La filtración de la agenda personal del presidente Zapatero ha levantado las iras de los socialistas, ha hecho correr ríos de tinta y ha llevado al juez Calama a ordenar una investigación para dilucidar quién ha filtrado esa información a los medios de comunicación. Ciertamente resulta inaudito que una serie de actos de obvia naturaleza privada y que nada tienen que ver con investigación alguna se hayan dado a conocer, comentados además de manera que parezcan altamente sospechosos. ¿Demuestra algo que la secretaria del expresidente le organizara a este la cita con su peluquero? ¿Cómo es posible que tal detalle, y otros similares, se hayan incluido en una actuación judicial para acabar siendo utilizados en informaciones tan sesgadas como absurdas?

Esta ha sido (a la hora de escribir estas líneas) la última filtración, pero no hace falta decir que la aparición en los medios de comunicación de todo tipo de informaciones y documentaciones asociadas a un procedimiento judicial se han convertido en algo habitual. Tanto, que lo hemos normalizado en la opinión pública y hemos olvidado que es manifiestamente ilegal, algo que tienen que recordar juristas y expertos cada vez que se produce una filtración de alto impacto mediático.

De tal manera, se filtran a los medios, y se publican por partes, de acuerdo con las líneas editoriales de cada cual, informes policiales de la UDEF o de la UCO como si fueran hechos probados, o documentaciones de los sumarios como si fueran sentencias. Con titulares como “Zapatero se reunió con….”, que no explican ni para qué se reunió ni aclaran que tal reunión fuera ilícita, se dan a entender cosas que luego el desarrollo del artículo no confirma ni detalla, pero como si fuera lluvia fina, se va generando un estado de ánimo en la sociedad. La conversación pública, que es donde se crean las percepciones y opiniones, queda así contaminada.

Pero hay más: el Derecho Procesal salta por los aires. La presunción de inocencia no tiene posibilidad alguna cuando algo que –salvo para las partes– es materia reservada, porque el procedimiento judicial quiere protegerlo hasta el momento oportuno, es conocido por la opinión pública. Nuestro ordenamiento jurídico es garantista y por eso establece diferentes momentos del procedimiento. Algunos, de carácter secreto mientras se instruye una causa; y otros, en el momento en que el juez determina que es dado a conocer al conjunto de la sociedad. El artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice así:

“Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley.

El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario será corregido con multa de 500 a 10.000 euros.

En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público cometa la misma falta.

El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo.”

Así las cosas, para proteger la presunción de inocencia y los derechos de quienes están siendo investigados, caben dos caminos: extremar las precauciones para evitar las filtraciones, asegurar que se aplican las sanciones y aumentar su cuantía, o modificar nuestro Derecho Procesal de forma que asuma que toda información es susceptible de ser conocida y publicada en todo momento. Lo que no es sostenible es que se haya normalizado que cualquier documento que se produce en una actuación judicial pueda ser conocido por cualquiera en cualquier momento, y manipulado interesadamente de acuerdo con determinados objetivos políticos. En ese caso, y como viene siendo más que habitual, si se filtra, contamina. Y hablamos, nada menos, que de la justicia.

El instructor del caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha terminado este jueves por estallar contra las continuas filtraciones de sus diligencias que, cada día, ve publicadas en diversos medios de comunicación. La gota que ha colmado el vaso para el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha sido la publicación íntegra de los anexos del informe de la UDEF conocido este miércoles, que relataba las gestiones del exjefe de Gobierno con el expresidente de Bolivia, Luis Arce, a favor de un grupo empresarial peruano. Esos apéndices contenían la agenda íntegra de Zapatero de los años 2024 y 2025. También varios chats de su WhatApp con implicados en esa mediación, pero además, el que mantiene con su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, con la que, además de gestionar su actividad profesional, organiza gran parte de su vida familiar y privada. Gracias a la publicación de ambos documentos, cualquiera puede reconstruirla.

La filtración de múltiples datos personales protegidos por la ley en un proceso judicial ya se produjo a lo largo del pasado año con la investigación abierta en el Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los informes de la UCO sobre el caso se facilitaron con los anexos que contenían miles de llamadas e intercambios de datos del teléfono del exjefe del Ministerio Público. Entre los afectados aparecieron, por supuesto, múltiples fiscales subordinados, pero también familiares y amigos, que no tenían nada que ver con la causa. Una de esas personas fue su antecesora en el cargo y exministra, Dolores Delgado que, tras la publicación, denunció llamadas anónimas en su terminal. Hasta una vocal del Poder Judicial, y no solo con su número, también con el nombre de un familiar y la dirección de su domicilio particular.

La fuga masiva de información ha sido, si cabe, aún más grande en el caso de Zapatero. "El contenido de los anexos del informe policial [el de la UDEF] fue difundido íntegramente por diversos medios poco después de su puesta a disposición de las partes a través de la plataforma electrónica Cloud", afirmó Calama en su auto de este jueves, que se refería a la "reserva externa de las actuaciones", pero en ningún caso advirtió que se pudiera haber vulnerado el derecho fundamental a la intimidad del investigado. Los anexos publicados, según el juez, contienen "datos incompatibles con su publicación indiscriminada", por lo que su difusión puede constituir un delito de revelación de secretos o de quebrantamiento del secreto de sumario.

Gracias a los mensajes intercambiados con su secretaria, que ocupan nada menos que 1.084 páginas, es posible hacer un traje a medida del expresidente. Porque Zapatero, por ejemplo, le indica las personas con las que quiere quedar, las llamadas que tiene que hacer o los viajes que tiene que emprender para que ella le auxilie gestionando todas sus actividades. Pero también le cuenta datos de su estado de salud o le pide que le compre determinados medicamentos que necesita. En el intercambio de mensajes también aparecen números de teléfono y direcciones de periodistas con los que se reúne –lo que podría afectar al derecho fundamental al secreto profesional de estos últimos– o de amigos con los que comparte su vida social. El chat con Gertrudis Alcázar contiene datos que sí son relevantes para la investigación, pero también otros muchos de caracter íntimo que nadie querría que fueran revelados.

Como las complicaciones en el estado de salud de familares, revelaciones sobre la vida sentimental de personas cercanas, el clásico intercambio de fotos propias y de parientes que se suele hacer con estas aplicaciones de mensajería... También hay algunos datos sobre los movimientos de su esposa, Sonsoles Espinosa, que nada tiene que ver con el caso. Aparecen informaciones sobre las declaraciones de impuestos de la pareja o sobre sus propiedades para nada relacionadas con la causa; su rutinas deportivas y hasta los memes están en el anexo que contiene esa conversación de WhatsApp. Todo ello junto a citas con cargos públicos españoles y dirigentes extranjeros cuyas actividades junto al expresidente, sin comerlo ni beberlo, también han sido reveladas.

Calama ha puesto medidas para intentar que no se repita. En primer lugar ha deducido testimonio (es decir, lo ha denunciado) ante el Tribunal de Instancia de Plaza de Castilla para que que se indaguen las filtraciones y se identifique a los responsables. Se trata de investigaciones que –salvo en el caso del anterior fiscal general, que fue condenado sin ninguna prueba directa– se suelen archivar por falta de autor conocido. El instructor también ha obligado a las partes a poder consultar los vídeos de las declaraciones únicamente en la oficina judicial, para evitar que se emitan por televisión o en medios digitales. A partir de ahora, solo el PP podrá acceder a las diligencias, el resto de acusaciones populares quedan excluidas. Sin embargo, las restricciones llegan tarde, cuando el mal ya está hecho y cada uno de los pasos y actos de un expresidente en los últimos dos años circulan por todas las redacciones.

Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha vuelto a señalar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como líder de "una organización criminal" dedicada "al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes". La operación reseñada esta vez no tiene nada que ver con el rescate de Plus Ultra. Se trata de una mediación a favor de un grupo empresarial peruano con el expresidente de Bolivia Luis Arce para tratar de poner solución a un pleito millonario en ese país, por la que el exlíder del PSOE habría obtenido 200.000 euros. Fuentes del entorno de Zapatero han asegurado a infoLibre que esa actividad investigada por los agentes fue "una actividad de consultoría por completo legal". También señalan que "sería inaceptable hacer una investigación prospectiva sobre la actividad profesional del expresidente" y consideran "un escándalo sin precedentes" que se publiquen "agendas y conversaciones privadas de un presidente".

El documento policial señala muy detalladamente todos y cada uno de los trámites para que Zapatero llevara a cabo esa gestión. La petición partió de la sucursal en Bolivia de la consultora Kreab, en concreto de su asesora senior Carmen Almendras, que fue embajadora en España entre 2007 y 2015. La consultora, a través de su asesora, pidió ayuda al expresidente español el 8 de mayo de 2024 para que prestara auxilio al más alto nivel al Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano. Una de las empresas de ese grupo, Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce), fue condenada en Bolivia por competencia desleal con la cementera Fancesa (Fábrica Nacional de Cemento SA), de la que Soboce era propietaria de un tercio del capital que luego fue expropiado por el Estado boliviano. Fancesa demandó a Soboce y el Tribunal Supremo del país andino condenó a esta última a pagarle 107 millones de dólares (94 millones de euros al cambio actual).

Para prestar ese servicio, Zapatero se desplazó el 15 de septiembre de 2024 a Bolivia, donde se entrevistó con el expresidente Luis Arce –actualmente en prisión preventiva tras su detención en diciembre acusado de varios delitos de corrupción– y con su ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Las gestiones del expresidente español en Bolivia para el Grupo Gloria siguieron produciéndose a lo largo de 2025, con nuevos contactos telefónicos con el expresidente Arce y con el entonces Procurador General (fiscal general) del país, Ricardo Condori, con el que habló el 6 de mayo de ese año. A finales de mes, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dio la razón a Soboce, y suspendió provisionalmente el pago de la millonaria indemnización a Fancesa.

El informe contiene dos conexiones con la supuesta operativa ilícita detallada por Calama en el auto que dio inicio a la investigación contra Zapatero. La primera es que el dinero que obtuvo por sus gestiones se le transfirió a través de una empresa interpuesta. Se trata de Focus Social Research, una sociedad con la que el propio Zapatero firmó un contrato de prestación de servicios de asesoría. Fue esa firma, cuyo objeto social, según los agentes, es el marketing, la que canalizó supuestamente los tres pagos (uno de 100.000 y dos de 50.000 euros, respectivamente) que le habría abonado, en realidad, el grupo empresarial peruano Gloria. Focus Social Research, según el informe de la UDEF, "habría sido empleada como sociedad interpuesta". En el auto del instructor con el que imputó a Zapatero aparecían otras mercantiles que supuestamente actuarían como tapaderas: Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Grupo Aldesa...

La segunda conexión con los hechos que sirvieron a Calama para actuar contra Zapatero es la presencia de los hermanos Guillermo y Domingo Amaro Chacón, ambos empresarios venezolanos y titulares, precisamente, de Inteligencia Prospectiva. El instructor señala a esta sociedad sin actividad como canalizadora de fondos a la trama y una de las entidades con las que una empresa china habría intentado obtener cupos de petróleo en Venezuela gracias a la relación personal del expresidente español con la actual presidenta encargada y anterior ministra de Petróleos del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Uno de los pagos registrados a WhaTheFav, la empresa de las hijas de Zapatero, procedió directamente de esta sociedad sin personal que justificaba el dinero que entregaba a través de ampliaciones de capital. Los hermanos Amaro Chacón fueron con Zapatero a Bolivia en el viaje en el que el expresidente hizo las gestiones a favor de Gloria con Arce.

En su declaración ante el juez Calama, Zapatero aseguró que había desarrollado "una intensa tarea de consultoría" con los hermanos Amaro Chacón, con los que, sin embargo, afirmó que no mantenía el contacto. "Me he reunido con ellos en innumerables ocasiones, me han consultado absolutamente todas las vertientes políticas, económicas, he viajado con ellos y he estado en reuniones con ellos", declaró. El expresidente también negó haber mediado a favor de ninguna empresa china para que obtuviera petróleo. "No he tenido ninguna relación con ninguna empresa china más que mi actividad en China, que ha sido dar conferencias", aseguró.

Conocerán esa teoría que establece que cualquiera de nosotros está relacionado con cualquier otro con solo seis intermediarios. La idea central es muy potente: cualquier persona del planeta está conectada con cualquier otra a través de una cadena de, como máximo, seis grados. Es decir, tú conoces a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien… y en seis pasos puedes llegar a cualquier persona del mundo. Según esto, cualquier valenciano puede tener una relación con Ábalos con apenas tres intermediarios y con Aldama, seguramente, el máximo, seis. Teniendo en cuenta esto y si tiene joyas heredadas de su madre, dinero en metálico en casa, varios ordenadores, algunos discos duros, memorias USB, teléfonos móviles viejos de los que no ha querido desprenderse por no tirar las fotos, conexión a internet y un telescopio, puede darse por imputado. Si añadimos a todas estas pruebas de cargo que este año ha tenido un requerimiento de la Agencia Tributaria para explicar un pago de cien euros, empiece a pensar en cuándo la UCO o la UDEF o la fiscalía anticorrupción le pide las cuentas de los últimos diez años para ver si tiene algo que ver con las tramas "Leire", "Zapatero", "Koldo-Ábalos", "Hermanísimo", "Cerdán", "Begoña Gómez" et alter. Supongo que la siguiente trama será la "Salvador Illa" habida cuenta de la petición de todas las cuentas, pagos, ingresos, relaciones con empresas, tiques de compra en Carrefour relacionadas con la última campaña electoral del PSC. Si esa petición no es prospectiva entonces no entiendo el concepto.

Esto viene a cuento porque me resulta particularmente sorprendente que sean argumentos circunstanciales los que se convierten en noticia y, por tanto, los que recibe la mayor parte de la ciudadanía, esa misma ciudadanía que no tiene tiempo, ganas ni conocimiento para leerse cientos de páginas de autos, informes y sentencias. Desde mi humilde punto de vista, el caso "Begoña" debería ser el caso "Juez Peinado"; el caso "Hermanísimo" deberían haberlo enviado al contencioso-administrativo sin más; el caso "Leire" debería llamarse "Los cuentos de Leire" y el caso "Zapatero" no se sustenta ni con pegamento. Sobre el caso "Ábalos-Cerdán-Koldo" me abstengo, aunque algunos errores de bulto de los investigadores apuntan a serias dudas de que vaya más allá de conductas más que deplorables. En este estado de cosas, no sé si será prueba de cargo dentro de poco las veces que alguno de los acusados tuvo "amor propio" pero, visto lo visto, todo es posible.

Con todo esto, algunos de los tertulianos-acusadores comentando los casos, a la vista de las escasas evidencias, correcciones de tribunales superiores y menudencias administrativas, acaban siempre con lo mismo: "Es que hay algo que me chirría, que no es ejemplar". Pero, por más que busco en el Código Penal la pena por conductas chirriantes o no ejemplares, no encuentro cuántos años de cárcel les corresponde a los ya condenados. Porque no les quepa duda, querido lector, que el hermano, la esposa y el compañero Zapatero del presidente del Gobierno serán condenados aunque sea con un sustento como el que ha tenido el fiscal general del Estado. Es decir, se les condenará porque "no existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar" [...] "un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente, que lleva necesariamente a afirmar, como hecho probado, que fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien entregó el correo para su publicación". Es decir, como no hay alternativa, la mía vale aunque no haya pruebas concluyentes. En este caso, definir jurídicamente "entorno inmediato" (así lo dice en la página 137 de 233) me parece relevante, ¿no creen? ¿será su entorno familiar? ¿Alcanza a los vecinos de la escalera donde reside el interfecto?, ¿el barrio?, ¿todo Madrid? Suponemos, pero solo suponemos –porque en ningún momento se dice–, que se refiere a su entorno funcional, pero aunque así fuera dónde queda el principio “indubio pro reo”. De lo que se trata no es de hacer justicia sino de tener una condena a sabiendas de que será revisada por instancias superiores y, seguramente, anulada.

La pregunta subsiguiente es razonable: ¿existe entonces una conspiración entre periodistas, acusaciones, jueces, fiscales? La respuesta es otra pregunta: ¿es necesaria una conspiración para llevar adelante todas estas actuaciones? Pues la verdad es que no, ya que no es difícil pensar que, de los 600 funcionarios de la UCO y los cientos de policías de la UDEF, hay, pongamos por caso, un diez por ciento de extrema derecha o muy conservadores a los que no les gusta nada el gobierno actual. Tampoco es difícil pensar que algunos de estos hayan hecho caso a rumores, noticias autosostenidas de OKDiario, The Objective y otras lindezas digitales, y que, a consecuencia de estas noticias, hayan transmitido a jueces, fiscales o a la Audiencia Nacional la importancia de hacer caso a estas noticias y que estos hayan dado el visto bueno a que se investigue. ¿Quién en este circuito ha cometido una ilegalidad? Nadie. Cada cual ha cumplido con su obligación como buen intelectual orgánico que sigue la máxima de quien pueda hacer que haga, aun sabiendo la debilidad de los argumentos de partida. Solo que en ese círculo algo huele a podrido y es en el todo donde se descubre la mentira. Porque, me pregunto yo, por ejemplo, ¿cómo saben que la directora general de la Guardia Civil se reunió en un bar cercano a la sede de la Guardia Civil con la "cuentista Leire" si no es que había alguien haciendo estas labores previamente? Por cierto que los informes no destacan que, si ambas querían ser discretas, no parece muy lógico entrevistarse en un bar cercano a la propia sede de la Guardia Civil al que, seguro, más de un miembro de la UCO iba a tomarse una Coca-Cola. Pero bueno, detalles.

En muchos aspectos, las investigaciones de ambos organismos se parecen mucho a constructos narrativos que siguen un razonamiento tautológico cuyas conclusiones coinciden con las previsiones sin que se añada más información que la propia hipótesis inicial. Por otro lado, partiendo de la teoría de los seis grados, podemos encontrar cualquier relación si echamos todas las cosas encima de la mesa, de la misma forma que podemos ver figuras en las nubes o unas caras en Bélmez. De hecho, además de todo lo dicho al principio, si por casualidad, querido lector, estuvo de vacaciones en Cáceres en la época en la que el hermano de Pedro Sánchez era contratado por la Diputación y se quedó escuchando a un músico callejero tocar el violín, puede usted haber participado en la trama. Todo es cuestión de imaginación. Pero claro, la diferencia es que cuando lo dice la UCO o la UDEF (o una parte de ellas) lo hace con el aval de todo su prestigio institucional. Y lo más parecido a las “inferencias” de algunos investigadores es la comparecencia en el Senado norteamericano del exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de EE. UU. David Grusch afirmando que el gobierno norteamericano guarda ovnis y restos orgánicos de seres extraterrestres. ¿Pruebas de sus inferencias? Ninguna, o circunstanciales no delectivas; su rango y su currículo. En fin, denme dos puntos de apoyo y cambiaré un gobierno.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”. La confesión es de Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela. Sus palabras confirmaron formalmente uno de los episodios más oscuros de la historia democrática reciente de España: la fabricación de un documento falso que acreditaba un pago ficticio de 272.325 dólares a Pablo Iglesias en un banco de un paraíso fiscal. Aquel papel nació en los despachos del Ministerio del Interior, viajó de la policía a los titulares de prensa y de los quioscos a los juzgados.

El caso de la falsa trama venezolana contra Podemos es el síntoma de una enfermedad estructural. Cuando las unidades de investigación policial abandonan su función de auxiliares de la justicia para convertirse en actores políticos y creadores de narrativas interesadas, el daño trasciende a la propia víctima del ataque. Se altera el funcionamiento de los tribunales y se contamina el flujo informativo, arrastrando tanto a jueces como a periodistas a un laberinto en el que los informes policiales ya no gozan de presunción de veracidad.

Entre 2012 y 2017, bajo el mandato del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP), una estructura parapolicial operó sin control ni autorización judicial. El objetivo era doble: frenar el auge del movimiento independentista catalán y abortar la irrupción de Podemos en el escenario político.

En 2014, un grupo de 33 magistrados y juezas de Cataluña firmaron un manifiesto sobre el derecho a decidir. La respuesta del entramado policial fue inmediata: accedió a la base de datos reservada de la Policía Nacional para extraer fotografías de sus DNI y datos privados, que acabaron publicados en La Razón bajo el titular “La conspiración de los 33 jueces soberanistas”. Este asalto llegó hasta Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la violación del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en sentencia publicada el 27 de junio de 2022. El TEDH calificó las investigaciones internas de las autoridades españolas como “insuficientes” y fue explícito: “No hay otra explicación plausible sino que las autoridades permitieron que esta filtración tuviera lugar”.

El llamado caso Leire, que estos días acapara titulares, sobre todo en medios alineados con la derecha, no es un episodio aislado. Lo que se conoce hasta ahora lo retrata como la última vuelta de tuerca de un conflicto de años entre una parte de la Guardia Civil y los gobiernos de Sánchez, con la UCO como agente principal. Desde 2018 se han sucedido numerosos choques que han derivado en la percepción, cada vez más extendida, de que este cuerpo actúa como contrapoder frente al Ejecutivo.

El propio atestado sobre Leire Díez ilustra hasta qué punto esa palanca descansa en construcciones indiciarias. La UCO da total credibilidad a la versión de una intermediaria que presume de su relación con la directora de la Guardia Civil y, a partir de ahí, enlaza con expresiones como “supuestamente” o “previsiblemente” la apertura de tres investigaciones internas sin aportar datos objetivos adicionales. Esa cadena de hipótesis se traduce en sospecha política y en un relato mediático que presenta como hechos consumados lo que son, en términos estrictos, deducciones de los investigadores. O, como se ha puesto de moda decir ahora, “inferencias”.

Ni el juez Pedraz ha visto motivos para imputar a la directora ni las investigaciones internas han desembocado en sanciones. El conflicto acumulado, el eco mediático de los sumarios y la carga ideológica de parte de las asociaciones de agentes contribuyen a fijar en la opinión pública la idea de una Guardia Civil-ariete contra el Gobierno, alimentando un circuito en el que informes llenos de conjeturas terminan funcionando como munición pseudoperiodística.

El magistrado Joaquim Bosch, en conversación con infoLibre, distingue qué parte de un informe policial resulta jurídicamente relevante y cuál no. Lo relevante son los datos indiciarios verificables. En el caso Leire, esos indicios serían los mensajes de texto, los audios, las grabaciones de reuniones, los documentos —agendas, facturas— y los movimientos de dinero. Lo que no vincula al juez instructor, señala, son las valoraciones, hipótesis o frases llamativas de los informes al analizar esos indicios. “La policía puede realizar interpretaciones, pero no puede suplantar al órgano judicial, que es el que debe adoptar sus propias decisiones de forma independiente”.

Bosch reconoce que en ocasiones existe una incorporación judicial acrítica de esas hipótesis policiales “que no está justificada, por la insuficiencia de los indicios reales”. Pero sitúa el problema en las prácticas judiciales, no en la ley. “La ley dice claramente que los atestados policiales tienen el valor de denuncia. Por tanto, no vinculan al órgano judicial, que debe analizar críticamente esos informes, desde la perspectiva de que la propia función policial puede conllevar sesgos incriminatorios, por parte de quienes se esfuerzan en buscar pruebas para futuras condenas”. Son “prácticas judiciales —no procedentes de lagunas legales— que deben y pueden mejorar”.

El magistrado también advierte de que los tres casos más citados en este debate —Kitchen, los informes contra Podemos y el auto de Calama— no son equivalentes. “En el caso Zapatero sí que hay indicios de delito para iniciar una investigación penal, mientras que en los informes contra Podemos la actuación judicial fue más discutible jurídicamente”. Y recuerda que la UCO llegó a pedir el registro del domicilio de Zapatero con la finalidad de obtener más elementos indiciarios, pero el juez Calama no lo admitió. “En esas situaciones se pueden detectar esos dos planos funcionalmente distintos”.

Jordi Ferrer Beltrán, profesor de Filosofía del Derecho en la Universitat de Girona y director del máster de razonamiento probatorio, lleva tiempo advirtiendo de que en España los informes de “inteligencia” policial han adquirido un protagonismo político y procesal excesivo. Cuando se les atribuye valor probatorio, la policía invade el espacio que corresponde al juez en la interpretación y valoración de la prueba.

El problema no es la recopilación de indicios. El problema es cuando la policía selecciona el material, rellena lagunas, formula hipótesis y construye un relato fáctico cerrado, asumiendo un papel de valoración que es propio del juez. Esa operación arrastra riesgos concretos: sesgo de confirmación a favor de una hipótesis acusatoria, descarte de materiales potencialmente favorables a la defensa y relleno de lagunas probatorias con suposiciones derivadas de prejuicios o experiencias subjetivas de los agentes. 

Ferrer defiende que debe negarse valor probatorio al informe policial “en sí mismo” y reconocérselo solo a los elementos probatorios subyacentes —testimonios, pericias, documentos—, que deben incorporarse y ser valorados directamente por el órgano judicial.

Las cloacas del Estado entendieron con rapidez que un informe falso guardado en un cajón judicial carece de utilidad política. Para que el engranaje del lawfare surta efecto, requiere de altavoces mediáticos que difundan los documentos a gran escala, destruyendo la reputación del adversario antes de que cualquier juez pueda archivar la causa.

Durante los años más intensos de la llamada “policía patriótica" (2012-2014), cabeceras como El Mundo operaron de forma reiterada como instrumento para dar salida a informaciones sin contrastar contra líderes independentistas o dirigentes de la izquierda. A partir de 2015, coincidiendo con la consolidación de Podemos, la factoría del comisario José Manuel Villarejo encontró un nuevo vector en los pseudomedios digitales, singularmente a través de plataformas como okdiario.es.

Esta alianza ha dejado consecuencias para la profesión. Se ha consolidado un clima de impunidad: lo que se publica, aun siendo falso, no conlleva que las redacciones tengan que asumir responsabilidades deontológicas o penales. Al mismo tiempo, la proliferación de pseudomedios dedicados a alimentar el ruido digital con documentación policial manipulada dificulta la tarea de los periodistas de investigación rigurosos.

Cristina Monge, socióloga y colaboradora de infoLibre, señala que el rigor informativo es una condición previa a la presunción de inocencia y al respeto a la justicia, "incompatible con las prácticas periodísticas que estamos viendo estos días en muchos medios de comunicación". Su diagnóstico sobre la cobertura actual es directo: "El condicional ha desaparecido de las frases y los titulares muchas veces dan a entender cosas que luego en el desarrollo del artículo no aparecen".

Monge añade algo que, a su juicio, “mucha gente no percibe suficientemente”. La filtración de informes de la UDEF y la UCO constituye en sí misma un delito. “Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos. El hecho de que se filtren ya desvirtúa la realidad, porque no son más que indiciarios, no prueban nada, lo que hacen es relatar indicios. A veces, incluso, se exceden”. Es cuando entran en el terreno de las especulaciones.

El problema, explica, no es solo deontológico. Es procesal. “En el momento en que esos informes se filtran, están generando opinión. Y es muy improbable que se pueda hacer un proceso con limpieza cuando la propia filtración de esos informes ya genera una opinión pública que difícilmente va a poder después desembocar en un juicio objetivo”. Otra cosa, matiza, son los sumarios que los jueces deciden hacer públicos y, por supuesto, las sentencias. “Pero esos informes policiales, en el proceso de instrucción en el que estamos ahora, nunca deberían ser públicos“.

Las consecuencias de todo esto no son solo procesales. Monge certifica que lo que está ocurriendo contribuye a la erosión de la confianza en el sistema democrático. Revertirlo, advierte, es complicado, porque “hay elementos que condicionan mucho la confianza institucional”. Y pone un ejemplo: “Cuando la economía va mal, la confianza se resiente, y cuando va bien, se recupera”, pero no al mismo nivel. “Lo que vemos en los últimos años es que, aunque se recupera cuando la economía va bien, no llega a los niveles previos al inicio del momento de crisis económica”.

La tendencia, por tanto, “es de empeoramiento” y eso tiene mucho que ver, explica, “con cómo se percibe que el Estado resuelve las crisis”. La confianza en el Gobierno y en el Parlamento en España, recuerda, “iba de capa caída desde el principio del siglo hasta 2018”. Pero ese año se produjo “un incremento de confianza tremendo. Un pico espectacular. ¿Con qué tiene que ver? Con la moción de censura. Ahí la ciudadanía percibió que la clase política estaba dando un puñetazo encima de la mesa contra la corrupción”. La lectura implícita es clara: de cómo reaccione ahora la clase política a la situación actual depende que en el futuro la confianza en las instituciones vaya a más o a menos.

Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2025, los ciudadanos califican con un 5,4 la confianza en la información de los medios. La ciudadanía, incapaz de distinguir entre información verificada y libelos de fabricación policial difundidos por portales de desinformación, tiende a meter a todo el espectro mediático en el mismo saco de la sospecha.

De aquí que la mayoría de las fuentes consultadas por infoLibre consideren imperativo restringir el alcance de los informes de las unidades policiales a su papel técnico y operativo. El atestado debe volver a ser un mapa de evidencias materiales, limpio de valoraciones jurídicas, conjeturas narrativas o valoraciones de intencionalidad que corresponden de manera exclusiva a los jueces y a la Fiscalía. 

Solo mediante un blindaje de la cadena de custodia de la información, el castigo penal efectivo de los funcionarios que utilicen los recursos públicos para espionajes políticos y una aplicación rigurosa de los límites de la prueba fáctica en los juzgados, así como de un modelo de comunicación que penalice la desinformación, se podrá rescatar la credibilidad de unas instituciones bajo sospecha.

El juez Santiago Pedraz ha imputado al comisario José Manuel Catalán, que fue alto cargo de la UDEF, en la causa donde trata de esclarecer si desde la cúpula policial cuando gobernaba el PP se impulsaron investigaciones irregulares y sin aval judicial contra Podemos y sus diputados entre 2015 y 2016.

Lo hace en un auto, adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que emplaza al exjefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y a una funcionaria de Policía a declarar el próximo 25 de junio en calidad de investigados tras admitir un recurso del exvicepresidente Pablo Iglesias.

Iglesias, personado como acusación en el procedimiento, recurrió la negativa del juez de la Audiencia Nacional a admitir una ampliación de su querella contra ambos policías. Ahora el juez, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha reconsiderado su decisión y ha estimado el recurso de Iglesias.

Con sus citaciones, el abogado del ex secretario general de Podemos quiere aclarar la visita que realizaron estos dos funcionarios el 12 de abril de 2016 al consultado español en Nueva York, junto al ya investigado inspector jefe José Ángel Fuentes Gago para tomar declaración al exministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea.

Según el escrito que remitió hace meses al juez Santiago Pedraz, el "propósito formal" de aquel interrogatorio era "obtener su ratificación sobre un supuesto documento que vincularía a miembros de Podemos con pagos del gobierno venezolano".

Pero, proseguía el escrito, "el verdadero objetivo" no era "la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio" contra Pablo Iglesias, otras personas del partido y la propia formación.

El abogado de Pablo Iglesias se basa en la declaración que prestó Rafael Isea en septiembre de 2025 ante la Audiencia Nacional, donde —según el escrito— "señaló numerosas irregularidades" del acta de la declaración que prestó en Nueva York, "manifestando su voluntad de no incriminarse reconociendo un documento cuya veracidad no podía asegurar".

El exlíder de Podemos sostiene que los ahora querellados "redactaron un acta oficial que omitió deliberadamente todas y cada una de las objeciones y dudas manifestadas" por Rafael Isea.

"Tras la manipulación del acta oficial se produjo su posterior filtración a medios de comunicación afines, generando un grave perjuicio a la reputación de Podemos y de sus dirigentes y cargos públicos", entre ellos Pablo Iglesias, añadía el escrito.

Entre los investigados en esta causa figuran el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, que hoy declara en el juicio del caso Kitchen que celebra la Audiencia Nacional.

La investigación de Pedraz se remonta a inicios de 2024, cuando el juez admitió a trámite una querella de Podemos que denunciaba la puesta en marcha, entre 2015 y 2016, de "investigaciones prospectivas" y "ajenas" al interés policial y al control judicial sobre Podemos y sus dirigentes para después filtrarlas a los medios y "desprestigiar" al partido.

Todo empezó el pasado miércoles con un titular que aseguraba que la Guardia Civil estaba registrando la sede central de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación abierta por la Audiencia Nacional en torno a la financiación ilegal del PSOE. Y enseguida temblaron los cimientos de la legislatura.

Lo publicó ElConfidencial.com y le siguieron, casi al unísono, la mayoría de los medios afines a la derecha, apenas unos minutos antes de que comenzase la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, poco dado a las improvisaciones, estaba listo a esa hora para ofrecer un canutazo a los periodistas en los pasillos del edificio de la Carrera de San Jerónimo.

“La situación es agónica”, proclamó en tono solemne. “El ambiente es irrespirable. Los socios deben decir que esto se acabó. Espero que cambien sus planes porque esto apesta”.

Iniciada ya la sesión de control, se supo la verdad. Pero, primero, el lenguaraz Miguel Tellado dictó una más de sus habituales sentencias sumarísimas: “La UCO está registrando Ferraz”; “hay que ver qué cantidad de chorizos se mueven en el Gobierno de España”; “este Gobierno está de corrupción hasta las cejas”; “Zapatero se ha convertido en un vulgar ladrón de joyería”. Y el resto de portavoces del PP intentaron poner a los socios del Gobierno entre la espada de una supuesta financiación ilegal de los socialistas —que ellos siempre han señalado como una “línea roja” que, de traspasarse, pondría fin a la legislatura— y la pared de un adelanto electoral.

Ni había registro ni se trataba de una investigación sobre la financiación del PSOE que apuntase a prácticas ilegales. Eran agentes de la UCO presentando un requerimiento para la obtención de determinada información relacionada con el caso de la exfontanera socialista Leire Díez y sus actividades para, supuestamente, tratar de contener determinadas investigaciones judiciales.

Para entonces, el medio que había hecho saltar la liebre, citando fuentes de la investigación —hay que suponer que de la UCO de la Guardia Civil, porque el juez enseguida detalló la verdad—, ya había cambiado su titular por otro con más vínculos con la realidad. Aquí paz y después gloria. Alguno de los medios más relevantes de la derecha mediática tardó un poco más, pero terminó desdiciéndose. Sin desdecirse.

Lo ocurrido no pasaría de una simple anécdota con la que ilustrar la coordinación que, a veces, evidencian los medios conservadores con los estados mayores del PP y Vox. Incluido el alarde que hacen del conocimiento previo que tienen de actuaciones judiciales que, en teoría, solo pueden conocer policías, guardias civiles y jueces. Pero, esta vez, veníamos de escuchar, la víspera, al expresidente José María Aznar renovando su llamamiento más famoso de la legislatura.

“En esta situación insostenible de España, esta frase de que ‘el que pueda hacer, que haga’ cobra más sentido que nunca”, aseguró, sonriente, a través de un vídeo, perfectamente consciente del significado que todo el mundo ha dado a sus palabras desde que las pronunció por primera vez el 2 de noviembre de 2023, cuando todavía faltaban dos semanas para que el Congreso de los Diputados invistiese por mayoría absoluta a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Más sentido que nunca, dijo, “porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos”.

Lo ocurrido este miércoles, con el falso registro ordenado en el marco de una supuesta operación de la Audiencia para investigar la financiación ilegal del PSOE que no fue tal y con las palabras de Aznar, tiene más peso porque sucede tras siete días en los que el aparato mediático de la derecha ha llevado al límite, y más allá, sus titulares para intentar sacar petróleo del auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, primero, y del sumario del caso Plus Ultra, después.

Durante una semana, junto a algunos que sí estaban basados en hechos, se han sucedido titulares disparatados sobre el expresidente socialista fabricados a partir de supuestos hallazgos sacados de contexto y de conclusiones de culpabilidad construidas a partir de hipótesis y especulaciones del juez y la UDEF.

Donde los documentos judiciales y policiales apuntan a “posibilidades” y a “indicios pendientes de ser contrastados”, una constelación coordinada de medios conservadores, digitales afines y contertulios especializados en la fabricación de sospechas echó el resto —y continúa haciéndolo— para empujar un cambio político que los mismos medios identifican con la celebración inmediata y urgente de elecciones anticipadas.

Entre los excesos, que nunca pasarían el examen de la buena praxis si en España el ejercicio profesional del periodismo estuviera sujeto a reglas de obligado cumplimiento, destacan con luz propia los titulares publicados sobre las joyas intervenidas por la UDEF y posteriormente fotografiadas y filtradas a los medios para regocijo de chismosos y murmuradores. Pero también las afirmaciones condenatorias sobre el expresidente a partir de las conjeturas del juez; las conexiones sin nexo probatorio —al menos por ahora— entre la comisión del 1% que cobró uno de los investigados tras la concesión de la ayuda a Plus Ultra; o las que, con idéntica falta de fundamento, tratan de conectar a Zapatero con una empresa offshore en Dubái.

“Joyas, oro, discos duros…: el abrumador material incautado refuerza las líneas de investigación en el caso Zapatero”. “Zapatero guardaba decenas de collares, pendientes y relojes en una caja fuerte oculta en su despacho”. “Una caja fuerte en el despacho de Zapatero, móviles y agendas: el material intervenido por la Policía en el ‘caso Plus Ultra’”. “El «tesoro» de Zapatero llega a la prensa internacional, que tasa las joyas en más de 2 millones de euros”.

Los titulares se acumulan insinuando lo abultado de una colección de joyas que nadie, de momento, ha tasado, pero que, al margen de su valor, fuentes próximas al expresidente han atribuido a herencias familiares, como parecen mostrar fotografías tomadas décadas atrás. A falta de datos que prueben su origen ilícito, varios medios han puesto el foco en lo inadecuado que resulta, desde su punto de vista, que un socialista tenga joyas.

A falta de evidencias directas que conecten, al menos de momento, al expresidente con la ayuda pública concedida a Plus Ultra o con una empresa constituida en Dubái, la ansiedad de la derecha mediática se ha esmerado en hablar del “testaferro de Zapatero”, en referencia al empresario Julio Martínez, para poder meter en el mismo titular a quien fuera jefe del Gobierno de España y la supuesta comisión del 1% pagada por la aerolínea a partir del préstamo que recibió de la SEPI y cuya tramitación, a día de hoy, nadie ha sido capaz de poner en cuestión.

Decenas de titulares han hecho ese salto mortal para conectar ese 1% con el dinero que Zapatero ingresó por los servicios de análisis y consultoría que afirma haber realizado para la sociedad de este empresario. La misma técnica se ha utilizado para dar a entender que el tal Martínez traficaba con petróleo y oro de Venezuela en nombre del expresidente. Sin que en el sumario conste esa conexión.

Otros afirmaron haber hallado la pistola humeante del delito y titularon que “Un correo desde la cuenta de Zapatero puso en marcha la ‘operación Dubái’ para que el ‘pago no fuera en España’”, basándose en otro salto mortal: que la primera referencia a la empresa offshore se encontró en un intercambio de mensajes entre dos personas que el día antes habían comido con el expresidente. Nada más.

Para insistir en esta línea —atribuir al expresidente cualquier supuesto delito cometido por personas citadas en el sumario—, los medios de la derecha han hallado la fórmula perfecta: hablar de “la red Zapatero”, “la trama de Zapatero”.

“Zapatero canceló una hipoteca de golpe con una transferencia de 500.000 euros”. Lo que se presentaba como un pago con dinero caído del cielo, con oscuridad criminal, la prueba del nueve del delito, pronto quedó aclarado: el dinero procedía de la venta de la anterior vivienda del presidente, que había enajenado para, precisamente, construirse esa nueva. De ahí que ahora mismo viva de alquiler. Pero el titular era tan bueno que quienes lo publicaron ni siquiera se molestaron en corregirlo en los días sucesivos. Sigue siendo accesible online.

“Zapatero lideró una trama criminal”. Sin sospechas, sin presunción. Calificándolo de culpable. Así abrió a toda plana uno de los diarios más antiguos de la derecha mediática española, sin respaldo judicial ni policial que lo sustentase.

¿Cuál es la base de semejante afirmación, más propia de una sentencia firme? Que el juez haya repetido, indiciariamente, que Zapatero ha actuado como “líder” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias. Una acusación que es preliminar porque no tiene, de momento, apoyatura directa en ninguna prueba que lo corrobore.

Las insinuaciones acerca de supuestos negocios turbios de Zapatero se han extendido a China, con titulares como “De las sonrisas y el ping pong al embargo de armas: la red china que tejió el imputado Zapatero”, detrás de los cuales no hay ningún dato que señale irregularidad o delito. O que dicen: “La UDEF implica a Zapatero en la venta de petróleo venezolano a gran escala a empresas chinas gracias a su influencia con Delcy”, en los que tampoco, aunque lo que la pieza relata fuese cierto, se da cuenta de ningún hecho criminal.

El caso Leire investiga si el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pagó con fondos del partido actuaciones dirigidas a desestabilizar investigaciones judiciales que perjudicaban y siguen perjudicando a los socialistas. En el auto y en lo que se conoce del sumario no hay ninguna referencia al presidente del Gobierno ni ninguna conclusión que permita, siquiera indiciariamente, suponer que estaba en la cúspide de la trama.

Pero eso no fue obstáculo para que varios periódicos, aprovechando un entrecomillado atribuido a la exmilitante socialista Leire Díez, que solo deja constancia de sus propias suposiciones, sentenciasen a Pedro Sánchez. “El PSOE persiguió a jueces, fiscales y la UCO “por orden del ‘One’” y tuvo a sueldo a la ‘trama criminal’”, tituló uno a cinco columnas. “Las cloacas del PSOE actuaron “por orden del One”, según el sumario del juez”, se atrevió a difundir una televisión autonómica. "El juez sitúa a Pedro Sánchez como el epicentro de la cloaca: “el one”", insistió un digital, sin que en el texto de la información se haga referencia a que el juez afirma eso. Sencillamente, porque no es verdad.

El tratamiento que la derecha mediática ha dado al caso ilustra a la perfección el mecanismo que los investigadores sobre desinformación identifican como el más eficaz y el más difícil de combatir: la descontextualización. No la invención de hechos, sino la separación quirúrgica de los hechos reales de las condiciones en que existen.

El auto judicial del caso Plus Ultra imputa a Zapatero por indicios. No por pruebas. No por hechos probados. La distinción no es un tecnicismo procesal: es la diferencia entre un ciudadano investigado y un culpable. El juez instruye, recaba elementos para determinar si hay base para seguir adelante y, en ese proceso, puede imputar a alguien sobre la base de indicios que la investigación deberá confirmar o descartar. Es el funcionamiento ordinario de un proceso penal en un Estado de derecho. Eso es lo que dice el sumario.

Lo que una parte de la cobertura mediática ha construido sobre ese sumario es otra cosa. Zapatero aparece en determinados relatos como el eje de una trama: situado en la cúspide de supuestos mensajes para facilitar el préstamo que Plus Ultra solicitó al Gobierno, vinculado a negocios de oro y petróleo que ninguna resolución judicial ha concretado, presentado como figura central de operaciones que el instructor menciona como líneas de investigación abiertas y que el espacio mediático convierte en hechos establecidos.

La descontextualización funciona así precisamente porque no miente sobre lo que existe. El auto existe. La imputación existe. Los indicios, sobre todo en torno a personas próximas a Zapatero, existen. Lo que se omite —o se minimiza hasta hacerlo invisible— es el marco que da sentido a todo eso: que los indicios son el punto de partida de una investigación, no su conclusión; que imputar no es condenar; que los negocios mencionados son hipótesis que el juez considera relevantes explorar, no realidades acreditadas. Separar el dato de su contexto es suficiente para producir un relato en el que el expresidente no es un investigado, sino un culpable pendiente de sentencia.

Un estudio publicado en 2025 en la revista Emerging Media, con verificadores de hechos de Brasil, Alemania y Reino Unido, concluyó que la mayoría del engaño informativo sigue basándose en la descontextualización, por encima incluso de los deepfakes o las noticias directamente fabricadas. La razón es operativa: el contenido original es verídico, lo que lleva al receptor a asumir que la interpretación también lo es y a compartirlo sin verificar.

El caso Plus Ultra y el tratamiento de la figura de Zapatero en parte de la cobertura mediática española es un ejemplo aplicado de ese mecanismo. La pregunta que ese tratamiento deja sin responder —y que el periodismo que trabaja con fuentes primarias sí puede— es qué dice realmente el sumario y qué distancia hay entre eso y lo que se ha publicado.

Ha pasado en la derecha mediática, pero también en medios tradicionales. Antonio Caño, el que fuera director de El País en una de sus etapas más convulsas y hoy referente del digital ultra TheObjective.com, lo reconoció abiertamente en su cuenta de X: “Buena cobertura en El País, incluso en la SER, del caso Zapatero, cosa que agradecen los lectores y, al mismo tiempo, deja en evidencia lo ocurrido en los últimos años”.

Hasta ahora Zapatero está citado como investigado, conviene recordarlo: no ha sido juzgado ni condenado. En torno a esa investigación, varios juristas con gran experiencia judicial sostienen que “hay una reconstrucción magnificada de los indicios para que el retrato resulte demoledor”.

¿Por qué un dinero ganado limpiamente —y tributado— no puede ser facturado por la empresa de tus hijos? ¿Por qué no es ético ayudar a los hijos? Un dinero limpio.

Otra cosa son las cuentas de Dubái, o en el extranjero, en paraísos fiscales, para despistar, si esto es verdad. Y muy distinto es hacer lobby o un tráfico de influencias (como todos hacen), y otro tema es tener cuentas secretas e ilegales, si es que todo eso es verdad. Ya nos lo aclararán; pero hasta ahora no, pues el auto del juez instructor Calama refleja que son actividades de lobby y, por tanto, legales, afirman desde el Gobierno socialista.

Pero la duda es: si Zapatero no hubiera seguido metido en política, ¿le hubieran dejado mantener sus negocios? Como hacen con otros expresidentes —González, Aznar, Rajoy— y ex cargos públicos, etc. Es así de simple, aunque eso no quiera decir que sea inocente de nada. ¡Pero, por dios, tenemos al emérito, a Aznar, a F. González, a M. Rajoy y a excargos del PP con más mierda de corrupción, y nos centramos en Zapatero, y encima con falsedades!

Rodríguez Zapatero era un gran activo para el PSOE, por eso se lo quieren cargar y han logrado con ello desconcertar a sus votantes. Esa es la gran jugada. Intentan desanimar a los votantes prosocialistas y amigos de la coalición. 

Mi primera reacción ante el auto del juez Calama ha sido no fiarme de una investigación de la UDEF y de la policía, algo precipitada y muy despampanante, con conjeturas muy graves y erróneas.

Hay bastantes falsedades en los informes policiales en fechas, hechos y razones, con muchas incorrecciones de bulto. No hay indicios directos y lo demás es música de fondo para llevarle a la trampa de la imputación. Con ello, el daño sobre la reputación de Zapatero ha sido enorme e irreparable.

Lo que parecía un auto judicial contundente empieza a generar dudas cada vez más serias. Las defensas señalan que el juez Calama habría apoyado gran parte de su durísima resolución (auto) contra Zapatero en hipótesis policiales, “un copia y pega“ sin ton ni son, abriendo un debate demoledor sobre la solidez del caso y el verdadero peso de las pruebas.

La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y diversos analistas jurídicos han señalado lo que consideran importantes errores, lagunas o faltas de comprobación en los informes iniciales de la UDEF y la UCO.

Aunque me temo que la telaraña política y judicial que han tejido sobre Zapatero es profunda y muy difícil de desenmarañar. Los populares quieren "internacionalizar" la imputación del expresidente utilizando el Parlamento Europeo, pero la Comisión Europea le ha echado un jarro de agua fría. Bruselas ha recordado que el rescate de Plus Ultra no necesitaba una evaluación individual de la Comisión Europea.

Entre otros errores del informe de la UDEF contra Zapatero, es clave el que atribuye un presunto pago de la "trama Plus Ultra" al director del fondo de la SEPI cuando todavía no había sido nombrado.

Los investigadores sitúan una conversación del 17 de agosto de 2021 como posible indicio de un supuesto pago de 10.000 euros relacionado con Julián Mateos-Aparicio, quien más tarde asumiría la dirección del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI. Sin embargo, fuentes próximas al expresidente consultadas por ElConstitucional.es subrayan que el rescate de la aerolínea Plus Ultra había sido aprobado meses antes, concretamente el 9 de marzo de 2021 por el Consejo de Ministros. ¡Y el volcado desde USA es del 2025!

¡Vaya chasco! Y así un montón de especulaciones sobre Zapatero y pseudoverdades no demostradas.

El fiscal especial anticorrupción, Luzón, y los investigadores de la UDEF pedían al juez instructor Calama que investigase en el domicilio particular de Zapatero. Y menos mal que el juez Calama desoyó a la Fiscalía Especial dirigida por Luzón y a los investigadores de la UDEF por considerar desproporcionada esta medida.

Pero ahí estaba ya Luzón preparando sus estrategias. Y por eso dejó libre a Aldama para que vaya a manifestaciones contra Pedro Sánchez. Y libre para hablar mal de Zapatero, inculparle sin ton ni son; libre para lo que le de la gana. Es un pacto con el PP judicial. No olvidemos que fue en tiempos de M. Rajoy cuando fue nombrado fiscal jefe Especial Anticorrupción. Pero de la corrupción pepera ni se enteró, qué casualidad.

La jueza Victoria Rosell siempre ha defendido la legalidad de la judicatura, pero afirma que a veces es muy difícil entenderlo: “Es que tenemos sentados en el banquillo de la Kitchen al comisario de la UDEF. Y tenemos al exinspector jefe de la UDEF de Madrid imputado por tráfico de drogas y blanqueo…”. Como para no poner en entredicho, por ejemplo, la implicación del fiscal anticorrupción Luzón y otras fuerzas judiciales derechistas. 

El juez Calama mezcló indicios de delito con suposiciones de la Policía en el auto de imputación de Zapatero. Copió totalmente, en lagunas cuestiones, las conclusiones de la Policía para imputar a Zapatero el liderazgo de la trama, sin valorarlas.

Entre tanto, pasarán años para dictar sentencia, y los daños personales y políticos son evidentes, los intereses también. ¿Estará justificada la enorme ambición narrativa de la resolución y terminará encontrando una correspondencia igual de sólida cuando llegue el momento decisivo del proceso?

¿Ha cruzado la justicia una línea peligrosa al redactar un auto que parece más una sentencia política que una investigación preliminar?

En una de las partes más polémicas del documento, el juez Calama afirma que las diligencias practicadas “permiten afirmar” la existencia de una estructura organizada dirigida por Zapatero para ejercer influencias ilícitas y obtener ventajas económicas.

La expresión “permiten afirmar” se convirtió inmediatamente en el epicentro del escándalo. Porque muchos esperaban encontrar expresiones típicas de una fase de investigación como “presuntamente”, “podría”, “según indicios” o “aparentemente”.

Pero el lenguaje utilizado por el magistrado fue interpretado por muchos como extraordinariamente categórico.

Y eso cambió completamente el impacto mediático del caso. “Zapatero es el jefe de la trama”.

¿No se habrá “pasado” el juez instructor?

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Angel Lozano Heras es socio de infoLibre.

Los informes de la UDEF sobre el rescate de 53 millones a Plus Ultra mencionan a decenas de personas con papeles muy distintos en una supuesta red de tráfico de influencias cuyo liderazgo es atribuido a José Luis Rodríguez Zapatero: accionistas, directivos, abogados, cargos públicos, banqueros, empresarios, familiares del expresidente... Este glosario ordena esos nombres, separa las relaciones directas de las meramente contextuales y explica qué atribuye exactamente la Policía a cada uno.

Alba Rodríguez Espinosa

Hija de José Luis Rodríguez Zapatero y socia/administradora de WHATHEFAV S.L. junto a su hermana Laura Rodríguez Espinosa. La UDEF vincula WHATHEFAV con la recepción de pagos procedentes de sociedades relacionadas con la estructura de Julio Martínez Martínez.

Alejandro Casado Vega

Participante en chats internos relacionados con contratos de Plus Ultra. La UDEF no le atribuye una relación directa con Zapatero; aparece en el contexto documental de la aerolínea y de la discusión sobre el contrato con el “tocayo”, Julio Martínez Martínez.

Alejandro Delgado Crego

Directivo de Plus Ultra. Participa en comunicaciones sobre la ayuda pública a la aerolínea y, según la UDEF, estaba integrado en la estrategia de canalización de fondos y en la protección del liderazgo "no visible" de Zapatero en la estructura formal.

Álvaro Gutiérrez Molano

La UDEF le sitúa como un colaborador operativo de Santiago Fernández Lena, asumiendo facultades de representación (apoderamientos) en sociedades de la red utilizadas, según los investigadores, para la canalización de fondos.

Antonio Caldeiro Téllez

Administrador único de ALVA SKIES AND WINGS S.L., accionista minoritaria de Plus Ultra. La UDEF lo cita por sus reticencias internas a aprobar el plan de viabilidad necesario para que la aerolínea obtuviera el rescate. Roberto Roselli (CFO de Plus Ultra) relató en un audio que Zapatero hablaría directamente con Caldeiro para que "se calle la boca y diga a todo que sí". La UDEF concluye que la oposición de Caldeiro fue doblegada gracias a la "capacidad de influencia de la red liderada por José Luis Rodríguez Zapatero", pero en los informes no hay constancia alguna de que finalmente Caldeiro hablara con Zapatero o su entorno.

Antonio Fernández

Presidente de ALDESA S.A., sociedad identificada por la UDEF como una de las mercantiles que nutría económicamente a empresas de la red. Se registran abonos a favor de Análisis Relevante por un importe de 127.050 euros en concepto de elaboración de informes mensuales, que eran maquetados por la sociedad de las hijas de Zapatero (Whathefav) antes de ser enviados a los clientes finales. Aparece en listados remitidos por Zapatero a Julio Martínez Martínez para la distribución de informes.

Antonio Fernández Poyato

Su nombre figura en la agenda de Koldo García (asesor del ministro Ábalos) en relación con una reunión agendada para el 15 de marzo de 2021. En dicha reunión estaba prevista la asistencia del propio José Luis Rodríguez Zapatero y de quien fue su jefe de gabinete, José Andrés Torres Mora. La convocatoria fue gestionada a través de la secretaría de Fomento y trasladada al grupo de mensajería "AGENDA FOMENTO", donde participaban el exministro Ábalos y Koldo García. No obstante, no consta acta de dicha reunión ni confirmación de que se celebrara.

Basiliso Gil Carrasquero

Es el administrador único de CALETÓN CONSULTORES S.L., nombrado el 20/01/2021. La UDEF sitúa a Caletón como una mercantil que habría actuado de forma interpuesta para canalizar fondos desde Plus Ultra hacia sociedades del entorno de Julio Martínez Martínez. La UDEF le atribuye a Gil un papel meramente formal o de testaferro: en un documento hallado en un disco duro de Santiago Fernández Lena se indica que el administrador de esas sociedades cobraba 600 euros mensuales, pagados en efectivo cuando viajaba desde Venezuela a España. El informe añade que Gil y su esposa viajaban desde Caracas a Madrid y que Santiago Fernández Lena proponía “tener algún detalle” con ellos porque estaban “echando una mano con Caletón”.

Camilo Ibrahim Issa

Accionista de Plus Ultra a través de SNIP AVIATION. En una conversación del 06/02/2021, Rodolfo Reyes dice a Julio Martínez Sola que Camilo “estuvo hoy con ZP” y que Zapatero le habría dicho que “todo va viento en popa”. En esa misma secuencia, Julio Martínez Sola responde que Julio Martínez Martínez –el “tocayo”– estaba con Zapatero y preguntó qué participación tenía Camilo en Plus Ultra. Días después, Julio Martínez Martínez le felicita anticipadamente por la obtención del préstamo SEPI y Camilo agradece su “asesoría y guía”. La UDEF usa esos mensajes como indicio de la capacidad de la red vinculada a Zapatero para conocer o influir en el expediente. 

Carlos Alberto Parra Delgado

Administrador único y socio mayoritario de SOFTGESTOR S.L. La UDEF vincula SOFTGESTOR con pagos a ANÁLISIS RELEVANTE por cuenta de Francisco Flores, dentro de la canalización de fondos hacia la estructura societaria. La ONIF señala pagos de SOFTGESTOR a ANÁLISIS RELEVANTE por 72.600 euros en 2020 y 72.600 euros en 2021, un total de 145.200 euros. La UDEF añade que esos pagos podrían haberse hecho por cuenta de Francisco Flores, sin que quede clara la relación de este con SOFTGESTOR. Parra también figura como administrador único de APAMATE CORPORATE AND TRUST, sociedad que aparece en un contrato de prestación de servicios con ANÁLISIS RELEVANTE. Ese contrato, fechado el 30/07/2020, preveía honorarios de 120.000 euros, aunque la UDEF indica que no detecta transferencias desde APAMATE a ANÁLISIS RELEVANTE.

Cristóbal Cano Quiles

Director de administración o gestor operativo del entorno societario de Julio Martínez Martínez. La UDEF lo sitúa en el tercer nivel de la red, con papel equivalente al de Gertrudis Alcázar en la oficina de Zapatero, y como contacto para facturación y coordinación documental.

Daniel Lapera

Persona del entorno asesor/jurídico o documental de Plus Ultra que aparece en el chat “CONTRATOS”, pero los informes no le atribuyen una relación directa con Zapatero ni un papel propio dentro de la red. Su conexión es indirecta, por estar presente en conversaciones donde se tratan contratos, honorarios y documentación vinculada a la ayuda pública y al contrato con Julio Martínez Martínez.

Daniel Romero-Abreu Kaup

Administrador de THINKING HEADS y fundador y presidente de GATE CENTER. La UDEF lo vincula indirectamente con Zapatero por la canalización de pagos hacia el expresidente, su entorno familiar o entidades conectadas, bajo conceptos como conferencias, asesoría o actividad de GATE CENTER. Según inteligencia financiera recogida por la UDEF, el grupo THINKING HEADS habría abonado a José Luis Rodríguez Zapatero 681.318,04 euros, mientras que GATE CENTER le habría abonado 352.980 euros. Además, GATE CENTER habría remitido 171.727 euros a WHATHEFAV, sociedad de las hijas de Zapatero, y THINKING HEADS GROUP otros 12.297 euros.

Danilo Diazgranados / Danilo Diazgranados Manglano

Es un contacto o cliente de alto nivel del circuito de ANÁLISIS RELEVANTE, relacionado con la red que describe la UDEF por dos vías: su inclusión en listados que los investigadores atribuyen a la dirección de Zapatero y una transferencia directa a WHATHEFAV. Su frase sobre Julio Martínez como “el banco del jefe” es la pieza que la UDEF usa para reforzar la tesis de que Martínez Martínez actuaría como pantalla o canal económico de Zapatero.

Delcy Rodríguez

Aparece en conversaciones como posible vía política para llegar a Ábalos. La UDEF no la sitúa como miembro de la red de Zapatero; su mención sirve para mostrar que Plus Ultra exploró varias vías de influencia política.

Domingo Amaro Chacón / Domingo Arnaldo Amaro Chacón

Administrador solidario de INTELIGENCIA PROSPECTIVA S.L./ALASKA ILIMITADA junto a su hermano Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Cliente de ANÁLISIS RELEVANTE; la UDEF lo vincula a pagos a ANÁLISIS RELEVANTE, WHATHEFAV y GATE CENTER, y a mensajes dirigidos al “Presidente”.

Eudoro González / Eudoro González Dellán

Abogado y político venezolano. La UDEF lo menciona en conversaciones con fórmulas dirigidas al “Presidente” y lo sitúa como posible puente comunicativo en Venezuela para asuntos de interés de Zapatero.

Federico Lledó Soria

Aparece vinculado a SUMMER WIND S.L., sociedad que la UDEF considera una de las mercantiles usadas para la canalización indirecta de fondos desde Plus Ultra hacia la estructura societaria de Julio Martínez Martínez. La UDEF lo identifica como “Fede” en varias conversaciones. En 2023, Julio Martínez Sola dice que “Fede” estaba “contentísimo con lo del tocayo”, en referencia a Julio Martínez Martínez. En 2024, Lledó interviene en conversaciones sobre una factura de AFITTA S.L. –sociedad del entorno de Julio Martínez Martínez– por 213.202 euros, emitida a SUMMER WIND, y pregunta si ya había sido presentada a efectos de IVA para poder cambiar el concepto. La UDEF interpreta esto como indicio de que se estaban adaptando facturas y conceptos con posterioridad a su emisión.  

Felipe Baca / Luis Felipe Baca Arbulu

Interlocutor de Miguel Palomero en conversaciones sobre entregas de dinero en efectivo, incluidas cantidades a Rodolfo Reyes, Jesica y Alejandra. La UDEF lo conecta con la vía Palomero/Ábalos, no directamente con Zapatero.

Fernando García Manso

Presidente de Plus Ultra, informado por Rodolfo Reyes de las gestiones de influencia que, según la UDEF, combinaban la vía Ábalos/Palomero y la vía Zapatero/Julio Martínez Martínez. Aparece en una captura relativa a reuniones conseguidas para Plus Ultra, incluida la reunión con Pedro Saura. La UDEF lo menciona en el contexto de contactos y reuniones.

Francisco Ferrer

Jefe de gabinete de Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Aparece en el contexto de una reunión celebrada el 22/07/2020 en el Ministerio de Transportes con Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, directivos de Plus Ultra. En el mensaje reenviado tras la reunión se dice: “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer”, y se añade que la reunión fue “agradable, distendida” y que “se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones”. La UDEF encuadra esa reunión dentro de la vía Ábalos/Palomero, porque previamente Miguel Palomero habría agilizado el acceso al Ministerio, y la secretaria de Pedro Saura habría llamado “de parte del ministro” para fijar la reunión.

Francisco Flores / Francisco Enrique Flores Suárez

Empresario venezolano relacionado por la UDEF con SOFTGESTOR S.L. y pagos a ANÁLISIS RELEVANTE. Aparece en el informe 1907 como un contacto de Julio Martínez Martínez, guardado en su agenda como “FCO FLORES”; la UDEF indica que podría tratarse de Francisco Enrique Flores Suárez, empresario venezolano, aunque formula esa identificación con cautela. Su relevancia está en los pagos vinculados a SOFTGESTOR S.L. La UDEF localiza una conversación en la que Julio Martínez Martínez le envía un contrato de ANÁLISIS RELEVANTE inicialmente sin datos del receptor. Después, Francisco Flores devuelve el contrato ya cumplimentado con los datos de APAMATE CORPORATE AND TRUST, sociedad administrada por Carlos Alberto Parra Delgado. Días más tarde, remite otro contrato idéntico, pero esta vez con SOFTGESTOR como receptora del servicio. La UDEF señala que SOFTGESTOR pagó a ANÁLISIS RELEVANTE 145.200 euros: dos transferencias de 72.600 euros, una en 2020 y otra en 2021. El informe añade que hay indicios de que esos pagos serían por cuenta de Francisco Flores, aunque su relación con SOFTGESTOR no queda aclarada.

Francisco Javier García Varela

Representante de banca de empresas de La Caixa en gestiones de financiación ICO de Plus Ultra. Su papel es puramente bancario e instrumental: aparece como uno de los interlocutores financieros tanteados por Plus Ultra en la fase inicial de búsqueda de financiación ICO.

Francisco Manuel Fajardo Palarea

Senador del PSOE por Lanzarote en la XIV Legislatura. La UDEF lo identifica como padre de Manuel Aarón Fajardo García, el contacto que Julio Martínez Sola utiliza para acceder al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. La UDEF lo menciona para contextualizar los vínculos de Manuel Fajardo con el entorno de Zapatero y referencias a su amistad personal con el expresidente.

(María) Gertrudis Alcázar Jiménez / “Gertru”

Secretaria de la oficina de Zapatero. La UDEF la sitúa en el tercer nivel operativo de la red, en contacto con Cristóbal Cano, ejecutando gestiones, soporte documental y coordinación vinculada a pagos y sociedades.

Guillermo Alfredo Amaro Chacón

Hermano de Domingo Arnaldo Amaro Chacón y administrador solidario/socio de INTELIGENCIA PROSPECTIVA S.L. La UDEF lo conecta indirectamente con la red por las aportaciones, pagos y relaciones de esa sociedad con ANÁLISIS RELEVANTE, WHATHEFAV y GATE CENTER.

Jaime Ribes

Ejecutivo/director de agencia del Banco Santander en gestiones de financiación de Plus Ultra. Su papel es bancario e instrumental: aparece como interlocutor de Santander en la fase en la que la vía Zapatero/Julio Martínez Martínez intentaba mover, según la UDEF, la financiación ICO para la aerolínea.

Jesica Rodríguez García

Titular del teléfono asociado a “Jess/Jessica”, conocida por su vinculación con José Luis Ábalos. Aparece en conversaciones sobre entrega de 2.000 euros. Su relación atribuida es con la vía Ábalos, no con la vía Zapatero.

José Andrés Torres Mora

Exjefe de gabinete de Zapatero. Citado en una comida o reunión con Zapatero, Ábalos y Antonio Fernández Poyato. La UDEF lo menciona en contexto de agenda política, no como operador de la supuesta red.

José Ángel Partearroyo Martín

Director de Participadas IV de la SEPI e interlocutor de Plus Ultra durante la tramitación de la ayuda pública de 53 millones de euros. La UDEF destaca que existió un flujo de comunicaciones entre directivos de Plus Ultra y Partearroyo durante la fase de concesión. El 02/12/2020 Roberto Roselli le comunica que Plus Ultra ha presentado información en la SEPI y Partearroyo responde: “En breve os decimos porque ya estamos contratando asesores y en breve arrancan”. El informe añade que Partearroyo formaliza la memoria justificativa de la contratación por procedimiento de emergencia del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). El 13/01/2021, Roselli informa a Julio Martínez Martínez de que Plus Ultra ha tenido su primera reunión formal con la SEPI y asesores financieros y legales, y añade que Partearroyo había pedido a los asesores que acelerasen el proceso. El 02/03/2021, el Consejo Gestor del FASEE eleva la propuesta favorable y Partearroyo comunica a Julio Martínez Sola que estaba “todo ok ya aprobado”, condicionado al visto bueno a los contratos y al Consejo de Ministros, y pide que no haya prensa hasta el Consejo del 09/03/2021. Esa conversación se reenvía a Rodolfo Reyes y se comparte solo con un círculo reducido, incluido Julio Martínez Martínez. 

José Javier Castellanos

Responsable de área del Banco Santander mencionado en reuniones o gestiones sobre financiación. Aparece como interlocutor bancario en la vía ICO.

José Luis Ábalos Meco

Ministro de Transportes. La UDEF identifica una vía paralela a la de Zapatero: Rodolfo Reyes intenta acceder a Ábalos mediante Miguel Palomero y Koldo García. Ambas vías, según la UDEF, coexistieron para favorecer a Plus Ultra.

José Luis Escrivá Belmonte

Entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La UDEF menciona una reunión con Zapatero el 07/09/2020. Su aparición se vincula al contexto de Seguridad Social y Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero

Expresidente del Gobierno. La UDEF le atribuye liderazgo "no visible" de una red de influencia, con Julio Martínez Martínez como figura formal, validación de clientes, instrucciones operativas y canalización de fondos hacia estructuras vinculadas a su entorno familiar.

Juan Manuel Cendoya

Vicepresidente del Banco Santander. Destinatario de una carta de Plus Ultra en la que se afirmaba actuar "por instrucciones" de Zapatero para solicitar ayuda en la obtención de un crédito ICO. Su papel en la investigación se limita a la fase inicial en la que Plus Ultra intentaba obtener financiación.

Juan Manuel Teixeira Díaz

Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC). Era el interlocutor institucional de Julio Martínez Martínez para autorizaciones de vuelos y deudas de Plus Ultra en Venezuela. En julio de 2021, Teixeira aparece en la investigación de la UDEF por un problema de vuelos de Plus Ultra no autorizados. Advierte a Julio Martínez Martínez de que la aerolínea estaba comercializando vuelos sin autorización venezolana y pide corregir la información dada a los pasajeros. Al día siguiente, Julio Martínez Martínez le dice que Plus Ultra le pide interceder ante el INAC por el vuelo Caracas-Madrid. El 31/07/2021, tras esas gestiones, una persona registrada como “Z”, identificada por la UDEF como José Luis Rodríguez Zapatero, escribe a Julio Martínez Martínez: “En tiempo y forma. Exitosa gestión…”. Acto seguido, Julio agradece a Teixeira porque Plus Ultra le indica que los vuelos están oficialmente aprobados. 

Judith Laure Wells Sutton

Es citada por la UDEF como empleada administrativa del entorno de Zapatero, integrada en el mismo nivel funcional que “Gertru” para tareas de soporte documental y dinámicas operativas, aunque el informe aporta menos detalle específico sobre ella que sobre Gertrudis Alcázar.

Julio Martínez Martínez

La UDEF lo presenta como lugarteniente o persona de confianza de Zapatero: contacto de Plus Ultra, intermediario en gestiones ante bancos y SEPI, titular formal de sociedades de la “boutique” y canalizador de cobros que, según el informe, terminarían beneficiando al entorno de Zapatero. Aparte, el expresidente y él eran compañeros de running.

Julio Martínez Sola / Julio Miguel Martínez Sola

Vicepresidente de Plus Ultra. Canalizó buena parte de la interlocución con la vía Zapatero, primero a través de Fajardo y después mediante Julio Martínez Martínez. Para la UDEF, su relación con Zapatero es directa en al menos una llamada e indirecta y continuada a través del “tocayo” Julio Martínez Martínez.

Julián Mateos

Directivo de la SEPI. En concreto, los informes lo mencionan a partir de una noticia de prensa reenviada el 17/08/2021 por Julio Martínez Martínez a Rodolfo Reyes, cuyo titular era: “La SEPI pone a su director de negocios Julián Mateos al frente del fondo de rescate tras la polémica con Plus Ultra”. El informe 1908 precisa que la noticia aludía a su nombramiento como director del FASEE de la SEPI. La UDEF considera relevante esa mención porque, tras el reenvío de la noticia, Rodolfo Reyes pregunta a Julio Martínez Martínez si lo conoce y, minutos después, Reyes escribe “10k done”. El informe interpreta esto último como la confirmación de un pago de 10.000, aunque el informe 1907 de la UDEF matiza que no se especifica la divisa. 

Koldo García Izaguirre

Persona de confianza de José Luis Ábalos. La UDEF lo identifica como “el amigo” de Miguel Palomero en la vía Ábalos. Su conexión con Zapatero es indirecta: forma parte de una vía paralela que coexiste con la vía Zapatero.

Laura Rodríguez Espinosa

Hija de Zapatero y socia/administradora de WHATHEFAV S.L. junto a su hermana, Alba Rodríguez Espinosa. La UDEF la vincula al entorno familiar beneficiario por pagos recibidos por WHATHEFAV desde sociedades relacionadas con la estructura de Julio Martínez Martínez.

M

Manuel Aarón Fajardo García

Identificado por la UDEF como miembro del “equipo del amigo”, es decir, del entorno de Zapatero. Facilita a Plus Ultra el contacto con Julio Martínez Martínez y se le atribuye el papel de lugarteniente o pieza de Zapatero en Venezuela.

María Aurora López López

Esposa de Rodolfo Reyes y accionista de Plus Ultra a través de la cual Reyes sería principal accionista, según la UDEF. No se le atribuye relación directa con Zapatero; su relevancia es societaria respecto de Plus Ultra.

(María) Gertrudis Alcázar Jiménez / “Gertru” (ver Gertrudis)

María Jesús García Hernández

Madre de Manuel Aarón Fajardo García y titular registral del teléfono asociado a este, según consulta citada por la UDEF. Su relación con Zapatero es indirecta y solo identificativa, por su vínculo familiar con Manuel Fajardo.

María Sonsoles Espinosa Díaz

Cónyuge de Zapatero y cotitular de cuentas bancarias que según la UDEF son receptoras o redistribuidoras de fondos de la trama.

María Ysabel Pestana Rojas

Su papel es societario y contextual: aparece como administradora sustituta en una sociedad vinculada al entorno de Plus Ultra en un momento en que, según la UDEF, los directivos buscaban ajustar su posición “con vista a la SEPI”.

Miguel Ángel Franco

Mencionado como coordinador de área en Banco Santander en conversaciones sobre financiación ICO. Su papel es bancario e instrumental.

Miguel Palomero de Juan

Abogado que articula la vía Ábalos mediante Koldo García para Plus Ultra. La UDEF lo sitúa como intermediario de Rodolfo Reyes para acceder al ministro de Transportes. Su conexión con Zapatero es indirecta, se le presenta como una vía paralela que llega a confluir con la de Julio Martínez Martínez.

Néstor Esteban

Representante de banca de empresas de La Caixa en reuniones sobre financiación de Plus Ultra. No se le atribuye relación con Zapatero; aparece como interlocutor financiero.

Óscar Mendoza Guerra

Representante de banca de empresas de La Caixa en conversaciones sobre financiación. No se le atribuye vínculo con Zapatero.

Pablo 'Legal'

Parece ser un contacto jurídico o asesor integrado en los chats de trabajo de Plus Ultra, pero los informes no lo identifican plenamente ni le atribuyen relación directa con Zapatero. Su conexión es indirecta y contextual, por estar presente en conversaciones sobre contratos y honorarios relacionados con la estructura de Julio Martínez Martínez.

Pedro Saura García

En aquel momento, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. La UDEF lo cita por la reunión del 22/07/2020 con Julio Martínez Sola y Roberto Roselli. Aparece en la vía institucional/Ábalos.

Philippe Apikian

Presidente de Swissoil Trading S.A., citado en conversaciones de Domingo Amaro con Julio Martínez Martínez sobre operaciones internacionales. Uno de los actores empresariales interesados en una operación petrolera en Venezuela, junto a compradores chinos. 

Raif El Arigie / Raif El Arigie Harbie

Consejero de Plus Ultra. La UDEF lo cita como participante en chats internos de la aerolínea junto a Rodolfo Reyes, Roberto Roselli y Alejandro Delgado. Aparece, por ejemplo, el 22/07/2020, cuando reenvía a Rodolfo Reyes el mensaje sobre la reunión de Julio Martínez Sola y Roberto Roselli con Pedro Saura y Francisco Ferrer. En ese mensaje se dice que se notaba que les habían recibido por “altas recomendaciones” y que el papel de Transportes sería “hablar bien” de Plus Ultra; Reyes contesta: “Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. También figura en el chat “SALA SITUACIONAL PULA”. El 01/09/2020, tras presentarse la solicitud de ayuda ante la SEPI, participa en la conversación en la que Roberto Roselli dice que ahora toca “meterle chola al Zapa” y hablar con “el tocayo”, es decir, Julio Martínez Martínez, para acelerar el expediente. La UDEF lo menciona además por un pago de 40.000 euros que aparecía en el listado de deuda que se iba a presentar a la SEPI. Santiago Fernández Lena advierte a Roberto Roselli de que Raif era una “persona vinculada por Consejero” y pregunta si ese cobro podía canalizarse a través de una sociedad para evitar contingencias ante la SEPI. Roselli propone hacerlo vía AEROVIP.

Ramón Antonio Gordils Montes

Contacto venezolano que facilita el acceso inicial al entorno de Zapatero. Rodolfo Reyes le pide ayuda para llegar a “ZP” y Gordils busca la ruta que desemboca en Manuel Fajardo. Es el arranque de la vía Zapatero, según la UDEF.

Raúl Medina Caballero

Director General de Aviación Civil (DGAC) citado como posible asistente o referencia en la reunión del Ministerio de Transportes. Su papel es institucional y técnico, como responsable de la DGAC cuyo informe forma parte del expediente de la ayuda pública.

Roberto Roselli Miele

Director financiero (CFO) de Plus Ultra. Uno de los interlocutores principales de la aerolínea en las gestiones para obtener financiación pública. La UDEF lo sitúa junto a Julio Martínez Sola como uno de los directivos de Plus Ultra que mantenían contactos frecuentes con Julio Martínez Martínez. Ambos, Sola y Roselli, informaban después a Rodolfo Reyes de los avances de esas gestiones. Es en su ordenador donde se encuentra la carta dirigida a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del Santander, en la que Plus Ultra decía contactar por instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero para solicitar ayuda en la obtención de un crédito ICO. Roselli es además quien explicita en una conversación con Rodolfo Reyes que no habla directamente con Zapatero, sino con un “lacallo”, identificado por la UDEF como Julio Martínez Martínez, y añade que por esa estructura “vendrá la mordida”. 

Rodolfo José Reyes Rojas / Rodolfo Reyes Rojas

Principal accionista de Plus Ultra a través de su esposa, según la UDEF. Activa las vías de influencia Ábalos y Zapatero, acepta la posibilidad de pagos o comisiones y sigue los avances del rescate público de la aerolínea.

Rubén Eladio López Martínez

Director de la Unidad de Emergencias, Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes. La UDEF lo cita en una cadena informativa sobre una reunión de Zapatero con Escrivá que llega a Koldo y Ábalos.

Santiago Fernández Lena

Abogado/asesor vinculado a Plus Ultra y a Rodolfo Reyes. Su papel más relevante, según la UDEF, es el de dar cobertura formal o jurídica a pagos relacionados con Julio Martínez Martínez –el “tocayo”–. El 11/03/2021, justo después de aprobarse la ayuda de 53 millones, Rodolfo Reyes le plantea que le acompañe a comer con Julio Martínez Martínez “por si vamos a hablar de los honorarios” y porque era bueno tener clara “la vía” y “cómo lo van a documentar”. Santiago responde: “Creo que lo tenemos claro”. También aparece en abril de 2021 en relación con un contrato entre ANÁLISIS RELEVANTE y CORPOESTRUCTURA, rubricado por Rodolfo Reyes, por 40 meses y honorarios de 10.000 euros mensuales más IVA –un total de 484.000 euros–. La UDEF recoge que Julio Martínez Martínez insistía en tener el contrato firmado y que Fernández Lena advertía que todavía no se había resuelto el segundo tramo de la SEPI y que quizá necesitarían “un empujón”. En el informe 1907, su papel se amplía con CALETÓN CONSULTORES. La UDEF recoge conversaciones en las que Fernández Lena advierte que CALETÓN “no tiene programas” y propone buscar “otro concepto” para una factura, lo que el informe interpreta como creación de facturación ad hoc para justificar pagos. Además, en un archivo hallado en un disco duro de su propiedad, Fernández Lena explica que CALETÓN se estaba utilizando para darle “contenido” y que no pareciera solo receptora de facturas de Plus Ultra y pagadora de esas facturas. La UDEF interpreta ese documento como refuerzo de la hipótesis de que CALETÓN era una sociedad instrumental para canalizar pagos desde Plus Ultra.

Sergio Sánchez Benítez

Elaboraba informes para ANÁLISIS RELEVANTE. La UDEF lo integra en la operativa de informes: él los redactaría, WHATHEFAV los maquetaría y se distribuirían a clientes validados, según los investigadores, por Zapatero y supervisados por Julio Martínez Martínez.

Tomás Guerrero Blanco

Según uno de los informes de la UDEF, pudiera tratarse de Tomás Víctor Guerrero Blanco, identificado como fundador de HALAL INTERNATIONAL TOURISM S.L., HALAL GLOBAL SERVICES S.L. y STATECRAFT GLOBAL ADVISOR S.L.U., constando como administrador único de esta última. La UDEF indica que, un día después de una reunión concertada por José Luis Rodríguez Zapatero a la que debían acudir Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, este envió un correo a Julio “según lo conversado ayer” detallando la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái y poniéndole en contacto con los responsables de la zona franca. Después, Tomás Guerrero vuelve a remitir otro correo con datos más concretos sobre el posible nombre de la sociedad dubaití, dirección de contacto y otros detalles. Finalmente, Cristóbal Cano escribe a Tomás Guerrero indicando que la sociedad en Dubái se denominaría LANDSIDE DUBAI FZCO y estaría participada al 100% por IDELLA CONSULENZA STRATÉGICA S.L. La sociedad quedaría registrada ocho días después de la firma del rescate de Plus Ultra, según adelantó infoLibre. La UDEF conecta esta operación con el contrato entre Plus Ultra e IDELLA de 19/01/2021, por el que IDELLA cobraría el 1% del rescate público. El informe apunta la posibilidad de que la estructura de Dubái se hubiera creado para que ese pago no se realizara en España. 

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Este glosario se ha elaborado con apoyo de dos modelos de inteligencia artificial, pero ha sido supervisado, cotejado y completado nombre a nombre por un periodista de infoLibre