Padre, hermano, amigo empresario y pareja: quién es quién en la familia bajo sospecha de Ayuso

Primero fueron los negocios de sus padres. Luego, los de su hermano en plena pandemia. Y ahora, son los problemas de su pareja con el fisco los que han desatado la última tormenta alrededor de la baronesa conservadora. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, conocía perfectamente la investigación de Hacienda sobre las actividades de su compañero sentimental. Unas pesquisas que han derivado en una denuncia del Ministerio Público y de las que ella se ha apresurado a desvincularse. "Yo tengo que responder por la gestión de mi Gobierno", ha lanzado la líder del Ejecutivo regional. Lo ha hecho mientras vestía el caso como una suerte de cacería contra su entorno –"ahora le tocaba al novio"– y desacreditaba en redes a la fiscalía que ha judicializado un asunto que, en realidad, venía de la Agencia Tributaria.

El escrito de la Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público acusa a la pareja de la presidenta regional, Alberto González, de dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública relativos al Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, así como otro presunto delito de falsedad en documento mercantil. El fiscal sostiene que la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL, administrada por González, llevó a cabo "determinadas conductas" con la "única finalidad" de "reducir" su tributación "ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado" en plena pandemia. En concreto, recoge la denuncia, se habría deducido "indebidamente" gastos "en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados".

En el primero de los ejercicios bajo la lupa, señala el escrito, Maxwell Cremona se habría deducido de forma irregular una factura por importe de 620.000 euros emitida por una sociedad mejicana, empresa que "no realizó ningún servicio o trabajo" para la sociedad española. Y en 2021, la Fiscalía pone el foco sobre otras catorce facturas emitidas por distintas firmas, una de ellas costarricense. Con dicho comportamiento "fraudulento", las arcas públicas dejaron de ingresar, según la Agencia Tributaria, 350.951 euros –155.000 euros en el primer ejercicio y 195.951,41 euros en el segundo–. El Código Penal castiga con entre uno y cinco años de prisión el fraude fiscal que exceda de 120.000 euros. Junto a la pareja de Ayuso, la Fiscalía presenta denuncia contra otras cuatro personas más.

Además, en la noche de este martes, elDiario.es publicó que la pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas en pandemia. 

Donaciones familiares bajo sospecha

La familia se ha convertido en un quebradero de cabeza constante para Ayuso desde antes, incluso, de aterrizar en la Puerta del Sol. En junio de 2019, en pleno tira y afloja para conseguir los apoyos para la investidura, infoLibre desveló que los padres de la entonces candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid –Leonardo Díaz y María Isabel Ayuso– le habían donado en 2011 un piso en la capital cuando empezaban a acumular deudas importantes, una operación cuyo objetivo era evitar que el inmueble fuese embargado por los acreedores. Por el mismo método, y el mismo día, su hermano, Tomás Díaz Ayuso, recibió también la donación de una vivienda unifamiliar ubicada en el municipio abulense de Sotillo de la Adrada.

La recepción de ambas propiedades por parte de los hermanos se produjo en octubre de 2011. Un par de meses antes de que MC Infortécnica SL, el grupo participado al 25% por los padres de la dirigente autonómica, no devolviese a Avalmadrid 100.000 euros de principal y 3.000 de intereses vinculados al crédito de 400.000 euros que la entidad semipública había concedido a dicha sociedad. Unos meses antes, en enero de 2011, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica habían justificado su solvencia a la hora de solicitar el préstamo con un patrimonio que incluía más de una docena de propiedades. Entre ellas, las recibidas por la presidenta madrileña y su hermano.

Una operación por la que se interesó la propia Ayuso cuando era diputada rasa en la Asamblea de Madrid. Por mucho que la dirigente regional asegurase cuando se destapó el escándalo que ella no había "mediado" o "presionado", los correos publicados por este diario demostraron todo lo contrario. Durante meses, estuvo en contacto con un directivo de Avalmadrid y le pidió datos confidenciales sobre los socios de la empresa de sus padres y sus hijos. Emails que ponían de relieve, además, que la conservadora era consciente de la difícil situación económica de la empresa. Nueve días después de que Ayuso diera por muerta a la sociedad, el Grupo MC despidió al 85% de su plantilla. Y dos semanas más tarde, la presidenta aceptó la donación del inmueble en la capital.

El Tribunal Supremo, a pesar de todo ello, rechazó entrar a investigar el asunto. En noviembre de 2021, inadmitió a trámite una querella interpuesta por la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) contra la baronesa madrileña por un presunto delito de alzamiento de bienes. "No se aprecia la concurrencia de indicios consistentes contra la persona aforada en este momento. No era socia de MC Infortécnica; no consta que conociera su situación económica y societaria; no intervino en la operación de crédito o de aval; no era avalista ni deudora; no consta que conociera la deuda; y no se aprecia ningún indicio de que actuara en connivencia con los demás querellados para evitar el pago de la deuda de aquella sociedad", apuntó el Alto Tribunal.

Los negocios del hermano

Un año después de desvelarse el caso Avalmadrid, todos los focos se situaron sobre las actividades del hermano de la presidenta regional. Primero, se conoció que el Ejecutivo de Ayuso había adjudicado contratos por 70.500 euros sin concurso ni publicidad a Artesolar Iluminación SL, una firma para la que Tomás Díaz Ayuso aseguraba que trabajaba en su perfil de la red social Linkedin. Todas esas adjudicaciones estaban relacionadas con dos centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid: el Hospital Ramón y Cajal y el Hospital La Paz. Un mes después, elDiario.es también reveló que el Gobierno madrileño había adjudicado a una empresa vinculada con la anterior –Arteconfort Hotel SL– un contrato de 150.000 euros para el suministro de mascarillas en plena pandemia.

El hermano de la presidenta madrileña nunca formó parte de la plantilla de Artesolar. Ahora bien, según reconoció la propia compañía en un comunicado, sí había colaborado con ella como "asesor externo" en el "desarrollo de algunos proyectos". Por su actividad durante unos meses en 2019, percibió la "cantidad media" de 2.650 euros mensuales. Una retribución que en 2020 se redujo a los 2.000 euros y a 1.000 en 2021, cuando "concluyó" –en septiembre– la "colaboración" entre las dos partes. La compañía, no obstante, quiso dejar claro que todos los contratos públicos con la Comunidad de Madrid se habían realizado sin la intervención de un comercial externo.

Tomás, el amigo empresario y el pelotazo de las mascarillas

Para cuando Artesolar explicó públicamente sus vinculaciones con Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta madrileña ya se encontraba en el ojo de otro huracán que llevaba meses formándose. Era, en concreto, el que giraba alrededor de la adjudicación de un contrato valorado en 1,5 millones de euros a la firma Priviet Sportive SL, administrada por un empresario amigo de la presidenta y de su hermano –Daniel Alcázar–, para la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. Aquel expediente desató una guerra interna en el PP que terminó con la defenestración de Pablo Casado. Y provocó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción que varios meses después acabaría siendo archivada por no ver el fiscal jefe, Alejandro Luzón, indicios de delito.

Aquellas pesquisas, no obstante, confirmaron que Tomás Díaz Ayuso había hecho negocio con la venta del material sanitario, un mercado en el que lleva décadas moviéndose como pez en el agua. En total, el hermano de la baronesa emitió cuatro facturas a Priviet Sportive con el concepto "comisión comercial" por 234.103,52 euros. Una parte, relativa a 175.000 euros, se correspondía, según la Fiscalía Anticorrupción, con los trabajos que realizó para la empresa adjudicataria "en relación con distintas ofertas, entre ellas la analizada". Los 59.203,52 euros restantes, por su parte, estaban vinculados con "el bonus pactado por la obtención del contrato de mascarillas con la Comunidad de Madrid" –alrededor del 4%–.

Sismédica SL

La Fiscalía denuncia a la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal de 350.951 euros

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Pero Tomás Díaz Ayuso no fue, sin embargo, el único personaje vinculado a la líder del Ejecutivo regional que apareció entre los adjudicatarios de la Comunidad de Madrid. En abril de 2021, poco antes del adelanto electoral en la región, este diario desveló que el Gobierno madrileño había otorgado casi medio centenar de licitaciones por más de 129.000 euros de forma directa a Proyectos Hospitalarios Internacional SA (Prhoinsa) desde que figurase como administrador único de la firma Juan Carlos Herrero Casasola, uno de los fundadores de Sismédica SL, la empresa de la presidenta regional y Tomás Díaz Ayuso.

Un año después, se supo también que Prhoinsa se había hecho durante la pandemia con otro contrato de 925.000 euros para el suministro de ventiladores Biolight meditech para los centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud. Horas después de que Público pusiese el foco sobre este contrato, Herrero Casasola, quien fuera también uno de los socios de los padres de la presidenta durante la etapa de MC Infortécnica, quiso dejar claro que él no tenía desde hacía casi tres lustros ningún tipo de relación con los Ayuso.

Durante su primera legislatura, la baronesa conservadora ocultó a la Asamblea de Madrid, tal y como publicó infoLibre, el nombre de Sismédica SL, en la que aterrizó hace algo más de una década. Los padres de Díaz Ayuso transmitieron a sus dos hijos las participaciones de dicha sociedad en abril de 2012, cuando el riesgo de embargo por el caso Avalmadrid planeaba sobre la familia de la presidenta. La empresa es, en la actualidad, algo así como una sociedad fantasma: lleva desde 2014 sin cumplir la obligación legal de presentar cuentas anuales.