La televisión pública Canal Extremadura cumple en 2025 casi dos décadas desde su puesta en marcha. Comenzó sus emisiones en 2006, tras años de debate institucional (la empresa matriz, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, Cexma, se creó en 2000), y es la única autonómica pública que no forma parte de la Forta, la federación que agrupa a sus homólogas del resto de comunidades autónomas.

Nació durante el último mandato del entonces presidente de la Junta, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como un proyecto concebido, según sus promotores, para reforzar la identidad regional y garantizar un servicio público informativo adaptado a la realidad extremeña.

La audiencia de Canal Extremadura se mueve desde hace años entre un 4,4% y un los 5,7% de cuota de pantalla, por debajo de todas las generalistas en su territorio, salvo Cuatro y la Sexta. Si el promedio de las autonómicas se situó en marzo en un 8,8%, según datos de Barlovento, Canal Extremadura apenas alcanzó un 5,5%, sólo por delante de las emisoras públicas de Illes Balears, Madrid, Comunitat Valenciana y Asturias.

La Ley 3/2000 de 20 de abril la obliga a prestar un servicio audiovisual plural, objetivo e independiente que refleje la diversidad social y cultural de Extremadura. Algo que no todo el mundo reconoce. No lo hacía el PP cuando estaba en la oposición y no lo hace ahora el PSOE extremeño, desalojado del Gobierno autonómico desde 2023 en virtud del pacto suscrito por el Partido Popular y Vox.

Sin embargo, el actual consejo de administración de la corporación (nueve miembros) fue elegido en diciembre de 2023 por unanimidad de todos los grupos representados en la Asamblea extremeña. Una circunstancia que es consecuencia directa de que la ley reguladora de los medios públicos en la comunidad mantiene la exigencia de que el consejo tenga que ser elegido sí o sí con el respaldo de al menos dos tercios de los diputados autonómicos.

El vínculo político, no obstante, sigue muy presente. El mandato del consejo dura lo mismo que la legislatura. El del director general de la corporación, en cambio, es de cinco años, aunque también depende del respaldo político de la Asamblea (es elegido por mayoría de tres quintos).

Al frente de la corporación está en estos momentos Dámaso Castellote Caballero, elegido en 2021, cuando todavía gobernaba el PSOE. Lo que significa que el año que viene la Asamblea de Extremadura tendrá que decidir si le renueva en el puesto o le sustituye. Y que deberá hacerlo, de nuevo, por consenso.

De lo que no hay ni rastro es de mecanismos de protección para el ejercicio del periodismo. Canal Extremadura carece de un consejo de redacción independiente y su estructura interna no incluye órganos de supervisión editorial autónomos. Y no es porque los trabajadores no lo hayan pedido.

El comité de empresa reclamó sin éxito, hace ya una década, un cambio en la ley que regula la corporación para crear un consejo de informativos siguiendo el modelo de RTVE y en línea con lo que ya es obligatorio desde este agosto, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Un mecanismo estable con capacidad para pronunciarse sobre la calidad y, sobre todo, la neutralidad de las noticias que emite Canal Extremadura. Y no sólo eso: el comité planteó también que los sindicatos tuviesen asiento en el consejo de administración de la corporación, que en la actualidad está dominado por representantes de los partidos políticos.

Existe, eso sí, un consejo asesor que cumple una función de supervisión y asesoramiento en Canal Extremadura, con especial peso en temas de programación, aunque carece de capacidad ejecutiva o de veto. En última instancia, decide siempre el consejo de administración o el director general. En él tienen voz, pero escasa capacidad de influencia, representantes del mundo de la empresa, las entidades locales, la educación, las universidades o los consumidores. Y la figura del Defensor de la Audiencia, que no consta se haya pronunciado nunca sobre los informativos.

El modelo de financiación tampoco se corresponde con lo que exige Europa. El presupuesto actual del ente público rozó en 2024 los 28,4 millones de euros, que salen directamente de los presupuestos generales de Extremadura. A pesar de lo cual, Canal Extremadura mantiene un modelo mixto de producción, con un alto grado de externalización de contenidos a empresas privadas, incluidos los servicios informativos. Este último aspecto ha sido motivo de críticas por parte de diversos colectivos, que advierten del riesgo de precariedad laboral y de clientelismo en la adjudicación de contratos.

La consecuencia es que Canal Extremadura cumple solo parcialmente los requisitos establecidos por la normativa comunitaria. Sobre todo porque no dispone de órganos independientes de gobernanza editorial ni de procedimientos públicos, competitivos y transparentes para la designación de su dirección.

Contar con un contrato programa fue, precisamente, una demanda del actual director general ante la Asamblea en su primera comparecencia, en febrero de 2022. “La puesta en marcha de un contrato-programa y el necesario marco jurídico con una duración plurianual” sería “una herramienta” para dar “estabilidad financiera a la organización” y aportar “estabilidad, flexibilidad, agilidad y seguridad”, aseguró entonces ante los representantes de los partidos. De momento, nadie le ha hecho caso.

Asimismo, la publicación de contratos y datos presupuestarios es limitada y no responde plenamente a los estándares de transparencia financiera recomendados por la Comisión Europea.

La Región de Murcia es, desde hace años, uno de los territorios más estables políticamente de España. El Partido Popular gobierna ininterrumpidamente desde 1995, aunque en los últimos años se ha visto obligado a contar con el acuerdo —y a menudo la supervisión— de la ultraderecha de Vox, que en esta comunidad cosecha un apoyo por encima de la media española.

Esa continuidad ha dejado una impronta profunda en las instituciones autonómicas, incluidas las que deberían ejercer funciones de contrapeso. Una de ellas es la Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM), cuya situación actual plantea serias dudas sobre su independencia editorial, su estructura de gobernanza y su adecuación al nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios.

La 7, que es como se llama su canal de televisión, está a la cola en términos de audiencia entre las autonómicas (3,7% en la Región), según datos de Barlovento del mes de marzo. Pese a su modesto alcance —alrededor del 4% de audiencia media en 2024—, la televisión pública murciana ejerce una función clave en la construcción del relato político regional en un entorno en el que las voces críticas encuentran dificultades para tener presencia institucional y donde el Gobierno autonómico utiliza con naturalidad los medios públicos como altavoz de su gestión.

La televisión pública autonómica comenzó a emitir en abril de 2006, bajo el segundo mandato de Ramón Luis Valcárcel. Se hizo al amparo de la Ley 9/2004, reformada en 2012 y 2015, que otorgaba al Gobierno regional amplias competencias para constituir y gestionar el nuevo servicio público de comunicación audiovisual. La primera reforma, la de 2012, dio cobertura legal a la privatización de la gestión, al amparo de la reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy para “flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos, permite que las comunidades autónomas puedan decidir sobre la prestación del servicio público de comunicación audiovisual, pudiendo optar por la gestión directa o indirecta del mismo a través de distintas fórmulas que incluyan modalidades de colaboración público-privada”.

Desde el principio, RTRM adoptó un modelo híbrido: mientras la infraestructura y la titularidad del canal seguían siendo públicas, la producción de contenidos se externalizaba. La producción está en manos de una filial del Grupo Secuoya, Central Broadcaster Media (CBM), en régimen de concesión pública. La misma empresa que se ocupa de la televisión autonómica en Extremadura y en Illes Balears.

La fórmula es aparentemente simple: el Gobierno regional mantiene el control político del ente, y el contenido lo gestiona una empresa privada que factura millones cada año cuyo origen son recursos públicos.

El marco normativo que regula RTRM se ha quedado desfasado frente a las exigencias normativas actuales. El actual director general, José Antonio de las Heras, abogado y periodista, pero también exconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional con el PP, en la etapa de Ramón Luis Valcárcel, fue elegido en la Asamblea Regional por mayoría de dos tercios.

Para conseguirlo, bastaron los votos de PP y Vox (la izquierda votó por otra candidata). Pero si no hubiesen sumado, habría sido suficiente mayoría simple en una segunda votación, lo que elimina cualquier necesidad de consenso político en el arco parlamentario. No hay convocatoria pública, ni comparecencia parlamentaria. De las Heras fue propuesto directamente por el PP.

En palabras del entonces portavoz del PSOE en la Asamblea, José Vélez: “Su vinculación con el Partido Popular es clara. Ha sido miembro de los gobiernos del PP en la Región durante ocho años, como jefe de gabinete en varias consejerías y como consejero. No era uno más. Fue uno de los pilares del Gobierno regional del Partido Popular”.

Lo mismo ocurre con el Consejo de Administración, cuya teórica función de supervisión pluralista se ha visto vaciada de contenido. La representación de los grupos parlamentarios se establece mediante pactos internos que dependen de mayorías coyunturales, y no existe un mecanismo de participación ciudadana ni profesional. Para colmo, la mayoría reforzada que exige la ley para su elección se puede saltar fácilmente porque, en segunda vuelta, su nombramiento es viable solo con mayoría simple, que por regla general suele ser la que apoya al Gobierno.

No existen tampoco protocolos para proteger la independencia editorial ni el trabajo de los periodistas frente a presiones políticas, ni estatutos internos que garanticen el trabajo de la redacción.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios obligará, a partir del 8 de agosto, a los Estados miembros y a sus administraciones regionales a garantizar la independencia editorial de los medios públicos. No es una declaración genérica. Incluye previsiones muy concretas: nombramientos por concurso público y justificados por méritos profesionales; mandatos limitados e incompatibles con cargos políticos; supervisión por órganos independientes y financiación suficiente, transparente y no sujeta a represalias políticas.

Que la gestión la lleve a cabo una empresa privada no evitará tener que cumplir la ley, porque la norma europea se aplica a todos los medios de comunicación que prestan un servicio público, con independencia de si son gestionados directamente por una administración o subcontratados a empresas privadas.

La Región de Murcia, y La 7, van a tener que cambiar su forma de actuar para garantizar nombramientos transparentes y meritocráticos de los órganos de dirección, un modelo de financiación adecuado, estable y plural, no vulnerable a presiones partidistas, una supervisión pública efectiva y mecanismos que blinden el trabajo de los periodistas.

Si no lo hace, cualquier persona o entidad puede denunciar prácticas contrarias a los principios del reglamento ante las autoridades nacionales de regulación (en España será la CNMC) y ante la nueva Junta Europea de Servicios de Medios. Si un gobierno regional permite que un ente público como RTRM funcione al margen de la nueva normativa europea, España se arriesga a ser sancionada.

La Radio Televisión Canaria (RTVC) vive en una situación de excepcionalidad crónica. Las leyes que la regulan, en las que está previsto elegir hasta cuatro órganos, se convirtieron durante años en papel mojado ante la imposibilidad de los partidos representados en el Parlamento autonómico de llegar a un acuerdo para decidir su composición.

La situación llegó a un punto en el que el actual Gobierno de la comunidad, presidido por el nacionalista canario Fernando Clavijo y del que forma parte el PP, aprobó, en octubre de 2023, un decreto ley para atajar el problema. En él, a la vista del “fracaso” del modelo de regulación de sus medios públicos y de la “situación crítica” a la que se había llegado, así como de la incapacidad institucional para resolver la situación, decidió dar cobertura legal al nombramiento de un administrador general elegido por mayoría absoluta en el Parlamento de Canarias. La misma mayoría que forma el actual Ejecutivo.

No es de extrañar: la conexión entre la actual administradora y el Ejecutivo de Clavijo no puede ser más evidente. María Méndez Castro fue elegida para el cargo con 36 votos a favor (CC, PP, ASG y AHI) y 28 abstenciones (PSOE, NC y Vox). Méndez, economista de profesión, llegó al puesto directamente desde el Gobierno canario, en el que ocupaba la Dirección General de Relaciones Exteriores adscrita a la Presidencia del Gobierno.

Aquel decreto, presentado como una medida “transitoria y extraordinaria”, justificada por la “situación de absoluto bloqueo y paralización institucional que padece el ente público”, lleva en vigor casi dos años, la mitad de la legislatura en la comunidad.

Según la Ley 13/2014 de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobada por el Parlamento el 26 de diciembre de 2014, deberían haberse constituido cuatro órganos encargados de garantizar el funcionamiento ordinario del ente público: Junta de Control (equivalente a un consejo de administración), Dirección General, Consejo Asesor y Consejo de Informativos. Pero la falta de acuerdo parlamentario ha imposibilitado su nombramiento.

Entre 2018 y 2023, la dirección de RTVC estuvo en manos de la figura de un administrador único, que a su vez fue concebida como “un remedio extraordinario, interino y transitorio” a la espera de que el Parlamento lograra designar los órganos de gestión. Fueron otros cinco años durante los cuales los grupos parlamentarios han sido incapaces de nombrar director general ni lograron constituir los órganos previstos por ley.

El Gobierno de Clavijo justificó el decreto de 2023 ante esta “situación crítica y de fracaso institucional”, con el fin de garantizar el funcionamiento pleno de un servicio público que considera “esencial” para la comunidad autónoma. En el espíritu de aquella medida supuestamente transitoria, el Ejecutivo anunció su intención de “asumir la iniciativa legislativa” y elevar al Parlamento de Canarias un proyecto de nueva Ley de RTVC que sustituya a la “fracasada” normativa vigente de 2014. De hecho, nada impide, sobre el papel, cumplir la ley original, que sigue vigente, y designar Junta de Control o Dirección General, para lo cual basta con mayoría absoluta en el Parlamento.

El resultado es una normativa que incumple, en todos sus términos, las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios, aprobado en 2024. Una norma que exige que todos los medios públicos de la Unión cumplan una serie de condiciones para garantizar su sostenibilidad e independencia, y que blinde al mismo tiempo el trabajo de sus profesionales frente a cualquier intento de injerencia política.

La Directiva Europea demanda garantías de independencia editorial, transparencia en los nombramientos y financiación adecuada y previsible para los medios públicos, así como mecanismos claros para proteger la independencia de los profesionales y la pluralidad informativa.

En Canarias, por ejemplo, no existe un Consejo de Redacción, lo que limita la capacidad de la plantilla de RTVC para canalizar denuncias internas sobre injerencias o censura. Esto dificulta cumplir plenamente con los estándares europeos de independencia editorial y protección de los profesionales.

En los últimos años, se han sucedido algunas denuncias públicas de manipulación informativa y quejas de trabajadores por falta de independencia política. En 2018, una periodista de Televisión Canaria denunció públicamente la censura de un reportaje crítico con una iniciativa del Gobierno regional, alegando que la dirección de informativos vetó la pieza por considerarla “tendenciosa y escorada”, y que solo se permitiría su emisión si incluía opiniones favorables a la postura oficial.

La periodista señaló entonces un punto esencial, que es precisamente lo que el Reglamento Europeo de Medios ha venido a poner sobre la mesa: la carencia de un Consejo de Redacción como vía interna para denunciar estas situaciones, una reivindicación respaldada por la plantilla y por los partidos políticos de la izquierda del arco parlamentario, que también han criticado la censura y la manipulación en los informativos de la cadena.

Otro ejemplo, más reciente. En 2024, durante una tertulia en la que se trataba el tema del caso Mascarillas en Canarias y la querella de la Fiscalía contra varios empresarios, la presentadora del programa interrumpió a uno de los contertulios cuando mencionó el asunto: “Órdenes de dirección”, se justificó la presentadora.

Lo ocurrido motivo un pronunciamiento crítico de la Asociación de Periodistas de Tenerife (APT) subrayando que “se hace necesario e indispensable reactivar los órganos de seguimiento y control de la Televisión Pública Canaria creados ex profeso para su equilibrado funcionamiento”.

La distancia entre la regulación legal y la aplicación real de las normas que afectan a la televisión local en Asturias es una evidencia. El actual director general de Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), Francisco González Orejas, ocupa el cargo en funciones desde marzo de 2019, lo que significa que la Junta General (el Parlamento autonómico) lleva más de seis años incumpliendo la obligación legal de nombrar a la persona de la que dependen la radio y la televisión públicas en la comunidad.

El artículo 20 de la ley reguladora, que data de 2014, establece que “el Director será elegido por la Junta General del Principado de Asturias, previa comparecencia del candidato” para que la Cámara pueda “informarse de su idoneidad para el cargo, por mayoría de dos tercios, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, en primera convocatoria. Si transcurridas veinticuatro horas desde la primera votación no se alcanzase esa mayoría, se elegirá por mayoría absoluta en una nueva votación”.

Cuando González Orejas (Mieres, 1957), licenciado en Periodismo y doctor en Filología Hispánica, se hizo con el cargo, era un miembro más del consejo de administración de RTPA. Fue elegido director en funciones con seis votos a favor —los de los consejeros propuestos por el PSOE, IU, PP y Foro— y dos en contra —los de Podemos—. Aquel día, el consejo instó y urgió a la Junta General a pactar el nombre de un director general ya. Y hasta ahora.

Porque, durante seis años, la Junta General ha sido incapaz de cumplir con su obligación legal. Lo que significa que González Orejas ya ha superado incluso el mandato legal que tendría un director general elegido con arreglo a la ley. Y contando.

Y eso que el Parlamento asturiano sí encontró la forma de renovar a los ocho miembros del consejo de administración. Lo hizo en mayo de 2022, eligiendo tres a propuesta del PSOE, dos a iniciativa del PP, uno a instancias de Ciudadanos, otro a propuesta de Podemos y el último designado por IU.

No es la primera vez que alguien se tiene que hacer cargo de la RTPA en funciones, aunque sí la más prolongada en el tiempo. Cuando José Ramón Pérez Ornia, el primer director general, dimitió después de permanecer en el cargo entre 2005 y 2011, le siguió en funciones unos meses José Guerenabarrena, después del cual asumió la máxima responsabilidad de los medios públicos asturianos Antonio Virgili, también en funciones. De hecho, la Junta General no oficializó su puesto hasta 2015, cuatro años después. Virgili, doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, donde se licenció en Ciencias de la Información, dimitió en 2019, lo que abrió la puerta a la interinidad actual.

El desinterés de la Junta General y del Gobierno del Principado por el cumplimiento de la ley que regula la RTPA ha tenido como consecuencia que nunca, desde que se introdujo en la ley de 2014, se haya aprobado el mandato marco, el instrumento estratégico y plurianual que establece los objetivos generales y las líneas de actuación del servicio público de radiotelevisión autonómica. Lo acaba de aprobar la Junta General —tras debatirlo el pasado mes de junio, con 11 años de retraso— con una vigencia de nueve años y, al menos, con el consenso de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox.

Más difícil lo tiene el contrato programa, también previsto en la ley y a su vez inédito. Consiste en un acuerdo con una vigencia de tres años entre el Gobierno del Principado de Asturias y RTPA, que traduce el mandato marco en compromisos concretos y financiación para su cumplimiento.

En consonancia con esta falta de desarrollo de la ley, tampoco ha tenido gran eficacia la previsión de creación de un órgano consultivo abierto a la sociedad civil que la norma de 2014 bautizó como Consejo de Comunicación. En él tienen asiento, durante seis años, nueve personas nombradas por el Gobierno a propuesta de empresarios, periodistas, publicistas, compañías audiovisuales, productoras, asociaciones de consumidores, sindicatos, entidades locales, Administración autonómica y universidad. Lo mismo sucede con el Consejo de Informativos, que debe representar a los trabajadores de la RTPA.

Así las cosas, la Radio Televisión Pública, aunque no ha sido objeto de grandes controversias en relación con la manipulación informativa o su dependencia del poder político, más allá de las habituales acusaciones de los partidos que están en la oposición y se sienten infrarrepresentados en los informativos, difícilmente cumple las exigencias del Reglamento Europeo de Medios, la directiva que, desde agosto, exige a los medios públicos de la UE cumplir determinados requisitos.

La EMFA, por sus siglas en inglés, exige la adopción de normas internas claras y comités independientes para proteger la libertad de los periodistas frente a presiones internas o externas. Eso significa estatutos de redacción (un documento que recoja los principios éticos, los derechos de los periodistas y los procedimientos para resolver conflictos con la dirección) y consejos de redacción (un órgano elegido por la plantilla periodística que puede emitir informes o vetar decisiones que afecten la independencia profesional). La RTPA cuenta, en teoría, con ese órgano de representación de los trabajadores para defenderse de injerencias internas y externas.

La segunda exigencia es que el nombramiento del equipo directivo de los medios públicos se base en procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios, con duración limitada y causas claras de cese. Eso significa que debe hacerse por concurso público con méritos profesionales, evaluarse a través de un órgano plural e independiente y llevarse a cabo mediante votación cualificada del parlamento autonómico. Nada de eso sucede en el caso de los medios públicos asturianos.

De nuevo, sobre el papel, la RTPA está trabajando para cumplir el tercer requisito, aunque todavía no lo ha conseguido. Se trata de adoptar un modelo de financiación “plurianual, estable y adecuada”, que debe estar separada de los presupuestos generales de la comunidad para evitar castigos o premios en función de los contenidos, y tiene que basarse en mandatos de servicio público definidos y evaluables.

IB3, la televisión pública de Baleares es un hervidero de conflictos. La sustitución del director general anterior, Albert Salas, por Josep Maria Codony Oliver, un ejecutivo de medios especializado en márquetin y ventas, con los votos de PP y Vox como único respaldo (32 votos a favor, la mayoría absoluta de la cámara, frente a 20 votos en blanco y 4 nulos), no ha sido bien recibida ni por los representantes de los periodistas baleares ni por la plantilla del ente público. Su designación resume las intenciones del actual Govern, presidido por Marga Prohens: Codony ya estuvo al frente de IB3 entre 2014 y 2015, cuando tenía carné del partido.

La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB), integrada en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), criticó que el nuevo director no sea titulado en Periodismo o Comunicación Audiovisual y que su trayectoria profesional tenga “una notoria significación política”.

Su antecesor, el periodista Albert Salas, había sido elegido apenas un año y medio antes con un consenso políticamente mucho mayor: aunque el PSIB se abstuvo, logró sumar a los votos de Vox y del PP los de Més per Mallorca y de Més per Menorca, con el compromiso de mantener el catalán como lengua de trabajo en la radiotelevisión pública.

La audiencia, aunque modesta, mejoró en el último año: IB3 Televisió cerró 2024 con un 5,2% de cuota media de pantalla anual, dos décimas por encima del registro del año anterior. Las mejores cifras en una década. Pero, como telón de fondo, sigue estando el conflicto provocado por la normalización pendiente de nada menos que trescientos profesionales que fueron internalizados formalmente, pero que no son funcionarios, lo que afecta a sus salarios, entre otros derechos. Una huelga reciente de cuatro días concluyó sin acuerdo para resolver la situación de estos trabajadores.

Los medios públicos de Illes Balears están agrupados en el Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) desde el año 2004 para unificar la gestión de la radiotelevisión pública balear, compuesta principalmente por IB3 Televisió e IB3 Ràdio, que comenzaron sus emisiones regulares en 2005. La puesta en marcha de IB3 fue una respuesta a la demanda de contenidos propios en catalán y con enfoque territorial, similares a los modelos de otras comunidades con lengua propia.

El ente se rige actualmente por la Ley 15/2010, de 21 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears, reformada en 2015. Una norma que, aunque formalmente mantiene las mayorías reforzadas como mecanismo para elegir al director general y a los nueve miembros del Consejo de Dirección, consagra la dependencia política de la radio y la televisión públicas del archipiélago al permitir que, si no hay acuerdo, se les pueda designar por mayoría absoluta volviendo a votar en el plazo de un mes. En la práctica, los partidos se reparten proporcionalmente la representación del Consejo de Dirección, que es como se llama en Illes Balears a lo que en la mayoría de las televisiones públicas se conoce como consejo de administración.

El mandato de los miembros del Consejo de Dirección es de seis años y solo se puede renovar una vez. Hace apenas tres meses, el Parlamento balear relevó a cinco de ellos, cuyo mandato había caducado. Gracias a ese cambio, que no tuvo ningún voto en contra (en virtud del reparto pactado entre partidos), en este órgano ya se sienta un representante de Vox que fue candidato en las últimas elecciones.

En los medios públicos baleares no existe un Consejo de Informativos ni un estatuto profesional que blinde a los profesionales que trabajan en ellos. Pero sí hay un Consejo Asesor con un mandato de cuatro años (el mismo que la legislatura), integrado por quince miembros entre los que debe haber representantes de los sectores profesional, educativo y cultural, las asociaciones de consumidores y usuarios, así como las asociaciones representativas de personas con discapacidad y de los jóvenes y las personas mayores. El último fue elegido en marzo, en este caso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

La ley obliga al Parlamento balear a aprobar un mandato marco estableciendo los objetivos que debe alcanzar el servicio público de radio y televisión, y con una vigencia de seis años. De él debería derivarse un contrato programa trianual.

Los medios públicos de Illes Balears no cumplen las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, especialmente en lo que se refiere a la independencia efectiva y la protección frente a interferencias políticas. El mecanismo de elección de su dirección no garantiza su independencia y tampoco existe protección alguna para los profesionales de la información. La financiación, por último, depende de los presupuestos autonómicos, sin blindaje legal estable.

Durante años, se han sucedido las acusaciones de manipulación informativa a favor del gobierno de turno. Profesionales y comités de empresa han denunciado repetidamente la existencia de presiones y la falta de independencia con la que se ven obligados a trabajar.

El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) documentó en su día 20 casos de “censura flagrante” e “injerencia política en favor del Gobierno balear” durante el mandato del PP. Los periodistas describieron un ambiente de “miedo a desobedecer” porque podían ser sancionados, trasladados o despedidos.

El grupo parlamentario del PSOE llegó a anunciar en 2007 que no participaría en programas de IB3 por considerar que sus contenidos mostraban “partidismo” evidente y una falta de pluralidad, al servir “solo a los intereses del PP”.

La desconexión entre la gobernanza de los medios públicos autonómicos de Aragón y los partidos políticos que históricamente han controlado el Gobierno de la comunidad nunca ha existido. Las leyes reguladoras de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), la entidad de la que dependen Aragón TV y Aragón Radio, siempre han dejado abierta la puerta al control gubernamental, facilitando que sus órganos de gobierno —el consejo de administración y la dirección general— pudiesen ser elegidos por mayoría absoluta, la misma que elige el Gobierno de Aragón.

No obstante, y por si a alguien le quedase alguna duda, en el último retoque a la ley reguladora de los medios públicos aragoneses, aprobada por las Cortes autonómicas en 2023, hace menos de dos años, la alianza formada por el PP y Vox dejó claro quién manda en la televisión y la radio autonómicas: “El Consejo de Administración es un órgano que obtiene su legitimidad respetando la representación de los grupos parlamentarios existentes en las Cortes de Aragón en cada legislatura. Por ello, la composición del Consejo de Administración debe respetar esa voluntad de los aragoneses expresada en las urnas”, señala la reforma en su exposición de motivos.

Con este planteamiento, no es de extrañar que la elegida por el Gobierno aragonés, a través de un consejo de administración de la CARTV controlado por PP y Vox (ocho de sus quince miembros fueron seleccionados por la derecha y la ultraderecha), fuese Raquel Fuertes. Esta periodista no solo tiene experiencia como trabajadora de la radio y la televisión autonómicas, sino que fue jefa de prensa y jefa de gabinete de Roberto Bermúdez de Castro cuando era portavoz y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón entre 2011 y 2015, durante el mandato de Luisa Fernanda Rudi (PP).

Bermúdez de Castro, que fue después secretario de Estado del Ministerio para las Administraciones Territoriales durante los cuatro últimos años de Mariano Rajoy, vuelve hoy a estar en el Gobierno de Aragón —en calidad de consejero de Hacienda y Administración Pública— que en última instancia nombró a Fuertes.

La relación con el PP no es, además, la única que llama la atención en el currículum de la directora general. Durante ocho años y tres meses trabajó en el departamento de comunicación del grupo Henneo, el principal beneficiario de que la CARTV tenga privatizada gran parte de sus producciones.

Porque Aragón TV tiene externalizados casi todos sus servicios, lo que genera un jugoso negocio para muchas empresas, en particular para el grupo Henneo, propietario de la principal cabecera regional, el Heraldo de Aragón, y del diario 20 Minutos, así como de casi medio centenar de compañías, entre las que destacan varias que se dedican ex profeso a suministrar contenido a la televisión pública de Aragón.

La dependencia de Aragón TV del grupo Henneo es enorme: este grupo privado de comunicación, propiedad de la familia Yarza (70%) y de Ibercaja (30%), se encarga de producir la mayor parte de los contenidos audiovisuales de Aragón TV. El negocio es grande: según el Informe de fiscalización de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión de los ejercicios 2019-2020, publicado por la Cámara de Cuentas de Aragón, del total del presupuesto de 42,85 millones de euros para contenidos en el año 2020, al menos 33,23 millones (más del 77%) los absorbía el grupo Henneo, con empresas de su propiedad como Chip Media, Factoría Plural o Global Studio News.

El consejo de administración, dominado en la actualidad por PP y Vox, está compuesto por quince miembros elegidos para cada legislatura (la conexión política se refuerza en este punto) por el Pleno de las Cortes de Aragón. No hace falta una mayoría reforzada, porque la ley facilita que, en segunda votación, sean elegidos por mayoría absoluta.

El mecanismo para designar a quien ejerce la dirección general es muy parecido al establecido para el consejo, que formalmente es quien propone su nombre. De nuevo, en este caso, la mayoría absoluta es suficiente para su designación. El consenso entre la mayoría que apoya al gobierno de turno y los partidos de la oposición está descartado.

Hay, además, otro órgano, el Consejo Asesor, sin poder real, en el que tienen asiento representantes de entidades o instituciones que la ley considera representativas y con derecho a opinar sobre la Corporación. Entre ellos están: dos consejeros elegidos por los trabajadores de la CARTV y de sus sociedades, escogidos por las organizaciones sindicales; dos designados por los trabajadores de las empresas privadas que prestan servicios de producción audiovisual para la Corporación; dos seleccionados por representantes de asociaciones de la prensa y de otras organizaciones profesionales del sector; dos que designan las universidades; dos más elegidos por consumidores y usuarios; uno designado por asociaciones de discapacidad; y otros tres que seleccionan los institutos de la Mujer, Juventud y Empleo.

Lo que no hay es nada parecido a un Consejo de Informativos, con representación profesional y herramientas para que los periodistas se puedan defender de las presiones políticas, ni un estatuto de redacción que garantice los derechos de los profesionales que trabajan en Aragón TV.

En estas circunstancias, no es de extrañar que la radio y la televisión públicas sean objeto de controversia política con frecuencia, con quejas recurrentes de las formaciones de oposición a la cobertura que hacen de la actualidad.

Por supuesto, no cumple los estándares que la EMFA (el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, por sus siglas en inglés) impone a los medios públicos y que el Gobierno español y las comunidades autónomas están obligados a cumplir si no quieren exponerse a ser objeto de sanciones por parte de la Comisión Europea.

El reglamento europeo exige independencia editorial y protección de los periodistas que trabajan en los medios públicos (debe haber un estatuto interno y un consejo de redacción elegido por ellos). Los nombramientos deben ser mediante concurso, transparentes y plurales, y sin intervenciones políticas sesgadas. También hace falta una financiación estable y plurianual para que sea predecible, no supeditada al gobierno de turno.

El control político de los medios públicos en España se ejerce, en todos los casos, a través de mayorías parlamentarias. Casi siempre, por mayoría absoluta, lo que facilita la elección de órganos de gobierno de la radio y la televisión del perfil que más conviene o que más gusta al Ejecutivo de turno. A veces, muy pocas, por mayorías cualificadas, que obligan a encontrar perfiles profesionales susceptibles de conseguir un amplio respaldo que, necesariamente, tiene que incluir a los partidos de la oposición.

El caso de Castilla-La Mancha obvia esa ceremonia, en la que se invoca el consenso político, en mayor o menor grado, a través del legislativo. En esta comunidad, es el Consejo de Gobierno —o, lo que es lo mismo, el presidente de la comunidad, que en la actualidad es el socialista Emiliano García-Page— quien elige al director general del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla–La Mancha. Sin más trámite que “oír” a un Consejo de Administración que, este sí, es elegido por la misma mayoría política que elige al presidente de Castilla-La Mancha.

El puesto lo ocupa, desde hace más de diez años, la periodista Carmen Amores. Llegó al cargo en 2015, después de que García-Page cesara a su antecesor, Ignacio Villa, cuya gestión había puesto en entredicho no solo la integridad informativa de la radio y la televisión públicas, sino la limpieza de su contabilidad.

Amores, licenciada en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, tiene un mandato ligado al del presidente que la nombra y, gracias a él, transita ya por su tercera legislatura al frente de Castilla-La Mancha Media (CMM).

La directora general y su consejo manejan este año un presupuesto de 66.062.360 euros, de los cuales 45.753.570 salen de la subvención directa del Gobierno autonómico (a los que hay que sumar otros cuatro millones en concepto de “aportación finalista para dotar la provisión del IVA”). Otros 2.378.000 proceden de ventas de publicidad y programas.

Su audiencia ha mejorado en los últimos años, pero sigue en porcentajes modestos. En la campaña que acaba de terminar, y que comenzó en septiembre, alcanzó un 5,9%, según datos de Barlovento, por debajo de la media del resto de televisiones autonómicas españolas. Por delante tiene a TV3 (14,1%), Aragón TV (12,1%), Canal Sur (9,4%), TVG (8,5%) y ETB2 (8,3%). Peores registros presentan TVCAN (5,6%), Telemadrid (5,1%), IB3 (5,1%), Extremadura TV (4,9%), la asturiana TPA (4,4%), la valenciana À Punt (3,2%) y La 7TV de la Región de Murcia (3%).

La Ley de Creación del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla–La Mancha se remonta a mayo del año 2000, aunque las emisiones regulares no comenzaron hasta diciembre de 2001. La televisión y la radio de Castilla-La Mancha son dos sociedades anónimas de titularidad pública que pertenecen al ente público, que a su vez se estructura en tres órganos: un Consejo de Administración (dominado en la actualidad por el PSOE, con siete asientos de un total de trece, frente a cinco del PP y uno de Vox, repitiendo así la proporción de las Cortes de Castilla-La Mancha) y la Dirección General.

El Consejo de Administración tiene, entre otras funciones, y como es habitual, la de velar por el cumplimiento de lo establecido en la ley en materia de programación, aprobar los anteproyectos de presupuestos del ente público y de sus sociedades, dictar las normas de carácter interno reguladoras de la emisión de publicidad o determinar anualmente el porcentaje de producción propia incluido en cada medio.

Hay, además, un Consejo Asesor cuyos miembros, en principio, no tienen por qué tener conocimiento alguno en materia de comunicación y periodismo. Está compuesto por tres vocales designados por las Cortes de Castilla-La Mancha en atención a su “prestigio cultural”, tres vocales en representación del Gobierno autonómico, tres vocales nombrados por la Federación de Municipios y Provincias de la comunidad, tres vocales elegidos por la Universidad, en este caso con “relevantes méritos culturales”, y tres vocales seleccionados por los sindicatos más representativos del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla–La Mancha.

La política, incluso en un órgano asesor sin poder real, domina por completo el Consejo Asesor: nueve de quince llegan al puesto a través de las Cortes, el Gobierno o los municipios.

La regulación y el funcionamiento de CMM incumplen el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés) en todo lo que tiene que ver con los medios públicos, lo que a corto plazo, como sucede con casi todas sus hermanas autonómicas y con RTVE, obligará a llevar a cabo una profunda reforma para evitar sanciones de la Comisión Europea.

El reglamento establece mecanismos destinados a garantizar que los medios de titularidad pública actúen con autonomía editorial plena, dispongan de una financiación previsible y suficiente, y estén sujetos a sistemas de gobernanza basados en criterios transparentes, abiertos y no discriminatorios. Su objetivo es preservar la función de la radio y la televisión públicas como garantes del pluralismo informativo, el interés general y la cohesión democrática, blindándolos frente a injerencias partidistas y asegurando que representen a toda la ciudadanía, no a los intereses de un poder político concreto.

En la práctica, eso significa estatutos de redacción (un documento que recoja los principios éticos, los derechos de los periodistas y los procedimientos para resolver conflictos con la dirección) y consejos de redacción (un órgano elegido por la plantilla periodística que puede emitir informes o vetar decisiones que afecten la independencia profesional).

También que el nombramiento del equipo directivo debe hacerse por concurso público con méritos profesionales, evaluarse a través de un órgano plural e independiente y llevarse a cabo mediante votación cualificada del parlamento autonómico.

Y, por último, contar con una financiación “plurianual, estable y adecuada”, separada, por tanto, de los presupuestos generales, para evitar castigos o premios en función de los contenidos y basada en mandatos de servicio público definidos y evaluables.

Cuando Juan Vicente Herrera, por entonces presidente de Castilla y León, decidió en 2009, en plena gran recesión, que ya era hora de poner en marcha una televisión autonómica en su comunidad, optó por un modelo insólito: dejar en manos privadas la gestión del servicio público. Pero, al tomar esta decisión, tuvo que optar por una solución salomónica. Para evitar un enfrentamiento entre los dos grupos rivales que querían hacerse con el negocio, les obligó a compartir el pastel.

Es así como nació Radiotelevisión Castilla y León, una empresa privada constituida por dos enemigos íntimos, los empresarios José Luis Ulibarri y Miguel Méndez Pozo, a través de Promecal (50%) y Edigrup Media (50%).

La biografía de ambos habla por sí sola. José Luis Ulibarri es un controvertido constructor de Ponferrada (León) con numerosos intereses en el sector de medios de comunicación locales en su comunidad, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja. En 2022 fue condenado por la Audiencia Nacional a 19 meses de prisión en la causa Gürtel Boadilla como autor responsable y colaborador necesario de una trama de corrupción, por lo que se le condenó a tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación, seis meses de cárcel por fraude a la administración pública, otros seis meses de cárcel por falsedad documental continuada, tres meses de cárcel más por un delito contra la Hacienda Pública y una multa de 40.000 euros y otros tres meses de cárcel por tráfico de influencias. Pudo ser peor: al colaborar con la justicia y reconocer los cinco delitos se libró de una condena de 7 años de prisión.

Méndez Pozo también es constructor y editor. E, igual que Ulibarri, también fue condenado por corrupción urbanística en 1994, en su caso a 7 años de prisión (apenas cumplió nueve meses) y 12 de inhabilitación.

Los dos reciben una enorme suma de dinero público cada año, a través de la televisión que comparten y en forma de publicidad que también alcanza generosamente a los periódicos y emisoras de radio de los que son propietarios, a través de los cuales llevan años condicionando la política regional: sus medios han sido cuestionados por sesgo y por influencia en adjudicaciones públicas y campañas institucionales.

Castilla y León TV recibe cada año dinero público en forma de subvención, lo que limita la fiscalización pública de sus gastos. Solo en 2023, la suma ascendió a 21,4 millones de euros. La tarea de control se limita a la supervisión que lleva a cabo la Comisión de Evaluación de la TDT de las Cortes de Castilla y León (integrada por un representante de cada grupo parlamentario) que define anualmente objetivos y supervisa su cumplimiento, aunque la dirección general la deciden los propietarios de la empresa.

Durante años, sus informativos han sido objeto de críticas por parte de los partidos de oposición. PSOE y Ciudadanos denuncian su orientación favorable al PP. Unidas Podemos y Soria ¡Ya! aseguran que blanquea a Vox y prioriza Valladolid sobre las demás provincias.

Con todo, no constan quejas de manipulación informativa por parte de sus trabajadores. En los últimos años se han movilizado —y siguen haciéndolo— por motivos laborales, en protesta por los bajos salarios. Pero nada más. El Colegio de Periodistas de Castilla y León les ha apoyado en estas demandas, pero nunca ha firmado ningún pronunciamiento sobre la dependencia política de CyLTV.

Su estatus de empresa privada no la salvará a ella ni al Gobierno regional de Alfonso Fernández Mañueco de acometer reformas para cumplir, a partir del 8 de agosto, el Reglamento Europeo de Libertad de Medios.

La clave para entender por qué le afecta, a pesar de ser una empresa privada, reside en que el reglamento europeo no se fija únicamente en la titularidad del capital de la empresa (si es pública o privada), sino en la función que desempeña y en cómo se financia.

El reglamento europeo introduce el concepto de “proveedor de servicios de comunicación social de servicio público”. La definición es funcional y no se limita a las corporaciones de derecho público. Un medio cae bajo esta categoría si cumple dos condiciones principales: tener encomendada una misión de servicio público y recibir financiación pública para el cumplimiento de dicha misión.

Así que CyLTV, al tener encomendada la misión de servicio público audiovisual en Castilla y León a través de un contrato con la Junta y recibir una importante subvención anual de los presupuestos de la Comunidad para operar y cumplir con sus obligaciones de servicio público, encaja perfectamente en las previsiones del reglamento europeo.

La entrada en vigor de la nueva normativa europea obligará a cambiar la relación entre CyLTV y la Junta de Castilla y León. El artículo 5 exige que la financiación sea adecuada, sostenible y predecible para evitar que la asignación anual de fondos se utilice como una herramienta de presión política. La financiación plurianual y basada en criterios claros tiene que ser la norma, así que no podrá seguir utilizando el modelo de la subvención.

Además, para proteger la independencia editorial, los nombramientos y destituciones de los altos directivos de la empresa titular de la televisión deben realizarse mediante procedimientos transparentes, abiertos y no discriminatorios, protegiéndolos de injerencias políticas. Un aspecto que supone todo un desafío al tratarse de una empresa privada.

CyLTV, como todos los medios, deberá además hacer pública y fácilmente accesible la información sobre su estructura de propiedad, incluyendo los beneficiarios finales, y detallar la publicidad institucional que recibe. Este es un punto crucial, porque la Junta de Castilla y León tendrá que repartir la publicidad institucional con base en criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios, lo que afectará directamente a los contratos de publicidad que el Gobierno regional pueda firmar con la empresa titular de la televisión. Además de sacar a la luz el verdadero alcance del dinero público que fluye hacia las empresas de Ulibarri y Méndez Pozo.

Del mismo modo, la televisión autonómica de esta comunidad también tendrá que establecer mecanismos internos para proteger la independencia de sus profesionales, lo que implica aprobar normas claras (estatuto de redacción) e implementar un consejo de redacción que vele por la independencia informativa y la calidad del contenido, al margen de los intereses de la propiedad o del poder político.

Cuando tuvo lugar la catastrófica dana que el pasado 29 de octubre costó la vida a más de 200 personas en València, el president de la comunidad, Carlos Mazón, comía apaciblemente en un reservado del restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. ¿El motivo? Ofrecerle, según ha reconocido ella misma, la dirección general de la corporación de la que depende À Punt, la televisión autonómica valenciana.

Apenas unos meses antes, PP y Vox habían cambiado de arriba a abajo la ley reguladora de los medios públicos valencianos para ponerla bajo su control. Cuando la izquierda reconstruyó en 2016 la radio y la televisión autonómicas, después del traumático cierre de Canal Nou decretado por el PP, puso en marcha uno de los modelos regulatorios más independientes de cuantos han existido en España y uno de los pocos capaces de pasar el examen, casi en su totalidad, del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés). Un modelo que a Carlos Mazón no le servía.

Vilaplana dijo “no” en El Ventorro a la oferta del president (una negativa que, en sí misma, es una demostración de la dependencia política de À Punt desde que Les Corts aprobaron su reforma). Así que, varios meses después, asediado por los medios por su resistencia a asumir responsabilidades tras las muertes de la dana, en febrero de este año Mazón acabó echando mano de Francisco Aura, hasta ese momento director de operaciones de Trece TV, propiedad de los obispos católicos españoles y que, al menos entre 2016 y 2021, recibió más de 40 millones de euros recaudados por el Estado vía IRPF.

Hasta su nombramiento, el puesto de director general estaba vacante. Su antecesor, Alfred Costa, dimitió en noviembre, días después de que se supiera que el president de la Generalitat había ofrecido su puesto a la periodista Maribel Vilaplana en la ya célebre cita de El Ventorro.

Después vino el cese del director de informativos, Iván Esteve, y el nombramiento en su lugar del que ha sido hasta ahora jefe de comunicación y marketing de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, Josep Magraner. Esteve ostentaba el cargo desde octubre de 2023 y fue uno de los máximos responsables del despliegue y seguimiento que hizo À Punt en directo de la dana, que muchos reconocieron por haber aportado documentos de enorme valor, información y entrevistas en tiempo real de todo lo que estaba sucediendo, tal y como ha puesto en valor la jueza que investiga la gestión de la riada.

Proponer a Aura como director general fue la primera decisión del nuevo consejo de administración de los medios públicos, controlado en exclusiva por PP y Vox, después de que PSPV y Compromís se negasen a participar en el blanqueamiento del nuevo órgano.

Porque la reforma de la ley reguladora de los medios públicos impulsada por la derecha y la ultraderecha en 2024 sustituyó el Consejo Rector creado en 2016 por un Consejo de Administración tradicional, reduciendo su composición de diez a ocho miembros y devolviendo a los partidos el control de la radiotelevisión autonómica.

Donde había una minoría de consejeros nombrados por políticos (cinco) —el resto eran representantes del Consejo de la Ciudadanía (uno), el Consejo Audiovisual (tres, uno de ellos con el aval de Les Corts) y de los trabajadores de la Corporación (uno)—, que además tenían que ser elegidos por mayoría reforzada, ahora hay ocho elegidos por mayoría absoluta y por criterios de “representatividad política” (siete designados directamente por Les Corts y el último por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias). Si antes tenían un mandato de seis años, para separarlo de las legislaturas políticas, ahora solo estarán cinco.

A su vez, PP y Vox han cambiado por completo el sistema de elección del director general. Hasta la reforma del año pasado, se elegía por concurso público convocado por el Consejo Rector y la elección dependía de obtener una mayoría de tres quintos en este órgano y de una ratificación posterior, por mayoría absoluta, en Les Corts. Ahora es todo más simple y de dependencia directa de la mayoría de turno: basta con que el Consejo de Administración, controlado por representantes de la mayoría absoluta de Les Corts, se lo proponga al Consell que preside Mazón.

PP y Vox también han desmantelado el resto de órganos de la corporación, piezas clave de los contrapesos diseñados en la ley original para garantizar la independencia de los medios públicos. Ya no existe, por ejemplo, el Consejo de la Ciudadanía, que aunque solo podía asesorar, daba voz a trece representantes de la sociedad civil. Cuatro los nombraba el Consejo Rector previa convocatoria pública y el resto los designaban las asociaciones de consumidores y usuarios, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consejo Valenciano de Universidades, las asociaciones del tercer sector, las asociaciones LGTB y de defensa de la igualdad, y el Consejo de la Juventud de la Comunitat.

En el caso del Consejo de Informativos, PP y Vox decidieron mantener formalmente la existencia de este órgano de representación, participación y autodefensa de los trabajadores de la radio y la televisión públicas, pero después de eliminar buena parte de sus competencias, como la de “informar con carácter vinculante” las propuestas de nombramiento de los directores o directoras de los servicios informativos.

La última reforma de la ley reguladora de Canal Sur tuvo lugar nada más llegar Juanma Moreno a la Presidencia de Andalucía, cuando puso fin a décadas de dominio político del PSOE en esta comunidad. Aquella modificación salió adelante con el apoyo de PSOE y de Vox, como parte de un pacto más amplio de renovación de órganos que requerían mayorías cualificadas, y en nombre de “la garantía de la pluralidad política”, que, según estos partidos, exigía “la modificación y actualización normativa” para que respondiera a la “voluntad democrática reflejada en el Parlamento de Andalucía”. De nuevo, los partidos políticos en el centro de los órganos de decisión y control de los medios públicos.

Aquel pacto situó al periodista Domi del Postigo al frente del Consejo Audiovisual de Andalucía (uno de los poquísimos organismos de estas características que existen en España y que se sitúan en el corazón de la supervisión en el resto de Europa) y mantuvo a Juan de Dios Mellado como director de Canal Sur. Se quedaron fuera del Consejo de Administración las formaciones Por Andalucía y Adelante Andalucía.

La reforma de 2019 redujo de quince a nueve los miembros del Consejo y eliminó el mandato de seis años que garantizaba una separación de la legislatura y, por tanto, de la mayoría de turno, pero mantuvo la obligación de proceder a los nombramientos por mayoría reforzada de tres quintos del Parlamento, lo que al menos obliga a la mayoría de gobierno a buscar un acuerdo con la oposición. También dio entrada al Consejo, con voz pero sin voto, a un representante de los trabajadores.

Esa mayoría reforzada sigue rigiendo también para elegir al director general, pero también se cambió su mandato de seis años a la duración de la legislatura. Y se puso un límite de un año para alcanzar un acuerdo de designación.

Al mismo tiempo, se redujeron de 17 a 13 los miembros del Consejo Asesor, en los que se dan cita representantes de la administración, los sindicatos y los ayuntamientos, entre otras entidades.

Juan de Dios Mellado, que ya había ejercido como director de Comunicación de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía entre 2008 y 2010, en un gobierno del PSOE, llegó a la dirección general de la Radiotelevisión andaluza directamente desde la Dirección General de Comunicación Social de la Junta, un puesto funcionalmente muy próximo al de Juanma Moreno.

Los cambios no fueron bien recibidos por los periodistas andaluces. La Asociación de la Prensa de Sevilla acusó a PSOE, PP e IU de “anteponer intereses partidarios” en la dirección de Canal Sur. En vez de elegir personas “con reconocida cualificación y experiencia profesional”, “buena parte” de los elegidos a propuesta de estos partidos incumplen claramente el perfil. “Por encima de los obligados criterios profesionales, estas formaciones han antepuesto intereses estrictamente partidarios y han propuesto a políticos que se quedaron descolgados y parados en los recientes procesos electorales, a cargos orgánicos y a personas que seguirán trabajando en los partidos con un sueldo pagado por una institución pública”, acusó en su día esta asociación.

En los últimos años, las polémicas que revelan problemas de independencia y manipulación informativa se han sucedido. Las más importantes se derivan de los informes que lleva a cabo el Consejo Profesional de Canal Sur, que ha logrado sobrevivir a la reforma de 2019.

En abril de 2024 sacaron los colores a los responsables de la radiotelevisión andaluza recogiendo “350 ejemplos de malas prácticas periodísticas” en los últimos seis meses, relacionados con “escaletas ideológicas” y “desequilibrio informativo”. La manipulación, denunciaban, se ha “cronificado”. Destacaba un ejemplo: las noticias de Canal Sur dedicaron cien veces más tiempo a la ley de amnistía que a las listas de espera de Andalucía, a pesar de que el primer tema, según todos los estudios, estaba lejos de ser la principal preocupación de los ciudadanos.

Los ejemplos abundan. Desde la cancelación de un reportaje sobre los diez años de Felipe VI, que desató las protestas de los periodistas de Canal Sur (la dirección de informativos levantó una pieza del programa Los Reporteros porque se centraba en la abdicación de Juan Carlos I y pasaba “de puntillas” sobre algunos hechos del reinado de Felipe VI), hasta la permanencia en una tertulia de un periodista recién fichado por el Gobierno de Moreno que hasta ese momento trabajaba para el medio ultra The Objective.

En febrero de 2022, Canal Sur suspendió de empleo y sueldo a un periodista por protestar por una rueda de prensa de una diputada del PP (el reportero reclamó información sobre el contenido del evento, pero no tuvo éxito, por lo que “en señal de protesta” no se sentó frente a la parlamentaria popular). En abril del año pasado, la Comisión de Deontología Periodística reprobó una información de Canal Sur sobre Doñana por “faltar a la verdad”.

Uno de los casos más recientes tuvo lugar en diciembre de 2024. Un informativo de Canal Sur definió a Franco como “el militar que gobernó España durante casi 40 años”, lo que motivó un pronunciamiento del Consejo Profesional de la RTVA considerando “muy grave” el “blanqueamiento” del dictador por parte de la Dirección de Informativos.

En octubre de 2023, los trabajadores de Canal Sur denunciaron las “asfixiantes injerencias políticas” que dicen sufrir en su rutina diaria desde 2020, tras la llegada de Álvaro Zancajo como director de Informativos (que fue cesado en diciembre de ese año por las graves denuncias de manipulación interpuestas por los propios trabajadores y sindicatos), y su sucesora, Carmen Torres, “con quien la degradación del servicio público ha seguido y aumentado”, según sostienen los miembros del Consejo Profesional.

En los últimos años, Radio Televisión Madrid (RTVM) ha experimentado una serie de cambios normativos que han debilitado significativamente su independencia editorial, su pluralismo interno y su capacidad para ejercer como servicio público de la ciudadanía madrileña.

Esta deriva institucional se ha traducido, además, en prácticas informativas que diversos colectivos profesionales y académicos consideran incompatibles con los estándares europeos de libertad de medios. A tenor de los parámetros establecidos en el nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), actualmente en vigor, la cadena autonómica madrileña no cumple los requisitos mínimos de autonomía, supervisión independiente ni rendición de cuentas pública exigibles a un medio de titularidad pública.

La ley de Radio Televisión Madrid de 2015, aprobada en su día con un amplio consenso parlamentario —gracias a que el PP no tenía entonces mayoría absoluta—, fue concebida como un modelo de regeneración blindado frente a las injerencias partidistas que habían caracterizado etapas anteriores del ente público.

Entre sus principales garantías figuraban la elección por mayoría de dos tercios de la Asamblea de Madrid del director general y del Consejo de Administración, y la existencia de un consejo de informativos elegido por la redacción.

Sin embargo, en julio de 2021, el Gobierno autonómico del Partido Popular, presidido por Isabel Díaz Ayuso, impulsó una reforma exprés de la ley con el respaldo de Vox. Esta modificación eliminó la exigencia de mayoría cualificada para el nombramiento del director general, permitiendo su designación por mayoría simple. También suprimió el mandato de seis años previsto para ese cargo, lo que facilitó el relevo inmediato del entonces director general, José Pablo López, hoy presidente de la Corporación Radio Televisión Española, que había sido elegido con consenso parlamentario, y su sustitución por José Antonio Sánchez, que había sido el máximo responsable de RTVE durante la etapa de Mariano Rajoy y figura próxima al Partido Popular (“Yo voto al PP, y seguiré votando al PP”, dijo sin rodeos en una comparecencia en el Congreso).

De los siete consejeros que hoy forman el Consejo de Administración, y que la reforma legal vincula mecánicamente al peso de cada partido en la Asamblea, cuatro fueron nombrados a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, uno por el Grupo Parlamentario Socialista, otro por el Grupo de Más Madrid y el último por el Grupo de Vox.

El consejo de redacción, al que correspondía no sólo representar, sino proteger a los profesionales que trabajan en la radio y la televisión públicas, fue directamente suprimido.

Desde entonces, diversas asociaciones profesionales han denunciado un incremento alarmante de la manipulación informativa y la censura interna en Telemadrid. Hay casos sangrantes, como todo lo que tiene que ver con la gestión sanitaria en las residencias durante los peores días de la pandemia, cuando el Gobierno de Ayuso aplicó un protocolo que dejó morir sin atención médica a miles de mayores. También la cobertura de la peripecia judicial del novio de la presidenta, e incluso la cobertura electoral, ha sido objeto de controversia, por otorgar mayor presencia y tratamiento favorable a los partidos de gobierno y sus aliados, en detrimento de otras formaciones.

La nueva normativa europea sobre libertad de medios, la EMFA, adoptada en 2024, establece un marco legal vinculante para garantizar la independencia y el buen gobierno de los medios de comunicación públicos en todos los Estados miembros. Entre sus exigencias clave —que en su mayor parte cumplía RTVM hasta la reforma legal ordenada por Díaz Ayuso— figuran la necesidad de que los nombramientos de los órganos de dirección de los medios públicos sean transparentes y no partidistas, que exista estabilidad en los cargos directivos separándolos de la duración de las legislaturas para evitar destituciones arbitrarias, la implementación de órganos internos de supervisión editorial con capacidad real de intervención, evaluaciones periódicas independientes del pluralismo y el equilibrio en los contenidos informativos, y mecanismos de protección de los profesionales frente a presiones políticas o represalias, como un estatuto profesional y un consejo de redacción.

A la luz de estos criterios, Telemadrid se sitúa claramente en una posición de incumplimiento. La designación del director general por mayoría simple, el cese anticipado de su antecesor, la falta de transparencia en la toma de decisiones y la supresión del consejo de redacción constituyen vulneraciones graves del EMFA. La Comisión Europea ha advertido que observará de cerca la aplicación del reglamento y que podrá activar mecanismos de supervisión y sanción ante casos evidentes de injerencia política, como el de RTVM.

Los incidentes y las evidencias de falta de independencia y de manipulación informativa se suceden. El último, hace pocos días, tuvo lugar cuando el Telenoticias 1, en una pieza sobre la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había mantenido con otros líderes políticos en Latinoamérica, emitió un vídeo manipulado en el que se escucha la voz del presidente ralentizada de manera evidente.

En mayo, Telemadrid respondió a la iniciativa de RTVE durante Eurovisión (un rótulo que decía: “Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina”) con otro mensaje que nada tenía que ver con lo ocurrido en el festival: “Ante la vulneración de los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz en Israel y en Palestina, para los homosexuales y las mujeres perseguidas en Irán, con la represión, el exilio y el fraude electoral en Venezuela. Con los cristianos asesinados en Nigeria”.

En noviembre, uno de sus tertulianos, empleado del periódico derechista OkDiario, Vicente Gil, se permitió llamar “rata miserable” y “narcisista sociópata” a Pedro Sánchez por lo ocurrido durante la DANA que causó la muerte a más de 200 personas en València.

A falta de consejo de redacción, los sindicatos son ahora quienes airean los casos más graves de manipulación y el punto de vista de los trabajadores. En octubre, reprocharon a RTVM que no se hable del novio de Ayuso y sí de la reforma de RTVE como “tema estrella”. CCOO, UGT y CGT denunciaron la cobertura “sin pena ni gloria” de la investigación a Alberto González Amador, la amplia atención dedicada a la reforma de la ley reguladora de RTVE, y un tuit de la cadena que señalaba falsamente a periodistas como miembros de Hamás.

Desde hace seis años, un grupo de trabajadores de la radio y la televisión públicas de Galicia se moviliza cada viernes vestido de negro —los llamados venres negros— como forma de protesta frente al uso partidista y propagandístico de sus medios por parte del Partido Popular.

El colectivo @DefendeAGalega nació para exigir el cumplimiento de la ley reguladora de los medios públicos de 2011, una norma concebida durante el primer mandato de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, a la sombra de la que reguló RTVE en 2007, y que incluía herramientas esenciales para garantizar la calidad e independencia de la información, como el Estatuto Profesional y el Consejo de Informativos. Una ley que nunca llegó a aplicarse.

Feijóo, primero, y Alfonso Rueda, después, prefirieron ignorarla. La Televisión de Galicia siempre ha sido una pieza útil para el Partido Popular. Los datos de audiencia de la temporada que acaba de finalizar demuestran su relevancia, con una cuota de audiencia del 8,5 %, solo superada en sus respectivos territorios por TV3 (14,1 %), Aragón TV (12,1 %) y Canal Sur (9,4 %).

La subordinación informativa tiene su origen en 2009, cuando Feijóo, recién llegado a la Presidencia de la Xunta, nombró a dedo a Alfonso Sánchez Izquierdo como director general. Su mandato expiró en 2014, pero Feijóo prorrogó su cargo mediante una disposición añadida a los Presupuestos autonómicos, evitando así cumplir con la ley de 2011, que exigía una mayoría parlamentaria cualificada para dicho nombramiento y establecía un mandato limitado a cinco años para asegurar su independencia respecto a los ciclos políticos.

El pasado 8 de julio, lejos de avanzar hacia un modelo más profesional y transparente, la situación empeoró. Tras una modificación de la ley impulsada por Rueda y rechazada por la oposición, los trabajadores y los órganos de representación de los periodistas gallegos, como el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG), se eligió, con los votos en exclusiva del PP en el Parlamento de Galicia, como nueva directora general de la ahora denominada Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) —antes CRTVG— a Concepción Pombo. Bastaron los votos del PP porque la nueva ley de los medios públicos, en vigor desde abril, permite esquivar la mayoría reforzada de dos tercios (50 escaños) o tres quintos (45) si no se alcanzan en las dos primeras votaciones y, en la tercera, elegir la dirección por mayoría absoluta.

La elección de la nueva directora general no es neutral. Pombo, hasta ahora miembro de la cúpula de la corporación como responsable del área de la que dependen los servicios informativos, es una figura que no cuenta con el aval del BNG ni del PSdeG y, sobre todo, es el centro de las críticas de los trabajadores, que la culpan de las peores prácticas en la radio y la televisión públicas de los últimos años.

Es “imposible” que una figura como Concepción Pombo “pueda generar ningún tipo de consenso”, sostiene la presidenta del Comité Intercentros. “Estamos hablando de la persona responsable de los informativos desde 2017, es decir, la máxima responsable de la manipulación, en la etapa de mayor control político y descrédito de la información en los medios públicos de Galicia”, añade.

“Nunca hubo peor clima laboral en los servicios informativos, nunca tanta protesta por la parcialidad de la línea informativa de los medios públicos dentro y fuera de la Corporación y nunca índices de audiencia tan bajos. Eso es lo que se premia e incentiva con esta propuesta”, afirman a su vez fuentes de @DefendeAGalega.

Los trabajadores llevan años denunciando la utilización “cada vez más obscena” de la televisión y la radio gallegas como instrumentos de propaganda partidista. Una deriva que ha venido acompañada de una creciente degradación de las condiciones laborales y profesionales de sus trabajadores, que en el año 2019 merecieron el prestigioso Premio José Couso, otorgado por votación directa de los periodistas gallegos. La TVG, en un gesto revelador del clima informativo, ni siquiera informó a sus espectadores del galardón.

Los ejemplos de manipulación informativa son incontables y se acumulan año tras año sin que nadie haga nada para impedirlo. Habrá que ver si la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés), y sus previsiones en materia de regulación de la radio y la televisión públicas, tiene algún efecto en Galicia. La CSAG incumple todas sus exigencias.

En primer lugar, recomienda a los Estados miembros (y eso incluye a las comunidades autónomas españolas) la adopción de normas internas claras y comités independientes para proteger la libertad de los periodistas frente a presiones internas o externas. Eso significa aprobar un documento que recoja los principios éticos, los derechos de los periodistas y los procedimientos para resolver conflictos con la dirección, así como la creación de consejos de redacción, órganos elegidos por la plantilla periodística para autoprotegerse, emitir informes o vetar decisiones que afecten la independencia profesional.

La segunda exigencia de la EMFA es que el nombramiento del equipo directivo de los medios públicos se base en procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios, con duración limitada y causas claras de cese. Una fórmula que apunta a la convocatoria de concursos públicos con méritos profesionales, evaluados no por políticos, sino a través de un órgano plural e independiente, aunque en última instancia desemboquen en una votación parlamentaria que necesariamente deberá ser por mayoría reforzada.

La tercera, a la que deberían adaptarse la radio y la televisión públicas gallegas, tiene que ver con la financiación, que debe ser “plurianual, estable y adecuada”; debe estar separada de los presupuestos generales para evitar castigos o premios en función de los contenidos, y tiene que basarse en mandatos de servicio público definidos y evaluables.

ETB es la televisión pública autonómica más antigua de España. Comenzó sus emisiones el 31 de diciembre de 1982, con una programación en euskera, anticipándose a TV3 (Cataluña), que fue la segunda (comenzó a emitir el 10 de septiembre de 1983). Pero su liderazgo acaba ahí. Ni tiene la cuota de audiencia ni su régimen regulatorio se acerca siquiera al de su hermana catalana.

La radiotelevisión pública vasca, agrupada bajo la marca EITB (Euskal Irrati Telebista), nació apenas cuatro años después de la aprobación del Estatuto de Gernika y fue pionera en establecer una corporación multimedia de titularidad pública con vocación de servicio en lengua propia —el euskera— y con una fuerte implantación territorial.

La regulación básica del ente se rige por la Ley 5/1982 de creación de EITB, modificada en parte posteriormente. El ente se estructura como un grupo de sociedades públicas —Euskal Telebista SA, Euskadi Irratia SA, Radio Euskadi SA, Radio Vitoria SA, EITBNet SA— coordinadas por una Dirección General y sujetas a un Consejo de Administración.

Ese consejo está compuesto por 19 miembros, lo que lo convierte en el más numeroso de cuantos rigen los medios públicos en España. La razón está en su peculiar composición. Quince consejeros representan a los partidos con presencia parlamentaria (en proporción a los resultados electorales). El resto debe elegirse a propuesta de la Real Academia de la Lengua Vasca, la Sociedad de Estudios Vascos, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, la Universidad del País Vasco, los sindicatos y las federaciones de asociaciones de consumidores.

A todos los nombra el Parlamento Vasco a propuesta de los partidos con representación parlamentaria por mayoría de dos tercios, lo que garantiza una pluralidad formal, aunque no necesariamente una neutralidad práctica. El mandato vence con la legislatura, lo que refuerza el vínculo con la mayoría política de turno. Su presidente ejerce, además, por ley, como Defensor del Espectador y debe recibir, tramitar y responder cuantas quejas, sugerencias y propuestas le puedan dirigir los ciudadanos en relación con las funciones atribuidas al Ente Público y sus sociedades.

No están, entre los miembros del consejo, los profesionales de la información, a pesar de que así lo ha pedido expresamente el Colegio Vasco de Periodistas “como órgano autorizado para ser vigía, árbitro o mediador si es necesario, y garante de que los contenidos informativos se elaboran y se difunden obedeciendo a los estándares y los criterios de ética, calidad, pluralismo y rigor periodístico, de acuerdo al código deontológico homologado de la profesión”.

Para elegir al director general de EITB, a diferencia de lo que sucede con el consejo, basta con mayoría absoluta del Parlamento Vasco, lo que inevitablemente le hace más dependiente del Gobierno. Su mandato también está vinculado a la legislatura política: empieza y termina con ella. No extraña que su actual titular, Andoni Aldekoa, llegase al puesto en 2020 directamente desde la dirección de comunicación del lehendakari.

Uno de los aspectos más debatidos en torno al modelo vasco es precisamente el grado de independencia efectiva del ente frente al poder político. Aunque formalmente el Parlamento actúa como instancia decisoria, la mayoría parlamentaria determina en la práctica el nombramiento del Consejo y, más aún, de la Dirección General. En la última década, los gobiernos de coalición del PNV con el PSE-EE han mantenido el control institucional de EITB, que ha sido objeto de críticas reiteradas por parte de los grupos de la oposición, que se quejan de parcialidad en los informativos, así como de una cierta autocomplacencia en el tratamiento de la gestión gubernamental.

Los consejos de redacción de la radio y la televisión hace tiempo que no emiten comunicados con quejas denunciando presiones, lo que puede ser interpretado como un indicador de baja conflictividad interna, algo que sí sucedió en el pasado. Este año se han pronunciado en varias ocasiones, pero para criticar nombramientos de directivos que no conocen el euskera.

Desde el punto de vista de la normativa europea, el Reglamento de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado en 2024 y que entra plenamente en vigor el 8 de agosto, establece requisitos específicos para los medios de titularidad pública en relación con su gobernanza, financiación y transparencia. En particular, el artículo 5 de la EMFA exige que los órganos de dirección de los medios públicos sean designados mediante procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios, y que su mandato esté blindado frente a injerencias políticas. Además, el reglamento establece que las decisiones editoriales deben tomarse con independencia de las autoridades gubernamentales y exige la existencia de mecanismos internos y externos de control profesional.

En este contexto, el modelo vasco presenta más sombras que luces. La forma de designación de su Dirección General y la influencia de las mayorías parlamentarias en su estructura de gobierno no cumplen plenamente con los estándares de independencia de la EMFA. Tampoco existen mecanismos de auditoría editorial ni una supervisión externa que asegure la rendición de cuentas sobre la neutralidad y el pluralismo de los contenidos.

El presupuesto de EITB 2025, de unos 199 millones, destina 69,2 a ETB2, 68,5 a ETB1, 12,7 a Radio Euskadi, 12,2 a Euskadi Irratia, 6,4 a la más joven plataforma del grupo, Primeran, 5,7 a la web eitb.eus, 5,5 a Radio Vitoria, 3,7 a Makusi, el servicio infantil, 2,3 a Gaztea y otras cantidades inferiores al resto de canales o soportes.

En términos de audiencia, entre 2022 y 2024, según datos del Gobierno Vasco, ETB2 ha consolidado una media de 8,66 % de cuota de pantalla, frente a un 2,07 % de ETB1 y porcentajes inferiores al 1 % de ETB3 y ETB4.

Cataluña cuenta con un sistema de medios públicos autonómicos que, a pesar de las tensiones políticas derivadas del enfrentamiento entre independentistas y unionistas, ha consolidado un modelo singular dentro del ecosistema audiovisual español.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), creada por la Ley 11/2007 del Parlament de Cataluña, es el ente que articula este sistema. De ella dependen la televisión pública TV3 y las emisoras de Catalunya Ràdio, entre otras plataformas.

A diferencia de otros modelos autonómicos, el catalán se caracteriza por una arquitectura institucional y legal más compleja, así como por la existencia de un órgano regulador independiente, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que ejerce funciones de supervisión sobre todos los operadores del sector audiovisual en el ámbito catalán, incluidos los públicos.

La CCMA está sujeta al control parlamentario y a una gobernanza reformada varias veces, la última de ellas en 2019. Su estructura directiva tiene al frente un consejo de gobierno diseñado para dificultar el dominio de un único partido: son siete miembros (uno de ellos con el cargo de presidente, que hace las veces de director general en otros modelos de medios públicos). Los proponen al menos tres grupos parlamentarios (después de oír obligatoriamente a las entidades y a los grupos más relevantes del sector audiovisual).

Esa dirección la elige el Parlament por una mayoría cualificada de dos tercios y con un mandato de seis años, con el objetivo de desvincularlo de la representación política de la legislatura (se renueva por mitades cada tres años). El CAC, además, debe examinar previamente la lista de candidatos para verificar su idoneidad. Es una fórmula que, aunque en la práctica ha sido motivo de debate por las dificultades que implica alcanzar consensos tan amplios y con tantos participantes, busca preservar la independencia del ente frente a las mayorías coyunturales. De hecho, la actual presidenta, Rosa Romà i Monfà, una publicitaria especializada en dirección estratégica, transformación digital, marketing y creatividad, fue elegida en 2022, cuando ERC gobernaba Cataluña. Y seguirá al frente de la CCMA hasta 2028, durante toda la legislatura del socialista Salvador Illa.

¿Y quién integra el Consell de l’Audiovisual? Cinco personas, incluido su presidente, elegidas también por el Parlament, por mayoría reforzada (dos tercios, a propuesta, como mínimo, de tres grupos parlamentarios) y con un mandato de seis años. Su función no es gestionar medios públicos, sino supervisar que todo el sistema audiovisual —privado, público y del tercer sector— cumpla con los principios de pluralismo, veracidad, diversidad y protección de los derechos fundamentales.

El CAC también vela por la transparencia de la financiación de los medios y dicta resoluciones sobre el contenido audiovisual. Sus decisiones han tenido peso en debates mediáticos y políticos: desde las quejas por tratamiento partidista en determinados informativos hasta las resoluciones sobre el uso del catalán o la visibilización de discursos de odio. Su figura ha sido objeto de elogio y de crítica, en función del posicionamiento ideológico de quien lo analice, pero constituye una excepción en el panorama estatal, donde los consejos audiovisuales con funciones de regulación independientes son la excepción y no la norma, y goza del respaldo de los representantes del periodismo profesional.

El equilibrio de contrapesos se completa, en primer lugar, con un Consejo Asesor de Contenidos y de Programación (dieciséis miembros, elegidos por el Parlament también por mayoría reforzada, en representación de la pluralidad de la sociedad catalana y, como mínimo, de los sectores profesionales, los sectores educativos, las asociaciones cívicas, culturales y de usuarios, y los trabajadores de la CCMA). Y, en segundo lugar, con consejos profesionales en la televisión y la radio, elegidos por los periodistas para defender su independencia gracias a un estatuto profesional. Hay, además, un defensor de la audiencia, a quien telespectadores y radioyentes pueden dirigirse para expresar sus quejas o hacer recomendaciones.

La CCMA cuenta además con un contrato-programa que asegura que su presupuesto no dependa de los premios y los castigos del Govern de turno. El último se aprobó en 2024 y tiene vigencia hasta 2027, pase lo que pase en la política catalana.

Este dibujo institucional, sin embargo, no ha eliminado las críticas políticas, que se centran habitualmente en dos ejes: su supuesta falta de neutralidad y el uso partidista de sus contenidos, especialmente los informativos. Las formaciones no nacionalistas han acusado recurrentemente a TV3 y Catalunya Ràdio de actuar como altavoces del independentismo, tanto por la elección de los temas como por el lenguaje empleado y la presencia desproporcionada de voces afines al soberanismo. Por su parte, desde sectores independentistas se ha cuestionado la gestión de las etapas en las que no han tenido el control de la Generalitat.

La realidad, como demuestran los informes semestrales del CAC, es muy distinta. Durante el primer semestre de 2025, el Partido Popular (PP) lideró el tiempo de palabra en los informativos de los principales medios audiovisuales catalanes —TV3, TVE Catalunya y RAC1—, tal como ya ocurrió en 2024. En todos estos casos, el PP (junto al PPC, su federación en Cataluña) superó a Junts, ERC y Sumar, con diferencias que oscilaron entre 3 y 5 puntos porcentuales. Solo Catalunya Ràdio rompió la tendencia, situando a Junts como el partido con mayor presencia, seguido por el PP. Este patrón confirma una tendencia general hacia una cobertura informativa que prioriza al principal partido de la oposición estatal en los medios de comunicación catalanes, aunque con matices según el medio analizado.

En el contexto de la futura aplicación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado por el Parlamento Europeo en 2024 y que estará plenamente vigente el 8 de agosto, el modelo catalán presenta elementos que lo alinean con las nuevas exigencias de gobernanza independiente para los medios públicos.

La EMFA impone la necesidad de garantizar la autonomía editorial, la transparencia financiera y la protección de los directivos frente a ceses arbitrarios. En este sentido, la CCMA cumple formalmente varios de estos criterios: procedimientos reforzados para el nombramiento de cargos, mandatos protegidos frente a injerencias políticas y mecanismos legales para asegurar financiación estable. La politización en el proceso de nombramiento —al depender del Parlament y, por tanto, de los equilibrios partidarios— sigue siendo un factor de vulnerabilidad frente a lo que exige el reglamento europeo en materia de independencia estructural, reducido, eso sí, por la exigencia de mayorías reforzadas y la necesidad de contar con el CAC en el proceso.

En términos de audiencia, TV3 es un modelo de éxito que continúa siendo líder en Cataluña, un fenómeno que no se reproduce en ninguna otra comunidad con televisión autonómica propia. Según los últimos datos disponibles de Barlovento, correspondientes a junio de 2025, TV3 registró una cuota de pantalla del 14%, situándose por encima de todas las cadenas estatales en el ámbito catalán, incluidas Antena 3 (10,7%), Telecinco (9,5%) y La 1 (7,9%). Ninguna otra autonómica alcanza un liderazgo tan sólido: ETB2 ronda el 9% en Euskadi; la TVG gallega no alcanza el 8%; Canal Sur y Aragón TV se sitúan entre el 9% y el 11,6%; y la valenciana À Punt apenas supera el 2,5%.

La evolución de la Corporación RTVE en los últimos años ilustra una tensión permanente entre la voluntad formal de modernización institucional y las prácticas informativas cuestionadas desde dentro y fuera de la casa. Aunque desde 2017 se han introducido mecanismos para reforzar la autonomía de la radiotelevisión estatal, las reformas más recientes han despertado alarma en sectores profesionales, académicos y políticos que perciben un retroceso en las garantías democráticas.

La situación es especialmente delicada en un momento en que la Unión Europea, mediante el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), establece nuevas normas para proteger la independencia de los servicios públicos audiovisuales, asegurar la pluralidad y evitar interferencias políticas. ¿Cumple RTVE estas exigencias? El análisis de su evolución normativa y de sus prácticas recientes no ofrece una respuesta tranquilizadora.

La regulación de RTVE dio un salto importante en 2006 con la aprobación de la Ley 17/2006, que reconoció por primera vez la necesidad de garantizar la independencia editorial y la profesionalidad mediante órganos como los Consejos de Informativos, compuestos por profesionales electos de cada medio.

En 2005, el llamado Consejo de Sabios —con figuras como Emilio Lledó, Victoria Camps o Enrique Bustamante— propuso un modelo claro para garantizar la independencia de los medios públicos. Aunque el Congreso aprobó en 2006 parte de su propuesta, dejó fuera el punto esencial: un Consejo de Administración de RTVE sin mayoría política.

El diseño era simple: ocho miembros, de los cuales solo cuatro serían elegidos por Congreso y Senado por mayoría reforzada. Los otros serían designados por los sindicatos de RTVE y por un Consejo Audiovisual estatal. Los candidatos deberían acreditar méritos profesionales y tendrían dedicación exclusiva. Sus mandatos, de seis años sin reelección inmediata, se renovarían parcialmente cada tres años.

El modelo requería, eso sí, la creación de un Consejo Audiovisual independiente a escala estatal, algo común en Europa, pero que España sigue sin implementar. Y no funcionó. Los políticos, de los principales partidos, se negaron a renunciar a tener mayoría en el Consejo de Administración y, entre 2006 y 2014, el modelo de RTVE basado en la independencia y el pluralismo se erosionó progresivamente hasta vaciar de contenido el espíritu de la reforma de 2006.

La Ley 17/2006 creó una Corporación RTVE con autonomía funcional, presupuestaria y de gestión, con un sistema de gobernanza basado en la elección de su presidente y su Consejo de Administración por mayoría de dos tercios en el Congreso. Era un modelo inspirado en estándares europeos y muy valorado por los expertos, a pesar de mantener un Consejo designado por los partidos.

A pesar de ello, durante los primeros años (2007-2011), RTVE vivió una etapa considerada por muchos como una de las más independientes y de mayor calidad informativa, con directivos como Luis Fernández y luego Alberto Oliart.

En 2009, con la crisis económica, el Gobierno eliminó la publicidad en RTVE y obligó a la corporación a depender del presupuesto público y de tasas impuestas a los operadores privados. Aunque la medida buscaba garantizar un modelo sin intereses comerciales, en la práctica debilitó su sostenibilidad financiera y aumentó su dependencia del poder político.

Cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa a finales de 2011 reformó inmediatamente y por decreto-ley el sistema de elección de la cúpula de RTVE para poder nombrar un director general por mayoría absoluta sin contar con la oposición. RTVE volvió a estar bajo el control del Ejecutivo.

Entre 2012 y 2018, distintos informes del Consejo de Informativos —el órgano interno que vela por la independencia profesional en RTVE— documentaron casos frecuentes de censura, manipulación y malas prácticas en los telediarios, en especial en temas como la cobertura del caso Bárcenas y la corrupción del PP, el tratamiento de las mareas ciudadanas y las protestas sociales, y un sesgo en la cobertura del conflicto catalán.

La manipulación sostenida provocó un fuerte deterioro de la imagen pública de RTVE y una caída de audiencia en sus espacios informativos de la que aún se está recuperando. Surgió un movimiento de protesta interna liderado por trabajadores, con iniciativas como los viernes negros (trabajadores vestidos con ropa oscura en protesta por la pérdida de independencia).

En 2017, ya sin mayoría absoluta del PP en el Congreso, el Parlamento aprobó una nueva reforma, esta vez para revertir la de 2012 del PP y tratar de volver al modelo de elección por concurso público y consenso parlamentario. Pero esta ley quedó en gran parte paralizada por falta de acuerdo entre partidos y por el escaso compromiso de los gobiernos siguientes (incluido el de Pedro Sánchez) con su aplicación plena.

El concurso público se convirtió en un proceso farragoso, lleno de interferencias políticas y bloqueado durante años. No se nombró un Consejo de Administración estable hasta 2021, y el presidente José Manuel Pérez Tornero dimitió en 2022, denunciando falta de apoyo institucional y divisiones internas.

La última modificación legislativa data de octubre de 2024. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó por decreto-ley el modelo que rige en la actualidad: el Consejo de Administración de RTVE pasó de 10 miembros (seis elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado), a 15 (11 de ellos nombrados por la Cámara baja). El peso relativo de los elegidos por el Congreso sobre el total aumentó, en detrimento de los del Senado, la Cámara controlada por el PP.

El decreto también rebajó las exigencias para la elección de los miembros de ese Consejo y del presidente de la Corporación de la que dependen TVE y RNE, haciendo posible su designación sin mayoría reforzada, lo que equivale en la práctica a dejarlos en manos de las mismas mayorías que respaldan al Gobierno de turno.

Esta reforma consolidó un modelo presidencialista y redujo los contrapesos internos. Aunque desde el Gobierno se justificó como una forma de “desbloquear” el funcionamiento de RTVE, numerosos analistas y asociaciones profesionales advirtieron del riesgo de deterioro de la independencia institucional. El primero en lamentarla fue el Consejo de Informativos de TVE, que insiste en defender “la modalidad de concurso público para resolver la gobernabilidad de la radiotelevisión pública con el objetivo fundamental de garantizar su independencia de los intereses partidistas”.

El modelo actual, salvo en lo que se refiere a la existencia de un Consejo de Informativos, incumple las exigencias del Reglamento Europeo de Medios, que establece un marco común para garantizar la independencia de los medios públicos. Entre sus puntos clave están la elección transparente y meritocrática de los directivos (el concurso público que reclaman los trabajadores de RTVE), la estabilidad en el mandato y la protección frente a ceses arbitrarios, y la transparencia en la financiación y en los contratos externos.

En la práctica, el debilitamiento de los requisitos parlamentarios, el uso de decretos para reformar su estructura y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas generan un clima institucional vulnerable a la injerencia.