El 23F es a España lo que el asesinato de John F. Kennedy a EEUU. Un momento único en la Historia reciente en el que todo el mundo recuerda dónde estaba. Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) no se comportó de forma heroica sino que fue a la facultad en la que daba sus primeros pasos en busca de una chica. El resto de la sociedad tampoco se echó a la calle para parar el golpe sino que contuvo la respiración. Mientras, la larga intentona de cuya placenta fueron responsables casi todos los que entonces era alguien en el Madrid político se desarrollaba liderada por militares que decían hablar en nombre del rey Juan Carlos. 

Se cumplen 40 años del 23F y 12 de la publicación de Anatomía de un instante, la "novela de no ficción" que sigue siendo una obra imprescindible sobre el acontecimiento y que ahora se reedita. Cercas está a punto de lanzar también nueva novela, pero habla con pasión de los momentos más críticos de la Transición en la que todo pudo saltar por los aires. De poco sirve tratar de revisar el pasado para justificar el presente, asegura. Ahora, dice con extraordinaria sencillez, la responsabilidad del futuro nos toca a "nosotros", a cualquiera que lea esta entrevista y a los que no. Sin excusas. 

En el prólogo de su libro describe el 23F como “una neurosis colectiva, una paranoia colectiva, una novela colectiva”. ¿Cómo envejece el 23F?

A juzgar por lo que está ocurriendo y por lo que leo en la prensa, la neurosis y la paranoia van a más. El golpe de Estado del 23 de febrero es ya desde hace muchos años el mito fundacional de la democracia española. Es un día saturado y cargado de sentido. Más concretamente, se trata del instante de ese día que hemos visto mil veces por televisión con los golpistas entrando al Parlamento, exigiendo a todo el mundo que se tire al suelo. Tres personas, Adolfo Suárez, el presidente del Gobierno, Manuel Gutiérrez Mellado, el vicepresidente, y Santiago Carrillo, el secretario general del Partido Comunista, desobedecen. Esas tres personas son, junto con el rey, los artífices de la Transición en España. No se han educado en democracia y durante la mayor parte de su vida no han creído en ella, pero en el momento de la verdad deciden jugarse la vida por la democracia.

La Guerra Civil no duró tres años sino hasta el 23F

En ese momento terminan dos siglos de intervencionismo militar, empieza de verdad la democracia, termina el franquismo y también la Guerra Civil. Porque la Guerra Civil no duró tres años sino 43, ya que el franquismo no fue la paz sino la prolongación de la guerra.

En las escuelas, Tejero es poco menos que un “loco con bigote”, como publicábamos este fin de semana en infoLibre tras hablar con educadores. ¿Le preocupa esa ajenidad casi absoluta de las nuevas generaciones respecto al golpe?como publicábamos este fin de semana

Es inevitable, pero la Historia debe contarlo. Eso sí, en la televisión sale casi a diario, por lo que estoy seguro de que saben lo que es y lo sitúan más que la Guerra Civil. ¿Si me preocupa [que no sea así]? Debería preocuparnos a todos. La única forma de hacer algo útil con el futuro es tener el pasado siempre presente. En el momento en que olvidas el pasado, ya estás preparado para repetirlo.

¿Está fracasando la memoria histórica sobre acontecimientos como el golpe?

Es el trabajo de todos: de la escuela, los medios de comunicación… Cuando oyes a un político decir: “Esto es pasado, ya no tiene nada que ver con nosotros”, ¡malo! "La historia es la madre de la verdad", decía Cervantes. Hay que tenerla siempre presente. Mis libros siempre son una batalla contra la dictadura del presente. Los medios tienen en eso un poder absolutamente extraordinario, absoluto, incluyendo en esa categoría a las redes sociales. Parece que el presente es sólo lo que pasa ahora mismo y que, si te descuidas, lo de esta mañana es pasado. Es mentira. El pasado del cual hay memoria y testigos no ha pasado sino que es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. ¿Dónde empieza el presente español? En la Guerra Civil.

Además de sobre el 23F y sus protagonistas, su libro es sobre la Transición, que según usted no fue un pacto de olvido sino lo contrario. Los protagonistas tenían muy presentes los 40 años anteriores y, si acaso, traicionaron sus posiciones o las dejaron en un segundo plano para poder vivir juntos y que no imperara el “Hágase justicia y perezca el mundo”. A la luz de todo eso, ¿qué análisis hace del ambiente político actual? Hay quien dice que con los políticos actuales no se habría hecho la Transición.

En la actitud en que están ahora, no. Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado sabían lo que era la guerra. Y Suárez también porque, aunque era muy pequeño, el perfume de la guerra no se olvida jamás. Forma parte de su ADN. La Transición se hizo, pero no es perfecta. Decir lo contrario es un disparate

Hay quien la sacraliza.

La Transición salió razonablemente bien, la culpa es nuestra por no mejorarla

Es una estupidez, pero salió razonablemente bien. Vivimos en el período de mayor democracia de la Historia moderna de España. La culpa es nuestra por no mejorarla. Eso de echársela a papá y a mamá; es decir, a Carrillo y a Suárez… Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado sabían lo que era la guerra y preferían un acuerdo mediocre que una buena guerra. Y eso explica también parte de lo que ocurrió el 23F. Cuando escribí el libro, mucha gente se escandalizó cuando dije que no hubo una reacción colectiva frente al golpe. La gente no se echó a la calle. ¿Por qué? El primer motivo es el recuerdo de la guerra, permanentemente presente como lo estuvo durante toda la Transición. El terror a una Guerra Civil es horrible.

Los políticos de hoy hablan mucho de memoria, pero no saben cómo ha sido el pasado. No tienen una cultura histórica muy sólida o algo peor: lo modifican. El poder, sea de derechas o de izquierdas, sabe que para controlar el presente y el futuro debe controlar el pasado. Nuestro deber como ciudadanos es luchar contra ese intento permanente de manipulación. ¿Serían capaces los políticos de hoy de hacer la Transición? Si hubieran vivido la guerra, probablemente.

En cualquier caso, si no fue un pacto de olvido sino que se aparcaron algunos asuntos, ¿ha llegado el momento de abordarlos?

No es que haya llegado el momento. Llegó hace mucho.

¿Y se ha hecho?

No.

¿Cuáles son las asignaturas pendientes?

Muchas y evidentes. En este país no se hizo justicia con Franco, que murió en la cama. Tampoco se juzgó a los responsables de la guerra porque nadie tenía la fuerza suficiente, ni los franquistas ni los antifranquistas. Por eso se hizo la Transición. Pero no puede haber personas que todavía estén buscando a sus padres. Es un disparate.

¿Y eso es síntoma de que pervive de alguna manera una forma de franquismo o de miedo a reabrir supuestas heridas del pasado? ¿Es justificable así?

De ninguna manera. Todos los países tienen problemas con su pasado. Los nuestros son particulares. En Europa, al nazismo le ganaron los buenos. Los alemanes han hecho un trabajo serio y riguroso con su pasado, pero obligados, porque pierden la guerra. Y tardan 30 años, hasta la década de 1970.

Los alemanes han hecho un trabajo serio y riguroso con su pasado y nosotros podríamos haberlo hecho con el Gobierno de Zapatero

En Alemania hay cosas que no son posibles, como los homenajes al nacionalsocialismo que en España vemos a menudo con el fascismo.

Así es. Ellos empezaron en los años 70, al cabo de 30 años. Nosotros podríamos haberlo hecho con el Gobierno de [José Luis Rodríguez] Zapatero. Ese fue el momento de hacerlo lo mejor posible. De hecho, hubo una ley de memoria histórica, pero fue totalmente insuficiente, descafeinada y luego acabó desactivándose. Se hizo de ello un negocio político y sangrante en vez de afrontar las cosas. Un ejemplo: la ley de memoria histórica preveía un mecanismo muy complicado para recuperar a familiares. Eso es ofensivo y desastroso. ¡Esto es el Estado democrático y el dinero de todos! El Estado, con toda la autoridad, debía haberlo hecho directamente y sin encomendarse a nadie, no permitir que alguien que quisiera encontrar a sus familiares tuviera que pedir una subvención y entrar en un proceso complejo que luego el PP desactivaría.

¿Tiene España una segunda Transición pendiente o, al menos, que completar la primera?

La Transición fue la Transición. Pero la democracia perfecta no existe. La democracia perfecta es una dictadura y la de Franco se llamaba democracia orgánica. La democracia es siempre imperfecta e infinitamente perfectible. Nosotros, nuestra generación, tiene pendiente perfeccionarla. Dice Bob Dylan que el que no está ocupado en nacer está ocupado en morir. La democracia nace cada día, mejora o empeora cada día.

“Afirmar que el sistema político surgido de aquellos años no es una democracia perfecta es incurrir en una perogrullada”, escribió usted en 2009. Pablo Iglesias ha dicho que España no es una democracia plena y que hay anomalías. ¿Está de acuerdo con él?

Lo que Pablo Iglesias dice no es eso, que es una perogrullada, una obviedad que no necesita ser dicha. Iglesias dice lo de siempre y no ha cambiado. Cuando habla del “régimen de 1978” dice que la Transición provocó la prolongación del franquismo por otros medios. Eso no es verdad. Es un bulo, aunque haya funcionado muy bien.

¿Dónde se traza la línea? Él se refiere a los muertos en las cunetas, problemas en la estructura económica, la libertad de expresión o los homenajes a franquistas.

¿Que la democracia es imperfecta? Todas lo son. Noruega es la mejor valorada en casi todos los estudios, pero tiene, por supuesto, problemas de todo tipo. ¿Eso significa que no es una democracia? No. La democracia no es el paraíso terrenal. Es imperfecta y él, como vicepresidente del Gobierno, podría hacer algo [por mejorarla]. Pero todos, y digo todos los estudios internacionales dicen que España es una democracia.

Antes te dije una razón por la que los españoles no salieron a la calle el 23F [el miedo a la guerra]. Hay otra. En 1977, con las primeras elecciones democráticas, el grado de aprobación de la democracia era abrumador. En  1981 había bajado de manera brutal. Había muchos problemas, entre ellos que no estábamos educados en democracia. Ser una democracia no significa no tener problemas serios. La democracia es algo humilde, el mejor instrumento para manejar nuestros problemas civilizadamente. Pablo Iglesias lo sabe bien. O debería.

¿Cuáles son las peores amenazas para la democracia hoy?

[Duda] La educación en democracia, la conciencia de qué es de verdad una democracia. Las peores amenazas no son tan distintas a las que sufren otros países de Europa. La crisis económica de 2008 sólo es comparable a la de 1929. La de entonces provocó la llegada del fascismo y la de 2008, lo que hemos llamado el nacionalpopulismo, porque la historia no se repite nunca exactamente sino con máscaras distintas. En España tuvimos el secesionismo catalán, pero [el nacionalpopulismo] existe en todas partes, como el Brexit en el Reino Unido, Donald Trump en EEUU, Salvini en Italia, Le Pen en Francia o los Gobiernos de Hungría y Polonia. Ha amenazado a la Europa unida, que es lo que se creó contra el fascismo. Ahora, parece que esta crisis se está gestionando mejor porque Europa ha entendido que no podía reaccionar de la misma manera.

Quienes creen que los partidarios de Donald Trump entraron en el Capitolio para cargarse la democracia olvidan que ellos creían que la estaban defendiendo

A veces pienso que en Madrid no sois muy conscientes de que el secesionismo catalán ha sido una muestra de nacionalpopulismo, esencialmente reaccionario y fundamentalmente antidemocrático. Eso sí, va con la democracia en la mano. Así son los nuevos golpes. Quienes creen que los partidarios de Donald Trump entraron en el Capitolio para cargarse la democracia olvidan que ellos creían que la estaban defendiendo. Por eso, cuando una cierta izquierda apoya directa o indirectamente el secesionismo, me quedo perplejo. Soy votante de izquierdas. La izquierda y el nacionalismo son el agua y el aceite: un oxímoron como matrimonio feliz [ríe]. Al otro lado, salió otro nacionalpopulismo [por Vox]. Eso han reflejado las últimas elecciones. Y ojo, porque hablamos también de que incluye a las clases humildes.

Habla usted del independentismo como un movimiento “esencialmente reaccionario” ante el que surge otro, casi como un espejo: el de la extrema derecha. ¿No es eso considerar a ambos como artificiales, sin anclaje en la realidad? ¿El independentismo no es el síntoma de un problema mayor, el de España para abordar la diversidad?

Claro que responde a un problema real. Pero también Vox. España debería administrar mejor la diversidad, pero decir que no la admite es sencillamente un delirio.

El 23F fracasó, pero sí consiguió alguno de los objetivos: asentar a la Corona y consolidar la imagen de Juan Carlos I, en nombre del que los golpistas decían actuar. ¿Cómo de asentada o consolidada está ahora la monarquía?

No entiendo lo que ha pasado con este hombre [por Juan Carlos I].

En una de sus columnas ha dicho usted que en realidad es un militante de Podemos.

Cuando salió su presunta corrupción, periodistas de Madrid me dijeron que esto “lo sabíamos todos”. Me quedé pálido

¡Lo parece! Lo que ha hecho es incomprensible. No entiendo que haga esto un hombre que es consciente de lo que costó y le costó a él que España fuera una monarquía. Con el 23F se dotó de un blindaje. El país entero se lo dio. Y he de decirle que me preocupan los medios de comunicación. Cuando salió su presunta corrupción, periodistas de Madrid me dijeron que esto “lo sabíamos todos”. Me quedé pálido. “¿Si lo sabíais todos, por qué no lo contabais o lo investigabais?” ¿Quién lo dotó de ese blindaje? Porque yo no lo sabía. Antes de publicarse Anatomía de un instante, un periodista de El País, Jesús Ruiz Mantilla, leyó lo que había escrito del rey [emérito] y me preguntó, alarmado: “¿Estás seguro de esto? ¡Es muy fuerte!” Le respondí que sí. Le había dedicado cuatro años. Y también le dije que el rey paró el golpe porque es evidente. Y sigo diciendo lo mismo. Lo importante es la verdad. A quién beneficie a mí me la sopla.

¿Necesita el rey Felipe VI un acontecimiento legitimador como Juan Carlos I tuvo en el 23F para que la monarquía dure otros 30 años?

La herencia de Juan Carlos I es envenenada.

¿Tiene que responder el rey actual con medidas de transparencia y rendición de cuentas que no se han puesto en marcha en 40 años?

A mí la monarquía me da exactamente igual. Me la sopla. Lo que me importa es la democracia. Noruega es una monarquía, pero es la mejor democracia del mundo

Sin la menor duda. Lo que no entiendo es cómo no se ha hecho mucho antes. Pero esa es una tarea del Gobierno, el rey no pinta nada, a ver si nos aclaramos. En los años 30, el dilema monarquía o república significaba dictadura o democracia. Monarquía era dictadura. Democracia era república. Hoy, lo primero es la democracia y no depende de que sea una monarquía o una república. A mí la monarquía me da exactamente igual. Me la sopla. Lo que me importa es la democracia. Noruega es una monarquía, pero es la mejor democracia del mundo.

“Un buen líder es capaz de que le llamen traidor, de traicionarse a sí mismo, de ser un héroe de la traición”. “Un buen líder es capaz de decirle a la gente lo que no quiere oír”. ¿Hay líderes así ahora?

Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado fueron héroes de la traición, tres grandes traidores para los suyos. Para eso hace falta coraje moral y convicción, ir más allá del mero oportunismo y de tu carrerita. Suárez también quería lo mejor para su país. Parece una obviedad, pero lo demostró en varias ocasiones trascendentales. Fue muy machacado y yo no tenía un gran aprecio por él, pero sabía escuchar. Sólo la extrema derecha celebró su nombramiento. Venía de Falange y no tenía ni idea de qué era una democracia. Era el chico de los recados. ¡Y desmontó el franquismo! 

A veces añoro la vieja izquierda. Bueno, a veces, no. Siempre.

¿Hay ahora políticos así? No lo sé. Yo soy de la izquierda de antes, la izquierda camusiana. No me gusta la izquierda populista ni sus métodos y creo que el fin no justifica los medios sino que son los medios los que justifican el fin. Si los medios están contaminados, el fin está contaminado. A veces añoro la vieja izquierda. Bueno, a veces no. Siempre.

Cuarenta años después del golpe del 23F y todo lo que le rodeó, todavía quedan sombras de aquellos hechos. El entonces rey de España, en uno de los aniversarios, declaró que sobre el 23F se sabía ya todo. Había verdad en ello stricto sensu. Es decir, si se refería al día 23 de febrero de 1981 y lo que sucedió en el Congreso. Pero si ampliamos las cosas en el tiempo y los protagonistas, quedan muchas sombras por iluminar.

¿Qué se sabe de la trama civil? ¿Qué de la participación del rey? ¿Qué de la participación de los Estados Unidos? Respecto de la primera pregunta, prácticamente nada se ha aclarado sobre la posición de algún banco, algunos periodistas y algunos grupos de excombatientes. El único condenado fue Juan García Carrés, un político de ultraderecha de tercera fila.

La figura del rey Juan Carlos ha planeado varias veces sobre los escenarios del 23F, pero no llegó a explicarse del todo. ¿Estuvo implicado en lo sucedido en el Congreso de los Diputados en esa fecha? Creo que puede afirmarse que no. Lo estuvo antes: sí.

Ya se sabía entonces que existían al menos tres conspiraciones en marcha. La cívico-militar, con generales y políticos; la militar, mayoritariamente integrada por coroneles (en el CESID, servicios secretos del Estado, llamaban a ésta la de los “inteligentes”) y la de los espontáneos, que no eran tales, pues tras Tejero estaba José Antonio Girón, algunos generales y todos los que componían la Federación de Combatientes. Tejero no estaba solo.

Y si eso lo sabían los servicios secretos y también lo sabíamos algunos periodistas: ¿Cómo no iba a saberlo el rey? Juan Carlos jugaba con todas las cartas para defender la Corona y, de paso, la democracia en aquel final de 1980 y principios de 1981. Y, además, escuchaba a todos los que le contaban sus puntos de vista, entre los altos mandos de los ejércitos.

Sabía las interpretaciones que corrían en las salas de banderas sobre el traído y llevado SAM (Supuesto Anticonstitucional Máximo) para aplicar la conocida como Operación Diana para controlar el país, como hicieran los conspiradores contra Hitler en 1944 con la Operación Valkiria. A la postre, a unos y otros les salió mal.

El rey tomó una decisión que se revelaría importante: dio instrucciones al teniente general Milans del Bosch para que embridara las conspiraciones en marcha para ganar tiempo y dar su propio “golpe de timón”, entonces pensado para una moción de censura contra Suárez y la colocación al frente de un Gobierno de concentración nacional a un general: Armada, quien ya había tomado contacto con varios líderes políticos, entre ellos gente del PSOE y algunas familias de UCD.

Pero en esto llegó Adolfo Suárez y dimitió.

Y todos los que lo tenían en su punto de mira se quedaron sin blanco al que apuntar y sin moción de censura que proponer. El rey abandona la Operación Armada, que se queda sin su respaldo. Propicia la candidatura de Leopoldo Calvo Sotelo, y sin escuchar los cantos de sirena de los socialistas de Felipe González que seguían insistiendo en el Gobierno de concentración, da su “golpe de timón” (Tarradellas dixit). Armada manifestó en público: el rey se ha equivocado. Y siguió adelante. El resto de la historia ya se conoce.

Pero, ¿y los Estados Unidos? Pues estaban, en una medida u otra, implicados hasta las cejas. El 23F, la Flota del Mediterráneo pone rumbo a Baleares y Valencia, y los aviones americanos y sus pilotos en las bases españolas se hallan en alerta. En la Embajada americana de la calle Serrano se prepara una reunión del embajador con sus más íntimos colaboradores en torno a las cuatro de la tarde. Días antes habían venido técnicos italianos del Mando Estratégico americano para “barrear” esa sala contra toda posibilidad de filtraciones o escuchas. Y lo que es más significativo: anulan la acción del Control de Emisiones Radiotelegráficas (CONEMRAD, en sus siglas en inglés).

Esta red territorial de mando de los militares en España la habían puesto los propios norteamericanos. Y misteriosamente, CONEMRAD se cayó en España. Page Ibérica, la empresa de mantenimiento, destacó varios equipos a diferentes puntos del territorio español en busca de una avería que nunca se encontró. Evidentemente el control para “apagar y encender” no lo tenía del todo esta empresa. Y hasta Alberto Oliart, ministro de Defensa a los pocos días, tuvo que dar algún que otro golpe en la mesa ante el embajador Todman, advirtiéndole que no siguiera entrevistándose con altos mandos militares sin su consentimiento.

Si a todo esto añadimos la manifestación de Alexander Haig, secretario de Estado del Gobierno con Reagan, se va cerrando el círculo: “Domestic matter”, diría. Asunto interno.

Y estas son algunas sombras, que no todas, sobre el 23F. Pero la cosa siguió. Vaya si siguió y con perspectivas muy cruentas. Pero esa es otra historia.

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Fernando Reinlein es presidente de la Asociación Foro Milicia y Democracia (FMD)

"En nuestras Fuerzas Armadas la proclama del apoliticismo se dirige siempre hacia los demócratas, como si la democracia constituyese la irrupción de la política, y el fascismo fuese el componente moral de la profesión militar". Es una de las frases con las que un informe inédito del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) (Cesid), redactado en junio de 1981, retrataba la polarización ideológica en el Ejército. Habían pasado sólo cuatro meses del golpe de Estado del 23F. Y sólo un mes desde que Emilio Alonso Manglano tomase las riendas de La Casa, el primer servicio de Inteligencia de carácter nacional en España. En 2002, el Cesid evolucionaría para transformarse en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

"La fuerza física puede utilizarse directamente para respaldar una voluntad de intervención, o puede insinuarse como instrumento de disuasión. De las dos formas ha sido utilizado este poder real, este poder de hecho, durante nuestra transición política", puede leerse unas líneas más abajo.

infoLibre ha tenido acceso a 19 folios, escritos a máquina, que describen las diferentes corrientes de opinión que ya podían apreciarse, con más o menos claridad, en el seno de las Fuerzas Armadas en junio de 1981. Tras una retahíla de frases preliminares asentando los principios fundamentales de lo que debe ser un ejército constitucional, también reconocían los informantes que, "aunque no de manera catastrófica", las Fuerzas Armadas habían estado impregnadas, a través de sus propios canales orgánicos, de un espíritu antidemocrático, primero, y golpista, después.

En el demoledor esbozo que se hace de la situación interna del universo castrense previo al 23F, a partir de entrevistas con oficiales y suboficiales, destacan en estas páginas enunciados muy reveladores de lo que venía sucediendo ya en el seno de la institución militar. En ese diagnóstico se constata la existencia de una represión de las manifestaciones democráticas internas así como un proceso tolerado de "fascistización", "cuando no impulsado por los canales internos de conculcación ideológica". 

Los servicios secretos dejan por escrito que el golpe de Estado había sido la "consecuencia de la inicial congelación de la situación militar y del posterior proceso de fascistización en el seno del ejército". Lejos de considerar el origen del 23F en los meses previos al golpe, la documentación en poder de infoLibre subraya que "buena parte de lo ocurrido corresponde a la misma voluntad de involución" que había "teñido todo el proceso de transición democrático contribuyendo notablemente al atascamiento de los conflictos y a una polarización falseada de los problemas nacionales".

"Ausencia de esfuerzo de adaptación a la transición"

También se destaca cómo se despreciaban las leyes desde las cúpulas jerárquicas y cómo se marginaba a los oficiales demócratas.

"Ya mucho antes del 23 de febrero podíamos advertir en los cuarteles la ausencia de un esfuerzo de adaptación a la transición democrática. Las Fuerzas Armadas, en sus jerarquías, parecían tolerar a regañadientes el establecimiento de un sistema democrático al que empujaba el pueblo español, y esto a condición de mantener un control absoluto y autónomo sobre la institución militar", queda por escrito en las páginas cuyo contenido no habían visto la luz hasta ahora.

La estructura de este documento clasificado es muy clara. Parte de un análisis de los antecedentes del golpe de Estado, haciendo un relato del germen del 23F, después se centra en el proceso golpista en sí mismo y cierra con unas páginas dedicadas a las "nuevas perspectivas" a partir de ese 23F del que este martes se cumplen 40 años.

El informe da por hecho cómo se fue fraguando el proceso involucionista previo al 23F, detallando qué episodios concretos fueron contemplados por la cúpula militar como una amenaza nacional.

Entre ellos, se cita la "legalización del PCE"PCE [1977], con declaraciones del Consejo Superior del Ejército y reunión conspirativa de mandos militares en Játiva". También se ilustra este proceso con algunas interesantes referencias históricas, a modo de ejemplo, como la insubordinación pública del general Juan Atarés Peña en 1978 llamando al entonces ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, "embustero y traidor" durante un debate público en Cartagena ante quinientos mandos intermedios. O cómo la sentencia de la "insubordinación planeada" de la Operación Galaxia (1978) de Tejero e Ynestrillas, "prácticamente legitima el golpe de Estado".

Análisis de las causas

Tal vez lo más relevante del análisis global que hacen los informadores del Cesid en estos documentos sean las causas que explicaban lo que estaba sucediendo. Enumeran, entre otras muchas, que, salvo la "pequeña excepción" de la UMD —Unión Militar Democrática— "a niveles intermedios" no había "ningún grupo militar" que apoyase "con claridad la transición política". También se refieren a la dificultad del Gobierno de someter "a través de la ley" a una institución "que se juzga a sí misma y controla su reclutamiento y funcionamiento internos". Y a los obstáculos legales de relevar al personal político franquista.

Otra de las causas que podía explicar, a ojos de los analistas del Cesid, la situación a la que estaban asistiendo era la excesiva confianza de los gobiernos de transición en las Fuerzas Armadas, así como la no evaluación correcta de los riesgos de una involución, "creyendo que el tiempo y el contacto civil serían suficientes para la necesaria transición" en el seno del Ejército.

Ante este grave estado de las cosas tras el fallido golpe de estado, el Cesid recomienda al Gobierno dos objetivos: transformar una parte de la jerarquía militar en partido constitucional, en oposición a la facción fascista pro-golpista, y desplazar a la "masa neutra" a favor de la democracia, creando así un frente amplio para la defensa de la Constitución. Otras propuestas que se sugieren son la promoción necesaria de las manifestaciones públicas de lealtad al rey y a la Constitución, la "afirmación del honor en el servicio al pueblo español y no en la imposición brutal de la fuerza sobre la ciudadanía", la "exigencia de responsabilidad para los autores y cómplices del golpe militar" y la "prohibición de la apropiación de símbolos nacionales como enseña de grupos fascistas y de militares golpistas".

"La democracia tiene que llamar todavía a la puerta de los cuarteles (…) Hay que alertar contra los mecanismos de adoctrinamiento y bloque ideológico, que han sido los instrumentos esenciales para la preparación ambiental del 23F", se termina diciendo en la página 12.

La "sacralización" de las fuerzas armadas

Si el "proceso de fascistización en el seno del Ejército" estuvo, según el Cesid, en el germen del 23F, este documento de junio de 1981 en el que apenas se aprecian ni erratas mecanográficas ni correcciones a mano, también hace constar la presencia de la ideología "fascista" dentro de las Fuerzas Armadas en el momento de su redacción y se enumeran sus características principales.

Una de ellas es la "defensa de las clases dominantes y de sus intereses tras la cobertura de unos ‘valores’ del Occidente Cristiano interpretados en forma integrista, antipopular y dogmática". Se refiere, además, al "elitismo social encubierto en forma de adulación descarada a los cuadros de oficiales", a la "presentación de las virtudes militares como valores transmitidos en el marco del Ejército tradicional" y a la "clasificación de política a todo ese marco militar de valores". También se refiere a la "sacralización de las fuerzas armadas", a las que coloca "en la mente militar por encima de las demás instituciones" o al "antipopulismo radical en las formas de antimarxismo y rechazo de la democracia".

Los analistas advirtieron al Gobierno de que, ante los precedentes conspirativos y golpistas, era imprescindible establecer un sistema de señales de alerta y de respuesta.

"El tiempo por sí mismo no resolverá nada, como parece que se ha creído en algunos ámbitos de la política", se advierte. En esa misma línea, se dice que "a partir del golpe militar es posible que surja una grieta" que recorra verticalmente las Fuerzas Armadas, aunque se puntualiza que "la aparición de esa grieta se produce durante el propio desarrollo del golpe y se afirma en sus inmediatas consecuencias (solidaridad y mínima represión con los golpistas)".

Uno de los polos de esa grieta, el que no era capaz de entender las Fuerzas Armadas como "aparato del Estado, subordinado al poder civil y a la legalidad", era el que se empeñaba en ofrecer una "respuesta militar a temas tan dispares como las autonomías, las relaciones Iglesia-Estado, el divorcio…"

Inestabilidad a largo plazo

En línea con la tesis de que la gestación del 23F venía de lejos, en uno de los párrafos los informantes alertaban del "crecimiento de las actitudes golpistas y el desenvolvimiento de un ambiente favorable al menos desde finales de 1977". Y avisaban de la "aparición de nuevas situaciones de grave inestabilidad a plazo más o menos largo". No se aventuraban nada los redactores: en octubre de 1982 conocería el Gobierno una nueva conspiración militar entre cuyos planes precisos constaba un atentado terrorista de falsa bandera, que justificara la sedición, y la liberación de los condenados por el 23F. También en 1985 pudo el Cesid descubrir, y ayudar al Gobierno de Felipe González a abortar, otra confabulación golpista de militares que habían planeado un terrible magnicidio inicial al que seguiría la ocupación de todas las instituciones.

"Hay que luchar contra el miedo de la masa neutra". La frase ha de entenderse referida a la pasividad del grueso de los oficiales del Ejército, como se deduce de otro epígrafe. Aquella "masa neutra" estaba formada por militares que no habían manifestado ni en público ni en privado adscripción alguna a las ideas golpistas, pero tampoco a los nuevos valores democráticos. Representaban esos militares el espíritu apolítico más propiamente castrense, el presumiblemente recibido durante su formación técnica militar. Sin embargo, es precisamente a esa masa neutra o indiferente a la que se dirigen los últimos párrafos del documento, terminando con una frase de asombrosa severidad: "Los demócratas tibios [dentro del Ejército] que pretendan seguir una línea intermedia tienen que elegir entre la justificación del golpe o la defensa de la Constitución democrática; se han quedado sin el terreno de la ambigüedad".

Antiguos oficiales hablan de "retrato carticaturizado"

Antiguos oficiales del Ejército que estaban en activo en 1981 y en años anteriores, a los que ha sido mostrado este informe, han expresado su desacuerdo con este retrato ideológico "caricaturizado". Un contralmirante que solicita permanecer en el anonimato asegura que "en la Armada, desde luego, no existieron esos elementos involucionistas". "Siempre tuvimos muy claro desde el principio nuestros compromisos constitucionales, tal vez porque éramos el arma que más relaciones mantenía con otros ejércitos de países democráticamente avanzados; y me consta que en el Aire tampoco existía esa polarización", añade.

Un general del Aire en la reserva corrobora esa misma percepción: "Las causas del golpe del 23F no hay que buscarlas más allá de la indignación causada por la sucesión de atentados terroristas… ya asumíamos que la democracia constitucional era la única salida al franquismo".

De este informe y otros de similar carácter, encargados por la dirección del Cesid a agentes procedentes del Ejército, se elaboró lo que se conoce como un "destilado" que se remitió en su día a la Moncloa, y a los ministerios de Defensa y del Interior. la MoncloaAl contrario de lo que han hecho ya otras democracias occidentales, todos los documentos relacionados con el 23F siguen clasificados como materia secreta y reservada a día de hoy y, posiblemente, así permanezcan —incluido el sumario del juicio— hasta, como muy pronto, 2029.

El comunismo no ha logrado nunca ser dominador principal de la vida política española. Pero sí ha conseguido un inusitado protagonismo en el imaginario de la derecha. La supuesta amenaza de la revolución roja fue determinante para el golpe de 1936, tras el cual la dictadura de Franco convirtió al comunismo en objeto central de su obsesiva propaganda interior –especialmente dirigida a los militares– y exterior. Muerto Franco, el comunismo, o más concretamente la legalización del PCE, el partido que había encarnado la oposición antifranquista, fue determinante en el alejamiento entre el Ejército y el Gobierno de Adolfo Suárez, preludio y combustible de un golpe de Estado, el 23F, del que este martes se cumplen 40 años. Aunque, nada más ser legalizado, el partido de Santiago Carrillo aceptó la monarquía y la bandera bicolor, y aunque la revolución no parece estar precisamente a la vuelta de la esquina, el anticomunismo visceral no sólo fue un ingrediente del golpe, sino que sigue siendo un acentuado tic de la derecha española. Sectores significativos del conservadurismo ven incluso al comunismo como incompatible con la democracia.

Como recalca el sociólogo Guillermo Fernández, especialista en los movimientos políticos e ideológicos en el arco derechista, se ha ido produciendo en el mundo una matización del anticomunismo tras la caída del muro de Berlín, tendencia de la que España ha quedado al margen. ¿Por qué? Responde el autor de Qué hacer con la extrema derecha en Europa (Lengua de Trapo, 2019): “Históricamente la derecha más radical ha sido anticomunista por identificar a los comunistas como la anti-nación. En la medida en que, por un lado, en la extrema derecha española pervive el 'comunistas y separatistas' como expresión que condensa a los enemigos de la nación, y, por otro lado, aún no se ha sustituido por 'los inmigrantes y la globalización', la derecha extrema española sigue teniendo esta singularidad y este peculiar acento anticomunista”. Y añade: “Todas las derechas radicales son anticomunistas, pero la española lo es más que la francesa, la italiana o la holandesa. Básicamente porque sigue pensando en 'los comunistas' como los enemigos de la 'nación en peligro'. Así que, puestos a elegir, algunos sectores muy conservadores de la magistratura o de otras instancias del Estado prefieren el radicalismo de Vox al carácter supuestamente amenazante para la nación de 'los comunistas'”.

El historiador José Luis Gutiérrez Molina cree que uno de los motivos por los que la propaganda franquista contra el terror rojo ha tenido un éxito tal que extiende sus efectos hasta hoy radica, de forma en apariencia paradójica, en la escasa fuerza del comunismo en España. Así lo explica: “El gran coco del conservadurismo español era el anarquismo, que era la gran posibilidad revolucionaria. La tradición libertaria era más conocida y más, como se dice ahora, transversal. En cuanto al PCE, en el proceso de 1936 a 1939 era entre comillas un partido de orden, defensor de la República. Su posición se fortalece porque la Unión Soviética es la única potencia que apoya a la República [durante la guerra]. Gana influencia, pero al mismo tiempo sigue siendo un gran desconocido. Cuando llegó la dictadura, la mayoría de la gente no sabía qué era. Y sobre lo que no conoce, eres más fácil de manipular. Así se crea ese demonio con rabo”.

Legalización del PCE

Aquel demonio con rabo estaba muy vivo en la mentalidad militar de la Transición. La legalización del PCE en abril de 1977 fue vista por la élite castrense como una traición de Adolfo Suárez, ya que en una reunión con altos mandos en septiembre de 1976 les había asegurado –o dado a entender– que no la permitiría. Los pormenores de la reunión dan idea del peso decisivo de la cuestión PCE. Fernando de Santiago, vicepresidente de Defensa, llevaba unas notas exponiendo la necesidad de “definir con claridad” la reforma política para “evitar el protagonismo de las Fuerzas Armadas”. Finalmente no leyó la advertencia, pero los tenientes generales Mateo Prada y Francisco Coloma sí expresaron sus temores. Hubo asistentes que salieron con la impresión de contar con el compromiso de Suárez de no legalizar al PCE, según los testimonios de al menos dos capitanes generales. Tampoco lo niega Gutiérrez Mellado, el ministro que el 23F se pondría de pie para encararse con los golpistas, quien en 1995 trataba de poner el compromiso incumplido en perspectiva: “Seguramente que le preguntaron algo [a Suárez]. Y Suárez diría que el PCE no se iba a reconocer. ¡Pero es que luego el PCE se convierte en otra cosa! Es un partido que reconoce la bandera, la Corona y todo lo demás”.

Aquel septiembre del 76 salió del Gobierno De Santiago, que escribió una carta para dejar claro que la razón era el PCE: “El Gobierno prepara una disposición […] que supone, a mi juicio, la legalidad [...] del Partido Comunista. Tengo el convencimiento de que sus consecuencias no se harán esperar”. La prensa de derechas jaleó como héroes tanto a De Santiago como al teniente general Carlos Iniesta Cano, que lo elogió en El Alcázar. Nada enardecía tanto a la España inmovilista como la cuestión comunista. Un informe del inteligencia anterior a la legalización del PCE era elocuente sobre las ventajas... de no llevarla a cabo: “Prestigiaría al Ejecutivo y a la Corona ante los grupos visceralmente anticomunistas. Reforzaría la moral de dichos grupos, que consideran su legalización como entreguismo y traición [...]. Reforzaría la adhesión a la Corona de los miembros de las Fuerzas Armadas. […] Frenaría las críticas de la extrema derecha al Ejecutivo, que, de ser legalizado, se extenderían a la Corona”. Lo cierto es que la legalización se produjo, detonando la transición paralelatransición paralela, un carrusel de operaciones civiles para descabalgar a Suárez, y exacerbando un malestar militar que cristalizó en el 23F.

Financieros y derecha política

Tras la legalización, los partidos y la prensa del bunker bramaron y Suárez vio menguado el apoyo de la élite financiera, como cuenta Roberto Muñoz Bolaños en El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición (Espasa, 2021). ¿Y cómo reaccionó Manuel Fraga, líder de Alianza Popular? Se lanzó en tromba contra Suárez, afirmando que era nada menos que un “golpe de Estado”. Recuérdese cuando se exalte el “espíritu de la Transición”, a veces presentada desde el presente como una postal navideña. No lo fue.

Fraga trataba de granjearse el apoyo del Ejército, donde ningún otro acontecimiento de la Transición erizó tanto los ánimos. Dimitió el ministro de Marina, Gabriel Pita da Veiga, y el resto de almirantes se negaron a sustituirlo. Suárez tuvo de recurrir al vicealmirante Pascual Pery Junquera, que estaba en situación de reserva. Ahí no acabaron las maniobras de los militares. El Consejo Superior del Ejército informó al Gobierno de que la legalización produjo “una repulsa general en todas las unidades”. Y añadía: “El Ejército se compromete [...] cumplir ardorosamente con sus deberes para con la Patria”. Si no era una amenaza, lo parecía. El Estado Mayor llegó a preparar, tras conocer la legalización, decretos para militarizar Renfe, Telefónica, TVE y RNE, según contó el coronel Amadeo Martínez Inglés en La transición vigilada (Temas de Hoy, 1994).

Anticomunismo inoculado

La clave de aquella eclosión de ira militar está en el carácter ferozmente anticomunista de las Fuerzas Armadas, rasgo alimentado hasta la paranoia por el franquismo. En los mandos franquistas, dominantes en la Transición, prevalecía “la vieja idea de que el Ejército debía luchar no sólo contra los enemigos exteriores, sino también contra sus enemigos interiores”, expone Carlos Navajas en La transición militar, una transición larga (1975-1980)La transición militar, una transición larga (1975-1980). El teniente general Andrés Casinello, en una conferencia en 2010, fue explícito sobre ese enemigo interior: “Emocionalmente éramos anticomunistas”. No es extraño. El odio al rojo había sido el nutrimento ideológico del Ejército durante el régimen. Los militares fueron los primeros destinatarios de un mensaje machacón según el cual la Guerra Civil había sido un combate existencial de civilizaciones entre Occidente y el comunismo. 

Esta propaganda no se limitó a los uniformados. El franquismo se volcó contra el comunismo dentro y fuera de España. Esta estrategia permitía orillar la sublevación contra la República legítima y escondía las lógicas de clase e ideológicas de la Guerra Civil. Además, facilitaba el acercamiento a Estados Unidos y al Vaticano. Como ventaja añadida, acendraba la paranoia del pueblo contra un enemigo invisible, al que se acusaba de actuar al dictado con poderes oscuros. El rechazo al comunismo como una cuestión existencial era algo en lo que estaban de acuerdo las principales familias del franquismo: monárquicos, falangistas, opusinos, propagandistas católicos... Era el pegamento de la nación unívoca del régimen. Casi 40 años sonó a todo volumen aquella música.

De López-Bravo a Tejero

Cuando llegó la Transición, el campo estaba abonado para que el comunismo fuera la línea roja infranqueable del cambio. Y no lo era sólo para los militares, sino también para el arco político conservador y la prensa derechista. La cuestión PCE hizo aflorar décadas de trabajada paranoia. Así escribía Albert Riguet en El Alcázar: “Los acontecimientos que se desarrollan en España son del todo normales y predecibles, pues vienen respondiendo con un sincronismo sorprendente a las directrices generales impartidas por el Gran Oriente de Francia y al plan trazado durante la reunión de dirigentes de partidos comunistas europeos”. Tras las elecciones de 1977 y 1979, se abrieron paso además las teorías conspirativas sobre trampa electoral e “infiltración comunista”.

Muñoz Bolaños anota cómo la propaganda era más eficaz en focos involucionistas como la División Acorazada Brunete, clave en el golpe. La agitación del espantajo también servía para la creación de un clima de “psicosis golpista”, que se valía de continuas noticias sobre una inminente asonada. Los promotores de la involución explotaban el terror de Estados Unidos al avance de la influencia soviética. Gregorio López-Bravo, el preferido de la élite civil que propugnaba un cambio involucionista, advirtió en 1978 al embajador Terence Todman, del peligro de una “Cuba” en el País Vasco, según el informe del diplomático a Washington.

Tras su legalización, el PCE de Santiago Carrillo aceptó la Monarquía y la rojigualda. Pero no era suficiente para las mentalidades anticomunistas. ¿Un ejemplo extremo? Antonio Tejero. El más conocido de los 30 condenados por el 23F, que tomó el Congreso pensando que iba a poner al país bajo una junta militar, se negó a aceptar un gobierno de concentración con ministros de todos los partidos como última solución. De ningún modo pasaría así a la historia. Así se explicó ante el fiscal, según lo recoge Muñoz Bolaños:

– La solución Armada –expone Tejero– parece que consistía en incluir a todos los partidos, dando a cada uno un par de carteritas […].

– ¿Se enfadó usted con el general Armada?

– Un poco.

– ¿Le dijo usted al general Armada que se fuera del Congreso?

– No sé, porque aquello me produjo cierta cólera.

¿El motivo de la cólera? Los comunistas. Sabino Fernández Campo, el hombre que más cerca estuvo del rey el 23-F, analizó toda la deriva que acabó en golpe en una entrevista a El País en 2009. “El error de Suárez fue la forma de legalizar el PCE”, concluyó.

Enemigo de la civilización y la democracia

El anticomunismo exaltado no es agua pasada en España. La cuestión está ahora candente. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, acaba de afirmar que “la democracia se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno”. No es un comentario aislado. La retórica contra el “Gobierno socialcomunista” lleva desatada toda la legislatura. Y la baza de la ilegitimidad del comunismo está sobre la mesa. Iván Espinosa de los Monteros (Vox) cree que "habría que analizar" si Podemos, que es considerado comunista, "tiene derecho a estar en el juego político". Desde su nacimiento Podemos ha sido señalado como siervo de Irán y de Venezuela. El añadido de “bolivarianos” a la acusación aporta el ingrediente clave para trasladar la idea de “injerencia extranjera”. Es el recetario clásico del anticomunismo.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es la voz del PP que más acude a este repertorio. Defensora de una “civilización occidental”, vincula además a Podemos con el terrorismo. “Cuando hay un movimiento terrorista siempre están los apellidos de Podemos detrás”, declaró el domingo. Este mismo lunes, el consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo (PP), afirmó que el Gobierno tiene dentro “un caballo de Troya que quiere acabar con la democracia”. “El populismo se vale de la democracia para llegar al poder, y después desde el poder intenta destruir la democracia”.

El historiador Ángel Viñas, que en marzo prevé publicar El gran error de la RepúblicaEl gran error de la República, traza una explicación sobre la “aversión al PCE” que pasa por 1936, cuando el golpe tuvo en el anticomunismo “una vertiente fundamental”, a pesar de que el comunismo tenía “un papel relativamente marginal”. “Con la baza de la dictadura como valladar contra el comunismo, el franquismo consiguió ganar credibilidad en Occidente”, explica.

Un tic de la derecha española

¿Era pura propaganda? A juicio del historiador Gutiérrez Molina, sí, aunque “un problema de la propaganda es que los propagandistas la acaban creyendo”. “Fue una estrategia. El anticomunismo en España no se corresponde con lo que el comunismo ha sido. Recuerdo que hubo un día en que Pedro Sánchez llegó a recordar que en España había que agradecer al PCE su contribución a la democracia. En cambio, lo más normal es que se utilice la palabra 'comunista' como si fuera una adversario a batir por la democracia. Presentar a Alberto Garzón como si tuviera algo que ver con Stalin... dice mucho de la altura intelectual de quien lo dice, la verdad”, señala el historiador, que contrasta la etapa de dirigentes como José Díaz, José Bullejos o Saturnino Barneto, procedentes del anarcosindicalismo, con el papel actual de Unidas Podemos en el Gobierno.

Ahí está Alberto Garzón, ministro de Consumo, intentando aprobar normativa contra las casas de apuestas y afanándose en aclarar su postura sobre Nutriscore. Comparte con sus compañeros de Unidas Podemos la estrechez de las competencias ministeriales. No es que la llegada de los comunistas al Gobierno haya supuesto la nacionalización de los medios de producción o cosa parecida. Pero la agitación del espantajo se mantiene.

“El argumentario ahora no es muy diferente al del franquismo, cuando se decía que el golpe no había sido un golpe, sino una prevención de la revolución comunista en marcha que iba a llevar al caos desde octubre de 1934”, señala el historiador Javier Tébar. “Lo cierto –añade– es que el PCE fue un agente de orden durante la República. Sin el PCE, se hubiera producido el hundimiento de las instituciones republicanas. Y luego, cuando llega la Transición, el PCE decide que la disyuntiva es entre democracia y dictadura. Pero eso no evitó que fuera un factor clave en el 23F”. Tébar recuerda que el Instituto de Estudios Políticos, del que fue director Fraga, fue uno foco de irradiación anticomunista.

Esta no es una historia de la mili. Pero allí, en el cuartel general de la División Acorazada Brunete, en El Pardo, no lejos de donde había vivido tantos años Franco, conocí en 1979 al general Luis Torres Rojas.

Yo había acabado la carrera de Geografía e Historia en la Universidad de Zaragoza en junio de ese año y, tras pasar el verano en el Centro de Instrucción de Reclutas de Colmenar Viejo, me destinaron a aquel cuartel.

Torres Rojas, general al mando de la División, salía a correr muchas mañanas por los montes cercanos y un grupo de soldados –nos llamaban Protección– lo acompañábamos. Unos meses después, en enero de 1980, fue trasladado al Gobierno Militar de La Coruña, en medio de rumores sobre intentos de golpe militar, contados entonces por Diario 16.

La tarde del 23 de febrero de 1981 yo estaba en la hemeroteca municipal de Madrid, en la Plaza de la Villa, investigando sobre la guerra civil para mi tesis doctoral, y a las 7 de la tarde un bedel nos dijo que teníamos que abandonar el edificio porque “había habido un enfrentamiento armado en el Congreso de los diputados”. Ya en la calle, entré en un estanco y allí me informaron de lo que se contaba en la radio. En Moncloa cogí un autobús a Aravaca, vivía entonces en casa de José Álvarez Junco, donde seguimos con perplejidad y preocupación las noticias que llegaban.

En los días siguientes arrestaron por el fallido golpe de Estado a Torres Rojas y a dos capitanes que había visto mucho por el cuartel, Carlos Álvarez-Arenas y José Pascual Gálvez. Entonces recordé aquellos meses de mili dos años antes, los consejos que nos daba el general para enfrentarnos a los delincuentes en las calles, porque el desorden social se estaba apoderando de España, los gritos patrióticos y el Cara al solCara al sol que, procedentes de la cantina de oficiales, escuchaba muchas noches tumbado en la litera.

Torres Rojas fue condenado en junio de 1982 a seis años de reclusión, aunque, recurrida la sentencia, el Tribunal Supremo lo condenó finalmente a doce años en abril del año siguiente, con separación de servicio. A petición de su abogado, le fue concedida la libertad condicional por motivos de salud en noviembre de 1988. Los capitanes Álvarez-Arenas y Pascual Gálvez fueron condenados a tres años.

En febrero de 1981, en un país que intentaba salir de décadas de dictadura y militarismo, un teniente coronel de la Guardia Civil y doscientos de sus subordinados asaltaron el Congreso, mantuvieron secuestrados al Gobierno y a los diputados. La fotografía de Tejero con la pistola en la mano dio la vuelta al mundo, muchos contaron chistes sobre sus “huevos” y cómo había “acojonado” a los políticos, “demócratas”, cobardes, pero lo que pasó aquel día es que estuvimos a punto de regresar a la paz incivil de Franco, a ese orden y unidad de la patria que tanta gloria para unos y castigo para otros había dado.

Sabemos ya mucho sobre aquellos acontecimientos, más allá de algunos mitos y muchos rumores. Y conviene que esa historia se cuente en serio en las escuelas, centros de Secundaria y universidades. Yo empecé a contarla con las imágenes que grabó una cámara en el hemiciclo sin conocimiento de los golpistas. Para que nadie dude de lo que pasó allí. Y les recomiendo el documental de TVE Las lágrimas del presidente, donde algunos historiadores y especialistas en medios de comunicación aportamos conocimiento sobre la transición de la dictadura a la democracia. La historia con imágenes reales. No siempre puede decirse lo mismo.

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Julian Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza

Jaime Milans del Bosch fue el único capitán general que en 1981 se sumó abiertamente al intento de golpe de Estado del 23F. Un militar de biografía nítidamente franquista —participó en la defensa del Alcázar de Toledo y combatió junto a los nazis en la II Guerra Mundial como orgulloso miembro de la División Azul, por lo que llegó a recibir una Cruz de Hierro—.

Cuatro décadas después de que Milans ordenase tomar con tanques las calles de València, nadie sostiene que aquellas Fuerzas Armadas tengan mucho que ver con las de hoy. Aunque todavía queden muchas asignaturas pendientes y que, en muchos aspectos, la transición democrática todavía no sea completa.

Jorge Bravo, secretario de Organización de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que desde 2005 representa a militares de los tres Ejércitos, cree que de aquella época lo que queda es “una inercia de los valores que eran parte del adoctrinamiento del anterior régimen”. Algo que los sucesivos ministros y ministras de Defensa, lamenta, no han sabido afrontar.

Bravo habla de un problema de “formación” y esa es, precisamente, la principal asignatura pendiente que todos los expertos consultados por infoLibre apuntan en el debe de las Fuerzas Armadas. Porque “ha existido desde la Transición”, afirma tajante, “una resistencia contra la normalidad democrática” en el estamento militar. Eso se manifiesta, dice, en “la limitación y prohibición de derechos” a los militares, en “la gran opacidad en toda su administración” y en la “falta de un decidido empeño en formar en valores democráticos” a quienes paradójicamente tienen la obligación de defenderlos. Todo un “contrasentido”, subraya.

En las Fuerzas Armadas españolas prestaban servicio en 2019, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Defensa, 145.417 militares de carrera (120.127 en servicio activo) y 74.615 de tropa y marinería. Es una cifra que incluye la abultada nómina de la Guardia Civil, que ese mismo año suponía 78.666 agentes (el 65,5% del total de carrera). El resto de los militares de carrera prestaban ese año servicio en el Ejército de Tierra (22.584), el Ejército del Aire (9.038), la Armada (7.087) y en cuerpos comunes (2.727).

De Narváez a Europa

El modelo actual  de Fuerzas Armadas “no se parece en nada” al vigente cuando tuvo lugar el golpe de Estado, sostiene Fernando Puell, historiador y coronel retirado. “Son dos modelos totalmente distintos”. Las del franquismo estaban “muy inspiradas en el modelo concebido por Narváez en 1840 y a partir de 1980 se creó uno nuevo que yo he denominado el del retorno al europeísmo”. Abandonan las tareas “de seguridad ciudadana” y “vuelven a estar orientadas a la defensa del Estado”. Aunque no como en siglo XIX, protegiendo fronteras o posesiones coloniales, sino en un contexto multinacional, en el marco de unas alianzas a las cuales España se incorpora precisamente en el proceso de Transición.

Puell conoce bien ese cambio: en 1977 el general Gutiérrez Mellado le incorporó al recién creado Ministerio de Defensa. Y entre 1979 y 1986, desempeñó el cargo de segundo jefe de Seguridad de la Presidencia del Gobierno con Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González.

Mariano Casado, abogado experto en derecho militar, está de acuerdo con Puell en que las Fuerzas Armadas actuales “no tienen nada que ver con aquellas de los albores de la democracia” porque “las normas jurídicas que las regulan son completamente distintas”. Aunque claramente “hay aspectos que modernizar”, el modelo actual se ha transformado sobre todo gracias a la participación en misiones internacionales al lado de otros ejércitos o a la asunción de roles vinculados a tareas de protección civil, en especial para hacer frente a calamidades. En los últimos años hay muchos ejemplos, gracias sobre todo a la UME y su tarea frente a los incendios forestales, la pandemia o incluso la tormenta de nieve Filomena.

“Es evidente que el régimen de personal de 1981 y el de 2021 son completamente distintos”, admite Casado. Y que la regulación de los derechos y deberes “no tiene nada que ver”. “Las reglas de comportamiento del militar pivotan ahora sobre el cumplimiento de la Constitución y del ordenamiento jurídico, la sumisión absoluta al poder civil” y sobre el cumplimiento de “unas misiones tasadas por normas que han salido de un Parlamento democrático”.

Pero todavía hay cosas que cambiar, advierte. “Por ejemplo, la supervivencia del arresto como sanción disciplinaria. Eso denota que aún no ha habido una evolución plena en el régimen disciplinario”.

“Hay una necesidad urgente de cambio en la jurisdicción militar”, afirma Mariano Casado

Mariano Casado lamenta que “se ha avanzado poco o muy poco en la jurisdicción militar”. Las normas que la regulan son de los tiempos de la Transición. “Desde esos años no ha habido modificaciones sustanciales para potenciar la independencia de los órganos” encargados de impartir justicia militar y “homologarse con el resto de las jurisdicciones. Ahí hay todavía una ligazón al pasado y una necesidad absolutamente urgente de cambio”, reconoce.

Es algo que también destaca la exmilitar Teresa Franco, en la actualidad concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia. Es necesario “revisar la justicia militar”. “Tenemos una reserva en Europa como país”, recuerda, para que los militares de España no puedan ser privados de libertad por quienes no son jueces. “A militares y guardias civiles se les priva de libertad por cuestiones que son faltas. La justicia militar es en sí, ella misma, una anomalía democrática y más en tiempos de paz. Un desastre”.

Y en materia de derechos y deberes “también hay que seguir avanzando e ir hacia una segunda generación de leyes de las Fuerzas Armadas”. Es necesario, defiende Casado, ir más allá de la Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas de 2011. “Han pasado diez años y hay necesidad de posicionar al militar como ciudadano de primera en todos los ámbitos” y reevaluar “las restricciones y limitaciones de derechos”. Son cambios que, en su opinión, “todavía no se han hecho con la suficiente audacia” y con esas “ganas de modernización” que exige la equiparación al entorno europeo.

Casado se refiere, sobre todo, a la necesidad de avanzar en materia de asociacionismo profesional. Hace falta, defiende, “habilitar espacios de participación real de los militares” y aceptar y permitir que las asociaciones, “que han demostrado a lo largo de estos años ser absolutamente imprescindibles para el diseño de las políticas de personal, puedan acceder a los acuartelamientos y llevar una vida normal en las unidades sin ningún tipo de traba o de dificultad”.

Es algo, recuerda, que ocurre en otros países como Alemania, a los que debería mirar España. Allí “hay una asociación que aglutina a miles y miles de militares en las Fuerzas Armadas” y que tiene “una presencia en las unidades que nadie discute. Los jefes de unidad recurren al representante asociativo continuamente: eso es la normalidad democrática”. Juntos “arreglan problemas y buscan soluciones” a asuntos propios de la vida de los militares y “nadie está pensando que son una amenaza. Al contrario: son un colaborador ineludible y continuo del mando militar”.

Desde su punto de vista, ni siquiera debería descartarse sin más que en el horizonte de los próximos años se pueda considerar la posibilidad de que haya sindicatos en las Fuerzas Armadas. “En otros países de nuestro entorno existen”, recuerda. Y en ellos la mejora de la participación de los militares a través de organizaciones, asociaciones o sindicatos es “una cosa absolutamente natural porque se ha comprobado que estas no merman la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas”. Todo lo contrario, destaca: contribuyen a su mejora, a su desarrollo más ordenado, a que se avance en aspectos sustanciales como puede ser la conciliación de la vida laboral o la mejora de la carrera profesional. “Aspectos muy relevantes y que tienen mucho que ver con las condiciones, la calidad de vida de los militares y que redunda en su compromiso con las Fuerzas Armadas”. Si un militar y su familia están mejor atendidos, eso “tiene una repercusión en positivo al interés del militar y a su compromiso con su trabajo”.

El espejo alemán

Casado enfatiza que el asociacionismo es “un derecho fundamental” que tiene que caber en cualquier ámbito de la vida social, también en el mundo militar. “No es incompatible”, pero “eso todavía algunos no lo han visto”. Entre otras cosas porque no se ha entendido que la generalización de mecanismos de representación asociativa como ocurre en Alemania “requiere otro modelo de ejercicio del mando. Un ejercicio del mando que no es omnímodo, no es irracional. Tiene que ser racional y compartido” y no producto de la imposición “sin más, que no haya discusión, que no haya diálogo ni participación”.

Franco está de acuerdo: “¿Qué miedo hay a que los trabajadores militares tengan sindicato?” Y cita también la referencia de los países del norte de Europa “que tienen sindicato y no pasa nada. Son modernos, sencillamente. Aquí, el asociacionismo militar es legal, pero otro signo de democratización es que se le dote de herramientas para poder hacer más cosas, porque sigue mal visto y realmente es una de las vías que está modernizando los ejércitos españoles”.

Para avanzar en esa dirección y favorecer un cambio cultural que haga posible esta transformación, Casado cree que hay que trabajar desde los centros de formación —las academias de Zaragoza, San Javier y Marín— poniendo en valor el asociacionismo al hablar de él “en positivo”. No ya que no se critique, sino defendiéndolo como el derecho fundamental que es. “Ante el ejercicio y el despliegue de los derechos fundamentales no podemos ser neutrales”, advierte.

Falta también, reconoce, un acercamiento a la sociedad. Todavía hay, opina, una gran parte de los españoles que no conocen a las Fuerzas Armadas. Sobre eso echa en falta “una reflexión profunda” que permita caer en la cuenta de que es consecuencia de cómo se muestran los militares ante la sociedad. Haría falta, en su opinión, avanzar en lo que llama “el reclutamiento inteligente si se quiere que las Fuerzas Armadas sean atractivas para la juventud española”.

Aunque Casado no tiene dudas de que los militares golpistas del chat cuya existencia reveló infoLibre o los que firmaron varios escritos en contra del actual Gobierno “no son representativos en absoluto” del conjunto de las Fuerzas Armadas, sí cree que hay que hacer todavía “un esfuerzo de formación”. Prueba de ello es que no hace tanto tiempo que, a petición precisamente de la AUME, el Ministerio de Defensa dictó una instrucción recordando que hay que “potenciar los valores y principios constitucionales” en todos los centros de formación de militares.

Fernando Puell: “En España y en todos los países del mundo las Fuerzas Armadas son muy conservadoras”

Sobre este asunto, el historiador militar Fernando Puell señala que las Fuerzas Armadas, “en España y en todos los países del mundo, son muy conservadoras”. Y que “los procesos de cambio son mucho más lentos que en la sociedad civil”, algo que también ocurre, pone como ejemplo, en “la judicatura o el funcionariado. Yo me atrevo a decir incluso que en los medios de comunicación. Todo lo que son corporaciones evoluciona con lentitud”.

En estos momentos, explica, “la permeabilidad de lo que ocurre en la sociedad actualmente es muy superior a lo que era hace 50 años”. Antes los Ejércitos estaban “mucho más cerrados en sí mismos” y hoy tanto los mandos como la tropa “no proceden de otro sitio sino que de la propia sociedad. No se educa a un niño desde que tiene seis años y va al colegio para que se haga militar” sino que crece recibiendo “inputs de lo que le rodea, del entorno familiar y social, de sus grupos de amigos. Esos son los que llegan tanto a las academias militares para ser mandos del Ejército como los que ingresan voluntariamente de soldado o de marinero. Son chicos normales”.

Por eso ceee que las opiniones de los chats tienen su origen en una minoría “insignificante” del colectivo de militares retirados. Las Fuerzas Armadas, insiste, son “un reflejo de la sociedad”. Hay “decenas de miles de militares retirados y estamos hablando de un grupo de 100 personas”. Es algo “extrapolable a la sociedad: en las últimas elecciones generales tenían derecho a voto 37 millones de personas y solo 3,6 lo hicieron a Vox, un 7,6% del total”, recuerda. Pues “en las Fuerzas Armadas pasa lo mismo: gente que esté tan radicalizada que sea capaz de decir esas barbaridades en un chat es totalmente minoritaria”.

Y pone un ejemplo. Llevo ya 20 años dando un master en el Instituto Gutiérrez Mellado, con una media de 50 alumnos anuales, de los que el 40% son oficiales, la mayoría en activo. Por los trabajos que me hacen y cómo se manifiestan es gente absolutamente normal, no he visto nunca ninguna salida de pata de banco”. Se atreve incluso a especular sobre a quién votan los militares: “Yo creo que mayoritariamente opciones de derechas, conservadoras. Pero dentro de esas opciones, la inmensa mayoría votará opciones de centroderecha, unos más de centro y otros más de derecha”. Y sólo una minoría, sostiene, a partidos como Vox.

La estadística de Defensa muestra que los oficiales generales en activo (generales, almirantes y contraalmirantes) son más comunes en el Ejército de Terra, en una proporción que es 11 veces superior a la de la Guardia Civil, donde en 2019 apenas prestaban servicio en esta categoría 33 personas.

Los datos revelan también que la cifra total de personal militar de carrera en España fue cayendo poco a poco desde 2019 hasta 2017. Y a pesar de registrar una muy leve recuperación en los años 2018 y 2019, los 120.127 de la actualidad son todavía casi 7.000 menos que hace diez años. La recuperación de los dos últimos años sobre los que el Ministerio de Defensa ofrece datos es producto exclusivamente de un incremento de agentes de la Guardia Civil que comenzó en 2014, pero que todavía está lejos de recuperar la cifra de 81.682 efectivos de 2010. El resto de las Fuerzas Armadas han mantenido la tendencia a la baja de esta década. Hoy el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen entre un 10 y un 9% menos de personal que hace una década.

Humanismo y valores democráticos

Puell cree que el modelo educativo que rige en las academias españolas y en los centros de instrucción de la tropa se podría mejorar reduciendo el peso de lo técnico e incrementando la formación humanística.

En las tres academias —Zaragoza, San Javier y Marín—, actualmente se cursan enseñanzas militares para obtener el empleo de teniente y simultáneamente se está haciendo un grado universitario en ingeniería. Haber elegido un grado de ingeniería es, según Puell, lo que hace que se “descuide la parte humana de la formación de un oficial”.

En West Point, la academia donde se forman los oficiales de Estados Unidos, los militares se licencian también con un grado, pero después de cursar un programa mucho más abierto que les permite completar sus estudios con una titulación en historia, lingüística o filosofía.

En España es necesario, precisa, que la formación mejore en relación con la forma de gobierno, o la Constitución, pero en la actualidad son materias que se dan por sabidas. “Se entiende que se han aprendido durante el bachillerato y la secundaria y no se les presta atención”. La consecuencia, admite, es que en esas materias salen de las academias españolas “un poco perdidos”.

El abogado Mariano Casado va aún más lejos. En su opinión no basta con mejorar la educación “en valores democráticos que se tiene que hacer en los centros de formación”. Es necesario darle continuidad en las unidades para que la formación sea permanente. Y eso requiere organizar seminarios y jornadas y prestar atención a la “transmisión de valores desde el mando, que tiene que estar comprometido con la transmisión de los valores democráticos, no ser neutral ante ellos”.

“La memoria histórica y democrática aún no ha entrado en los cuarteles”, denuncia Jorge Bravo

El secretario de Organización de AUME es el más crítico con la evolución de las Fuerzas Armadas de los expertos consultados por infoLibre. “La memoria histórica y democrática aún no ha entrado en los cuarteles”, afirma rotundo. El chat ultra o los manifiestos contra el Gobierno son, en su opinión, “síntomas de un problema que se puede agravar por la participación de determinadas fuerzas políticas que quieran aprovecharse” monopolizando “sentimientos y posicionamientos, intentando trasladar una idea de seguimiento a esa ideología”. No menciona Vox, pero es fácil deducirlo.

“El problema es que dentro de las Fuerzas Armadas hay cierta tolerancia a determinadas ideas del anterior régimen”. Por eso, subraya, es necesaria “una decidida acción formativa en valores democráticos como estamos proponiendo desde la asociación. Para que la memoria histórica y democrática entre de lleno en los cuarteles”.

Franco cree que lo que hacen falta son “políticas valientes y pactos de Estado para la democratización de las Fuerzas Armadas”. “Muchas cosas hacen falta para que se vaya la cultura franquista”. Por ejemplo, “hacer un catálogo de calles y vestigios” de la dictadura dentro de las unidades militares y “eliminarlos urgentemente”. Y “se tiene que formar en las academias a subordinados y mandos en valores constitucionales y democráticos”, insiste coincidiendo con la opinión de todos los expertos consultados. “Besar la bandera debe implicar conocer qué representa. Deberían enseñarles los artículos de la Constitución uno por uno, y no aprenderlos de memoria, profundizando un poco. Van a dar la vida por ellos”. Aprender, por ejemplo, que “igualdad no significa que nos traten igual, sino que nos traten diferente si no tenemos las mismas situaciones de partida. Igualdad no es café para todos”. Sólo explicando así los artículos “comprenderían qué significa el feminismo y por qué hay que ser feminista”, defiende.

Porque la igualdad de género es también un valor democrático en el que a las Fuerzas Armadas les queda todavía mucho camino por recorrer.

Tarde, mal y casi detenido

La ley permitió la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas en 1988, diez años después de que la Constitución estableciera que no se puede discriminar por razón de sexo, recuerda Teresa Franco, experta también en temas de género. “Llegamos legalmente 10 años tarde según la Constitución, pero es que, además, fue en 1998 cuando las mujeres pudimos tener acceso a todos los puestos militares por ley porque, en 1988, no podíamos acceder a puestos como: Operaciones Especiales, unidades paracaidistas, fuerzas de desembarco, submarinos, legión… fíjate. Fue 20 años después de la Constitución vigente cuando por ley se nos permitió acceder definitivamente a todo lo que los hombres accedían”.

El ritmo de acceso es todavía muy lento. Y los datos oficiales recientes del Ministerio de Defensa revelan un estancamiento: desde el año 2000 hasta el 2006 la entrada de mujeres en las Fuerzas Armadas subía cada año un poco, pero desde 2007 hasta la fecha de hoy, el crecimiento de la curva de incorporación de la mujer a los ejércitos no sobrepasa el 12%. “La igualdad real (entendida en porcentaje) desde luego no tendrá lugar pronto; porque los datos hablan por sí mismos. Quizá nosotras y nosotros no lo veamos nunca”, lamenta Franco.

La Estadística de Personal Militar también ofrece datos sobre la distribución por sexos. Las mujeres, que sólo pudieron optar a incorporarse a las Fuerzas Armadas a partir de febrero de 1988, eran en 2019 el 6,2% del total y tenían una presencia ligeramente superior en la Guardia Civil (7,2%) y especialmente reducida en el Ejército de Tierra (3,1%).

Ese año había 9.114 mujeres en las Fuerzas Armadas. Casi ninguna entre los mandos —la de mayor rango era entonces General de Brigada— y la mayoría en la escala de suboficiales.

Teresa Franco: “Se necesita la firme determinación de legislar  medidas de discriminación positiva en las Fuerzas Armadas”

¿Cómo combatirlo? ¿Es impensable aplicar reglas de discriminación positiva para estimular la igualdad real? “Impensable no es”, afirma. “Yo lo pienso cada día. Lo que se necesita es la firme determinación de proponerlas, legislarlas, aprobarlas e implantarlas”. “Si no queremos esperar 150 años a que llegue la igualdad entre hombres y mujeres siguiendo un curso natural” habrá que implantar esas medidas positivas. Serán necesarias políticas públicas de igualdad en las Fuerzas Armadas por parte de los gobiernos.

“Yo soy utópica, sí”, admite Teresa Franco. “Y también estoy convencida de que en política todo es posible si se tienen mayorías. Falta que estén convencidas y tengan voluntad. ¿Es justo que haya igualdad real ya en las Fuerzas Armadas? Esa es la pregunta” que hay que responder, resalta.

Algo parecido ocurre, en su opinión, con la presencia de la religión católica en los cuarteles. “No tiene sentido mantener la presencia de la religión en ninguna institución democrática moderna en España, por tanto, no tiene sentido mantenerla en las Fuerzas Armadas”, afirma. “La religión debe practicarse en el ámbito privado”, porque “las y los militares españoles pueden ser católicos, musulmanes, judíos, budistas, ateos, agnósticos… Sencillamente son personas diversas y plurales a las que les une una profesión. Como diversos y plurales son quienes trabajan en medicina, educación o justicia”.

Y aquí queda también mucho camino por recorrer. Los Ejércitos están preñados de costumbres, rituales e imaginería religiosa: “patronas, desfiles en Semana Santa, paters dando misas”. Nada de eso “tiene sentido en unas fuerzas armadas modernas”, subraya. “Cuando era militar y decidieron ordenar poner la bandera a media asta por la muerte de Cristo”, recuerda haciendo alusión a un ritual habitual en Semana Santa, “sinceramente pensé que era una falta de respeto importante para todos los compañeros que profesan otras religiones y para quienes no profesamos ninguna. Eso moderno no es”.

Cuarenta años después, releo la crónica que escribí tras salir del Congreso de los Diputados la noche del 23F para ser lo más precisa posible al evocarlo. Mi memoria, como la de cualquiera, tiene voluntad propia. Recuerda lo que quiere y olvida lo que le da la gana. Tengo que hacer un esfuerzo por encauzarla. Los recuerdos se consolidan cada vez que se mencionan, casi nunca se rememoran igual y se vuelven a contar como si fueran hechos ciertos. Por eso, dos personas que han vivido la misma historia la cuentan cada uno a su manera. Por ejemplo, algunos diputados intentaron convencerme de que, durante el tiroteo de Tejero, ellos permanecieron de pie. Sé que no es verdad, porque yo estaba allí y vi con mis propios ojos que los únicos que permanecieron erguidos fueron Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo. Como tampoco es cierto que yo estuviera "en avanzado estado de gestación" como contaron algunos compañeros con los que compartí el secuestro junto al resto de los diputados y personal del Congreso. Se quedaron con la idea de que el capitán Muñecas me dejó levantarme del suelo, donde permanecí un buen rato con la vista clavada en el suelo, porque estaba embarazada. No fue así. Yo le pedí que me permitiera levantarme porque me faltaba el aire para respirar. Entonces me señaló con el fusil una alfombra enrollada y me indicó que me sentara sin moverme de allí. Todos interpretaron que, en efecto, estaba embarazada, aunque no era cierto.

Insisto en que recordar el pasado es un proceso activo y cada vez que se evoca un acontecimiento es susceptible de ser modificado. En casos como el mío resulta imposible traicionar un relato escrito momentos después de haber sido testigo de los hechos. No es fácil manipular la historia o dar una versión alterada por el paso del tiempo. Lo cuento, por enésima vez, tal y como lo viví.

A las seis y pico de la tarde del 23 de febrero de 1981, antes de que terminara la votación nominal para elegir a Leopoldo Calvo-Sotelo sucesor de Adolfo Suárez, abandoné la tribuna de prensa, situada en el primer piso, y bajé por las escaleras en el inoportuno momento en que Tejero y los suyos entraban disparando por la puerta del Congreso. Aterrada, salí corriendo hacia el despacho más alejado de donde estaba aquella tropa, el de Luis Gómez Llorente, e intenté saltar por la ventana. Imposible. La altura era excesiva y, además, la calle Fernanflor estaba tomada por guardias civiles con metralletas. Detrás de mí entraron en tropel un nutrido grupo de escoltas y algunos compañeros, todos hombres, perseguidos por uno de los guardias que daba órdenes pistola en mano. Oí por primera vez la frase más repetida de la tarde: "Al suelo, todos al suelo". No tuvieron consideración a pesar de ser la única mujer; me tiraron al suelo y me apuntaron como a los demás. Fueron instantes de máxima tensión, pues los escoltas iban armados y el jefe uniformado de los asaltantes les gritó: “Vamos a proceder a recoger las armas. ¡Y cuidadito, que a la menor tontería, esto se dispara!”. Pensé que se produciría una masacre y yo moriría víctima del fuego cruzado. La suerte es que nadie cumplió con su deber, obedecieron la orden de los golpistas con absoluta sumisión y soltaron la pistolas.

El que ordenaba, luego lo supe, era el capitán Jesús Muñecas. Cuando me permitió sentarme en la alfombra, desde mi posición privilegiada, fui reconociendo a la mayoría de los que permanecían aplastados contra el suelo. En aquellos tiempos, escoltas, ujieres, taquígrafos, estenotipistas, funcionarios, letrados, periodistas y políticos éramos pocos, teníamos buena relación y nos conocíamos casi todos por nuestros nombres.

Harta de la situación, volví a tentar la suerte y pedí al jefe que me dejase ir al cuarto de baño. Me escoltó un guardia con su fusil hasta la misma puerta, pero le llevé al otro extremo del salón de plenos, para intentar informarme de la situación. Vi a los diputados sentados en sus escaños y noté la ausencia de Suárez y de Gutierrez Mellado, que ya no estaban en el banco azul. No tuve más remedio que regresar al punto de partida, pero tuve la suerte de que me dejaran sentada en un banco del pasillo contiguo al cuarto de ujieres, la portería general, donde había mucho trasiego, bastantes gritos y sonaban continuamente los teléfonos. Traté de interpretar las conversaciones, pero debo confesar que no me enteraba de qué hablaban ni de quiénes eran los interlocutores. Luego supe que fui testigo de la tensa discusión entre Tejero y Suárez y de las conversaciones telefónicas entre Tejero y Milans del Bosch. En aquellos momentos pasé uno de los mayores sustos de mi vida y solo quería escapar de allí, hasta que, al fin, me llevaron al patio de la calle Floridablanca y me cogió del brazo Manuel Prieto, general de la Guardia Civil y colaborador de la revista Interviú, donde yo trabajaba, para sacarme lo antes posible de la zona de conflicto. Prieto me contó, según me arrastraba hacia la salida, que había tenido minutos antes un desagradable incidente con Tejero, al que conocía bien, y me dijo que estaba convencido de que el golpe iba a triunfar. Se me cayó el alma a los pies.

A la salida me estaba esperando mi marido, y le dije consternada lo que me contó el general. Me llevó a casa a ver a nuestra hija y cuando el rey apareció en televisión, regresé a la redacción, ya de madrugada. Lo primero que me dijo Julián Lago, el director del semanario, fue: "Llama a Sabino". Antes de escribir, tuve que hablar con diversas fuentes, titulé la crónica "Así asaltaron las Cortes. Redactores de Interviú en manos de los golpistas", y regresé a mi casa donde, al fin, pude dormir.

Después de cuatro décadas

A estas alturas se conocen prácticamente todos los detalles de aquella intentona golpista. A muchos nos los contó un testigo directo, o más bien el protagonista de aquella noche junto al Rey, pero aún queda por saber dónde fueron a parar las 92 horas de grabaciones de las conversaciones mantenidas a través de los teléfonos "pinchados" por orden de Francisco Laína, que ocupaba el cargo de director general de la Seguridad del Estado y asumió el mando del gobierno provisional durante las 14 horas que el ejecutivo estuvo secuestrado en las Cortes. Tengo una doble curiosidad, histórica y personal, pues me gustaría rememorar los gritos de Tejero que tuve la suerte de escuchar desde el despacho de enfrente a donde él estaba, pero que, aquel día, me fue imposible interpretar.

Tras contar mi experiencia personal, como testigo directo de aquella noche, quiero justificar algunas afirmaciones que he dejado esparcidas en artículos, entrevistas y libros, a lo largo de estos cuarenta años. Me refiero a mi tardío respeto histórico por Suárez, que justifico por, como mínimo, tres motivos: Con su dimisión impidió que triunfara el llamado golpe de timón o golpe blando y que un militar, el general Alfonso Armada, presidiera un Gobierno de sospechoso carácter antidemocrático. Fue uno de los tres valientes que, al quedarse en pie, desobedecieron a Tejero y a sus hombres en el hemiciclo. Y, finalmente, me despierta una simpatía casi de personaje cinematográfico, como el protagonista de un western, al acabar traicionado y abandonado por todos, a excepción de uno, Santiago Carrillo, que respetó su deuda de lealtad.

Todos contra Suárez:

Y ya por último, sobre el papel del rey Juan Carlos he escuchado y leído numerosas versiones de testigos directos, que me permiten hacerme mi composición de lugar. La versión que más me convence es la siguiente: el rey, al ser nombrado sucesor por Franco, contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y alguien dijo que el golpe fracasó por el mismo espíritu franquista que lo puso en marcha, es decir, la obediencia ciega y la disciplina jerárquica. Aunque parezca un contrasentido, no lo es. La cúpula militar de la época no tenía muchas convicciones democráticas y dudaba qué hacer ante el asalto de Antonio Tejero.

Muchos estaban indecisos, a la espera de acontecimientos, porque creyeron que Alfonso Armada actuaba con el consentimiento del rey. A lo largo de la noche, el general Fernández Campo, secretario general de la Casa, fue tanteando todas las capitanías generales, y cuando supo a qué atenerse, se encargó de comunicarles, uno a uno, que el rey no tenía intención de apoyar el golpe de Estado. Para preservar la Corona tenía que apostar por la democracia. Las conversaciones telefónicas fueron lentas y exhaustivas, por eso el rey apareció tarde en televisión para anunciar la continuidad democrática. Pasada la una de la madrugada del 24 de febrero, al dar por fracasada la intentona golpista, pude escribir mi crónica, que releo cuarenta años después.

Nativel Preciado es periodista y escritora.

En un primer momento, había pensado escribir este artículo con el título Todos de pie para contestar al grito de Todos al suelo que un teniente coronel golpista lanzó en el parlamento hace ahora 40 años. Pero "Todos de pie" tiene significados que pueden escaparse de las manos. Sin duda trae el recuerdo de la hermosa frase que Dolores Ibárruri pronunció en 1936 ante otro golpe de Estado: "Más vale vivir de pie que morir de rodillas". Y no, no estamos en una urgencia golpista, ni me gusta extremar las dificultades para confundir los problemas de hoy con una situación bélica. Tampoco me gusta el ponerse de pie obligatorio. Se da en algunos ritos cuando entra la autoridad en la sala.

Por eso opto por el todos y todas sentados. Es una invitación colectiva a sentarse con un café para hablar, o a estudiar y pensar la situación de la democracia en el mundo. Este 23F, tan lejos en mi vida de aquel 23F de Tejero –un recuerdo del joven estudiante que acababa la carrera y empezaba a dar clase en 1981–, está muy cerca del asalto al Capitolio por las masas vestidas de búfalo y arengadas desde los micrófonos presidenciales de Washington. La irresponsabilidad del poder es mucho más grave que el vandalismo de una mente radicalizada en la calle. Merece la pena pensar la democracia con profundidad, más allá de la necesaria revisión del Código Penal que castiga con cárcel los posibles excesos de la libertad de expresión.

Vivimos una situación mundial de degradaciones democráticas que provocan o sostienen dictaduras, identidades fundadas en el miedo y el odio, descrédito de las instituciones políticas y discursos de extrema derecha tejidos con las mentiras que agitan los peores instintos. Europa, y España dentro de Europa, tienen que comprender la importancia de su papel como punto de referencia democrático. Sustituir los viejos sueños colonialistas por ejemplaridades democráticas de repercusión internacional parece la mejor manera de favorecer un camino de justicia social en la globalización. Para conseguirlo hay que sentarse a hablar y a estudiar.

Propongo, por ejemplo, la lectura de Decir no. El imperativo de la desobediencia (Tirant lo Blanch, 2020) del profesor Javier de Lucas. Las reflexiones que plantea y los numerosos estudios que cita ayudan a repensar el tiempo que vivimos. Si, como señaló Eric Fromm, la obediencia ciega es un grave peligro para las democracias, el sentido de desvinculación y desamparo provoca una desobediencia irracional que siempre acaba por favorecer reacciones totalitarias. Hoy sabemos bien quién financiaba las agitaciones contra los liberales españoles de 1823, o los altercados sociales en la República de 1931, o las huelgas feroces en el Chile de Allende. Así se avanza con facilidad hacia el pasado, y no precisamente a los buenos principios de un pasado decente.

El mayor problema que soportan hoy los vínculos cívicos necesarios para la convivencia es una globalización en manos de la cultura neoliberal que ha borrado la autoridad social de los Estados y ha mercantilizado la democracia, en un proceso en el que la economía productiva se sustituye por la especulación financiera. El empobrecimiento de las mayorías y la pérdida de amparo social se ve obligado a convivir con los movimientos migratorios de la realidad globalizada y con la multiculturalidad. No es extraño que la llegada del otro se vea como una amenaza y las ayudas a la inclusión como un atentado grave contra la identidad nacional establecida. Si los procesos de reconocimiento se hacen en nombre del derecho a la diferencia, en vez de en nombre de la igualdad, suele ocurrir que el pensamiento menos inclusivo confunde igualdad con homologación para imponer proclamas obsesivas y unidimensionales.

La democracia está afectada en un extremo por las avaricias mercantilizadas y, en otro, por los discursos de fragmentación y enfrentamiento identitario. Los narcisismos de algunas minorías o de mayorías supuestamente amenazadas se encierran en sus propias identidades y defienden a cualquier precio su protagonismo, no sus derechos, en nombre del dolor sufrido. La discusión es difícil dentro del narcisismo general de una cultura consumista que nos invita a confundir deseos con derechos. Una sociedad líquida cambia las realidades de carne y hueso por fluidos virtuales. Las dinámicas políticas pierden entonces la visión de la sociedad, las necesidades de edificación, para encerrarse en particularismos que representan una amenaza al quebrar los equilibrios entre la igualdad y la pluralidad o entre la libertad y la convivencia.

En esta situación merece la pena darle importancia renovada al valor de la fraternidad. Así podremos permitirnos defender la igualdad junto al reconocimiento de la pluralidad y asumir las responsabilidades de la libertad, no como un predominio de la ley del más fuerte, sino como un acuerdo social que respete las conciencias individuales y los derechos humanos. ¿Cómo lograrlo?

Pues no lo sé bien, pero conviene que todos y todas nos sentemos a hablar porque los retos son difíciles y son frecuentes los naufragios en el mar y en los oleajes del odio.

“La realidad del 23 de febrero era de tal magnitud que por el momento resultaba imbatible, o al menos lo resultaba para mí, y por tanto era inútil que yo me propusiera la hazaña de derrotarla con una novela”. A esta conclusión llega Javier Cercas después de dos años de investigación sobre el fallido golpe de Estado de 1981, después incluso de haber escrito una novela sobre el golpe de Estado, después de haber descartado esa novela y justo antes de emprender un proyecto a todas luces insensato, el que acabaría siendo Anatomía de un instante. El libro de casi 500 páginas no sería finalmente una novela, en el sentido de que no se servía para nada de la ficción, sino de la documentación histórica, pero tampoco exactamente un ensayo, porque sí utilizaba los rudimentos de la narrativa para arrojar lo contenido en aquel 23F. Esa perplejidad que Cercas describe en el prólogo de su libro es la misma a la que han tenido que enfrentarse otros creadores que decidieron acercarse a esa fecha. No nos referimos aquí a los historiadores, a los periodistas o a los documentalistas, que no tenían que discutir con la verosimilitud, sino con la verdad. Pero ¿cómo se aborda desde la ficción un golpe de Estado? ¿Cómo las series, las películas y los libros han explicado a los españoles lo que ocurrió aquel día de febrero?

Dos versiones del golpe

En el año 2009, los astros parecieron conjurarse. A diferencia de este mes, cuando se cumplen 40 años de la irrupción de Tejero en el Congreso, no se celebraba entonces ningún aniversario redondo. Y, sin embargo, aquel febrero llegaron a televisión de manera simultánea dos series de dos cadenas distintas con dos planteamientos distintos en torno al mismo golpe. En Antena 3, 23-F: historia de una traición, dividida también en dos episodios y emitida el 9 y el 10. En Televisión Española, 23-F: el día más difícil del rey, estrenada en dos capítulos el 10 y el 12 de febrero. Si la emisión se planteó como una competición, ganó sin duda La 1: la serie de la directora Sílvia Quer y la guionista Helena Medina se haría luego con el Premio Nacional de Televisión, pero es que además le llevaría mucha delantera a su contrincante, con 6,4 y 6,9 millones de espectadores frente a 2,8 y 1,5 millones de la apuesta de la cadena privada. Sumando los datos de ambas, podríamos decir que en aquellos días la mitad de los espectadores estuvieron pendientes de ficciones sobre el golpe. Pero los proyectos eran completamente distintos. Televisión Española apostaba por Juan Carlos I (Lluís Homar) como protagonista, y recreaba lo sucedido el 23 y 24 de febrero, desde la proclamación del golpe hasta la confirmación de su fracaso. 23-F: historia de una traición se entregaba plenamente no solo a la ficción... sino a una posible conspiración.

La serie de Antonio Recio estaba protagonizada por Sergio Peris-Mencheta y Pau Cólera, dos guardias civiles que habían trabado amistad durante su formación y a quienes enfrentará la conjura de los militares: Leal (Pau Cólera) se involucrará en el golpe, convencido de que la democracia va por mal camino, mientras Zárate (Peris-Mencheta) tratará de evitar que su amigo se manche las manos. En esta historia anónima —y ficticia— de amistad, amor, celos y rencores se colaba, sin embargo, un mensaje político: en el centro de la trama se encuentran unos documentos que supuestamente implican en el complot a grandes nombres y que supondrían “una amenaza para la democracia”. En el otro extremo se encuentra 23-F: el día más difícil del rey, que sigue el relato más aceptado de los hechos: Juan Carlos I no conocía las intenciones de los militares, y es, al contrario, traicionado por el general Alfonso Armada, que se aprovecha de su amistad para asegurarse el triunfo del golpe. El papel del monarca será en esta serie el de tratar de averiguar primero las intenciones de sus supuestos colaboradores, para neutralizar a los golpistas sin que estos puedan aprovecharse del poder simbólico de su figura.

Así, las dos producciones tienen propósitos completamente distintos. La de Antena 3, llena de saltos temporales entre la actualidad y 1981, estaba más interesada en las historias personales de dos personajes ficticios y las sombras de su pasado. El tema de la serie parecía alimentarse, justamente, de la discusión general en torno al golpe y la impresión de buena parte de los españoles de que aún está por aclararse lo verdaderamente ocurrido aquel día. Sobre su relación con la verdad, la producción aclaraba escuetamente en una cartela: “Esta película es un relato de ficción ambientado en los sucesos históricos del 23F. Las situaciones que aparecen son ficticias”. Su competidora en la cadena pública se explayaba mucho más en su mensaje: “Esta obra cinematográfica es resultado de una recreación histórica basada, principalmente, en un compendio de los datos e informaciones que sobre los hechos acaecidos fueron difundidos en los medios de comunicación y en publicaciones de todo tipo y en la interpretación que, de los mismos, realizan los autores de la obra. Por todo ello y aunque los personajes y la trama son reales, los diálogos y algunas de sus actuaciones son fruto de la libertad de creación de los autores del audiovisual, que se han inspirado en el material que, sobre los hechos, ha sido publicado hasta la fecha”. A Televisión Española parece preocuparle mucho más la relación con la verdad histórica, y no es extraño que su versión se acerque también mucho más al relato consensuado sobre aquellos días.

Un rey heroico y un Tejero villano

“Te juro que ni me voy ni abdico. Antes tendréis que fusilarme”. Estas son las palabras de otro Juan Carlos I de ficción frente a las presiones de Alfonso Armada para que se sume al golpe. Estamos en el filme 23-F: la película, dirigida por Chema de la Peña y estrenada en cines el mismo 23 de febrero de 2011. En esta ocasión tenemos a Fernando Cayo como Juan Carlos de Borbón, un papel que ya había interpretado en Adolfo Suárez, el presidente, serie de Antena 3 del año anterior. El planteamiento sobre el papel del monarca en el golpe sigue, en realidad, el de 23-F: el día más difícil del rey: Juan Carlos I no estaba al tanto del plan de los militares sublevados y todas sus acciones van dirigidas al fracaso del golpe. “Para el personaje del rey”, decía el cineasta cineasta en el programa Versión española en 2016, “sí que hay una determinación clara de que el golpe se para en Zarzuela. Eso es evidente”. Pero si aquella serie se construía en torno al Borbón, De la Peña añade dos perspectivas más: la de Alfonso Armada —que en parte ya había quedado retratado en la producción televisiva— y la de Tejero —que tenía un papel muy secundario en la producción de 2009, pero que aquí toma protagonismo, interpretado por Paco Tous.

La película pone especial interés en la recreación de la entrada al Congreso de Tejero y su destacamento, basándose tanto en la grabación de media hora que pudo realizar Televisión Española desde el palco de prensa como en las declaraciones de los testigos. De la Peña llega a filmar incluso con el granulado característico del vídeo de principios de los ochenta, e intercala imágenes de archivo para subrayar la veracidad del relato y para crear la sensación de que estamos frente a una obra de cine documental, una diferencia notable con la serie de Sílvia Quer, más contenida en lo formal. El equipo pudo rodar durante dos días y medio en el Congreso de los Diputados, aprovechando su cierre en agosto, algo que ha pasado solo en contadas ocasiones. Y sobre toda la película planea el fantasma de esa grabación desde lo alto y de esos disparos —quizás los disparos más famosos del audiovisual español—, encarnados en el personaje de Tejero. Escribía Cercas en Anatomía de un instante: “Uno de los rasgos que define el golpe del 23 de febrero es que fue grabado por televisión y retransmitido a todo el planeta. De hecho, quién sabe si a estas alturas el teniente coronel Tejero no será sobre todo para muchos un personaje televisivo”.

Ni rastro del elefante blancoelefante blanco

El elefante blanco: ese alto mando militar cuya presencia esperaban los sublevados del Congreso para que se hiciera cargo del golpe, según el relato de Tejero. Este personaje casi mitológico ha ocupado páginas y páginas de investigaciones históricas y periodísticas: hay quienes defienden que se trataba de Armada, quienes dicen que eso del elefante blanco era una figura retórica que hace alusión al ejército en conjunto... y hay quienes dicen que la figura que todos esperaban era el rey. El papel de Juan Carlos I como instigador del golpe de Estado, ya fuera para procurar su triunfo o para mostrarse como salvador de la democracia, es la contraparte de la presentación del rey como héroe nacional, y casi tan popular como esta. Lo han defendido, de distintas formas, autores como Gregorio Morán, Jesús Palacios o Pilar Urbano. Este última, en el libro La gran desmemoria (2014), la periodista Pilar Urbano aseguraba que el rey había urdido un plan para desplazar a Suárez de la presidencia e instaurar un Gobierno de concentración, plan paralelo al tejerazo y, de hecho, desbaratado por este.

Pero curiosamente, con toda la tinta que han suscitado en la no ficción, estas teorías no han generado tanto interés en la ficción. En el audiovisual 23-F: historia de una traición insinúa algún tipo de complot, que finalmente nunca se descubre. Hay que irse a la película El rey, de Alberto San Juan y Valentín Álvarez, estrenada en 2018 a partir de la obra teatral de 2015, para encontrar una visión crítica del papel de Juan Carlos I en el 23F. Aunque a esa nómina, desde la no ficción y la literatura, habría que sumar en cierta medida Anatomía de un instante: para Cercas, el rey no es el cacareado elefante blanco, pero sí critica su actuación en los meses previos al golpe, cuando desautoriza a Adolfo Suárez en público e incluso expresa su deseo de que salga del Gobierno. “El Rey no organizó el golpe, está claro, lo paró. Nadie podía pararlo si no era él, que tenía el poder de hacerlo”, decía el escritor en una entrevista con El País. “Pero eso no significa que tengamos que santificarlo. El Rey también se equivoca, e hizo cosas que no debería haber hecho. La verdad es que lo facilitó y en eso se equivocó, como se equivocó gran parte de la clase política”.

La verdad a través de la mentira

Cercas aseguraba entonces que “ya no existen grandes enigmas sobre el 23-F”, sino “zonas de sombra” debido a que un complot de este tipo no genera documentación, y a las memorias contradictorias de los implicados. Pero otros muchos creadores han denunciado justamente la opacidad del Estado en un suceso histórico de primer orden como este. “Cuando el Estado niega a la ciudadanía el derecho a la información a través de lo que llaman secreto de Estado (por ejemplo, se nos niega acceso a documentación esencial para conocer qué pasó el 23F o qué había detrás de los GAL), tenemos todo el derecho a especular y a hacernos preguntas”, decía San Juan a este periódico en el estreno de El rey. El pasado junio, el Congreso aprobó la propuesta del PNV de comenzar a tramitar la reforma de la ley de secretos oficiales de 1968, y en septiembre el Gobierno anunció su intención de presentar su propia iniciativa, sin que lo haya hecho todavía. 

Precisamente, la voluntad de denunciar la falta de transparencia del Estado fue lo que propició Operación Palace, el falso documental dirigido por Jordi Évole y emitido por La Sexta el 23 de febrero de 2014. El programa se presentó en su momento como una investigación periodística que se proponía aclarar ciertas sombras en torno al golpe de Estado, y que con la colaboración de figuras como Iñaki Gabilondo, Luis María Ansón, José Luis Garci, Joaquín Lequina o Federico Mayor Zaragoza llegaba a conclusiones tan alucinantes como que la filmación de la irrupción de Tejero en el Congreso había estado dirigida por Garci —a quien le pagarían luego con su nominación al Oscar—, y que la puesta en escena de un "golpe falso" pretendía darle "un empujón" a la democracia. Las teorías presentadas por el falso documental aumentaban en surrealismo a lo largo del metraje, y al final la productora El Terrat introducía las siguientes cartelas: “Nos hubiera gustado contar la verdadera historia del 23F. Pero no ha sido posible. El Tribunal Supremo no autoriza la consulta del sumario del juicio hasta que hayan transcurrido 25 años desde la muerte de los procesados o 50 años desde el golpe. Esta decisión es tierra abonada para teorías y fabulaciones de todo tipo... como esta”.

El programa especial logró un 24% de share y las reacciones en redes sociales y en los medios fueron entusiastas... a favor o en contra. Periodistas como Julia Otero o Juan Ramón Lucas aplaudían la audacia de Operación Palace, mientras otros la condenaban: “Orson Welles se remueve dentro de su tumba”, decía Gaspar Llamazares. La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España analizó el caso, tras recibir una denuncia, y no encontró mala praxis en el proyecto: “Es evidente que Operación Palace discurre al margen del principio de veracidad, esencial en el trabajo del periodista. Pero calificar el reportaje como 'mala práctica periodística' va más allá de lo que cabe esperar y exigir a esta Comisión”. Un ejemplo más de la difícil relación entre realidad y ficción en torno al golpe de Estado de 1981. Aunque sí había un hecho cierto en Operación Palace que aguanta la prueba del tiempo: el sumario del juicio sigue sin poder consultarse.

El Opus –o mejor dicho el conjunto de hombres del Opus en la esfera conservadora de la Transición– emerge como una importante fuerza opuesta al cambio político impulsado por Adolfo Suárez. "Tiene mucha lógica que miembros del Opus estuvieran muy activos durante la Transición. La presencia en el tardofranquismo del Opus fue decisiva. Y durante la Transición lo fue también. Los más destacados miembros del Opus mantuvieron sus puestos, porque la Transición se hizo manteniendo a los grupos de presión, y el Opus es un importantísimo grupo de presión muy metido no sólo en la política, sino en el empresariado, en la escala técnica, entre banqueros, ingenieros... Es un poder fáctico, que tenía muchos intereses que defender", explica el periodista Mariano Sánchez Soler, que conoce las dinámicas de La Obra por trabajos como Las sotanas del PP (Temas de Hoy, 2002). 

“Cuando hablo de pertenencia al Opus en el libro, sobre todo describo una ideología. Son fundamentalmente ultraconservadores, cercanos a la idea del proyecto político de los años 60, partidarios de una monarquía que conservara ciertos poderes en una democracia limitada”, apunta Muñoz Bolaños. Veamos en detalle su trabajo. La investigación El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición, publicada coincidiendo con el 40º aniversario de la toma del Congreso, está salpicada de múltiples nombres del Opus. Y aquí hay que hacer una puntualización: las más de 600 páginas de su documentada crónica no se refieren sólo al 23F, ni mucho menos a su dimensión de golpe militar, que tiene ya claramente delimitados a sus 30 responsables penales. El trabajo amplía el foco a lo que Muñoz Bolaños da en llamar la transición paralela, toda una serie de operaciones civiles, no golpistas, que no tenían el objetivo de propiciar una dictadura, como sí el 23-F, sino de "moderar en sentido conservador el proceso de cambio político". En el 23F hubo personajes que tuvieron participación o conocimiento en la transición paralela, pero la investigación de Muñoz Bolaños desvincula a los civiles del golpe.

Hecha la distinción, reclama foco un personaje: Alfonso Armada, condenado a 30 años por el golpe de Estado. Una de las cabezas más destacadas del golpe, hombre crucial en la evolución del rey Juan Carlos I, friso entre el 23F y la transición paralela, Armada ha sido frecuentemente identificado como miembro del Opus Dei. Y no sólo en el último libro de Muñoz Bolaños, sino también por la Real Academia de la Historia, en una entrada elaborada por dicho historiador, que se apoya a su vez en Ricardo de la Cierva. "Era una de esas personas que confunden su ideología con la verdad absoluta, como buen miembro del Opus", declaró el que fuera director del Cesid Javier Calderón a El País en 2009.

Consultado por infoLibre, el Opus Dei lo niega de forma tajante a través de su oficina de información: "Alfonso Armada no perteneció nunca al Opus Dei". Este periódico insistió, dado que la condición de miembro del Opus de Armada está recogida en múltipes artículos.  La pregunta al Opus fue: "¿No había [entre Armada y el Opus] ningún tipo de relación ni vinculación?". Respuesta: "Así es. Ninguna". Y añadió, en contestación por escrito: "La relación de la Obra con el 23F es cero, nada que ver. Puede interesar recordar que el Opus Dei no interviene ni puede intervenir nunca en opciones políticas porque sus fines son exclusivamente espirituales. [...] Los avatares políticos de una nación –cualquiera que sea– y el Opus Dei son realidades que se mueven en planos totalmente diferentes. La Prelatura impulsa a sus miembros a ejercer sus derechos y a cumplir diligentemente sus propios deberes como cristianos coherentes. Cada uno es libre en las opciones temporales". 

Gregorio López-Bravo

Al margen de Armada, en la transición paralela contada por Muñoz Bolaños aparecen más nombres de La Obra. El más destacado fue Gregorio López-Bravo (1923-1985), cuya pertenencia al grupo es admitida por la propia Obra y reconocida por la Real Academia de la Historia. ¿Quién era? Había sido ministro con Franco entre 1962 y 1973, portando las carteras de Industria y Exteriores. Ya era ministro con 39 años. Antes había ocupado la dirección general del Instituto de Moneda Extranjera (1960) y participado junto a los ministros de Comercio, Alberto Ullastres –Opus–, y Hacienda, Mariano Navarro Rubio –Opus–, en la puesta en marcha del Plan de Estabilización (1959). Un carrerón. Era de la familia franquista de los tecnócratas, vinculada al Opus y enfrentada a los falangistas. Y políticamente destacaba sobre sus pares. López-Bravo aparece así descrito en las memorias de Alberto Oliart: "El más dotado para la política [...], inteligente, listo y simpático con toda clase de gente, que se declaraba independiente y liberal [...], único en lo social: un tipo tan guapo, tan joven, tan listo, tan ejecutivo, tan eficaz".

López-Bravo figura en las principales operaciones civiles hasta 1979 para desplazar a Adolfo Suárez, contra el que se había ido desarrollando un agudo descontento en los sectores conservadores por la reforma castrense en marcha, la legalización del PCE y lo que se veía como mano blanda ante ETA. Los sectores vinculados a la organización fundada por Escrivá de Balaguer apoyaron a Suárez en su arranque en la Moncloa, pero dicho respaldo se derrumbó cuando el presidente optó por “una democracia plena” y por “sentar las bases del Estado del bienestar”, según Muñoz Bolaños. Ahí sitúa el historiador, de hecho, el arranque de la transición paralela.

He aquí las operaciones recopiladas por el investigador. Todavía con Carlos Arias Navarro en la presidencia, “desde el entorno del Palacio de la Zarzuela, el general Armada y el coronel de Caballería Nicolás de Cotoner y Cotoner –marqués de Mondéjar–, secretario y jefe de la Casa [Real], respectivamente, y ambos supernumerarios del Opus Dei intentaron devolver el poder a los tecnócratas, poniendo en marcha la operación Lolita”, anota el historiador. ¿En qué consistía? En convertir a López-Bravo o al también exministro tecnócrata José María López de Letona en presidente del Gobierno, tentativa que se encontró con la oposición de Torcuato Fernández-Miranda, que “se negaba a dejar el Ejecutivo en manos de inmovilistas”, expone Muñoz Bolaños. 

Más. En abril de 1977, el gabinete de Defensa de Manuel Gutiérrez Mellado recibió un informe enviado por el general Manuel Fernández-Monzón. ¿Qué planteaba el informe? Sustituir a Suárez por López-Bravo, “un hombre excepcionalmente inteligente y no sólo preparado respecto a la temática política, sino también respecto a la económica”. No en vano, los tecnócratas tenían un marchamo de experiencia en la gestión económica tardofranquista. Entre 1957 y 1975 hubo al menos ocho ministros del Opus, incluyendo las carteras de Hacienda, Industria y Comercio. 

10 de octubre de 1977. Almuerzo en la Agencia EFE convocado por su presidente, Luis María Ansón, destacada figura de la transición paralela, según Muñoz Bolaños. La nómina de asistentes no tiene desperdicio. Acuden los exministros y empresarios Juan Miguel Villar Mir y Carlos Pérez de Bricio; los banqueros Luis Valls Taberner (Popular), Alfonso Escámez (Central) y Jaime Carvajal (Urquijo); Max Mazin, vicepresidente de la CEOE; y el exministro de Obras Públicas Federico Silva Muñoz. ¿Qué posible presidente surge? En efecto: López-Bravo, de nuevo en el abanico de opciones junto a López de Letona. Un inciso: aunque López de Letona, que fue gobernador del Banco de España entre 1976 y 1978, formó parte de la familia tecnocrática y a menudo se lo presenta como miembro de La Obra, la prelatura lo niega expresamente en su web. Quien sí era un destacado miembro del Opus era Luis Valls Taberner, presidente del Popular, dentro del Opus desde 1945. “Desde su juventud era miembro numerario”, señala su reseña en la Real Academia de la Historia.

Ansón, según Muñoz Bolaños, también tenía en mente a López-Bravo –y a Villar Mir, y a Pérez de Bricio– cuando en 1978 pensó en el líder de un equipo civil para gobernar España dos años en situación de excepcionalidad. Más tarde –siguiendo a Muñoz Bolaños– se activó el plan López-Bravo, consistente en la sustitución de Gutiérrez Mellado como paso previo al desplazamiento de Suárez. López-Bravo llegó a promocionarse ante el embajador de Estados Unidos, Terence Todman. En 1979, concedió una entrevista a ABC en la que se dejaba querer como posible “ministro de Defensa civil”, una figura con la que se venía especulando ante el malestar de la cúpula militar con Gutiérrez Mellado.

¿Por qué se frustraron todas las operaciones para encumbrar a López-Bravo, ese político puro, simpático, fotogénico, experimentado, con idiomas y contactos, y además sobrado de ambición? "Por sus antecedentes", responde el autor de El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición. "Por haber sido ministro de Franco". Es decir, su trayectoria franquista, su etapa de ministro, el hecho de haber formado parte de la terna de posibles presidentes junto a Silva Muñoz y el propio Suárez, todo eso era lo que le daba legitimidad de origen franquista ante los sectores conservadores... pero lo que lo invalidaba para protagonizar el cambio político. El rey no lo apoyó.

¿Y ser del Opus no lo lastró? En absoluto, responde Muñoz Bolaños. “Porque Armada también era del Opus”. 

Alfonso Armada

Alfonso Armada (1920-2013), que había sido instructor militar del príncipe –luego rey Juan Carlos I– y hasta 1977 secretario de la Casa Real, es la figura militar que se abre paso como líder de la transición paralela cuando queda en evidencia que la misma no puede ser liderada por un civil, según Muñoz Bolaños. "Además de su adscripción al ámbito castrense, ese líder debía tener suficiente prestigio, educación formal, formación, vinculación con la élite civil conservadora y, sobre todo, absoluta lealtad al rey [...]. Ese militar sólo podía ser Armada: políglota, aristócrata, de educación exquisita y con capacidad para moverse en las altas esferas, prestigioso en el Ejército, relativamente joven, con contactos internacionales, miembro del Opus Dei", enumera el autor de la investigación, que recuerda que el general, durante las tensiones en la Transición entre el Gobierno y la Iglesia, "se presentaba como un devoto católico practicante, ligado al Opus Dei, miembro activo del apostolado castrense y partidario de la confesionalidad del Estado". La Real Academia de la Historia también le otorga el estatus de supernumerario, concretamente en la entrada sobre el militar Juan Castañón de Mena. El Opus, como se ha dicho, lo niega.

Las operaciones manejadas en la esfera civil para convertir a Armada en presidente no incluían un golpe de Estado. La versión civil más problemática era la solución, mediante la aparición salvadora de Armada, de un hipotético golpe de Estado duro. Es lo que se ha dado en llamar solución Armada. Lo que estaba fuera de guión es que Armada acabase implicado en un golpe de Estado, el 23F, del que luego quiso aparecer como remedio. Lo cierto es que por el 23F sólo hubo condenado un civil, Juan García Carrés, amigo de Antonio Tejero y ajeno a las élites económicas, mediáticas y políticas que pilotaron la transición paralela.

El 23F fue pues una operación militar. Por su implicación en la misma Armada quedó estigmatizado. Actualmente, aunque aparece vinculado al Opus en numerosos artículos, y a pesar de que incluso lo identifica como supernumerario la Real Academia de la Historia, La Obra no lo presenta como tal en su página web. En dicho espacio no niega expresamente su pertenencia al Opus, como sí hace con López de Letona y Carrero Blanco, pero tampoco lo menciona, como sí hace con López-Bravo y otros siete ministros. Ahora bien, preguntado expresamente, sí lo niega.

Más apariciones. El 6 de febrero de 1981 tuvo lugar una importante reunión entre Armada y el rey, que lleva casi 40 años siendo objeto de múltiples especulaciones. Sobre dicho encuentro, Armada informó a dos de sus hombres de confianza, "ambos del Opus Dei", según Muñoz Bolaños, y militares destacados: José María Sáenz de Tejada y José Ramón Pardo de Santayana. 

Laureano López Rodó y más

Otra figura clave del Opus en la Transición es el exministro franquista Laureano López Rodó (1920-2000), falangista en su juventud y miembro de La Obra desde 1941, según la Real Academia de la Historia. El historiador Muñoz Bolaños, profesor de las universidades Francisco de Victoria y Camilo José Cela y del Instituto General Gutiérrez Mellado de la UNED, sitúa a López Rodó en varias escenas: explicándole a Fernando de Santiago, el que fuera vicepresidente del Gobierno para Asuntos de Defensa, que España estaba en situación "prerrevolucionaria"; también como "íntimo amigo y correligionario" de Armada. No obstante, la pimienta está en la teoría de que López Rodó fuese el autor de un influyente informe que defendía la inconstitucionalidad de los estatutos vasco y catalán, y que sirvió para agitar aún más las ya agitadas aguas políticas. "Me ha llegado el rumor, no puedo asegurar, de que pudo haber estado escrito por López Rodó [...]", expresó Milans. El autor de la investigación señala que, por su relación con Armada y su condición de catedrático de Derecho Administrativo, López Rodó le parece el autor más verosímil. El informe tuvo un notable recorrido político: le llegó a Armada –que nunca desveló el autor– y lo pasó a Zarzuela y a Milans del Bosch. También llegó al Consejo Superior del Ejército, tan sensible con la cuestión territorial.

Hay más nombres vinculados al Opus en aquella época de conspiraciones (hay que insistir: no vinculados al golpe de Estado). Ahí está el militar Juan Castañón de Mena (1903-1982), que fue procurador en Cortes y ministro del Ejército durante el franquismo. "Su ideología monárquica neotradicionalista y su vinculación al Opus Dei como socio supernumerario" le permitieron "jugar un papel clave en la elección de Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de rey", señala la Real Academia de la Historia en su reseña biográfica. El autor de El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición inscribe a Castañón de Mena entre los que en la Transición fueron "defensores de un franquismo coronado en la persona de Juan Carlos I", en una línea representada por Armada y Milans.

Otra figura es Álvaro de Lacalle Leloup (1918-2004), vinculado al Opus por Muñoz Bolaños. En el periodo previo al 23F en el que los partidos planteaban todo tipo de soluciones como plan B para evitar o reconducir un golpe duro, se movió incluso en círculos socialistas el nombre de De Lacalle Leloup como posible presidente de circunstancias, según el historiador. Como señala Muñoz Bolaños: "La pertenencia al Opus y su papel como cofundador de la revista Fuerza Nueva Fuerza Nuevahacen que resulte difícil explicar esta posición de los socialistas, a no ser que hubieran entrado en contacto con los planificadores de la transición paralela". De Lacalle Leloup se encontraba entre los miembros de la “élite militar” que, ante el convulso cambio político, se reunían desde 1977 compartiendo coincidencia en su “posición crítica con el proceso”, escribe Muñoz Bolaños, que les atribuye una “estrecha relación” con Armada. Al menos a una de esas reuniones acudió otro miembro del Opus, Víctor Castro San Martín. El Opus ha mantenido peso en las Fuerzas Armadas, ya en democracia [ver aquí información en detalle].

El empresario José María Ruiz Mateos (1931-2015), cuya trayectoria estuvo marcada por su vinculación al Opus Dei, se quedó al margen de las operaciones civiles de la transición paralela. Eso sí, según Muñoz Bolaños, que cita un testimonio escrito del empresario, Ruiz-Mateos puso dinero para comprar silencios tras el 23F. Dichas aportaciones, que habrían superado los 1.000 millones de pesetas, no han sido acreditadas fehacientemente. A la pregunta concreta sobre la relación de José María Ruiz Mateos, entre otros, con el Opus Dei, la organización responde: "La vinculación de una persona con el Opus Dei es bien conocida en su ambiente, y cada persona de la Obra es un ciudadano que vive con libertad y responsabilidad sus opciones".

"Cuando terminó el régimen de Franco, los tecnócratas diluyeron rápidamente el hecho de que habían sido una familia del franquismo. Hubo un reciclaje masivo”. A juicio de Sánchez Soler, el Opus se anotó grandes logros ya en democracia, como la consagración del modelo de concertada, gracias a que era una organización “impregnada en el poder”, concluye el periodista. 

La opacidad es la pareja perfecta de la especulación y del ruido. Este martes, cuando el rey Felipe VI acuda al Congreso de los DiputadosCongreso de los Diputadosal acto de conmemoración del 40 aniversario del fallido golpe de Estado del 23-F, el monarca transitará por una institución que lleva casi una década, sin éxito y con dudosa voluntad política por parte de las fuerzas mayoritarias, intentando que se desclasifiquen todos los documentos sobre aquellos hechos. En lo que tiene que ver con el 23-F, la opacidad envuelve a la opacidad como un círculo vicioso si se tiene en cuenta que ni siquiera hay un listado, un índice de los informes reservados ni una relación de los documentos existentes o perdidos. Siempre se ha hablado de grabaciones de conversaciones mantenidas durante aquel episodio entre la Cámara y el exterior. De las que pudo mantener la Zarzuela. De las instrucciones que se pudieron dar a las embajadas. O de los datos que recabaron los servicios secretos. Pero de ahí no se ha pasado. No hay nada tangible que permita construir mejor el puzzle de la intentona golpista.

Negar los avances de los que ha sido testigo España en estas cuatro décadas sería faltar a la verdad. Pero hay un elemento común entre la España de hace cuarenta años y la de ahora que precisamente impide conocer algunos de los episodios que todavía a día de hoy giran alrededor del 23F. Como en 1981, en la España de 2021 sigue en vigor una ley de 1968 –sí, preconstitucional, franquista– que bloquea cualquier intento de levantar el velo a todos los documentos referidos al golpe de Estado. Es la Ley de Secretos Oficiales, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de abril de 1968. Desde esa fecha, sólo se ha modificado una vez, en octubre de 1978. 

En esencia, la ley fija que podrán ser declaradas "materias clasificadas" aquellos "asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado". Dentro de las materias clasificadas hay dos tipos de categorías, la de secreto y la de reservado. Esas calificaciones sólo pueden hacerlas el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes del Estado Mayor. Son estos dos órganos los facultados para levantar esos secretos o las informaciones reservadas.

Puede parecer mentira. Pero las legislaturas han ido transcurriendo en el Congreso, determinadas fuerzas políticas han ido presentando iniciativas para modificar esta ley y flexibilizar los plazos a partir de los cuales determinadas materias han de dejar de ser secretas, y nada ha cambiado. La falta de acuerdo y la falta de voluntad política han hecho que en el registro de la Cámara Baja descansen un buen ramillete de iniciativas que, o no se han admitido, o han ido caducando a medida que se agotaban las legislaturas con la convocatoria de nuevas elecciones generales.

"Oportunidad perdida" con la Ley de Transparencia

Tampoco se avanzó nada en esta materia en la Ley de Transparencia, que entró en vigor en 2014, lo que provocó que el grueso de los expertos lo calificaran como "oportunidad perdida".

¿Estamos ahora cerca de que un cambio legislativo dé pie a que salgan a la luz papeles aún ocultos de la Transición, de la intentona golpista de 1981 o de la actuación de los GAL? Una vez más, los cimientos están puestos en el Congreso. Otra cosa es la prioridad que se dé a la tramitación y la ambición del texto definitivo en función de las enmiendas que se acuerden. 

No hace mucho de la última vez que se debatió sobre esta reforma en la Carrera de San Jerónimo. Fue el 26 de junio. El Pleno aprobaba con 197 votos a favor, 54 en contra y 99 abstenciones la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, impulsada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). 

Los nacionalistas vascos argumentan que aunque la seguridad y defensa del Estado es un valor constitucionalmente protegido que compete al Gobierno, y por ello el acceso de los ciudadanos a materias que pudieran afectar a esta seguridad queda vedado, "no es menos cierto que ese valor y resguardo debe dialogar con otros valores y principios también constitucionalmente protegidos".

El pasado septiembre, el Gobierno aprobó el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2020 en el que se recogían "diez prioridades legislativas derivadas del programa" del Ejecutivo de coalición que firmaron PSOE y Unidas Podemos. Una de las iniciativas era precisamente la reforma de esta ley. La pretensión era llevarla al Consejo de Ministros antes de que terminase 2020 y el proponente debía de ser el Ministerio de Defensa. No se conocen avances a día de hoy. La idea era, en todo caso, abrir una negociación con los nacionalistas vascos en su calidad de grupo proponente de la única iniciativa de este tipo viva a día de hoy en la Cámara Baja.

Fuentes del departamento de Margarita Robles aseguran a infoLibre que este tema, como reforma legal, lo va a coordinar, junto con la nueva ley de Memoria Histórica, la Vicepresidencia Primera del Gobierno. A día de hoy, el PNV no tiene noticia al respecto. Lo único que ha habido sobre el tema fue una conversación informal a finales del año pasado, cuando desde el Gobierno se pusieron en contacto con este grupo para interesarse por los ejes de su propuesta. La respuesta desde el PNV fue clara. Su pretensión es "una ley de plazos". "A partir de ahí, podremos discutir sobre distintas cosas, pero es necesaria una ley de plazos al estilo de los países que nos rodean", indican.

Veinticinco años de secreto ampliables diez más

La iniciativa del PNV tiene como objetivo "abordar, como parte del proceso evolutivo natural de toda regulación, su adaptación a la sensibilidad social vigente respecto al valor de la transparencia consustancial al principio democrático que fundamenta y rige nuestra sociedad". Así, aboga por la obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias calificadas como secretas y los diez años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el exclusivo caso de las materias secretas. En este caso, el período máximo de ampliación sería de diez años.

Con estos plazos en la mano, la desclasificación de todo el material que se guarde sobre el 23F podría ser efectiva desde el momento mismo de la aprobación de la ley si el texto que sale adelante es el registrado por el PNV. Ya han transcurrido de sobra no sólo esos 25 años, sino también los 10 extra que podría ampliar el Consejo de Ministros.

Puede decirse que el PNV es experto en esta materia. Lleva desde 2016 registrando proposiciones de ley similares. Desde que la registrada esta legislatura fue admitida a trámite, han sido ya 17 las veces que se ha ampliado el plazo de enmiendas. "Estamos de nuevo siendo testigos de una repetición de la jugada de pasadas legislaturas: la iniciativa que pretende sacar de los cajones miles de papeles, está en otro cajón", resumen fuentes de la formación nacionalista consultadas por infoLibre.

En el PNV recuerdan cómo en la XII Legislatura, cuando también se sucedían las ampliaciones de los plazos de enmiendas, su grupo parlamentario demandó que se pusiera coto a estas prórrogas para que no pasara precisamente esto, "que la acepten a trámite con buenas palabras pero que luego no haya voluntad real de hacer nada".

Antes que el PNV, la batalla la dio sin éxito el grupo de la Izquierda Plural, que formaban IU, ICV-EUiA, CHA.

La 'revolución' del libro de Pilar Urbano

Hay que remontarse a la X Legislatura (2011-2016), concretamente al año 2014. El conservador Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. La reforma de la Ley de Secretos Oficiales de la Izquierda Plural se extinguió con la disolución de las Cortes para la celebración de las elecciones generales. Ni siquiera llegó a Pleno para que se debatiese su toma en consideración. Estuvo desde marzo de 2014 a octubre de 2015 en el registro de iniciativas del Congreso sin un solo avance. Más de un año.

Pero no fue esta la única iniciativa parlamentaria que pretendía arrojar algo más de luz sobre la intentona golpista que se presentó aquella X Legislatura.

El 1 de abril de 2014, también el grupo de la Izquierda Plural pidió en la Cámara la creación de una comisión de investigación sobre el 23F con el argumento de que un hecho "crucial" como aquel golpe no podía tener ninguna sombra de duda. De forma paralela, se demandaba la desclasificación de todos los archivos relacionados con este episodio.

La iniciativa de este grupo no era aislada. Respondía a un momento concreto en el que un libro de la periodista Pilar Urbano había removido los episodios de febrero de 1981. En La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar, la autora mantenía que Juan Carlos I estaba al tanto de la intentona golpista y que Adolfo Suárez estaba en contra de un autogolpe. 

Juan Carlos I saluda a Adolfo Suárez Illana, ante Felipe de Borbón y Mariano Rajoy, en el funeral de Estado por el primer presidente tras la recuperación de la democracia, el 31 de marzo de 2014. EFE

En el escrito que registró este grupo, se lamentaba que mientras otros países desclasificaban documentos que obraban en su poder sobre el golpe, España seguía manteniendo "secretos y clasificados" los suyos. Pedían de forma concreta "todos los documentos y grabaciones de las conversaciones telefónicas en poder del Estado, incluidos los servicios de inteligencia", que tuvieron lugar entre el 23 y el 24 de febrero de 1981, tanto entre los golpistas con el exterior, como las hechas o recibidas por el palacio de la Zarzuela; y que se conociesen "todos los documentos" de las reuniones que pudo mantener el monarca y el entonces presidente en los meses previos al golpe y en los días posteriores. Esto último entroncaba con el libro de Urbano. Según relataba la periodista, Juan Carlos I y el entonces jefe del Ejecutivo mantuvieron varios encuentros, al final de los cuales Suárez tuvo la convicción de que el "alma" de la operación Armada fue el monarca.

Por momentos pareció que el Gobierno del PP, la fuerza mayoritaria en la Cámara, estaba dispuesto a abrir el melón. O, al menos, a debatirlo con el resto de grupos parlamentarios. Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicepresidenta del Gobierno, evitó dar un 'no' rotundo a la apertura del debate. Pero avisó de que "asuntos de esta naturaleza tienen que adoptarse con amplio consenso y siendo muy conscientes de que no siempre en estas cuestiones se cumplen las expectativas". Claro que no se cumplieron. Era 11 de febrero. El 22 de febrero, el PP rechazó la creación de esa comisión de investigación en la Junta de Portavoces. Eran otros tiempos, los de su mayoría más que absoluta. 

Santamaría era la máxima responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo al que se le atribuye la custodia de los documentos y las grabaciones de la intentona golpista.

La postura de los socialistas por aquellas fechas era que, en aras a una mayor transparencia, apoyaban la desclasificación de los documentos. Pero con la advertencia de que ellos tenían muy claro que "el rey paró un golpe de Estado en España", al contrario de la tesis del libro de Pilar Urbano. 

"Clasificar documentos a su antojo"

Gaspar Llamazares era por entonces portavoz de Justicia del Grupo de la Izquierda Plural. En conversación telefónica con infoLibre considera que la Ley de Secretos Oficiales pretendía "acallar totalmente a los medios de comunicación de nuestro país para impedir que lo que ocurría se conociera en Europa". 

El exdiputado lamenta que los "sucesivos gobiernos se hayan permitido la libertad de clasificar los documentos a su antojo", lo que, a su juicio, está detrás del hecho de que no haya verdadera voluntad de derogar o modificar la ley. 

Llamazares menciona una serie de informaciones clasificadas que considera de interés público, como las comunicaciones entre el Gobierno, entre los responsables de Inteligencia del Gobierno y las embajadas o entre las centrales de Inteligencia españolas y la CIA estadounidense. "Como nos descuidemos, se acaban desclasificando antes los documentos en poder de la CIA", dice. E insiste: "Sería bueno conocerlo antes de que otros países u otros servicios de inteligencia nos afeen nuestro secretismo".

En Estados Unidos, por ejemplo, el material reservado ve la luz cada 25 años, plazo que puede ampliarse al doble si la difusión del mismo es especialmente delicada. En Gran Bretaña el tope, salvo excepciones, está en los 30 años.

La voluntad real, a examen

Estos días, coincidiendo con la efeméride, el debate sobre la desclasificación de estos documentos volverá a estar en el foco. En manos de las fuerzas políticas de la Cámara está que este año sea el último aniversario del 23-F con una ley de Secretos Oficiales de 1968. "La fortaleza de nuestras instituciones democráticas también se mide adecuando las leyes al marco actual", resume en conversación con infoLibre un veterano diputado con asiento todavía en el hemiciclo esta XIV Legislatura.

Si tenemos que guiarnos por el debate del pasado junio de la iniciativa del PNV, la amplia mayoría —197 votos a favor— indica que hay una base sólida para que esta iniciativa vea la luz. La mayoría absoluta en el Congreso está ubicada en los 176 diputados. Sólo Vox se mostró en contra apuntando a que el PNV perseguía conocer documentos relativos al 23-F o a los GAL, pero mostraba desinterés "por la desclasificación de las actas de la negociación con ETA, que el presidente [José Luis] Rodríguez Zapatero se encargó de blindar".

En el bando de las abstenciones, el PP se mostró partidario de derogar la ley y hacer una desde cero y Cs lamentó que la propuesta del PNV sea un calco de las anteriores, sin introducir las observaciones que se hicieron desde otros grupos.

En la parte del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos coincidieron en el 'sí', pero con matices. En el debate, la socialista Andrea Fernández admitió que la ley preconstitucional es "poco operativa". Apelando a la "madurez" de la democracia, la parlamentaria defendió una ley actualizada, rigurosa y garantista que permita mantener una política de Estado sin perjucio de la transparencia en el presente y el rigor histórico en el futuro.

En nombre del grupo morado, Pilar Garrido defendió que la propuesta del PNV era de "mínimos", pero admitió que "abre un debate de calado". A ojos de Garrido, la vigencia de esta ley franquista evoca a un país con una democracia "asustada, acomplejada y temerosa".

Los roces entre PSOE y UP en todo lo que toca de alguna manera la monarquía no son ningún secreto. Está por ver cómo se resuelven los avances de esta ley. 

El Gobierno no sólo ha mostrado su voluntad de reformar la ley en su programa normativo de 2020. El pasado marzo, en una respuesta parlamentaria por escrito al diputado del PNV Aitor Esteban, se indicaba que el Ejecutivo "considera necesario hacer un estudio a fin de modificar la Ley de Secretos Oficiales, puesto que es una legislación del periodo preconstitucional".

El historiador Xosé Manoel Núñez Seixas tiene grabada en la memoria aquella tarde de 1981 en la que el corazón de una sociedad que había puesto rumbo a la democracia se encogió durante horas. Recuerda la sesión plenaria sonando por la radio de la clínica dental y el miedo en el ambiente cuando la emisión se vio interrumpida con la entrada de los golpistas en el Congreso de los Diputados. También los nervios del dentista mientras escarbaba en su boca o la vuelta a casa con su padre en el coche mientras sonaba de fondo música militar. "El susto de la población fue muy grande", señala el catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela. Por aquel entonces, era solo un chaval de quince años. Una edad para la que ahora, cuatro décadas después, aquella intentona que puso en jaque los pasos dados tras la muerte del dictador suena como algo lejano. Una anécdota más de una historia reciente en la que apenas se profundiza en las escuelas por falta de tiempo. "En muchas ocasiones, les suena más por los memes que pueden existir de ese momento en Internet que porque se haya incidido mucho a nivel educativo en este acontecimiento", explican algunos profesores de instituto. "Y muchas veces, el hecho puede quedar reducido en su imaginario simplemente a la figura de un loco con bigote", apuntan, por su parte, algunos sociólogos pulsados por este diario.

Silvia Fama es profesora de Historia en el Instituto Alejo Vera, en Marchamalo (Guadalajara). Da clase a estudiantes de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. Y su respuesta cuando se le pregunta por el conocimiento de los más jóvenes sobre el 23F es categórica. "Ya no se ve con tanta relevancia; ese sentimiento, que existía en otras generaciones, está desaparecido", dice al otro lado del teléfono. Es una sensación que comparten también compañeros de otras comunidades autónomas. Eduardo Pérez, profesor en Zaragoza, reconoce que a los chicos y chicas es algo que "les suena", sobre todo por la famosa imagen del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero con la pistola en alto en la tribuna de oradores del hemiciclo, una fotografía que incluso ha llegado a convertirse como tantas y tantas otras en carne de meme. Sin embargo, continúa, tiene la sensación de que no lo ven como "algo importante". Una idea en la que también abunda Sergio Riesco, docente de Historia en el Instituto La Cabrera, al norte de Madrid. "Mi percepción es que se está produciendo un cambio generacional muy grande. Hasta hace cinco o seis años, los estudiantes eran más o menos conscientes de cómo sus padres habían vivido el intento de golpe de Estado. Sin embargo, ahora es un acontecimiento que les resulta demasiado ajeno", dice.

Para los tres docentes, el principal problema se encuentra en el escaso tiempo que pueden dedicar a abordar con profundidad en las aulas la historia reciente de España. Durante la ESO, apunta Fama, apenas tienen margen para tocar la Transición y la democracia. "El contenido es inabarcable, creo que nunca he conseguido llegar a esa época. Date cuenta que tenemos que tocar tanto acontecimientos sucedidos a escala global como en España", explica la profesora. Pero, en caso de que lleguen, la referencia que se hace al intento de golpe de Estado es mínima. En el libro que se utiliza para esta etapa en el centro, de la editorial Vicens Vives, apenas ocupa una pequeña llamada de un párrafo junto a la explicación del Gobierno de UCD. Diez líneas en las que se dice que "un grupo de guardias civiles" al mando de Tejero "irrumpió violentamente" en el Congreso, que el capitán general Jaime Milans del Bosch se sublevaba en València para "acabar con la democracia" y que "la decidida actuación" del rey y del resto de fuerzas políticas hizo fracasar la intentona, que se sentenció con la detención de los principales implicados. "Es decir, que aquellos alumnos que no quieren continuar con su formación tras ese curso salen de la escuela sin conocer prácticamente nada de lo que fue el 23F, de la importancia que tuvo en aquel momento concreto", apuntan los profesores.

Algo más de relevancia en Bachillerato

Algo más se incide sobre este acontecimiento en Historia de España de 2º de Bachillerato. Al fin y al cabo, es uno de los contenidos que se tienen que tocar en atención al currículo del Ministerio de Educación. "Los gobiernos constitucionales: el problema del terrorismo; el fallido golpe de Estado de 1981; el ingreso en la OTAN; la plena integración en Europa", se recoge en el duodécimo bloque educativo de la asignatura. De hecho, fue una de las preguntas que cayó en el último examen de evaluación para el acceso a la universidad en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los profesores llegan a esta parte del temario con la lengua fuera tras volver a incidir en acontecimientos históricos más antiguos que los estudiantes han visto ya en otros cursos anteriores. "Dedicamos tiempo, por ejemplo, a cuestiones como el descubrimiento de América o el Sexenio Democrático, que los chicos ya conocen. No digo que no sean importantes, pero cuando queremos entrar de lleno en la Transición o en la etapa democrática vamos con el tiempo justo", ejemplifica Pérez al otro lado del teléfono. Esto les obliga, dice, a pisar el acelerador, lo que provoca que los docentes no puedan detenerse a explicar en detalle esta parte de la historia más contemporánea. "Es uno de los fallos graves que tenemos y que se debería intentar corregir", dice Fama.

En los libros de texto, la relevancia que se da al 23F depende de la editorial. En el instituto en el que da clases la historiadora, trabajan con Anaya, que en su manual dedica un par de párrafos al 23F. En diecisiete líneas, resume el papel de Tejero, de Milans del Bosch, la intervención del rey, las multitudinarias manifestaciones tras el fracaso del golpe o el juicio contra sus protagonistas, remarcando que "nunca se emprendió una investigación en profundidad sobre las conexiones últimas de la trama". Pérez, por su parte, pone sobre la mesa su libro de 2º de Bachillerato. Una obra que ahonda mucho más en este acontecimiento y que se acompaña, a través de un cuadro adicional, con el discurso emitido aquella madrugada por el rey Juan Carlos. Se explica con claridad que una parte del Ejército era "franquista y decididamente hostil al proceso democrático", incluyendo en este mismo contexto a los grupos terroristas de extrema derecha. Además, se deja claro que la intentona golpista no fue fruto de un guardia civil y un militar, sino que había una corriente mucho más profunda, con tres decenas de miembros del Ejército que fueron juzgados. Y se hace mención a la importancia que tuvo el acontecimiento: "Representó el principio de la desaparición de la amenaza militar, aunque esta tardaría algunos años en desvanecerse".

Núñez Seixas, cuyo ámbito de actuación se encuentra en la etapa universitaria como catedrático de Historia Contemporánea, comparte sensaciones con los tres profesores. Es algo que se percibe con una simple charla con los estudiantes. Pone como ejemplo la que tuvo tras la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su traslado al cementerio de Mingorrubio, al que se desplazó el propio teniente coronel de la Guardia Civil para rendir homenaje al caudillo. "Te das cuenta de que su nombre ya no les dice nada, aunque la estampa de él con la pistola en mano les pueda sonar mucho", cuenta al otro lado del teléfono. A Seixas le sorprende mucho que los chavales tengan "lagunas" importantes en "cuestiones tan recientes". Si se llega, dice, es porque estos "profundizan por su cuenta". No obstante, no culpa de ello a los docentes de los institutos: "Salvan lo que pueden porque no pueden hacer otra cosa". Y los profesores, por su parte, también descargan de responsabilidad a los alumnos. "Hay que empatizar con ellos. Es comprensible que hoy en día estén más atentos a la actualidad que al 23F. Si antes su Trump podía ser Tejero, ahora su Trump es el propio Trump", apostilla Pérez.

Sin apenas referencias demoscópicas

Que el intento de golpe de Estado de 1981 se va borrando lentamente de la memoria colectiva responde, simplemente, a la impresión que los docentes tienen en su trato diario con los alumnos. Principalmente, porque apenas hay estudios recientes que permitan identificar con certeza si este olvido va más allá de sensaciones. La última vez que el Centro de Estudios Sociológicos (CIS) preguntó por el 23F fue en abril de 2008, hace más de una década. Lo hizo a través de una encuesta titulada Memorias de la Guerra Civil y el Franquismo. En aquel sondeo, se preguntó por el acontecimiento histórico más significativo del último siglo. El 28% señaló la Guerra Civil, el 23,4% la Transición, el 20,2% la democracia y sus logros y el 9,8% la dictadura. La intentona golpista de hace cuatro décadas la marcó el 9,3% de los encuestados. Y ahí, en esa cuestión, ya se apreciaba una brecha entre los que vivieron el acontecimiento y las nuevas generaciones. Los que más marcaron esa respuesta fueron los ubicados en las franjas de edad comprendidas entre los 35 y los 54 años, que en el momento del 23F tenían ocho años o más. En concreto, la encuesta los situaba alrededor de cuatro puntos por encima de los más jóvenes.

Los que más pusieron el acento en aquel acontecimiento histórico son prácticamente los mismos que se posicionaron con mayor intensidad en otro sondeo que Metroscopia realizó en 1991, una década después del asalto al Congreso, para el diario El País. En aquella encuesta, eran justamente los que en el momento del 23F tenían entre ocho y trece años el grupo de edad que se posicionaba mayoritariamente a favor de recordar aquellos hechos para evitar que vuelvan a producirse en el futuro. Ahora, esa parte de la población roza los cincuenta años. Una cifra en la que los sociólogos ponen, más o menos, el punto de partida del inicio del olvido histórico. "Yo creo que para los menores de 40 o 45 años, este acontecimiento comienza a verse como algo del siglo pasado, frente a los que por su edad pueden recordarlo con mucha más intensidad", apunta Tomás Alberich, doctor en Ciencias Políticas y Sociología. No obstante, se apresura a añadir, "eso depende también mucho del interés que se pueda tener por conocer estos hechos e investigarlos o, incluso, de la propia familia en la que se ha criado". Para el sociólogo Ramón Adell, es "natural" que los más jóvenes terminen sintiéndose ajenos al 23F o a la propia Constitución. Principalmente, dice, porque las sociedades están en permanente evolución.

Los profesores, sin embargo, no ocultan su preocupación en varios aspectos. Primero, temen que este acontecimiento termine convirtiéndose en una mera anécdota histórica reducida a la mínima expresión: "un loco con bigote". "No pueden quedarse con esa idea. Tienen que conocer que la amenaza fue mucho más seria, que hablamos de toda una corriente golpista", apuntan los docentes consultados, que dicen que si a los más jóvenes ya les cuesta reconocer a Tejero ni que decir tiene lo que pasa con nombres como los de Milans del Bosch o el general Alfonso Armada, a los que ni tan siquiera son capaces de asociar con una imagen de trascendencia histórica como la del propio teniente coronel de la Guardia Civil.

En segundo lugar, y al hilo de esto, les preocupa que como consecuencia de este olvido se instale en los chavales una suerte de falsa seguridad, de sentimiento de que la democracia es inamovible y de que los extremismos son cosa del pasado. "Por eso, yo siempre trato de trasladarles ese mensaje de que la democracia no fue gratis y de que hay que valorarla y defenderla", dice Riesco. No obstante, también muestra su desesperación por la banalización de la historia que se hace desde la derecha y la extrema derecha. "Llevamos años blanqueando la misma pared", se lamenta, del mismo modo, Fama. A pesar de ello, en el cuarenta aniversario del 23F, Adell hace un llamamiento a la calma: "Los chicos son conscientes de que un golpe de Estado es una aberración intolerable. Tampoco tenemos una juventud que se deje hacer cualquier cosa".