid que buscaba ampliar la investigación, una suspensión que frustró el acuerdo que acababa de cerrar con Fiscalía y Abogacía: ocho meses de prisión y 491.000 euros de multa.

En cuanto al tercer intento, fue aplazado a petición, en este caso, de la pareja de Ayuso. La instructora había señalado para el último viernes de noviembre su comparecencia como investigado, pero González Amador pidió suspenderla –y lo logró– hasta que la Audiencia de Madrid resolviera sobre una ampliación de la causa acordada. En concreto, la instructora ordenó a finales de octubre, a raíz de un recurso de PSOE y Más Madrid, la apertura de una pieza separada centrada en los negocios del empresario con el gigante sanitario Quirón.

La magistrada recordaba que el Servicio Jurídico Regional de la delegación en Madrid de la Agencia Tributaria recogió en su día "otra conducta de carácter doloso y defraudatoria", consistente en usar Masterman como "sociedad instrumental" para, mediante la "cesión parcial de un contrato de servicios" con Quirón Prevención –la filial del grupo que hace chequeos para la Comunidad de Madrid–, ubicar "de forma ilícita y fraudulenta" en esta mercantil "pantalla" , que no contaba con "medios personales y materiales", parte de los ingresos generados por servicios que habría prestado realmente Maxwell.

La apertura de este nuevo frente, en el que también se pone el foco en el elevado precio que González Amador pagó por esta otra sociedad pese a su baja facturación, fue recurrida de inmediato por el empresario. "La cesión parcial del contrato de servicios de una a otra sociedad responde al deseo de liquidar la sociedad Maxwell (por suponer una duplicidad de costes administrativos) al haber comprado la sociedad Masterman, a la que se trasladó toda la actividad de aquella, incluida la parte del contrato con Quirón que faltaba por ejecutar", defendía en su recurso de apelación.

Casi tres meses después, el caso continúa parado a la espera de ver si la Audiencia de Madrid avala o no la ampliación de la investigación. La Fiscalía, no obstante, acaba de pedir a la instructora que no espere más y cite ya a declarar a González Amador. Al fin y al cabo, recuerda en su escrito, en marzo acaba el plazo de un año que la ley establece para las instrucciones. Y no se puede valorar la necesidad de prorrogarla sin tomar declaración a los investigados ni estudiar si son necesarias más diligencias.

Hurtado pisa el acelerador

Mientras el caso principal se mantiene en stand by, la causa derivada, la que salpica al fiscal general del Estado, avanza a toda velocidad en el Tribunal Supremo. En los tres meses que lleva viva la investigación, se ha registrado el despacho de García Ortiz y de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se han analizado los dispositivos informáticos de ambos –cuyo contenido ha quedado plasmado en dos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– y se ha tomado declaración a una decena de testigos, una lista que se ampliará en los próximos días.

El instructor, Ángel Hurtado, cree que las diligencias practicadas hasta el momento vienen a "apuntalar" la participación de García Ortiz y la fiscal jefa provincial de Madrid en la filtración del correo del 2 de febrero en el que el abogado de González Amador reconocía la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y ofrecía un pacto al Ministerio Público. Lo sostiene en base a las comunicaciones intervenidas hasta el momento, que prueban que el fiscal general pidió y recibió el correo que luego se filtró pero no demuestran que él fuera quien lo hiciese llegar a los medios.

El magistrado ve a García Ortiz como "la persona que dirigió los pasos" que llevaron a la revelación de secretos, aprovechándose de "la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición". Lo hace poniendo el acento en las "prisas" del jefe del Ministerio Público por conseguir en la noche de la filtración el cruce de correos del abogado de González Amador con la Fiscalía. Pero ignorando, al mismo tiempo, dos cuestiones fundamentales.

Por un lado, que el "frenético intercambio de comunicaciones" al que hace alusión el instructor se produjo en un contexto muy concreto, con el bulo del jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, ya en circulación. Y por otro, que dos de los periodistas que publicaron el email aseguraron haber tenido acceso al mismo mucho antes de que lo recibiera el fiscal general, lo que refuerza la tesis de la defensa de que la filtración pudo haber salido de otros sitios. "Se trata de testimonios que no aportan datos objetivos", lanza Hurtado.

Los móviles de García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid no han sido los únicos analizados en estos tres meses de investigación. La UCO también ha estudiado el del exsecretario general de los socialistas madrileños Juan Lobato después de que el político lo entregara de manera voluntaria en su declaración como testigo tras plantearle el magistrado esa posibilidad. Ahora bien, el instructor se ha negado, de momento, a un volcado similar del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, algo que la Abogacía ha reclamado en al menos dos ocasiones para comprobar lo declarado como testigo.

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La Fiscalía se ha opuesto desde el principio a la investigación de García Ortiz por revelación de secretos. Y ha llegado a cuestionar algunas de las diligencias acordadas por el magistrado instructor. Así, la teniente fiscal del Supremo que se ha encargado hasta ahora del caso, María Ángeles Sánchez Conde, llegó a recurrir en apelación los autos de entrada y registro dictados por Hurtado al considerar desmesurada la medida.

Una representante del Ministerio Público contra la que cargó recientemente el instructor. En un auto, Hurtado señaló que tener una asociación de fiscales como acusación popular podía ser positivo en "defensa de la profesionalidad y prestigio de la institución" ante la "posición" que había "venido mostrando" el Ministerio Fiscal, cuya representante había "llegado a pedir el archivo o sobreseimiento de las actuaciones, al menos en cinco ocasiones, sin éxito". "Y de la que, como última muestra, tenemos la declaración del fiscal Salvador Viada, que venía a poner de manifiesto su afinidad y proximidad mostrada con el investigado", sentenciaba.

García Ortiz, cuyo cruce de llamadas entre el 8 y el 14 de marzo ha sido solicitado ya por el magistrado instructor, se sentará el último miércoles de enero en el Supremo para prestar declaración como investigado. Al día siguiente, lo hará la fiscal jefa de Madrid. Y el 5 de febrero será el turno del teniente fiscal de la Secretaría Técnica y mano derecha del fiscal general, Diego Villafañe, a quien se ha ampliado la investigación en base a los mensajes intercambiados con Rodríguez –si bien ninguno de ellos muestra que tuviera acceso al correo en el que se centra la causa–. Habrá que ver si para entonces, el caso principal, el del fraude fiscal, ya se ha reactivado.

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