Lo de Aliança Catalana es un baile de instituto. Se ha colado en la fiesta sin la mayoría de edad y con un traje que le queda grande, pero ya le ha robado la pareja a algunas personas. La última en Vic, en el corazón del nacionalismo catalán. La concejala Elisenda Carrera ha dejado Ara Vic y ha pasado a ser no adscrita, un día después de que sus colegas de la extinta formación de centroderecha PDeCAT le pidieran devolver el acta si no desmentía los rumores que la ubicaban como futura candidata de Aliança en las elecciones municipales del próximo año.

Xavier Berlanga, número dos de prensa de la formación de ultraderecha, asegura a infoLibre que, en los casos en que miembros de otros partidos han acabado en sus filas, "ha sido porque ellos se han acercado, no porque los hayamos buscado". Y precisa que, en el caso de la concejala de Vic, "no sabemos nada de que tuviese interés en sumarse" al partido.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que ocurre. El partido de extrema derecha se afana en rebañar nombres del color que sea. "Aliança tiene el problema de que va a tener que crecer más rápido de lo que esperaba hace apenas unos meses debido al subidón en las encuestas, con el desafío de encontrar gente de fiar", asegura a InfoLibre el analista del Instituto de Política y Bienes Públicos (IPP, por sus siglas en inglés), Javier Martínez-Cantó. A su juicio, esta "falta de capacidad para filtrar" candidatos puede derivar en "una pérdida del control del discurso y la entrada de alguna persona envuelta en polémicas". El partido ya tuvo que expulsar a un edil hace un par de años por declaraciones homófobas.

La formación de Sílvia Orriols nació en Ripoll en 2020, gobernó la localidad gerundense tres años después e irrumpió en el Parlament con dos escaños al año siguiente. El último barómetro oficial, publicado en noviembre de 2025, le daba unos 19 asientos, los mismos que a Junts. Y la última encuesta, difundida a comienzos de mayo por el Diari Ara, coloca a los ultras como tercera fuerza política, doblando al partido de Carles Puigdemont.

El meteórico ascenso del movimiento ultra independentista se ha topado, sin embargo, con la dificultad de completar papeletas. Pese a los datos de intención de voto, la formación xenófoba tiene una valoración social negativa. "La estrategia de atraer candidatos de otros partidos sirve para quitarse ese halo de marginalidad y proyectar una imagen de partido normal", considera Martínez-Cantó. A mediados de marzo, Orriols anunció el fichaje como alcaldable por Amposta de Èric Esteban, número dos de Junts en esa localidad. También por Terres de l'Ebre, el cabeza de lista en Tortosa será Eduard Rel, excargo del PSC. Y Marina Quintana será la candidata en Roda de Ter (Barcelona), donde ya había representado a Junts.

Son tres de las siete candidaturas que la formación ultra presentó en un video el 23 de abril. Reus, Figueres, Banyoles y Berga completaban el elenco de una puesta en escena en la que Orriols manifestó que su partido no juzga el pasado de nadie. "Tenemos orígenes políticos diversos, sí", escribió en redes. Esa Diada de Sant Jordi, marcada en el calendario desde hacía dos meses para revelar al candidato en Barcelona, fue un chasco. La persona prevista se echó para atrás a última hora. Aseguran también tener alcaldables para Girona, Lleida y Tarragona, pero siguen sin descubrir sus nombres.

"El intento de atraer concejales de Junts y del PDeCAT no ha funcionado. Ciertos sectores de la derecha independentista han asumido posiciones antiinmigración, han reclamado más seguridad, pero el discurso islamófobo de Aliança les parece demasiado y no quieren involucrarse", señala el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Miró, a este medio.

Incluso Junts les ha aplicado su propia medicina. La coalición heredera de CiU, en plena descomposición, fichó en marzo a un candidato de extrema derecha para disputarle a Aliança la alcaldía de Manresa, una de las ciudades que los de Orriols aspiraban ganar en el eje rural de la Catalunya Central, donde más ha conectado su proyecto.

“Nos gustaría hacer el máximo de listas posibles, pero tampoco tenemos los recursos para minar Catalunya de listas electorales, así que priorizaremos los lugares donde tenemos más potencial”, reconocía Orriols en una convención municipal en febrero que reunió a 200 militantes. Pero el objetivo de expandirse "con el mismo paradigma que Ripoll" se les ha ido de las manos. Por esas mismas fechas, renunciaba su único regidor en Manlleu al sentirse abandonado por el partido y quejarse de que Orriols no le respondía a las llamadas. En esa misma localidad, cercana a Vic, Aliança inauguró un mes después su tercera sede, con las de Ripoll y Barcelona. Abrió otros tres locales durante el mes de abril en su intento de traducir el apoyo en las urnas en expansión territorial.

"Una cosa es construir partidos para unas elecciones autonómicas o europeas, donde con una acertada comunicación puedes obtener buenos resultados, y otra es construir una red territorial para unas municipales, que requiere de una fuerte estructura organizativa", señala Miró. El politólogo lo compara con los obstáculos que en su día afrontaron Podemos, Ciudadanos o Vox.

La tromba de Aliança en las encuestas contrasta con el anuncio a cuentagotas de sus candidaturas. La teórica euforia por el auge apenas se ha notado, porque el desbordamiento ha provocado más disgustos que alegrías en el seno de la formación de extrema derecha. Las tensiones entre la dirección y sus bases son ya un secreto a voces.

Tanto Martínez-Cantó como Miró, y otros analistas consultados, coinciden en que el partido de Orriols ha venido para quedarse y su tamaño dependerá del acierto para escoger las caras que les representen en cada pueblo. Falta justo un año para graduarse, pero el vals ya ha comenzado y, para no quedarse fuera de la pista, hay que bailar todas las canciones.

Alrededor de 400.000 personas se mueven al día en el servicio ferroviario de Rodalies. El accidente de Gelida (Barcelona), que le costó la vida a un maquinista el martes por la noche, ha vuelto a impactar a la sociedad española en un momento de profunda consternación por el choque en Adamuz (Córdoba). Y ha puesto, además, en primera línea política un servicio muy cuestionado en Cataluña, tanto por los partidos como por los usuarios.

Los problemas en Rodalies se llevan acumulando años, hasta el punto de que su mejora es una de las principales cuestiones demandadas por la sociedad de esa comunidad y por la mayoría de formaciones. Esta vía de transporte, de competencia estatal, se encuentra además en un proceso de negociación de transferencia a la Generalitat tras constituir uno de los principales puntos del acuerdo para que Esquerra diera su voto a favor para la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones de 2023.

De hecho, el lunes de la semana pasada se dio un importante paso en ese tránsito hacia la transferencia total a Cataluña con la firma por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de la creación de la empresa mixta para gestionar Rodalies.

La nueva operadora, según el acuerdo entre las dos administraciones, sigue teniendo participación mayoritaria de Renfe, con un 50,1%, mientras que la Generalitat tiene un 49,9%. No obstante, en el consejo de administración, integrado por nueve miembros, tiene más asientos el Ejecutivo autonómico (cinco) que el Gobierno central (cuatro). Esquerra ha logrado una de las plazas correspondientes al Palau. Pero esta empresa no empezará a gestionar el 100% de los servicios hasta el año 2027.

El servicio de Rodalies acumula incidencias casi a diario y es un quebradero de cabeza para muchos usuarios, que llevan quejándose décadas de su mal funcionamiento, principalmente por la falta de inversión. En Cataluña, las manifestaciones de ciudadanos como forma de protesta se producen de manera habitual, como sucedió en las cuatro provincias en marzo del año pasado. Desde 2018 hasta 2024 el sistema ha perdido 42.798 pasajeros en días laborables como muestra de la falta de confianza.

El Gobierno defiende el aumento de inversión a través del Plan de Rodalies, que se puso en marcha en 2020 y que tiene como marco hasta el año 2030. Según los últimos datos del departamento de Puente, esa hoja de ruta contempla invertir 6.300 millones de euros, con prioridad para las partidas destinadas a la modernización de la infraestructura, la mejora de la capacidad de la red, la renovación de estaciones, el refuerzo de información al viajero y la ampliación del material rodante.

Hasta la fecha, se han ejecutado más de 2.500 millones de euros y se han adjudicado trabajos por 4.152 millones, incluyendo la compra de trenes de gran capacidad para modernizar y ampliar la flota. Además, en estos cinco años se han construido o renovado 41 estaciones de la red de Rodalies y se está actuando en otras 25.

Pero, a pesar de esas inversiones, las quejas e incidencias son habituales en toda la red en Cataluña. Por eso, una de las mayores aspiraciones de los partidos catalanes es asumir esa competencia. En el caso del accidente del martes, aunque las causas parecen relacionadas con el temporal, el propio líder de ERC, Oriol Junqueras, señaló este miércoles que “la falta de inversión y la dejadez del Estado en el servicio hace que se detenga toda Rodalies por miedo, desconfianza e incapacidad de la propia compañía para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios”. 

“El traspaso es una necesidad de país, la única solución sobre la mesa que avanza en la dirección de mejorar unas infraestructuras y un servicio clave para la vida de los catalanes”, indicó. Los republicanos llevan tiempo advirtiendo a los socialistas de que Rodalies será clave para negociar los presupuestos tanto en el Parlament como en el Congreso, con la vista puesta en el traspaso de las vías y de los trenes.

Desde el accidente, Junts ha lanzado una ofensiva política con el tema y ha solicitado de manera urgente las comparecencias de Puente en el Congreso y de la consellera Sílvia Paneque (máxima responsable de la Generalitat en la recién creada empresa mixta) en el Parlament por la “mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Cataluña".

El partido de Carles Puigdemont ha sido muy crítico durante estos días con la recién creada empresa mixta. Su portavoz en el Parlament, Salvador Vergés, llegó a decir que se trata de un “engaño ante el drama que se vive en este país con el servicio de trenes”. “Que alguien pueda pensar que la solución pasa por hacer una empresa mixta de Rodalies en la que siga participando Renfe, y además con mayoría absoluta, nos parece una estafa", enfatizó.

Rodalies se ha convertido además en otro punto de fricción entre ERC y Junts, que mantienen una dura pugna dentro del soberanismo. A lo largo del miércoles se evidenció con el cruce de reproches entre el posconvergente Josep Riu y la republicana Elisenda Alemany, quien afeó que los de Puigdemont critiquen la negociación del traspaso: “En general, estaría bien que la gente dejara solo de denunciar e hiciera cosas”. A lo que él respondió: “En general, estaría bien que la gente dejara solo de aceptar traspasos fake de Renfe, que no resuelven los problemas, y de hacer siempre de muleta de los socialistas”.

Pero las críticas al Gobierno han llegado también, y de manera furibunda, por parte de la extrema derecha. Aliança Catalana, que está en pleno ascenso en las encuestas, dejó este mensaje en la red social X: “Rodalies ya no falla. Rodalies mata. La gestión socialista mata”. De manera similar se pronunció el secretario general de Vox y diputado en el Parlament, Ignacio Garriga: “La gestión del PSOE es una amenaza para la vida de los españoles”.

El ambiente de tensión se trasladó a la reunión que mantuvieron maquinistas de Rodalies en un hotel en Sants (Barcelona) con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany. La muestra de malestar se evidenció cuando un representante sindical lanzó un chaleco amarillo a los pies de los directivos.